Se les encharcan los ojos a quienes decidieron recordar a William Castillo, líder social y defensor de derechos humanos asesinado hace cuatro años en El Bagre. Se conmueven porque saben que silenciaron una vida que tantas enseñanzas les dejó a las comunidades agromineras del Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar, en la exigencia de sus derechos como campesinos y el reconocimiento como mineros artesanales.

Aquel 7 de marzo de 2016, horas antes del crimen de Castillo, funcionarios de la Alcaldía de El Bagre y de la Gobernación de Antioquia convocaron a sectores sociales y comerciales para divulgar el Plan de Desarrollo Departamental, que se implementaría durante el cuatrienio 2016-2019, bajo la administración del gobernador Luis Pérez.

Allí estuvo Castillo con otros tres compañeros de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (Aheramigua), que contribuyó a formar en el 2007. Aquel encuentro comenzó a las nueve de la mañana en la sede del Parque Educativo Yamesíes.

“[William] llegó un poco tarde porque estaba poniendo una puerta en la casa que estaba construyendo en el barrio Villa Echeverry, para él, su esposa y su hija. Lo llamé y se le había pasado la reunión. Paró el trabajo y llegó”, recuerda Jairo Rodríguez, amigo cercano de Castillo y miembro de Aheramigua.

El ambiente estaba algo enrarecido. Uno de los integrantes de la Asociación notó la llegada de personas sospechosas al lugar. “Un compañero me dijo que había un tipo, en pantaloneta y de chanclas, que parecía que nos estaba siguiendo, pero yo le dije que no prestara atención, que con tanto Policía y Ejército que había ahí, qué nos iban a estar siguiendo”, evoca Rodríguez.

“Vi que llegaron dos ‘manes’, así con pinta toda rara, alticos. Uno se sentó y el otro miraba a William”, afirma Pedro*, integrante de Aheramigua quien también asistió a la reunión. “Como a las 4 se acabó la reunión, William salió y los ‘manes’ salieron detrás. Yo pensé que eran amigos”.

William Castillo en Asamblea de Aheramigua, 2015. Foto Bibiana Ramírez

Castillo se regresó al barrio. “Resulta que el muchacho estaba en lo cierto. Ese día nos estaban siguiendo. A las 5:45 de la tarde asesinaron a William”, relata Rodríguez. Al momento del ataque, estaba en su barrio entregándole a la Presidenta de la Junta de Acción Comunal varios documentos.

Pedro cuenta que debía llevarle unas facturas a Castillo, fue a su casa después de las 5:30 en su motocicleta y no lo encontró: “Llamé a William, –¿usted dónde anda? –, y me dijo –en Los Galvanes, me desocupo aquí y me voy para la casa–; le dije –bueno, le voy a dejar las facturas con el vecino o se las tiro por debajo la puerta–”.

Faltando 10 minutos para las 6, Pedro miró su teléfono y vio muchas llamadas perdidas, pensó que se había vuelto importante. Devolvió la llamada al abogado de la Asociación, quien le dijo que habían asesinado a Castillo.

“Fui despacito. Tenía un nudo en la garganta. Me dieron la indicación dónde era, no lo vi, di la vuelta, llegué a la casa de la hermana y pité, cuando salió ella por allá toda tranquila, le dije que mataron a William. Casi se enloquece”, detalla Pedro, quien luego se trasladó a la estación de Policía a presentar la denuncia.

“Llegué a la Sijin y ellos como si nada. Ya eran las ocho de la noche, casi no me atienden. El comandante ordenó operativo para sacar el cuerpo. A las diez llegaron a recogerlo. Nunca lo quise ver. Después me enteré que varios paracos estuvieron tomando fotos al cuerpo de William tirado en la calle”, asevera Pedro.

Al líder campesino lo mataron con sevicia. Los sicarios le propinaron tres disparos: uno en la frente, otro en el tórax y uno más en el abdomen. Esa noche fue de consternación para todos, y también de mucho miedo. Rodríguez cuenta que varios líderes decidieron pasar la noche en lugares diferentes a sus viviendas, como medida de autoprotección.

