Bajo la coordinación de la Fundación Cordoberxia, 136 organizaciones sociales del sur de Córdoba se unieron para promover la defensa de los derechos humanos en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La campaña #EsConmigo resalta su labor.
En 2010, en medio de la conmemoración del segundo bicentenario de la independencia de Colombia, en esa región del Caribe un grupo de líderes sociales decidieron organizarse para denunciar los atropellos que padecen por parte de grupos armados y defender los derechos humanos de las comunidades asentadas en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. En 2015 adquirió su personería jurídica.
“Nos echamos al hombro el tema de política de paz y de derechos humanos, creando los consejos municipales de paz, los comités municipales de derechos humanos, impulsando plataformas de derechos humanos en el sur de Córdoba. Al día de hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad el Consejo Departamental de Paz, como Secretaría Técnica; la Mesa de Garantías para Líderes y Defensores Departamental; y coordinamos la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba”, explica Andrés Chica, director de Cordoberxia.
A pesar de haber sufrido múltiples amenazas y atentados, no ha claudicado en su labor ni le da temor en ser citado en informes y notas periodísticas. “¿Por qué? A estas alturas del partido ya no hay forma de esconderse y soy muy público”, dice con tono de desaliento y con la convicción de luchar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas, indígenas, afordescendientes y LGBTI que hacen parte de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.
Desde el 5 de mayo de 2018, Chica y otros integrantes de Cordoberxia cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por esa razón, hacen parte del Programa Integral de Seguridad y Protección, creado por el Decreto 660 de 2018, que está bajo la tutela del Ministerio del Interior.
“Esas medidas nos la dieron por las amenazas. Se logró demostrar ante la CIDH que somos víctimas de asesinatos selectivos, persecución y en el caso mío, que me hicieron un montaje judicial para meterme preso y he sido víctima de tres atentados. El resto del equipo también ha sufrido ataques y hay compañeros por fuera del país. Tenemos gente desaparecida y estamos tratando de encontrarla con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos 37 líderes asesinados en Córdoba entre 2016 y abril de 2021”, lamenta el director de la Fundación.
Además de las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diferentes grupos armados, los habitantes de Córdoba han padecido otro gran flagelo: la corrupción de su clase dirigente.
“Para nadie es un secreto que en Córdoba se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y por eso se dieron con tanta fuerza el fenómeno del paramilitarismo y de la parapolítica. Enfrentarse a eso es complejo y además está la corrupción política. Los tres últimos gobernadores han sido inhabilitados por la Procuraduría y los cinco anteriores condenados por parapolítica. En un departamento con 18 gobernadores, y que el 50 por ciento haya sido sancionado por este tipo de delitos, denota lo complicado que es defender derechos humanos”, resume Chica.
A pesar de los costos traducidos en zozobra y muerte, los líderes sociales de esa región caribeña no bajan los brazos. Uno de sus referentes es Cristina Bautista Taquinás, gobernadora del resguardo indígena de Tacueyó, que fue masacrada con cuatro miembros de la Guardia Indígena, por oponerse a las disidencias de las Farc en Cauca. “A mí me gusta mucho la frase de la gobernadora Liliana. Ella decía: ‘Si hablamos, nos matan; y si no hablamos, también nos matan’. Acá aplicamos lo mismo. Si nos quedamos callados, nos van a matar la corrupción y los grupos armados, entonces que nos maten hablando”, cuenta el director de Cordoberxia.
Y prosigue: “Eso ya lo tenemos muy interiorizado en la organización: echar hacia atrás no es una opción, hay que seguir avanzando hasta donde nos llegue el agua”.
La implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc también es una de las banderas de esta red de 136 organizaciones sociales. Su aplicación les ha generado tristezas y alegrías parciales.
En materia de orden público, ahora padecen la violencia de tres grupos armados, todos originarios de hombres que dejaron las armas y las retomaron tras firmar tratados de paz. En sus veredas desfilan hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, denominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, un reducto de las Auc; el Bloque Virgilio Peralta Arenas, más conocido como ‘Los Caparrapos’, disidencia de los ‘gaitanistas’; y el Nuevo Frente 18, disidente de las Farc. (Leer más en: ¿De dónde vienen las balas contra los líderes sociales?)
El pasado 10 de febrero Cordobexia presentó un informe en el que valora la implementación del Acuerdo de Paz, concretamente sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Considera que, más de cuatro años después de la aplicación de esas políticas de posconflicto, su ritmo va “a medias”.
Sobre el PDET indica que “existen avances representados en pequeñas obras comunitarias, la inclusión de proyectos relacionados en los planes de desarrollo municipal y la aprobación de otros con recursos de regalías para infraestructura vial y soluciones alternativas de energía. No obstante, las organizaciones sociales y las comunidades no tienen un mecanismo que les garantice participar de la toma de decisiones sobre su territorio”.
Y en cuanto al PNIS, lamenta los retrasos en el pago de subsidios y ejecución de proyectos productivos de familias que decidieron erradicar sus matas de coca para vincularse a una economía agrícola formal. Además, registra que, hasta el pasado mes de julio, nueve personas que se vincularon a ese programa de sustitución voluntaria fueron asesinadas en el sur de Córdoba.
Nota de la redacción: Este artículo hace parte de la campaña #EsConmigo, desarrollada por el Programa Somos Defensores, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo y la agencia de publicidad Sancho. En VerdadaAbierta.com nos sumamos a ella porque consideramos que visibilizar la labor de los líderes sociales puede ser un mecanismo de protección contra la violencia que padecen y destacamos la importancia de su labor para construir un país más justo.
- Consulte la entrega sobre el pueblo Awá: “Un indígena sin territorio no es indígena”.
