La herida abierta de la desaparición de miembros de la Fuerza Pública
Colombia es uno de los países más golpeados por el delito de desaparición forzada a civiles. Sin embargo, las familias de militares y policías también sufren en silencio e invisibilizadas este flagelo.
Desde mediados de la década de los años ochenta, y hasta los primeros años del 2000, las Farc realizaron las ‘pescas milagrosas’ para secuestrar civiles y recibir por su liberación grandes sumas de dinero.
Foto: Manuel Saldarriaga.
En esas ‘redes’ también cayeron integrantes de la Fuerza Pública y los guerrilleros responsables fueron premiados con el ascenso dentro de su misma estructura.
El primer momento de la desaparición forzada se caracteriza por la privación de la libertad de una persona en contra de su voluntad.
Foto: Presidencia.
Está catalogado como crimen de lesa humanidad e implica doble tortura: física, que se le impone directamente a la víctima y psicológica, que se ejerce sobre sus seres queridos.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre los años 1958 a 2015, fueron desaparecidos 658 miembros de la Fuerza Pública.
Los departamentos que más casos registran este hecho victimizante en uniformados son Antioquia, Meta, Putumayo, Cauca y Guaviare.
De los 658 miembros de la Fuerza Pública desaparecidos en casi 60 años, la mayoría pertenecen al Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Según expertos, las leyes actuales reconocen a militares y policías como víctimas, pero no les da el derecho a la reparación integral.
Además, estiman que hay un subregistro de más o menos 330.000 uniformados víctimas de desaparición forzada.
Actualmente, con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los aportes para el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad hacía militares y policías han sido mínimos.