VerdadAbierta.com recorrió las fincas que el Gobierno le quitó a las Farc en Caquetá. Si bien hay predios en poder de la guerrilla, también hay campesinos que reclaman sus derechos de propiedad, intereses en la explotación de petróleo, y mucho territorio de parques naturales. Este es el primero de tres reportajes desde las entrañas del Caguán y los Llanos del Yarí.
Hace algunas semanas el presidente Santos anunció la recuperación de 280 mil hectáreas de baldíos de la Nación que estaban en manos de los Bloques Oriental y Sur de las Farc. Los nueve predios, que sumados son tan grandes como el Quindío, se encuentran en los límites del Caquetá y el Meta, y según el Gobierno, irían al Fondo de Tierras que con fines de reforma agraria se ha pactado entre gobierno y guerrilla en La Habana.
La noticia no estuvo exenta de controversia. El experto Alejandro Reyes, asesor del Gobierno en materia agraria en los diálogos de paz, dijo inicialmente que el Presidente había sido engañado. Pero, luego, se retractó y admitió que la información que poseían el Incoder y otras instituciones era cierta. VerdadAbierta.com viajó al corazón de estas tierras y recorrió, por lo menos, 80 kilómetros entre San Vicente del Caguán (Caquetá) hasta La Macarena (Meta), donde están ubicados los baldíos y las haciendas que, según la Fiscalía, pertenecen a ese grupo armado.
Según los investigadores judiciales, se trata de un corredor estratégico donde los insurgentes compraron todas las tierras que pudieron mientras estuvo vigente la zona de distensión, durante el gobierno de Andrés Pastrana. El propósito era asegurarse rutas para la economía ilícita y la movilidad de los comandantes y escuadras guerrilleras.
Aunque el Gobierno ha reiterado que en los predios no hay campesinos sino administradores de las fincas, VerdadAbierta.com encontró familias que reclaman aquellas tierras como propias; y que viven en una zona que se disputan dos departamentos, con alta presencia guerrillera y militar.
Esta es la historia de los pueblos, la gente y la tierra que hoy busca recuperar el Estado.
San Vicente del Caguán
Calle en San Vicente del Caguán - Foto: VerdadAbierta.com
A pesar de que San Vicente del Caguán ha estado en el ojo del huracán por ser el epicentro de la recuperación de baldíos más grande de la que se tenga memoria, allí ni las autoridades locales, ni las organizaciones sociales saben nada del tema. Aseguran que se enteraron de la “recuperación” por televisión cuando los noticieros mostraron un operativo conjunto de la Superintendencia de Notariado y Registro, el Incoder y las Fuerzas Armadas. A las instituciones municipales apenas están llegando, a cuenta gotas, las familias notificadas, para pedir ayuda.
En Caquetá, como todos los departamentos de la Amazonía, la documentación sobre la propiedad de la tierra es casi nula. En un diagnóstico catastral, la Superintendencia de Notariado encontró que solo a partir de 2008 se lleva un debido registro de los predios en San Vicente del Caguán. Por tanto, pocas personas se atreven a señalar la ubicación de sus predios en un mapa. “La información sobre títulos es absolutamente pobre. En el Incoder nos dijeron que la documentación magnética se había perdido y la física estaba mojada”, cuenta Sandra Jaramillo, directora de Red Caquetá Paz, una fundación que hace parte de la Red Prodepaz en ese departamento.
El único caso que todos conocen es el de Villa Nohora, un predio ubicado a las afueras del pueblo que en 1999 fue escenario de los primeros acercamientos entre el expresidente Pastrana y los líderes de las Farc para comenzar los fallidos diálogos de paz. La Fiscalía dice que el predio le pertenece al ‘Mono Jojoy’, pero Rómulo Hernández, un campesino del Huila, asegura con papeles en mano que lo compró limpiamente.
