A cuatro nuevos congresistas los une un pasado doloroso: fueron afectados por la confrontación armada que libraron guerrillas, paramilitares y Estado. Tales circunstancias los convoca en el presente ya como legisladores y su objetivo es tratar de posicionar propuestas para favorecer a los millones de ciudadanos que padecieron las consecuencias de una cruenta guerra de más de 50 años.
Mientras el país político continúa aturdido con el ruido causado por el resultado de las consultas ciudadanas para escoger candidatos presidenciales y la sombra de corrupción que rodeó algunas campañas electorales, cuatro personas, de orígenes muy distintos, pero ligados por la tragedia de la guerra, comienzan su nuevo camino hacia el Congreso de la República portando un mensaje despojado de odios y esperanzados en que desde ese escenario puedan ayudar a quienes, como ellos, padecieron las consecuencias del conflicto armado.
Se trata de Aida Avella, sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica perpetrado grupos paramilitares y sectores del Estado entre finales de la década del ochenta y mediados del noventa; y de María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, líder guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19) y aspirante a la Presidencia de la República asesinado el 26 de abril de 1990.
Asimismo, de John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Javier Hoyos, uno de los once diputados del Valle del Cauca asesinados por la guerrilla de las Farc el 28 de junio de 2007 tras un largo cautiverio; y Erwin Arias, un joven político que padeció en su infancia, junto con su familia, el acoso de este grupo subversivo en el departamento de Caldas.
En sus palabras no hay expresiones de odio por lo que les ocurrió, muy al contrario, expresan tolerancia ante el presente y optimismo por las caras nuevas en el Legislativo; también destacan la voluntad de hablar con diversos sectores políticos que tendrán presencia allí y anuncian que las víctimas de la guerra estarán en el centro de sus propuestas.
VerdadAbierta.com habló con cada uno de ellos para conocer sus expectativas como nuevos congresistas, los proyectos que llevarán a ese órgano legislativo, las posibilidades que tendrán para impulsar sus ideas ante un panorama que, a primera vista, parece adverso a la situación de los más de ocho millones de víctimas que registra el país y el futuro de la implementación de los acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc, que debe sortear varios obstáculos en Senado y Cámara.
Aida Avella
Satisfecha por la conquista de una curul en el Senado de la República con el apoyo de la Lista de la Decencia, una coalición de los movimientos MAIS, ASI, Todos Somos Colombia, Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), Avella inicia la conversación con una evocación: “Este paso lo debí de haber dado hace más de 20 años”.
Su vida estuvo marcada por la persecución de sectores del Estado aliados con grupos paramilitares contra la Unión Patriótica, un movimiento político que surgió en marzo de 1985, tras los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Betancur. Se calcula que fueron asesinados en 15 años cerca de 3.600 de sus integrantes, simpatizantes y colaboradores.
A Avella la intentaron asesinar varias veces, pero se salvó de los ataques, el último de los cuales, ocurrido el 7 de mayo de 1996 en una avenida de Bogotá, la obligó a exiliarse durante 17 años en Suiza. Para esa época era concejal de la capital de la República.
Su vida ha sido la política y por ello volvió al país en 2013, a dignificar a la UP y a buscar escenarios de representación, por ello aceptó ser fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2014, junto a Clara López con el respaldo del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, dupla que obtuvo cerca de dos millones de votos.
En su nueva aventura política, esta vez al Senado, su triunfo, al lado de tres candidatos más de su movimiento, la llena de optimismo y se respalda en las cifras: “Somos cuatro de la Lista de los Decentes, los ‘verdes’ pasaron de cinco a diez senadores, el Polo mantuvo sus cinco curules… Tengo una gran esperanza”, dice. “La representación se amplió un poco más y eso es vital para la democracia, para las discusiones, para los debates”.
No obstante, hay quienes opinan que la composición del nuevo Senado de la República mantiene una línea de derecha, que se opuso, por ejemplo, a apoyar sin condiciones el acuerdo de paz firmado con las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Ante ese escenario, Avella mantiene su postura: “Siempre he sido una mujer muy tolerante, muy resiliente, creo que podemos construir, entre todos, la tolerancia, soy enemiga del odio, no creo que eso sea una cosa buena, y menos en la política”.
