En su camino por defender los derechos de las mujeres campesinas y su constante llamado a la paz encontró detractores que intentaron silenciarla. Hoy, desde el exilio, le apuesta a demostrar que la violencia sigue estando presente en Tolima y espera reunirse con su familia nuevamente.
Por: Santiago Díaz Gamboa
“Una amiga me dijo que no me podía quedar más en Tolima, que si me mataban aparecería como un número más en un registro y dónde iban a quedar mi familia y el trabajo social. Yo no podía morir de esa manera”, cuenta Claribel Bonilla, exiliada en Gijón, España, después de recibir amenazas de muerte.
España es uno de los países a los que más acuden los colombianos en búsqueda de protección internacional. Tras la firma del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado, en representación del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y la antigua guerrilla de las Farc, firmado el 24 de noviembre de 2016, las solicitudes aumentaron.
Como Claribel, hay medio millón de colombianos solicitando asilo. Y lo peor de ese drama es que, en la mayoría de los casos, reciben un no como respuesta o, en el peor de los casos, se enfrentan al silencio prolongado de las autoridades migratorias. Desde finales de 2016, en España tan sólo han sido aceptadas 624 de 37 mil solicitudes. (Leer más en: Desde el exilio también le aportan a la verdad del conflicto armado)
Ella es una mujer campesina, de 44 años de edad, que creció en la vereda Los Andes, del municipio de Rovira, en el Tolima. Desde muy temprana edad padeció los embates del conflicto armado. Uno de los hechos que más recuerda ocurrió cuando tenía 10 años de edad: un ataque de las Farc a la estación de Policía de su vereda, que desencadenó un enfrentamiento de seis horas con la Fuerza Pública. “Este fue el primer día que yo viví el horror de la guerra”, recuerda como si esas acciones hubieran ocurrido ayer.
A los 14 años de edad, su madre la obligó a contraer matrimonio con un hombre de 42 años. El maltrato físico y psicológico fue una constante: “En ese momento comenzó mi tortura”. Ese infierno se extendió durante más de 10 años y, a pesar de todo, rescata los cinco hijos que le dejó esa unión forzada.
A pesar del sufrimiento y aún siendo menor de edad, Claribel hizo parte de la secretaría de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Los Andes, donde comenzó a conocer los procesos sociales de su comunidad. Al alcanzar la mayoría de edad, su trabajo acucioso la llevó a ser la presidenta de la Junta. Sin embargo, aún permanecía atada a un matrimonio obligado que sólo le generaba resignación.
Motivada por el sufrimiento, Claribel preparó un veneno para acabar con su propia vida, pero decidió no ingerirlo ya que sus hijos dependían de ella. Optó por las vías legales y demandó a su esposo, quien fue encarcelado en el año 2003 durante seis meses.
Bajo fuego
Después de dejar la que fue su casa por más de media vida y con la tranquilidad de saber que su verdugo estaría lejos, Claribel se mudó a Bogotá durante varios meses, luego de los cuales decidió volver a Rovira y vivir, junto con sus hijos, en la finca de su padre.
Lamentablemente, Tolima fue escenario de cruentos ataques y tomas por parte de las Farc. Una de las más recordadas ocurrió el 19 de julio de 1999, cuando la extinta guerrilla incursionó en el casco urbano de Rovira, asesinó a cuatro personas y dejó sus cuerpos expuestos como advertencia. En la zona tuvieron presencia los frentes 21 y 50 del Comando Conjunto Central. (Leer informe especial sobre tomas guerrilleras en Tolima)
Para finales de ese año, los ataques de las Farc eran constantes hasta comienzos del nuevo siglo. Una incursión guerrillera atacó de manera simultánea cuatro municipios tolimenses, dejando como resultado policías y civiles asesinados y los pueblos reducidos a escombros. (Leer más en: “En medio de los escombros”: así fue una toma de las Farc en Tolima)
Para el 30 de mayo de 2002, cuando Claribel se puso al frente de la presidencia de la Junta de la vereda Los Andes, el Frente 21 ingresó atacó de nuevo la estación de Policía de Rovira. En esa incursión saquearon una entidad bancaria e hirieron a varios civiles, lo que desató un enfrentamiento entre el grupo insurgente y el Ejército.