Los Pozos
Ubicación de Los Pozos en la zona de litigio entre Caquetá y Meta - Foto: VerdadAbierta.com
Tomando la vía que de San Vicente conduce a La Macarena, a 30 kilómetros que se recorren en una hora de camino, está la inspección de Los Pozos. Allí la multinacional Emerald Energy instaló en 2010 el primer pozo petrolero del municipio. Este caserío es un buen ejemplo de cómo algunos pueblos del Caquetá han crecido improvisadamente en torno a la explotación de esta tierra selvática y sin presencia del Estado.
Los Pozos, como el resto de la zona rural de San Vicente, es tierra de colonos. La violencia política y las bonanzas atrajeron a campesinos de Tolima, Huila, Cauca y de otros municipios del mismo Caquetá. Las primeras familias entraron a mediados del siglo XIX tumbando monte atraídas por la quina, una planta amazónica de uso medicinal. Luego vino el caucho y en 1970 empezó el comercio con la madera.
En los 80 llegó la bonanza cocalera con la entrada del Cartel de Medellín y la instalación de los primeros cristalizadores y laboratorios. Las Farc, que operaron en la zona desde mediados de los 60, aprovecharon esta nueva ola para consolidarse en la zona y alimentar sus finanzas.
Los miles de campesinos que llegaron crearon las veredas y les pusieron nombres, ellos mismos construyeron los puestos de salud, las escuelas y las vías. Muchas de ellas con supervisión o, incluso, por orden de la guerrilla.
Si bien en 1999 Caquetá tenía 30 mil hectáreas sembradas con coca, esa cifra en 2014 se redujo a 6.542 hectáreas. Quince años de fumigaciones y erradicación forzada cambiaron drásticamente la economía de la región que pasó a ser ganadera. Este rubro representa el 75% de la economía del departamento, siendo el séptimo en el contexto nacional. Se calcula que hay 2.800.000 hectáreas de praderas y cerca de 1.650.000 cabezas de ganado. Todo ello con un enorme costo ambiental, pues Caquetá se ubica como el primer departamento en deforestación de la Amazonía y El Caguán, la subregión más predadora bosques.
A pesar de que Emerald Energy abandonó El Caguán, por la caída de los precios del petróleo, muchos caqueteños están seguros de que pronto el destino de esta región no estará en manos de la ganadería, que hoy es su principal sustento, sino de la extracción petrolera.
Las Delicias
Estación de la Emerald en Los Pozos. La verdadera pelea por el territorio comenzó en 2008 cuando el Ministerio de Minas y Energía anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo. - Foto: Semana.com
A 40 minutos de Los Pozos –en el tramo más enlodado de este viaje- está la vereda Las Delicias. Muy similar a los demás poblados: tres cuadras de casas de madera, un par de cantinas, una iglesia evangélica y una pequeña escuela. Todos hacen parte de una zona que está en medio de un litigio.
“Como no sabemos si estamos en el Meta o en el Caquetá, no nos titulan la tierra y si no tenemos tierra, no tenemos nada”, cuenta un campesino que durante muchos años vivió en Las Delicias y pidió la reserva de su nombre. Aunque la mayoría de los predios son propiedad de la Nación, en la práctica esta tierra no es de nadie y la única autoridad visible para los campesinos son las Juntas de Acción Comunal, las Farc y las decenas de iglesias evangélicas que hacen proselitismo religioso.
Estas veredas, donde el Gobierno pretende recuperar las tierras que la guerrilla se apropió, se encuentran en una zona de litigio. Desde 1981 los caqueteños han insistido que 10 mil kilómetros que hacían parte de San Vicente fueron delimitados dentro del Meta. Pero la verdadera pelea por el territorio comenzó en 2008 cuando el Ministerio de Minas y Energía anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo.
“El petróleo es el problema. No es que esta parte sea del Meta porque quieran invertir, sino para cobrar regalías. Eso es todo”, afirma Ómar García, quien fue alcalde de San Vicente durante la zona de distensión. Caquetá inició el reclamo formal de esas tierras, el cual debe ser resuelto por el Congreso.
