En oficio enviado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Defensor del Pueblo criticó la actitud de la mandataria regional, quien desestimó la grave situación de orden público que vive el sur de ese departamento. También advirtió que, de no actuar con prontitud, el riesgo podría agravarse y extenderse a otros municipios.
“Resultan inconveniente conductas como la de la señora gobernadora de Córdoba (Sandra Devia Ruiz) que, ante un escenario de tal magnitud y gravedad, quiera hacer entender que los desplazamientos masivos -que vienen registrándose desde finales de marz- no guardan relación con el conflicto armado que se libra en el sur del departamento”.
La afirmación aparece consignada en una carta enviado por el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien a su vez ejerce la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), sistema de prevención creado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017 para atender de manera eficaz y oportuna todos los hechos que pongan en riesgo las poblaciones y la implementación del Acuerdo de Paz.
En la misiva, fechada el pasado 7 de abril, el Defensor del Pueblo le advierte a la Ministra del Interior que los riesgos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de violaciones masivas a los derechos humanos reseñados por esa agencia del Ministerio Público en sendos informes, el más reciente de ellos, la Alerta Temprana 083-18 de octubre de 2018 para los municipios cordobeses de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador, no sólo han empeorado sino que, además, se han extendido a otros territorios como lo es el municipio antioqueño de Ituango. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)
En el documento, Negret le señaló a la titular de la cartera del Interior que las múltiples advertencias hechas con antelación por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre los riesgos en los que se encontraban líderes sociales, comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba no sólo se están materializando, sino que estos pueden seguir agravándose y extendiéndose a otros municipios si la institucionalidad no actúa con diligencia y prontitud.
En tal sentido, rechazó las afirmaciones hechas por la Gobernadora de Córdoba, quien, en declaraciones entregadas recientemente a medios de comunicación, desestimó que los desplazamientos masivos que vienen registrándose en amplias zonas rurales de las localidades de Puerto Libertador y Montelíbano obedecieran a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales y que, más bien, se trataba de “problemas con los cultivadores de coca”. (Leer más en: Versiones contradictorias sobre grave crisis humanitaria en el sur de Córdoba)
“Esta desestimación pública realizada por autoridades nacionales y departamentales sobre el nexo causal entre la fuente de riesgo -a saber, los combates y disputas por el control entre grupos armados- y la afectación humanitaria que esta ha ocasionado sobre un amplísimo número de pobladores, contraría los deberes estatales de garantía de los derechos humanos e impide concentrar los esfuerzos en una respuesta rápida y efectiva”, expresó Negret en su oficio.
Incluso, el Defensor del Pueblo va más allá al señalar que, como dichas situaciones fueron advertidas con prontitud por la entidad que dirige, bien podría caber algún tipo de acción disciplinaria contra los funcionarios que hicieron caso omiso de las informaciones sobre violaciones masivas a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas del sur de Córdoba.
“Las autoridades deben valorar que el artículo No. 8 del Decreto 2124 de 2019, señala que todas las actuaciones de la reacción rápida deberán realizarse con la debida diligencia y estarán sujetas a las consecuencias disciplinarias y penales a que haya lugar en caso de que se falte a ella”, planteó el Defensor del Pueblo.
Sin garantías de retorno
El duro pronunciamiento del Defensor del Pueblo coincide con las denuncias hechas por organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos que tienen presencia en el sur de Córdoba sobre la persistencia de las agresiones, los ataques y señalamientos contra los líderes sociales y los labriegos que no acaten la orden de abandonar sus viviendas y desalojar completamente las veredas.
“Hoy se presentaron casos violatorios de la vida y la integridad cometidos por actores armados ilegales contra algunos campesinos desplazados que creyeron la versión de ‘seguridad’ que difundió la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, y el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército”, denunció mediante comunicado público de fecha del 10 de abril la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor).
De acuerdo con la denuncia, hace un par de días, dos campesinos que salieron desplazados de la vereda Santa Rosa, en el municipio de Puerto Libertador, decidieron regresar a sus predios confiados en el reporte de seguridad de las autoridades civiles y militares, pero, al llegar, fueron abordados por miembros de un grupo armado ilegal que los acusó de ser integrantes de la estructura criminal adversaria. Los labriegos fueron golpeados e, incluso, uno de ellos tuvo que ser atendido en el centro de salud del corregimiento Juan José, a donde llegó por sus propios medios.
