Tras la desaparición de las Farc como grupo alzado en armas que llegó a tener presencia en más de la mitad de ese departamento, en donde se convirtió en autoridad de facto, diferentes organizaciones criminales se disputan a sangre y fuego sus antiguos territorios para hacerse con el control de lucrativas rentas ilícitas. En el medio están las comunidades, que resultan afectadas por un accionar armado atomizado.
“Después de la dejación de armas de las Farc queda en evidencia que hay unas intenciones mucho mayores de mantener la circulación de una economía ilícita, que está ligada al narcotráfico y la minería ilegal. Y esto se denota en afectaciones de derechos humanos, cuando llegan nuevos grupos y se rearman excombatientes de las Farc para controlar ese tipo de economías, por lo que hoy en día asistimos a la presencia de muchos más actores armados”.
Ese corto y contundente análisis es de Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), que desde el año 2000 monitorea las violaciones de derechos humanos que ocurren en la parte alta de ese departamento del suroccidente colombiano. Y agrega que “después de que un actor grande y significativo como las Farc deja el territorio, hay una multiplicación de pequeños grupos armados queriendo controlarlo”.
Dicho planteamiento es similar a lo documentado por la Defensoría del Pueblo, que entre 2017 y el 28 de febrero de este año emitió ocho informes de riesgo, en los que advierte sobre las amenazas que se ciernen en todo el departamento por disputas de las antiguas zonas de las Farc, en las que están trenzados disidentes, supuestos grupos de otras regiones del país, personas involucradas en economías ilícitas y el fortalecimiento de la guerrilla del Eln.
Un ejemplo de esa situación fue detallado en el informe de inminencia de riesgo 001-18 que emitió el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo el pasado 8 de enero sobre el municipio de Suárez, que indica que “en el territorio han surgido disidencias de esta guerrilla (Farc), al parecer conformadas por mandos medios que no han estado de acuerdo con el Acuerdo Final de paz firmado con el Gobierno Nacional. Dichas estructuras, avanzan en un proceso de recomposición de estructuras disidentes y tienen capacidad de daño sobre la población civil”.
Ese documento también señala que “han hecho aparición grupos armados ilegales en el norte del Cauca, como es el caso del denominado Ejército Popular de Liberación (EPL), pero que se presume también esté conformado por disidentes de las FARC-EP, así como grupos armados posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tienen interés sobre el territorio para el desarrollo de economías legales ilegales, como lo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.
Esa situación también pone de presente otro problema para la seguridad de los caucanos: la dificultad de establecer si efectivamente al departamento han llegado grupos armados que no tenían presencia en él, o si se trata de disidencias de las Farc y de otros actores que están usando el nombre del Epl y de diferentes grupos que surgieron tras la desmovilización de las Auc para desviar la atención de las autoridades.
Sobre la supuesta presencia del Epl, disidencia sobreviviente de esa guerrilla que dejó las armas en 1991 y que desde entonces se asentó en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, existen dos hipótesis. La primera indica que, efectivamente, se trataría de disidentes de las Farc que adoptaron ese nombre para seguir delinquiendo, y la segunda apunta a que algunos disidentes viajaron hasta el Catatumbo para traer una avanzada de ‘Los Pelusos’, nombre con el que el gobierno nacional cataloga a esa exguerrilla como Grupo Armado Organizado, y que efectivamente se encuentran en la zona de norte de Cauca. (Ver: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
El panorama sobre el accionar de los grupos posdesmovilización de las Auc también es enigmático. En ese departamento no pasa un mes sin que circulen panfletos y amenazas de muerte contra comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales y promotores del proceso de paz, a nombre de grupos de origen paramilitar como Águilas Negras, Rastrojos y Agc. Pese a las denuncias e informes de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, encargada en primera instancia de lidiar con esos grupos, señala que en Cauca no existe presencia de ninguno de ellos y que los panfletos son documentos apócrifos.
