Hay sitios de Colombia en que, cuando se es niño, tratar de estudiar se vuelve una proeza. Así viven los pequeños de Sachamates, una comunidad afrodescendiente del municipio de Leiva en el Alto Patía nariñense, que le ha apostado a dejar atrás la coca y a vivir sin las penurias de la guerra en su territorio, mientras espera que la renovación territorial planteada en el Acuerdo de Paz le permita salvar su centro educativo.
La historia que se cuenta aguas arriba del río Patía tiene un relato difícil, casi tan complicado como la escarpada geografía que le antecede en el Nudo de los Pastos. Este cálido valle, que se extiende a los pies de las cordilleras Central y Occidental, ha presenciado toda suerte de violencias durante más de medio siglo y es uno de los territorios más cruelmente golpeados por una guerra que, al menos en teoría, terminó con la firma del Acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
No por nada el Alto Patía terminó siendo un corredor estratégico en un conflicto que parecía no tener fin. Su complejidad montañosa, su vegetación, su ubicación cercana a la Costa Pacífica, su abundancia en flora y fauna, y sus copiosas aguas han proporcionado un valioso refugio para los perseguidos y una zona estratégica para quienes, en diferentes épocas, se dedicaron a hacer la guerra.
Hoy, en esta región, enclavada entre los departamentos de Nariño y Cauca, la gente empieza a soñar con una nueva forma de vivir en su territorio, en medio de este hiato que ha significado el paso a la vida civil que han dado los antiguos insurgentes y de la zozobra que significa la llegada de nuevos actores armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que tratan de hacerse con el control de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito.
“La presencia negra en este territorio tiene más de 300 años”, asegura con serenidad Fernando Bravo Ibarra, recordando a los ancestros que se establecieron allí para protegerse de los esclavistas y a quienes más recientemente han ido llegando en busca de fortuna a este bosque seco tropical, de la mano del oro y la coca.
Fernando es líder del Consejo Menor de Sachamates, una organización afrodescendiente radicada en Leiva que lucha por su territorio colectivo, a pesar de no contar aún con reconocimiento del Ministerio del Interior, y que le ha apostado a abandonar el cultivo de la hoja de coca y reemplazarlo por la siembra de alimentos y la cría de ganado.
“No nos quedó ni para aliviar un dolor de muelas”, dice entre risas, a la vez que hace notar la preocupación por el futuro que les espera de cara al Acuerdo de Paz en su municipio, uno de los 24 priorizados en el Alto Patía y el Norte del Cauca para la implementación de las medidas de renovación territorial dispuestas en el punto uno de lo pactado en La Habana. Es claro que la gente de Sachamates espera que estas se traduzcan en condiciones dignas de vida para superar el racismo y la negación de derechos que históricamente ha soportado.
Este podría ser un reto titánico si se tiene en cuenta que el Alto Patía tiene unos altos índices de pobreza y desigualdad, así como un notable atraso en materia de vías, servicios públicos, comercio e infraestructura. Esta difícil situación, sumada a los rigores de la guerra, se ha traducido en un aislamiento de la región respecto al país y una enorme vulnerabilidad de las comunidades que habitan sus territorios, especialmente indígenas y afrodescendientes, como la gente de Sachamates.
Entre los árboles de limón que hoy colman un paisaje que hace pocos años tenía como protagonista al verde intenso de la hoja de coca, las mujeres, hombres, niños y mayores que habitan esta vereda del corregimiento Santa Lucía sobreviven con pocas tierras propias; no cuentan con acueducto ni alcantarillado; toman el agua de un distrito de riego contaminado por los agroquímicos y el mercurio usado en la minería de oro que ilegalmente se practica río arriba. Adicionalmente, tienen que hacer un esfuerzo notorio para mantener en pie la pequeña escuela rural en la que 31 niños cursan su educación primaria.
“Toca hacer maravillas”
No es fácil educarse en Sachamates. Los niños que viven en los lugares más apartados de la vereda deben recorrer largos trayectos a pie o en moto para llegar al centro educativo, puesto que la Secretaría de Educación del Municipio no les provee de transporte escolar permanente y las condiciones de las vías hacen muy riesgosa esta travesía diaria. Además, las instalaciones están deterioradas y la institución no cuenta con el mobiliario escolar ni el material didáctico necesario para impartir las clases, no hay baños para los niños y la alimentación, además de ser precaria, debe servirse en el patio ante la falta de un restaurante escolar. A las personas que laboran allí les “toca hacer maravillas”, como asegura Luz Obando, la encargada de alimentar a los pequeños.
Amanda Lucía Ordóñez, rectora y profesora del Centro Educativo Sachamates asegura que “hay muchos niños que quieren venir a este centro, pero por motivos de transporte no han podido venir. El año pasado pagábamos con la otra compañera unas motos y, entonces, en las motos traían los niños, pero ocurrió un accidente y, entonces, los padres de familia este año ya no los enviaron, pero ellos sí quieren venir. El motivo ha sido ese, el transporte”.
