Desmovilizados de las Farc, sin garantías de seguridad
Ante los constantes asesinatos de exguerrilleros que suscribieron el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó el 1 marzo al comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, a una audiencia pública.
De acuerdo con los registros de ese tribunal de justicia transicional, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero del año en curso, fueron asesinados 306 desmovilizados de la antigua guerrilla más grande del continente.
El Comisionado de Paz defendió la gestión de su despacho y aseguró que en los dos últimos años le fueron asignados a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) más de mil millones de pesos para adelantar sus labores.
A pesar de las cifras presentadas por el comisionado Retrepo, a juicio de la JEP, la realidad muestras que no hay estrategia institucional para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz.
Y es que los registros de otras entidades le dan la razón. De acuerdo con Indepaz, los departamentos con más asesinados el año pasado son Cauca (9 casos), Nariño (6), Putumayo (6), Antioquia (5), Meta (4), Valle del Cauca (3) y Chocó (3).
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que los mayores victimarios de los desmovilizados son las disidencias de las antiguas Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln.
La Agencia de Reincorporación Nacional indicó que del total de 12.846 excombatientes de las Farc en vía reincorporación, 802 están pendientes de reubicación, muchos de ellos por cuestiones de seguridad.
Ante el grave panorama, el pasado 27 de enero, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para los desmovilizados.
Una de las mayores discusiones en la audiencia en la JEP fue el rol que el gobierno nacional le había dado CNGS, la cual debe liderar la política de protección. Conozca sus detalles haciendo clic en el siguiente enlace.