Entre las solicitudes se pidió declarar crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos por orden de este exjefe paramilitar, quien purga una condena de 31 años en una cárcel de Estados Unidos.
Tribunal de Justicia y Paz de Medellín al que por medio de video conferencia asistió el extraditado jefe paramilitar. Foto: Agencia IPC.Con desazón por la poca verdad que entregó Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, tras once años de comparecer ante los estrados de Justicia y Paz, comenzó el incidente de reparación a las víctimas en el proceso contra este exjefe paramilitar y confeso narcotraficante.
En las diligencias, los defensores de derechos humanos presentaron sus solicitudes de reparación individual y colectiva. Una vez más exigieron al postulado que diga toda la verdad sobre los autores intelectuales del paramilitarismo, los agentes del Estado implicados y la sistematicidad de los ataques, muchos de los cuales fueron contra la poblacióncivil.
Entre los casos de connotación por la persecución sistemática a defensores de derechos humanos están los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón Forero y de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Cinep y activistas de la organización Reserva Natural del Sumapaz; así como el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba; y las agresiones (secuestro, bomba y amenazas) contra miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
El porqué de los ataques y el quiénes los ordenaron, fueron los principales reclamos a Murillo Bejarano quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de Miami, Estados Unidos, desde su extradición en el 2008, purgando una condena de 31 años por delitos asociados al tráfico de drogas.
A través de una carta que fue leída en la audiencia, Gloria Cecilia Hernández, esposa de Jaime Garzón, exiliada en Suiza desde la muerte del humorista, pidió a ‘Don Berna’ una expresión sincera de cambio, que incluya arrepentimiento y contar toda la verdad sobre el asesinato del periodista y de otras personas.
Los familiares de Elsa Alvarado solicitaron conocer las verdaderas motivaciones de las agresiones contra la investigadora y su esposo, así como los autores intelectuales del asesinato.
Por su parte Óscar Correa, el abogado que representa en el proceso al IPC, expresó que “la única exigencia al exjefe paramilitar debe ser la verdad” tras considerar que se debe ir más allá porque no se logró develar qué personas influyeron en las acciones contra esta organización no gubernamental, blanco constante de las Autodefensas Unidas de Colombia, a través de la temida banda La Terraza.
Correa agregó que durante este largo este proceso, víctimas y organizaciones de derechos humanos se opusieron a la extradición de ‘Don Berna’, a fin de que éste pudiera contribuir con la verdad en Colombia, pero sus voces no fueron escuchadas.
Con el ánimo de que se generen las condiciones para que este exjefe paramilitar profundice su aporte a la verdad, los defensores de derechos humanos le solicitaron al Estado brindar garantías de seguridad a él y su familia.
Frente a estas solicitudes, la magistratura de la Sala pidió ‘Don Berna’ referirse a las medidas de reparación solicitadas y, fundamentalmente, dar respuesta a las peticiones de verdad hechas por las víctimas. “Pero no de cualquier manera porque no se refieren al hecho, sino respondiendo a los verdaderos motivos de todas estas agresiones”, aclaró el magistrado Rubén Darío Pinilla, quien presidió la audiencia.
¿Y qué dice ‘Don Berna’?
‘Don Berna’ durante una de sus versiones libres antes de ser extraditado. Foto: archivo Semana.En su respuesta a la Sala, Murillo Bejarano apeló al discurso —ya conocido en el proceso— de que no tenía acceso a toda la información de las Auc y que sólo seguía órdenes de su superior, Carlos Castaño, vocero militar y político de esa organización armada ilegal. Por ello se limitó a mencionar personas que otros postulados ya denunciaron como promotoras del paramilitarismo.
Hablando desde su sitio de reclusión en Estados Unidos a través de teleconferencia, ‘Don Berna’ pidió nuevamente perdón a las víctimas y reconoció que “sí hubo un ataque sistemático contra unas Ong y algunos defensores de derechos humanos ya que se consideraba que de una u otra manera eran cómplices de los grupos guerrilleros. Hubo acciones, como lo decía anteriormente, equivocadas, muchas veces de pronto por una decisión equivocada. Desafortunadamente fallecieron personas que en su momento fueron víctimas de informaciones equivocadas”.
Y anotó que de hecho en los casos de Jaime Garzón y Piedad Córdoba las agresiones se fundamentaron en información entregada a Castaño por el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. Versión que ha sido ratificada por otros exparamilitares, como Salvatore Mancuso; Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’; e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baez’”.
Sin embargo, ‘Don Berna’ aseguró que hasta donde ha podido, ha dicho la verdad, pero que, por la misma naturaleza y estructura de la organización paramilitar, hay cosas que no puede decir.
“Hay que tener en cuenta que las Auc era una estructura ilegal, clandestina y no tenía acceso a todos los hechos, no tenía acceso a toda la información por esas mismas características. El comandante Castaño era una persona difícil, complicada, y había cosas que él las manejaba de título personal, no le gustaba que nadie las supiera”, explicó Murillo Bejarano.
Declaraciones como estas prolongan el sinsabor de los defensores de derechos humanos si se considera que habiendo fungido como comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, y como inspector general de las Auc, ‘Don Berna’ debería tener un amplio conocimiento sobre la estructura militar, política y financiera de esta organización, así como sobre sus acciones operativas.