Por su parte, Luz obando, manipuladora de alimentos del Centro Educativo Sachamates, recuerda que a los niños no solo no les llegan alimentos suficientes y lo poco que se les puede dar “es como para que no se caigan”. Según ella, “lo que mandan no es para que los niños queden satisfechos o digan ‘hoy nos dieron un desayuno rico’ porque no alcanza. La cocinita está en unas condiciones horribles. Los niños comen en la mano, paraditos: ‘recíbame el plato, recíbame el vaso, siéntese como pueda’ porque no tenemos un comedor donde ellos se puedan sentar y puedan degustar lo poco que se les da, porque tampoco es que se diga que se les da para llenarlos”.
A pesar de sus esfuerzos, la comunidad de Sachamates sabe que la situación de su escuela es crítica y no se resolverá solamente con buena voluntad. Olga Lucía Chacón, presidenta de la Junta de Acción Comunal y una de las líderes más activas de esta población, asegura que ese tipo de problemas no se resuelve solo con los esfuerzos de la comunidad ni “por sus propios medios y las ganas. Siempre se necesita el recurso, se requiere el dinero para todas estas cosas porque a uno ganas le sobran”. Por eso saben que no será posible salvar su centro educativo sin que haya compromisos reales de parte del Estado.
Sin embargo, esto no es nada fácil. Las secretarías de Educación del Municipio y del Departamento, al igual que ocurre en numerosas zonas del país, sostienen que los recursos con los que cuentan son insuficientes y los planes de inversión del Ministerio de Educación pareciera que nunca llegan a lugares como Sachamates.
No obstante, la comunidad ha buscado otras vías para garantizar sus derechos, una de ellas a través de la implementación del Acuerdo de Paz: esperan que de los 7,8 billones de pesos del presupuesto nacional destinados en el país a iniciativas de educación rural y primera infancia a ejecutarse durante los próximos quince años en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se puedan conseguir los recursos para su escuela, por lo que propusieron, dentro del programa de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) que adelanta la Agencia de Renovación del Territorio (ART), algunas obras que pueden ayudar a garantizar el derecho a la educación de esta comunidad afrodescendiente.
Como lo indica la profesora Amanda: “Aquí se han pedido muchas cosas y quedaron en la priorización la construcción de aulas y baterías sanitarias, también se ha pedido construcción del restaurante escolar, construcción de aula de informática, polideportivo, cierre de la cancha de fútbol, material didáctico, las guías de escuela nueva que estamos trabajando desde hace como cuatro años con las mismas, además de capacitación en el área de etnoeducación, que no hemos tenido”.
Una relación complicada
Las comunidades del Alto Patía difícilmente confían en el Estado. Tradicionalmente, la presencia de las instituciones se ha limitado a unas autoridades locales que no se ocupaban adecuadamente de los problemas de la gente, a la erradicación forzada y fumigación de los cultivos de hoja de coca que sostienen a miles de familias y a una exagerada militarización del territorio que se tradujo en la expulsión masiva de pobladores hacia el resto del país.
Solo de Leiva, una población de 13.849 habitantes, por lo menos 8.197 fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2000 y 2018, según datos del Registro Único de Víctimas. En menos de dos décadas, perdió más de la mitad de su población mientras se hundía en una penosa situación con un 86% de pobreza multidimensional, según el DANE.
Con la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, esta desconfianza en las instituciones se ha convertido en uno de los retos centrales para la implementación de las medidas que obligan al Estado a reparar estos territorios, los más afectados por la guerra. Por esta razón, con el Decreto 893 de 2017 se crearon los PDET, “un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás actores involucrados en la construcción de la paz, junto con el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades”.
Así, le correspondió a la ART, creada poco menos de un año antes de la firma del Acuerdo de Paz, que los PDET funcionen y definir una ruta de participación para que sea la gente de los municipios priorizados la que identifique las obras necesarias para intentar reparar los daños que la guerra y el abandono del Estado le había traído.
Primero, los funcionarios identificaron los actores entre las autoridades locales, las organizaciones sociales y los grupos étnicos que podrían tener incidencia en la implementación de los PDET, les explicaron la metodología y citaron a unas pre-asambleas en que se reunieron las comunidades de cada vereda o territorio étnico para “identificar cuáles son las oportunidades de su territorio e identificar también las problemáticas que consideran sensibles, plantear unas pre-iniciativas que ellos consideran que puedan ayudar a transformar su territorio”, relata Dolma Cristina Valdez, gestora de la ART en el municipio de Leiva.
La funcionaria, además, recuerda que de cada uno de estos encuentros, nueve veredales y uno étnico con el Consejo Menor de Sachamates, se escogían “ocho delegados que conforman el grupo motor que trabaja temas de ordenamiento social de la propiedad rural, el uso del suelo y adecuación de la tierras, salud rural, educación y primera infancia rural, de vivienda rural, de reactivación económica y producción agropecuaria, derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y paz”.
