Un proyecto de ley contra la impunidad y la declaración del crimen de los investigadores del Cinep como de lesa humanidad son los avances más recientes del caso en el que han condenado a una sola persona.
Al momento de su asesinato, Mario Calderón tenía 50 años y Elsa Alvarado 38. Foto: archivo Semana.La familia de Elsa Alvarado y Mario Calderón no olvida a sus víctimas y quiere que los colombianos tampoco lo hagan. Por eso, en el 20 aniversario del asesinato de los investigadores del Cinep, así como del padre de ella, Carlos Alvarado, los familiares y el representante a la Cámara Alirio Uribe presentaron el pasado viernes al Congreso un proyecto de ley para que en su homenaje y cada 19 de mayo se conmemore el Día Nacional de la Lucha Contra la Impunidad.
Pero este aniversario tuvo un elemento adicional: la declaración la Fiscalía de calificar este triple homicidio como crimen de lesa humanidad. Es decir, que ahora no habrá un tiempo límite para investigar a los culpables, que normalmente es de 20 años.
La familia de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado hace entrega del proyecto de ley de honores en contra de la impunidad. #MarioyElsa pic.twitter.com/wbcvRSevhz
— CINEP/PPP (@CINEP_PPP) 19 de mayo de 2017
“Por tratarse de un delito de lesa humanidad, la acción penal originada por estos homicidios no prescribe y permitirá a la Fiscalía seguir con las investigaciones y hallar a los demás responsables de este crimen”, aseveró la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante un comunicado.
Esta decisión, que se conoció el pasado 12 de mayo, era precisamente lo que querían las familias Alvarado y Calderón, quienes desde abril le pidieron al Ente investigador que hiciera esa declaratoria. Sin embargo, existen reservas.
“El efecto secundario de que no prescriba es beneficioso jurídicamente, pero también deja un sabor agridulce porque si en 20 años no se obtuvieron los resultados que necesitábamos, ¿cuántos años más vamos a necesitar?”, se preguntó Sofía Zambrano, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y representante de las familias Alvarado y Calderón.
A su juicio, la intención es que el caso no quede en los anaqueles de la Fiscalía, sino que se sepa la verdad, incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si el caso llegase a esa instancia de justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc en noviembre del año pasado.
“Es difícil, sobre todo para las víctimas del caso, aceptar que las personas implicadas vayan a tener beneficios penales con el paso del tiempo. Pero también lo que sostenemos es que si se obtuviera en la JEP la verdad que no hemos tenido en la justicia ordinaria, habríamos ganado mucho”, señaló Zambrano.
Matanza contra defensores
Iván Calderón Alvarado aparece en esta foto con su mamá Elsa. Actualmente, la defensa pide una maestría para él como reparación. Foto: archivo Semana.El 19 de mayo de 1997, los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón fueron asesinados en su casa en Bogotá a manos de sicarios fuertemente armados. El papá de Elsa también murió en el ataque, mientras que su madre, Elvira Chacón, quedó gravemente herida. Desde entonces, el caso se archivó bajo el expediente 821 de la Fiscalía.
Durante estos 20 años, los abogados de las familias han argumentado que el asesinato hizo parte de una ola de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Así también lo reseñó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos en Colombia, que advirtió que la violencia política iba en aumento en el país y para demostrarlo precisó que entre octubre de 1996 y septiembre de 1997 hubo 3.439 víctimas, entre líderes y defensores de derechos humanos.
“De estos hechos violentos, se estima que el 76% de ellos son atribuibles a los grupos paramilitares, el 18,6% a las guerrillas y el 4,4% a la fuerza pública”, según el informe citado en la petición de declaración del crimen como de lesa humanidad que hizo el CCJ.
Los abogados precisaron que cuatro casos son representativos y tienen un factor común. Primero fueron Elsa y Mario. Ellos, quienes defendían con ahínco las graves violaciones a los derechos humanos y su pasión por la ecología, además, promovieron la creación de la Asociación Reserva Natural Suma Paz en 1989. Mario trabajó en labores sociales como presbítero jesuita en el municipio de Tierralta, Córdoba. Sus acciones lo pusieron en la mira de los violentos, quienes lo amenazaron de muerte en 1987, la misma época en la que asesinaron a su compañero Sergio Restrepo.
Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep
Luego, el 27 de febrero de 1998, el turno fue para Jesús María Valle, quien, como director del Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia, denunció los nexos entre grupos paramilitares y sectores del Ejército en este departamento.
La lista de asesinatos a líderes sociales siguió el 18 abril 1998, con Eduardo Umaña, abogado que denunció los crímenes de la Brigada 20del Ejército y quien lideró la defensa de las víctimas del Palacio de Justicia y de los miembros de la Unión Sindical Obrera (USO).
El último de los personajes más reconocidos que cayó en esta lista negra fue el periodista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto 1999.
Para Zambrano, los cuatro casos comparten la misma forma de operar: “si bien la orden vino de Carlos Castaño, hubo contribución de miembros de la Fuerza Pública para que vinieran y cometieran el crimen y salieran limpiamente”. Otra de las características es que la “justicia dice comprometerse desde el principio”, pero esto no sucede y quedan solo “las verdades que todo el mundo sabe (…) pero hasta mucho tiempo después jurídicamente se empiezan a saber”.