“Como organización campesina, en nombre de todos los desplazados, solicitamos se atienda con urgencia esta calamidad y exigimos a la Gobernadora de Córdoba y a la Fuerza Pública no hacer acción con daño. Rechazamos con vehemencia que se genere un ‘clima de seguridad’ que no existe y se ponga en alto riesgo a la población civil víctima de este tan lamentable como es el desplazamiento forzado”, reseñó Ascsucor en su comunicado.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde el 21 de marzo a la fecha se han registrado cuatro éxodos forzados masivos en las veredas Flechas, de Ituango, Antioquia; y en las veredas de Puerto Libertador, Santa Rosa; Soledad, Rogero; Río Sucio; Jagua; Puerto Mutatá; Rogerito; Santa Bárbara; La Ye; Buenavista.
También se presentaron desplazamientos forzados de los resguardos del pueblo Emberá Katío que afectó las veredas Chazadó; Ibudó – Tres Playitas; Rogero; Dokonoa – Río Sucio; Biduadó – Soledad; Origuiadó – Barranco Colorado; Egorobadó – El Barro y Tubudó – Candelaria.
Según la Personería de Puerto Libertador, 702 familias se han desplazado de manera forzada, involucrando a 2.046 personas, entre ellas 184 indígenas del pueblo Emberá Katio y un número indeterminado de indígenas Zenúes. Todos ellos se encuentran alojados en improvisados albergues instalados en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador. Sin embargo, la magnitud del hecho rebosó la capacidad de respuesta por parte de las entidades municipales, situación que tiene sumida en una compleja crisis humanitaria a este municipio.
La situación ha llegado a tal extremo que, según informó la Defensoría del Pueblo, un grupo de por lo menos 1.200 labriegos que salieron expulsados de sus veredas decidieron tomarse las instalaciones de la Institución Educativa Santa Teresa, del corregimiento Juan José, lo que ha impedido que los 1.200 estudiantes que hacen parte de este centro educativo continúen con sus actividades académicas.
Panorama complejo
¿Pero qué sucede en el sur de Córdoba? Cómo lo reseñó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la crisis humanitaria que padecen las comunidades e esta región se debe a los choques armados que libran desde hace varios meses el Frente Rubén Darío Ávila de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) contra una disidencia de las Farc autodenominada ‘Frente 18 Camarada Román Ruiz’ que, en alianza con el Frente Virgilio Peralta Arenas, también conocido como ‘Caparrapos’, buscan el control territorial, poblacional y de las rentas derivadas de los eslabones del narcotráfico, la minería legal e ilegal y las extorsiones. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
“Desde octubre de 2018 se incrementó la frecuencia de los enfrentamientos armados entre las estructuras del nuevo Frente 18 de las Farc contra la estructura rural de las Agc, conocida en el pasado como Frente Móvil Sur, la cual fue parcialmente diezmada por el Frente 18 ‘Camarada Román Ruíz’ a través de tácticas de guerra de guerrillas. Esta situación motivó el envío de un contingente armado de combatientes experimentados desde la región del Urabá, quienes se han identificado como ‘fuerzas especiales’ de las AGC”, detalló la Defensoría del Pueblo.
Así, la guerra aumentó en intensidad. De hecho, según denunciaron organismos humanitarios y comunitarios del sur de Córdoba, el pasado 9 de marzo se registró un feroz combate que dejó, al parecer, un saldo de 18 combatientes de las Agc muertos y un número indeterminado de heridos.
Un analista del conflicto armado que ha hecho trabajo de campo en esta complicada región del norte del país, le planteó a este portal que lo grave es cómo el Estado ha concebido el enfrentamiento con estos grupos criminales: “Gran parte de lo que ocurre entre Agc y ‘Caparrapos’ es, justamente, el manejo de corto plazo que se le a estos grupos, basados en resultados operacionales y captura de gente”.
