Gerardo* llegó a las oficinas de la Personería de Medellín acompañado de su esposa y sus tres hijos una noche de los primeros días de junio. Provenían de Sabanalarga, municipio del Occidente de Antioquia donde sus gentes han vivido de sembrar café, pastar ganado o barequear a orillas del río Cauca. Buscaba que la agencia del Ministerio Público lo socorriera a él y a su familia en ese, quizás, el segundo momento más doloroso de su vida que, paradójicamente, le llegaba un mes después de haber vivido la peor tragedia de su vida.

Semanas antes de arribar a la capital antioqueña, Gerardo recibió una llamada que lo dejó aturdido. Al otro lado de la línea, una voz ronca, con el tono propio de quien quiere infundir miedo, le dijo que si no se iba del pueblo en las próximas 48 horas, le raptarían a uno de sus hijos apenas saliera de su escuela. No era la primera vez que un desconocido lo llamaba para lanzarle toda clase de improperios y luego, amenazarlo de muerte, pero sí era la primera vez que se metían con su familia. Así que no tuvo que pensarlo dos veces.

De inmediato, buscó a su esposa y a sus pequeños hijos en el improvisado albergue que unas 200 familias barequeras instalaron en el parque y en las oficinas de la administración municipal de Sabanalarga tras la creciente del río Cauca por cuenta de la emergencia generada en la megaobra Hidroituango el 12 de mayo pasado. Los problemas en la represa ocasionaron el represamiento del río y elevaron súbitamente el cauce a su paso por los municipios de Toledo, Liborina, Buriticá, Briceño, Peque, Ituango y Sabanalarga.

Quienes llevaron la peor parte fueron cientos de familias dedicadas al barequeo en estos dos últimos municipios y que solían vivir en las playas formadas a lo largo del imponente Cañón del Cauca. Fueron estos barequeros los primeros en advertir que algo no andaba bien en el río, pues desde finales de abril se notó el aumento de su nivel sin explicación aparente.

“Nos tocaba hacer rondas en la noche para vigilar, porque todos los días subía y subía el cauce”, recuerda Gerardo, quien una noche de los primeros días de mayo tuvo que correr, literalmente, con su familia y otras familias barequeras que habitaban la playa Arenales para salvar sus vidas.

“Ahí lo perdimos todo. Nuestros ranchos, ropa, camas, herramientas de trabajo. Toda nuestra vida quedó allá, inundada. Lo peor fue que llegamos al pueblo y nadie nos ayudó. Nos tocó quedarnos en el parque porque no teníamos más donde ir”, recuerda el hombre.

La indolencia de las autoridades locales y la falta de respuestas por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia terminaron colmando la paciencia de los damnificados. “Entonces, a los pocos días de estar ahí en el parque, tirados, nos organizamos y nos fuimos todos a protestar al frente de la Alcaldía a ver si nos daban alguna solución”. En respuesta a esa movilización, las familias albergadas en la plaza principal del pueblo recibieron algunas ayudas que terminaron siendo más paliativos que soluciones de fondo.

“Y en esas estábamos con otros compañeros, viendo a ver cómo gestionábamos ayudas, cuando como a las tres semanas de estar en el pueblo me llamaron a decirme que me tenía que ir, que si no se metían con mi familia. El año pasado, como a eso de junio, también me llamaron a amenazarme”, cuenta Gerardo. “Ahí fue cuando decidí irme solo para otros pueblos a barequear: estuve en (Santafé) Antioquia, por los lados de (departamento) Caldas, pero no me fue bien y como a los dos meses me regresé para Sabanalarga. Y en febrero de este año volvieron a llamarme a amenazarme, pero me hice el loco. Hasta ahora, que ya se metieron con mi familia”.

Afectados y perseguidos

A Julio César Sucerquia lo mataron la tarde del 27 de junio pasado. Era ampliamente conocido entre las familias barequeras que solían ganarse la vida sacándole pepitas de oro al río Cauca en las múltiples playas que formaba el afluente a su paso por Ituango. De hecho, era miembro de la Asociación de Comités de Barequeros del Norte de Antioquia (Asocbarena), organización que surgió en 2015 y que agrupa a por lo menos 21 familias ituanguinas dedicadas a esta actividad.