De este proceso salió un pacto comunitario, un documento en el cual se recoge lo propuesto por las comunidades y cómo quisieran ver su territorio al cabo de diez años. Luego, la ART realizó una revisión de las iniciativas para ver cuáles eran viables o no, en compañía de delegados de las veredas y comunidades étnicas. El resultado de todo esto se consignó en los pactos comunitarios de los 24 municipios del PDET del Alto Patía y Norte del Cauca y, luego de una nueva revisión por parte de la ART, en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). La entidad acaba de iniciar un proceso de planeación estratégica que definirá qué obras se construirán, en qué orden y cómo se contratarán. Se espera que los resultados de esta labor se entreguen a inicios de este año.
Alexander Huila, coordinador del PDET de Alto Patía y Norte del Cauca en la ART, comenta que “las mayores peticiones están en el tema de fortalecimiento económico, producción, vías, centros de acopio y cultivos rentables, por ser zonas que históricamente han tenido poca presencia del Estado”.
Sin embargo, mientras la ART no acabe la actual etapa de construcción de los planes estratégicos de los PDET, que se realiza en el nivel central y sin acompañamiento de las comunidades, siguen abiertos muchos interrogantes, pues aún no hay una ruta para las obras e inversiones a realizar, no se ha empezado la formulación de los proyectos de mayor complejidad y falta sentar a la mesa a otras entidades que tienen corresponsabilidad en la financiación de las iniciativas, como los ministerios de Educación, Salud, Minas y Energía, Vivienda o Agricultura, para definir el presupuesto del Plan Marco de Implementación.
Es un momento de gran incertidumbre porque se desconoce qué acciones asumirá el gobierno del presidente Iván Duque, posesionado el 7 agosto de 2018, respecto a los recursos de la paz cuando presente su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República.
Olga Lucía Chacón destaca el enfoque de participación de las comunidades en la implementación del PDET, pero critica que esta por momentos pareciera limitarse a un asunto de protocolo: “A mí solo me llaman para socializar, pero no cuando se va a ejecutar el proyecto. Eso lo baja a uno de moral. Con la ART se dice que tenemos beneficios, que en lo que se socializó allá en el Pacto Comunitario, en el pacto municipal en Leiva, quedaron muchas prioridades de aquí, pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho”.
¿Y la plata de la escuela?
Al no tenerse todavía una hoja de ruta clara sobre las inversiones del PDET, las preocupaciones de la gente de Sachamates se ahogan en la incertidumbre. Aunque el PDET de Alto Patía y Norte del Cauca tenga proyectados recursos por 12,41 billones de pesos hasta 2032 y que para financiar los proyectos relacionados con educación y primera infancia estos dineros asciendan a 40,2 billones durante el mismo periodo para todo el país (7,8 billones del Presupuesto General de la Nación y 32,4 billones del Sistema General de Participaciones que maneja las regalías), aún falta bastante trecho para que el Ministerio de Educación y la ART definan cómo se financiaría la obra del colegio, quién ejecutaría el proyecto y en qué plazo, y cómo se brindaría apoyo para desarrollar en la institución un trabajo de etnoeducación que forme a los niños en los usos culturales, tradiciones y cosmovisión ancestral de su comunidad afrodescendiente, como esta viene exigiendo.
A todo esto se suma que la gente de Sachamates decidió no incluir su escuela rural entre las prioridades de la primera fase de la intervención en el PDET debido a otras urgencias. Dado que la carretera veredal que conecta su territorio con el casco urbano de Leiva no está pavimentada y presenta graves problemas en las temporadas húmedas, la comunidad apoyó las obras de alcantarillado de aguas lluvias y de reforzamiento de un puente que, sobre este modesto corredor, adelantó el año pasado la Alcaldía de Leiva a partir de un contrato con la ART por $881’851.813 para todo el municipio dentro del programa 50/51 para vías terciarias, de los cuales $374’876.064 fueron destinados al tramo entre Mamaconde y Leiva. (Leer páginas 8 y 12 del documento de seguimiento SC 00015-17)
En segundo lugar, puesto que Sachamates está reconstruyendo sus lazos comunitarios tras padecer por años los rigores de la guerra, el Consejo Menor pidió que se construyera una caseta comunal para no tener que hacer sus reuniones y eventos a la intemperie. Los estudios previos para obra los está realizando el Comité Departamental de Cafeteros de Nariño, en el marco de un convenio firmado en 2015 entre este gremio y la antigua Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial (UACT), cuyas funciones heredó la ART. (Descargue el Convenio de Asociación 2015-0095)
Respecto a la forma en que se priorizaron las cosas en Sachamates, Dolma Valdez asegura que “ellos hicieron algunas recomendaciones de acuerdo con sus puntos, sus costumbres, la cosmovisión que tienen del territorio, como en el caso de los programas de etnoeducación o de medicina ancestral. En Sachamates lo que ellos están tratando de fortalecer es un proceso de etnoeducación para que la escuela se implemente una educación teniendo en cuenta su cultura y costumbres como comunidades afrodescendientes”.
Mientras tanto, la comunidad de Sachamates sigue en vilo por su escuela porque, como dice la rectora Amanda Lucía Ordóñez respecto a la obra del PIC: “todavía no nos ha llegado respuesta de en qué tiempo va a salir o cómo va. No sabemos, estamos a la espera”.