“Al día siguiente, como a las nueve de la mañana, me hicieron una llamada del Ministerio del Interior, me preguntaron que cómo me encontraba, que dónde, que si estaba bien, y les dije que sí, pero preocupado”, detalla Rodríguez, quien pasó esa noche en el corregimiento de Puerto López.

Y agrega: “Todos en la Asociación estábamos preocupadísimos. Me dijeron que si me podía trasladar para El Bagre, que allá me estaban esperando y me iban a hacer acompañamiento. Llegué sobre el mediodía, me dijeron que fuera a un hotel, ahí estaban los otros dos compañeros, que nos íbamos para Medellín”.

A Castillo lo enterraron dos días después del asesinato en la vereda El Pando, de Caucasia, su tierra natal. El acuerdo de algunos líderes de la Asociación con el Ministerio del Interior era que luego del sepelio los trasladaran a la capital antioqueña, para protegerlos.

“En la ciudad duramos dos meses, que para mí fueron como dos años, porque siempre acostumbrado a moverme en la región y no poder salir”, recuerda Rodríguez, con tristeza, mientras se mece en su hamaca, con la mirada perdida. No son buenos recuerdos.

¿Crimen resuelto?

William Castillo Chima. Foto cortesía Aheramigua

Al momento de su muerte, Castillo tenía 43 años de edad. Era un hombre de estatura baja, piel trigueña y ojos redondos. Tenía una motocicleta en la que siempre se transportaba a todo lado. Es recordado por llevar sombrero ‘vueltiao’, típico de aquella región, y por su amabilidad con la gente.

La Asociación Aheramigua denunció que el asesinato lo habían realizado grupos paramilitares. “Se dice que fueron los paramilitares de El Bagre. Las versiones que recogieron era que lo estaban tildando de guerrillero, pero sabemos que el hombre no era ningún guerrillero, era un líder social, defensor de derechos humanos”, asegura Rodríguez.

Los siguientes días fueron esclarecedores porque, tal como lo intuían, estaban siguiendo a varios líderes de Aheramigua, no sólo a Castillo. Y había un plan para asesinarlos a todos.

“Después me enteré de que también iban a atentar contra mi vida. Viniendo de El Bagre, de allá para acá (Puerto López) yo vi a los dos tipos parados a la orilla de la carretera, pero nunca pensé que me estaban esperando a mí, sólo supe a los dos días de la muerte de William”, recalca Rodríguez.

Por su parte, Pedro recuerda que “cuando a William lo mataron, me di cuenta después de que lo estaban siguiendo porque un vecino me dijo que habían estado unos ‘manes’ rondando la casa. Que uno de esos había pasado y que no lo habían matado porque tenía la niña en los brazos, pero que desde una semana antes lo estaban buscando”.

En El Bagre varias personas sabían que presuntos paramilitares estaban preguntando por los líderes de la Asociación mostrando sus fotografías, que portaban en sus teléfonos celulares. Uno de los autores materiales del crimen fue capturado cinco meses después.

El coronel Wilson Pardo, en ese entonces comandante de la Policía Antioquia, anunció a través del canal regional Teleantioquia que hombres bajo su mando detuvieron en El Bagre a Didier Rosario López, alias ‘Didier’, de 21 años de edad, quien, según las autoridades, integraba la red sicarial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas ‘Clan del Golfo’. La justicia lo condenó a 17 años y 8 meses de prisión por el asesinato de Castillo.

“En efecto, condenaron a los autores materiales; sin embargo, no ha hecho mucho para proteger a los líderes sociales y encontrar el motivo por el cual lo asesinaron concretamente, ni quién ordenó su muerte”, asegura Camilo Villamil, abogado de Aheramigua.

Organizarse en hermandades

Nueva junta directiva Aheramigua. William Castillo elegido vicepresidente (en el centro de camiseta roja) 2015. Foto Bibiana Ramírez

Antes de llegar a El Bagre, Castillo lideró varios procesos comunales en los corregimientos Barro Blanco y El Doce, del municipio de Tarazá, también en el Bajo Cauca antioqueño: “La gente por allá lo reconocía, le tenían respeto y lo estimaba. Donde estaba el hombre trataba de dejar su semilla sembrada”, evoca Rodríguez.

En la vereda Las Mariposas, de Santa Rosa del Sur, Castillo y varios campesinos más se unieron en el 2007 y crearon Aheramigua en respuesta al maltrato que venían recibiendo los campesinos y mineros por parte de la Fuerza Pública.

