Su testimonio ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad está lleno de autoelogios y de logros en el papel, pero muy lejos del drama que padecieron miles de colombianos bajo el rigor de las armas de grupos armados contrainsurgentes. Un riguroso contraste deja en evidencia ese distanciamiento con la realidad.
“Hoy no me presento ante ustedes para hacer una defensa de mi gobierno, quiero, con toda la objetividad, narrar hechos y situación de importancia para la historia y que sean esos hechos los que se defiendas por sí mismos”, dijo el expresidente Andrés Pastrana en el preámbulo de su intervención ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el pasado martes.
Y uno de los fenómenos sobre los que hizo referencia durante sus más de tres horas de exposición fue el paramilitarismo que, al inicio de su cuatrienio, 1998-2002, estaba en plena expansión en diversas regiones del país, confrontando a los grupos guerrilleros y apropiándose de sus rentas ilegales con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública, sectores productivos y organizaciones del narcotráfico.
Para el 7 de agosto de 1998, cuando Pastrana asumió la Presidencia de la República, llevaban un año de creadas las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una confederación paramilitar que se conformó a mediados de 1997 a instancias de Vicente y Carlos Castaño, los máximos líderes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes venían operando bajo esa sigla desde mediados de 1994.
A esa iniciativa criminal se sumaron, además de las Accu, las Autodefensas del Magdalena Medio, las Autodefensas de Puerto Boyacá, las Autodefensas de Cundinamarca, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Casanare y las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar.
Ese dispositivo paramilitar fue creciendo y expandiéndose de manera exponencial, y sin ningún tipo de contención efectiva de las autoridades como una reacción, según sus excomandantes, a las agresiones contra ganaderos, bananeros, comerciantes, transportadores y agroindustriales por parte de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, y a la falta de Estado en diversas regiones del país.
Pero su estrategia no fue precisamente la de defenderse ante riesgos inminentes. En su proceso de expansión y consolidación, las Auc se convirtieron en una poderosa máquina ofensiva que apeló a los más crueles mecanismos para atacar a todos aquellos que consideraran “su enemigo”, etiqueta impuesta no sólo a guerrilleros, también a sus familias y a las comunidades que vivían bajo el yugo armado de la insurgencia, y a aquellos sectores alternativos que reclamaban mayor justicia social y la defensa de los derechos humanos.
Con ese telón de fondo, Pastrana fue reiterativo ante la CEV en advertir que su exposición se ajustaba a los hechos y si bien dejó claro que, en su comparecencia ante este escenario extrajudicial, creado por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, no haría una defensa de su gobierno, lo que realmente sucedió fue eso: una presentación de sus ejecuciones en temas relacionados con el paramilitarismo, narcotráfico y conversaciones de paz, con un fuerte tono de autoelogio.
Una contrastación enfocada en el tema del paramilitarismo arroja más dudas que certezas sobre lo dicho por el expresidente Pastrana, pues los hechos que defendió no contribuyeron a esclarecer lo ocurrido durante su gobierno, esquivó el tema de la connivencia de sectores de la Fuerza Pública con estructuras paramilitares y, en esencia, su actitud ratificó que la realidad se interpreta según la criba que se use.
En el papel
“Lo he dicho varias veces sobre el tema de las autodefensas: ¡Nadie puede pretender alcanzar el cielo parado sobre los hombros del demonio!”, exclamó Pastrana en un discurso pronunciado el 2 de mayo de 2002 en la Escuela Superior de Guerra con ocasión del 93 aniversario de esta institución.
Le quedaban tres meses de gobierno y atrás quedaba un proceso de paz fallido con la guerrilla de las Farc, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a través del llamado Plan Colombia, financiado con recursos de Estados Unidos, y unas organizaciones paramilitares convertidas en autoridad de facto en varias zonas del país tras imponerse a sangre y fuego, además de contar con una influencia en el Congreso de la República que llegó al 35 por ciento.
