Mientras el Congreso discute la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), jóvenes miembros de organizaciones sociales acompañantes del proceso de paz han sido amenazados por parte de un grupo desconocido.
En un comunicado conjunto tanto el partido Farc, como la Fundación Legados y Juventud Rebelde, denunciaron las amenazas recibidas por parte del Bloque Capital de las Auc. Foto: Federico Gutiérrez García.
“Declaramos objetivo militar a todos ustedes y sus dichosas fundaciones; y también a todos sus colaboradores, si quieren seguir viviendo y valoran sus vidas y las de sus familias, dejen de robar y engañar al pueblo, sabemos quiénes son y lo que hacen sapos hijueputas”, se lee en una de las amenazas que recibió en su correo personal, el pasado 28 de septiembre, Isaioa Villacob Lugo,integrante de la Fundación Legados, organización que agrupa a familiares de excombatientes de la guerrilla de las Farc.
A su vez, cinco integrantes del Comité Nacional Transitorio de la Juventud Rebelde fueron intimidados a través de sus cuentas personales de la red social Facebook desde un perfil falso con nombre “Carlos Fonseca”.
El pasado lunes, en un comunicado conjunto difundido por la organización Juventud Rebelde (JR) y la Fundación Legados, denunciaron las amenazas recibidas la semana pasada por parte de un grupo que se identifica como ‘Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia’. La denuncia estuvo respaldada por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). A través de Carlos Antonio Lozada, miembro del consejo político nacional del partido, expresó su preocupación ante esta situación.
“Convocamos a todos los sectores de la sociedad, que anhelan la convivencia pacífica para nuestro país, a que nos pronunciemos y nos movilicemos en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera. Que la paz, no nos cueste un muerto más”, afirmó Lozada.
Las amenazas llegan justo cuando se debate el funcionamiento de la JEP en el Congreso, donde este lunes fueron aprobados en las comisiones primeras constitucionales del Senado y la Cámara de Representantes, el 60 por ciento de los artículos de la ley estatutaria que da vida a este modelo de justicia transicional.
Estigmatización no cesa
A pesar de manifestar su independencia del partido Farc, Juventud Rebelde considera que todavía hay muchos sectores que los consideran un brazo de ésta. Foto: Cortesía Juventud Rebelde“Nos igualan con las Farc porque somos familiares de excombatientes que murieron en la guerra y porque uno de los principales objetivos de esta fundación es rescatar la memoria de los nuestros que optaron por la lucha armada”, aseguró Lugo, precisando que no por ello incurrieron en algún momento en un ilícito o en alguna actividad por fuera de la Ley.
Por su parte, Germán Obando, vocero y secretario político de Juventud Rebelde, aseguró que ven con preocupación que no se ponga en marcha los mecanismos acordados en La Habana que den garantía a la existencia de los movimientos sociales.
“Si bien es cierto hay todo un mecanismo para la protección de los exguerrilleros, que también está teniendo fallas grandes, es importante también que los movimientos sociales que hemos sido perseguidos históricamente tengamos garantías para el ejercicio político y social”, aseveró Obando.
No es la primera vez que integrantes de la JR son amenazados. Desde hace tres años su apuesta por buscar una salida negociada al conflicto armado generó que en distintas regiones del país sus integrantes fueran señalados como integrantes del grupo guerrillero. Y pese a que no son parte del nuevo partido político, recibieron a jóvenes excombatientes que quisieron integrar la colectividad para iniciar su proceso de reincorporación y adelantar labores políticas. (Leer más: Juventud Rebelde le apuesta al nuevo partido de las Farc)
Para Obando, los grupos armados ilegales, calificados como paramilitares, no han podido desligar a las organizaciones sociales o agrupaciones políticas de lo que fue la guerrilla de las Farc: “si bien Juventud Rebelde ha participado en las políticas del acuerdo de paz activamente, y algunos de sus miembros son en efecto excombatientes, somos una organización amplia e independiente del partido Farc”.
