En un extenso y detallado informe, el Ministerio Público hace un profundo análisis de lo que viene ocurriendo con los líderes sociales en diversas regiones del país y llama la atención sobre diversos aspectos, entre ellos la disparidad en las cifras aún entre las agencias del Estado.
La violencia que se viene ejerciendo contra los defensores de derechos territoriales preocupa a la Procuraduría General de la Nación porque detrás de ella está la pretensión de exterminar los procesos sociales que estos líderes impulsan en sus comunidades, tanto rurales como urbanas, de ahí su sistematicidad y generalidad.
“Este informe concluye que existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio”, se lee en el documento, titulado Violencia sistémica contra defensores de derechos territoriales en Colombia.
Y es que la tragedia que padecen en los últimos años el conjunto de los líderes sociales en el país no se detiene. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018 se registraron 282 homicidios. Cifras de la organización no gubernamental Somos Defensores establecen que en los tres primeros meses de este año sucedieron 46 asesinatos. Sin embargo, los datos difieren dependiendo de la fuente de información, aún entre entidades del mismo Estado. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
Esa disparidad es un asunto que preocupa al Ministerio Público. En su informe dejó consignado que “las cifras recogidas por las diferentes fuentes reflejan una situación crítica que debe alertar a todas las entidades del Estado y activar los mecanismos necesarios para prevenir nuevas vulneraciones de derechos que permitan proteger efectivamente a los líderes y lideresas”.
Asimismo, la Procuraduría llamó la atención sobre la importancia de unificar esas cifras, con todo lo que ello implica: “Esa tarea supone, además, la obligación de examinar a fondo las causas de estos atentados, deber que no podrá ser asumido con seriedad si las entidades estatales no abren vías fáciles de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, y si no afinan las bases de datos que contienen la información sobre los procesos mediante los cuales los defensores de derechos humanos tramitan sus luchas”.
El trabajo toma en cuenta la vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y tras cruzar información con diversas agencias del Estado, particularmente con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se consolidó una cifra de 45 homicidios de defensores de derechos territoriales, de ellos 33 campesinos, 10 afros y dos indígenas.
Con base en el análisis realizado sobre estos 45 casos, varios de los cuales se habían advertido con antelación sin que las autoridades hicieran nada para prevenirlos, la Procuraduría aseveró que “hace falta superar los modelos reduccionistas de atención a este fenómeno de violencia, que sólo se centran en estrategias reactivas frente al síntoma de riesgo y no reconocen como parte del problema el abandono estatal de las causas relacionadas con la protección de derechos relacionados con la tierra y el territorio”.
Para sustentar sus afirmaciones, los investigadores que construyeron este informe hicieron una revisión de las actuaciones de entidades estatales claves en la protección e investigación de los líderes sociales y de los defensores de derechos territoriales. Por sus filtros pasaron la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional de Protección.
Serios cuestionamientos
En un informe especial de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo el 30 de marzo de 2017 esta agencia estatal esgrimió el concepto de generalizado para sustentar y explicar las violaciones de derechos de los defensores de derechos humanos: “El nivel de afectación sufrido por las organizaciones sociales y comunitarias en el marco del conflicto armado interno en las últimas décadas da cuenta de un ejercicio generalizado de la violencia contra este sector de la población, orientado a la desestructuración del tejido social a partir de la disolución de la capacidad de acción colectiva y la instalación de órdenes sociales basados en el miedo y la desconfianza”.
La tesis fue expuesta nuevamente por la Defensoría en la Alerta Temprana del pasado 28 de febrero, que le hace seguimiento al citado informe de riesgo: “La concentración geográfica de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo una de las características que permite hablar de una práctica generalizada”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Al respecto, la Procuraduría rebate el concepto expuesto por la Defensoría y considera que “el conjunto de homicidios de líderes no es una sumatoria de crímenes aislados ni se trata prácticas que se acumulan o suceden de manera casual o accidental”, y reitera que, con respecto a las violaciones de los derechos de los defensores de derechos territoriales, “encuentra que existe sistematicidad”.