El mismo día de aquel discurso en la Escuela Superior de Guerra y a cientos de kilómetros de allí, ocurrió una de las más cruentas acciones en la guerra entre las Farc y las Auc: la muerte de 119 personas, en su mayoría niñas y niños, en el templo católico del centro poblado de Bojayá, Bajo Atrato chocoano, en donde buscaron refugio para protegerse de los cruentos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares.
La dimensión de esa tragedia le mostró al país y al mundo el nivel de barbarie que alcanzó esa confrontación, sin que fuese contenida por las autoridades. Los paramilitares se movían a su antojo por el río Atrato y los insurgentes por la difícil selva chocoana. En ese escenario, las Fuerzas Militares no tenían la voluntad de actuar de manera contundente a favor de las comunidades desprotegidas.
Cuando Pastrana recordó ante la CEV que durante su campaña a la Presidencia “fui claro con el paramilitarismo y dije que no les íbamos a dar estatus político y que los íbamos a combatir”, emergieron hechos como el de Bojayá para advertirle que la realidad no coincidía con su versión.
Y también aparecieron otros hechos cuando, al evocar sus actuaciones presidenciales, anunció que no iban a permitir bajo su gobierno “que con el pretexto sarcástico de proteger a la población contra la guerrilla se organizaran fuerzas oscuras que contribuían a aumentar el conflicto y a debilitar las fuerzas armadas y con ello nuestra democracia”. Pero las Auc ya eran una máquina de guerra sin freno, que llenaba de sangre y dolor campos y ciudades, bajo la protección de sectores de la Fuerza Pública.
Para demostrar que sí las combatió, por lo menos en el papel, referenció la creación del “Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley”, que se refrendó a través del Decreto 324 del 25 de febrero de 2000.
Se trataba de una instancia interinstitucional presidida por el Ministerio de Defensa que tenía entre sus funciones, “recomendar la estrategia y coordinar lo necesario para la persecución y captura de los organizadores, dirigentes y promotores de los grupos de autodefensa ilegales y demás grupos armados al margen de la ley, así como de quienes contribuyan a su financiación y a la dotación de armamento”.
Según ese decreto, este centro de coordinación contaría “con una base de datos que se deberá construir a partir de la información de inteligencia que deben aportar todos los organismos del Estado, de manera que se facilite la captura y judicialización de los integrantes de dichos grupos, así como las recomendaciones sobre sistemas de reclusión aplicables”.
Ante la CEV, Pastrana dijo que el resultado de ese tipo de articulaciones arrojó, a final de su cuatrienio, poco más de 350 paramilitares muertos en enfrentamientos con la Fuerza Pública y 850 capturados.
No obstante, la realidad choca de nuevo con la versión del expresidente. En su informe sobre el año 2000, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue bastante crítica con el entonces gobierno del presidente Pastrana: “Cuando se somete a escrutinio la eficacia real de la acción estatal contra el fenómeno paramilitar, los resultados presentados por el Gobierno contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos paramilitares en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El Ministerio de Defensa reconoce que actualmente operan más de 8.000 paramilitares, lo cual significa un crecimiento de 81% en los últimos dos años”. (Descargar informe)
El exmandatario afirmó en su intervención que, gracias a su política de defensa de los derechos humanos, se capacitaron durante su gobierno 120 mil miembros de las Fuerzas Militares, razón por la cual las quejas en su contra disminuyeron drásticamente.
Pero la otra cara de la moneda es más que dramática: entre el 7 de agosto de 1998, fecha de la posesión de Pastrana, y el 25 de febrero de 2000, cuando se expidió el Decreto 324, los grupos paramilitares perpetraron 182 masacres, que dejaron 1.301 muertos, entre hombres, mujeres y menores de edad.