Para fortalecerse, buscaron labriegos en las veredas de los municipios de Cantagallo, Montecristo y San Pablo, corazón del Sur de Bolívar. Luego crecieron hacia los municipios limítrofes, Nechí y El Bagre, en Antioquia.

Por aquellos años, Castillo intercalaba su activismo campesino con la arriería, lo que le permitía interactuar con muchas personas en los caminos que recorría. Tenía una finca en Guamocó, vereda de Santa Rosa del Sur, pero tuvo que trasladarse a El Bagre en el 2012 porque su pequeña hija, de pocos meses de nacida, le hicieron una operación a corazón abierto y debía tener cuidados extremos. En el centro poblado de ese municipio, se dedicó al mototaxismo.

El 19 agosto del año 2013, cuando inició el Paro Nacional Agrario, campesinos del Bajo Cauca salieron de las veredas y se concentraron en el municipio de Caucasia, donde se unieron al paro minero, que ya llevaba un mes.

Aheramigua llegó hasta este municipio con más de mil personas, estuvieron ahí por once días y luego se trasladaron al municipio de Barbosa, muy cerca de Medellín, donde permanecieron un mes más, hasta lograr varios acuerdos con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010- 2018).

En esa ocasión, la Asociación ganó reconocimiento en el Bajo Cauca y muchos campesinos se afiliaron a ella. “Llegó a contar con más de 200 asociados, y 30 personas directas encargadas del trabajo organizativo”, recalca Rodríguez, quien participó activamente en el Paro Nacional Agrario en representación de Aheramigua.

Después de esa experiencia de movilización, Castillo asumió con más fortaleza su liderazgo y desde El Bagre viajaba a las veredas a reunirse con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a capacitarlos en las leyes que los regían y a realizar talleres de derechos humanos.

Rodríguez cuenta que su amigo “adoptó la línea de que el campesino tiene que buscar la defensa y permanencia del territorio como arraigo, desde ahí partía el trabajo social que planteaba. Les enseñaba a los campesinos a conocer sus derechos y a reclamar por las violaciones en su contra”.

Su idea de trabajar colectivamente llevó a Castillo a crear el Comité de Arrieros de El Bagre y a impulsar la Asociación de Mototaxistas de la vereda La Coquera, con gran número de asociados y reconocimiento local.

William Castillo en Asamblea de Aheramigua, 2015. Foto Bibiana Ramírez

“Comenzamos a darle a poyo a esos comités desde la Asociación. Y nos dividimos las zonas. Nos propusimos hacer tres reuniones por semana en diferentes veredas. Él coordinaba la Asociación en El Bagre y en los dos corregimientos, Puerto López y Puerto Claver. A veces yo lo acompañaba a él o íbamos todos los líderes”, recuerda Pedro.

En agosto de 2015, Aheramigua tuvo su cuarta asamblea, que realizaban cada dos años. En esa ocasión, llegaron unas 400 personas de la región. Allí, Castillo, quien antes ejercía como tesorero de la Asociación, fue elegido vicepresidente.

En esa ocasión, tomó el micrófono para expresar su sentir ante los asistentes: “Somos nosotros los que tenemos que elegir nuestras juntas, organizarnos para que en este país la paz esté más cerca. La paz debe estar en nuestro corazón y en nuestro vivir”. Además, los animó a “estar unidos, fortalecer nuestros procesos y seguir luchando, porque lo que se viene no es fácil; nos persiguen y nos criminalizan”.

A Castillo lo recuerdan como un hombre que tenía mucho carisma y, según Rodríguez, “un don de convencimiento que le calaba a la gente, le escuchaban y le seguían. Era emprendedor y organizado en su trabajo. Y era reconocido desde aquí hasta el sur de Bolívar. Fue una persona de mucho empuje, de carácter y templanza”.

Y evoca el tiempo que caminaron juntos por las veredas: “Pude darme cuenta de cómo era su trabajo social, donde quiera que llegábamos era bien llegado. Tenía un trabajo construido y no era de un día, tenía conocimiento de la zona. Caminábamos tres o cuatro días por la Serranía de San Lucas y nunca nos faltó la comida o la dormida”.

