Nadie dijo que sería fácil. Desde que se planteó la restitución de tierras arrebatadas o abandonadas en medio del fragor del conflicto armado en la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, eran pocas las probabilidades de alcanzar la meta de 6,5 millones de hectáreas restituidas dentro de 10 años.

Pero al ritmo actual en que van los procesos de restitución, tomaría unos 109 años para alcanzar la meta, según la Fundación Forjando Futuros, que monitorea los casos de restitución.

A 13 años de la aplicación de la ley se ha alcanzado poco más del 10 por ciento de los 6,5 millones de hectáreas proyectadas: al 18 de abril 2024 sólo se ha logrado restituir 668,560 hectáreas en todo el país. (Leer más en: Agridulce ha sido la restitución de tierras en Colombia)

“No podemos seguir así,” dijo Nora Saldarriaga, directora de Forjando Futuros al presentar las cifras de la investigación sobre el proceso de restitución. “Los campesinos no pueden esperar 109 años para que la restitución sea una realidad.”

Saldarriaga destacó que en los primeros 17 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha restituido sólo 71.000 hectáreas comparado con 161.000 hectáreas en los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque, aunque el número de familias beneficiadas ha sido mayor durante el actual gobierno (2.250 vs. 1.757).

Saldarriaga dijo que la solución del estancamiento en el proceso pasa por la aprobación en el Congreso de la República del Proyecto de Ley 280 de 2022, que busca darle facultades a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para adelantar el proceso de restitución de tierras por vía administrativa en casos en donde hay un sólo reclamante.

Actualmente el proceso de restitución tiene dos fases: la primera, administrativa, en manos de la URT; y la segunda, judicial, a cargo de los Tribunales de Restitución de Tierras. Una vez la URT aprueba la solicitud de restitución pasa a los tribunales que tienen un plazo de 120 días para resolver. Sin embargo, según Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros, ese plazo se ha cumplido en menos del uno por ciento de los casos.

“En la fase judicial hay una tremenda sobrecarga. Los procesos se están demorando años y años,” dijo. El promedio, añadió, es de tres años.

En el 72 por ciento de los 16.085 casos resueltos judicialmente no ha habido oposición, lo que significa que la víctima es el único reclamante. “Estos podrían ser restituidos sin la intervención de un juez,” dijo Can.

Extrapolando las cifras de los casos ya resueltos, Forjando Futuro calcula que por vía administrativa se podrían restituir 3,6 millones de hectáreas —el 64 por ciento de la meta inicial de restitución—.

Al liberar a los tribunales de los casos no controversiales, “se abriría un espacio para acelerar el proceso de la restitución de los casos más complejos; por ejemplo, casos de despojo por empresarios”, dijo Can. “De esa forma se saca el despojo de la impunidad haciendo justicia”.

The post En 13 años sólo se ha restituido el 10% de las tierras prometidas appeared first on VerdadAbierta.com.

La inmensa finca al sur de Cesar ha sido objeto de disputa judicial entre familias desplazadas por la violencia paramilitar y empresas de palma africana controladas por el empresario Germán Efromovich. La semana pasada, a 150 familias les otorgaron provisionalmente predios de extinción de dominio, mientras el proceso de restitución sigue cursándose lentamente en los tribunales.

Unas 175 familias llevan décadas luchando por tierras en el sur de Cesar que hacen parte de la finca conocida como Hacienda Bellacruz. Dos veces han ganado sus reclamos ante instituciones del Estado. Pero a pesar de haber ganado en papel, no han podido disfrutar las victorias en el terreno. 

A mediados de los años 90, las autoridades de tierras les adjudicaron una sección de la inmensa hacienda que estaba en las manos de la familia del exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda, al descubrir que una parte eran baldíos de la Nación. Poco tiempo después, el 14 de febrero de 1996, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) desplazaron al centenar de familias que ocupaban el predio e instalaron allí una base de operaciones que funcionó hasta su desmovilización en 2006.

En 2008, esas tierras fueron adquiridas por varias empresas que cultivan palma de aceite africana y cuyo socio mayoritario es German Efromovich, anterior dueño de la aerolínea Avianca. La compañía rebautizó el predio bajo el nombre de La Gloria. (Leer más en: Tierra prometida en Bellacruz)

Desde entonces las víctimas han librado disputas judiciales por la restitución de la parte de esas tierras que les había sido adjudicada en los noventa. En 2016, parecía que habían ganado nuevamente: la Corte Constitucional falló a favor de los campesinos y ordenó activar acciones de restitución, lo que derivó en que la disputa se trasladara a tribunales de restitución de tierras.

Desde hace seis años el reclamo de los campesinos en contra de las empresas yace ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja.

Nury Martínez, coordinadora de tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a 40 de los solicitantes, explica que la restitución ha atravesado muchas dificultades para integrar a todas las familias desplazadas y fallar colectivamente. Esto incluye que dentro del proceso se caracterizaron familias que no fueron víctimas directas del desplazamiento de Bellacruz, pero sufrieron los estragos del paramilitarismo en la región.

“Han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos —cuenta Martínez de la CCJ—, y por ello, actualmente son demandantes en un proceso de restitución de tierras que les repare integralmente los daños causados.”

Pero el proceso ha sido largo y, las maniobras legales de las empresas de Efromovich lo han alargado aún más. A inicios de 2024, la sociedad M.R. de Inversiones S.A.S., contraparte en el proceso, instauró una tutela contra el juzgado de restitución de Barrancabermeja que tiene el caso, argumentando que se había omitido la práctica de algunas pruebas. El 6 de febrero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta denegó el mecanismo judicial. (Lea la sentencia sobre la tutela)

La CCJ considera que la tutela interpuesta por M.R. de Inversiones demuestra su interés en dilatar el proceso y truncar la reparación de las víctimas. “La comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz (…) exige celeridad en su proceso de restitución después de seis años de litigio”, señaló la organización en un comunicado.

Así lo manifiesta Isaí Cañizares Navarro, líder de la Fundación Tierra y Vida que representa a 90 familias desplazadas por los paramilitares de Hacienda Bellacruz: “Esa es una forma de dilatar y que la gente se canse. Todos estamos cansados con este proceso”, asegura.

Las empresas M.R. de Inversiones,  Frigorífico La Gloria S.A.S, la Dolce Vista Estate Inc., y el Grupo Agroindustrial Hacienda la Gloria S.A. —todas controladas por la misma casa matriz— mantienen las tierras de la Hacienda Bellacruz cultivadas con palma de aceite. (Leer más en Campesinos de la Hacienda Bellacruz, esperanzados en la justicia)

“Empezaron a cambiar el paisaje de esas tierras, la transformaron para poder sembrar palma de aceite africano”, recuerda Adelfo Segundo Rodríguez, líder de una de las organizaciones de víctimas de este caso que, extenuada de la larga lucha, busca dialogar con el gremio palmero y encontrar soluciones.

Por su parte, Hubernel Palencia, representante legal de Asobellacruz, organización que representa a 37 familias desplazadas de la hacienda, resalta el abandono institucional en el que se encuentran las familias reclamantes. “La restitución de Bellacruz ha venido caminando lentamente. Hoy es un día muy importante para nosotros, se cumplen 28 años de haber sido desplazados”, recuerda. 

Por eso, tras años de lucha, varias víctimas han buscado soluciones para su situación, incluso buscando acceder a tierras por otros lados. 

Tierra sí, pero sin restitución

Hoy, luego de décadas de espera, el sueño de los campesinos de tener tierra para trabajar se ha hecho realidad para algunos, aunque no de la forma esperada.

A mediados de diciembre de 2023, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le entregó provisionalmente, mediante la Resolución 720, a la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (Asocadar), tres lotes que suman más de mil hectáreas que habían sido confiscados en procesos de extinción de dominio. Paradójicamente, están junto a la Hacienda Bellacruz.

La solicitud a la SAE la realizaron las 150 familias que conforman la asociación, que no sólo reúne familias desplazadas del predio Bellacruz, sino a otras familias que son aspirantes de tierras en la región. 

La entrega se dio oficialmente el pasado jueves 8 de febrero. Rodríguez, líder de Asocadar, habla con emoción de este capítulo en la lucha por acceso a la tierra que han llevado. La apuesta de su organización es cuidar los predios, hacer empresa y, si la oportunidad se da, que la restitución sea ahí mismo y puedan terminar su lucha con las empresas de palma. (Leer más En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse)

“Las tierras que nos entregó la SAE son muy adecuadas a nuestras pretensiones: óptimas y con vías de comunicación. Lo único que se necesitaría es legalizarla, tanto para las familias que están en proceso de restitución, como aquellas que están en proceso de acceso a tierras con la ANT (Agencia Nacional de Tierras)”, expresó Rodríguez. Pero saben que no será fácil.

Campesinos que ya ocupaban esos predios de la SAE, así como otros labriegos del corregimiento de Ayacucho (La Gloria, Cesar) y Guamalito (El Carmen, Norte de Santander) se oponen a que los miembros de Asocadar tomen tenencia de esas tierras. Menos de una semana después de la entrega por parte de la SAE, los de Asocadar ya han sido amenazados.

“No nos hemos dejado provocar, ni nada por el estilo, pero sí nos están haciendo muchos desmanes y han utilizado medidas muy amenazantes”, cuenta Rodríguez. “Lo más absurdo es que entre los campesinos haya confrontación”, cuenta. El vocero de la organización de víctimas lamenta que no respeten su derecho a la tierra y asegura que su organización no busca más tensiones con ningún sector.

“Si nos legalizan acá —las tierras entregadas provisionalmente por la SAE—, quedaríamos muy satisfechos. Eso sí, no sería el mismo número de hectáreas de las que teníamos antes del desplazamiento”, señala Rodríguez.  

Las familias de la Fundación Tierra y Vida también le han solicitado tierra a la SAE, pero no por ello quieren dejar la disputa de restitución: “Eso es legitimar que la tierra siga en la manos de los terratenientes que despojaron a las familias, porque ya con eso muere la lucha de nosotros y no se hace justicia social con lo que pasó en Bellacruz”, dice Isaí Cañizares, líder de la organización.

Por eso, varias de las organizaciones de víctimas de este caso están planeando realizar un plantón, en los próximos meses, en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Bogotá para presionar al Estado a que les dé respuestas en el proceso de restitución.   

Años de lucha

En agosto de 2011, VerdadAbierta.com documentó la reclamación de los campesinos desplazados de la hacienda, después de que en versión libre Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc, le confesara al Fiscal 34 de Justicia y Paz su participación en el desplazamiento de los labriegos. (Leer más en El pistolero de los paramilitares en Aguachica)

Según reveló Ballena, en audiencia del 3 de abril de 2010 ante el Fiscal de Justicia y Paz en Bucaramanga, Francisco Alberto Marulanda, quien argumentaba la propiedad de esas tierras, y el administrador general de la finca, en 1996 contrataron al jefe paramilitar Manuel Alfredo Rincón, alias ‘Paso’ o ‘Manaure’, para que el Frente Héctor Julio Peinado de las Auc desplazara a las familias que ocupaban una parte del predio.

Según precisa la Comisión Colombia de Juristas en su informe Silencio e impunidad del despojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) describe la Hacienda Bellacruz como un latifundio que en 1934 se constituyó con una extensión de 7.106 hectáreas. “Fue incrementándose en las siguientes décadas hasta alcanzar las 23.000 hectáreas en 1969”, llegando a abarcar tierras de los de Pelaya, Pailitas, La Gloria y Tamalameque. Las familias campesinas que se habían posesionado de una parte de esas tierras  señalaban que buena parte era baldíos de la Nación apropiados por los Marulanda. (Consulte línea de tiempo)

El 20 de abril 1994 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) emitió el resultado de una inspección ocular sobre la inmensa hacienda, concluyendo que los Marulanda no tenían cómo acreditar la propiedad de 1.500 hectáras; entre ellas los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel, ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz. En ese momento, los campesinos le recordaron al gobierno nacional lo que venían advirtiendo desde finales de los años ochenta, pidiendo la titulación de esos baldíos. (Ver Resolución del Incora sobre baldíos)

Sin embargo, en 1995, el Incora decidió no recuperar esas tierras sino comprarles a los Marulanda 2.060 hectáreas. Justo cuando las tierras ya estaban listas para la adjudicación, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado ingresaron a los predios y el 14 de febrero de 1996 desplazaron a los campesinos, después de violar a varias mujeres, robarles sus pertenencias y quemarles los ranchos y los cultivos de pancoger.

Según contaron varios de los labriegos, los paramilitares instalaron una base en Rompedero, que hacía parte del predio San Carlos y otra en la casa principal de la hacienda. Las tierras fueron ocupadas por los paramilitares hasta su desmovilización el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes entregaron sus armas en el municipio de San Martín, Cesar.

Incluso antes de la desmovilización, en julio de 2003, la justicia ordinaria condenó en primera instancia, a 18 años de prisión a Francisco Alberto Marulanda; a Édgar Rodríguez, alias ‘Caballito’; y a Martín Velasco Galvis, alias ‘Jimmy’, por la conformación de grupos paramilitares. 

En una carta enviada a este medio en el 2011 como respuesta a una investigación sobre ese caso, Carlos Arturo Marulanda —exministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y hermano de Francisco—, explicó que la familia apeló dicha decisión y que el Tribunal de Cartagena absolvió a su hermano en segunda instancia. (Ver Carta de Carlos Arturo Marulanda)

Como lo documentó este portal, en 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda sus firmas M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la Hacienda Bellacruz. La Dolce Vista, registrada en Panamá, había sido creada en febrero de 2006.

“Después del desplazamiento y del despojo de tierras en la Hacienda Bellacruz, la sociedad M.R. Inversiones S.A.S realizó la transferencia del dominio de la hacienda al Fideicomiso Dolce Vista y con esto se inicia la implementación del proyecto agroindustrial de palma de aceite, creando la firma extractora La Gloria S.A.S e iniciando la construcción de una planta extractora, así como la puesta en marcha de una zona franca para la producción y exportación de aceite de palma”, precisa sobre este caso la CCJ en su informe.