Ese año, el departamento de Tolima era un hervidero. Sus veredas y senderos eran disputados a sangre y fuego por las Farc y por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a través del Bloque Tolima y de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), comandadas por Ramón Isaza.
En medio de esa confrontación quedó la población civil, que era acusada y perseguida por ser supuesta colaboradora de uno y otro bando. Como si fuera poco, las acciones de la Fuerza Pública, en sus esfuerzos por repeler a las Farc, también generó afectaciones a los civiles que quedaban periódicamente en el fuego cruzado. (Leer más en: “La violencia en el norte del Tolima cambió nuestras vidas”)
El inicio del nuevo milenio para los tolimenses transcurrió en medio de desplazamientos y reclutamientos forzados por parte de las Farc, al igual que por masacres a manos de las dos facciones de las Auc. Municipios como Icononzo, Prado, Fresno y Falán fueron objetivo de esas matanzas. (Leer más en: En El Neme aún no se reponen de la barbarie paramilitar)
Como presidenta de la JAC, a Claribel le tocó vivir el vaivén de la guerra. Al ser la cabeza visible de su vereda, tuvo que asistir a varias reuniones convocadas por las Farc. No fue la única representante comunitaria en esos espacios, pues allá conoció a otros presidentes de JAC de los municipios de Chaparral, Río Blanco, Planadas y San Antonio.
El motivo de asistir a esas reuniones era sólo uno: evitar convertirse en objetivo militar: “Una vez llegó la guerrilla a pedirme un favor que si se podían quedar 30 guerrilleros en el patio de la escuela. ¿Yo cómo le iba a decir que no? Era muy complicado, me tocaba decirle que sí”.
Al cabo de unos días recibió reclamos de los paramilitares: “Llegaron los de la Auc unos días después preguntando si por la vereda había venido la guerrilla, alguien les dijo que yo les había dado posada y comida a los guerrilleros, y fueron a buscarme a mi casa. Me acusaron de ser colaboradora de la guerrilla y les dije que (las Farc) me habían pedido un favor, así como si me lo pidieran ustedes (las Auc) porque es sí o sí, ustedes son quienes tienen las armas y yo no tengo sino la palabra”.
Para el año 2003, los presidentes de las JAC de las veredas Limoncito y La Luisa fueron asesinados. Aunque los autores de los asesinatos son desconocidos, en un informe de la Policía Nacional se consignó que Claribel había afirmado que los paramilitares de las Auc fueron los responsables de los asesinatos. Sin embargo, ella niega haber hecho tal señalamiento.
Inicia la persecución
El 17 de febrero de 2004 recibió su primera amenaza. Fue por medio de una nota que desconocidos dejaron en su casa. En ella le advertían que “dejara de hablar de más” y le daban 24 horas para abandonar el municipio de Rovira. Ante esa intimidación, decidió mudarse nuevamente a Bogotá.
En la capital de la República se empleó como recolectora de fresas y logró que la Personería Distrital la acreditara como víctima del conflicto armado. Cuatro años después, y al ver que sus hijas estaban entrando a la adolescencia y preocupada por su futuro, decidió volver a Rovira.
Retornó a principios de 2008 con nuevos bríos y con ganas de luchar por su comunidad. Inicialmente se vinculó a la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC) y el 17 de octubre de ese año fundó la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado (ASOVICOAR).
Su lucha se enfocó en la reivindicación de los derechos de las mujeres campesinas, quienes no solo habían sido marginadas por la situación de violencia en el departamento, sino también por ser víctimas de maltrato intrafamiliar. Esto le recordó a Claribel, como años atrás, padeció ese flagelo.
Mediante su trabajo, resaltó la lucha de numerosas mujeres tolimenses, que se destacaban como protectoras y defensoras de la vida, aglutinando indígenas, afros y campesinas. Siempre mostró su liderazgo y se convirtió en un ejemplo a seguir para las cafeteras, que junto a todo el gremio, entraron en un paro nacional en el año 2009.
Infortunadamente, después de promover esa expresión de protesta social del sector cafetero en el estadio de fútbol de Ibagué, Claribel fue amenazada nuevamente. En esta ocasión, dos hombres en moto la agredieron con golpes y le ordenaron abandonar las manifestaciones.