Sobre lo que sí no hay dudas es sobre el rearme de exmiembros de las Farc. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que desde hace 16 años le hace seguimiento al conflicto armado y actualmente desarrolla un proyecto de investigación sobre garantías de seguridad en ese departamento, ha documentado la existencia de cuatro grupos disidentes que tuvieron su origen en los frentes 6 y 30, y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas.
De acuerdo con su informe nacional sobre disidencias, que está próximo a publicarse, en Cauca existen alrededor de cien disidentes al mando de alias ‘Mordisco’, alias ‘Juvenal’ y alias ‘Pija’, que tienen influencia en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono. Se estima que dichos grupos no están articulados y que cada uno opera por su cuenta.
El siguiente mapa fue realizado con información de la FIP de noviembre de 2017
De acuerdo con lo documentado por la FIP, los primeros brotes disidentes ocurrieron entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, por parte de redes de apoyo y milicias del Sexto Frente que en ningún momento se unieron al proceso de paz. Posteriormente, en mayo del año pasado se empezó a confirmar que integrantes del Frente 30 y de las columnas móviles entraron en disidencia. Al comienzo ocurrieron en el norte del departamento y se fueron extendiendo hacia la región Pacífico. (Ver más: La no repetición de la violencia se ve distante)
Al respecto, un funcionario departamental, que pidió la reserva de su identidad, señala que “el mayor problema de disidencias está relacionado con personas que pertenecieron al Sexto Frente de las Farc, que se movía en el norte del departamento por la cordillera Central. Son personas que se hacen llamar disidencias o Farc directamente, y cada uno tiene un pequeño grupo en diferentes zonas. Se puede hablar de muchos grupos que estuvieron involucrados con las Farc, pero hoy en día intentan controlar zonas con cultivos de coca y minería. Están atomizados”.
Asimismo, sostiene que la dejación de armas fue un avance muy importante para reducir las dinámicas de violencia y el accionar bélico en Cauca, pero que el riesgo para la población civil no disminuyó: “Eso se debe a que después de la negociación, no se han ocupado espacios que la guerrilla dejó en su momento. Se debió entrar con escuelas, vías, Justicia, Fuerza Pública y producción económica, pero ese espacio quedó vacío y fue una entrada muy fácil para nuevos y antiguos grupos armados. Los fusiles se han silenciado pero la dinámica de riesgo aún continúa”.
A continuación, presentamos un panorama regional del departamento, en donde en los dos últimos años la FIP ha registrado 87 acciones de grupos armados, en las que se encuentran cinco hostigamientos (dos de ellos atribuibles al Eln, dos a grupos armados sin identificar y otro a disidencias de las Farc) y siete combates.
Norte – Pacífico
En el norte han circulado grupos de diferente extracción. Desde el Eln, pasando por los ‘fantasmas’ paramilitares, hasta disidentes que usan nombres propios de las antiguas Farc como Frente 6 y Comando Suroccidente, o novedosos como Patria Libre, Patria Grande, Epl y Fuerzas Urbanas del Pacífico (este último en la región del Naya). En esas regiones existen una dinámica de ilegalidad muy fuerte a raíz de los múltiples yacimientos minerales y la extensa cadena productiva del narcotráfico, en donde abundan los cultivos de marihuana en la cordillera Central y los de coca en la Occidental.
Además, tienen injerencia mafias locales e internacionales, como lo ha registrado la FIP, que señala que combos pequeños y ‘narcos’ del norte de Valle del Cauca y del Eje Cafetero, ofrecieron recursos en la región durante el proceso de dejación de armas para que continuara la producción de narcóticos.