En 2009, la Dolce Vista registró la finca que compró a los Marulanda y la rebautizó como Hacienda La Gloria, con 5.833 hectáreas, donde desarrolla un cultivo de palma de aceite. En una entrevista con este medio en 2011, Germán Efromovich aseguró que la inversión para el proyecto de palma estaba proyectada en 160 millones de dólares y que compró la Bellacruz después de haber contratado un estudio de títulos, sin identificar problemas. (Leer más en: “La tierra no violó los derechos humanos”)

Los campesinos siguieron en su reclamación e interpusieron una acción de tutela, esperando avances de la justicia. En abril de 2013 el entonces Incoder emitió una resolución que confirmó el pronunciamiento del Incora de 1994, indicando que dentro de la antigua Bellacruz hay 1.200 hectáreas de predios baldíos y que debían recuperarse. El 12 mayo de 2016, la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela, presentada por las familias, a su favor.

El alto tribunal les dio la razón a las víctimas en la Sentencia SU-235  y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras terminar el proceso de recuperación de baldíos que quedó frenado en el Incoder, así como estudiar los beneficiarios de su posible adjudicación. A la Unidad de Restitución de Tierras le ordenó comenzar los procesos para “microfocalizar la zona”, es decir, que esta tuviera los avales de seguridad necesarios para adelantar procesos de restitución. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)

Ocho años después las víctimas del despojo de la Hacienda Bellacruz siguen esperando. “¡Camina más un morrocoy que la restitución!”, asegura Hubernel Palencia que le ha dicho a las instituciones del Estado encargadas de devolverles sus tierras.

The post Reclamantes de la Hacienda Bellacruz logran tierras, pero no por restitución appeared first on VerdadAbierta.com.

Hace poco menos de 18 años, esta comunidad de Cartagena del Chairá, en Caquetá, salió desplazada por cuenta de la guerra. El centro poblado fue copado por tropas del Ejército, que se niegan a salir. Y desde hace poco más de siete años los pobladores reclaman sus predios con la ilusión de que un juez se los restituya. Su historia será contada ante la JEP.

Tan pronto las personas que viajan en las lanchas rápidas que prestan servicio público de transporte por el río Caguán se percatan de que van llegando a Peñas Coloradas, o lo que quedó de ese pueblo, alistan sus cédulas. “¿Nos harán bajar?”, se preguntan los pasajeros. Responder esa pregunta no es tarea fácil. Las experiencias al llegar a ese punto de control de la Armada Nacional suelen ser distintas. 

En algunos casos piden las cédulas y hacen bajar a quien haya tomado fotos de las decadentes estructuras de casas que se sostienen en las zonas ribereñas, para preguntarle por las imágenes captadas y en qué las usará. En otras ocasiones, solo se ocupan en revisar las maletas de los viajeros. 

Algunas tareas de control son más surrealistas: hacen bajar a todos los pasajeros de la embarcación, y mientras algunos soldados revisan las cédulas y las maletas, otros preguntan quién quiere usar el baño y ofrecen paquetes de papas fritas y gaseosa, casi como un servicio de tienda militar en la mitad de la selva. Aunque los precios de esos productos son elevados, como todo en el Caguán, la gente compra alguna que otra cosa para hacer más llevadera la tensión en ese puesto de control fluvial.

“¿Eso se habrá quedado con la salida de la gente o lo habrán traído ellos?”, pregunta un pasajero que espera que termine la revisión de sus pertenencias al mirar un viejo televisor de cola que se asoma en lo que alguna vez fue la ventana de una casa. Nadie da respuestas claras más allá de un “puede ser”, mientras siguen comiendo papas fritas.

Luego de las actividades rutinarias de control, la lancha se aleja con todos los pasajeros a bordo. En la orilla quedan los militares cuidando Peñas Coloradas, un maltrecho caserío de donde hace 18 años salieron sus pobladores huyendo de la guerra y al que no han podido volver porque tropas de la Armada ocuparon el centro poblado, se apropiaron de esas tierras, despojando a los campesinos, e instalaron una base militar y se niegan a salir.

La comunidad desplazada ha adelantado diversas gestiones para que les devuelvan sus predios o, por lo menos, los compensen, pero han sido infructuosas. “No le estamos diciendo al Estado que nos regale. Le estamos diciéndo al Estado que nos devuelva un poco de lo que nos quitaron”, reniega Norbey Caro, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia.

VerdadAbierta.com visitó la región del bajo Caguán, se entrevistó con los afectados por la ocupación militar de sus predios y escuchó sus preocupaciones más apremiantes, surgidas 18 años atrás y sin que haya solución a la vista.

¿Salida sin retorno?

El 25 de abril de 2004, la guerra se sintió con potencia en la inspección de Peñas Coloradas. El sonido de helicópteros y explosiones se mezclaban sin tregua. Al día siguiente, las tropas del Ejército construyeron trincheras en el centro poblado. Sus habitantes, atemorizados por un posible enfrentamiento con la extinta guerrilla de las Farc, emprendieron la huida a veredas vecinas. Primero salieron los comerciantes y, tras ellos, centenares de familias que se llevaron lo que pudieron. 

Durante cuatro días, las 744 familias que habitaban aquella inspección y varias veredas vecinas abandonaron el lugar con la idea de que en cuestión de días, tal vez semanas, podrían regresar. Pero su anhelo se fue postergando con el paso del tiempo y aunque los peñunos intentaron retornar a sus casas, los militares se negaron a dejar el centro poblado argumentando que el orden público seguía alterado.

En aquel año, las Farc dominaban Cartagena del Chairá, pero comenzaron a perder terreno cuando entró en ejecución el Plan Patriota, una ambiciosa estrategia militar gestada en el primer gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) con el objetivo de atacar las zonas históricas de la guerrilla y recuperar esos territorios.

Una de las acciones militares más contundentes en el bajo Caguán tuvo lugar dos meses antes del desplazamiento de Peñas Coloradas. En esa ocasión fue capturada Anayibe Rojas Valderrama, conocida en las filas de las Farc como ‘Sonia’, encargada de las finanzas del Frente 14 del Bloque Sur, comandado por Milton de Jesús Toncel Redondo, también llamado ‘Joaquín Gómez’. 

La columna guerrillera comandada por alias ‘Sonia’ se había asentado en el Caguán desde el 2001 con el fin de administrar el impuesto al gramaje de la pasta de coca que se producía en Cartagena del Chairá y le cobraba a los productores. Fue precisamente en una casa cercana al casco urbano de Peñas Coloradas donde tropas del Ejército la apresaron. 

Por decisión del Estado colombiano, la guerrillera fue extraditada a Estados Unidos para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país. Al cumplir la condena, volvió a Colombia en 2018 y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó su excarcelación un año después, bajo la figura de libertad condicional, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la justicia transicional.

“A lo largo y ancho de Cartagena del Chairá los operativos eran grandes, y perseguían a los campesinos porque, para el gobierno nacional, todos los que habitamos en esta región éramos, de alguna manera, colaboradores o auxiliadores de las Farc”, recuerda Luis Antonio Valencia, un líder social y antiguo docente, quien lleva 23 años en la región del bajo Caguán, al describir el tenso ambiente que vivían por cuenta de las operaciones del Plan Patriota.

Desde abril de 2004, los peñunos se convirtieron en una comunidad sin tierra y sus pobladores se han esparcido por diversos departamentos del país; mientras, poco a poco, el centro poblado se convirtió en una zona fantasmal, saqueada por quienes se aprovecharon de la desgracia y custodiada por tropas de la Armada Nacional, adscritas a la Brigada Móvil 22.

Un labriego que vive en Las Quillas, una vereda dos horas río abajo desde Peñas Coloradas, le contó a este portal que las tejas de zinc de su casa las consiguió de una casa de los peñunos a cambio de unas verduras que le dio a un soldado. Así, gradualmente, se desbarataron las casas del pueblo ante la complicidad de las autoridades militares.

En medio de esa diáspora campesina, se aprobó la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, mediante la cual se busca atender las afectaciones de millones de colombianos que padecieron la guerra. 

Acogidos a esa norma, los peñunos hicieron gestiones y, desde noviembre de 2015, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoció a un grupo de desplazados como sujeto de reparación colectiva que está concentrado en seis municipios del país: Cartagena del Chairá y Florencia, Caquetá; Florencia y Santander de Quilichao, Cauca; Santa Rosa de Cabal, Risaralda; y Cali, Valle del Cauca.

Aunque Norbey Caro, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia, resalta que la comunidad de Peñas Coloradas está regada por todo el territorio nacional: “Por decir, hay gente en Medellín; tenemos gente en Nariño, hacia los lados de Llorente; tenemos gente en Bogotá; harta gente en Ibagué; en el Huila; en Villavicencio hay un grupo también amplio; y varias personas que debido a la presión que se ha tenido del desplazamiento de Peñas Coloradas lograron irse para otros países”.

Vulneran derechos

Hasta la guerra tiene reglas,  y están consignadas bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que le exige a las partes involucradas en conflictos armados el cumplimiento de principios innegociables en la confrontación, una de ellas es tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a civiles y sus bienes, lo que incluye “los derechos de propiedad de las personas desplazadas”. Pero, por lo visto, ese precepto no se cumple en Peñas Coloradas.

Los reclamos de los pobladores llegaron hasta los tribunales. Tal es el caso de Agustín Agatón Ardila y Tránsito Gómez, quienes demandaron al Estado por los daños que le ocasionó a su patrimonio familiar la ocupación de la Armada en Peñas Coloradas, representados en el deterioro y daño a volquetas, retroexcavadoras y otras máquinas que poseía esta familia para la construcción de vías en aquella inspección.

Mediante auto del 8 de junio de 2006, el Tribunal Administrativo de Caquetá le dio la razón a la familia Agatón Gómez y declaró responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y Ejército Nacional por las afectaciones a sus bienes.

Los demandados objetaron esa decisión y negaron su responsabilidad en el desplazamiento  forzado de las familias de Peñas Coloradas e inculparon a las Farc, pues, según alegaron, el grupo guerrillero había ordenado que los peñunos abandonaran la inspección. Al resolver el recurso, el Tribunal profirió sentencia el 18 de noviembre de 2008, ordenándole a la Nación reparar los daños morales y materiales a la familia Agatón Gómez.

Ese fallo fue apelado ante el Consejo de Estado y en decisión fechada el 12 de junio de 2013 ratificó la acción de reparación directa proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá  y resaltó que la Fuerza Pública había fallado en el cumplimiento de los principios del DIH, entre ellos los de necesidad militar, distinción y proporcionalidad.

“Al momento de llevar a cabo el diseño y el desarrollo de las operaciones militares, el Estado debe realizar un ejercicio de planificación suficiente que le permita conseguir al mismo tiempo la máxima satisfacción del fin constitucional de asegurar la soberanía nacional y, de otro lado, el mínimo sacrificio de otros bienes protegidos por el ordenamiento constitucional como el derecho de la población civil a permanecer y residenciarse en cualquier lugar del territorio nacional (artículo 24 de la Constitución) y a no convertirse en objetivo militar (principio de distinción, artículo 13 del Protocolo II)”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.

Sin embargo, Agatón nunca vio el fruto de las decisiones de los jueces de la República, pues murió en 2007. Su esposa, quien aún le sobrevive y padece serios quebrantos de salud, y sus hijos, tampoco han recibido indemnización.

El representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Florencia, cuenta que, desde 2006, llevan una demanda colectiva, con cerca de tres mil poderes de las familias desplazadas, contra el Ejército, la Policía, el Municipio de Cartagena del Chairá y el Departamento de Caquetá por su responsabilidad en el desplazamiento masivo y los consecuentes daños morales, materiales y lucros cesantes. 

“Ha sido muy difícil porque cuando usted va y hace una denuncia y usted no puede entregar las pruebas de lo que usted está denunciando, su denuncia no va tener futuro. A nosotros se nos impidió mucho: en 13 años del desplazamiento apenas se nos permitió hacer un peritaje y eso porque fue ordenado por el juez que lleva el caso de nosotros en el Juzgado Cuarto Administrativo, aquí, en Florencia. Actualmente no sabemos en qué va a quedar”, explica este líder campesino.

A raíz de la lentitud judicial, las víctimas de Peñas Coloradas interpusieron el año pasado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que desde ese organismo multilateral se ejerza presión para acelerar el proceso, pero, hasta el momento, no hay pronunciamiento alguno.

Cedido a las Fuerzas Militares

“Nosotros no tenemos territorio porque el alcalde Orlando Arteaga de Cartagena del Chairá entregó el caserío de Peñas Coloradas en comodato al coronel Moreno Ojeda”, se queja Caro.

En ese entonces, el oficial Carlos Iván Moreno Ojeda era el comandante de la Brigada Móvil 22, adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada en 2003. Actualmente, ostenta el grado de Mayor General y ocupa el cargo de Segundo Comandante del Ejército.

VerdadAbierta.com tuvo acceso al contrato de comodato N. 2, suscrito el 30 de enero de 2008 entre el alcalde Arteaga y el entonces coronel Moreno. En ese documento se acuerda  la entrega de siete hectáreas de Peñas Coloradas a las Fuerzas Militares para que funcionara una base militar de la Brigada Móvil 22 hasta el 31 de diciembre de 2018, con la condición de que se comprometía a “mantener en buen estado las instalaciones que entregan en comodato”. 

Una de las cláusulas que más molesta a los peñunos en situación de desplazamiento es que se pactó un comodato por diez años, prorrogable por  diez años más si 60 días antes de finalizar el 2018 el mandatario del momento “no informa por escrito el deseo de no dar continuidad al mismo”.

Para ese año estaba en el cargo el alcalde Francisco Ruiz y pese a que los campesinos desplazados le solicitaron que no prorrogara el comodato, no les hizo caso. “Dejó que el documento se prolongara otra vez. Ahora está prolongado hasta diciembre de 2028”, se lamenta Caro.

.
En noviembre de 2019, y ya bajo una nueva administración municipal, la entonces personera de Cartagena del Chairá, Nataly Vargas, reconoció ante el medio Lente Regional que el comodato firmado en 2008 no tenía ninguna legitimidad porque el Municipio no era el dueño de las siete hectáreas entregadas en comodato.

En esa ocasión, la funcionaria dijo que se le había solicitado al Ministerio de Defensa “la presencia de un delegado que tenga la capacidad de tomar a fondo decisiones porque este comodato tiene que llegar a su fin, tiene que resolverse esta situación de fondo, que se compré, que se organice, que se tomen decisiones, pero no puede seguir existiendo una situación jurídica irregular, donde la gente que tiene su propiedad allí no puede acceder a ella”.