Una condena, dos casos abiertos
El paramilitar alias ‘Don Berna’ aseguró que él, como miembro de La Terraza, conoció las órdenes de Carlos Castaño para asesinar a Elsa y Mario. Foto: archivo Semana.De estos cuatro casos, tres han sido declarados de lesa humanidad. Y como bien dice Zambrano, esto puede ayudar en la investigación del asesinato de Mario y Elsa, pues en dos décadas solo ha habido una condena y, actualmente, están vinculados a la investigación dos sospechosos.
En 2009, la justicia sentenció a Juan Carlos González, alias ‘El Colorado’, a 40 años de cárcel por el asesinato de los investigadores del Cinep. La decisión se ratificó más de 10 años después del crimen a pesar de que su nombre estuvo dentro de los sospechosos desde el mismo mes en que mataron a Elsa y Mario.
Y es que entre septiembre de 1997 y enero de 1998, el Ente investigador ordenó capturar a ocho personas, entre ellas a Juan Carlos González y su hermano Fernando, según informaciones de la Fiscalía y el informe sobre prácticas de derechos humanos en 1998 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Las otras personas por las que la Fiscalía emitió orden de captura fueron Walter José Álvarez Rivera, Gabriel Jaime Álvarez Paniagua, Pablo Vanderly Vargas García y los paramilitares Fidel y Carlos Castaño. Sin embargo, el único condenado es ‘El Colorado’.
“En la ejecución material del crimen estuvieron también otros. Sabemos que fueron miembros de (la banda sicarial) La Terraza y que a muchos los mataron después. A muchos no se les alcanzó a vincular a la investigación”, indicó Zambrano.
En cuanto a la presunta responsabilidad de Fidel y Carlos Castaño, estos líderes paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) jamás admitieron el crimen ni pagaron por ello. Todo lo contrario, este grupo armado ilegal exigió “respeto a su memoria y paz en su tumba” de Fidel Castaño, pues el asesinato de la pareja de investigadores ocurrió después de la muerte de éste y aseguró que si Carlos hubiera cometido el crimen, no habría por qué ocultarlo.
“No tendría sentido alguno negar una acción cuando ya ha reivindicado muchas otras”, se lee en una carta que enviaron las Accu al fiscal general de la época, Alfonso Gómez Méndez.
Sin embargo, años después uno de sus colaboradores reconoció la responsabilidad de Carlos Castaño. Ante los jueces de Justicia y Paz, el jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, declaró que la orden vino de la Casa Castaño y, además, se ejecutó en complicidad con el Ejército, específicamente con el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
“(…) esta es una información que le llega a Carlos por Inteligencia Militar, concretamente la pasa un Coronel Plazas del Ejército, le decían Don Diego, que era el pseudónimo, le decíamos Don Diego. (…) él pasaba la información de que los esposos Alvarado hacen parte de la estructura del Eln y son los que manejan la parte política y social, se toma la decisión de trasladar a un grupo al mando del ‘Negro Elkin’ y ellos ejecutan a los esposos Alvarado en su apartamento allá en la ciudad de Bogotá”, dijo ‘Don Berna’ en versión libre del 12 y 13 febrero de 2012.
El coronel ya había sido condenado por la justicia colombiana por el secuestro y asesinato del israelí Benjamín Khoudari y por el secuestro del empresario Wilson Martínez. En 2003 se escapó de la Escuela de Caballería en Bogotá, donde estaba recluido pagando 40 años de cárcel, y fue recapturado en 2014 en San Martín, Meta. Además de estar vinculado a la investigación del crimen de Elsa y Mario, en el que actualmente es señalado como posible coautor, también es sospechoso en el asesinato de Jaime Garzón y en la masacre de Mapiripán.
Por su parte, alias ‘Don Berna’ fueincluido en el proceso de Mario Calderón y Elsa Alvarado debido a las declaraciones que rindió, pero cinco años después lo único que ha sucedido es una petición que hizo la familia para ser reparada.
En el incidente de reparación, las familias Alvarado y Calderón le piden al Estado y a los victimarios que haga un reconocimiento público en el que expliquen qué pasó realmente y también que construyan un monumento simbólico en honor a los investigadores asesinados que sugieren sea instalado en Sumapaz. Además, piden una maestría para Iván, el hijo de Elsa y Mario que sobrevivió al ataque y actualmente estudia un pregrado. Y como garantía de no repetición, la familia propone que se creen unas becas y un premio de investigación que lleve el nombre de Elsa Alvarado, Mario Calderón y Carlos Alvarado.
Pero para las víctimas lo más importante sigue siendo la verdad. “Esperamos que la JEP sea la oportunidad para este caso, que no ha tenido verdad ni justicia ni reparación en el proceso ordinario. Pero sí nos preocupan lod beneficios que les conceden a estas personas en JEP sin que obtengamos la verdad que no hemos obtenido en la justicia ordinaria”, concluyó la abogada.
Es así como los familiares de Elsa y Mario esperan que la declaración de este crimen como lesa humanidad realmente ayude a completar las piezas que faltan del rompecabezas pues hasta ahora sigue siendo un misterio cómo operó el plan del asesinato y hasta qué punto se involucraron miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de una estigmatización en la que todos los defensores de derechos humanos eran señalados como “insurgentes”.
