Por lo menos cuatro organizaciones campesinas diferentes quieren estar en las 27 mil hectáreas que durante décadas le pertenecieron al zar de las esmeraldas en Puerto Gaitán, Meta, y que el Estado recuperó esta semana.
Pese a que la vereda de El Porvenir pertenece a Puerto Gaitán, Meta, esta queda más cerca de Orocué, municipio de Casanare. Para llegar desde este sitio, solo se necesita cruzar el río Meta. Foto: Maria Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.Con menos de seis meses de operación, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ya hizo la primera recuperación material de uno de los baldíos más grandes que existen en el país. Se trata de 27 mil hectáreas ubicadas en la vereda El Porvenir, del municipio Puerto Gaitán, Meta. Estas tierras han estado atravesadas por malas decisiones institucionales y la violencia de diferentes grupos armados.
Desde los años ochenta, sus habitantes han padecido la presencia del Frente 29 de las Farc y de múltiples grupos paramilitares como los ‘Masetos’, las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, y de la banda liderada criminal ‘Los Cuchillos’.
La situación se complicó cuando, en 1992, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) le adjudicó ese terreno a 27 personas diferentes que eran unos completos desconocidos en la región y a su vez, años después, ellos autorizaron englobar esas tierras en cinco grandes predios -Las Cocoras, El Pedregal, Mi Llanura, El Rincón y Campo Hermoso- en los que la empresa La Cristalina de familiares de Víctor Carranza producían ganado.
Si bien el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) intentó resarcir la decisión de su antecesor Incora revocando los títulos de estos baldíos en 2014, solo hasta ahora se hizo realidad.
“El Incoder no fue a El Porvenir a ejercer el ánimo señor y dueño. No realizó más que un par de visitas, un par de sobrevuelos. Por eso es que es tan importante lo que hicimos pues le mostramos a la comunidad que el predio le pertenece al Estado y se debe respetar”, afirmó Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, quien estuvo en la zona el pasado 9 de noviembre en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional tras un fallo de tutela a favor de 73 familias campesinas.
Según la Sentencia SU426 de la Corte Constitucional, proferida el 11 de agosto de este año, las 27 mil hectáreas deberán ser adjudicadas para que campesinos afectados por el conflicto y que han trabajado estas tierras durante más de 40 años sean reconocidos como sujetos de reforma agraria.
Corte les da la razón a campesinos de El Porvenir
La ANT aseguró en el acto del reconocimiento material de dichos predios que dispondrá del baldío “respetando y garantizando los derechos de sus ocupantes históricos y de quienes han resultado víctimas del conflicto armado durante su ocupación”. (Ver documento)
Pero es precisamente ahí donde está la mayor de las dificultades. Inicialmente, se podría pensar que quienes tienen derecho al baldío son los 73 demandantes por los que la Corte solicitó que fueran sujetos de reforma agraria. Sin embargo, Samper sugirió que podrían ser más familias: “Es un trabajo que se tiene que hacer de la mano con la comunidad, pues nadie sabe mejor quién ha sido su vecino histórico y quién ha producido el predio”.
El problema es que en El Porvenir existen por lo menos cuatro organizaciones sociales diferentes y cada una se considera a sí misma como la que tiene derecho sobre el terreno y acusa a las demás de ser las invasoras.
A esto se suma que el mismo presidente Juan Manuel Santos afirmó en enero de este año que en El Porvenir habría Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), un modelo económico en el que empresas agrícolas, forestales o ganaderas podrán trabajar en tierras baldías siempre y cuando se asocien con campesinos, incluso si ya son territorios otorgados a indígenas, afros o a campesinos.
Si bien hasta ahora el debate se ha concentrado en la repartición de tierras en ese lugar de Puerto Gaitán, Samper no descarta que allí pueda haber Zidres. “Lo primero que hay que hacer es definir quién tiene derecho a la adjudicación según la reforma agraria y hacerla efectiva. Después entrar a ver qué modelo de productividad le interesa a la comunidad. No estamos cerrados únicamente a imponer el modelo de Zidres, sino que las comunidades serán quienes decidan el modelo de desarrollo y de ordenamiento de la productividad”, puntualizó.
Asociaciones, en disputa
Cerca de 300 indígenas cubeo, agrupados en 50 familias, viven en El Porvenir. Foto: Maria Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.En septiembre de 2015, las corporaciones Yira Castro y Claretiana Norman Pérez Bello denunciaron que las organizaciones Asoyopo, conformada por extrabajadores de Víctor Carranza, y la Asociación de desplazados y campesinos productores agropecuarios de la Altillanura (Asdepagral) cercaron diferentes predios y desplazaron a unas 140 familias.
“Muchos llegaron y titularon a familias que son víctimas de otras zonas del país. Los meten acá para garantizar presencia en el territorio y evitar que a ellos se les recupere la tierra y que se las adjudiquen a campesinos”, precisó Francisco Henao, abogado de la corporación Yira Castro.
Miguel Briceño, uno de los demandantes ante la Corte y expresidente de la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, reiteró que tanto Asoyopo como Asdepagral actuaron por la fuerza. “No pedimos que las 27 mil hectáreas tengan que ser para la comunidad de El Porvenir, pero tampoco estamos de acuerdo con las vías de hecho. Siempre hemos obrado por medio de la ley”, argumentó.