En la práctica, esta disputa tiene en el limbo esos predios. Aunque el Incoder afirma que no hay ninguna solicitud de títulos de las nueve fincas recuperadas por el Gobierno, los habitantes de la zona aseguran que esa entidad se niega a legalizarles las tierras, argumentando que aún no se sabe a qué departamento pertenecen. Por eso la mayoría de los colonos tiene cartas-ventas o certificados de las Juntas de Acción Comunal, pero no títulos reales. De esto no se salvan ni siquiera las escuelas.
Alcalde de San Vicente del Caguán
Aunque los departamentos reclaman esas tierras, poco invierten y las responsabilidades no son claras. Mientras en los colegios puede haber profesores de ambos departamentos, es común que los centros de salud duren meses cerrados porque ninguno de los dos asume esta responsabilidad. En invierno son las mismas comunidades las que tienen que arreglar las trochas inundadas.
Los pobladores pueden inscribir sus cédulas en cualquiera de los dos departamentos para elegir a sus representantes e incluso en algunas inspecciones hay una Junta de Acción Comunal por cada departamento, lo que ha creado conflictos entre los mismos pobladores.
La Machaca
La Machaca es un cacerío de nos más de 20 casas - Foto: VerdadAbierta.com
Desde mediados de los 60 el Bloque Oriental de las Farc ha hecho presencia en los límites entre el Caquetá y el Meta. De acuerdo con la Fiscalía, una vez se rompieron los diálogos de paz con Pastrana en 2002, Jorge Suárez Briceño, más conocido como ‘Mono Jojoy’, decidió apropiarse de grandes extensiones de fincas en este corredor y para ello creó el Frente 62 “Combatientes del Yarí”.
"Mantener control del llano y no permitir la entrada de más personas en el área, todo negocio de tierras y otras propiedades deberá contar con el visto bueno de nuestra organización", dice un documento titulado Plan Yarí encontrado en el computador del ‘Mono Jojoy’.
Nadie niega el control de las Farc, ni la apropiación masiva de tierras. Saben que ninguna persona ajena a estas veredas puede entrar sin estar acompañada por alguien local. Sin embargo, los campesinos fundadores, que llegaron incluso antes de que lo hiciera la guerrilla, aseguran que no todas las fincas son del grupo armado y sienten que sus predios pueden ser estigmatizados.
“Dicen que todas las fincas son del ‘Mono Jojoy’ y eso no es cierto. Nadie está negando que en Caguán haya presencia insurgente ni la relación que ha habido entre los grupos armados y los habitantes. Pero bajo ese concepto están estigmatizando a toda la comunidad”, dice Herson Lugo, presidente de Caguán Vive, una corporación de derechos humanos de la región.
Por ejemplo en La Machaca, un pequeño caserío de no más de 20 casas, los pobladores hablan del helicóptero que aterrizó en Arizona, una finca cercana, a finales del año pasado. Funcionarios del Incoder y del SuperNotariado llegaron a notificar a los ocupantes que debían desalojar porque esa tierra pertenecía a la Nación.
“Hay una confusión muy grande y es una injusticia. Mi finca no es de las Farc, yo la compré hace 10 años”, asegura Orlando Almanza, quien se opuso a la medida del Incoder. Desde comienzos de 2013, el ocupante sabía que la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía estaba investigando el predio, pero como no se sabe la ubicación exacta, no se lo han quitado. Así mismo, la investigación también está en manos del Incoder pues podría tratarse de un baldío de la Nación.
La finca tiene 103 hectáreas que arrienda a terceros para alimentar más de 100 cabezas de ganado. Hay establos y maquinaria que están a cargo de un par de cuidanderos que viven en el predio. “No negamos que haya personas ocupando los predios, pero un campesino se caracteriza por tener cultivos de pancoger y no vimos, el ganado por lo general es suyo y en estos casos no es así, además, la tierra la ocupan ellos mismos y no cuidanderos”, dijo Carlos Carmona, subgerente de tierras rurales del Incoder.