En 2010, el alcalde Arteaga fue capturado por la Fiscalía para que respondiera por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, por hechos relacionados con el sistema de alcantarillado del municipio que tuvieron lugar el mismo año en que entregó en comodato a Peñas Coloradas. Seis años después, el exfuncionario y varios miembros de su gabinete fueron condenados a ocho años de prisión.

Son dueños de la tierra

Aunque tienen títulos de propiedad en Peñas Coloradas, nada han podido hacer sus pobladores. Es el caso de Rosalba Grisales, quien guarda con celo la escritura 359, registrada en la notaría del municipio de Belén de los Andaquies, que demuestra que desde el 26 de diciembre de 2002 es dueña de 200 metros cuadrados en la inspección. 

La señora Grisales vive en el barrio Catalina Muñoz, en el casco urbano de Cartagena del Chairá, una casa prefabricada que le entregó el Estado mientras retornaba a su terruño o se resolvía su situación. 

Robinson Mosquera también obtuvo su escritura el 26 de diciembre de 2002, que lo acredita como propietario de un predio de 120 metros en Peñas Coloradas. Actualmente, es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guamo, en la parte más profunda del río Caguán, jurisdicción de Cartagena del Chairá.

En aquellos 120 metros, Mosquera organizó una tienda de venta de gasolina y productos agropecuarios, pero ante su desplazamiento, los miembros de la Armada la ocuparon e instalaron en ella la oficina de control fluvial en la que revisan las cédulas de todo aquel que transita por el río Caguán. Por ese  motivo, el líder campesino tiene pensado instaurar una demanda contra el Estado para que le paguen 14 años de arriendo por el uso de su propiedad. 

Tanto Grisales como Mosquera le compraron sus propiedades a Alfonso Andrade Gutiérrez, conocido popularmente como ‘Moncho’, un campesino que fue beneficiario de un predio de 73 hectáreas, llamado La Esperanza y otorgado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) mediante la Resolución 1374 del 30 de octubre de 1992.

De acuerdo con algunos peñunos, Andrade Gutiérrez vendió parcelas de su propiedad para formar la comunidad de Peñas Coloradas. Así lo evidencia uno de los documentos que guarda Grisales, en el que se constata que por lo menos 54 personas compraron porciones de terreno de La Esperanza.

Rodrigo Candelo, representante legal de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, capítulo Cartagena del Chairá, fue uno de los primeros pobladores de Peñas Coloradas y su versión concuerda con la registrada en documentos: “‘Moncho’ cedió lo que es el caserío de Peñas para que hicieran el pueblo allí. Él vendió, regaló, hizo lo que quiso con eso, porque eso era un predio privado”. 

A la espera de la  restitución

“Hemos hecho muchos intentos en retornar —dice Caro—, hartos, pero todos se han ido en vano, no se ha podido. Hoy en día ya vemos que para el Estado es mejor reubicarnos en las cabeceras municipales, donde estamos asentados actualmente con las seis asociaciones, que seguir peleando por un retorno. Le sale más barato al Estado: para un retorno a Peñas Coloradas tocaba reconstruir todo nuevo”.

Y  se pregunta: “¿De qué nos vamos a sostener?”, ilustrando cómo la opción de retornar a Peñas es una idea lejana e inviable. “Aquí en Florencia, mientras usted compra una libra de arroz en $1.700 o $2.000, a los alrededores de Peñas, en donde hay tiendas, vale $4.000. Usted produce un litro de leche allá y vale $800, aquí vale $1.600. Lo que producimos allá es barato, pero lo que consumimos es caro. Todo eso nos ha llevado a entender que por allá no hay nada qué hacer”.

Los líderes y víctimas de Peñas Coloradas coinciden  en que a pesar del tiempo y la distancia no se ha roto el tejido social, los une la tragedia y la indignación.

Caro insiste en que las comunidades desplazadas de Peñas Coloradas luchan por la reubicación: “Nosotros no somos del pueblo. Nosotros somos campesinos. Nosotros estamos enseñados a trabajar el campo. La mayoría queremos irnos para el campo otra vez a producir. Aquí el Estado o la Unidad de Víctima nos enseñó como limosneros. Nosotros no queremos que nos den un pescado para comérnoslo. Nosotros queremos que nos den el pescado para hacer el lago, hacer la atarraya y cultivarlo para que los demás coman y nosotros también consumir. Nosotros queremos es producir”.

VerdadAbierta.com le consultó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) cómo avanza la restitución de tierras en Cartagena del Chairá. En su respuesta, detalla que tramita 846 solicitudes de reclamación sobre predios abandonados y despojados, de las cuales 135 corresponden a la inspección de Peñas Coloradas.

“Las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado el trabajo que ha liderado la Unidad de Restitución de Tierras en esta jurisdicción —indica en su respuesta—. En el mes de septiembre de 2021 se inició el proceso para responder a 60 solicitudes sobre el sector conocido como Peñas Coloradas y en veredas cercanas se avanzó en la comunicación del inicio del proceso en 27 predios, se trabajó en 3 georreferenciaciones y 7 pruebas sociales”.

La URT precisa en su respuesta que con base en el trabajo adelantado con  las comunidades, se inscribieron 49 solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTADF) y se presentaron 26 solicitudes ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Caquetá.

“Yo le creo a la Unidad de Restitución. Ojalá Dios quiera que eso no vaya a ser demagogia”, anhela, desde su casa prefabricada en Cartagena del Chairá, Rodrigo Candelo, quien seguirá insistiendo, junto con sus antiguos vecinos del caserío, hasta que puedan volver a sus antiguos feudos.

Llevan caso a la JEP

La insistencia la que habla Candelo llevó a lo peñunos a exponer su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada bajo el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para ponerle fin a una confrontación de casi 53 años.

Para ello prepararon el documento titulado “Peñas Coloradas del Caguán Vive, Siempre Serás el Presente Nunca Serás Mi Pasado”, que hoy será presentado ante esa jurisdicción transicional y que relata los hechos de desplazamiento forzado que padecieron hombres y mujeres de esa inspección caqueteña.

En la narración recuerdan aquel abril de 2004: “El pueblo entero fue ocupado por los militares, cada casa en la cual habitaban un promedio de 3 a 4 personas, casas construidas con autogestión, casa hechas sin intervención estatal, enseres, tales como salas, camas, televisores, baterías sanitarias, fueron destruido en su totalidad, casas se convirtieron en trincheras, carros abandonados, un pueblo fantasma, hoy convertido en una base militar, la Alcaldía de Cartagena del Chaira y otros organismos hicieron varios intentos para que los pobladores retornaron a sus tierras, pero la respuesta siempre fue la misma”.

A través de las voces de algunos pobladores, los peñunos le presentan a la JEP varias de las afectaciones padecidas ante la llegada de las tropas del Ejército: “Se posesiona del pueblo, comienzan a entrar y a dañar fincas, se comienzan a comer los animales de las fincas deliberadamente, dañan tanques de agua y demás partes de las propiedades que se encuentran en Peñas Coloradas […] durante este enfrentamiento pierdo a mi hijo mayor, el cual es retenido, maltratado y torturado para finalmente terminar encegueciendo la vida de mi hijo”.

Entre las medidas de reparación, los antiguos pobladores plantean que les adjudiquen terrenos para reubicación y restauración de la convivencia existente entre ellos antes de lo sucedido en Peñas Coloradas: “Las víctimas de lo acontecido quieren trabajar la tierra toda vez que en su mayoría trabajaban el campo y había siempre un ambiente de familiaridad entre los habitantes del corregimiento, por todo esto se debe realizar un oficio solicitando terrenos baldíos para poder analizar y establecer en qué sector existe la posibilidad de poder resarcir este derecho vulnerado hacia la comunidad”.

Se espera que con este nuevo paso, el Estado salde la deuda con la comunidad de la inspección de Peñas Coloradas y repare cerca de 18 años de abandono y abusos de la Fuerza Pública.

Este artículo fue realizado gracias al respaldo de la Asociación Ambiente y Sociedad, y al apoyo brindado por la Mesa Municipal de Concertación Agroambiental por el Derecho a la Tierra de Cartagena del Chairá, Caquetá.

The post El pueblo errante por ocupación de Fuerzas Militares en Peñas Coloradas appeared first on VerdadAbierta.com.

La posesión y el uso de la tierra es un problema histórico de Colombia. Y quienes lo han padecido con mayor rigor son las comunidades indígenas que, ante el incumplimiento de los derechos que les había reconocido la Constitución Política de 1991, tuvieron que movilizarse cinco años después para que el Ejecutivo les prestara atención.

A mediados de 1996, ante el no reconocimiento de los territorios indígenas y de una racha de asesinatos, realizaron movilizaciones en diferentes regiones del país. Una de las más fuertes fue la toma pacífica de la sede del Episcopado, en Bogotá, entre el 6 de julio y el 9 de agosto, que derivó en la creación de la CNTI, tras diálogos con el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Es un espacio de diálogo conformado por entidades del Estado, encabezadas por el Ministerio de Agricultura, en el que inicialmente tuvieron espacio la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia y la Confederación Indígena Tayrona. Posteriormente se sumaron las organizaciones Autoridades Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama.

Camilo Niño Izquierdo, uno de los líderes del pueblo Arahuaco, ecólogo, magister en Desarrollo Rural y quien preside la Secretaría Técnica de la CNTI, habló con VerdadAbierta.com con motivo del vigésimo quinto aniversario de esa organización. Su balance es crítico.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo ha sido el relacionamiento con el gobierno nacional?

Camilo Niño Izquierdo (CNI): La Comisión Nacional de Territorios Indígenas no es una ONG, no tiene personería jurídica: es un espacio de diálogo y de concertación entre el gobierno nacional y el gobierno indígena en materia territorial. Busca darles respuesta a las necesidades y problemáticas que afectan a los territorios indígenas.

El dialogo ha sido complejo. Al principio, el espacio estuvo solo y no había convocatorias para materializar las exigencias de derechos; sin embargo, en los últimos años se ha venido asentando y es presidio por el Ministerio de Agricultura, a través del Viceministro de Desarrollo Rural. Discutimos temas de formalización, implementación del Acuerdo de Paz, catastro multipropósito, consultas previas virtuales, aspersiones áreas.

Anteriormente no era tan efectivo, hoy en día al menos nos venimos reuniendo con mayor periodicidad en los últimos años y esos diálogos se materializan en acuerdos con el gobierno nacional.

VA: ¿Desde cuándo se ha dado esa mejoría?

CNI: La Comisión siempre ha estado sesionando. Anteriormente no había permanencia y se convocaba para hacer una sesión, los delegados se iban a territorio y esperaban una nueva convocatoria que se planteaba a partir de necesidades coyunturales. Hoy ha cambiado. En medio de las exigencias se reglamentó que nos reunamos seis veces al año y se viene haciendo desde 2018. Venimos con mayor periodicidad y eso nos permite hacerle seguimiento a los acuerdos y tener más incidencia.

VA: ¿A cuántos pueblos y resguardos representa la CNTI?

CNI: Si bien hablamos como organizaciones indígenas, la Comisión ha intentado desmarcarse de las organizaciones filiales para no representar solamente a quienes tienen asiento en el espacio. Cuando nosotros incidimos, lo hacemos sobre problemáticas estructurales que afecten la constitución, ampliación y saneamiento (de los territorios o resguardos indígenas). Si eso se resuelve, no sólo se beneficia a quienes tienen espacio, sino que redunda en todos los pueblos indígenas de Colombia. Intentamos que lo que se discuta redunde en todos los pueblos indígenas sin importar dónde esté.

Nosotros no constituimos, ampliamos ni saneamos porque es obligación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Les exigimos y hacemos seguimiento a sus actividades; así tenemos la radiografía de cuántas solicitudes a nivel nacional existen. Hemos identificado que en la Agencia existen más de mil solicitudes de ampliación, constitución y saneamiento, que suman más de 8 millones de hectáreas, que están desprotegidas. Es decir, que no tienen una figura de protección colectiva.

En esos territorios es en donde se ha incrementado la mayor amenaza en términos de que actores privados, legales y estatales, tengan presencia y disminuya la población, porque hay asesinatos sistemáticos de los pueblos indígenas y de líderes y lideresas que están exigiendo la protección de los territorios. Hay una relación entre la no formalización y no reconocimiento dentro de los derechos territoriales, y los asesinatos sistemáticos.

VA: ¿Están reclamando la formalización de 8 millones de hectáreas?

CNI: Efectivamente. Nosotros hablamos de formalización porque todos los resguardos indígenas, 779, que suman el 28 por ciento del territorio nacional, han hecho el esfuerzo autónomo o con cooperación, de adquirir de predios contiguos a los lugares donde se han constituido los resguardos, y hacen ocupación de la tierra para que entre un proceso de ampliación.

Sin embargo, la entidad (ANT), a través de la implementación de instrumentos normativos, administrativos, hace que esos instrumentos se ralenticen muchísimo y los proceso demoran demasiado en materializarse.

Por ejemplo, mi resguardo (el Arahuaco de La Sierra), ubicado entre Cesar y Magdalena, que fue constituido en 1983: en la actualidad, como arahuacos, tenemos posesión y uso de más de 50 mil hectáreas que se han comprado a través de los recursos del Sistema General de Participación, de donaciones o de convenios con gobernaciones y alcaldías, y solamente falta formalizarlos. Llevamos ocupándolas por más de 30 años y no se ha avanzado ni en un sólo metro cuadrado de ampliación, porque ya estamos dentro de ese territorio. Es decir, no estamos ocupando nuevos territorios ni desplazando a campesinos o empresarios. Por situaciones como esa es que decimos que no hay un avance significativo frente al tema.

VA: ¿Por qué es importante que esas nuevas tierras queden bajo la figura del resguardo?

CNI: En primer lugar, porque los territorios, para nosotros los pueblos indígenas, son la garantía de permanencia y pervivencia. Es como un libro donde está escrito, a través de espacios sagrados, cómo debemos relacionarnos con el entorno: nos establece la ruta sobre cómo debemos vivir, dónde se puede construir o no. El territorio da fundamento político, organizativo, cultural y espiritual a los pueblos indígenas, el no reconocimiento lleva al deterioro de los pueblos, porque no nos permite recrear y practicar la cultura.