Con respecto a la información que posee la URT, el Ministerio Público destacó que es la más precisa que tiene agencia alguna del gobierno nacional: “Es la única entidad que tiene información que permite establecer una coincidencia entre las solicitudes de restitución y los homicidios que se han producido en los últimos años en contra de reclamantes o sus allegados”; sin embargo, llamó la atención sobre un asunto que ha sido motivo de cuestionamientos en esta Unidad, el tema étnico: “esa información tiene debilidades en la identificación de los defensores de derechos territoriales étnicos, hasta el punto de generar un subregistro de estos homicidios de hasta un 33%”.
Adicionalmente, destacó que, pese a la precisión de la información que posee la URT, al Ministerio Público le preocupa que la reserva que alegan tener sobre algunos casos impida ampliar el análisis: “En consecuencia, sus informes no dan cuenta de la etapa y actuaciones procesales que anteceden el homicidio, ni identifican si se trataba de un caso con opositores”. A juicio de la Procuraduría, “el detalle sobre esos aspectos permitiría establecer con mayor precisión la relación entre el proceso de restitución y otros conflictos territoriales, y podría ser útil para la identificación del móvil del crimen”.
Tras revisar los datos de la URT y contrastarlos con los que posee la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, la Procuraduría aseguró que “nota cierta desarticulación”, pues las cifras no coinciden ni en las totales ni en las parciales por pertenencia étnica.
Con respecto a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, el cruce de datos permitió establecer que, de los 45 casos de defensores de derechos territoriales, 26 se encuentran en indagación y tres fueron archivados, lo que no precisa el documento de la Procuraduría es que procesos fueron archivados y por qué razón. Con respecto a los demás casos, se estableció que tres tienen formulación de imputación y se encuentran en esta de investigación; ocho casos más tienen acusación y están en etapa de juicio; finalmente, cuatro casos tienen sentencia condenatoria.
“Según ese informe de la Fiscalía, el 34% de los casos han sido esclarecidos. Esa entidad aclara que aunque se trata de una cifra insuficiente, es superior a la tasa de imputaciones para el general del homicidio doloso que es del 25%)”, detalló el Ministerio Público.
En sus explicaciones sobre el ataque a los líderes sociales dadas a la Procuraduría, la Fiscalía argumentó que “los homicidios perpetrados en contra de defensores de derechos humanos se relacionan con la presencia de actores armados, el problema de las drogas ilícitas, la conflictividad que provoca la explotación minera, conflictos asociados a la propiedad y uso de la tierra, conflictividades locales por manejos presupuestales y también se encuentran algunos casos en los que los problemas de convivencia han sido motivadores de los homicidios”.
En reciente entrevista a este portal, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, aseveró que en este tema “el gobierno nacional no ha sido un espectador indolente. En los últimos meses, con la Fiscalía, se ha logrado que el nivel de esclarecimiento de los homicidios pasara de un promedio histórico de los últimos diez años del 18 por ciento al 52 por ciento. Por lo tanto, hay un avance en la lucha contra la impunidad”. (Leer más en: “Esta es una de las campañas más seguras que hemos tenido”: Óscar Naranjo)
Sin embargo, a mediados del año pasado diferentes organizaciones sociales expresaron su desacuerdo con las metodologías y los alcances de las investigaciones de las que hablan las autoridades. (Leer más en: Inconformidad con la Fiscalía por resultados sobre asesinatos de líderes sociales)
Con respecto a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que adelanta cientos de procesos agrarios desde diciembre de 2015, cuando fue liquidado el Incoder, el Ministerio Público advirtió que esta entidad no cuenta con registros que permitan establecer si los defensores de derechos territoriales que atienden han denunciado agresiones en su contra.
