Esas estructuras criminales se disputan la hegemonía armada ilegal en esta región cafetera donde, en la última semana, se perpetraron dos masacres, dejando en total seis muertos. La confrontación tiene alterada la tranquilidad de seis municipios. Las alertas están encendidas.
“En los pueblos del Suroeste hay conflictos entre bandas de narcotráfico, eso viene pasando hace varios años. Es como un secreto a gritos”, afirma una productora de café del municipio de Andes, donde, el pasado jueves en la noche, se cometió una masacre en la que perdieron la vida tres hombres, entre ellos un menor de 14 años de edad.
Las cifras sobre estas matanzas ensombrecen esta productiva región. De acuerdo con la base de datos que lleva este portal, de las diez masacres que se han cometido en Antioquia este año, dos se perpetraron en Andes, y tres más en Salgar, Ciudad Bolívar y Venecia, ocasionando la muerte a 17 personas.
Pero ese “secreto a gritos” del que habla la productora cafetera en relación con lo que ocurre en el Suroeste antioqueño, lo acaba de romper la Defensoría del Pueblo tras emitir, ayer en la tarde, la Alerta Temprana Nº 044-20, a través de la cual demanda atención de las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar, afectados por la confrontación entre la llamada ‘Oficina’ (lo que en el pasado se referenciaba como ‘Oficina de Envigado’) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
De acuerdo con ese documento, conocido por VerdadAbierta.com, ambas estructuras criminales tienen tres áreas de interés: dominar el mercado de estupefacientes en las fincas cafeteras, sobre todo en estos meses de cosecha, que generan empleo temporal para por lo menos 50 mil recolectores del grano; acceder de manera ilícita a rentas derivadas de la extorsión a amplios sectores económicos de la región; y controlar una ruta del narcotráfico que une al Suroeste antioqueño con el departamento de Chocó, buscando salidas a los océanos Pacífico y Atlántico.
Todas esas dinámicas criminales, que implican un gran repertorio de violencia armada, se están manejando, según la Defensoría del Pueblo, desde la ciudad de Medellín y algunos municipios más del Valle de Aburrá. Se trata, si se quiere, de un “modelo gerencial” que evita los riesgos para quienes están a la sombra. Para lograr ese control se valen de pequeñas bandas que operan en los municipios alertados.
Al respecto, esta agencia del Ministerio Público asegura que “la tercerización de las actividades armadas por parte de estas estructuras les ha facilitado mantener su influencia en estos territorios, maximizar ganancias y reducir costos de exposición”. Eso significa que, además de la disputa territorial, también se registra una lucha por las lealtades de esos grupos delincuenciales locales “a través de la imposición de mandos foráneos y/o la vinculación de integrantes de estos combos a la organización armada”.
Análisis consignados en la Alerta Temprana indican que los ‘Gaitanistas’ tienen presencia en los municipios de Betania, Ciudad Bolívar, Hispania y Salgar a través del Bloque Sierra. Siguiendo esa lógica de la subcontratación criminal, trabajarían en eso municipios con las bandas ‘La Cabaña’ (Ciudad Bolívar); ‘Sangre Negra’ (Betania e Hispania); y ‘El Salto’ (Salgar).
Por su parte, la ‘Oficina’ tiene como su punta de lanza a la banda ‘La Terraza’, una de las estructuras más antiguas de Medellín y que por años actuó al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esta estructura criminal tiene presencia en los municipios de Jardín y Andes, donde contaría con el apoyo de una banda conocida como los ‘Peli Pintados’.
Para concretar sus ambiciones de expansión, la ‘Oficina’ ha pretendido reclutar a integrantes de las bandas ‘La Cabaña’ y ‘Sangre Negra’, aprovechando “la existencia de viejas rencillas entre exintegrantes de dichas organizaciones con las AGC, las cuales, según informaciones, se originaron en la falta de respaldo por parte de las AGC a miembros de dichas organizaciones que fueron recluidos en centros penitenciarios”.
Si bien las autoridades policiales, en coordinación con las alcaldías y la Gobernación de Antioquia, tienen desplegados varios dispositivos de seguridad para contrarrestar la violencia que se genera en tiempo de recolección del café, al parecer son insuficientes, razón por la cual la Defensoría del Pueblo pide acciones más contundentes para frenar a los grupos armados ilegales.