Por su parte, Elder Abril, representante de Asdepagral, explicó que ellos también son víctimas del conflicto y que, como todos, merecen un pedazo de tierra: “Hace más de año y medio el presidente (Juan Manuel Santos) dijo enGranada, Meta, que las fincas iban para campesinos y víctimas organizadas. Yo, por ejemplo, soy desplazado de Guaviare porque la guerrilla mató a mi papá. Entonces me reuní con otras familias y nos organizamos como el presidente dijo”.
Fue así como constituyeron Asdepagral el 23 de mayo de 2015, según el Registro mercantil, y desde entonces cerca de 50 familias que han vivido en la región se asentaron en aproximadamente 400 hectáreas en la entrada del predio El Hato Cabiona, de acuerdo a los cálculos de Abril.
“Los baldíos son de quien quiera trabajar y sean necesitados, no tienen que ser de la región. Pero nosotros hablamos con el que sea que haya que hablar porque lo primordial es el diálogo. Lo que queremos es que sea el gobierno quien haga el estudio para definir quién se queda en las tierras”, aseveró el representante de Asdepagral y expresó que es Asoyopo quien tiene más de la mitad del terreno solo para 45 familias.
Al respecto, Marta Hernández, representante de Asoyopo San José, precisó que, en efecto, hace unos años registraron como asociadas a 45 familias de extrabajadores de las empresas de Víctor Carranza, pero que pueden ser más. Agregó que si bien a finales de noviembre se espera que la ANT realice el censo de la manera adecuada, sus cálculos es que ocupan aproximadamente 12 mil hectáreas.
Hernández detalló que varias de las personas que hoy pertenecen a Asoyopo comenzaron a poner estacas en los predios en 2010 sin que Víctor Carranza estuviera de acuerdo porque aún tenía ganado allí.
“El patrón, como le decíamos todos en la región a Víctor Carranza, escuchó que él iba a hacer entrega de ese predio y dijo que no iba a molestar por eso. De ahí surgió la idea de algunos de nosotros de que, si quedaría baldío, podíamos aspirar a ocupar un pedazo por ser colombianos sin tierra y que sea el gobierno quien nos diga si nos quedamos o nos vamos. Él (Carranza) nunca nos quiso apoyar porque decía que las peleas con el gobierno eran perdidas”, explicó la representante de Asoyopo y dijo que se constituyeron como organización después de que la resolución del Incoder de 2014 declara esas tierras como baldías y de que el gobierno sostuviera que serían destinadas a movimientos organizados.
Como si todas las discusiones anteriores no fueran suficientes, desde que se supo que esas tierras serían baldías llegaron “personas ajenas” a buscar un lugar dónde vivir, sin saber todos los conflictos que había de por medio, explicó Miguel González, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, y agregó que otro grupo que llegó recientemente fueron los indígenas Cubeo – Sikuani, quienes entraron a El Porvenir de la mano de Miguel Briceño para unirse con la guardia indígena y proteger las tierras.
Al respecto Mauro Chipiaje, gobernador indígena Cubeo reconoció que sí llegaron en 2015 luego de un encuentro en Bogotá en el que también participó Briceño, pero resaltó que sus ancestros ocuparon las tierras de El Porvenir: “Éramos nómadas, pero desde el año 50, cuando Ramón Gaitán era nuestro líder, nos dividimos por el conflicto. Unos se fueron para Brasil y Venezuela, y otros para Vaupés y Guaviare. Pero aquí están enterrados unos de nuestros ancestros. Los indígenas no registramos en documentos nuestros sitios, sino que lo ancestral son los árboles y aquí siguen el palo de mango que tenemos desde hace 130 años y los yopos donde nuestros antiguos tomaban tinto y pensaban en dios”, enfatizó.
Consenso para repartir las tierras
De izq. a der.) La gobernadora del Meta, Marcela Amaya; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper; y Javier Flórez, director de Tierras de la ANT, firmaron el acta de recuperación material de los predios en El Porvenir. Foto: Maria Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com.En lo único en lo que coinciden todas las partes es que están dispuestos a sentarse a negociar y así lo deberán hacer en las mesas de trabajo que convocará la ANT para definir a los ocupantes de las 27 mil hectáreas, como lo dice el acta de la recuperación material de tierras. En ella también se estableció la realización de un “censo y priorización de la población amparada en el fallo (de la Corte)” y “de la población ocupante – procesos de recuperación indebida de baldíos”.
El Incoder ya había realizado un censo en 2015 y, desde hace tres meses, la ANT está en la misma labor, incluso desde antes del mandato de la Corte Constitucional. según Marcela Orduz, gerente de la agencia de tierras para el proyecto El Porvenir, el propósito, según ella, es “caracterizar cuál es el tipo de ocupantes que hay y qué aspiran en ese predio, si lo quieren para actividad agrícola o descanso. Nuestra intención es abrirles la puerta a muchos colombianos”.
La funcionaria precisó que esto solo se podrá hacer mediante una conciliación. Sin embargo, el gran reto será unir a las personas que han estado divididas en gran parte por las decisiones que tomaron en el pasado entidades estatales como el Incora.
Ahora, la Corte sentenció que el gobierno nacional tiene un año para resarcir los derechos a la tierra de los campesinos en El Porvenir y para hacerlo de manera eficiente la única manera es sentarse a conversar con las organizaciones y definir claramente quiénes merecen tener tierra en este baldío.