“Pese a que resultaría indispensable, este informe no pudo hacer uso de información cuantitativa de la Agencia porque dicha información no existe”, estableció la Procuraduría y fue más allá al señalar que “la ausencia de datos ciertos sobre procesos de defensa de los derechos a la tierra, diferentes a los que puedan tramitarse por la vía de la restitución, es una de las principales consecuencias de las irregularidades del empalme entre el Incoder y la ANT”.
Alertas en protección
Una de las entidades más cuestionadas por la situación de los defensores de derechos territoriales fue la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad estatal encargada de velar por la seguridad de las personas en riesgo y que ha sido blanco de críticas también por parte de organizaciones sociales.
De acuerdo con la Procuraduría, los reportes oficiales de solicitudes de protección, que a 30 de septiembre de 2017 había recibido 6.861, no permiten “hacer un seguimiento específico de aquellas que encuentran su causa de la defensa de la tierra u otros conflictos territoriales porque no son factores que la UNP indague y exponga expresamente en sus estudios de riesgo”.
Por tal razón, el Ministerio Público considera que la manera inadecuada cultural y territorialmente de la UNP para aproximarse a los casos y analizar los contextos de riesgo le impiden brindar una protección más eficaz a quienes la solicitan, sobre todo si se trata de defensores de derechos territoriales. (Leer más en: “Si me quitan el esquema de seguridad, seré asesinado en cualquier momento”)
En el informe queda claro el hallazgo de vacíos en las medidas adoptadas por la UNP “porque el nivel de riesgo no concuerda con la realidad que se vive en el territorio”, aseguró la Procuraduría y agregó que “la inadecuación de criterios ha terminado por demostrarse, en ocasiones, con el asesinato de quien había denunciado estar en riesgo”.
El estudio documentó casos en los que la UNP “impone esquemas o hace recomendaciones cuya inadecuación puede suponer cargas desproporcionadas constitucionalmente para cualquier ciudadano, y más aún para un defensor de derechos territoriales que por su condición étnica o campesina, y por su situación de víctima del conflicto armado, tiene una doble protección constitucional especial”.
Los investigadores del Ministerio Público ejemplificaron estos cuestionamientos aludiendo a casos sobre los cuales la UNP califica el riesgo de como ordinario y les recomienda a los solicitantes de protección “asumir personalmente un desplazamiento forzado preventivo del lugar en el que vive y donde realiza sus actividades de defensa de derechos, para mantenerse fuerza del área de riesgo. O cuando acompaña o diseña esquemas de seguridad que tienen componentes importantes de confinamiento”.
El informé reseñó nueve casos de asesinatos en los que las víctimas habían advertido de sus riesgos y las protecciones no funcionaron. Se trata de Manuel Ruiz y su hijo Samir (28 de marzo de 2012, Curvaradó, Chocó); Iván Darío Restrepo García (4 de marzo de 2013, Bello, Antioquia); Gilmer Genaro García (3 de agosto de 2015, consejo comunitario Alto Mira y Frontera, Tumaco); Porfirio Jaramillo (28 de enero de 2017, consejo comunitario La Larga y Tumaradó, Chocó); José Jair Cortés (17 de octubre de 2017, consejo comunitario Alto Mira y Frontera, Tumaco); Mario Castaño Bravo (26 de noviembre de 2017, consejo comunitario La Larga y Tumaradó, Chocó); Luis Hernán Bedoya (28 de diciembre de 2017, consejo comunitario Pedeguita y Mancilla); y Temistocles Machado (27 de enero de 2018, Buenaventura, Valle del Cauca).
Tras hacer estas consideraciones y detallar los casos, la Procuraduría advirtió que “de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y el ordenamiento vigente, la protección adecuada, oportuna y efectiva de los líderes defensores de derechos relacionados con la tierra no es una potestad graciosa del gobierno, ni que pueda someterse a una distribución de recursos a partir de criterios exentos de control. El derecho a la seguridad de los líderes de tierras debe ser garantizado plenamente, atendiendo con celeridad la obligación de adelantar los estudios para la identificación y calificación del riesgo y concediendo las medidas individuales y colectivos que correspondan”.