Al recibir esa segunda amenaza, que trascendió a la agresión física, continuó trabajando en la región sin exponerse a la vista de sus detractores y comenzó a trabajar en conexión con Bogotá y el campesinado, dejando a un lado las situaciones que pudieran ponerla en riesgo. Su labor era hacer llegar los productos de los campesinos de los municipios de Cajamarca, Rovira, San Antonio y Roncesvalles a las plazas de mercado de la capital de la República, un trabajo que realizó durante cuatro años.
Para marzo de 2013, los campesinos organizaron un paro nacional cafetero. Sus exigencias buscaban cerrar brechas de producción y su pliego de exigencias exigencias se centró en solicitar un precio de sustentación para la carga de café, rebajar el costo de los insumos y fertilizantes, democratizar la Federación Nacional de Cafeteros y rechazar la entrega de los terrenos cafeteros a empresas multinacionales y transnacionales.
Durante esta jornada de manifestaciones, Claribel, junto a sus compañeros de protesta, emprendieron una marcha desde el municipio de Rovira hasta el sector del Boquerón, en Ibagué, en donde establecieron un economato que funcionó como despensa para quienes acompañaban la manifestación.
En ese lugar sufrió un hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional que, según cuenta, intentaron llevársela por la fuerza, argumentando que era la conexión entre los campesinos y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, sus compañeros evitaron que la retuvieran.
Cada vez las intimidaciones se hacían más agresivas. Sufrió una tercera amenaza en su finca por medio de un letrero que decía: “fuera ratas, atentamente AUC”.
El Bloque Tolima de las Auc se desmovilizó el 22 de octubre de 2005, en medio de las negociaciones que entablaron la mayoría de grupos paramilitares con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2006. No obstante, ello no implicó que el fantasma del paramilitarismo dejara de rondar por las veredas y corregimientos de Tolima, pues como documentó por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe De los grupos precursores al Bloque Tolima, en 2017 existían diez estructuras derivadas de ese grupo armado ilegal.
Con las amenazas tocando las puertas de su casa, en 2015 Claribel decidió refugiarse en Ibagué y no desfalleció en su lucha por los derechos de las mujeres campesinas, pues se vinculó a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol). Al año siguiente ingresó a la Unidad Nacional Agraria, donde fue delegada como representante legal. Y le trajo un viejo costo ya conocido: nuevamente estuvo bajo la lupa de sus detractores.
Pugna contra la corrupción
A pesar de estar lejos de Rovira, Claribel nunca perdió de vista tierra natal y por su cercanía con la política regional, fue siendo consciente de la presencia cada vez más fuerte de narcotraficantes en el departamento, pero no era un fenómeno nuevo. Para mediados de la década de los años noventa, de acuerdo con estudios de la Policía Nacional y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en ese departamento había más de seis mil hectáreas sembradas con amapola, de las 20.405 que había en el país, bajo el control de las Farc.
Otros indicios prendieron las alarmas de las autoridades tolimenses: El incremento del fenómeno sicarial, el auge de construcciones lujosas, el aumento significativo en el precio de los arriendos y las elevadas cifras de inversión evidenciaron que en Tolima el dinero del narcotráfico se movía de manera fluida.
Al ver que las denuncias y las investigaciones para capturar a quienes manejaban los hilos de estas organizaciones del narcotráfico no daban fruto, Claribel y diez mujeres más se juntaron para formar un movimiento político y participar en las elecciones locales y regionales de octubre de 2019, con la intención de acabar con la corrupción en las instituciones. Por medio de firmas, crearon la Coalición Soluciones y Progreso (CSP).
La líder elegida para representarlas en la contienda electoral por la Alcaldía de Rovira fue Sonia Peláez Barragán quien, además, fue la única mujer entre nueve hombres que se postuló para ese cargo de elección popular. De las demás integrantes del movimiento CSP, 29 tenían aspiraciones de llegar al Concejo Municipal.
Claribel asegura que sus contrincantes políticos hundieron el proyecto de CSP apelando a calumnias y noticias falsas, como decir que “el municipio de Rovira se convertiría en feminista” y que “todas las mujeres serían lesbianas en caso tal que la Coalición Soluciones y Progreso ganara la Alcaldía”.
Finalmente, no lograron sus aspiraciones, pero en términos de resultados, fue un buen ejercicio de participación: Peláez Barragán obtuvo 1.589 votos, la cuarta votación después del Partido de la U (3.053); el Partido Conservador (2.741); y la Coalición Unidos Hacemos la Diferencia (1.654).
