El ente investigador declaró que esa guerrilla adoctrina niños en una casa de la capital de la República. Líderes comunitarios desmienten las acusaciones y aseguran que en el inmueble se realizan procesos de pedagogía crítica.
Justo un día antes de que el gobierno nacional y el Eln retomaran el quinto ciclo de conversaciones en Cuba, el pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la Nación sorprendió al país con un comunicado público. En él, aseguró que había encontrado “nuevas evidencias sobre el reclutamiento ilícito de niños y adolescentes por parte del Eln” en una casa del noroccidente de Bogotá. (Lea aquí el comunicado)
Según la entidad, ese lugar funciona “como un presunto centro de adoctrinamiento de menores”, que “en el papel aparece registrado como una cooperativa”. Para sustentar ese señalamiento, declaró haber hallado “cartillas y documentos que serían utilizados para inculcar a los menores de edad ideas de legitimar la violencia armada y promover el pensamiento del Eln”.
El supuesto adoctrinamiento se habría realizado durante jornadas de lectura y ejercicios lúdicos “en los que participan niños y niñas de ocho años de edad en adelante”, cuya participación se consignaba en planillas de asistencia y respondía a cronogramas de actividades. Para respaldar su hipótesis, la institución compartió con la prensa siete fotografías en las que se observan listados, niños leyendo en grupo y un salón vacío con sillas dispuestas en filas.
Aunque no explicó qué información contenían los documentos encontrados, la Fiscalía los calificó como “cartillas que exaltarían la violencia armada”, material con “mensajes alusivos al desconocimiento de la institucionalidad y a la resolución violenta de conflictos” y “textos que exaltan el resentimiento social y la vida de personajes subversivos”. Finalmente, sentenció que la evidencia recopilada le permitía señalar que “preliminarmente queda al descubierto una supuesta práctica pedagógica en la que inculcarían ideologías y pensamientos no aptos para infantes de tan corta edad”.
La recopilación de esos documentos e imágenes se realizó en desarrollo de la investigación que cursa contra Rafael Botero Restrepo, a quien las autoridades llaman ‘Tista’ y señalan como integrante de la Dirección Nacional del Eln y comandante del Frente de Guerra Urbano de esa organización insurgente. Capturado el pasado 15 de febrero en Bogotá, Restrepo ha sido imputado por rebelión y por el presunto reclutamiento de 97 menores en 12 departamentos del país.
La dimensión de la información suministrada por la entidad sobre el supuesto “centro de adoctrinamiento” con el que estaría involucrado Botero generó varias reacciones en medios de comunicación nacionales y regionales, que la replicaron con titulares como “Alias ‘Tista’ reclutaba en Bogotá niños para el Eln”, “Eln utilizaba vivienda en Bogotá para el reclutamiento de niños” y “Descubren en Bogotá presunto centro de adoctrinamiento infantil del Eln”.
Días después de ese despliegue, no obstante, tres organizaciones sociales y de economía solidaria de la localidad de Suba, en Bogotá, convocaron a la prensa para controvertir esos señalamientos. Sus voceros dicen ser los dueños del lugar allanado y de las fotografías replicadas por los medios, pero aseguran que no tienen ningún vínculo con el Eln, que su trabajo con los menores hace parte de un proceso amplio de educación popular y que el comunicado de la Fiscalía no sólo lesiona su relación con la comunidad, sino que pone en riesgo su propia vida.
¿Centro de adoctrinamiento?
La casa que allanó la Fiscalía en Bogotá está ubicada en la localidad de Suba y pertenece a la Asociación Social Comunidad y Vida (Ascovi), una entidad sin ánimo de lucro que hace parte de la red continental de Comunidades Eclesiales de Base. En diálogo con VerdadAbierta.com, su representante legal, Abelino Arrieta, aseguró que “la Asociación se creó entre 1996 y 1998, con el objetivo de promover la educación y la defensa de los derechos humanos, así como la organización autónoma para garantizar la satisfacción de las necesidades de las comunidades, en razón a lo cual ha creado creado varias organizaciones de economía solidaria en distintos lugares del país”.