Por otro lado, en sus análisis la FIP advierte que se debe tener en cuenta la conexión del norte del departamento con la región Pacífico, por el corredor entre López de Micay, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, e incluso una parte de Jamundí, municipio de Valle del Cauca. Por los sectores de la costa caucana ha “surgido” la presión de mafias internacionales para cuidar rutas y exportar coca hacia Centroamérica. Según la información recabada por ese centro de pensamiento, los enlaces de carteles mexicanos se hicieron más visibles desde agosto del año pasado, los cuales tienen puntos de coordinación en Guapi y López de Micay. Además, en esos municipios costeros también hay violencia alrededor de la minería ilegal. (Ver más: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)
Parte de esos hechos han sido advertidos por el SAT en los dos últimos años. En el informe 032-17, del 6 de julio de 2017, que abarca los municipios de Jambaló, Toribío y Caldono, registró la presencia de disidencias de las Farc que se autodenominan como Patria Libre o Patria Grande, la supuesta presencia del Epl y las incursiones del Eln desde el sur del departamento a partir de 2016.
En ese documento pone especial atención sobre las amenazas contra los líderes de los cabildos indígenas, quienes son vistos por esos grupos como un obstáculo por su frontal oposición a que grupos armados circulen en sus territorios ancestrales: “Las modalidades principales son mediante la distribución de panfletos, amenazas con mensajes de texto o en redes sociales, pero también se dan casos de amenazas directas y personales en los territorios. Se han presentado homicidios selectivos y atentados cuya autoría aún está por establecer por parte de las autoridades, pero que alimentan el enrarecimiento del ambiente y alteran la tranquilidad de las comunidades por el posible incremento de la violencia”.
Además, indica que “también se ha impuesto restricciones para movilizarse en horas nocturnas y se ha manifestado la intención de los disidentes de reclutar a niños, niñas adolescentes y jóvenes, así como a personas que han militado en las FARC-EP para que continúen en la lucha armada”.
En cuanto a amenazas de grupos de origen paramilitar, la Defensoría del Pueblo emitió el 17 de febrero del año pasado un informe de inminencia de riesgo para Caldono, en el que refiere que sus habitantes “han sido objeto de amenazas e intimidaciones contra su vida e integridad personal, por parte de presuntos miembros de grupos armados ilegales autodenominados ‘Águilas Negras’ y ‘AUC’; y en segunda instancia, estos grupos armados pretenden disputar los circuitos de producción y distribución de narcóticos, presionando violentamente a las personas que se oponen a dicha actividad ilegal”.
Asimismo, indicó que “la insuficiente presencia de la Fuerza Pública en el territorio, permite la aparición de nuevos grupos armados que procuran controlar este corredor de movilidad favoreciendo el flujo de personal desde la zona alta de la cordillera Central”. En ese municipio fue instalada una de las tres zonas veredales que se instalaron para la concentración y dejación de armas de las Farc.
En donde se volvió sentir el rigor del conflicto tras la desaparición de las Farc como actor armado fue en Suárez. El pasado 7 de diciembre, sus montañas se convirtieron en el escenario de un combate entre supuestos miembros el Epl y de una disidencia de las Farc, que derivó en la muerte de varios combatientes y ocasionó un desplazamiento forzado colectivo.
Tras hacer el levantamiento de los cadáveres, las autoridades encontraron que algunos de ellos provenían de Norte de Santander, indicio que le daría sustento a la hipótesis de que en Cauca realmente existe una avanzada de ‘Los Pelusos’, proveniente del Catatumbo. Como si fuera poco, en ese municipio las amenazas contra los indígenas han sido numerosas y variadas a lo largo de este año. (Ver más en: Rearmados de toda clase amedrantan a los indígenas de Suárez)
Centro – Sur
En esta región uno de los mayores factores de riesgo es los cultivos de coca, su regulación por parte de actores armados y la entrada en vigencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). De acuerdo con el Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2016 fueron cultivadas 12.595 hectáreas con coca en Cauca y la mayoría se encuentran en esta región.
“El municipio del Cauca más afectado es El Tambo, en particular el centro poblado “El Plateado”; a este centro poblado se asocia una tercera parte de toda la coca del departamento -5.300 hectáreas-. Es importante destacar núcleos de coca en Sinaí (Argelia), Uribe (El Tambo), Santa Cruz de Sagún (López de Micay) y Brisas (Patía)”, indica el informe al respecto, y señala que El Tambo es el cuarto municipio con más hectáreas sembradas en el país, por detrás de Tumaco, Tibú y Puerto Asís, y que ‘aportó’ el cuatro por ciento de la totalidad de cultivos de 2016.
