Cerca de 130.000 desplazados y 15.000 casos de Justicia y Paz esperan resultados de la reparación a víctimas del conflicto.
 En Valledupar, las familias de desplazados reciben atención e instrucciones de las entidades encargadas de sus reclamos. Foto: Guillermo Torres. |
Con sólo siete casos de reparación por vía administrativa, frente a los 1.600 que ya se han dado en todo el país, el departamento de Cesar enfrenta en estos momentos el desafío de hacer que el Estado se reivindique con las familias víctimas de la violencia que hoy reclaman justicia y un subsidio económico por la pérdida de sus seres queridos y de sus bienes o propiedades.
El coordinador de la Comisión Nacional de Reparación de Víctimas (CNR) en Cesar, Antonio Calvo Silva, asegura que este departamento “sufrió el mayor desastre humanitario del conflicto armado ocurrido en Colombia”, situación que se refleja en la alta cifra de desplazamiento forzado, que supera 130.000 personas víctimas de ese fenómeno. A esto se le suman los 15.000 casos que hacen tránsito en el proceso de Justicia y Paz.
Cesar fue pionero en crear el Modelo Nacional de Atención Integral a Víctimas de la Violencia, que fue una idea original del actual mandatario de los cesarenses.
La CNR trabaja en Cesar en la “dignificación de las víctimas, en hacerlas visibles y mostrarlas como actores de su propio destino”, según dice su representante, mientras en todo el proceso de justicia se puede destacar la presencia en el departamento de instituciones que antes no tenían manera de accionar directamente en este territorio.
Es así como la Defensoría del Pueblo tiene su Grupo de Justicia y Paz en Cesar, lo mismo que la Fiscalía General de la Nación, que creó sede en este departamento de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, además de fiscales especializados designados de manera específica para los temas relacionados con el accionar de los grupos armados ilegales.
En síntesis, en Cesar son muchas las entidades que hoy trabajan en el proceso de atender a las víctimas de la violencia. Además de la CNR y la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, interactúan en el proceso la Defensoría del Pueblo, Acción Social, la Policía Nacional, el Sena, la Universidad Popular del Cesar, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la Nación, así como personerías municipales, secretarías de gobierno de alcaldías municipales y del departamento y la Oficina Asesora Departamental de Paz, entre otras.
“En Cesar hemos entendido que en esto no podemos solos, como se hacía en el pasado, cuando cada entidad de manera individual quería obtener méritos, mientras a las víctimas siempre les iba mal. Hoy es distinto: ahora es un trabajo interinstitucional que ha dado muy buenos resultados y así lo rezan los informes” sostiene Calvo Silva.
Publicado en el especial Poder Caribe de la revista Semana.