En Bogotá, la Asociación tiene arraigo en Suba, donde en 2015 creó la Cooperativa Ambiental Bakatá en desarrollo de un trabajo comunitario en el que confluyen varias organizaciones barriales y ambientales. A la fecha, la Cooperativa tiene 23 asociados y, de acuerdo con Arrieta, “se dedica a promover proyectos de conservación, cuidado y buen uso de los recursos naturales, para lo cual hemos ido estructurando una actividad turística alrededor de las reservas ambientales de Cundinamarca y Bogotá, al igual que trabajando con los colegios de la localidad acompañando algunos proyectos pedagógicos que tienen un componente ambiental”.
Además de Ascovi y de la cooperativa, en la casa desarrolla sus actividades la Red Enrólate con Suba, un colectivo de jóvenes que trabaja con estudiantes de colegio en ejercicios de memoria barrial y formación ciudadana, que apoya la realización del Servicio Social Estudiantil Obligatorio. Uno de sus filones de trabajo se centra en Ciudad Hunza, donde adelanta un proceso de reconocimiento y reconstrucción de la historia del barrio.
Los resultados de ese trabajo están consignados en el trabajo de grado para aspirar al título de licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital presentado por David Oviedo, integrante de la Red. En diálogo con este portal, Oviedo aseguró que “desde hace dos años empecé mi monografía, para la que he trabajado con chicos haciendo ejercicios de cartografía y de observación participativa, todo lo cual está registrado como parte de la evidencia del trabajo de campo que exige la Universidad”.
El pasado 16 de febrero, la Fiscalía llegó a la casa de la Asociación para realizar diligencias de allanamiento. De allí extrajo, según Arrieta, “los discos duros de cinco computadores, archivo gráfico y archivo administrativo de Ascovi y de otras organizaciones sociales”. Ninguno de los tres procesos comunitarios que confluyen en la sede volvió a saber algo de la investigación hasta el pasado 9 de mayo, casi tres meses después y un día antes de la reanudación de los diálogos con el Eln, cuando la Fiscalía anunció la existencia de un centro de adoctrinamiento y compartió con los medios siete fotografías, todo lo cual ha sido cuestionado por las organizaciones.
En un comunicado expedido el pasado 15 de mayo, Ascovi, la cooperativa Bakatá y la Red Enrólate con Suba declararon que varias de las fotos hacen parte una jornada de promoción de lectura realizada por la Red en marzo de 2017, en desarrollo de las actividades de servicio social. Asimismo, aseguraron que el evento no tuvo lugar en la sede de la Asociación, sino en la Casa de la Cultura de Ciudad Hunza.
En ese taller, de acuerdo con la Red, se leyeron varios libros de la colección Antiprincesas y Antihéroes, creada por la editorial argentina Chirimbote en 2015 y distribuida en Colombia por La Fogata Editorial. La colección, argumenta Chirimbote en su página web, busca “recuperar la cultura popular y colectiva, rescatar heroínas olvidadas de las guerras de la independencia y proponer nuevas masculinidades”. Los libros ilustrados cuentan la vida de, entre otros, la pintora Frida Khalo, la cantautora Violeta Parra, el escritor Julio Cortázar y el guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara. De acuerdo con Oviedo, los libros llegaron a la Red como una donación de La Fogata y posteriormente fueron entregados a una biblioteca comunitaria de Ciudad Hunza.
En el comunicado, las organizaciones cuestionaron que las fotos se hubieran presentado como tomadas en la casa de Ascovi y aseguraron que desde su fecha de captura se encuentran colgadas en la red social Facebook. Al menos dos de las siete fotos presentadas por la Fiscalía corresponderían a esa actividad, tal como consta en publicaciones realizadas por la Red y por La Fogata Editorial en marzo de 2017.
Otras dos imágenes también hacen parte de una jornada de lectura realizada con la colección de libros Antiprincesas y Antihéroes, aunque en otra fecha y en otro punto de la ciudad. Se trata de un taller para niños que la Biblioteca Popular Techotiba llevó a cabo el 14 de mayo de 2016 en la localidad de Kennedy, en Bogotá.