Narcomenudeo en fincas
La producción de café sigue siendo la actividad más importante del Suroeste antioqueño, con un peso bastante significativo en el contexto económico departamental y nacional. De acuerdo con cifras de distintas organizaciones cafeteras, en los seis municipios advertidos hay por lo menos 12 mil fincas de distintas extensiones dedicadas al cultivo del grano, lo que exige, en época de cosecha, una gran cantidad de recolectores.
Gran parte de las 50 mil personas que trabajarán en esas labores y que provienen de distintas regiones del departamento y del país se concentran en estos seis municipios. Y justo en ellos se presenta uno de los fenómenos que más preocupan a los productores cafeteros y a las autoridades: la venta en las fincas de sustancias alucinógenas.
De acuerdo con la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, “la distribución y comercialización de narcóticos en los municipios de Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín es regulada por las AGC y La Oficina a través de bandas locales, las cuales se encargan de su distribución, la venta al detal, el agenciamiento de la violencia para la custodia de las plazas de vicio y la disputa territorial por el control de nuevos puntos de distribución y comercialización”.
Históricamente en los 23 municipios que comprenden la región del Suroeste antioqueño no se tienen registros de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, pero de acuerdo con esta agencia del Ministerio Público se cree que en varias zonas rurales se habrían instalado laboratorios para la producción de pasta base y clorhidrato de cocaína, que tendría dos mercados específicos: el consumo interno y la exportación.
Una de las mayores preocupaciones reseñadas por la Defensoría del Pueblo es el “alto consumo de sustancias psicoactivas, esto último estableciendo un escenario propicio para dar operatividad a redes de narcomenudeo de sustancia tales como marihuana creepy, bazuco, heroína, cocaína, tusi, éxtasis, anfetaminas, metanfetaminas, popper y LSD, entre otras”.
La productora de café entrevistada para este artículo, quien por razones de seguridad no da su nombre, cuenta que en sus fincas los recolectores que llegan lo primero que les preguntan a los mayordomos si vende marihuana: “Es muy común esa pregunta, si vende o si sabe donde venden. Yo creería que si llegan preguntando es porque en los campamentos grandes sí pasa”.
Al respecto, la Alerta Temprana reseña una de las preocupaciones de los propietarios de fincas, sobre todo de aquellas que albergan a 300 o 400 trabajadores: “En consecuencia, en terreno se pudo constatar la dinámica que han establecido estas estructuras frente a la distribución de narcóticos a nivel rural, la cual corresponde al establecimiento de puntos de ventas (cambuches) dentro de las fincas cafeteras, esto a pesar de la oposición que puedan ejercer sus dueños, pues se trata básicamente de una imposición a través de la fuerza”.
De acuerdo con los analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, “el negocio funciona a partir de la apertura de créditos a los recolectores de café, los cuales tienen como respaldo el dinero que devengaran por su labor de recolección”. En algunos lugares lo que gastan en sustancias ilegales “es deducido de manera directa de la nómina de los recolectores”, para ser entregado a las organizaciones criminales.
Una conocedora de estas dinámicas en el municipio de Andes, que también habló bajo el anonimato, asevera que el control sobre las ventas de estas drogas ilícitas que tiene la ‘Oficina’ es tan estricto que solo la pueden comercializar “quienes trabajan para ellos, quien se aventure de manera independiente corre riesgos y puede perder la vida.
Si bien las autoridades pusieron en marcha una estrategia de control de los recolectores, llamado Plan Cosecha, en el que confluyen las alcaldías, la Federación Nacional de Cafeteros y la Fuerza Pública, que de forma conjunta establecieron directrices para orientar a quienes llegan de otras latitudes a trabajar en las fincas cafeteras, su esfuerzo se ve menguado por el alto nivel de adicción de los recolectores.
Se estima, según consultas de la Defensoría del Pueblo a instituciones locales y regionales que por lo menos el 90 por ciento de esta población flotante es consumidora de alguna sustancia alucinógena, lo que genera altos ingresos para las estructuras criminales que manejan el narcomenudeo.