VA: Más allá de la cosmogonía, ¿qué implicaciones jurídicas representa un título colectivo como el resguardo?

CNI: Es fundamental porque le permite a uno viabilizar otros derechos. Si a mí no me reconocen el territorio donde tengo mis espacios sagrados, va ser más difícil hacer mis prácticas y relacionarme porque estaría en territorios privados; pero también (es requisito) para acceder a inversiones y al censo poblacional: el gobierno no está teniendo en cuenta la población que está por fuera de los resguardos, así lleven mucho tiempo habitándolos. Por no estar dentro de la figura del resguardo, están siendo excluidos de una inversión social que es obligación del Estado.

Segundo, cuando los territorios no están protegidos, se vuelven vulnerables a la intervención externa, tanto legal como ilegal. Ese es un gran problema que desencadena otros: garantizar la seguridad jurídica contribuye a que tengan mejor calidad de vida, derecho a la consulta previa y poner en práctica sus propios planes de vida.

VA: Uno de los motivos de la conmemoración fue denunciar y reclamar garantías porque los asesinatos de indígenas han aumentado un 200 por ciento en los últimos años. ¿A qué periodo corresponde ese aumento y cuántos indígenas fueron en ese espacio de tiempo?

CNI: Uno de los actores que vio con gran optimismo el Acuerdo de Paz fue el indígena. Sin embargo, los acuerdos se quedaron plasmados en un Capítulo Étnico, donde se iba a conceder una mayor porción de tierra, donde habría sustitución de cultivos, mayor inversión, pero no se han reflejado hoy. En los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se llegaron a acuerdos, pero no se han cumplido y se dispararon, entre 2016 y 2020, los asesinatos de indígenas. Estamos hablando de 361 personas que hacen parte de pueblos indígenas: es como si mataran a un indígena cada cinco días y en lo corrido de este año van 53 asesinatos.

Eso representa que los pueblos indígenas tienen un perfil: hoy son líderes y lideresas que han venido organizándose. La muerte de estos líderes representa un golpe a las estructuras organizativas políticas, tradicionales y culturales, que afectan directamente a los pueblos.

VA: ¿Por qué aumentaron los asesinatos en el denominado posconflicto?

CNI: Porque en nuestros territorios hay muchos intereses. Por ejemplo, Putumayo, donde hay la mayor solicitud y explotación mineroenergética, sobre todo de petróleo. Allá se ubica la mayor solicitud de protección territorial y es un departamento donde se han disparado los asesinatos. Ese tipo de intereses hace que la presencia los pueblos indígenas, sea vista como un obstáculo para las actividades que se quieran implementar.

Estoy hablando de actores legales e ilegales. Los territorios indígenas tienen posicionamiento geoestratégico que permiten que ciertas economías ilícitas se muevan y los pueblos, al hacer control territorial, son señalados y atacados. Defender el territorio está constando la vida.

VA: ¿Cuál es el balance de Comisión Nacional de Territorios Indígenas sobre la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz?

CNI: Desde la Comisión, nuestro balance no es optimista. Para nosotros no ha redundo en resultados concretos que contribuyan a fortalecer el tema territorial. La media de avance no ha sido significativa. Si se toma de 2016 hacia adelante, el reconocimiento es el mismo con paz o sin paz, pero han matado a más indígenas. Es un tema de perspectiva y de entregar resultados: para nosotros es nefasto y lo mostramos con cifras, para el gobierno nacional sí ha dado resultado. Si uno dice que da resultados y otro que no, algo está fallando.

¿Qué identificamos nosotros? Que el gobierno está haciendo doble contabilidad: está tomando procesos que venían antes del Acuerdo de Paz y los presenta como si estuviera cumpliendo con los acuerdos, porque tiene al Acuerdo como indicativos y no como algo vinculante.

Tampoco vemos avances significativos en el tema de reconocimiento territorial. Pero hay programas e implementación de políticas, como el Catastro Multipropósito, donde se están violando la consulta previa en algunos territorios. No es optimista la implementación de los acuerdos de paz, no ha redundado en beneficios para los pueblos indígenas.

VA: ¿Cómo va el proceso de restitución de tierras?

CNI: El tema de restitución de tierras es una discusión compleja porque actualmente existen 571 solicitudes radicadas ante la Unidad de Restitución de Tierras desde 2011 y solamente han salido 16 sentencias que han beneficiado a pueblos indígenas. Tampoco es muy optimista el avance. En once años sólo van 16 sentencias y no se están cumpliendo.

VA: ¿Por qué no se están cumpliendo las sentencias de los jueces de restitución?

CNI: Toda sentencia de restitución de tierras ordena que se deben proteger los derechos fundamentales al territorio, donde se constituya, amplíe y sanee. Es decir, vuelve y llega a la Agencia Nacional de Tierras, donde están radicadas más de mil solicitudes. Entonces, la capacidad institucional, a pesar de esas órdenes judiciales no avanza y entra en el círculo de solicitudes. Es una revictimización de los pueblos. La Agencia tienen más de 171 órdenes judiciales sin avances significativos.

The post “Estamos pidiendo la formalización de 8 millones de hectáreas” appeared first on VerdadAbierta.com.

En un escueto mensaje remitido ayer, el mayor Jorge Andrés León Suárez, jefe regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional les comunicó a los Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras y a la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT) la salida de por lo menos tres grupos especializados de agentes que acompañaban los procesos de restitución de tierras.

El mensaje especifica que saldrán de las territoriales de Urabá el Escuadrón Motorizado Rural (ESMOR 2); de la territorial Córdoba, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 1); y de la territorial Antioquia, el Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo (EMCAR 2), que hacen parte de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET), adscrita, a su vez, a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

Estas unidades policiales prestaban servicios de acompañamiento y seguridad a los funcionarios de la URT y a los operadores judiciales en sus tareas de campo, entre ellas la verificación de los predios reclamados, la recolección de pruebas que buscan establecer la relación entre conflicto armado, desplazamiento y abandono de los predios, y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las zonas a donde han regresado los reclamantes de tierras.

De acuerdo con el mensaje enviado por el mayor León Suarez, el traslado de esas unidades policiales especializadas obedece a órdenes “del mando institucional”, sin que se agregaran más explicaciones al respecto. Esos grupos serán trasladados al departamento de Putumayo para garantizar la seguridad durante la segunda fase de erradicación de hoja de coca para uso ilícito. Esas tareas, según dijo, tendrán una duración de cien días. (Leer notificación)

El oficial indicó en su comunicación a las autoridades agrarias que en cada territorial (Urabá, Córdoba y Antioquia) “queda dispuesto un grupo de UNIRET, para la continuación de las actividades requeridas y solicitadas. De igual forma se coordinará el apoyo por parte de unas unidades de carabineros para algunas actividades que se enmarquen con cada una de las territoriales”.

Una fuente policial consultada al respecto indicó que con el fin de cumplir con las actividades administrativas y judiciales, se continuará coordinando con los comandos departamentales de Policía (Antioquia y Córdoba) y el Ejército Nacional con el fin de impedir que se frene el proceso de restitución.

Este portal quiso conocer detalles de esa decisión, como, por ejemplo: ¿Cuántos uniformados serán trasladados al Putumayo? ¿Cuántos quedarían en cada una de las territoriales? ¿Por qué se recurre a unidades especializadas en restitución de tierras? Pero no fue posible obtener respuesta.

Fuentes de la URT confirmaron la recepción del mensaje enviado por el mayor León Suárez. Al respecto, sostuvieron que las tareas de esta entidad no se afectarán por cuanto se tienen buenas relaciones con el Departamento de Policía Antioquia y las Fuerzas Militares.

No obstante, podrían verse afectadas algunas labores de campo para fortalecer la etapa administrativa de las demandas, de por sí ya restringidas por la expansión del virus COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno nacional para contenerlo, que implica restricciones a la movilidad de los funcionarios de la URT.

Las fuentes consultadas en esta entidad aseveraron que la etapa administrativa de las demandas está muy avanzada. Donde hay que acelerar el proceso, según especialistas consultados, es en la etapa judicial, donde hay casos represados hace más de tres años sin sentencia y en el cumplimiento de las órdenes que los jueces emiten en sus fallos.

Uno de los casos que más demoras evidencia está, justamente, en el Urabá antioqueño, donde aún no se dirime la reclamación de una comunidad afrodescendiente por tierras ancestrales que serían ocupadas en desarrollo del proyecto conocido como Puerto Antioquia. Desde hace más de tres años, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó tiene en su escritorio la solicitud de restitución. (Leer más en: Puerto Antioquia: ¿irregularidades de gran calado?)

¿Qué es la UNIRET?

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, estableció que las autoridades competentes deberían adoptar medidas de protección integral destinadas a garantizar la vida de “las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras”.

También estipuló esa norma que “el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo”.

Bajo ese marco legal se expidió la Resolución 03068, fechada el 12 de agosto de 2013, mediante la cual se creó la Unidad Nacional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo (UNIRET) y se integró a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

A esta unidad especializada se le asignó como misión el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional para realizar un acompañamiento efectivo durante el proceso de restitución de tierras y garantizar la protección de todos aquellos que participan en sus etapas administrativas y judiciales, tal como lo estableció la Ley 1448, y desplegó por lo menos 30 grupos operativos en aquellas regiones del país priorizadas para acompañar labores de documentación de denuncias por despojo de predios rurales en razón del conflicto armado.

Esta unidad especializada ha pagado una alta cuota de sangre en su tarea de proteger el proceso de restitución. Una de las acciones más grave en su contra ocurrió el 11 de abril de 2018 en zona rural de San Pedro de Urabá, cuando una comisión judicial de restitución de tierras, acompañada por agentes de la UNIRET, fue atacada con explosivos. En la acción dinamitera, atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, perdieron la vida ocho agentes. (Leer más en: El difícil panorama de restituir en el corazón de las tierras ‘gaitanistas’)

En su informe de gestión sobre las actividades de 2020, la URT consignó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, “puso en conocimiento de la Policía Nacional 95 casos de situaciones particulares de amenaza y riesgo, o de posibles homicidios, en contra de reclamantes de tierras, para efectos de la adopción de medidas de prevención y seguridad a favor de la población reclamante de tierras”, evidencia del grave riesgo que corren aquellas personas que buscan recuperar los predios de los cuales presuntamente fueron despojados en medio del conflicto armado.

De acuerdo con ese informe de gestión, Antioquia acumuló 22.044 solicitudes de restitución a diciembre 31 de 2020, siendo el departamento con más peticiones en el país. Con respecto a Córdoba, se registran 4.369 solicitudes inscritas.

Plan de erradicación

La otra cara de la decisión de la Jefatura Regional de Restitución de Tierras y Antiterrorismo de la Policía Nacional la expone el departamento de Putumayo, a donde llegarán las unidades que saldrán de los departamentos de Antioquia y Córdoba.

De acuerdo con recientes informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ese departamento se contabilizaron, a finales de 2020, por lo menos 24.972 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, que corresponden al 16 por ciento de las identificadas en todo el país. De acuerdo con esa cartera de gobierno, Putumayo hace parte de las regiones priorizadas para adelantar allí labores de erradicación por parte de la Fuerza Pública. Se suman Antioquia, Caquetá, Córdoba, Guaviare, Nariño y Norte de Santander, que concentran el 90 por ciento de los sembradíos ilegales.

La intervención de las autoridades en Putumayo, intensificada durante el 2020 en plena pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, ha generado un fuerte rechazo de las comunidades campesinas dedicadas a esta labor ilegal, que reclaman una atención integral del Estado y rechazan las medidas de fuerza para atender la proliferación de los cultivos ilícitos. (Leer más en: “Entre la razón y el olvido”)

A sus reclamos se han sumado la Coalición Acciones para el Cambio, que, desde el año pasado, recién comenzaban las medidas de contención para prevenir la expansión del virus COVID-19, recogió las quejas de los campesinos del Putumayo ante la intensificación de las campañas de erradicación forzada.

En un comunicado fechado el 30 de marzo de 2020, esta Coalición planteó que se atendieran “las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por la Presidencia y suspender los operativos de erradicación forzada, a fin de evitar contagios de COVID-19, esto con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la seguridad alimentaria de la población campesina, considerada una población en riesgo”.

Y solicitó avanzar “en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria firmada con las comunidades campesinas y evitar operativos de erradicación forzada donde se han alcanzado dichos acuerdos”, haciendo referencia al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS),  pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, y que a pesar de los esfuerzos de las comunidades por acoger esta iniciativa, el Estado ha sido incapaz de cumplir cabalmente.

La crítica situación en Putumayo, donde convergen varios grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico, también afecta a los liderazgos sociales. Una de las muertes más sentidas fue la de Marco Rivadeneira, asesinado el 19 de marzo en la vereda Nueva Granada, del municipio de Puerto Asís. Este líder era una de las voces más representativas en la promoción de la sustitución voluntaria y en la búsqueda de alternativas para quienes habían quedado por fuera de los programas de sustitución de cultivos. (Leer más en: ¿De aquí vinieron las balas contra los líderes sociales?)

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a diciembre 31 de 2020, en el Putumayo 20.350 familias se habían inscrito en el PNIS (de un total de 99.097 familias en todo el país), y por cuyo compromiso erradicaron, según verificación de esta agencia internacional, 9.904 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito. Esta iniciativa abarca los municipios de Puerto Asís, Orito, Mocoa, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Con el traslado de las unidades de la UNIRET de Antioquia y Córdoba hacia el Putumayo queda claro que el gobierno nacional y el alto mando de la Policía Nacional busca reforzar las medidas de seguridad con el fin de cumplir con la meta de erradicar 130 mil hectáreas este año en todo el país, y donde este departamento es clave para lograr buena parte de ese propósito, al parecer a costa de la seguridad de los reclamantes de tierras.

The post ¿Policía Nacional desprotege restitución de tierras para erradicar coca? appeared first on VerdadAbierta.com.