En un comunicado emitido este viernes 18 de mayo, la Biblioteca declaró que “notamos con extrañeza que el pasado jueves 10 de mayo de 2018 diferentes medios de comunicación nacionales emitieron una noticia sobre el supuesto ‘reclutamiento y adoctrinamiento’ de niños y niñas por parte del Eln mediante la Cooperativa Bacatá en la localidad de Suba (…) En las notas de prensa se exponen dos fotografías de nuestro trabajo comunitario realizado en la localidad de Kennedy, las cuales son utilizadas como evidencia sobre la noticia emitida”.
Las dos imágenes que presentó la Fiscalía corresponden a un video con el que el noticiero popular Barrio Adentro registró esa jornada, que también contó con el auspicio de La Fogata Editorial y que no tuvo relación directa con Ascovi, la Cooperativa o la Red. (Vea aquí el video)
De acuerdo con David Oviedo, de la Red Enrólate con Suba, sólo dos de las imágenes presentadas por la Fiscalía fueron realmente tomadas de la casa de Ascovi. Una de ellas es una planilla, en la que consta información de varios estudiantes. El registro obedece, según Oviedo, a que “en la casa se han realizado talleres de origami, de derechos humanos, y se han ejecutado proyectos con diferentes entidades del Distrito, a las que hay que demostrarles que los dineros se están ejecutando en beneficio de la comunidad, por lo que los nombres de los asistentes a los talleres se registran en planillas”.
La otra fotografía que fue tomada en la sede muestra varias sillas dispuestas en fila. Al respecto, Oviedo opinó que “esa escena está manipulada. Cuando uno trabaja en colectivos, dispone las sillas en forma circular para construir y dialogar, y posteriormente las recoge y las ubica en un mismo lugar. Nosotros nunca trabajamos en fila india y lo que hizo la Fiscalía fue montar una escena en la que supuestamente ese es el centro de adoctrinamiento”. Lo mismo aseveró el representante legal de Ascovi, Abelino Arrieta, quien dijo que “los que practicaron el allanamiento crearon una escena en nuestra oficina que les fuera acorde al delito que pretenden imputarle al señor Rafael Botero”.
De hecho, la asistencia de Botero a la Asociación durante algunas oportunidades es la razón principal por la que la Fiscalía allanó la casa, según le confirmó a VerdadAbierta.com una fuente de la entidad que habló bajo reserva.
¿Pruebas?
De acuerdo con la fuente de la Fiscalía consultada por este portal, la entidad llegó a la sede de Ascovi en febrero pasado porque “el lugar fue visitado por ‘Tista’ y nosotros estamos investigando el entorno en que se desenvolvió este personaje los días previos a su captura”.
La situación es reconocida por el propio Arrieta, quien afirmó en diálogo con este portal que Botero sí acudió a la casa porque “tiene un vínculo familiar con una persona que nos prestaba los servicios contables y administrativos, pero nunca participó en ninguna de nuestras actividades”. Asimismo, insistió en que no tenía conocimiento de que Botero presuntamente pertenecía al Eln y aseguró que “nos enteramos de esa situación en el momento en que a él lo capturan y los medios de comunicación empiezan a transmitir noticias sobre eso”.
VerdadAbierta.com le preguntó a la fuente del ente investigador si las fotografías compartidas por la entidad serán usadas como pruebas de la comisión de algún delito en el proceso que cursa contra Botero o en investigaciones contra otras personas, a lo que respondió que no se han tomado decisiones al respecto porque recién están estudiando el material “para ver de qué manera puede ser utilizado”. Igualmente, dijo que no existen procesos judiciales contra la sede de Ascovi: “Ni tomamos posesión del inmueble, ni lo vamos a cerrar, ni sobre él hay procesos de extinción de dominio”.
Este portal también le consultó a ese funcionario cuál es la naturaleza delictiva de los documentos y las fotografías encontradas. Al respecto, respondió que “las cartillas no son negativas o absolutamente nocivas per se. Lo que sucede es que pueden ser utilizadas de manera inadecuada, porque por la interpretación que hacen de la historia pueden llegar a ser negativas al exaltar la lucha armada o hacer memoria histórica de personajes subversivos”.