Al momento de su muerte se encontraba a varios kilómetros de uno de los improvisados refugios humanitarios instalados en Ituango por unas 70 familias barequeras que lo perdieron todo aquel 12 de mayo, cuando el río Cauca se creció debido a la emergencia en la represa Hidroituango. El asesinato de Sucerquía revivió viejos temores de los barequeros refugiados en los albergues, y no era para menos.

De acuerdo con el Movimiento Ríos Vivos, que articula unas 15 organizaciones de familias campesinas y barequeras afectadas por la construcción del megaproyecto, desde 2010 a la fecha han sido asesinados cuatro miembros de comunidades campesinas y barequeras reconocidos por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica, mientras que otros dos líderes sociales pertenecientes al Movimiento han salido milagrosamente ilesos de atentados contra sus vidas.

Por ello, tras el trágico asesinato de Sucerquía, un grupo numeroso de personas pensó seriamente en abandonar el refugio humanitario, tanto como medida de seguridad como para acceder a ayudas, pues allí donde se instalaron ni la Alcaldía local ni Epm hicieron presencia. Así lo hicieron hora después del entierro del dirigente comunitario y tras enterarse que por lo menos tres barequeros más recibieron amenazas contra sus vidas en el mismo momento en que cargaban el cuerpo sin vida de su amigo y compañero.

Según Alberto*, integrante de una de las asociaciones que agrupa a los barequeros de Ituango, “las amenazas arreciaron cuando llegamos a los albergues. El pasado 15 de julio fue asesinado un muchacho que no era de la Asociación, pero que estuvo con nosotros en uno de los refugios, ayudándonos, apoyándonos. Lo mataron en el casco urbano de Ituango. Hace como dos semanas fueron amenazados dos compañeros, pero ninguno de ellos quiere denunciar. Puedo decir que somos más de 10 los líderes barequeros amenazados en este momento”.

Aguas abajo de Ituango, en el corregimiento Puerto Valdivia, la violencia contra los miembros de asociaciones de barequeros y pescadores reconocidos por su oposición al proyecto hidroeléctrico ya cobró la vida de cuatro personas. El 8 de mayo fueron asesinados Duvián Andrés Correa y Luis Alberto Montoya, este último miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Valdivia; mientras que seis días antes, el 2 de mayo, fue acribillado Hugo Albeiro George Pérez, reconocido integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, integrada al Movimiento Ríos Vivos.

Isabel Cristina Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, sostuvo a través de un comunicado público que aunque al momento de su muerte se encontraba en Puerto Valdivia, George Pérez residía en el corregimiento El Aro, de Ituango, y allí era donde desarrollaba su labor social, impulsando la creación de una organización que agrupara a las poco más de 500 familias de este poblado que se han visto afectadas por las compras de tierras que ha realizado EPM en esta zona.

El líder social fue asesinado junto con su sobrino, Domar Egidio Zapata y, de acuerdo con Zuleta, su muerte se produjo sin que EPM lo reconociera como afectado por la emergencia de Hidroituango y justo en “momentos en que las comunidades se encontraban preparando una nueva jornada de movilizaciones de protesta en procura de que EPM reconociera las nuevas afectaciones que ha traído a la zona”.

Tensión en el norte

Voceros de organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en los municipios del norte de Antioquia, como la Asociación de Campesinos de Ituango;  la Asociación de Comités de Barequeros del Norte de Antioquia (Asocbarena); la Corporación Lazos de Humanidad; los Círculos de Memoria y Derechos Humanos; la Asociación de Campesinos de Briceño (Ascabri); y la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Noroccidente Antioqueño señalan que, en lo que va corrido del año, unos 17 líderes sociales de las localidades de Ituango, Toledo, Briceño y San Andrés de Cuerquia han recibido fuertes amenazas contra sus vidas.

La situación más crítica, dicen, se concentra en Ituango, donde hay por lo menos siete dirigentes comunitarios con amenazas de muerte. El riesgo para sus vidas se ha recrudecido en los últimos tres meses y prueba de ella son los recientes asesinatos de tres hombres reconocidos por su trabajo en las juntas de acción comunal de sus respectivas veredas.

El caso más reciente ocurrió el 6 de julio, cuando hombres armados ingresaron a la vivienda de José Fernando Jaramillo Oquendo, conciliador de la junta de acción comunal de la vereda El Torrente, y le dispararon en repetidas ocasiones.