En decisión fechada el pasado 12 de marzo, mediante la cual se restituyen once predios a igual número de familias campesinas, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia pidió compulsar copias para que se investigue a los empresarios bananeros Rosalba Zapata, su hijo, Felipe Echeverri, así como a los propietarios de Banacol y C.I.Uniban S.A por la presunta financiación voluntaria de grupos paramilitares.

La empresa Bananeras de Urabá S.A., una de las más importantes productoras de banano del Urabá antioqueño, sacó provecho de la violencia paramilitar que imperó en esta región agroindustrial a finales de los años noventa para acumular, de forma indebida, tierras baldías de la Nación que venían siendo ocupadas por parceleros. Para ello, diseñó un entramado jurídico para darle apariencia de legalidad a la usurpación y así, adelantar una verdadera contrarreforma agraria.

De tal forma lo consignó la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en sentencia proferida el pasado 12 de marzo, donde reconoce el derecho a la restitución de once familias campesinas que solicitaban la devolución de igual número de predios (que, en total, suman unas 50 hectáreas) en la vereda California, corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, los cuales venían siendo explotados comercialmente por las empresas Bananeras de Urabá S.A. y Agrícola  Sara Palma S.A., así como por un campesino de la región, quienes fungieron como opositores al proceso.

En su decisión, la Sala Especializada no reconoció la buena fe exenta de culpa que arguyeron tanto las empresas bananeras como el campesino, sino que además ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a los empresarios bananeros Felipe Echeverri Zapata y su madre, Rosalba Zapata, así como a los propietarios de las empresas Bananeras de Urabá S.A, Banacol y C.I Uniban S.A, por presuntamente haber financiado grupos paramilitares. (Descargar sentencia)

De acuerdo con la Sala Especializada, “la sociedad Bananeras de Urabá S.A. engendró una auténtica contrarreforma agraria que atenta contra la Constitución Política (…) por el modo inequitativo de acumular tierra y concentrar la ocupación, por demás indebida, obteniendo un aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando las expectativas, intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer su proyecto agroempresarial de banano, en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por los campesinos”.

Por lo anterior, según lo consideró la Sala Especializada, “resulta imperativo remitir copia del expediente digitalizado (…) con destino a la Fiscalía General de la Nación, como quiera que en este asunto se otea la posible ocurrencia de hechos punibles, debiéndose investigar a Rosalba Zapata y a Felipe Arcesio Echeverri Zapata, dado que los solicitantes y otros campesinos los relacionan como quienes presuntamente crearon la trama del despojo, ya que ellos participan directamente en las negociaciones, dando como resultado que Bananeras de Urabá S.A. entró a ocupar y explotar indebidamente las tierras”.

A renglón seguido, la Sala Especializada señaló: “Asimismo, debe investigarse la participación que tuvieron los empresarios bananeros propietarios de Banacol, pues por conducto de esta empresa se hicieron deducciones de dinero a los campesinos reclamantes y a otros del mismo sector (…) que según varias declaraciones que fueron valoradas en esta sentencia, se hicieron por imposición del señor Felipe Echeverri Zapata; incluso el excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, afirmó que esos dineros fueron consignados a órdenes de una hermana suya”.

El despojo en La California

Para comprender la usurpación de tierras llevada a cabo en la vereda La California es necesario remontarse a 1984. Ese año surgió en el Urabá antioqueño un movimiento campesino denominado “los recuperadores de tierras”, quienes, con el apoyo de la extinta guerrilla del Epl (Ejército Popular de Liberación), invadieron tierras baldías o terrenos sin explotar a lo largo y ancho de toda la región. Uno de los predios ocupados por los “recuperadores de tierra” fue La Niña, una finca de 104 hectáreas de extensión que, si bien para aquellos figuraba a nombre de la sociedad Emilio Hasbún & CIA, llevaba varios años abandonada y sin explotar comercialmente.

Finalmente, unas 47 familias terminaron asentándose en La Niña, predio que dividieron en lotes de 3 y 4 hectáreas para cada grupo familiar. Allí levantaron sus ranchos y se dedicaron a trabajar la tierra. Sembraron maíz, yuca, plátano y banano. Los campesinos lograron comercializar estos dos últimos productos a través de la empresa Banacol.

Según contaron las familias reclamantes en estrados judiciales, un día de 2001 apareció Felipe Echeverri Zapata convocando a los parceleros a una reunión en una finca ubicada la vereda La Teca, también en el corregimiento Nueva Colonia. Al llegar al sitio del encuentro, los campesinos advirtieron que Echeverri Zapata no estaba solo. Junto a él estaban Rafael García, Antonio Arboleda y un pequeño grupo de hombres armados.

El primero era conocido en el Urabá antioqueño con el alias de ‘El Viejo’, un antiguo guerrillero del Epl que, tras deponer sus armas en el marco del proceso de paz adelantado entre el Estado colombiano y este grupo insurgente, terminó trabajando para los grupos paramilitares creados por los hermanos Castaño Gil. El segundo era reconocido asesor logístico de la Convivir Papagayo, quien terminó vinculado con el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), inmediatamente después que la Corte Constitucional decretara la ilegalidad de estas cooperativas privadas de seguridad en 1997.

Echeverri Zapata les comunicó a los parceleros que la tierra que llevaban ocupando y trabajando por casi 20 años no les pertenecía; que era propiedad del empresario de nombre Raúl Hasbún y que actuaba en su nombre; que debían vender las mejoras o que, si querían seguir allí, tenían que pagar un monto de cuatro millones de pesos por hectárea; que el dinero bien podía descontarse de los pagos que hacía la empresa Banacol a los campesinos por la comercialización de banano y plátano que tenían sembrado en sus parcelas.

Hubo quienes aceptaron las condiciones impuestas por el empresario bananero. Mensualmente, la empresa Banacol les descontaba a los labriegos la cuota correspondiente al pago del predio. Lo que logró probar la justicia en este caso es que dichos dineros fueron a parar a las cuentas bancarias de Raúl Hasbún quien, en 2002, terminó convertido en el comandante del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Auc.

Pero hubo quienes ni siquiera aceptaron el trato y debieron abandonar la región por cuenta de las presiones ejercidas por Echeverri Zapata y por reconocidos paramilitares como Carlos Vásquez, conocido con el alias de ‘Cepillo’; y Antonio Arboleda, quien acompañó al empresario bananero en la reunión sostenida con los labriegos en la vereda La Teca.

Finalmente, muchos parceleros no lograron cumplir sus obligaciones. Según consignó la Sala Especializada en su decisión, “a causa de esas deducciones, los reclamantes sufrieron una notoria disminución de sus ingresos, afectándose su subsistencia y la de sus familias, incluso, llegó el momento en que ya no pudieron seguir haciendo el pago establecido. Ante esta imposibilidad y bajo la presión ejercida por el señor Echeverri Zapata y el actuar de los grupos paramilitares, se vieron forzados a vender las mejoras y salir de los predios, restándose del precio que se les pagaba el monto que adeudaban según lo fijado por el señor Echeverri Zapata”.

Acumulación indebida

De acuerdo con la Sala Especializada, “quien finalmente se benefició y lucró del despojo fue Bananeras de Urabá S.A, representada legalmente por Rosalba Zapata Echeverri, madre de Felipe Echeverri; empresa que ocupó de manera indebida y explotó las tierras a través del cultivo de banano para exportación, desde el momento que se da el hecho victimizante”.

Según se logró establecer durante el proceso judicial, Bananeras de Urabá S.A adquirió un total de 45.49 hectáreas mediante contratos de compraventa celebrados con parceleros de La Niña. Dichas tierras fueron anexadas a otras 172 hectáreas propiedad de la empresa, conformando una gran hacienda bananera de 217 hectáreas denominada “Finca Mi Tierra”.

A juicio de la Sala Especializada, “lo anterior nos enseña cómo Bananeras de Urabá S.A. agrupó un importante número de hectáreas, en las que expandió su objeto empresarial, aniquilando los intereses, expectativas y en general el proyecto de vida de los parceleros y sus familias, configurando un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso de la tierra, aprovechándose de la situación de temor que padecían los campesinos ante la intimidación de las armas y la ferocidad de los grupos paramilitares”.

A ello se suma un detalle para nada menor. Si bien el predio La Niña perteneció en su momento a la sociedad Emilio Hasbún & CIA, este fue objeto de un proceso de extinción de dominio por parte del desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), que mediante Resolución 1316 del 22 de junio de 1999, le otorgó la condición de predio baldío propiedad de la Nación de carácter reservado; es decir, predio susceptible de ser adjudicado para reforma agraria.

De ahí que, en sus valoraciones, la Sala Especializada haya concluido que Bananeras de Urabá S.A sacó provecho del clima de violencia de la región para imponer a los parceleros pagos injustificados para permanecer en tierras cuyo verdadero propietario era la Nación.

Así, “nítidamente se demostró que fue una práctica sistemática el sometimiento de los parceleros a condiciones de negociación impuestas bajo el uso de la intimidación de las armas de los paramilitares. Se fraguó una estrategia de temor y constreñimiento que logró su cometido, acorralar a los campesinos hasta que optaran por una de las alternativas que se les daba: pagar un dinero por permanecer allí, o salir a cambio de un precio que se pagaría por las mejoras implantadas en los terrenos del cual se descontaba el primero de los montos fijados”. Dicho entramado jurídico, según advirtió la sentencia, fue propiciado por Felipe Echeverri Zapata con el apoyo de los paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Está demostrado que Bananeras de Urabá S.A. compró mejoras en varios predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado (…) de lo cual puede deducirse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia. El carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”, reza la sentencia en uno de sus apartes.

Todas estas consideraciones llevaron a la Sala Especializada a ordenar compulsar copias para que se investigue penalmente a Rosalba Zapata y a su hijo, Felipe Echeverri Zapata; a los propietarios de las empresas Bananeras de Urabá S.A, Banacol y C.I Uniban S.A. por el presunto delito de concierto para delinquir por financiación voluntaria de grupos paramilitares.

Sobre el particular, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, organización que fungió como apoderada judicial de nueve de los reclamantes once reclamantes, señaló que, “aquí lo que se probó es que la empresa Bananeras de Urabá S.A se aprovechó de las circunstancias de violencia de la región, creó un entramado jurídico, acumuló tierras y lo que hizo fue una verdadera contrarreforma agraria contraria a la Ley”.

Vega recordó que si bien no es la primera vez que un juez de la República ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a dueños, accionistas y administradores de empresas bananeras del Urabá antioqueño, “muchas de estas investigaciones aún permanecen en la más completa impunidad”.

“Hay casos como el de Chiquita Brands, que fue condenada en el extranjero, pero en Colombia no ha pasado nada con ese caso. Los procesos van y vienen, de despacho en despacho en la Fiscalía, y nada de resultados”, declaro Vega, quien añadió: “Ahora, la Sala Especializada en Restitución de Tierras ordena nuevamente que se investigue a esta empresa bananera. Yo, de mi parte, sostengo que estos procesos sean de conocimiento de la Corte Penal Internacional para que no haya más impunidad”. (Leer más en: Los nuevos papeles de Chiquita Brands)

Desafortunadamente, las familias campesinas no han podido retornar a sus tierras y recibir los predios de mano de la justicia. Todo porque la sentencia fue proferida una semana después que el gobierno nacional decretara la cuarentena obligatoria para contener la propagación del Covid-19. “Días después de notificada la sentencia, la empresa abandonó los predios a sabiendas del riesgo fitosanitario por la presencia de sigatoka en las plantaciones. Los cultivos fueron saqueados por personas ajenas a los predios que están aprovechando la cuarentena para hacer explotación indebida de los predios”, señaló por su parte Julio Cuastumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

* Foto de apertura: Bibiana Ramírez

The post Ordenan investigar penalmente a empresas bananeras del Urabá antioqueño appeared first on VerdadAbierta.com.

Tras considerar que no se presentó ninguna irregularidad, la Sala Civil Especializada de Tierras del Tribunal Superior de Cali determinó eximir de toda responsabilidad a la familia política del departamento de Caldas en la adquisición de los predios Guamerú, Sausagua y el Lote Sausagua, de la vereda Saulito, en el corregimiento de Irra, de Quinchía, Risaralda. (Descargar sentencia)

Tanto el exsenador Mauricio Lizcano, quien fungió como Senador de la República en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, avalado por el Partido de la U, como su padre, Óscar Tulio, actual representante a la Cámara por el departamento de Caldas y víctima de secuestro por parte de las Farc, se habían acreditado como opositores en un proceso de restitución que adelantaron los familiares de Blanca Ofelia Acosta y Juan Fernando Correa, antiguos propietarios, quienes fueron secuestrados y desaparecidos en noviembre de 1996 en esa región del país por un grupo armado ilegal.

Luego del plagio, se registraron decisiones judiciales y de transacciones económicas sobre esos tres predios, que en su conjunto suman 57 hectáreas, y finalmente llegaron a manos de los políticos regionales el 15 de mayo de 2012, tras pagar por ellos 305 millones 863 mil 580 pesos.

“[…] de las pruebas allegadas se desprende que los opositores cumplieron con diligencia y cuidado las gestiones tendientes a verificar la legalidad y transparencia de la negociación que realizaron sobre los predios, sin que advirtieran situaciones derivadas del ilícito del que fueron víctimas los propietarios anteriores a su vendedor, en hechos ocurridos dieciséis años antes”, se afirma en el fallo, proferido el pasado 3 de septiembre con ponencia de la magistrada Gloria del Socorro Victoria Giraldo.

En una decisión que podría considerarse como salomónica, los magistrados especializados en restitución de tierras no sólo les dieron la razón a los reclamantes, a quienes tendrán que regresar los tres predios, sino que consideraron que los políticos caldenses fueron compradores de buena fe exentos de culpa, razón por la cuales decidieron compensarlos con 1.377 millones de pesos, una cifra actualizada del valor de los predios Guamerú, Sausagua y el Lote Sausagua.

En este proceso de reclamación, la Procuraduría General de la Nación cuestionó duramente a los Lizcano en un documento conocido por este portal a finales de 2017 y del cual dio cuenta en un amplio informe publicado el 18 de diciembre de ese año. En su análisis, el Ministerio Público alertó sobre “el posible aprovechamiento de la historia de violencia ocurrida” en esos predios para “activar una cadena de actuaciones públicas y privadas que pudieron llevar al despojo de esos bienes”.