Entre ese cúmulo de acciones armadas se destaca una de las más atroces en la historia reciente del país: la masacre de El Salado. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), allí perdieron la vida 60 personas, aunque se cree que fueron más de cien víctimas. Los paramilitares, en connivencia con agentes de la Fuerza Pública, masacraron vilmente a los pobladores, señalándolos de ser colaboradores de la guerrilla.
Además, está probado en distintos estrados judiciales que en buena parte de esas masacres participaron agentes del Estado, especialmente de las Fuerzas Militares, varios de los cuales fueron condenados por esos hechos.
Las cifras sobre el número de masacres registradas por el CNMH para el periodo 1994-2006 permiten observar que los picos más altos de masacres se presentaron durante la administración Pastrana. Entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 2006 grupos paramilitares cometieron 1.372 masacres; de ellas, 768 ocurrieron en su periodo de gobierno, equivalentes al 58,7 por ciento.
Al georreferenciar las masacres cometidas por las Auc, se obtiene un mapa que refleja su proceso de expansión, el cual se caracterizó por recurrir a esa práctica en zonas que llegaban a disputarle a grupos guerrilleros y atacar a comunidades que consideraban como supuestas cómplices de sus enemigos.
Al respecto, el informe ¡Basta ya!, del CNMH, estableció que “las masacres fueron el método predilecto de los grupos paramilitares para irrumpir en una zona y empezar allí a ejercer un control que casi siempre estuvo acompañado de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y despojos. Las masacres, tanto las grandes como las pequeñas, estuvieron acompañadas de sevicia y tortura. Los cuerpos desmembrados y la exhibición de los cadáveres buscaban generar una reputación temible de los grupos en la población civil”. Y les atribuye el 59 por ciento de las masacres cometidas en medio del conflicto armado hasta julio de 2013.
Pastrana le dijo a la CEV que las masacres habían disminuido en su gobierno, gracias a la gestión humanitaria que hicieron, ante la comandancia de las Auc, el líder político español Felipe González y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Después de estos primeros contactos, las masacres de las autodefensas disminuyeron sustancialmente”, enfatizó el exmandatario.
Pero contrario a lo dicho por el expresidente Pastrana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso en su informe sobre el 2001, la razón por la que los grupos paramilitares disminuyeron las masacres: “Cabe resaltar que, en el período cubierto por el presente informe, los grupos paramilitares adoptaron también, al atacar la población civil, una modalidad de actuación menos impactante que la de las masacres, realizando numerosas ejecuciones individuales. La Oficina tuvo conocimiento de casos en que los paramilitares, después de escoger a sus víctimas entre un conjunto numeroso de personas aprehendidas, las mataron individualmente o en pequeños grupos, dejando sus cadáveres esparcidos en diferentes lugares”. (Descargar informe)
Historia incompleta
Uno de los objetivos de Pastrana ante la CEV era demostrar que, en su gobierno, se sentaron las bases para acabar con las Auc y para lograrlo narró un hecho relacionado con un operativo realizado en Montería en mayo de 2001 contra una red de finanzas y comunicaciones de esta estructura paramilitar.
En su relato, el exmandatario indicó que esa acción judicial se constituyó en “el quiebre de las autodefensas”. De acuerdo con Pastrana, todo empezó cuando “el fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, nos llama y dice que hay un operativo porque hay informaciones de inteligencia para poder desarticular la red más importante del paramilitarismo y que está concentrada en Montería, en el departamento de Córdoba”.
En esa llamada, Gómez Méndez pidió que se diseñara una “estrategia de la mano con las Fuerzas Armadas para que podamos hacer un operativo para desarticular el comando central de los paramilitares”, detallo el exmandatario y agregó que, en efecto, se hizo así y “se enviaron desde Bogotá para que no se filtrara la información en Montería”.
La operación comenzó el 24 de mayo y de acuerdo con documentos del caso, se realizaron, de manera simultánea, 21 allanamientos a establecimientos comerciales y residencias, entre ellas la del jefe de las Auc, Salvatore Mancuso. En ese operativo, según Pastrana, “se recaudó valiosa información sobre la red de financiación y, sobre todo, de la red de comunicación de los paramilitares”.
