El departamento ha sido uno de los más golpeados por la penetración paramilitar en las esferas políticas. Los congresistas Zulema Jattin y Julio Alberto Manzur renunciaron a sus curules en el Senado.
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| La congresista Zulema Jattin, detenida por los presuntos nexos con parapolítica, es una de las dirigentes políticas de Córdoba que han estado involucradas en acuerdos con miembros de las autodefensas. |
El departamento de Córdoba, tradicionalmente fértil en caciques políticos de trascendencia nacional, está hoy más huérfano que nunca. Como están las cosas, y ante las renuncias ayer (martes) a sus curules en el Congreso de Zulema Jattin —detenida el lunes pasado por el escándalo de la parapolítica— y de Julio Alberto Manzur, en indagación preliminar, el único senador que hoy representa los destinos políticos de Córdoba es el liberal Mario Salomón Náder, quien tampoco tiene claro su panorama con la justicia, ya que igualmente es investigado por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa.
Fue a mediados de la década de los 90, cuando el país vivía los más azarosos pasajes del Proceso 8.000, que el primer barón electoral del departamento cayó en desgracia. El Consejo de Estado le decretó la muerte política a Francisco José Jattin, padre de Zulema, por apoyar lo que muchos consideraron un “narcomico” en un proyecto de ley que prácticamente le daba un golpe de gracia al escándalo por la financiación del cartel de Cali a varios congresistas. Por ese entonces, las mafias del paramilitarismo se acomodaban en la región bajo la égida de un ganadero de nombre Salvatore Mancuso.
Con el paso de los años, los tentáculos de las Auc y su paulatina infiltración en el Estado se fueron afianzando, y para el año 2001 ya existía toda una estrategia política tendiente a capturar el poder local en Córdoba. El 23 de julio de ese año, en Santa Fe de Ralito, la clase política cordobesa formalizó un pacto con varios jefes paramilitares. Reginaldo Montes, Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda —los cuatro elegidos congresistas en 2002 en representación de Córdoba— hoy purgan condenas por el delito de concierto para delinquir agravado.
Entre los firmantes también estaban el ex gobernador del departamento José María López, los ex congresistas Luis Carlos Ordosgoitia y José de los Santos Negret —estos últimos absueltos por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente—, al igual que alcaldes, diputados y concejales en ejercicio. El pacto se mantuvo a la sombra hasta noviembre de 2006, cuando el país supo que mientras en el Caguán el gobierno Pastrana negociaba la paz, en la llanura cordobesa se cuajaba una alianza entre paramilitares y políticos para “refundar la Patria”.
Las investigaciones de la Corte Suprema abrieron un capítulo inédito para desentrañar la infiltración de las Auc en el Estado y se conocieron otras indagaciones en contra de quienes en los últimos años habían asumido las banderas políticas del departamento: Julio Manzur, Salomón Náder, Zulema Jattin y Musa Besaile. Un escenario catastrófico para una región que ha visto menguada su representación política por cuenta de las clandestinas alianzas de sus dirigentes con los ilegales. Más aún cuando los relevos de quienes han sido condenados o han renunciado a su curul no son de Córdoba.
Tal parece que quien movía los hilos de la política era Salvatore Mancuso, un ganadero oriundo de esa región, quien se convirtió en el jefe de jefes del paramilitarismo con estratégicos socios en el mundo del narcotráfico y hoy está ad portas de recibir una condena en Estados Unidos, justamente un año después de su extradición. Desde 2007, Mancuso le reveló a la Fiscalía los acuerdos que pactó con los políticos que en estos momentos son investigados o ya purgan condenas. Y más allá de las responsabilidades que determine la justicia, lo cierto es que Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella representaban el ala política de Mancuso.
De los barones políticos de otros años —como López Cabrales o los mismos Salomón Náder Náder (ex vicepresidente del Senado y padre de Mario Salomón), Jorge Elías Náder (ex presidente del Congreso, ex gobernador de Córdoba y tío del representante a la Cámara Bernardo Elías Vidal, o Francisco José Jattin— es muy poco lo que queda. A Córdoba le quedan cinco representantes, llamados a heredar los votos de los líderes políticos hoy emproblemados. El lío está en que muy pocos los conocen y además deben cargar con la cruz de una forma de hacer política desprestigiada.
Restrepo propone revivir inmunidad
La captura de la senadora Zulema Jattin por orden de la Corte Suprema, prendió las alarmas en el Partido de la U. El ex comisionado de Paz y presidente de esa colectividad, Luis Carlos Restrepo, se refirió al “impacto político” que tiene ese tipo de decisiones y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de la inmunidad parlamentaria, figura que existía hace algunos años y que obligaba a que se diera un debate en la corporación respectiva previamente a la captura de un congresista.
“Si aún fuera así, al menos hoy nosotros tendríamos certeza de cuáles son los cargos que existen contra la senadora Jattin o si simplemente fue llamada a rendir una indagatoria. Pero lo que conocemos, lo conocemos por medios de comunicación y por supuesto con esa información cabe simplemente esperar a que se aclaren las cosas y brille la verdad”, enfatizó Restrepo.
Según el presidente de la U, la declaración de Zulema Jattin cuando dijo que “estaba secuestrada por la Corte”, es una muestra del dolor vivido al momento de ser retenida. “Me preocupa ver a los miembros del Congreso atemorizados. Creo que no es bueno para la democracia que esto suceda por las decisiones judiciales. Tenemos que devolverle la dignidad al Congreso; los senadores y representantes deben tener certezas y seguridades para cumplir su tarea, de allí la importancia de retomar el debate sobre la inmunidad parlamentaria que precisamente fue constituida para que ninguno de los poderes pudiera afectar al Legislativo”.
El polémico pronunciamiento de Restrepo –calificado por algunos miembros de la oposición como “una primiparada política” y como una “agresión a la justicia”–, fue hecho tras una visita suya a la Casa de Nariño. “El Presidente conoce mi reflexión porque se la expresé. Creo que en mi condición de presidente del Partido tengo la responsabilidad de fortalecer y darle dignidad a la política. Por eso hago un llamado a los ciudadanos para que piensen en las consecuencias sobre las decisiones judiciales y lo importante que es proteger más la actividad del Legislativo. Yo creo que un Legislativo fuerte le sirve más a la democracia que un Congreso atemorizado”, concluyó.
Publicado por El Espectador
