Hasta ahora se han formulado 30 solicitudes de indultos o amnistías para miembros de las Farc y líderes sociales acusados de rebelión ante los jueces. Cuatro de ellas han sido negadas. Para los abogados que defienden presos políticos, esas decisiones evidencian el desconocimiento de los operadores judiciales.
En los juzgados de Antioquia ya se han presentado por lo menos 30 solicitudes de amnistías e indultos para prisioneros políticos.Fue por cuenta de un informe de inteligencia elaborado por el CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional que un amplio número de líderes estudiantiles, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y hasta poetas de Antioquia terminaron señalados, procesados y condenados por el delito de rebelión, justo en momentos en que sus críticas y denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante el gobierno deÁlvaro Uribe Vélez (2002-2010) iban en aumento.
Todo comenzó en 2006. Ese año, la Fiscalía 74 Especializada, destacada en las instalaciones de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, consideró válidos los testimonios entregados por dos estudiantes de la Universidad de Antioquia sobre presuntos integrantes del llamado Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3), brazo político de la guerrilla de las Farc, infiltrados en el movimiento estudiantil del Alma Mater.
A pesar de que los testimonios de los estudiantes ya habían sido descartados en otros procesos judiciales, el Ente Investigador elaboró, a partir de dichas declaraciones, un abultado expediente que incluía varios organigramas de la guerrilla de las Farc en Antioquia, entre ellos, el del PC3, en el que terminaron vinculadas varias organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín, integrantes de partidos políticos como la ASI, el Polo Democrático Alternativo y un amplio número de líderes estudiantiles, dirigentes sindicales y activistas culturales.
Varios de los líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos allí señalados terminaron siendo procesados por la justicia. Contra uno de ellos el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín profirió, en agosto de 2011, condena en primera instancia de 78 meses de prisión. De acuerdo con la decisión del Juez, el activista condenado era miembro del Frente Jacobo Arenas de las Farc. La decisión fue ratificada en mayo de 2012 por el Tribunal Superior de Medellín.
Hace poco, el defensor de derechos humanos en cuestión, quien solicitó la reserva del nombre, acudió ante un juez con el fin de convertirse en uno de los beneficiarios de la Ley 1820 de 2016, articulado expedido el 30 de diciembre del año anterior mediante el cual se busca amnistiar e indultar a miembros de las Farc que no estén siendo investigados por crímenes de lesa humanidad; líderes sociales, comunitarios y campesinos, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos vinculados judicialmente con esta guerrilla así como agentes del Estado.
Si bien su caso cumplía con los requisitos exigidos por este nuevo articulado, su solicitud fue negada y ahora deberá esperar decisiones de segunda instancia donde, tal como reza el adagio popular, “cualquier cosa puede suceder”.
Casos negados
En los juzgados de Antioquia ya se han presentado por lo menos 30 solicitudes de amnistías e indultos para prisioneros políticos; es decir, miembros de las Farc detenidos en los centros penitenciarios del departamento y una para un defensor de derechos humanos vinculado judicialmente con esta guerrilla. De ellas, los jueces ya se han pronunciado en cuatro oportunidades negándolas todas, incluida la del activista.
El dato es de la Corporación Nelson Mandela, organización no gubernamental creada hace poco más de un año en Medellín con el propósito de velar y acompañar la implementación de los acuerdos de paz y que a su vez, sirviera de plataforma jurídica para la defensa de los prisioneros políticos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Según Sergio Guzmán, abogado integrante de esa corporación, los jueces aún no conocen en detalle la Ley 1820 y por ello las decisiones negativas sobre las primeras solicitudes. “A mi juicio, los argumentos que han presentado los jueces en sus negativas demuestran un desconocimiento total de la ley, muestran que no la han estudiado”, señala.