El expresidente aseveró ante la CEV que esos allanamientos “despertaron la ira de Mancuso” y de acuerdo con su relato, “fue hasta donde Carlos Castaño y le reclamó que él no había actuado para que se evitara ese operativo. Y le dijo que estaba preparando muy buena cantidad de carrobombas para hacerlos estallar en Bogotá generando ola de muerte y terror en retaliación por esos allanamientos de la Fiscalía en Montería”.
Sin precisar cómo logró esa información, Pastrana afirmó que Castaño se opuso a esa reacción y le respondió que “yo no voy a ser el nuevo Pablo Escobar de Colombia. No lo autorizo a que ponga ningún carrobomba”.
Lo que al parecer hizo Mancuso fue desistir de la idea, pero dejó claro, según el expresidente, que “no iba a quedarse quieto, que iba a ordenar el asesinato del fiscal General, Gómez Méndez; el del Alto Comisionado, Camilo Gómez; y de un parlamentario, pero nunca supe quién fue, supuestamente, el que filtró la información que los llevó a los allanamientos”.
Seis días después de ese altercado, Castaño hizo pública su renuncia a la jefatura militar de las Auc: “Somos en las AUC, ‘amigos y respetuosos de las instituciones del estado’. Este principio es inviolable: Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por Ustedes”.
Versiones de prensa de la época y del propio Pastrana indicaron que esa dimisión obedeció al altercado con Mancuso, quien exigió endurecer la posición de las Auc contra el gobierno nacional y la Fiscalía. Finalmente, se recompuso el Estado Mayor de la organización paramilitar sin la presencia de Castaño.
Pero a lo narrado por Pastrana sobre los operativos realizados en Montería le faltaron detalles. Resulta que a Funpazcor se llegó luego de revisar miles de registros contables hallados en una oficina camuflada en un parqueadero en el centro de Medellín durante un allanamiento realizado el 30 de abril de 1998 por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.
En ese lugar, conocido como el Parqueadero Padilla, funcionaba el centro contable de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) bajo la coordinación de Jacinto Alberto Soto Toro, identificado con el alias de ‘Lucas’. Desde ese sitio se administraban los recursos de estructuras paramilitares que operaban en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y en el suroriente del país. (Leer más en: “¿Quién protege a alias ‘Lucas’?”)
Luego de analizada la información hallada en libros contables y en cerca de 70 diskettes, se estableció que en ese parqueadero se manejaba una red de financiación de las Accu y todo ingreso y egreso de dineros se registraba. Se identificaron por lo menos 28 mil transacciones entre los años 1995 y comienzos de 1998. Los datos permitían establecer de dónde llegaban los recursos y hacía dónde se enviaban.
Desde allí también se coordinaban la compra de armas, municiones, pertrechos y alimentos para las Accu, así como los viajes de los jefes paramilitares, los gastos médicos y las nóminas de los integrantes de cada grupo regional.
El análisis de los datos contables permitió establecer una relación directa entre el parqueadero Padilla y la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización constituida en Montería el 5 de octubre de 1990 y registrada ante la Cámara de Comercio de esa ciudad el 30 de noviembre de 1992.
Su objeto social consistía en “trabajar por la promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de las diversas comunidades de Colombia, procurando la igualdad social entre los habitantes, en especial las poblaciones víctimas de la violencia, las comunidades indígenas o las desplazadas y las perjudicadas por los desastres naturales, gestionando ante las entidades del orden municipal, departamental, nacional o internacional, recursos para ser empleados en beneficio de las mismas”.
Y su patrimonio fue conformado “con las donaciones hechas por la familia Castaño Gil, consistente en el aporte de setecientos millones de pesos en efectivo, producto de la venta de ganado existente en las tierras que fueron objeto de donación a las familias de escasos recursos en el departamento de Córdoba, maquinaria agrícola, semovientes y otros accesorios según inventarios que se anexarán a esta minuta”.