“Muchos controles se pueden hacer en fincas pequeñas”, dice la propietaria de varios predios productores del grano, “pero la tarea se dificulta cuando son fincas grandes”.
Las sustancias prohibidas estarían ingresando, de acuerdo con las investigaciones de los analistas del SAT, por el corregimiento de Bolombolo, jurisdicción del municipio de Venecia; también por La Pintada, y Santa Fe de Antioquia; así como por la zona de La Mansa, en Carmen de Atrato (Chocó), vecina a Ciudad Bolívar. Además, dice la Alerta, se estarían utilizando “algunas veredas de los municipios de Hispania y Salgar como zona de acopio de cargamentos de narcóticos procedentes de Medellín y el sur del país, para posteriormente ser distribuidos a través de la práctica del narcomenudeo”.
La Defensoría del Pueblo llama la atención sobre “la supuesta facilidad con la que se trafican y comercializan narcóticos en esta zona, situación que se favorece de los pocos controles realizados por la fuerza pública”. En esa apreciación coinciden algunos pobladores de Andes, Jardín y Betania: “A esos grupos les dejaron coger ventaja”.
Una de las mayores preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, de las autoridades locales y de líderes sociales es la vinculación de menores de edad a las actividades ilícitas por parte de la ‘Oficina’ y las Agc. Se alerta, en ese sentido, por la población rural campesina e indígena, que está muy expuesta al consumo de sustancias ilegales, a su distribución y a la prostitución.
“En cuanto a esto último, cabe mencionar que la estrategia empleada por los ilegales dificulta la identificación de dicha práctica e impide la judicialización de los directamente responsables. En relación con lo expuesto convine resaltar la grave afectación para los indígenas de la Institución Educativa de Embera Karmata Rúa del municipio de Jardín”, se advierte en la Alerta Temprana
Ruta trasnacional
Las alianzas con grupos delincuenciales locales no sólo se reducen a la distribución de sustancias ilícitas en las fincas. Parte de sus tareas tendrían que ver con lo que la Defensoría del Pueblo describe como “la custodia de rutas internacionales para tráfico y comercialización de cocaína hacia el Atlántico y el Pacífico colombiano”.
El Suroeste antioqueño es una región que tiene conexiones viales con los departamentos de Chocó, Caldas y Risaralda, conformando un área favorable no solo para la refinación de la hoja de coca, sino para su transporte hacia los dos océanos, también a la frontera con Panamá, y de allí a los mercados internacionales.
Un excombatiente del Frente 34 de las antiguas Farc consultado y quien pidió la reserva de su nombre para no afectar su proceso de reincorporación, asegura que la situación se le salió de las manos al Estado tras la salida de esa estructura alzada en armas de la región como parte del Acuerdo de Paz.
“El Frente 34 tenía el control de esos corredores”, cuenta el exguerrillero. Y detalla que esa ruta del narcotráfico es bastante extensa: “Incluye los municipios Andes, Salgar, Ciudad Bolívar y Urrao, por donde se puede llegar a Carme de Atrato, Bagadó, Quibdó, Juradó, Bahía Solano, Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Bojayá y Murindó”.
Esas regiones, dice este excombatiente, han permanecido “todo el tiempo bajo el control de grupos armados y de narcos”. Por allí pululan las Agc y la guerrilla del Eln. “El Estado nunca ha tenido el control de esa región”, insiste y ante esa evidencia advierte que el gobierno nacional no cumplió lo acordado en La Habana y plasmado en el Acuerdo de Paz.
“Dijeron que una vez saliéramos nosotros, el Estado llegaría con inversión social y control territorial, pero incumplió. Los indígenas y los afros que viven en esas regiones selváticas siguen con las mismas necesidades de antes y la juventud continúa sin tener oportunidades, salvo una, integrarse a los grupos armados ilegales”, se lamenta el exguerrillero.
Esa ubicación estratégica del Suroeste antiqueño se refleja también en la ejecución de los megaproyectos viales Pacífico 1, 2 y 3, que tejerá una red de carreteras entre los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Chocó configura “un eje articulador de competitividad y conectividad de la economía regional entre la Región Andina, el Atlántico y el Pacífico colombiano”, dice la Defensoría del Pueblo.