Jaramillo Oquendo era cuñado de José Abraham García, presidente de la junta de acción comunal de la verada Pascuitá, de Ituango, quien fue asesinado la noche del 25 de junio. Ambos participaron en la movilización realizada por campesinos cocaleros en el casco urbano de esta localidad entre el 6 y 7 de abril pasado, en señal de protesta por las intensas jornadas de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, que contrastaban con el el poco avance del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), un programa acordado con la extinta guerrilla de las Farc en el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Previo a estos dos trágicos decesos se registró el asesinato de Francisco José Guerra, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Mandarino, ocurrido el 11 de junio.

“Cómo será el miedo que hay, que los líderes prefieren no reunirse, que no los vean juntos”, asegura una líder de Ituango, quien no oculta su tristeza por lo que ocurre en este municipio: “Cuando estaban en las negociaciones de paz y las Farc decretaron los ceses al fuego, conocimos las bondades de la paz. Tranquilidad, la posibilidad de poder moverse por todo el pueblo, aumentó el turismo. Pero se firmó la paz y se vino otra guerra, que no sabemos quién está detrás y esa es la angustia que tenemos”.

Situaciones como ésta ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 037-17 del 14 de agosto de 2017 a través de la cual advirtió el riesgo de violaciones de derechos humanos en que se encontraban líderes y comunidades campesinas de los corregimientos El Aro, La Granja y Santa Rita, por cuenta del avance de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) hacía los antiguos fortines militares de la extinta guerrilla de las Farc. (Leer más en: Los ‘gaitanistas’, ¿detrás del fortín de las Farc en Ituango?)

La Alerta detalla que la presencia de las Agc en Ituango comenzó a sentirse con fuerza enero de 2017, cuando iniciaron recorridos por zonas rurales en camionetas de gama alta, imponiendo por la vía armada la participación de la población en reuniones forzadas que tuvieron lugar en veredas como Pascuitá, Villegas, El Recreo y Camelia Baja (corregimiento Santa Rita) así como en las veredas La América del corregimiento El Aro; Chontaduro y El Zancudo del corregimiento La Granja, y El Cedral y Guacharaquero del corregimiento Santa Ana.

“Uno de los elementos que con mayor énfasis han señalado las Agc a las comunidades, es que su interés primordial radica en la permanencia de los cultivos de uso ilícito a fin de controlar hegemónicamente la cadena de producción, procesamiento y comercialización. Sin embargo, en su actuar se registran otras conductas vulneradoras, entre ellas, los señalamientos contra quienes reivindican y reclaman la garantía de los derechos humanos en la región y contra quienes denuncien la situación de agresiones a derechos humanos que actualmente se vive en la zona”, se lee en la Alerta Temprana.

Lo que queda claro, según los líderes consultados por VerdadAbierta.com en la región, es que entre ese grupo de líderes declarados como ‘indeseables’ por las Agc están aquellos que se han opuesto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. “Aquí nos oponemos y levantamos nuestra voz contra un estado de cosas que nos afectan profundamente, entre ellas el megaproyecto. Y todo eso nos genera amenazas”, relata una de las dirigentes sociales consultadas. (Leer más en: Alarmante deterioro de la seguridad en el Norte de Antioquia)

Megaobra, bajo análisis

Al escenario de tensión que viven los ituanguinos por el deterioro del orden público se suma ahora las dificultades derivadas por la crisis del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Integrantes de la Sala de Crisis Social, instancia creada luego de la emergencia y en la que convergen distintas organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Ríos Vivos, Redipaz, Kavilando y que cuenta con el acompañamiento de la concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera, en sus visitas a la región han podido constatar la difícil situación del comercio por cuenta del desabastecimiento y el incremento en el costo de los fletes por cuenta de la mayor cantidad de horas que se invierten en el trayecto desde y hacia Medellín dados los continuos derrumbes en la vía.

“En el último mes cerraron cinco locales comerciales. La tensión es bastante entre la gente. Al menor estruendo, la gente sale corriendo a las calles pensando que ya se cayó esa represa. A eso súmele toda esta violencia en el pueblo. No hay semana que no maten a un presidente de junta de acción comunal. Aquí vivimos con miedo”, asegura un líder de Ituango, quien pidió reserva de su identidad.

El impacto de la megaobra en las comunidades rurales y urbanas será discutido este martes en el Concejo de Medellín durante un debate de control político citado por Múnera y apoyada por la Sala de Crisis Social. Al recinto concurrirán voceros y representantes de diversos sectores sociales con el fin de exponer sus inquietudes sobre los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales que padecen los pobladores en la zona de influencia del proyecto Hidroituango y plantear soluciones.

