Tribunal niega restitución a víctimas del paramilitarismo

En 1997, varias familias del corregimiento de Orihueca, por entonces perteneciente al municipio de Ciénaga, Magdalena, se vincularon a la Asociación Mixta de Campesinos Obreros de La Victoria (Asomvic), liderada por Carlos Pérez*. El dirigente, interesado en la adjudicación de tierras a campesinos pobres, los convenció de instalarse en la finca Cantagallar, ubicada en el corregimiento Tierra Nueva, del municipio Puebloviejo.

Según le contó varios años después a la justicia, Pérez promovió el ingreso de los campesinos después de reunirse con los terratenientes Carlos y Roberto Olarte Loaiza, propietarios del predio, quienes le manifestaron su interés en venderle las tierras al entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), que compraba fincas para adjudicárselas a trabajadores del campo. De acuerdo con Peréz, los Olarte le pidieron trasladar personas a Cantagallar con el objetivo de presionar la compra por parte del Incora.

Los campesinos de Asomvic se instalaron allí con la esperanza de que el Incora les titulara las tierras, teniendo en cuenta que no eran propietarios y que dependían de trabajos inestables como pescadores, jornaleros en fincas bananeras y picadores de huesos en el matadero del pueblo. La mayoría de las mujeres, por su parte, se dedicaba al trabajo doméstico.

Una vez instaladas en Cantagallar, las familias limpiaron el terreno, construyeron casas de bareque y sembraron ají, maíz, arroz, yuca, papaya, tomate, cilantro, patilla y melón. En la gallera de Tierra Nueva, la Asociación se reunía frecuentemente para conversar sobre los avances del proceso y recoger fondos para adquirir herramientas.

Posteriormente, las campesinos compraron gallinas, cerdos, pavos, patos, vacas, chivos, carneros y perros, y cazaron conejos, armadillos, venados e iguanas. Para complementar la dieta, intercambiaron verduras y madera por pescado con las familias del vecino corregimiento Trojas de Cataca.

Debido a que ese mismo año Cantagallar se inundó, buena parte de las familias se trasladaron a las fincas El Chimborazo, Ceibones y Las Nigrinis, también de propiedad de los Olarte. Allí se distribuyeron la tierra, sembraron cultivos de pancoger y criaron animales. Durante el desarrollo de esas tareas, Asomvic recibió apoyo de líderes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y realizó negocios con la Federación de Pescadores de Puebloviejo.

En 1998, Carlos Olarte firmó un contrato de arrendamiento con el líder campesino David Viloria para sembrar maíz en El Chimborazo, que incluía la posibilidad de que los labriegos solicitaran su adjudicación en caso de compra por parte del Incora. Esperanzadas en el cultivo, varias de las familias que se encontraban en las fincas vecinas se trasladaron allí para participar en la siembra. Pese a los compromisos adquiridos, Viloria desapareció con las ganancias de la primera cosecha.

No obstante haber sufrido esa pérdida, los campesinos continuaron trabajando la tierra con la intención de que les fuera adjudicada. Por entonces, tras casi dos décadas de presencia guerrillera en la región, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) habían conseguido instalarse en Tierra Nueva.

En 1999, los paramilitares empezaron a violentar a los habitantes de los cuatro predios, obligándolos a cocinar para ellos y a lavar su indumentaria, entre otras tareas.

Además de someter a la comunidad a trabajos forzados, las Auc cometieron graves hechos de violencia sexual. Hasta 2015, la Unidad de Restitución de Tierras había identificado 29 casos, en los que fueron victimizadas 27 niñas y mujeres, y dos hombres. Por dos de esos hechos, en 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó en calidad de autor mediato al excomandante del Bloque Norte de las Auc, Salvatore Mancuso, a la pena de ocho años de prisión.

En un informe confidencial sobre esos hechos, la Corporación Humanas concluyó que las familias de Asomvic fueron víctimas de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, esclavitud sexual y tortura, entre otros graves delitos. Desde finales de 2000, los múltiples crímenes cometidos en la zona llevaron a los campesinos a desplazarse definitivamente al corregimiento de Orihueca, los departamentos de Cesar y Atlántico, y el país fronterizo de Venezuela.

En 2015, 102 campesinos solicitaron la restitución de las cuatro fincas. En la demanda, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) concluyó que “en el caso de la comunidad de campesinos y campesinas explotadores de los predios Chimborazo, Cantagallar, Nigrinis y Ceibones se ha configurado como estrategia de despojo la violencia sexual en concurso con otros crímenes”.

Siguiendo el informe de la Corporación Humanas, la URT expresó que “la presión ejercida por los paramilitares tuvo como finalidad sacar a los campesinos y campesinas de las tierras, generar tal terror que entre sus posibilidades no apareciese nunca el deseo de regresar y desestimular cualquier posibilidad de denunciarlos ante autoridad cualquiera”.

En octubre de 2018, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena reconoció la calidad de víctimas de los reclamantes. No obstante, negó la restitución de El Chimborazo, Ceibones y Cantagallar, con el argumento de que los campesinos nunca actuaron como poseedores, sino como tenedores, dado que trabajaban la tierra, pero reconocían como propietarios a los hermanos Olarte.

No obstante, le ordenó a la Unidad para las Víctimas, a los ministerios de Vivienda y Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que realizaran una caracterización socioeconómica de las víctimas, con miras a priorizar la asignación de subsidios o beneficios para la adjudicación de tierras y la entrega de viviendas.

La decisión fue diferente para los 15 solicitantes de Las Nigrinis, a quienes el Tribunal ordenó restituir el predio con el argumento de que jurídicamente es un baldío, por lo que los campesinos ostentaban la calidad de ocupantes cuando fueron forzados a abandonar la tierra y suspender su explotación.

Para Paula Villa, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la decisión del Tribunal frente a las primeras tres fincas constituye una “versión muy formalista de lo que es la posesión, porque desconoce que las personas entraron allá con el interés de que les adjudicaran las tierras e ignora la figura mediante la cual muchas personas lograron la propiedad en el Magdalena y el Caribe, donde los propietarios de grandes extensiones buscaron campesinos que entraran a sus predios para posteriormente vendérselos a altos precios al Incora”.

Villa explica, además, que “lo que busca la justicia transicional es que se vuelva a la situación anterior a los hechos de violencia. Si volviéramos a ese momento, las personas habrían continuado con la explotación, la parcelación y la titulación. El conflicto se atravesó en estos planes y lo que debe hacer la justicia es regresar a las personas a la situación en la que se encontraban”.

Por ahora, las víctimas de El Chimborazo, Ceibones y Cantagallar continúan a la espera de que las entidades estatales realicen la caracterización socioeconómica que les abriría las puertas para acceder a tierras productivas por otras vías, mientras los solicitantes de las Nigrinis requieren con urgencia la entrega material del predio en condiciones de seguridad.

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*Nombre cambiado en el expediente judicial para proteger la identidad del declarante.

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​