El nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, lanzó una ambiciosa propuesta: lograr la paz con todos los actores armados y redes de crimen organizado del país.
No se limita a un proceso de entrega de armas y comparecencia ante la justicia. Es una política pública integral que abarca diferentes componentes.
En primera medida, se pondrá en marcha un plan de choque para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz que se logró con la guerrilla de las Farc, ya que el gobierno anterior lo dejó rezagado.
A ello le siguen, simultáneamente, retomar los diálogos de paz con el Eln y negociar con grupos mafiosos como las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la Oficina de Envigado, entre otras, su sometimiento a la justicia.
Para articular todo ese trabajo se creará el denominado Ministerio de Paz y la Reconciliación.
Asimismo, se reformarán la Policía, pasándola del Ministerio de Defensa al del Interior; y a las Fuerzas Militares, para que actúen con enfoques de posconflicto y no de guerra.
Varias de esas iniciativas están en sintonía con las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en su Informe Final. Otro punto en común es cambiar el paradigma en la política contra las drogas ilícitas.
El senador Iván Cepeda, de la bancada de gobierno, quien es uno de los principales impulsores de esta política, señala que con ella se busca romper los círculos de violencia que han surgido de anteriores procesos de paz.
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