Un llamado de auxilio por la Casa de la Memoria de Tumaco

Como resistencia de la comunidad de Tumaco, en Nariño, se alza la Casa de la Memoria, una iniciativa impulsada por la Pastoral Social de la Diócesis del puerto sobre el Pacífico a través de la cual le apostaron a estrategias para impedir que los hechos del conflicto armado quedaran en el olvido.

Este lugar abrió sus puertas a mediados de septiembre de 2013 y apelando a herramientas museográficas y pedagógicas, comenzó a promover la construcción de una cultura de paz y a brindar atención psicosocial a víctimas del conflicto armado.

En la Casa también asesoran jurídicamente los casos que reposan en la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, es un lugar de encuentro de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Cientos de víctimas del paramilitarismo y de la antigua guerrilla de las Farc, que también operó en Nariño, han recibido soporte emocional y atención profesional en la Casa de la Memoria.

Sin embargo, las posibilidades de continuar con las puertas abiertas cada vez son más reducidas por cuenta de la falta de recursos para funcionar. La alerta está encendida desde hace varios meses.

Tanto el Ministerio de Cultura como la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco han desconocido una sentencia proferida hace ocho años por un Tribunal de Justicia y Paz que les pide garantizar la sostenibilidad de esa iniciativa comunitaria.

Este museo ha formado a todas las instituciones educativas de Tumaco en cátedras para la paz y como resultado de esa experiencia, publicó dos libros: Desde las raíces y Educando para la paz. 

El incumplimiento de la sentencia por parte del Estado desconoce el carácter vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, y no sólo va en detrimento de los derechos fundamentales, sino del orden constitucional vigente.

Los recortes en la financiación proveniente de agencias de cooperación internacional también afectan los planes de trabajo del equipo que está al frente de la Casa de la Memoria. En riesgo están las labores para el 2023.

“No le estamos pidiendo al Estado colombiano una solución temporal, necesitamos recursos para el funcionamiento a largo plazo”, reclama el asesor José Luis Foncillas, con la ilusión de que sea escuchado.