La fuente consultada, que pidió la reserva de la fuente por razones de seguridad, dijo que las explicaciones de la gobernadora de Córdoba a la crítica situación en el sur del departamento desconocen la incapacidad del Estado en enfrentar estas realidades y a una mala implementación del Acuerdo de Paz, “que viene del gobierno anterior y que el actual gobierno está desfinanciando”, entre ellos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).
“Eso está constituyéndose en un factor que están usando los grupos armados ilegales en términos políticos para decirle a la gente que el Estado no está cumpliendo, lo que puede alterar aún más la situación”, dijo el analista.
Otro factor que destacó el consultado es la desconfianza de las comunidades en las autoridades locales. “Muchas de ellas están confinadas y no denuncian porque no confían en el Estado”, detalló, y agregó que en la región se sospecha que agentes de Policía y del Ejército estarían en la “nómina” de las Agc.
De otro lado cuestionó las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Aquiles, que opera en la región desde enero pasado, y de la efectividad del Ciprat: “En términos de desmantelamiento de las estructuras criminales no está sucediendo. ¿Por qué se reactivó la violencia en esta zona del país? ¿Qué factores están incidiendo para que todo esto ocurra? ¿Por qué son tan inefectivas las alertas tempranas? Alguien tendrá que responder”.
Los análisis indican que el corredor del narcotráfico que va del Bajo Cauca antioqueño, pasa por el sur de Córdoba y llega al Golfo de Urabá no ha sido afectado de manera drástica, lo que hace suponer que la confrontación armada por su control va para largo.
En ese sentido, la Defensoría también llamó la atención sobre un tema grave para las comunidades: “No se descarta que, como consecuencia de las hostilidades, estos territorios se encuentren contaminados con municiones sin explotar y otros remanentes de guerra, que puedan poner en riesgo la vida o bienes de las comunidades”.
Los reportes de esa agencia del Ministerio Público registran, en efecto, varios accidentes con estos mortales artefactos: “En la segunda semana de diciembre de 2018, en la vereda Río Sucio, un perro activó un artefacto explosivo ubicado a 30 metros de dos viviendas; el 28 de febrero de 2019, dos mulas en las que se desplazaban dos jóvenes de la vereda Santa Rosa activaron a su paso un artefacto explosivo ubicado en el camino por donde se desplazaban, lo cual ocasionó lesiones menores a los campesinos que debieron lanzarse a las aguas del río San Jorge para poder llegar a Juan José. El temor a sufrir agresiones por parte de los actores armados ilegales presentes en el territorio inhibe la denuncia”.
En medio de este complejo panorama están quedando los líderes comunitarios, los defensores de derechos humanos y los voceros de diversas organizaciones sociales, quienes deben enfrentarse a constantes amenazas de muerte proferidas por los actores armados en disputa, tal como lo documentó el Defensor del Pueblo.
“El 30 de marzo de 2019, líderes sociales de Ascsucor, de Anzorc, de la Coccam, de Funsac; y de Cordobexia fueron informados de la realización por parte de supuestos integrantes de las Agc, de una reunión clandestina en los alrededores del corregimiento Juan José, en la cual se acordó ‘pedir permiso a su autoridad superior para asesinarles debido a las denuncias realizadas desde el 21 de marzo de 2019 relacionadas con el desplazamiento masivo de veredas de los corregimientos Tierradentro y Juan José y por negarse a asistir a una reunión a la cual habían sido convocados el 27 de febrero de 2019’ por miembros de esta agrupación armada ilegal”, consignó el Defensor del Pueblo en oficio enviado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Las intimidaciones también se han extendido a servidores públicos de Puerto Libertador, tal como lo reseñó el Defensor del Pueblo: “La circulación de panfletos atribuidos a diversas organizaciones armadas ilegales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas -Caparrapos-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -Agc- y Nuevo Frente 18 de las Farc, en los cuales realizan amenazas con nombres propios de funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Desarrollo Básico Social de Puerto Libertador, transportadores fluviales de Juan José, líderes sociales, así como otras de carácter indiscriminados contra la población civil, entre ellos personas con aspiraciones políticas”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo le solicitó a la Secretaría Técnica del Ciprat “tramitar de manera inmediata ante las autoridades competentes este oficio como una Alerta Temprana de Inminencia, realizando la respectiva sesión de la Ciprat para que se adopten las medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes de los municipios objeto de la advertencia”.