Esa situación genera una dinámica de ilegalidad muy fuerte y de acuerdo con un investigador de la región, los espacios que dejaron las Farc fueron ocupados por el Eln y en Argelia empezaron a llegar enlaces de carteles mexicanos: “El Eln abarcó toda la parte del sur que manejaba las Farc y trató de agarrar casi toda la cordillera Occidental, tomando la costa Pacífica. Municipios que tenían influencia de las Farc como Argelia, Balboa y El Tambo, ahora tienen una influencia muy fuerte del Eln y está tratando de recuperar espacios donde antes tenían dinámicas”.
Por otro lado, resalta que en los municipios de Sotará y Timbío hay grupos de delincuencia común que se dedican a la extorsión y al secuestro; y que en el municipio de Cajibío hay algunas disidencias relacionadas con sus cultivos de coca y su corredor hacia Morales y El Tambo que conduce a Timbiquí, en la costa caucana.
Sobre Argelia y El Tambo, la FIP ha reseñado que, tras la salida de las Farc, personas denominadas como “piratas” se encargaron de la regulación del mercado de la coca: desde la compra de la hoja, el ingreso de los insumos químicos para su procesamiento y la posterior venta de su pasta.
Por su parte, el pasado 28 de enero el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo para el municipio de Argelia en el que señala tres factores de riesgo: el fortalecimiento del Eln y su presión violenta sobre las comunidades, “imponiendo restricciones, normas de comportamiento y condiciones para la producción y venta de los derivados de la hoja de coca”; la incursión de grupos posdesmovilización de las Auc que transitan por los corregimientos de El Sinaí y El Plateado, repartiendo “panfletos en los que señalan nuevas condiciones e imposiciones con su ingreso”; y el ingreso de personas desconocidas a los corregimientos de La Emboscada, El Plateado, El Sinaí y Puerto Rico, de quienes “se presume se dedican a actividades de narcotráfico, y de los cuales se han presentado también homicidios”.
Una semana antes de que el SAT emitiera ese informe, en El Plateado fue asesinado Lanín Gómez Samboní, alias ‘El Pastuso’, a quien la Fiscalía identificó como un narcotraficante de la región. Hombres encapuchados y vestidos de camuflado se bajaron de una camioneta y abrieron fuego indiscriminado, tomando la vida de dos personas más.
Además, en ese documento también alerta sobre la “especial situación de riesgo en que se encuentran los integrantes de las juntas de acción comunal, así como los líderes representativos de las organizaciones campesinas y sociales que están siendo presionados y amenazados por los grupos armados ilegales si se hacen participes de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito que promueve el Gobierno Nacional”.
Previamente, el 17 de abril del año pasado, la Defensoría emitió un informe que, además de Argelia, abarcaba los municipios de El Tambo y Patía. En éste pone lupa sobre la situación de líderes sociales, consejos comunitarios, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y el movimiento Marcha Patriótica. Y como factor diferenciador está la minería ilegal: “Aunque en los tres municipios se ha manifestado el riesgo por esta problemática, los territorios más afectados son el consejo comunitario El Samán, ubicado en el corregimiento El Hoyo en el Patía, y el consejo Nueva Esperanza, en límites con el anterior, pero ubicado en el municipio de El Tambo”.
Según esa agencia del Ministerio Público, “la situación se ha hecho muy compleja por el ingreso de maquinaria pesada (dragas y retroexcavadoras) que ha sido ubicadas sobre el lecho del río Patía al interior del territorio afrodescendiente. Esta actividad de minería ilegal la estarían realizando principalmente personas foráneas (provenientes de otros departamentos como Antioquia, Nariño y Chocó) y estarían contando con la anuencia y protección de grupos armados ilegales”.