Almanza cuenta que llegó a la región en 2005, cuando decidió cambiar su tierra en Paujil, también en Caquetá, por el predio llamado Arizona. Transacción de la que tiene registros y títulos a su nombre. Para el finquero de 65 años, las autoridades están confundidas, pues las resoluciones de recuperación hablan de una propiedad llamada La Hacienda, ubicada en la contigua vereda de La Sombra de 112 hectáreas.
La Sombra
Graffitis en La Sombra - Caquetá - Foto: VerdadAbierta.com
A más de tres horas de camino hay cuatro retenes del Ejército y hombres armados patrullando las vías, pero en las veredas se siguen cumpliendo al pie de la letra las normas que durante décadas han impuesto las Farc. En La Sombra, al igual que en la entrada de las demás veredas, hay un letrero que indica que la multa para quien exceda la velocidad es de un millón de pesos.
El costo es el mismo para los que se peleen con machetes en el pueblo, 300 mil si el enfrentamiento es solo verbal, 500 mil si discute públicamente con su pareja y si hay violencia física los dos - incluida la víctima- son obligados a reparchar un kilómetro de la vía. Quien sea encontrado robando debe abandonar el caserío.
Los dineros son recaudados por las Juntas de Acción Comunal (JAC), las mismas que anualmente exigen 5 mil pesos por cabeza de ganado a cada finquero de la vereda. Si un poblador no le paga a la JAC, milicianos de la guerrilla - que en la mayoría de estos pueblos están vestidos de civil- hacen una primera advertencia. Si no cumplen sus órdenes, pueden ser obligados a abandonar el lugar.
Eso no significa que los miembros de las JAC hagan parte del grupo armado, ni tampoco que lo sean los campesinos que acatan estas reglas. Es el orden social que ha impuesto la insurgencia durante décadas. “Esta región no se puede entender sin lo que ha significado la presencia de las Farc, que han terminado copando gradualmente la presencia del Estado, sobre todo en las áreas rurales. Unos aceptan quedarse en el territorio por convicción y otros por obligación”, dijo un líder social que ha trabajado por más de 20 años en San Vicente del Caguán y que pidió la reserva de su nombre.
Para algunos habitantes consultados por VerdadAbierta.com no se trata de una extorsión, sino de medidas desesperadas para acceder a los servicios básicos que el Estado no les brinda. Las mil personas que viven en La Sombra sin agua potable, alumbrado público ni alcantarillado son un buen ejemplo de lo que sucede en todas estas veredas. Según ellos, el dinero recolectado se ha usado para comprar plantas eléctricas, construir pozos sépticos y arreglar las vías.
“Es que los guerrilleros no llegaron en paracaídas ni platillos voladores. Son la misma gente de la región, los primos, hermanos y tíos. Viven juntos y se tejen relaciones, eso es inevitable”, dice Sandra Jaramillo. Y agrega que los fuertes procesos comunitarios que han caracterizado al Caquetá no están en riesgo solo por las presiones de las Farc, sino por la estigmatización que sufren los líderes campesinos.
También han logrado sobrevivir las iglesias evangélicas que hay en cada una de las veredas e inspecciones. Aunque La Sombra tiene solo cuatro cuadras de largo hay tres iglesias cristianas, a la que la mayoría del pueblo asiste puntualmente los domingos. Los pastores de las iglesias han permanecido en este apartado territorio a pesar de que las Farc ha perseguido y asesinado a los pastores que se han resistido a cumplir sus órdenes.
Casa Roja
Vista de Casa Roja - Foto: VerdadAbierta.com
“Casa Roja era una casita en material donde tenían fogones y todo lo que era el campamento de ellos. Más abajo, quedaba el campamento del ‘Mono’ (Jojoy) en la finca Piscinas”. Como este habitante de la región, todas las personas con las que habló VerdadAbierta.com susurran cuáles son las tierras de las Farc: El Taller, Los Lagos, La Cachamera, Los Negritos y Mate Pasto. Algunas fueron compradas, unas simplemente invadidas y otras se obtuvieron con títulos falsos. La Fiscalía ya dictó medida cautelar contra todos estos bienes desde 2013.