En medio del debate electoral, Claribel recibió su cuarta amenaza, esta vez por intermedio de dos hombres que la intimidaron desde una moto; y, posteriormente, hombres sin identificar la buscaron en su casa, aunque ella no se encontraba en la residencia. Estas dos situaciones fueron determinantes para que tomara la decisión de salir del país.
Exilio como último recurso
Esa es la última opción que una persona en situación de riesgo se plantea para salvar su vida y la de su familia, y este no era un caso diferente. Claribel sabía que Colombia no era un lugar seguro para ella y sus hijos, por lo que la decisión fue salir del país.
Por medio de un programa de protección a lideresas de organizaciones populares impulsado por el colectivo internacionalista Soldepaz Pachakuti, consiguió llegar a Gijón, España el 23 de junio de 2020 con una visa diplomática que le fue otorgada gracias a ese programa. Sin embargo, solo era válida por seis meses, razón por la cual regresó a Colombia en diciembre de ese año.
La preocupación para Claribel aumentó cuando se enteró que Natalia*, su hija mayor, también había recibido mensajes intimidantes a su celular, al parecer por sus labores sociales. Pese a las denuncias, el caso quedó en el aire. El intento por llevarla a España también se vio frustrado, pues en el proceso le aseguraron que su hija no era lideresa social.
Una amiga de Claribel, que se encuentra refugiada en España con el apoyo del colectivo Soldepaz Pachakuti, le ayudó a retornar al país ibérico. Ella le dio una mano, compró el pasaje para volver a Gijón y le ha brindado posada desde marzo de este año.
A pesar de estar a salvo, está preocupada por la seguridad de sus hijos, quienes aún están en Colombia y a merced de los hostigamientos de los cuales ella fue víctima años atrás. Su amor de madre la lleva a desear que fueran ellos quienes estén en España y ella en Colombia, situación que le ha impedido encontrar paz en sí misma, al saber que no tiene a sus hijos a su lado y que están expuestos.
Su único hijo varón pertenece al Ejército Nacional, una decisión que respeta, y es consciente que puede pasar mucho tiempo para verlo de nuevo; y por razones de seguridad, no cree pertinente hablar con detalle de sus otras tres hijas, quienes están en diversas ciudades del país.
Actualmente, gracias a la organización no gubernamental Somos Defensores y con ayuda de Pastoral Social, Natalia espera reunirse con su madre en Gijón para que viva con su nieta. Así, además del reencuentro de tres generaciones, le pondrían fin al hostigamiento que Natalia ha padecido los últimos meses.
Claribel, quien trabajó en Tolima en organizaciones agrarias y defendió los derechos humanos de cientos de campesinos, ve su trabajo en el extranjero como una oportunidad para reunir dinero. Trabajos de limpieza en bares y restaurantes le proveen su sustento.
El pasado 11 de marzo solicitó asilo político. La oficina de inmigración en España le solicitó redactar un documento exponiendo su caso y aportando las pruebas sobre las amenazas y hostigamiento que recibió en Tolima.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de España, únicamente han aceptado 624 solicitudes de asilo de 37 mil que han sido presentadas desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Luego de esa rúbrica, las solicitudes se incrementaron en un 330 por ciento.
El caso de Claribel se mantiene como una cifra más que está en proceso. Con la ayuda legal espera aportar las pruebas necesarias para que su caso sea avalado y pueda obtener protección internacional. Dichos soportes también deben reflejar el trabajo social que realizó durante casi dos décadas al servicio de las comunidades campesinas tolimenses.
Sumado a esto, también debe demostrar que el conflicto armado en Colombia, especialmente en Rovira, aún sigue vigente y que las garantías de seguridad para los líderes sociales, defensores de derechos humanos y dignatarios de Junta de Acción Comunal son prácticamente nulas.
El exilio es una respuesta obligada a las conductas violentas que se perpetran en contra de uno o más individuos y en consecuencia de ello los empuja a dejar todo atrás para salvaguardar la vida. Negar esta situación pone en peligro a quienes aún sufren las secuelas del conflicto armado y a quienes hoy en día persisten en defender la vida de las comunidades a las cuales alguna vez pertenecieron.
* Nombre cambiado a petición de la fuente