Walter Ávila, uno de los amenazados de la JR, expresó que esta situación lo único que busca es generar terror por el trabajo que han realizado desde la organización, pues en su tarea política han sido acusados de ser un instrumento para reclutar nuevos integrantes a las filas de las Farc, como si aún se tratara de una guerrilla.
“Nuestro deber ha sido enfocar en las actividades de política juvenil únicamente. Pero sí nos preocupa bastante porque más allá de nuestra integridad, el mensaje de terror y miedo hacia los jóvenes es muy perjudicial”, aseveró Ávila.
Hasta el momento, las dos organizaciones han puesto las denuncias respectivas ante la Fiscalía. Los amenazados también informaron de la grave situación a la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, para que verifique lo acordado con las Farc en el punto 3.4, sobre la seguridad tanto de los excombatientes, como de los diferentes movimientos y organizaciones sociales.
¿Qué viene?
Desde algunas organizaciones sociales se ha expresado la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de muchos de sus integrantes, pues creen estar en riesgo por su apoyo directo a la implementación de la paz. Foto: Andrés Celis. El exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada pidió una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, organismo creado por el Decreto 154 de 2017, cuyo objetivo principal radica en diseñar y seguir una política pública enfocada en el desmantelamiento de las organizaciones criminales, que atenten contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, y las personas que trabajen en la implementación del acuerdo.
El objetivo es evaluar la situación de seguridad que afecta tanto a los excombatientes en proceso de reincorporación, como a sus familias y las comunidades donde se encuentran los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, y las zonas donde las Farc alguna vez tuvieron influencia.
Según cifras de la organización, desde que se firmó el Acuerdo Final van cinco exguerrilleros, nueve milicianos y once familiares de integrantes de las Farc asesinados, crímenes que a la fecha no han sido esclarecidos. (Ver ¿Plan de exterminio contra los milicianos de las Farc?)
Asimismo, el último informe del programa no gubernamental Somos Defensores, ¡Agúzate! Que nos están matando, registró en el primer semestre de este año 51 líderes sociales asesinados en todas las regiones del país, superando el balance del año pasado en un 31%, lo que deja en vilo las acciones efectivas por parte del gobierno nacional y de los organismos de seguridad. (Ver Asesinatos de líderes sociales se agravan con implementación de acuerdo de paz)
Las amenazas se conocen justo cuando estaban reunidos ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Pastor Alape’ y ‘Victoria Sandino’, en representación de la Farc, con el ministro del interior, Guillermo Rivera; el director de la Agencia Nacional de Reintegración, Joshua Mitrotti; y el jefe de la Misión Especial de la ONU, Jean Arnault , para evaluar el proceso tras 10 meses de haberse firmado el acuerdo.
El balance no es alentador. Según el cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) en lo que se refiere al sistema integral de seguridad, sólo se ha avanzado en un 23%, lo que sugiere que aún falta mucho por cumplir de lo acordado en La Habana y consignado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.
Si bien la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad fue creada mediante el Decreto 154 del 2017, aún no se ha estipulado el funcionamiento del sistema de alertas tempranas descrito en el Decreto 895 de 2017, que crea el Sistema de Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. (Ver Decreto aquí)
La prohibición constitucional del paramilitarismo aún no ha culminado su trámite en el Congreso y tampoco se ha presentado ante el legislativo el proyecto de ley sobre las garantías para la participación y la protesta social. A ello se suman los cuestionamientos de algunos miembros del partido Farc contra la Fiscalía, a la que acusan de entorpecer el desarrollo de la Unidad Especial de Luchas contra el Paramilitarismo.
A tres meses que finalice el fast-track, es decir, la vía rápida para aprobar los acuerdos necesarios para la implementación de los acuerdos con las Farc, y en camino a las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, organizaciones sociales y movimientos políticos insisten en la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los líderes asesinados y en la puesta en marcha de lo acordado en La Habana.
