El responsable de la política de seguridad de Medellín deberá comparecer ante estrados judiciales para responder por el delito de concierto para delinquir. Según la Fiscalía, Villegas entregó información privilegiada a capos del crimen. No es la primera vez que el exfuncionario está en el radar de las autoridades judiciales.
Gustavo Villegas Restrepo, quien fuera hasta este martes 4 de julio secretario de Seguridad de Medellín, nuevamente es centro de controversias judiciales. En esta ocasión, el exfuncionario, quien presentó renuncia a su cargo una vez fue notificado de una orden de captura expedida por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, Seccional Medellín, deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado.
Según declaraciones entregadas a medios locales por Claudia Carrasquilla, directora seccional de Fiscalías de Medellín, a Villegas Restrepo se le acusa de entregar información privilegiada a temidos cabecillas del crimen organizado privados de su libertad, en especial a Edison Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’, uno de los últimos hombres fuertes de la llamada Oficina de Envigado y quien fuera capturado en Panamá en febrero de 2013 por autoridades policiales de dicho país.
De acuerdo con Carrasquilla, el exsecretario municipal buscaba crear las condiciones para que esta organización criminal en particular iniciara un proceso de diálogo con el gobierno nacional que les permitiera recibir beneficios jurídicos a cambio de cesar con sus actividades ilícitas. “Se trata de una investigación que venía adelantando desde el 22 de julio 2016 la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, Seccional Medellín, donde se obtuvieron algunas pruebas materiales que permitieron solicitar su captura y se le imputará el delito de concierto para delinquir agravado”, señaló la funcionaria.
No es la primera vez que el exfuncionario se ve envuelto en escándalos judiciales por cuenta de su presunta cercanía con integrantes de la mafia. En agosto de 2008, el alcalde de la ciudad en ese momento, Alonso Salazar Jaramillo, le solicitó la renuncia a Villegas cuando se desempeñaba como director de los Juegos Deportivos Suramericanos que se realizaron en Medellín en 2010. “Le solicité la renuncia cuando salió implicado por su relaciones con Felipe Sierra, que a su vez tenia tratos con el general (Marco Antonio) Pedreros y (exfiscal) Guillermo León Valencia Cossio”, tal como se lo manifestó el exmandatario a VerdadAbieta.com.
Se trata de uno de los más sonados casos de infiltración narcoparamilitar al interior de la seccional de Fiscalías de Medellín. Sierra es recordado por su cercanía con jefes exparamilitares como Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y el entonces director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, quien fue condenado en marzo de 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 15 de años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de documento público.
Como se recordará, el exfiscal fue encontrado culpable de aceptar dinero del narcotraficante John Freddy Manco Torres, alias ‘El Indio’, para que fuera excluido de todos los organigramas criminales en los que lo había ubicado el Ente Investigador. Poco después se supo que quien adelantó las gestiones ante Valencia Cossio para que el ‘Indio’ fuera eliminado de los organigramas judiciales fue precisamente Felipe Sierra quien, a su vez, fungía como reconocido empresario y mayor accionista de la empresa de vigilancia Control Total S.A.
Dicha empresa manejó contratos con el Estado para custodiar a reconocidos exjefes paramilitares asentados en Medellín luego de su proceso de desmovilización. Los contratos fueron suscritos entre 2005 y 2007 por Gustavo Villegas, cuando este se desempeñaba como director de la Oficina de Paz y Reconciliación, entidad creada durante la administración de Sergio Fajardo (2004-2007) para manejar todo lo concerniente a la reincorporación a la sociedad de los excombatientes de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Informes de la época señalan que los contratos suscritos por la Oficina de Paz y Reconciliación con la empresa Control Total S.A ascendieron a los 1.285 millones de pesos y se firmaron entre marzo y septiembre de 2004 y septiembre de 2005. Estos tenían como finalidad prestar servicios de seguridad privada a los exjefes paramilitares desmovilizados en modalidad de escoltas y vehículos.
El paso de Villegas Restrepo por la Oficina de Paz y Reconciliación también es recordado por las polémicas que dirimió a favor de la desaparecida Corporación Democracia, entidad sin ánimo de lucro creada por lugartenientes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, para acoger y acompañar a los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara. Al final, la Fiscalía General de la Nación terminó señalando a esta ong como “brazo político de la Oficina de Envigado”; un número importante de sus directivos terminó en la cárcel mientras que otros fueron asesinados en ajustes de cuentas.
Uno de los episodios más sonados de la defensa de Villegas a esta ong data de 2008. A principios de ese año, elentonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, le pidió públicamente a Carlos Marios Aguilar, alias ‘Rogelio’, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada y directivo de la Corporación Democracia, que se entregara a las autoridades para que respondiera por una serie de señalamientos que lo ubicaban como temido narcotraficante. Al ser consultado sobre el particular, Villegas, en su calidad de director de la Oficina de Paz y Reconciliación, señaló en su momento que alias ‘Rogelio’ no tenía líos judiciales y que mantenía contacto permanente con él. Promediando ese mismo año, Aguilar terminó viajando a Argentina, país donde se entregó a las autoridades norteamericanas.
Quizás por todo lo anterior, la captura de Villegas no solo causa gran revuelo en la política local de Medellín pues se trata de una figura pública sobre quien pesaban serios cuestionamientos desde años atrás, sino que además, despierta serios interrogantes sobre por qué el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, lo designó como el abanderado de su principal apuesta política: combatir el crimen organizado.
