La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador y excongresista José Vicente Lozano a nueve años de prisión por entregar contratos al grupo guerrillero. El mandatario regional ya había sido sentenciado por rebelión.
Foto del mandatario tomada de lavozdelcinaruco.comJosé Vicente Lozano es conocido como el primer político condenado por ‘elenopolítica’. En 2010 un fallo de la Corte Suprema determinó que el Frente Domingo Laín Sáenz, del Eln, lo apoyó en su carrera a la Gobernación de Arauca en 1995 a cambio de que, una vez en el poder, les asignara partidas de la contratación pública. Lozano había sido elegido representante a la Cámara por el mismo departamento en 2006, pero tuvo que abandonar su cargo en medio del proceso judicial.
En una reciente sentencia, el alto Tribunal retomó el caso y condenó a Lozano a nueve años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
En su decisión, el Alto Tribunal referenció tres contratos que se financiaron con dineros de las regalías que recibe el departamento: la construcción del alcantarillado sanitario del barrio El Estero en Cravo Norte, el terraplén de la vía Puerto Rondón y la pavimentación de varias vías de Fortúl.
Las licitaciones para comenzar estas obras se entregaron entre 1995 y 1997, periodo en el que Lozano ocupó el cargo de Gobernador. El contratista elegido para ejecutar todas las obras fue Nelson William Rodríguez Sánchez, quien admitió que trabajó como un enlace de la guerrilla.
El caso de Lozano no es el único. El Frente Domingo Laín, considerado uno de los más ‘ricos’ del Eln, se ha financiado principalmente con extorsiones a las empresas petroleras y actividades de contrabando, pero también de la intensa intervención en la contratación pública de Arauca.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe “El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca”, aseguró que “la protección y la amenaza a los políticos locales le permitió al Domingo Laín convertirse en un intermediario efectivo entre las necesidades de la población y los recursos públicos designados para satisfacerlas”.
Durante el juicio al exgobernador Lozano, el contratista del Eln, Rodríguez Sánchez, aseguró que es imposible que un contrato se adjudique sin el permiso de la guerrilla, pues los materiales deben pasar por carreteras que están contraladas por ella. “Cuando se tenía conocimiento de las partidas aprobadas en los consejos municipales o en la asamblea departamental, era común ver desfile de contratistas con el fin de solicitarle a los jefes guerrilleros la asignación de los mismos”, agregó.
De acuerdo con varios testimonios recogidos por investigadores de la Fiscalía, la información sobre cómo y a quién se le debía adjudicar un contrato se le entregaba directamente al mandatario (o sus secretarios) por medio de ‘Vikingos’, nombre con el que se le conoce a una especie de memoriales en donde el Eln se comunicaba e impartía órdenesa los funcionarios públicos.
Temístocles Rojas, desmovilizado del Eln, contó cómo le asignaron un contrato en la Gobernación: “le mandaron una nota o vikingo al secretario de Obras Públicas, en ese tiempo Jaime Salazar, para que asignaran un contrato a mí personalmente (…) como ya había llegado la nota nos pasaron sin hacer cola, luego en la administración de alcaldía eran manejadas u orientadas por el mismo mando del frente o comisión, así era como nadie tenía derecho acontratar si no tenía el aval de dicha organización”.
En más de diez contratos estudiados por la Fiscalía se encontraron algunos elementos comunes que muestran cómo se amañó el proceso de selección para favorecer al Eln. Por ejemplo, algunas contratistas entregaron sus propuestas antes de que fuera pública la información de las licitaciones; en otros casos, los supuestos “competidores” entregaron idénticos formatos de presentación o cometían errores menores como no firmar los documentos o contradicciones en las firmas.
De acuerdo con la investigación, esto sucedía porque era una misma empresa la que se encargaba de manipular cada contrato. “En mi empresa Data Office, en nuestros computadores, hicimos los pliegos de condiciones, la invitación, las actas de inicio, actas de entrega y actas de liquidación, elaboramos la propuesta ganadora y las dos perdedoras, y el contratista correspondiente compraba las pólizas de seriedad de la oferta de los tres proponentes, documentación que solo la debe hacer la Gobernación”, aseguró Gustavo Iván Lizarazu Cáceres.
Durante el juicio, el excongresista Lozano insistió en su inocencia e reiteró que durante su administración fue condecorado por su capacidad combativa e implacable contra grupos guerrilleros de la zona. No obstante, el Alto Tribunal encontró motivos suficientes para no creerle y, por el contrario, condenarlo a nueve años de prisión.
Este grupo guerrillero se apresta a comenzar negociaciones con el gobierno nacional, según lo anunciaron el pasado 30 de marzo desde Caracas, Venezuela. Se espera que la mesa sea instalada a comienzos de mayo próximo en la ciudad de Quito, Ecuador.