Cifras que alarman
La Procuraduría consideró alarmante en su informe que, de los 45 defensores de derechos territoriales asesinados, el 20 por ciento de ellos pertenecía a comunidades sobre las cuales el sistema judicial colombiano había proferido medidas de protección colectivas para las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado. “Y aún más preocupante, que del total de los defensores de derechos territoriales asesinados, el 75 por ciento eran miembros de las comunidades que al momento de sus homicidios ya tenían ordenadas medias de protección”.
En consonancia con lo anterior, el Ministerio Público expuso que “más de la mitad de las órdenes judiciales de protección colectiva ni siquiera ha podido ser testada en la práctica, pues aún no tiene ningún avance. Tal situación obedecería “a la inmovilidad institucional, bien por falta de adecuación en el marco normativo o por razones relacionadas con el desarreglo institucional”.
En ese aspecto también hay ejemplos que dejan entrever la falta de conocimiento de contextos y de territorios de comunidades sobre las cuales los jueces han proferido medidas de protección. Tal es el caso de la Consejo Comunitario Renacer Negro, de Timbiquí, Cauca: “La UNP entregó al consejo comunitario una lancha para mar, pese a que la comunidad sólo se mueve por río”. En otros casos, calificados como de riesgo extraordinario, se otorgaron solamente chalecos antibalas y subsidios de transporte; así como también vehículos no aptos para la protección o que consumen más combustible del que se asigna mensualmente. (Ver más en: ‘Matamberas’, la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí)
Advertencias
Tras una extensa y detallad exposición de casos, donde se revela el “desarreglo institucional”, la Procuraduría lanzó varias advertencias a las entidades que deben velar por la vida de los defensores de derechos territoriales.
Al gobierno nacional le advirtió sobre la necesidad de diseñar “un protocolo unificado de atención y reacción ante las solicitudes de protección y las denuncias elevadas por los líderes y lideresas en cuestión, que integre no sólo la respuesta efectiva e inmediata del problema de seguridad, sino las rutas prioritarias para activar la oferta institucional completa para la gestión de los derechos relacionados con la tierra que animan sus luchas”.
Al Ministerio del Interior le solicitó activar con celeridad los comités territoriales de prevención y protección, “como un espacio oportuno para la aplicación de la oferta existente dedicada a la protección y garantías de la vida y la seguridad de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y territoriales”.
Buena parre de las advertencias y recomendaciones recayeron en la UNP, entidad a la que se le pidió avanzar en el “diseño e implementación de medidas que de manera eficaz prevengan nuevos hechos de violencia, amenazas, desplazamientos y homicidios”; asimismo, le recomendó valorar algunos aspectos como las condiciones económicas y de acceso a los territorios donde viven y trabajan los líderes y lideresas, su identidad étnica y las estructuras comunitarias o colectivas que lideran.
También instaron a la UNP a “cumplir con celeridad y en los términos estipulados por los jueces de la República, las medidas cautelares que le son ordenadas, de tal forma que en los procesos de restitución de tierras y derechos territoriales se provean garantías para la vida y, en consecuencia, para la culminación de los casos”.
El Ministerio Público también elevó una alerta a ministerios y agencias del Estado “acerca de la obligación estatal de cumplir con lo suscrito en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción Estable y Duradera (firmado el 24 de noviembre de 2016 con las Farc), para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona”.
Por último, la Procuraduría aseveró que “el esclarecimiento de las causas y estructuras o lógicas criminales que están detrás de esta práctica sistemática contra los liderazgos de tierras en el país es urgente para detenerlos”; por ello anunció que una copia del informe y los documentos en que se fundamenta será enviada a la Fiscalía para que, de acuerdo con sus competencias, “pueda tenerlo en cuenta en los procesos que se surten por los homicidios de los líderes que de que trata este estudio”.