Agregó que con ese material se podían llevar a cabo “procesos de malformación histórica, pero no necesariamente de reclutamiento de forzado” y que “de ninguna manera estamos diciendo que niños de ocho años están siendo parte de las filas armadas del Eln, sino objeto de procesos pedagógicos en los que se puede estar tergiversando elementos de la historia o utilizando la exaltación de la violencia”.
En ese sentido, dijo que los libros le generan “muchas inquietudes” a la institución y, aunque reconoció que la información apenas está en proceso de análisis, afirmó que “nos pareció importante comunicarle a la ciudadanía lo que encontramos en el entorno en el que se movía el señor (Botero)”.
Los integrantes de las organizaciones sociales afectadas consideran, sin embargo, que la manera como procedió el ente investigador los estigmatiza a ellos y a los participantes de los procesos comunitarios.
En ese sentido, tanto la Red Enrólate con Suba como la Biblioteca Comunitaria Techotiba le exigen a la Fiscalía que se retracte por lo que consideran afectaciones a sus derechos al debido proceso, al buen nombre y a la honra. Asimismo, responsabilizan al Estado por posibles atentados contra la vida y la integridad de las personas que participan en ambos procesos comunitarios. David Oviedo, de la Red, aseguró que “tenemos mucho temor, porque sabemos que señalamientos y estigmatizaciones como esta le han costado la vida a muchos líderes en este país”.
Las organizaciones también cuestionan el hecho de que ejercicios de pedagogía se hayan presentado como pruebas de presuntas conductas delictivas. Así, Ascovi, la Red y la Cooperativa Bakatá expresaron que “nos negamos a creer que promover ejercicios de lectura que realizan cientos de organizaciones sociales y comunitarias en todo territorio nacional se comiencen a considerar un delito”, mientras la Biblioteca Techotiba declaró que “no se puede hacer un proceso de criminalización sobre la literatura infantil y el estudio de la historia desde una perspectiva crítica que les permita a los jóvenes tener todas las miradas sobre un mismo tema”.
Otros procesos
El anuncio de la Fiscalía sobre la existencia de un presunto centro de adoctrinamiento de menores en Bogotá se suma a otros procesos adelantados recientemente por el ente investigador que relacionan a líderes sociales y políticos, buena parte de ellos militantes del Congreso de los Pueblos, con las actividades del Eln.
En marzo pasado, el ente investigador le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigara al representante a la Cámara Germán Carlosama, del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y al senador Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático, por supuestos nexos con esa organización insurgente.
Ambos congresistas han apoyado la salida negociada al conflicto con el Eln desde los procesos de base de los que provienen, en Nariño y el Catatumbo, así como desde distintos escenarios en el capitolio. Carlosama, por ejemplo, ha respaldado la construcción de propuestas para el desminado humanitario en Samaniego y Santacruz, que se han discutido en la mesa de conversaciones que sostienen el gobierno nacional y esa guerrilla. (Lea más: Gobierno y Eln llegan con enormes desafíos a La Habana)
Posteriormente, en abril, la Fiscalía expidió 33 órdenes de captura contra líderes sociales y exfuncionarios de Nariño por supuestos nexos con el Frente de Guerra Suroccidental del Eln. Entre ellos, el exalcalde de Samaniego Harold Montufar, también impulsor del proceso de desminado. Varios de los capturados han sido liberados con el paso de los días, aunque los procesos judiciales continúan en curso. Aún detenida permanece la lideresa Sara Quiñones, del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, lo cual ha generado duros pronunciamientos de las organizaciones afro e indígenas, que aseguran que el ente acusador criminaliza al movimiento social. (Lea más: Preocupan capturas masivas en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca)
Y aunque por ahora ningún integrante de la Red Enrólate con Suba, Ascovi, la Cooperativa Bakatá o la Biblioteca Comunitaria Techotiba se encuentran procesados, tal como le confirmó la fuente de la Fiscalía a este portal, las organizaciones aseguran que el daño causado es enorme y que les urge que se aclare públicamente la situación para retomar el curso de su trabajo comunitario.