Informes de policía judicial de comienzos de la década del dos mil concluyeron que la finalidad de Funpazcor fue “servir de puente a la organización paramilitar AUC, para el lavado de activos y el suministro de insumos, alimentos y elementos de intendencia”. Tiempo después se estableció que también fue la punta de lanza para despojar a cientos de campesinos de Córdoba y Antioquia.
Esas conexiones llevaron al fiscal Gómez Méndez a adelantar un allanamiento a la sede de Funpazcor, a la residencia de Mancuso y a varios establecimientos comerciales de Montería, que harían parte de la red de apoyo económico y logístico de estructuras paramilitares de Córdoba y Sucre.
Pese al gran operativo desplegado, sólo se capturaron tres personas ligadas a Funpazcor y un escolta de Mancuso. Un hecho que desató la rabia de este jefe paramilitar fue el asesinato en su casa de otro de sus escoltas. El homicidio fue atribuido a un error de uno de los funcionarios del CTI, quien accionó su arma mientras la víctima, al parecer, dormía y no ofrecía ningún tipo de resistencia.
Con la información recaudada en esos allanamientos, la Fiscalía vinculó a otras 19 personas, entre ellos a Salvatore Mancuso y a Carlos Castaño, quienes fueron procesadas como reos ausentes, acusadas de conformar y financiar grupos paramilitares. A todos ellos, se les precluyó la investigación. La decisión a su favor la tomó un fiscal especializado de Medellín el 7 de noviembre de 2002.
Lo que le faltó contar al exmandatario es que pese a las evidencias encontradas tanto en el Parqueadero Padilla como en la sede de Funpazcor, el ente acusador fue incapaz de juzgar a quienes hacían parte de la red de financiación del paramilitarismo, desaprovechando la oportunidad de afectar sus finanzas y de procesar penalmente a quienes aportaron recursos económicos y logísticos para fortalecer este proyecto armado que llenó de luto el país.
Y además le faltó explicar por qué ternó a Luis Camilo Osorio en la lista de candidatos a Fiscal General de la Nación, quien resultó elegido por la Corte Suprema de Justicia y estuvo en ese cargo entre el 1 de agosto de 2001 y 30 de julio de 2005, en reemplazo de Gómez Méndez. A este exfuncionario se le cuestionan varias de sus actuaciones a favor del paramilitarismo, entre ellas haber incidido para que la investigación sobre su financiación fuera precluida y quedara en total impunidad.
Pastrana fue el quinto expresidente que aportó su testimonio a la CEV, lo antecedieron Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018), Ernesto Samper (1994-1998) y César Gaviria (1990-1994), quien exigió que la conversación fuera privada. (Leer más en: La puesta en escena del expresidente Uribe con la Comisión de la Verdad)
Pese a que en la CEV y diversos sectores celebran que estos exmandatarios hayan pasado por este escenario extrajudicial creado por el Acuerdo de Paz, lo cierto es que cada uno de ellos ha cribado la realidad de acuerdo a sus intereses particulares, poco han aportado al esclarecimiento de hechos ocurridos en sus gobiernos y se han dedicado a sacarle lustre a sus gobiernos, distanciándose de la realidad. El único que ha pedido perdón es Santos, pero sus lágrimas no convencen aún a las víctimas. (Leer más en: Lágrimas de Santos no conmovieron a víctimas de ‘falsos positivos’)
Lo que ha prometido el presidente de la CEV, el sacerdote jesuita Francisco De Roux, es un riguroso análisis de estos testimonios, contrastados con cientos de documentos y miles de entrevistas realizadas durante los últimos tres años, con el fin de consolidar un informe final que le haga justicia a la realidad de los millones de víctimas que dejaron más de cinco décadas de guerra en Colombia.