Pero esas posibilidades de desarrollo también atraen a la criminalidad. De acuerdo con la Alerta Temprana, la construcción de esa infraestructura convierte al Suroeste “en una zona geoestratégica para el intercambio comercial nacional e internacional, aspecto que despierta interés en los grupos armados ilegales que buscan obtener algún tipo de lucro de lo que allí se proyecta movilizar”.
Además, podría convertirse en un zona “para la articulación de las economías ilegales a través de estos ejes viales y extensas zonas selváticas entre los departamentos de Chocó y Antioquia, particularmente, para el transporte de precursores químicos e insumos para la producción de drogas ilícitas, así mismo como para el tráfico, comercialización y distribución”.
¿Y los proyectos mineros?
El Suroeste antioqueño enfrenta desde hace un par de años una fuerte discusión sobre el desarrollo minero. En los municipios alertados por la Defensoría del Pueblo hay una fuerte movilización social en contra de los proyectos de exploración y explotación minera, dado el potencial que subyace en el subsuelo.
Lo que muchos sectores sociales temen es que lo que en algún momento se denominó como “Locomotora Minera” arrase con las tierras productivas de la región y cambié radicalmente la vocación económica, alterando usos y costumbres campesinas forjadas durante décadas.
El potencial minero del Suroeste es amplio: oro, platino, plata, cobre, zinc, molibdeno, carbón, arenas y gravas. La Alerta Temprana, citando datos del Catastro Minero de 2019, asegura que para los seis municipios advertidos se encuentran vigentes por lo menos 30 títulos mineros y 61 solicitudes mineras “sobrepuestas sobre áreas naturales protegidas y de protección forestal, también en suelos de producción agrícola, principalmente de producción cafetera”.
En el caso particular de los títulos mineros vigentes, señala la Defensoría del Pueblo, “se observa que los municipios con mayor afectación son Betania, Andes y Jardín, superponiéndose con áreas de producción cafetera, ahora bien, en el caso específico de Jardín con zona de una gran oferta paisajística, a partir de la cual se ha proyectado la actividad económica del turismo”.
Detrás de esa riqueza están varias empresas transnacionales, entre ellas Anglo Gold Ashanti, (Sudáfrica); Continental Gold (Canadá); Tolima Gold (Canadá); Colombian Mines Corporation (Canadá); y B2Gold (Canadá).
Una de las mayores discusiones se da alrededor del proyecto Quebradona, que pretende desarrollar en el municipio de Jericó, vecino a los municipios alertados en el Suroeste antioqueño, la firma Anglo Gold Ashanti. En sus planes está intervenir 471 hectáreas de las 7.593 hectáreas que tiene el título minero afectando las veredas Cauca y Quebradona. Hasta el momento carece la licencia ambiental.
A raíz del debate regional generado por este proyecto, por lo menos 12 municipios del Suroeste han prohibido la actividad minera de metales preciosos a gran escala a través de Acuerdos Municipales, entre los que se encuentran Ciudad Bolívar, Jardín y Salgar, tres de las poblaciones con Alerta Temprana.
“La fortaleza de este proceso de defensa territorial es la capacidad que ha tenido para convocar e integrar diferentes actores y sectores institucionales, sociales, comunitarios y económicos. No obstante, continúa la incertidumbre jurídica frente a la posibilidad que tienen las comunidades de decidir sobre las actividades mineras que se pretenden adelantar en la región”, conceptúa la Defensoría del Pueblo.
Ante esa movilización social, lo que temen algunas fuentes consultadas es que las expresiones de violencia que se están viendo en la región se apliquen a los detractores de los proyectos mineros. “Es un miedo latente”, dice una fuente consultada. “A los grupos armados ilegales también les interesa el tema minero y, por tanto, todo aquel que se oponga puede ser intimidado y hasta asesinado”.
Para trata de contener los enormes riesgos a la vulneración de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la Defensoría del Pueblo expuso 28 recomendaciones a distintas entidades del orden nacional, regional y local para que la población de los seis municipios advertidos sea protegida adecuadamente y, en un futuro, no se tenga que recurrir a informes de consumación, que registran hechos alertados con anticipación y no se atendieron debidamente.