Otros municipios en riesgo por la minería ilegal, de acuerdo con investigaciones de la FIP, son Almaguer y Mercaderes, porque los pequeños grupos ilegales que controlan las dragas y los entables de la región, se salieron de los lineamientos impartidos por el Eln. Esa clase de regulación de “grupos de vigilancia” por parte de actores armados ilegales es común en donde se explota minería de manera ilegal. (Ver más en: ‘Matamberas’, la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí)
Letal para líderes sociales
La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentó durante los avances de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en Cuba, pero una vez iniciada la implementación del Acuerdo Final que alcanzaron las dos partes para ponerle fin a una confrontación armada de más de 50 años de duración, se disparó y se encuentra en una situación sin precedentes.
Sin embargo, el escenario de Cauca está por fuera de todo margen de comparación y siempre aparece punteando los listados de departamentos con más agresiones o asesinatos. Un dato de la reciente alerta temprana que la Defensoría del Pueblo emitió para defensores de derechos humanos de todo el país permite dimensionar la magnitud de esta tragedia: entre enero de 2016 y febrero del año en curso fueron asesinados 75 líderes sociales o defensores de derechos humanos, que equivalen a más del doble de los de Antioquia, un departamento que también ha sufrido los embates de la guerra y su población es cinco veces mayor a la caucana. (Ver más: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Y ese drama también se refleja en el vergonzante escalafón de los departamentos con más organizaciones sociales bajo riesgo: Cauca es el primero con 38 organizaciones amenazadas; seguido por Bogotá (Distrito Capital con 31); Antioquia (24); Putumayo (18); y Nariño (17). Además, los análisis del SAT indican que los riesgos son latentes en los municipios de Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Jambaló, Mercaderes, Páez, Patia, Piamonte, Popayán, Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Villarica y Miranda.
Si bien la alerta temprana señala el reacomodo de grupos armados en las antiguas zonas de las Farc y la implementación del Acuerdo Final como algunas de las causas de esa ola de violencia, también contempla otras, como que la violencia que padecen los defensores de derechos humanos no es exclusiva de grupos armados al margen de la ley y está ligada con las agendas que promueven.
“La confluencia de factores de violencia en el territorio y la instrumentalización que de ésta hacen otros agentes cuando encuentran amenazados sus intereses, configura un escenario de alto riesgo para la labor que adelantan las personas y organizaciones que agencian la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, se han evidenciado situaciones que vinculan la participación de agentes privados que se consideran defienden intereses económicos (tierras, actividades extractivas, agroindustria, etc.) de particulares o que en su defecto consideran amenazados sus intereses en los procesos de restitución de tierras, las protestas por la implementación de proyectos extractivos (hidrocarburos y minería) o denuncia de abusos contra comunidades y persona”, refiere el documento.
Esa última mirada coincide con los análisis que realiza Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, la organización no gubernamental que desde 2009 registra y denuncia las agresiones contra los líderes sociales del país. Para él, que los líderes de Cauca sean tan golpeados se debe a que en ese departamento “hay un nivel de activismo mayor a otras partes del país por parte de afrodescendientes, indígenas y campesinos. Son mucho más activos y tienen una red de organización más fuerte que la del resto del país. Ese nivel de movilización y contundencia les genera problemas a ciertos sectores sociales”.
Y agrega que en Cauca “se concentran la mayoría de conflictos del país y es como un microcosmos: hay luchas por el agua en el macizo, hay minería ilegal, hay cultivos ilícitos, hay comunidades peleando por tierras contra terratenientes, hay monocultivos industriales. Todas las conflictividades que puede tener el país, las están sufriendo allá y como todos los problemas están reunidos en un territorio tan rico, se genera que el nivel de exposición de los líderes sea muy alto”.
En medio de ese contexto, publicaremos una serie de artículos para destacar las historias de resistencias y medidas de seguridad que están adoptando las comunidades del departamento para protegerse. Espere próximamente la primera sobre alguna comunidad del centro de Cauca.
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