Además, advirtió sobre el posible acceso y utilización de “información reservada referente a la estructuración de proyectos de infraestructura de interés nacional y estratégico, en cuya gestión contractual y de recursos, además, pudo haberse cometido una serie de irregularidades”, por cuanto los predios serían afectados por la construcción de una de las fases del proyecto vial Conexión Pacífico 3, que hacía parte del proyecto Autopistas para la Prosperidad. (Leer informe en: Procuraduría mantiene lupa sobre senador Mauricio Lizcano por despojo de tierras)

Antecedentes de la decisión

Los esposos Blanca Ofelia Correa y Juan Fernando Acosta fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos sin que aún se conozcan los responsables y sin que sus cuerpos se hubiesen encontrado. Para la época de los hechos, pululaban en la región del Eje Cafetero grupos guerrilleros como el Frente Óscar William Calvo del Epl y el Frente Aurelio Rodríguez de las Farc, así como diferentes estructuras ligadas a carteles del narcotráfico.

Lo que comenzó a tejerse luego de la desaparición de los esposos Acosta Correa fue una trama de decisiones judiciales que afectaron la propiedad de los predios Guamerú, Sausagua y el lote Sausagua. De acuerdo con los parientes de los plagiados, esos procesos se tranzaron sin la menor posibilidad de defensa de los dueños.

Tal como lo detalló este portal en su momento, los familiares de la pareja plagiada solicitaron en octubre de 2004 ante el Juzgado Primero de Familia de Medellín la declaración de muerte presunta de la pareja de esposos. A través de sentencia proferida el 9 de mayo de 2008, el despacho así lo declaró, fijando como fecha presuntiva de los hechos el 27 de noviembre de 1996.

En el trámite de sucesión, adelantado por uno de los parientes, se descubrió que los bienes habían sido objeto de remate en un proceso ejecutivo, sin la comparecencia de sus dueños, por lo que inició una acción de reparación directa con la idea de que se declarara la responsabilidad del Estado y se les indemnizara por los perjuicios causados tras la decisión del juez. La causa fue presentada ante el Tribunal Superior de Antioquia, que falló en su contra. Esa decisión fue apelada ante el Consejo de Estado, sin que aún se conozca respuesta alguna.

¿Pero cómo la familia de la pareja secuestrada y desaparecida perdió los tres predios solicitados en restitución? Al momento de la desaparición, las propiedades estaban a nombre de Blanca Ofelia Correa y sobre uno de ellos, Guamerú, pesaba una deuda hipotecaria a favor de la sociedad Danasay Ltda., hoy MH Pineda y Cía S.A.S., por 100 millones de pesos.

Para saldar esa deuda, se inició un proceso ejecutivo de cobro de mayor cuantía que derivó, inicialmente, en su embargo, y luego en la adjudicación a favor de la firma MH Pineda y Cía. S.A.S., tras un proceso tramitado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado y fallado a favor de los cobradores el 4 de febrero de 1997.

En su momento se le advirtió al juez que la decisión no podía ser notificada porque la demandada estaba secuestrada junto con su esposo; no obstante, ese despacho no reparó en esa circunstancia y ordenó enviar a la citación a la dirección aportada en la demanda. El documento fue recibido por el portero, quien informó que la residencia de los Acosta Correa estaba desocupada. No obstante, el operador judicial insistió en la notificación y para ello nombró un representante de la familia, quien no presentó objeción alguna en el proceso.

Finalmente, los predios fueron traspasados a la MH Pineda y Cía. S.A.S., cuyos antecedentes empresariales se remontan a Danasay Ltda., representada en el momento de la hipoteca por Yolima Hernández Pineda, viuda, según la Procuraduría, de Guillermo de Jesús Blandón Cardona, un antiguo narcotraficante que integró ‘Los Doce del Patíbulo’, grupo que aportó información para acabar con el Cartel de Medellín y que recibió “beneficios por colaborar con la justicia”, de acuerdo con el Decreto 1833 de junio de 1993 de la Fiscalía General de la Nación. Justo a finales de ese mismo año fue asesinado y reportado por la prensa como “testigo de excepción contra Escobar”.

De acuerdo con la valoración que hizo en su momento la Procuraduría sobre este proceso, el embargo de los bienes se realizó en condiciones adversas para la propietaria, quien no tuvo la posibilidad de “ejercer su derecho fundamental de defensa”, y respaldándose en sentencias de la Corte Constitucional, sugirió que “es posible que el Juzgado haya vulnerado el derecho a la igualdad material de la señora Blanca Correa y en consecuencia sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa técnica”, lo que podría configurar un despojo jurídico.

Pero el Ministerio Público fue más allá y advirtió que este caso podría “estar construido a partir de diversos elementos que permiten considerar a la señora Correa y su compañero como víctimas de un despojo, y que ameritan una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para establecer si dicho despojo, los hechos victimizantes que terminaron con la declaración de muerte por desaparecimiento de los mencionados señores, y las prácticas de la empresa MH Pineda y Cía. S.A.S., están relacionados con una espiral de violaciones al orden jurídico, que podría recorrer prácticas de testaferrato, blanqueo de capitales, violaciones al derecho a la integridad de personas vulnerables y despojo de tierra en contextos de violencia generalizada”.

A favor de todos

En el análisis de las pruebas y los testimonios que hacen parte del expediente de la solicitud de restitución, la Sala Civil Especializada de Tierras del Tribunal Superior de Cali concluyó que los procesos judiciales que derivaron en el remate de los predios y en la posterior adquisición por parte de los políticos caldenses dan cuenta “del estadio histórico en que se dieron los hechos y de la ausencia de mecanismos de protección del patrimonio de las víctimas de secuestro o desaparición forzada para esas calendas”.

Resultado de ello es que las actuaciones del Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, que acabaron en el remate de las tres propiedades, pese a ser notificado de la condición de inferioridad de los esposos Acosta Correa, no tuvieron “medidas cautelares ni de su iniciación y trámite obra constancia en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios, de tal forma que pudiera advertirse a cualquier persona sobre la reclamación en curso”.

En razón de ello, los magistrados consideraron que “no puede ofrecer reproche la confianza que en los opositores y en el abogado contratad para el estudio de títulos correspondiente, generara el hecho de mediar una almonedad y presumir su legalidad”.

La revisión de las evidencias también llevó a los magistrados a determinar que la firma acreedora de la deuda hipotecaria por 100 millones pesos, en su momento Danasay Ltda., hoy MH Pineda y Cía S.A.S., no obró de manera ilegal en el proceso de remate de los predios y destacó, por el contrario, que “el apoderado judicial de la entidad acreedora puso en conocimiento en forma oportuna al funcionario judicial, el presunto secuestro de que la demandada había sido víctima, sin que se evidencie en su conducta un actuar encaminado a inducir al juzgado en error o distorsionar la verdad sobre el paradero de la ejecutada, siendo así entonces que dicha actuación se surtió con arreglo a las normas imperantes en la época y no fue cuestionado con posterioridad por ningún interesado, o al menos de ello no dio cuenta el certificado de tradición, documento que cumple la función de dar publicidad a la situación jurídica de los inmuebles”.

Asimismo, el fallo destacó en esa presunta cadena de errores, que las tres propiedades tampoco fueron inscritas en el registro de predios, vigente de 1997, que cumple justamente con la función de revelar el riesgo de negociar los derechos de inmuebles que están en zonas afectadas por el conflicto armado, bien sea porque las administraciones municipales los declaren en riesgo de despojo o porque los propietarios reportaron hechos de los que fueron víctimas que implicaran una amenaza de pérdida de los bienes.

Con respecto a lo que en su momento afirmó la Procuraduría sobre el supuesto “aprovechamiento de la violencia” de la región para hacerse a los predios, la decisión judicial descartó de plano ese planteamiento y recordó el secuestro del que fue víctima Oscar Tulio Lizcano, quien estuvo en cautiverio bajo control de la extinta guerrilla de las Farc desde el 5 de agosto de 2000, por cerca de ocho años, y alcanzó su libertad cuando huyó de sus captores en octubre de 2008.

En ese sentido, los magistrados de la Sala Civil Especializada de Tierras del Tribunal Superior de Cali llamaron la atención del Ministerio Público pues no era exigible tal conocimiento por cuanto Lizcano padre “no habitaba ni trabajaba” en la región donde estaban los predios y cuando ocurrieron los trágicos hechos que afectaron a los Acosta Correa acreditó que “vivía y laboraba en Medellín, que luego incursionó en la política y posteriormente fue víctima del secuestro, que lo aisló del conocimiento no solo de la región donde estaban ubicados los predios sino, seguramente, de muchos otros asuntos de la vida nacional y local, mientras su hijo Óscar Mauricio adelantaba estudios en el exterior”.

No obstante, los magistrados le reprocharon a los Lizcano la aparente insensibilidad en defensa de sus intereses particulares al “tender un manto de duda sobre la conducta de los causantes de su contraparte, pretendiendo invisibilizarlos como víctimas, en actitud carente de toda generosidad para dimensionar el dolor de sus familiares, ante la desaparición definitiva de su pariente (sic) víctimas del mismo flagelo pero que no tuvieron la oportunidad de regresar, de unirse a su familia, de reconstruir su vida, de emprender para sanar el dolor del secuestro y la desaparición forzada”.

Procuraduría mantiene lupa sobre senador Mauricio Lizcano por despojo de tierras
Ese reproche se basa en un escrito de los políticos caldenses en el que afirmaron que “no se encuentra acreditado que la pareja de esposos Juan Fernando Acosta Mesa y Blanca Ofelia Correa Acosta hayan sido víctimas de secuestro o desaparición forzada por parte de algún actor criminal vinculado al conflicto armado interno colombiano, toda vez que las declaraciones de los solicitantes no dejan entrever que los autores de aquellos hechos vinculen a las FARC o al EPL, sumado a ello, nadie cuenta de amenazas en contra de la pareja de esposos”.

El otro argumento esbozado por la Procuraduría sobre el acceso a información privilegiada de los Lizcano sobre proyectos de infraestructura de utilidad pública que afectarían los tres predios fue rechazado por la magistratura en su fallo al considerar que las obras que se construirían en la región eran de conocimiento público: “Por tanto, si bien pudo ser un móvil para la realización de la negociación en razón de su valorización, o la oportunidad de un emprendimiento como el que efectivamente está documentado en el proceso, tal actuación no resulta censurable y por el contrario se encuentra al amparo de la norma constitucional que consagra el derecho a la libre empresa”.

Además, la decisión judicial estableció que “no existe indicio de un nexo causal que permita plantear que aquel sea un provecho indebido o fue el móvil para el desaparecimiento de que fueron víctimas los señores Correa Acosta y Acosta Mesa, como tampoco hay asomos siquiera de un posible vínculo de los opositores con los victimarios o con grupos armados ilegales”.

Por tales razones, concluyó el fallo, “los opositores lograron acreditar la buena fue exenta de culpa y en consecuencia, tendrán derecho al reconocimiento de la compensación de que trata la Ley 1448 de 2011, en su artículo 98, que corresponde al valor del predio establecido en el proceso”.

Esa acreditación va en contravía de un concepto de la Procuraduría enviado a esta Sala el 18 de enero de 2018, conocido por este portal, en el que solicitó que se declarara que “no se encuentra probada la buena fe exenta de culpa de los opositores Oscar Tulio Lizcano González y Oscar Mauricio Lizcano Arango”.

Con respecto a los reclamantes, la Sala determinó que los parientes de los Acosta Correa son víctimas del conflicto armado y, por tanto, tienen derecho a la reparación integral del daño sufrido, lo que implica la devolución de los predios solicitados en restitución y su restitución jurídica y material.

En consecuencia, “se dispondrá que los actuales ocupantes hagan la entrega de los predios a los reclamantes” y teniendo en cuenta que aún está en vigencia la concesión vial que afecta parcialmente los predios, “se dispondrá oficiar a la Concesión Pacífico Tres, para que en lo relacionado con las afectaciones de los fundos restituidos se entiendan con los reclamantes”.

Dados los cuestionamientos que en 2017 hiciera la Procuraduría General de la Nación, reforzados en enero de 2018 por un concepto enviado a la Sala Civil Especializada de Tierras del Tribunal Superior de Cali, se espera que se pronuncie al respecto y anuncie qué medidas adoptará ante este fallo, adverso a sus argumentos.

Esta decisión judicial puede sentar el precedente para que en futuros procesos de restitución de tierras, opositores que sean declarados compradores de buena fe exentos de culpa, reciban millonarias compensaciones. Situación que no había ocurrido en el pasado, como en casos complejos que involucraron a grandes empresas o particulares; por ejemplo, los litigios entre campesinos de los Montes de María y la cementera Argos, que debió devolver predios sin recibir un peso a cambio. (Leer más en: Argos no probó buena fe exenta de culpa en compra de tierras y Cementos Argos deberá devolver otro predio despojado en los Montes de María)

The post En proceso de despojo de tierras, compensan a políticos caldenses con 1.377 millones de pesos appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Opositores sabotean restitución a víctimas en Urabá appeared first on VerdadAbierta.com.

El 52% de la tierra en Colombia le pertenece al 1,5% de los colombianos. A muchos campesinos no les alcanza la vida ni el trabajo para conseguir una parcela. La violencia les ha quitado una y otra vez la tierra. La violencia se repite una y otra vez sobre la misma tierra.

Un par de horas tardó la violencia en obligar a Vidal González a huir de Chigorodó (Urabá) y dejar las tierras que el Incora le había otorgado. Trece años esperó hasta encontrar una entidad del Estado que escuchara su reclamo. 19 años pasaron hasta que logró volver a su tierra. Casi un año tardaron sus vecinos en entender que la violencia armada hizo víctimas y victimarios, con armas y sin ellas, pero que les correspondía a todos entender, conocer diversas verdades y empezar a sanar.

Vidal tiene 58 años, unas manos, piel y andar rústicos que contrastan con su mirada curiosa y el trato suave al conversar. Creció entre San Pedro de Urabá y Cartagena, a donde fue para estudiar la primaria. A los 14 años, tras el divorcio de sus padres, “me tocó hacerme hombrecito”. Regresó a Urabá, trabajó de finca en finca y aprendió de ganadería, madera, agricultura y hasta de barcos.