El trabajo de identificación de estos predios comenzó hace más de dos años. Aprovechando versiones de los guerrilleros que están postulados a la ley de Justicia y Paz, como Ely Mejía alias ‘Martín Sombra’, los investigadores pidieron la extinción de dominio de más de 50 bienes de las Farc. “A diferencia de los bienes de las Autodefensas, los guerrilleros solo los denuncian, pero no los ofrecen. Por eso la labor de investigación de la Fiscalía ha sido más intensa”, dice Ana Fenney Ospina, quien hasta hace poco fue la coordinadora del grupo de bienes de la Dirección de Justicia Transicional.
Los pobladores concuerdan con la versión oficial de que entre 1999 y 2002, en plena zona de distensión, las Farc se dedicaron a comprar fincas entre las veredas La Sombra y La Y, pero aseguran que no negociaron con todos los campesinos. “A nosotros nos ofrecieron como 20 millones por más de 200 hectáreas pero eso no compensaba todos los años de trabajo y no vendimos”, relata un habitante de la región.
Al respecto, sin especificar si la guerrilla estuvo o no involucrada, en 2012 la Superintendencia de Notariado señaló 20 transacciones excesivamente baratas en San Vicente del Caguán. Una de ellas fue una hacienda de 5 mil hectáreas que se vendió por solo 20 millones de pesos.
Ómar García conoce bien la situación pues fue alcalde del Caguán durante el proceso de paz de las Farc con Pastrana. Dice que en la zona de despeje, Marulanda, el ‘Mono Jojoy’ y Romaña tenían sus fincas en el municipio, ya que la gente se las vendía atemorizada.
Otra de las estrategias de la guerrilla para quedarse con la tierra fue traer colonos. “La organización les hace papeles, los papeles los saca el tipo que tiene los documentos y hacen el negocio de venta simulado para que quede legal las cosas, pero las fincas siguen siendo de las Farc porque Marulanda dijo que las tierras no se vendían nunca”, especificó una desmovilizada del Frente Yarí en una de las versiones que rindió ante la Ley de Justicia y Paz.
En 2013, la Superintendencia y el Incoder desmantelaron nueve resoluciones falsas, en las que supuestamente el Incora y el Ministerio Público autorizaban darles a nueve personas 1.700 hectáreas que eran de la Nación. Luego, fueron dos oficios ficticios que facultaban, con la firma del director del Incoder en Caquetá, Rafael Losada, a registrar los títulos a nombre de esas personas. En diciembre de 2013, Losada se enteró de lo sucedido y escribió un correo desmintiendo que esa fuera su firma y que las nueve fincas pudieran ser de los privados.
Hacer clic para ver el correo
Uno de los predios involucrados en la falsificación de títulos era Casa Roja. Esta es una de las fincas que el Gobierno pretende recuperar y que dicen que la guerrilla utilizó para engordar su ganado. De acuerdo a la versión de la desmovilizada, las Farc tenían reses en el Caguán porque unas se las quitaron al Fondo Nacional del Ganado, otras a los que consideraban informantes y unas más las compraron. Un ganadero que conoce la región agregó que la guerrilla negocia con tenedores de ganado para luego partir por mitades la utilidad.
Él agrega que es un negocio difícil de controlar, especialmente en un municipio tan ganadero como San Vicente, porque no hay un registro serio de cuántas reses existen en la realidad. Los dueños del ganado buscan la manera de eludir tanto los impuestos del Gobierno como las ‘vacunas’ de la guerrilla. “De las 26 millones de cabezas que dicen que hay en Colombia, sólo están registradas ante la Dian 9 millones. De resto, todo el mundo se las pasa por la faja”, dice. De hecho, el exdirector de ese organismo tributario dijo este año en una entrevista con VerdadAbierta.com que la ganadería es una caja negra, pues nadie sabe a ciencia cierta cuánto hay realmente y a través de esa actividad lavan activos guerrillas, paramilitares y mafias.