Para Guzmán, la decisión de la juez en el caso del activista de derechos humanos ratifica sus apreciaciones: “La juez negó el recurso alegando quelos requisitos del artículo 17 de la citada Ley debían cumplirse de manera simultánea; fuera de eso, argumentó que para mi defendido era mejor esperar que estuviera funcionando la sala de indultos y amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que los indultos y las amnistía sólo aplican a quienes han participado en proceso de paz”.
Justamente el artículo 17 establece quienes pueden solicitar la aplicación del beneficio de indulto o amnistía. Allí se consigna que toda persona condenada, procesada o investigada por su pertenencia a las Farc, al igual que los miembros de esta guerrilla que figuren en los listados que le serán entregados a la Oficina del Alto Comisionado y a los miembros de la Misión de Monitoreo & Verificación (MM&V).
Además, según esa norma, “quienes sean o hayan sido investigados o procesados o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las Farc-EP”.
Por ello Guzmán estima que poco más de 350 guerrilleros recluidos en cárceles de Antioquia, Córdoba y Chocó podrían acceder a este beneficio. La cifra puede ascender a los 1.500 si se incluye el amplio universo de líderes sociales, campesinos, comunitarios, sindicalistas, estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos procesados en estos tres departamentos por su presunta colaboración con las Farc.
“El estimativo es el siguiente: hay poco más de 13 mil personas detenidas en cárceles de todo el país por delitos relacionados con la protesta social y el conflicto armado. Si de esta cifra se descuentan por lo menos seis mil que son guerrilleros de las Farc (unos 3.500) y del Eln (unos 2.500) eso quiere decir que hay entre seis mil y siete mil prisioneros que no necesariamente pertenecen a estas estructuras y que deberían salir de las cárceles por cuenta de esta Ley”, explica el abogado.
Ituango: caso emblemático
“Para nosotros, los líderes campesinos, esta ley constituye una gran oportunidad para limpiar nuestros nombres”, declara Edilberto Gómez Rueda, coordinador de la Asociación de Campesinos de Ituango, creada el 17 de junio de 2012 en el corregimiento La Granja con el fin de promover y defender los derechos humanos de los labriegos de esta localidad del norte antioqueño.
Actualmente cuenta con una cifra cercana a los 4.800 campesinos afiliados. Muchos de ellos han tenido que enfrentar complejos procesos judiciales tras ser acusados por autoridades militares como auxiliadores de la subversión o, en el peor de los casos, de apoyar al terrorismo, sin mencionar la fuerte campaña de señalamientos y estigmatizaciones que, dice Gómez, han tenido que padecer desde su conformación.
“Las autoridades militares y judiciales siempre nos consideraron el brazo político de las Farc. Entre 2012 y 2014 fueron años muy duros para nosotros”. En ello no miente. Primero fue un conjunto de detenciones masivas realizadas por el Ejército Nacional en 2009; luego, en 2012, fueron detenidas 23 personas entre campesinos, comerciantes y transportadores acusados de apoyar a este grupo subversivo; en 2014 las autoridades detuvieron otros nueve labriegos y en 2015 a otras cuatro personas, entre ellas, activistas ambientales que se oponían a la construcción del proyecto energético Hidroituango.
“Muchas de esas personas las tuvieron que soltar ahí mismo porque no hubo pruebas contra ellas. Hay como unas 15 que todavía siguen vinculadas al proceso, pero los abogados defensores de ellos dicen que la Fiscalía no tiene nada y que podrían salir fácil. Hay otras que cuentan con detención domiciliaria”, relata el coordinador de la Asociación de Campesinos quien no duda en afirmar que “llegó un momento en que ser líder campesino era cargar con el estigma de ser guerrillero”.
Por ello, declara, ya están asesorándose para ver si los procesos judiciales de sus compañeros cumplen con los parámetros establecidos por la Ley 1820 y así, acudir ante los jueces para solicitar indultos o amnistías. “Para nosotros es una oportunidad de probar nuestra inocencia y de recuperar nuestra dignidad”, reitera Gómez.