También fue conocido por impulsar el liderazgo en otras personas de la región. Ana Santos es una de ellas. Agradece haber escuchado a Castillo y aprendido a defender su comunidad. Hace tres años es presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campo Alegre, en el municipio de Zaragoza. Ella sentía el llamado de liderar procesos, pero no tenía la certeza y seguridad de hacerlo.

“Para mí fue muy importante distinguir al difunto William, porque me decía que una mujer nunca debía estar sometida a los caprichos del hombre, ni un hombre a los de una mujer, que cada uno era un ser individual y teníamos derecho a hablar y tomar nuestras decisiones, para mí fue algo que me marcó”, afirma la lideresa.

Ese impulso llevó a Santos a organizar a su comunidad: “Él siempre me decía que ser líder le nacía del corazón, de hacerle ver a las personas que las cosas eran diferentes, que podían exigir sus derechos. Luchaba por ver que las cosas cambiaran”.

Y cada vez que ella debe hablar ante la comunidad, recuerda las palabras de apoyo de Castillo, quien le insistía en que no se dejara intimidar, pero sobre todo con el respeto hacia los otros: “Era un líder muy berraco, para las que sea, si había que salir para una vereda tarde en la noche lo hacía, así estuviera lloviendo o fuera muy peligroso”.

Tras el oro

Minero artesanal en El Bagre. Foto Bibiana Ramírez

El tema de la minería también estuvo en la agenda de Castillo, quien defendía al minero artesanal para que no fuera criminalizado, incluso estuvo luchando por su formalización ante las autoridades.

Esta actividad extractiva en el Bajo Cauca antioqueño se remonta a la época de la Conquista, cuando los españoles descubrieron las grandes vetas de oro, y fue la que impulsó el poblamiento de la región. “[…] municipios como El Bagre, Nechí y Tarazá fueron creados como centros principalmente mineros”, afirma la Defensoría del Pueblo en el informe titulado La Minería sin control.

Detrás de la explotación legal del oro en El Bagre está la empresa Mineros S.A., que lleva más de un siglo hurgando las tierras y las aguas de esta región. Al lado de las retroexcavadoras están los barequeros, a la espera de material desechado para lavar en busca de algún brillo. En buenas épocas, hay hasta 400 personas en un mismo punto. Y también están las dragas en los ríos, que ahora dominan la extracción.

“En el 2011, antes de que expidiera el Código Minero, el minero decía que la minería nunca se iba a acabar y que el gobierno nunca la iba a atacar”, recuerda Rodríguez.

Castillo, en su afán de organizar a las comunidades, propuso la creación de comités de pequeños mineros. “Y lo logramos hacer”, recuerda su amigo. “Pero muchos desistieron de la idea porque pensaban que no iba a ser necesario. Hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho las cosas bien desde el principio”.

Pero el Estado si atacó. Para ello, promulgó el Decreto 2235 de 2012, que le dio facultades a la Fuerza Pública para proceder a la destrucción de maquinaria pesada y sus partes cuando sean utilizadas en actividades de exploración o explotación minera sin las autorizaciones determinadas por la ley”.

Con la aplicación de esa norma, comenzaron la persecución y las pérdidas para la minería artesanal, de la que vive la mayoría de personas en El Bagre. En busca de subsistencia, los afectados han tenido que buscar otras alternativas económicas, entre ellas la explotación maderera y la siembra de hoja de coca para uso ilícito.

“El fenómeno de la coca va creciendo, el campesino va sembrando más y el que no está sembrando, está buscando la forma de cómo va a sembrar, porque de algo hay que sobrevivir”, reconoce Rodríguez.

Oponerse a la guerra

Movilización en Puerto López, 2015. Foto Bibiana Ramírez

El Bagre es un municipio caluroso, la vegetación escasea, pero abundan las motocicletas. Tiene dos corregimientos importantes: Puerto Claver y Puerto López, el primero netamente minero; en el segundo se alterna la agricultura con la minería y los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, dos fuentes económicas que han generado una fuerte disputa entre grupos armados desde la década del noventa. En Puerto López, por ejemplo, fue donde, a finales de esa década, se instaló el principal centro de operaciones del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandadas por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, para hacerle frente a las guerrillas de las Farc y el Eln.