Cuando tenía 20 años empezó a pagar una pequeña parcela en San Pedro, que recibió cuatro años después y que debió dejar sólo unos meses más tarde tras una fuerte sequía que le hizo perder los cultivos de arroz y maíz. Vidal con su esposa y dos hijos se fueron a Chigorodó, donde estaba uno de sus hermanos mayores y ya lo reconocían por su trabajo.

Carlos Enrique Arango González era dueño de una gran extensión de tierras en la vereda Veracruz de Chigorodó. Planeaba venderle esos terrenos al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora)para que los repartiera entre los campesinos. Vidal trabajó para Arango y entre ganado y cultivos creció una relación de respeto, apoyo y amistad; por eso en 1983 Arango le prometió a Vidal que lo ayudaría para que lo incluyeran en el listado de los parceleros. Diez años después, en 1993, el Incora finalmente compró los terrenos y un año después, en 1994, a Vidal le adjudicaron la Parcela 2 de Veracruz.

La esquina de todos contra todos

Urabá es la esquina exacta de Suramérica, la une a Centroamérica y conecta naturalmente al océano Pacífico con el Atlántico. Allí se localizan 18 municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba. Está lejos de los centros de poder, y no se trata de las seis horas que hay para ir de Apartadó, la ciudad principal de la región, a Medellín, sino de la poca presencia estatal. Todo esto ha convertido a la región en un lugar estratégico para el tráfico de drogas y armas.

Entre las décadas 60 y 70, en Urabá se crearon sindicatos de trabajadores de las empresas de cultivos de banano que habían crecido rápidamente por la zona desde los años 50. Para los años 80, los trabajadores, sólidamente organizados, habían logrado considerables mejoras de sus condiciones laborales y los sindicatos habían llegado a tener alrededor de 18.000 integrantes.

La fuerte organización sindical generó dos respuestas. La primera fue de las guerrillas, que aprovecharon para acercarse e influir la población al infiltrarse entre los trabajadores. La segunda fue de los empresarios y terratenientes que, tras tener ‘pérdidas’ económicas, decidieron apoyar grupos de autodefensas para presionar a las comunidades y defender sus intereses.

En 1988 llegaron a la zona los ‘mochacabezas’ y ‘los tangueros’, como se conocieron a los primeros grupos paramilitares que, aliados con militares, narcotraficantes, empresarios y políticos locales, persiguieron y asesinaron a líderes y simpatizantes de movimientos y partidos de izquierda, especialmente.

En 1991 el Ejército Popular de Liberación (Epl) se desmovilizó con un acuerdo de paz y creó el partido político ‘Esperanza, Paz y Libertad’. Las Farc y las disidencias del Epl atacaron a los ‘esperanzados’ tras calificarlos de traidores aliados de los paramilitares. Para defenderse, los ‘esperanzados’ crearon los ‘Comandos Populares’, que recibieron apoyo paramilitar. En 1992, las autodefensas dirigidas por Fidel Castaño se instalaron en la zona y aumentaron su influencia.

Con los años por allí pasaron altos jefes paramilitares como alias ‘El Alemán’, alias ‘HH’ y los hermanos Castaño, además del general (r) del Ejército Rito Alejo Del Río, acusado de ser aliado de los ‘paras’. En 1996, con la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, y las medidas adoptadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe para recuperar la seguridad de la zona, se generó una ola de enfrentamientos entre las Farc y las autodefensas, apoyadas por sectores del Ejército, lo que generó algunas de las mayores violaciones a los derechos humanos y de los peores escándalos entre las Fuerzas Armadas.

Vidal poco habla de la violencia de esa época. “Es algo que no vale la pena recordar, pero aquí hubo un desastre total”, atina a responder por cortesía. No es claro si evita hablar del tema porque ahora sus problemas son otros o para evitar que los malos recuerdos perturben su calma. “De lo que te podría contar es que aquí no vivía todo el mundo ni el que quería, sino el que podía vivir. Pasó de todo, pero como te digo, ya esto se me sale de las manos”.

¿La tierra o la vida?

El 22 de marzo de 1995, tras años de trabajar en las fincas de la zona y a sólo unos pocos meses de recibir la Parcela 2 en Veracruz, a Vidal lo secuestraron.

Los parceleros se habían reunido en la única casa que había en la zona, la que había construido el primer propietario, Carlos Arango. Con un funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) conversaban sobre los criaderos de marranos y gallinas que empezarían. A las 9 y 30 de la mañana “vimos que venía el viaje de gente en bestias y otras a pie”, encapuchados y armados. Al llegar, revolcaron la casa, no sabían qué buscaban ni a qué grupo pertenecían. “Habían tantos grupos de guerrilla en ese entonces”. Y obligaron a los 20 parceleros a irse con ellos para que arriaran 300 reses que habían recogido en una finca vecina. “Aquí nadie se atrevía a decir: no voy a hacer esto, porque tenían problemas, ya usted sabe lo que le podían hacer a uno”, explica Vidal.

Poco a poco, el grupo fue dejando por el camino a los más viejos y a los más débiles. Al final quedaron cinco personas, entre ellos Vidal. Después de unos días los liberaron con varias amenazas. “Yo vi que no quedaba más de otras que irme”.

Al día siguiente de la liberación mataron al funcionario de la Umata. Quince días después, otro de los cinco apareció muerto, “no sabemos por qué”. Al tercero lo mataron en el Magdalena. “Yo me fui a los dos días de que nos soltaron y no supe más”. El último de los cinco, uno de los parceleros más viejos, sigue viviendo en el pueblo. “Sólo él y yo estamos vivos”.

“Me fui solo, con lo del pasaje”, a San Pedro, donde el suegro. La esposa de Vidal se quedó unos días más para cobrar su paga y recoger algunas cosas de los cuatro hijos. “A los diítas que nos fuimos, entraron otros grupos”. Como cuentan varios de los vecinos, en 1995 Chigorodó casi se convierte en un pueblo fantasma, los habitantes vendieron las casas a muy bajos precios. “A los que no pudieron irse, los mataron, esto fue un conflicto grande, grandísimo”.

Masacres y más masacres

En el Eje Bananero, como se conoce a los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, las cifras sobre los asesinatos varían entre una y otra fuente, pero todos los números son altos. Entre 1990 y 2007 hubo más de 7.500 homicidios, la mitad ocurrieron entre 1994 y 1998. Sólo en 1994 hubo alrededor de 470 muertos y en 1995 la cifra se dobló, de acuerdo con datos de la Policía Nacional. Entre 1991 y 2003 fueron asesinados 632 sindicalistas. Juan Aparicio, investigador de la Universidad de los Andes, registró 2.950 homicidios con fines políticos entre 1995 y 1997. La mayoría de las personas asesinadas estaban entre los 20 y 35 años.

Algunas de las masacres más macabras del país sucedieron en Urabá. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1988 y 2002, hubo 103 masacres en la región, la mayoría en el Eje Bananero. Entre las más tenebrosas estuvo la del barrio La Chinita en Apartadó, el 23 de enero de 1994, cuando las Farc asesinaron a 35 personas. El 12 de agosto de 1995 fue el turno en El Aracatazo, como se llamaba un bar en Chigorodó a donde llegaron los paramilitares para matar a 20 personas.

El Registro Único de la Unidad de Víctimas muestra que en Urabá hay 479.219 víctimas del conflicto armado. La región tiene alrededor de 600.000 habitantes. Los paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en todo el país. Sin embargo, a mediados de 2006 surgió en esta región un grupo armado ilegal, sucesor del paramilitarismo, que se autonombró como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las amenazas, extorsiones y asesinatos han continuado en menor medida, el tráfico de drogas va en aumento y se han sumado la prostitución infantil y el tráfico de personas.

Según la Universidad de los Andes, 32.000 personas fueron desplazadas, es decir el 5 por ciento de la población. Entre los ires y venires, la gente fue ocupando la tierra, la fue comprando y apropiando a un ritmo frenético, presionado, legal e ilegalmente, en pequeñas y grandes extensiones. Pasados los años, cuando la violencia disminuyó y los propietarios regresaron a sus fincas, empezó el problema de los segundos y terceros ocupantes.

La vida sin tierra

Dos años después de resistir en San Pedro y con el aviso de que había algo de calma en Chigorodo, en 1997 Vidal regresó para cultivar su tierra: “Cuando volví, la señora María Teresa del Incora me dijo que la parcela se la habían entregado al señor Antonio Aguirre, pero que hablara con él para que me la devolviera”. Aguirre se instaló en la finca en noviembre de 1995, siete meses después de que Vidal huyera tras su secuestro y las amenazas.

Las parcelas estaban solas, casi todos habían vendido. “El señor Antonio me dijo que sí se salía, pero que le pagara las mejoras, una casita y un corralito. Yo no tenía ni para mí y eran como diez millones”. Con esta respuesta, Vidal volvió a buscar ayuda en el Incora y en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): “Me sacaron, me dijeron que ya la parcela estaba adjudicada y que yo no volvería a tener derecho a tierras sino hasta dentro de 20 años”.

Antonio Aguirre es un paisa que llegó a Chigorodó desde el departamento del Chocó y durante diez años vivió en la Parcela 2 de Veracruz. En 2007, le vendió la finca a un primo, quien fue asesinado en 2008, por lo tanto la parcela pasó a manos de sus hijos que volvieron a vender. Durante diez años más, hasta 2017, la finca estuvo ocupada por cuidadores.

El Estado queda lejos

En Apartadó no había una sola oficina que pudiese ayudar a Vidal. “No sabía si había oficinas en otra parte y tampoco podía ir hasta Medellín sin saber qué y dónde buscar”. En 2012 abrieron allí una oficina de la Unidad de Restitución de Tierras: “Yo estaba trabajando en Carepa cuando me enteré, ahí mismo fui, expuse el caso, llevé toda la papelería y empezó el proceso”.

En el Incoder, que reemplazó al Incora, no se encontró un documento que registrara la adjudicación de la Parcela 2 a Antonio Aguirre o su esposa, Ana Joaquina Benítez, aunque sí aparecieron en el listado para ser tenidos en cuenta para la adjudicación tras el trámite de caducidad por abandono contra Vidal. El 19 de octubre de 2017, el Juez Tercero Civil Especializado de Tierras de Antioquia ordenó restituirle las tierras a Vidal.

La justicia creyó, ¿y la sociedad?

La Parcela 2 de Veracruz está a tan sólo unos minutos de camino, a pie, de la casa de Vidal. Él y su esposa viven en media hectárea de la Parcela 1 que le vendió el dueño por 600 mil pesos. “Esto no tenía ni camino para entrar”. Durante 19 años, desde que regresaron en 1995, han pasado varias veces a la semana por la que fuese su tierra y que les fue restituida el 5 de diciembre de 2017.

“Había un viaje de gente con unas pancartas. Los abogados los reconocieron de otros procesos, cada vez que entregan, ellos invaden”, así empieza a explicar Vidal el último tropiezo que tuvo en la restitución de su parcela. Los invasores instalaron carpas, bloquearon la entrada y amenazaron a Vidal. Antonio Aguirre regresó con su esposa, que alentaba a los invasores y reclamaba que la Parcela les pertenecía a ellos, pues nunca habían vendido sino que habían arrendado la tierra.

Durante varios meses, Vidal y su familia estuvieron en peligro de pasar frente a la parcela, a uno de sus hijos lo amenazaron con machete. Se enteraron que los invasores tenían planes de quemar su casa y golpearlos por el camino. “Un viernes santo me vinieron a buscar para una carrera en la moto. Cuando íbamos en camino, el muchacho me dijo: a usted lo van a matar”, así cuenta Vidal quizás uno de los momentos más tensos tras la restitución de la Parcela 2. “Si Dios permite, porque el diablo hace si Dios se lo permite”, le respondió al hombre que estaba confesando la tarea que tenía a cargo.

“Llegamos al pueblo y me invitó a tomar tinto, llorando me dijo todo lo que iba a hacer. Me seguía en el pueblo, pero que nunca pudo hacer nada. Él fue guerrillero y paramilitar, nunca había perdonado a alguien”, recuerda Vidal, un cristiano con una fe sorprendente y un positivismo contagioso. “Ese mismo día le contó todo a la mamá, que también es cristiana. Ahora es mi amigo y yo voy a la casa de su mamá. Yo les cuento a las personas y no me creen”.

La Policía y el Ejército desalojaron varias veces a los invasores, quienes finalmente se marcharon cuando alambraron la Parcela 2 y la Unidad de Restitución de Tierras instaló una valla en la que aclara que el predio le pertenece a Vidal. Los invasores aún siguen en la vereda. “Ahora son mis amigos, mis vecinos”. Antonio Aguirre y su esposa viven en el pueblo. “La gente cree lo que ve cerquita, por eso hay que contar y contar la verdad para recuperar la tierra y que no se repita el conflicto”.

* Imagen de apertura: retrato realizado por Mario Esteban Villa Vélez, maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional.

The post Muchos campesinos y poco campo appeared first on VerdadAbierta.com.

Por lo menos 12.600 indígenas del pueblo Embera Chamí asentados en 21 comunidades que conforman este resguardo esperan que los llamados que han hecho recientemente distintas entidades estatales no se queden en oficios o sentencias y se les proteja de las amenazas que se ciernen sobre ellos.

Las alertas están prendidas desde hace dos semanas, cuando los indígenas de San Lorenzo advirtieron la presencia de hombres armados en algunos sectores del resguardo, sin que se pudiera establecer a qué se debía su patrullaje en sus tierras y a cuál organización criminal pertenecían.

Esa inquietante presencia coincidió con dos hechos significativos para los nativos: el primero fue la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, fechada el pasado 19 de enero, mediante la cual reconoció a 21 comunidades indígenas de este resguardo como víctimas del conflicto armado y amparó el derecho fundamental a la restitución de sus derechos territoriales; y el segundo, el evento de ratificación del gobierno propio, evento realizado dos días después de proferida la decisión judicial y durante el cual conocieron detalles del fallo de restitución a su favor.