En la zona dicen que esas fincas están deshabitadas y sin ganado desde que la Fiscalía comenzó a investigar, pero la desmovilizada del Frente Yarí tiene otra versión. “Cuando pasa el Ejército vuelven y sacan el ganado. Esas fincas como Casa Roja o El Taller son centrales porque pasa la carretera de San Vicente a La Macarena”.
Playa Rica
Vía entre San Vicente del Caguán y Playa Rica - Foto: VerdadAbierta.com
Los funcionarios del Incoder llegaron a la finca La Esperanza en un helicóptero del Ejército el 2 de julio de este año. Cuando se bajaron de la aeronave, le entregaron un papel a la única persona que estaba en ese momento y volvieron a despegar. Era la notificación de que el Gobierno recuperaría ese lote por estar “indebidamente ocupado”. A renglón seguido, explicaron que habían publicado en web la información, esa que les interesaba a los pobladores del lugar donde ni siquiera entra señal de celular.
“En todas las fincas a las que fuimos había como unos administradores que desconocen de quién es la tierra o dicen que no es de ellos y que simplemente administran el ganado”, dice Carlos Ignacio Carmona, subgerente de Tierras Rurales del Incoder.
En La Esperanza los recibió un señor que sostiene que vive allí desde hace cuatro años. Le entregaron la única notificación que repartieron en su recorrido por uno de los nueve predios recuperados. Días después, un campesino presentó un recurso de reposición por esa finca. “Pero fue otro señor diferente al que nos recibió, que dice ser el dueño desde hace 25 años. Algo que no puede decir si no vive allá”, explica Carmona.
Pero hay otra versión. Ángela Córdoba dice que su tío era quien estaba en la finca cuando aterrizó el helicóptero y fue quien recibió a los funcionarios. Pero que el dueño es su papá Luis José Héctor Córdoba, y por eso ahora quieren demostrar que de esa tierra viven 15 familiares, aunque no todos están presentes en el lugar. “Los abogados nos dicen que le mostremos al Incoder que en el predio sí hay personas, que sí tenemos cultivos y ganadería. Esto no es ilegal y no tenemos nexos con ningún grupo armado”.
Córdoba es un huilense que llegó a Caquetá hace varias décadas para trabajar en fincas. Primero fue en Paujil y luego se instalaron en San Vicente del Caguán. El lote al que llegaron a vivir se los dio Félix Trujillo, uno de las 10 personas que más tierra acumula en todo el municipio, según la Superintendencia de Notariado y Registro. A su nombre y al de Eduardo Correa Cano, hay 18 mil hectáreas que antes eran baldíos, de acuerdo a la información oficial. La Superintendencia lo considera uno de los mayores acumuladores pues en San Vicente del Caguán la Unidad Agrícola Familiar es de 58 a 78 hectáreas para las tierras ubicadas en cordillera, de 86 a 117 para altillanura y 1677 a 2269 para sabanas.
Audio Ángela Córdoba
Ángela cuenta que viven en La Esperanza desde antes de la zona de distensión, que se asustaron cuando la guerrilla llegó al territorio porque nunca la habían visto y que se enteraron de la ruptura del proceso de paz de Pastrana cuando el Ejército volvió a bombardear cerca de su finca. Insiste en que a pesar de sufrir de cerca el conflicto, quieren quedarse en el lugar. “Por ahí hace 10 años buscamos el título de las tierras pero siempre nos dicen que no porque estamos en zona de litigio”, dice.
El Recreo
Entre más se alejan de la cabecera municipal, las tierras que quiere recuperar el Gobierno son más grandes e inhóspitas - Foto: VerdadAbierta.com
Más adentro de las sabanas del Yarí, las fincas son todavía más grandes. Para llegar a El Recreo, hay que recorrer por lo menos otras dos horas de camino desde Playa Rica.