Este corregimiento está anclado en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, una zona estratégica conectada con el Nordeste antioqueño y el Sur de Bolívar. Sus tierras son altamente productivas para la agricultura, y el oro y el agua abundan. El río Tigüí es la arteria fluvial más importante de la zona y sus aguas desembocan en el río Nechí.

De ser una zona apacible y aislada hace ya varias décadas, pasó a poblarse de manera paulatina con familias campesinas que buscaban tierra para trabajar y un techo donde vivir. Tal como recuerdan aún algunos viejos fundadores, todo era monte.

“No había tráfico, no había caminos”, dice uno de los antiguos pobladores. “La salida de nosotros era en botes o canoas para buscar la merca. Había días que éramos de malas y durábamos ocho días en esos ríos, porque se subían. Fueron llegando más familias. Como a los dos años de estar aquí, ya teníamos buena cosecha de arroz para llevar al pueblo. Desde El Bagre venían las canoas hasta el corregimiento”.

Y agrega el poblador que “no teníamos mortificación de guerra, pero cuando llegó el Ejército nos daba muy mal trato. Después vinieron esos 'paracos'. Eso aquí no quedó gente en estas tierras y el que se quedó, lo mataron. Y desde ahí no ha parado la violencia”.

Estos campesinos han estado en medio del fuego cruzado entre guerrillas, paramilitares y Ejército. Uno de los ataques más cruentos ocurrió en el 2014, cuando un grupo de subversivos del Eln ingresó al centro poblado de Puerto López, aprovechando un partido de fútbol, y asesinó a varios hombres, al parecer paramilitares.

De ahí en adelante la violencia se incrementó recuerdan algunos de sus pobladores. Los campesinos se refugiaron en sus veredas por más de cuatro años; las viviendas del centro poblado estaban siendo marcadas por las balas de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales; y se estaba registrando un desplazamiento a cuenta gotas. Ese fue justo el momento para que Aheramigua liderara una propuesta de cese al fuego.

Una de las primeras expresiones de rechazo a la guerra fue organizar una movilización masiva de pobladores. En agosto de 2015, más de cinco mil personas salieron a pie desde las veredas hasta el casco urbano de corregimiento. En esa ocasión, la comunidad propuso un pacto para la sana convivencia, que fue firmado por los grupos armados y los líderes sociales.

Sin embargo, a finales de septiembre, en medio de un evento público, hubo enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares, que dejaron un muerto y varios heridos, lo que hizo que toda esperanza se esfumara y aumentara la violencia. Aquel pacto se rompió y lo que vino después fue una tragedia.

El año 2016 comenzó con amenazas por parte de las Agc contra las comunidades del corregimiento Puerto Claver que desembocaron en un desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal. (Leer más en: Desplazamiento en El Bagre: ¿se reacomodan las fichas de la guerra?)

En medio de la confrontación armada estaban los líderes e integrantes de Aheramigua y sus familias, quienes comenzaron a ser atacados. Tras sus incursiones, las Agc anunciaron que arremeterían contra de dirigentes comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal, y líderes y miembros de organizaciones sociales.

La difícil situación de las comunidades puso a Castillo a correr de un lado a otro, tratando de garantizar el cumplimiento de los derechos para los campesinos e intentando mediar con los grupos armados para que les respetaran la vida.

Resistir hasta morir

Campamento de Refugio Humanitario, Puerto López, 2016. Foto Bibiana Ramírez

Desde la creación de Aheramigua, en 2007, sus integrantes han padecido detenciones arbitrarias, ataques físicos, intentos de asesinato, hostigamiento e intimidación. La situación se comenzó a agravar en 2014, cuando varios integrantes de la organización fueron amenazados de muerte. Ese mismo año, Castillo fue detenido por el Ejército tras ser acusado de rebelión, pero el proceso no llegó a mayores porque no había pruebas en su contra.

La mayoría de los integrantes de la Asociación vivía en veredas porque sabían que el casco urbano de El Bagre no era seguro para ellos. Incluso, a Castillo le insistieron que se fuera a vivir a Puerto López, donde tenía una casa.

