Tensiones por Contratos de Conservación Natural en Zonas de Reserva Forestal

“Para que haya cero deforestación sería con la ayuda de instituciones o del Estado, que venga y diga: ‘le vamos a aportar una mensualidad a cada fincario para que no tumbe su monte, no más para la comidita’”. —Campesino de la vereda Las Quillas, Cartagena del Chairá (Caquetá).

Vídeo: Tom Fisk.

La única alternativa que el Estado ha elaborado para familias como las de Las Quillas, que viven en Zona de Reserva Forestal, para asegurar su permanencia en el territorio y recibir ganancias por cuidar de la selva, son los Contratos de Conservación Natural (CCN). 

Vídeo: Kindel Media.

Se trata de una estrategia integral de conservación que busca regularizar la ocupación de los campesinos e impulsar la gestión sostenible en las Zonas de Especial Interés Ambiental; sustituir cultivos de uso ilícito; y fortalecer la producción agraria de las comunidades.

De esta manera podrían acceder a Pagos por Servicios Ambientales, estrategia que le daría cierta seguridad jurídica a las familias que suscriban los Contratos de Conservación Natural (CCN).

Foto: Jhonny Salas Brochero.

Este acuerdo le da la oportunidad a los campesinos de ser ocupantes reconocidos por un plazo que va de 1 a 10 años, dependiendo de las actividades que desarrollen y con la posibilidad de prorrogarse si se ha cumplido con el contrato.

Los Contratos de Conservación Natural tienen dos componentes. 

Acuerdos de Conservación Voluntarios

Contratos de Derecho de Uso

Unos son los Acuerdos de Conservación Voluntarios: mecanismos que orientan el ordenamiento del predio, la posibilidad de acceder a un pago por servicios ambientales, desarrollar procesos de restauración y/o establecer proyectos productivos sostenibles. 

Los Acuerdos de Conservación sólo podrán ser entregados cuando se otorgan los Contratos de Derecho de Uso, el segundo componente, un acto jurídico concedido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El Contrato de Derecho de Uso da “el derecho al uso y goce de la tierra, reconociendo la normatividad ambiental, entre ellas la de Reserva Forestal establecida por la de la Ley 2 de 1959”.

Pero la exigencia de los Contratos de Derecho de Uso se convirtieron en la manzana de la discordia entre las antiguas comunidades cocaleras de Cartagena del Chairá.

Según los campesinos, los Acuerdos de Uso no garantizan la propiedad sobre la tierra y generan inseguridad de los predios de sus habitantes porque no se les reconocen la propiedad oficial.

Los campesinos llaman la atención sobre la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través del cual se consolidarían proyectos productivos para sacar a 2.347 familias de los cultivos de hoja de coca en este municipio caqueteño.

Sin embargo, tras varios años esperando la efectiva ejecución del PNIS, hoy las familias manifiestan sentirse defraudadas y confundidas. En parte porque muchas familias que suscribieron este acuerdo y erradicaron voluntariamente viven en Zona de Reserva Forestal (ZRF), lo que obstaculiza la ejecución del Programa.

La alternativa que se planteó para desarrollar el PNIS en estas Áreas de Especial Protección Ambiental fue a través de los Contratos de Conservación Natural, pero los términos para acceder a estos no cayó nada bien entre las comunidades.

Vídeo: Monstera.

Según explican varios labriegos, funcionarios del PNIS les dijeron que si querían que los proyectos productivos se desarrollen en los predios ubicados dentro de la ZRF de la Amazonía, el programa iba a “descontar” dos millones de pesos del PNIS.

Tatiana Watson, desde la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aclaró que ninguno de los dos componentes de los Contratos de Conservación Natural —Contratos de Derechos de Uso y Acuerdos de Conservación Voluntario— tiene costo para los interesados.

En entrevista con este portal, Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) aclara que no se le está quitando dinero a las alrededor de siete mil familias que viven en Zona de Reserva Forestal y no se le estaba descontando dinero al PNIS.

Lo que Hernando Londoño le precisa a VerdadAbierta.com es que una vez vuelva a tener recursos suficientes, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos completará los dos millones del ciclo corto que se tomarían de los recursos PNIS con dineros de otra bolsa que no especificó.