Sobre los retos legislativos que tiene el nuevo Congreso, que se posesionará el próximo 20 de julio, esta líder política de la UP reclama sensatez: “No importa de qué partido sean, veo que hay bancadas que prácticamente están renovadas en un 50 por ciento y más. Yo aspiro a que la gente que ingresa tenga las ideas frescas y no las mañas del pasado y los odios, que no dejan actuar”.
Al abordar el tema de las víctimas, asegura que una de sus mayores preocupaciones es la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas del Estado, como ella y todos aquellos de la UP. “No hemos tenido justicia”, afirma, y vuelve a las cifras para respaldarse: “Hay un 96,4 de impunidad en un genocidio político como el que nos hicieron. La justicia para nosotros no actuó, la verdad tampoco”. (Ver más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)
Por tal razón, desde su curul de senadora, impulsará acciones que den cuenta de esa verdad integral que reclama, en especial la que guardan sectores del empresariado colombiano que, según ella, “pagaron los crímenes de la Unión Patriótica y ahora están en sus empresas, disfrutando, tranquilos”. La veterana política tiene preguntas que aún no se han resuelto: “¿Por qué pagaron para matarnos a los dirigentes sindicales? ¿Por qué pagaron para que nos mataron a nosotros?”.
Su preocupación pasa por la decisión que tomó en noviembre del año pasado la Corte Constitucional sobre los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pactada con las Farc en las negociaciones en La Habana. De acuerdo con el alto tribunal, el acceso obligado de quienes no fueron combatientes es inconstitucional y redujo su participación en este escenario transicional a la concurrencia voluntaria. (Ver más en: ¿Corte Constitucional dejó a medias la justicia transicional?)
María José Pizarro
Esta novel congresista, que estrenará su curul el próximo 20 de julio en la Cámara de Representantes por Bogotá, tenía 12 años de edad cuando su padre fue acribillado en un avión de la aerolínea Avianca ocho minutos después de decolar de Bogotá hacia Barranquilla. El crimen causó gran revuelo nacional e internacional porque se asesinaba a un candidato presidencial que había depuesto las armas junto a sus hombres del M-19 y regresado a la legalidad. Paramilitares en complicidad con organismos de seguridad del Estado estuvieron detrás de ese homicidio.
Desde el presente, su hija, una activista social desde joven y quien con el respaldo de la Lista de los Decentes llegará al Congreso de la República, habla de manera optimista sobre el escenario legislativo al que llegará en unos meses. “Efectivamente sí es un Congreso que tiene una composición grande de la derecha, pero, al mismo tiempo, nunca se había dado un Congreso donde pudieran gestarse alianzas de manera tan significativas”.
Así como Avella, esta nueva legisladora cree que el incremento de algunas bancadas y la llegada de la Lista de los Decentes favorecerá el debate, sobre todo en temas relacionados con las víctimas de la guerra en el país. “Tenemos mucha disposición de hablar, de generar alianzas, que se puedan poner los intereses de la ciudadanía por encima de las dinámicas de los partidos. A priori, la composición daría para eso. Hay que avanzar en la conversación con las demás personas que quedaron, pero creo que es uno de los retos que tenemos”.
Pizarro asegura que ella y su grupo político están comprometidos con el cumplimiento de los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc, por ello considera que es urgente, una vez comience la nueva legislatura el próximo 20 de julio, “retomar los proyectos de ley que quedaron empantanados y que definitivamente hay que sacarlos adelante porque están en el marco de un acuerdo firmado y eso debe respetarse”.
Su trabajo de varios años con las víctimas de la guerra la ha llevado a ver las falencias que tiene la Ley 1448 de 2011 (llamada de Víctimas y Restitución de Tierras). A su juicio, es importante trabajar en reformarla porque se ha quedado corta en brindar atención efectiva a quienes padecieron las consecuencias de la confrontación armada.
“La ley es de alguna manera excluyente y no ha garantizado realmente la reparación ni individual ni colectiva; hay que revisar todo el tema del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), los procedimientos de reparación individual y materializar la reparación de los sujetos colectivos”, asegura. (Ver más en: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas)
Y en el radar de sus cuestionamientos y de futuras propuestas de reformulación está la Unidad para las Víctimas, creada justamente con la Ley 1448, y que se ha convertido, según ella, en un fortín burocrático “donde procesos son engorrosos, demasiado lentos y la gente se siente revictimizada”.