Exigen reparaciones colectivas
El proceso de excavación ha tenido la veeduría de la organización Mujeres caminando por la vida.Las solicitudes de reparación hechas por los familiares y representantes de los defensores de derechos humanos en el proceso contra ‘Don Berna’ apuntaron a la desestigmatización y a la recuperación del buen nombre de las víctimas, sus familias y las organizaciones en las cuales desarrollaban su labor.
Asimismo, se destacaron por la petición de medidas para reparar no solo a los familiares de las víctimas sino también a las organizaciones y grupos poblacionales sobre los cuales tenían incidencia en el momento de los ataques.
En los casos de Jaime Garzón y los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, se solicitó la creación de becas de estudio para jóvenes en condición de vulnerabilidad y premios de investigación en el área de las Ciencias Sociales, destacándose el campo de los derechos humanos y la protección al medio ambiente.
Elsa Alvarado, su esposo Mario Calderón y su padre Carlos Alvarado, fueron asesinados en Bogotá la madrugada del 19 de mayo de 1997 por cuatro hombres fuertemente armados y con vestimentas similares a las utilizadas entonces por los agentes del CTI de la Fiscalía. Los asesinos, que hacían parte de la banda La Terraza de Medellín, al servicio de las Auc, ingresaron violentamente al apartamento donde vivía la pareja.
Elvira Chacón, lamamá de Elsa, resultó herida en el ataque. El bebé de Elsa y Mario sobrevivió porque la madre lo escondió en un armario del apartamento. El niño fue encontrado por las autoridades cuando llegaron al lugar de la masacre.
Adicionalmente, en el caso de Jaime Garzón, se solicitó ordenar al Estado la creación de una instancia de seguimiento a los problemas de impunidad en los crímenes contra periodistas; una campaña informativa por la defensa y memoria de los periodistas sobrevivientes y víctimas del conflicto armado; y el reconocimiento de la producción periodística de Garzón como patrimonio cultural de la sociedad y el periodismo colombiano.
El humorista fue asesinado el viernes 13 de agosto de 1999 en Bogotá cuando se dirigía a las 5:45 de la mañana a la emisora Radionet en la cual trabajaba. Al detener su vehículo en un semáforo, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje le dispararon en cinco ocasiones. Los sicarios pertenecían a la banda La Terraza.
En el caso de Piedad Córdoba, se solicitó exhortar a la Alcaldía de Medellín para que elabore un monumento público en memoria a las víctimas del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, el cual debería ubicarse en el sector conocido como La Escombrera, Comuna 13 de la ciudad, donde estarían enterradas un centenar de víctimas de desaparición forzada.
Asimismo se pidió declarar judicialmente que los delitos por los cuales es condenado el postulado Diego Fernando Murillo Bejarano constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme al derecho internacional. Esto para que adquieran el carácter de imprescriptibles y para que los autores de esos crímenes no puedan ser beneficiarios de amnistías o indultos, y los agentes del Estado implicados en ellos no puedan dictar leyes de perdón y olvido.
La exsenadora Piedad Córdoba fue secuestrada por miembros de la banda La Terraza el 21 de mayo de 1999 cuando la líder política de izquierda se encontraba en un centro médico del sector de El Poblado de Medellín. Sus captores, también miembros de la banda La Terraza, la trasladaron hacia el occidente de Antioquia donde la entregaron a un grupo de paramilitares que la llevó hasta las montañas del departamento de Córdoba. Allí estuvo cautiva por 25 días, sometida a tratos inhumanos.
Por su parte, el IPC presentó 10 estrategias de reparación, entre las que se incluyen la reconstrucción de la memoria colectiva del Instituto y el esclarecimiento histórico de la verdad en los marcos de la lucha contra la impunidad, buscando develar las responsabilidades de distintas instituciones del Estado en las agresiones contra el movimiento social de derechos humanos.
El IPC sufrió el secuestro de cuatro miembros de su organización el 28 de enero de 1999 cuando integrantes de la banda La Terraza irrumpieron en la sede el Instituto, se llevaron a las cuatro personas por la fuerza y las entregaron un grupo paramilitar.
Los ataques no pararon ahí; el 29 de agosto de 1999 una bomba detonó frente a la sede de la organización; el 9 de octubre del 2000 hubo amenazas sistemáticas a los investigadores del Observatorio de Derechos Humanos que generaron el exilio de cinco personas; y en septiembre de 2012 ocurrió un asalto a la sede del Instituto con saboteo informático, hostigamiento y robo de información institucional. Días después, fue hackeado el sitio web de la organización y, posteriormente, afuera de la sede, fue detenida una persona que portaba artefactos explosivos.
Junto a los casos de los defensores de derechos humanos, en la audiencia de incidente de reparación en el proceso contra ‘Don Berna’ se abordó el caso de los investigadores del CTI asesinados de manera sistemática por adelantar investigaciones contra el paramilitarismo y sus financiadores.
El incidente de reparación, que empezó en Medellín el 1 de febrero, continuará en las regiones del Nordeste y el Oriente antioqueños, así como en el sur de Córdoba, donde tuvo incidencia la gran estructura paramilitar bajo el mando de ‘Don Berna. Hasta esos lugares se trasladarán los magistrados de la Sala de Justicia y Paz de Medellín para escuchar las solicitudes de reparación de las víctimas.