“Este es un ejemplo de esa tierra que irá a alimentar el banco de tierras y que se va a traducir en tierras para los campesinos pero de forma productiva”, dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando anunció la recuperación de los baldíos.
Los campesinos que viven en la zona están de acuerdo que allí hay grandes extensiones de terreno, pero no necesariamente productivas. Durante este viaje solo se ven grandes fincas dedicadas a la ganadería. A diferencia de otras zonas del país, un pequeño ganadero aquí es el que tiene 150 vacas, una por cada hectárea de tierra, y no se le considera un rico.
La tala de la selva, la ganadería y el monocultivo de coca han desgastado el suelo. No hay cultivos de alimentos. “Nosotros queremos dejar de cultivar coca, pero como no tenemos títulos de la tierra, nos niegan los créditos, y con estas carreteras es imposible sembrar otra cosa que sea rentable”, dice Querubín, el único campesino de La Machaca que se ha atrevido con otro tipo de cultivos.
La tierra ha sido testigo de la guerra y abandono que ha vivido esta región. Desviándose hacia al sur, a más de dos horas de camino de carretera destapada, cerrada en los meses de lluvia, queda una finca de 25 mil hectáreas conocida como México. La llaman así por su primer dueño, 'El Mexicano', que construyó allí junto al también narcotraficante, Carlos Ledher, inmensos laboratorios de base de coca.
“El Mexicano” le declaró la guerra a las Farc luego de que un grupo de guerrilleros robaran uno de sus cargamentos de droga. A comienzos de los 80 llevó al corazón de las Farc el primero grupo paramilitar que existió en Caquetá, así como lo hizo en el Meta. Sin embargo, este grupo solo duró un par de años porque el Bloque Sur lo expulsó. Diez años después, Los hermanos Castaño y luego los hombres del alias ‘Macaco’ crearon grupos paramilitares en ese departamento, pero los enfrentamientos con la guerrilla eran tan fuertes que nunca más lograron llegar hasta San Vicente del Caguán.
Todo esto ocurrió a espaldas de un Estado que aún hoy solo hace presencia militar en la zona. México pasó a manos del exjefe paramilitar y narcotraficante alias ‘Don Berna’, postulado a la Ley de Justicia y Paz, y, desde 2011, es el bien más extenso que está en manos del Estado para reparar a las víctimas. Bienes como la finca México, que desde años atrás estaban en manos del Gobierno y no hacen parte de la recuperación actual, son un ejemplo de la dificultad de administrar la tierra. Los funcionarios encargados solo han podido visitarla una vez en helicóptero. “Sumados todos los predios que fueron de las Farc y están en poder del fondo hay más de 9.000 hectáreas, pero no tenemos garantías de administración por la situación de orden público”, dice Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación, una dirección de la Unidad de Víctimas.
Los campesinos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que la finca México es pequeña comparada con los hatos ganaderos que están hacia el sur en las miles de hectáreas que hay entre la inspección de Ciudad Yarí y la vereda de la Tunia, todas en zona donde las Farc tienen control total del territorio. “Un solo hato puede tener hasta cinco veredas y uno puede tardar hasta un día en llegar de una otra”, comenta una persona que lo ha recorrido.
Entre más se alejan de la cabecera municipal, las tierras que quiere recuperar el Gobierno son más grandes e inhóspitas. Yarí adentro, la única presencia estatal es la del Ejército, que de hecho fue quien identificó los nueve predios recuperados. La informalidad de la tierra es casi una regla. Por las carreteras sólo transitan los pobladores de la zona y hasta el Incoder y la Superintendencia de Notariado tienen que llegar en helicóptero. ¿Cómo llegará entonces el Estado? ¿Quiénes irán a vivir en esas lejanías?
A eso se suma que la mayoría de las 280.000 hectáreas recuperadas están en tres parques nacionales, por lo que son intocables. Además, existe un mapa de intereses mineros y petroleros en este territorio que riñe con que en un futuro las tierras sean distribuidas entre campesinos pobres. Espere la próxima entrega.
