La Fundación Ideas para la Paz (FIP) acaba de publicar un informe en el que alerta sobre la necesidad de tomar decisiones a corto plazo para garantizar el tránsito de los desmovilizados a la sociedad civil una vez se firme el acuerdo del fin del conflicto armado, y para ello hace especial énfasis en mantener cohesionadas a las tropas a largo del proceso de reinserción.
De la concentración de las tropas de las Farc, dependerá en gran parte el éxito del proceso de desarme y su reintegración a la vida civil. Foto: archivo Semana.El pasado miércoles 9 de febrero el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley de Orden Público para permitir que se creen zonas temporales de concentración para los guerrilleros que se aprestan a dejar las armas ante el posible desenlace positivo del proceso de paz que desde hace más de tres años se desarrolla en Cuba.
Ese es otro avance para que los miembros de ese grupo armado ilegal dejen las armas, aunque días después los negociadores de paz también dejaron entrever que la firma del acuerdo de paz se podría retrasar más allá del próximo 23 de marzo, con lo que las desmovilizaciones no iniciarían en el mes de mayo, como lo anunció el pasado 23 de septiembre el presidente Juan Manuel Santos en La Habana cuando se acordó el modelo de justicia transicional.
En medio de ese panorama, la FIP publicó el informe Primeros pasos para la transición: Apuntes para la estabilización provisional de las Farc, en el que plantea que más allá de las políticas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), que se aplican a mediano y largo plazo en la resolución de conflictos armados, en este caso hay que poner especial atención en medidas que se deben emplear inmediatamente tras la firma del acuerdo de paz.
Haga clic en la portada para descargar el informe.De este modo, se tienen más posibilidades para garantizar la seguridad de los excombatientes y de las comunidades afectadas por la guerra, para facilitar la implementación de los acuerdos alcanzados en Cuba y para evitar que la violencia se recicle con un eventual rearme. Con ese propósito, la FIP plantea que se tengan en cuenta otras opciones como las Medidas de Estabilización Provisional (MEP) antes de la fase de reintegración, hasta que “se adaptan o se mejoran las condiciones políticas, sociales y económicas del entorno local y nacional para favorecer el efectivo regreso a la civilidad de los excombatientes y así evitar el resurgimiento de la violencia”.
El informe sostiene que a diferencia del DDR, que busca romper inmediatamente las estructuras de los grupos armados para reincorporar a sus integrantes a la vida civil, las MEP plantean mantener la cohesión de los grupos temporalmente, “mientras se llevan a cabo cambios (no estructurales) en los entornos para crear unas condiciones mínimas que permitan que la reintegración a la civilidad sea menos traumática y más efectiva a mediano y largo plazo”.
Para Eduardo Álvarez, uno de los autores del informe y Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la FIP, en las anteriores experiencias de desmovilización en Colombia se dieron casos de rearme y no se crearon estrategias atender diferencialmente a los combatientes rasos, a los mandos medios y a los cabecillas de los grupos armados, porque se rompieron las estructuras de mando de los grupos armados ilegales.
“Lo que planteamos es que al momento de crear las zonas de ubicación temporal, una medida para evitar que los desmovilizados se vayan para sus casas como ocurrió con el Epl y las Auc, es mantenerlos reunidos y generar un cambio de mentalidad con las personas que habían tenido el liderazgo durante el tiempo que estuvieron en armas, para que se cambien ese liderazgo militarista a uno que esté dispuesto a apostarle a la implementación de los acuerdos”, le explicó Álvarez a VerdadAbierta.com.
Los desafíos del desarme de las Farc
El informe analiza las experiencias de MEP que se implementaron en Kosovo, la República Democrática del Congo, Uganda, Sudáfrica y Afganistán, durante su tránsito de periodos de guerra hacia la paz. Dentro de ellas identificó varios tipos, en las que los exintegrantes de grupos ilegales se mantuvieron unidos y conformaron organizaciones civiles-militares de carácter transicional para asumir labores de protección, conservación ambiental y atención de desastres. También se dieron casos en los que las estructuras militares y policiales del Estado se readecuaron e incluyeron desmovilizados para aprovechar su experiencia y cohesión social, y otros en los que crearon granjas agrícolas y organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, Álvarez señala que ni la FIP ni el informe plantean que los futuros desmovilizados de las Farc deben hacer parte de la Fuerza Pública, sino que esbozan reflexiones, a partir de experiencias internacionales, para evitar fracasos de antaño en este posible proceso de reinserción con el que terminaría el proceso de paz en Cuba. “Estamos abriendo un debate con el informe y presentamos elementos de reflexión para que dejemos de pensar en las actividades convencionales, miremos la evolución en el mundo y planteemos una alternativas que son las Medidas de Estabilización Provisionales”, indicó el investigador de la FIP.
Por ejemplo, sobre la experiencia de Kosovo, el informe destaca algunas reflexiones que podrían ser de utilidad para el proceso que se avecina con las Farc, pues en ese caso la “integración de los excombatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas puede ayudar a mantener el control sobre sus estructuras por un tiempo y así evitar disidencias y fenómenos de reincidencia en contextos de precariedad institucional”, y también “es clave identificar las habilidades y experiencia de los excombatientes para ayudar a proveer seguridad a la población y contribuir al desarrollo durante las primeras fases de la transición”.
Además de mantener cohesionadas a las tropas una vez se firme el acuerdo de paz, para que el proceso de reinserción a la vida civil de los desmovilizados de las Farc sea viable, se requieren entornos favorables, en donde tanto los excombatientes como sus familias, los territorios en donde dejen las armas y sus habitantes, tengan garantías de seguridad.
Por lo anterior, el informe plantea la creación de un Plan de Respuesta Rápida, ante la necesidad de proteger y proveer seguridad a las zonas rurales, que son el epicentro de la confrontación armada, con “acciones dirigidas a saldar deudas históricas del Estado con esas regiones, así como autoridad, legitimidad y capacidad institucional”.
“Antes se pensaba que se debía llegar a los territorios en términos de seguridad para controlarlo y neutralizar amenazas, pero ahora se plantea que se debe dejar de pensar en enviar botas y camuflados, sino que se deben transformar los entornos para hacer las implementaciones de los acuerdos de paz”, explica Álvarez.
Además, el informe indica que “luego de un conflicto armado interno, uno de los principales riesgos que enfrenta la consecución y consolidación de la paz es la continuación o el resurgimiento de la violencia armada. Para mitigar esto, el Estado debe recalibrar la correlación de fuerzas, recuperar el monopolio legítimo de la fuerza para mantener el imperio de la ley o sustituir aquellas instituciones que fueron creadas durante el conflicto armado”.
Sin embargo, casos como el de El Salvador, alertan que el hecho de tener un Plan de Respuesta Rápida no es prenda de garantía de alcanzar la paz, pues dichos planes y políticas de DDR en muchas ocasiones son diseñados “desde arriba” por élites políticas y técnicos que buscan solucionar problemas con manuales estandarizados y con la idea de que el fin de la guerra traerá consigo la seguridad.
Por esa razón, el informe señala que actualmente se ha empezado a plantear la necesidad de repensar las políticas de DDR, despojándolas de su óptica militarista para entablar un modelo que ayude a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los territorios donde se lleva a cabo. “Esto implica que tenga un enfoque más rural; que se diseñe desde abajo con participación de los excombatientes, de sus familias y de las comunidades receptoras buscando maximizar sus habilidades y aptitudes; que busque generar procesos de reintegración amplia (desmovilizados, víctimas, comunidades), que empodere a las comunidades y convierta a los desmovilizados en verdaderos agentes de paz”, indica al respecto.
