El inicio de este año fue convulsionado en algunas regiones. Se desató una guerra en Arauca entre disidentes de las Farc y el Eln, ocurrieron decenas de masacres y asesinatos de líderes sociales. Además, se perpetraron atentados contra la Fuerza Pública.
Al menos 27 personas fueron asesinadas en Arauca de manera selectiva y no hacían parte de las hostilidades. La Fiscalía General de la Nación estableció que la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas con tiros de gracia.
En el municipio de Saravena ocurrieron dos atentados contra bienes civiles: el día 10 fue atacada la sede de la Empresa de Acueducto Comunitario; y el día 19 fue detonado un carro-bomba en la sede de varias organizaciones sociales.
En el departamento de Cauca, disidencias de las Farc asesinaron a varios indígenas. Entre ellos se encuentran un menor de 14 años de edad y Albeiro Camayo (foto), excoordinador de la Guardia Indígena.
En la región del Pacífico sucedieron varios desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades negras producto de los enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
A esos hechos se suman 13 masacres en diez departamentos y el asesinato de 14 líderes sociales en seis departamentos, según los registros de Indepaz.
Y, como si fuera poco, en medio de ese cruento panorama, la Policía y el Ejército sufrieron atentados en Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Valle y Cauca.
Esos hechos están relacionados con disputas territoriales con entre grupos armados ilegales para tener mayor control territorial y explotar rentas ilícitas como el narcotráfico, la minería criminal y la extorsión.
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