De acuerdo con la congresista electa, “la forma como se ha ido construyendo la Unidad para las Víctimas no ha sido un espacio de garantías de derechos. Lo más preocupante es que se ha vuelto un cargo burocrático, un cargo de cuota política, y no un cargo que realmente propenda por la reparación a los colombianos, ahí están las innumerables quejas de los sectores de víctimas frente a la Unidad. (Ver más en: Cuestionan dudoso contrato de la Unidad para las Víctimas con político antioqueño)
Uno de los aspectos que han cuestionado también las organizaciones sociales es la destinación de los recursos de esta entidad estatal que, según dicen, no están llegando a las reales víctimas; de otro lado, la Unidad responde que su presupuesto se queda corto ante el volumen de afectados registrados en sus bases de datos.
Sobre el tema, Pizarro considera que el problema es la ejecución de los recursos de la Unidad de Víctimas, “que muchas veces se van en las cargas administrativas, en una planta de abogados demasiado grande, y no en materializar la reparación, que es lo esencial”.
John Jairo Hoyos
A sus 30 años de edad comenzó a padecer lo que eran las caras de la guerra en Colombia: el 11 de abril de 2002, su padre, Jairo Javier Hoyos, diputado en aquel año a la Asamblea de Valle del Cauca, fue secuestrado junto a doce de sus colegas, en una intrépida acción de un comando de la guerrilla de las Farc en pleno centro de Cali. El plagió adquiriría un drama mayor cuando se anunció que él y diez más fueron asesinados en cautiverio el 28 de junio de 2007. Sólo hubo un sobreviviente.
Este cruento suceso no lo amilanó; por el contario, lo impulsó a continuar con las banderas de su padre y adentrarse en el camino de la política, primero de la mano del Partido Conservador, y luego del Partido de la U, que le dio el respaldo con el que acaba de ganar una curul en la Cámara de Representantes. “Tengo mucha expectativa de que podamos construir, entre todos, un conjunto de legislaciones que favorezca a la población que ha sufrido por el conflicto armado; que se les cumplían sus expectativas e ilusiones”, afirma este nuevo congresista.
Hoyos llegará a un espacio legislativo donde compartirá debates con cinco miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionara del Común (Farc), exguerrilleros que dejaron sus armas y volvieron a la legalidad. Al respecto, es claro al advertir que su primera responsabilidad es dar ejemplo de reconciliación: “Yo perdoné a los asesinos de mi padre y trabajaré con ellos en el Congreso en varias tareas, entre ellas que se conozca la verdad para todas las víctimas que no tienen a sus seres queridos en casa, ni sus restos, ni los han podido dejar descansar. La Farc tiene una responsabilidad histórica de darle descanso a un pueblo que todavía pregunta por sus seres queridos y eso tenemos que aclararlo”.
El nuevo congresista aclara que no comparte la visión de país de la Farc, dado que es “absolutamente diferente”, pero en lo que sí está dispuesto es a reconciliarse siempre y cuando “ellos asuman la responsabilidad de reparar a las víctimas, como lo hicieron cuando firmaron el Acuerdo de Paz”.
Varios jefes de la desaparecida guerrilla de las Farc participaron de un acto en diciembre de 2016 en el que les pidieron perdón a los familiares de los diputados secuestrados y asesinados. Al evocar ese momento, Hoyos se declara satisfecho, pero insiste en que deben responder muchas preguntas que tienen las víctimas: “Es necesario que lo hagan para que ellas puedan tener paz y sosiego, y con el tiempo los puedan perdonar como lo hicimos nosotros”. (Ver más en: “Este acto de perdón lo aceptamos para honrar la memoria de nuestros familiares”)
Con respecto al trámite de algunas leyes que permitirían implementar en las regiones el acuerdo de paz firmado con las Farc, considera que esa tarea es “esencial hacer las reformas necesarias para que el país se en camine hacia la paz y el futuro”. Y si bien ese trabajo se dará en un Senado y una Cámara adversos por su nueva composición, Hoyos cree que “hay una conciencia, hoy más que nunca, de la necesidad de construir paz en el país”, y coincidió con Avella en llamar a la sensatez para que “la realidad política nos permita construir escenarios donde la paz se la guía de la legislación que vamos a producir”.
Erwin Arias
“A los 5 años de edad, con mi familia, fui desplazado de la vereda La Esmeralda, corregimiento de San Diego, municipio de Samaná, Caldas”, narra este joven político caldense, de origen campesino, quien junto a sus seres queridos y vecinos padecieron las acciones del Frente 47 de las Farc. Corría el año de 1990 y ya en aquellas tierras comenzaba a hacer de las suyas la cruel jefa guerrillera Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, responsable de sendas afectaciones a la población civil.
