Jóvenes de diversas regiones del país defienden sus derechos y saldan las deudas que la sociedad les ha endosado a ellos y a las comunidades que representan.
Su labor no ha sido fácil en medio de noticias sobre amenazas, atentados, asesinatos a líderes y lideresas sociales, y jóvenes que arropan a sus comunidades.
Según la ONG Somos Defensores, entre el 2002 y el 30 de septiembre de este año, 1.230 activistas sociales fueron asesinados.
Esa cruel radiografía de homicidios se disparó desde la firma del Acuerdo de Paz, que celebró el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.
Foto: Presidencia.
La Ley Estatutaria 1885 de 2018 define al joven como “toda persona entre 14 y 28 años en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural”.
Según el DANE, para el 2020 en Colombia había cerca de 12,6 millones de jóvenes, de ellos el 50,4 por ciento son hombres y el 49,6 por ciento mujeres.
Además de que son un amplio sector de la población, padecen la tasa de desempleo más alta del país y tienen dificultades para acceder a educación.
Otras carencias como el acceso a salud, servicios públicos y recreación en sus comunidades, cimientan sus luchas y las redes de apoyo que conforman.
Una de las organizaciones que estimula a los jóvenes a tener miradas constructivas sobre la realidad del país es la Fundación Mi Sangre.
En 15 años de labores, esta organización ha abierto espacios de formación y colaboración a más de 32 mil jóvenes provenientes de 171 municipios de 22 departamentos del país.
El objetivo de la Fundación Mi Sangre es que los jóvenes lideren los cambios en sus comunidades a través de ciudadanías activas y la participación en escenarios de toma de decisiones.
Las agendas juveniles abarcan diversos temas, todos significativos para sus comunidades y entornos sociales.
Sin embargo, se enfrentan cotidianamente a estigmatización, persecución, amenazas y ataques por parte de quienes se oponen a sus reivindicaciones.