“Había escuchado en cierta ocasión del compañero Mauricio Sánchez, presidente de la Asociación, decirle a William que por favor saliera del Bagre, que se viniera para Puerto López o que se fuera para alguna vereda, pero que no pernoctara ahí”, recuerda Rodríguez.

“Él hizo caso omiso a todas las recomendaciones que se le dieron”, agrega. “No quiso aceptar. Me dijo un día que ya estaba cansado de tanto estar huyendo, que no iba a correr más, que si lo iban a matar, que lo mataran, pero que no tenía porqué andar huyendo a nadie”.

Y Pedro también le recomendó salir: “En una reunión le dije, 'vamos para una finca, de cualquier persona y allá comenzamos a hacer trabajo, porque en El Bagre no se puede vivir'. Me dijo que no, porque si fuera para matarnos ya nos hubieran matado. Y me dijo 'yo estoy cansado de tanto huir, me voy a quedar aquí'”.

Y pasó lo que muchos temían: sicarios acabaron con vida de Castillo en el barrio donde construía su casa. Este asesinato ocasionó cambios en las labores de Aheramigua, disminuyeron su presencia en las comunidades y el temor creció.

Un año después llegaron medidas de seguridad para algunos integrantes de la Asociación. “Tengo como medida cautelar un chaleco antibalas, un botón de pánico, un celular que no funciona y una moto que no puedo transitar en ella aquí en la región porque es una moto de alto cilindraje, una 660, hasta por andar en ella está uno en la mira de los grupos armados”, se queja Rodríguez.

Refugio humanitario y vigilia en el parque de Puerto López, 2016. Foto Bibiana Ramírez

El abogado Villamil recuerda que durante buena parte del 2017 varios de los líderes de la Asociación estuvieron desplazados o no pudieron ejercer su liderazgo social: “realizar trabajo de defensa de derechos humanos bajo el nombre de Aheramigua se volvió un peligro en El Bagre. En la actualidad, no se ha recuperado el terreno perdido en términos de Derechos Humanos. El 'Clan del Golfo' declaró como objetivo militar a los miembros de la Asociación”.

En Puerto López casi todas las fachadas de casas y locales comerciales están rayadas con las letras de ‘AGC’ y ‘ELN’, incluso, parecen compitiendo por cuál es el que pone más marcas. Borradas quedaron las pintas de la extinta guerrilla de las Farc.

Los pobladores recuerdan que cuando las Farc estaba en armas era una organización poderosa, se enfrentaba con los paramilitares y no los dejaba entrar a las veredas. Después de la firma del Acuerdo de Paz, hace cuatro años, la gente sintió algo de tranquilidad porque ya no estaban sometidos a los sobrevuelos de los helicópteros del Ejército ni se daban enfrentamientos en los centros poblados de Puerto Claver o de Puerto López.

Movilización en El Bagre en homenaje a William Castillo, 2016. Foto Bibiana Ramírez

Pero ante la incapacidad del Estado de retomar con prontitud las zonas dejadas por las antiguas Farc, llegaron otros grupos armados a copar ese territorio e imponer el terror entre las comunidades campesinas.

“En este año ha habido, en dos veces, la presencia de las Agc en Puerto López. Una vez fue por allá el 2 de agosto y la otra el 2 de septiembre. En la primera quedó un campesino muerto y dos heridos. En la segunda fue una intervención directa contra el señor que le cobraba las finanzas al Eln, ahí fue donde dejaron las paredes rayadas”, cuenta Rodríguez.

Distintas fuentes coinciden en advertir que un grupo del Frente Virgilio Peralta, también conocido como 'Los Caparrapos', una disidencia de las Agc, ya hace presencia en El Bagre y su intención es trasladarse a Puerto López, lo que sumaría tensiones letales ante la presencia del Eln y los ‘gaitanistas’. Los líderes temen que la violencia se recrudezca.

“El difunto William quería que no hubiera más guerra, que las cosas cambiaran, pero no, eso no se ha dado. Actualmente se ve que siguen matando mucho, el por qué uno no lo sabe, pero sí es algo preocupante, porque después de la firma del Acuerdo de Paz, nos estábamos dando a la idea de que ya no iban a llegar más tragedias, pero aquí la guerra no se ha acabado”, se lamenta Ana Santos, la lideresa que se forjó inspirada por Castillo, el defensor de la dignidad campesina.