Para cientos de líderes sociales y activistas acusados de rebelión, como el caso de los campesinos de Ituango, los listados que entreguen las Farc constituirán la prueba fundamental con la que probarán que nunca pertenecieron a ese grupo insurgente y que, además, fueron víctimas de una persecución política que quiso convertirlos en “falsos positivos judiciales”.
¿Errores judiciales?
“¿Y qué pasa si una persona fue condenada por su pertenencia a las Farc, pero resulta que no figura en los listados que entregue esta guerrilla?”, se pregunta el abogado William Fredy Pérez, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Aunque la Ley 1820 establece que toda persona acusada o sentenciada por pertenecer a este grupo guerrillero puede ser cobijada por el beneficio de indulto o amnistía inmediatamente, lo que está dejando ver la práctica es que ello no será tan fácil como dice la letra.
Desmovilizados de las Farc abogan comerciante que engañaron para cobrar extorsiones
VerdadAbierta.com registró en 2014 el caso de Javier de Jesús Cadavid, un comerciante antioqueño condenado a 23 años de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Manizales por los delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la sentencia, Javier de Jesús hizo parte de la estructura financiera del Frente 47 de las Farc que operó en los municipios del Oriente antioqueño y norte de Caldas.
Sin embargo, testimonios entregados a fiscales y jueces por parte de desmovilizados de este Frente, entre ellos su excomandante, Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, corroboran lo que ha enfatizado el comerciante a lo largo de su proceso judicial: que nunca integró esta estructura y que, por el contrario, fue una víctima de las Farc y que su condena es injusta.
El enredo de un grupo de campesinos de Aquitania con la justicia
Otro caso en el que ha quedado en evidencia el montaje judicial involucra a un grupo de campesinos del corregimiento Aquitania, del municipio de San Francisco, en el oriente antioqueño. Por falsos señalamientos diez labriegos fueron procesados por su supuesta colaboración con la guerrilla de las Farc.
Para Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos de Medellín, personas como Javier de Jesús bien podrían ser acceder al beneficio de la amnistía de iure (inmediata),pero lo que está mostrando la práctica es que los jueces están negando estas solicitudes, entre otras razones, hasta tanto no conozcan los listados que entreguen las Farc.
“Es probable que a muchos líderes sociales acusados de rebelión y que no han aceptado cargos les toque acudir a la Sala de Indultos y Amnistías de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que aún no entra a operar. De ser así no sería un trato asimétrico para estos líderes. En todo caso se trata de un debate que habrá que dar públicamente”, explica Arboleda.
Pérez, por su parte, estima que “esta ley de amnistía permitirá ver los errores del sistema judicial porque aparecerán personas condenas por ser de las Farc pero que de seguro no estarán en los listados que ellos deben entregar. Y así no estén en esos listados, un juez de la República dijo que sí pertenecían, por ende, tendrán que otorgarle el beneficio de la amnistía o el indulto. Es decir, veremos cómo se desenvolvió el aparato judicial en medio del conflicto armado”.
Para el docente, quien ha dedicado parte de su vida académica a estudiar cómo el sistema judicial colombiano fue convertido en un arma al servicio de la guerra, lo anterior podría generar una cascada de demandas contra el Estado por parte de personas que purgan condenas por rebelión pero que, no obstante, siempre han alegado su inocencia. “O lo que también nos llevaría a concluir que en Colombia se criminalizó la opinión crítica”, agrega el abogado y docente.
Los presagios del académico no parecen para nada infundados. “¿Qué si demandaríamos al Estado? Pues claro. Acusaron a muchos de nuestros compañeros de guerrilleros sin serlo, mancharon nuestra dignidad, nos persiguieron, el sistema (judicial) se equivocó con nosotros. Es una forma de recuperar algo que nos quitaron y quizás no recuperemos nuestra honra y buen nombre”, asegura el líder de la Asociación de Campesinos de Ituango.