Pero los vientos de optimismo que generó la sentencia y la ratificación del gobierno propio comenzaron a oscurecerse en los días siguientes, al punto que el Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y al DIH de la Defensoría del Pueblo le solicitó medidas urgentes de protección de esta comunidad indígena a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que preside el Ministerio del Interior. (Descargue la sentencia)

Esa petición, fechada el 25 de enero, contiene detalles de lo que viene ocurriendo en este resguardo: “[…] desde el lunes 21 de enero del presente año, día en que se realizó la ceremonia ‘acto de ratificación del gobierno propio vigencia 2019’, en el resguardo indígena San Lorenzo, se han visto hombres extraños armados en la comunidad de Pradera […] a pocos minutos del casco urbano”.

Dos días después, según la Defensoría, fueron vistos los mismos hombres armados, lo que ha generado gran preocupación entre los indígenas. “Preocupa la constante presencia armada de denunciada por la comunidad en dicho territorio, máxime cuando se han presentado graves hechos victimizantes como el homicidio de configuración múltiple ocurrido el 23 de noviembre de 2018”.

En esta misiva, la Defensoría hace alusión a la masacre perpetrada en la noche de ese día contra la familia Díaz Tapasco, en la que murieron los esposos Serafín y Gabriela, y a su hijo César Augusto, tras una incursión armada en su lugar de residencia.  (Leer más en: Las ‘fracturas’ del resguardo San Lorenzo)

Por tales razones, la agencia del Ministerio Público le solicitó al Ciprat que adopte “las medidas de protección inmediatas a favor de la mencionada comunidad indígena, a fin de disuadir la situación de riesgo y prevenir la consumación de violaciones masivas de DDHH”.

Cumplir con la sentencia

El panorama de riesgo que advierte la Defensoría para el resguardo San Lorenzo ocurre justo cuando los Embera Chamí requieren garantías de seguridad para el cumplimiento de la sentencia de restitución proferida por el Juzgado Especializado de Pereira.

La decisión es histórica porque reconoce que el pueblo indígena fue fracturado no sólo por el conflicto armado sino por decisiones políticas y administrativas que, durante décadas, desconocieron su territorio colectivo.

La propiedad de las tierras del resguardo se ampara en un título colonial de 1627, en cuyo documento se estableció una extensión de 6.706 hectáreas, ratificado en 1836. Sin embargo, en 1943 el ministro de Economía de la época, Jorge Gartner de la Cuesta, de origen caldense, promovió la disolución de los resguardos en su departamento y el territorio quedó expuesto al avance de la colonización y a la constitución de títulos de propiedad individual, entre ellos San Lorenzo.

Pese a que en 1960 el gobierno nacional reconoció el territorio Embera Chamí de San Lorenzo como reserva indígena, esto no significó el saneamiento de la propiedad. En 1983 iniciaron su lucha para que fueran reconocidos como resguardo y sólo hasta junio de 2000 el antiguo Incora, mediante la Resolución 010, reconoció el resguardo indígena, “pero no en las condiciones del territorio ancestral […] ya que constituyó el resguardo con cinco globos y no como se dispone en la norma como la unidad del territorio”.

Por tales decisiones, el Juzgado conceptuó en su decisión que “en términos de derecho, el Estado colombiano desconoció el derecho adquirido de la comunidad Indígena de San Lorenzo por más de 300 años, con el propósito de adueñarse de territorios que ya pertenecían a dicha comunidad, ello con el pretexto de entregarlo a aquellos que, si explotaban el territorio, permitiendo que ingresaran terceros no pertenecientes a esta comunidad”.

Para subsanar los daños que ha ocasionado el mismo Estado con sus decisiones, las autoridades indígenas solicitaron desde 2011 la ampliación del resguardo. Para facilitar ese procedimiento, varios indígenas renunciaron a sus derechos individuales en favor del territorio colectivo y, además, el cabildo ha adquirido predios para cederlos al resguardo. Con ello, según la decisión judicial, se pretende “ampliar al territorio ancestral y que tenga la calidad de imprescriptible, inajenable e inalienable”, pero nada de eso ha sido tenido en cuenta y las autoridades de tierras en el país no le han dado continuidad al proceso de ampliación del territorio ancestral.

Ante tales falencias estatales, el Juzgado le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que “en el término de doce meses, realice el proceso administrativo de ampliación del resguardo indígena de San Lorenzo con los predios cedidos por los comuneros y por el cabildo del resguardo indígena […] sin desconocer de ningún modo el territorio ancestral […] indicando la identificación, individualización, deslinde, ubicación con coordenadas geográficas y extensión del territorio ampliado, además del registro respectivo del título colectivo ante la oficina de instrumentos públicos”.

También le ordenó a la ANT que “dé publicidad efectiva donde se garantice la autonomía territorial de las autoridades indígenas de este resguardo; donde se reconozca a este pueblo indígena como autoridad territorial oponible a cualquier otra entidad o autoridad pública o privada, tales como notarias, oficinas de registro e instrumentos públicos, corporaciones autónomas, ministerios, ICAC, entidades territoriales, Agencia Nacional de Tierras, entidades descentralizadas, entidades judiciales y de la fuerza pública”.

El fallo, además, le ordenó al Ministerio de Cultura que en un término no mayor a seis meses “construya de manera concertada con las autoridades indígenas y espirituales del resguardo indígena de San Lorenzo un plan de salvaguardia para los espacios sagrados de su territorio ancestral, con disposición presupuestal para su implementación, ejecución y sostenimiento que permita proteger el patrimonio cultural y espiritual del pueblo Embera”.

Azotados por la violencia

La sentencia documenta las consecuencias del conflicto armado que azotó a esta comunidad indígena desde la década del ochenta. Guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública alteraron la vida cotidiana de los Embera Chamí de San Lorenzo, afectando sus costumbres y su tejido social y político.

De acuerdo con testimonios de los indígenas que reposan en el expediente, a comienzos de los años ochenta llegaron a esas tierras guerrilleros del Epl y del M-19, “quienes usaban su territorio como corredor estratégico para el tránsito de tropas”. Las versiones precisan que mientras el M-19 “solo transitaba por la zona territorial del resguardo, el EPL empezó a adoctrinar a la población, lo que culminó con el reclutamiento de algunos miembros de la comunidad y el confinamiento de otros”.

Con la intensificación de la confrontación armada en aquellos años, la Fuerza Pública también afectó a las comunidades del resguardo, mediante la estigmatización de algunos de sus miembros, señalándolos de “colaboradores de la guerrilla”. A su vez, el Epl hizo lo mismo, acusando a algunos nativos de “informantes del Ejército”.

Como resultado de esas estrategias aplicadas en San Lorenzo, guerrilleros del Epl asesinaron en 1986 a Francisco Largo, líder de la comunidad de San Jerónimo; y en 1988, Rey María Salazar, líder indígena es aprendido por miembros del Ejército, “quienes con lista en mano realizaron las respectivas capturas, posteriormente este apareció muerto en un camino entre Supla y Riosucío, con señales de tortura y su vientre abierto”.

Tras la desmovilización del M-19 en marzo de 1990 y la del Epl en marzo de 1991, el vacío que ello significó fue copado por la guerrilla de las Farc, con el Frente 47 y el Frente Aurelio Rodríguez. Según el fallo, tras su ingreso a la región, “empezaron a activar las mimas dinámicas del conflicto, amenazando, interviniendo en las decisiones del gobierno propio, anulando con la intimidación las decisiones del cabildo”.

Los relatos de los indígenas detallan que las Farc “promovieron la división interna de la comunidad, generando desconfianza en los procesos organizativos, yendo detrás de la sustitución de las autoridades tradicionales, materializándose con el desconocimiento del gobierno propio por parte de algunos comuneros e impidiendo la participación del proceso organizativo, por no estar de acuerdo la guerrilla con las políticas del cabildo”.

Asimismo, “impedían la realización de actividades agrícolas como la fabricación de panela, ya que construían campamentos en los trapiches, así mismo, dentro de la dinámica del conflicto empezaron a reclutar menores acumulando un total de 62 menores reclutados entre 1991 y 2015”. (Leer más en: ‘Karina’, a responder por 143 crímenes en Caldas y Antioquia)

La situación para las comunidades de San Lorenzo y zonas aledañas se agravó a comienzos del año 2000 cuando irrumpieron en la región comandos paramilitares del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, en principio, pretendían contrarrestar a las Farc. (Leer más en: Las prácticas criminales del Frente Cacique Pipintá)

De acuerdo con el fallo, “las tomas guerrilleras perpetradas por las Farc en el año 1998 y 2002, trajeron consigo la llegada de los paramilitares y con ello todos los desmanes que ocasionó la dinámica del conflicto armado”.

A los paramilitares se les atribuyen asesinatos de líderes nativos y amenazas contra “quienes continúan con la lucha de reivindicaciones de los derechos indígenas, ingresando al territorio, matando miembros de las comunidades indígenas que habían sido señalados como guerrilleros”, se lee en la sentencia.

Se recuerda en la decisión la muerte de dos candidatos a la alcaldía de Riosucio (María Fabiola Largo Cano y Gabriel Ángel Cartagena), líderes de los resguardos del sector; asimismo, “hubo contaminación del territorio con fosas comunes”.

Todo ello afectó la productividad de la tierra, a lo que se sumó la llegada de los cultivos para uso ilícito de marihuana, coca y amapola. “La tierra con todo esto estaba enferma y no producía alimentos”, relataron los nativos.

Los daños a la identidad cultural fueron profundos. El fallo detalló que la transmisión de conocimiento y sus tradiciones ancestrales espirituales se vieron afectadas toda vez que “los rituales se hacían en las partes altas del territorio que eran considerados lugares sagrados, sitios donde estaban acantonados los grupos armados ilegales. También afectó la enseñanza, porque los estudiantes o iniciados desertaron y aquellos maestros que estaban dispuestos a trasmitir sus conocimientos fueron amenazados, incluso algunos fueron asesinados”.

Al deterioro de las condiciones de vida y de riesgos a las vidas de los pobladores del Resguardo San Lorenzo se sumaron expresiones en su contra de funcionarios del departamento de Caldas. La decisión judicial destaca una de ellas: “Representantes del ejecutivo territorial, lanzaron calumnias en contra de las comunidades indígenas de Caldas, como lo hiciera el Secretario de Gobierno de Caldas en el año 1996, indicando que las tierras dadas por el INCORA a las comunidades indígenas de Caldas iban a parar a manos de la guerrilla de las Farc”.

El Ejército también contribuyó en las afectaciones a la comunidad con sus constantes estigmatizaciones contra los líderes indígenas a quienes señalaba de ser “auxiliadores de la guerrilla”.

La confrontación armada ocasionó que las comunidades abandonaran sus territorios ancestrales de manera forzada, lo que generó la pérdida de sus costumbres y, según el fallo, “la obligación de continuar con su proceso de resistencia y reclamación de sus derechos ancestrales al ser vistos como insurgentes y tener que soportar todo el conflicto armado en silencio porque sus voces no encontraron eco, más que en las balas asesinas de guerrilleros o paramilitares”.

De acuerdo con la sentencia, “las dinámicas del conflicto han hecho que la comunidad del resguardo indígena de San Lorenzo haya sufrido en contra no solo de su territorio, sino de los miembros hechos víctimizantes que fracturaron su organización política y su vida en comunidad, razón por la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptara medidas cautelares en favor de esta comunidad, toda vez que hasta el 15 de marzo de 2002, el Estado colombiano hacía caso omiso a los hechos y denuncias que se presentaban”.

A esas medidas se sumaron las adoptadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira en febrero de 2016, tras atender una solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que, en su tarea de contextualizar en terreno la demanda de restitución, se encontraron con “la presunta existencia de fosas comunes, en zonas donde habitualmente hacían presencia permanente grupos paramilitares y guerrilleros, además de manifestaciones de integrantes de la comunidad que refirieron haber visto restos humanos en su territorio”.

Además de las medidas solicitadas a la ANT, el Juzgado también le ordenó al Estado, “en cabeza del señor Presidente o quien este delegue, a pedir perdón públicamente a la comunidad del Resguardo Indígena de San Lorenzo ubicada entre los municipios de Riosucio y Supla Caldas, por los daños causados por la Fuerza Pública en marco del conflicto armado interno y garantizar la no repetición de estos actos por ningún miembro que represente al estado colombiano”. Esa orden, precisó el falló “deberá hacerse efectiva dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente providencia”.

Esa petición de perdón a los Embera Chamí de San Lorenzo se extendió al Gobernador de Caldas “respecto a las afirmaciones realizadas por el Secretario de Gobierno en el año 1996, donde convirtió a los pueblos indígenas de Caldas en objetivo militar de los grupos paramilitares”. La orden debe cumplirse también dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia.

Con respecto a los riesgos que actualmente corre esta comunidad y, particularmente, los líderes de su gobierno propio, el fallo les ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública dar “cumplimiento inmediato a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor del colectivo de la comunidad del resguardo indígena de San Lorenzo y de forma extraordinaria concertando con la comunidad la aplicación de dichas medidas”.

Asimismo, le ordenó a la UNP que “de forma inmediata establezcan medidas de protección a los líderes del resguardo indígena de San Lorenzo, iniciando por los miembros del gobierno para lo cual, será prevalente la estimación o análisis del riesgo que haga la comunidad indígena y la renovación deberá ser concertada con las autoridades indígenas en aras de garantizar los cambios del esquema de acuerdo al liderazgo de cada época”.

El fallo también expidió órdenes que exigen a la Unidad Nacional de Víctimas concertar un plan de reparación colectiva; y al Ministerio de Cultura, uno de salvaguardia para los espacios sagrados, incluyendo la construcción de una maloca como centro de memoria y de fortalecimiento del gobierno propio. Por su parte, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, el Departamento para la Prosperidad Social, la Gobernación de Caldas y las Alcaldías de Riosucio y Supía deberán desarrollar proyectos productivos acordes con la cosmovisión indígena.

Se espera que esta sentencia, la undécima decisión de restitución a favor de los pueblos indígenas en el país, se convierta en un escudo para las comunidades de San Lorenzo, donde la violencia no cesa. Por eso esperan que el llamado de la Defensoría del Pueblo a protegerlas y las órdenes del Juez vuelquen la atención de las distintas agencias del Estado. En este resguardo no quieren que en ninguna otra carta o fallo se repita que las medidas de protección siguen pendientes, que sus líderes fueron callados y sus pobladores desplazados a los cascos urbanos.

The post Urge protección de indígenas del Resguardo San Lorenzo appeared first on VerdadAbierta.com.