“En ese entonces, la guerrilla estaba asediando las fincas, quería reclutar los hijos mayores de cada familia y mis padres tomaron la decisión de salir de allá y dejar todo abandonado. Llegamos a La Dorada, Caldas, el municipio más cercano, más central de la región de Samaná. Ahí empezamos de cero”, cuenta el nuevo congresista, de 33 años de edad, miembro del Partido Cambio Radical.
En su relato, destaca que estudió en escuelas y colegios estatales debido a la falta de recursos de su familia, y a la universidad logró llegar gracias al apoyo de sus cinco hermanos y hermanas mayores que lo apoyaron. Fue el único de la familia que cursó estudios superiores: “Tras abandonar el campo, ellos se volvieron comerciantes y luego empresarios de calzado y textiles”.
Sus estudios de Derecho los cursó en la Universidad Remington de Medellín y los estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Colombia y en la Universidad Autónoma de Manizales. En la política incursionó en 2008, como concejal de La Dorada y ganó la Alcaldía de ese municipio para el periodo 2012-2015.
“Y ahora tengo la oportunidad de ser elegido Representante a la Cámara”, dice, con tono de orgullo, y aclara cuál será su tarea desde ese órgano legislativo: “Voy a luchar por los sectores rurales, por lograr que el Estado haga presencia en las zonas más retiradas del centralismo, soy un abanderado de la provincia, de las veredas y corregimiento, y busco precisamente que el Estado llegué a esos sitios y que las oportunidades sean para todos”.
También se declara un vocero de las víctimas de la guerra, como él, y pretende, con su gestión, representar “a esas ocho millones de personas que han perdido todo, que han sido vulneradas en sus derechos”.
Por ello destaca que estuvo de acuerdo con el desarme y la reintegración a la vida lega de los combatientes de las Farc, aunque, precisa, “hago parte de la oposición de Cambio Radical, que no estuvimos de acuerdo con las prerrogativas que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Me parece que las Farc deben pasar primero por la JEP”.
No obstante, afirma que no es de la postura de “hacer trizas” el acuerdo firmado con las Farc, pero tampoco es de la idea de “pasar de agache”. A su juicio, “hay que estar muy atentos en la implementación, que se cumpla al pie de la letra los acuerdos y no se vaya a pasar por encima de ellos favoreciendo a la guerrilla de las Farc”.
A la Cámara de Representantes llega sin odios. Pese a que padeció el desplazamiento forzado, dice no sentir dolor: “Creo que uno debe perdonar, yo he perdonado. No tengo ningún dolor, pero si voy a defender a las víctimas. Considero que a las Farc les falta decir muchas verdades y no pueden simplemente estar participando de la política sin hacer un verdadero reconocimiento sobre todo lo que hicieron”.
La región del Samaná fue duramente golpeada por la guerra. Inicialmente la guerrilla de las Farc acosó si piedad a los pobladores; luego arribaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), bajo el mando de Ramón Isaza. “Fue muy dura la violencia, allá se formó una guerra que nos impedía entrar de nuevo”, asegura Arias. Pero los tiempos mejoraron en cuestiones de seguridad y recién hace cinco años, su padre, de 66 años, recuperó la tierra con escritura en mano y volvió a vivir en ella, sin ayuda del Estado, “nunca utilizamos ningún mecanismo, todo ha sido de hecho, no de derecho”. (Ver más en: Todos mataron a Samaná)
Como miles de campesinos en Colombia, golpeados duramente por la guerra, el papá de Arias regresó a su terruño donde hay potencialidad en la agricultura, pero sin acompañamiento estatal la recuperación económica es compleja. “Creemos que el Estado tiene que actuar urgente en esos espacios que dejaron libres las Farc para no dejar abandonados a los campesinos que vuelven a sus tierras. Eso es lo que queremos ir a representar al Congreso de la República”, afirma.
Y dada su experiencia y la de su familia, concluye que, pese a que hay un acuerdo firmado y en ejecución, la “paz se debe construir con oportunidades. Si el Estado no asiste, no genera la satisfacción de derechos a los campesinos y los atiende en salud, vivienda y oportunidades agrícolas para los campesinos, no habrá paz”.