(*) Los nombres fueron cambiados u omitidos a petición de las fuentes y por razones de seguridad

The post Violencia e Hidroituango mantienen en zozobra a comunidades del norte de Antioquia appeared first on VerdadAbierta.com.

El empresario William Vélez será investigado por la Fiscalía.

Desde hace cinco años La Fiscalía General abrió investigación preliminar al contratista antioqueño William Vélez Sierra por los memorandos hallados en el computador de alias ‘Jorge 40’ y en septiembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia compulsó copias y ordenó indagar sobre las versiones de ex paramilitares que han salpicado a Vélez.

Según le dijeron a Verdadabierta.com fuentes de esta entidad, un fiscal de terrorismo adscrito a la Unidad de Parapolítica tiene en sus manos la decisión de abrir una nueva investigación o acumularla a la indigación que ya cursa en la Fiscalía.

Este empresario es la cabeza del Grupo Ethuss, un conglomerado de empresas del sector eléctrico, los servicios públicos, la infraestructura y la construcción. Además de Colombia, este holding tiene presencia en otros países de Latinoamérica como México, Panamá y Ecuador. Estas actividades, junto a sus negocios particulares, como la ganadería extensiva en el Urabá, han colocado la fortuna de este ingeniero antioqueño entre las más grandes del país.

En junio de 2009 Verdadabierta.com reveló unos memorandos hallados en el computador del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (que en realidad perteneció a Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio y se hizo famoso cuando estalló el escándalo de la para-política). Allí se referían en varias oportunidades a una alianza con ‘WV’ para manejar el negocio de las basuras en  Santa Marta, Barranquilla y Soledad. En su momento Vélez negó que hubiera tenido negocios con paramilitares en la Costa Caribe (Ver entrevista a William Vélez).

Si bien no hay referencia concreta a William Vélez Sierra, lo cierto es que los contenidos de los documentos del Bloque Norte de las Auc coincidían con el momento de renovación del contrato de recolección de basuras en Santa Marta, que ya venía siendo ejecutado por una de las empresas del holding Ethuss, llamada Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESPA), presidida por el entonces alcalde José Francisco Zúñiga, quien posteriormente fue procesado por sus nexos con el paramilitarismo.

Otros ex jefes paramilitares como Edgar Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’ y José Gelvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, se han referido a que Vélez les pagó ‘comisiones’ a los ‘paras’ para que intervinieran en la prórroga de la concesión para la recolección de basuras para la empresa InterAseo en Santa Marta.

A finales de 2012 se filtró a los medios una conversación entre Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Salvatore Mancuso; y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, donde hablan de las relaciones del empresario Vélez Sierra con las Auc. En particular se refieren al empresario como un testaferro de Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’.

Los memos de la Costa

En 2009 Verdadabierta.com reveló memorandos y correos electrónicos de 2005 en los que miembros del Bloque Norte de las Auc  en el  que se refieren a William Vélez.

Los documentos fueron hallados en un computador del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’ en una finca ubicada en el municipio de San Ángel, Magdalena, durante un allanamiento realizado por organismos de seguridad en el año 2006.

Los memorandos y chats clandestinos hablaban de un presunto pacto del empresario William Vélez para asociarse con los paramilitares a donde quiera que éste lograra consolidar una concesión de aseo, entregándoles el manejo de residuos sólidos.

Verdad Abierta encontró un memorando titulado “Escenario residuos sólidos Santa Marta”, allí los paramilitares describen con minucia el contrato de concesión de basuras de la firma InterAseo S.A. ESP con ese Distrito Turístico. A renglón seguido, hacen una proyección de lo que sería el negocio a mediano y largo plazo: “Se formalizó una alianza estratégica y sociedad con WV por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de residuos sólidos donde quiera que el mantenga una operación y exista un interés”.

En efecto, un consorcio formado por Termotécnica- Coindustrial, de la que William Vélez era representante legal, y la firma de ingenieros Incicon, había ganado desde 1993 la licitación para operar el servicio de aseo y tratamiento de basuras en Santa Marta y consiguió prórrogas hasta 2007.

En este lapso el contrato fue cedido a InterAseo, una empresa también de Vélez creada en Santa Marta en 1996. En el momento del memorando, principios del 2005, faltaban dos años para que terminara la concesión. InterAseo entonces pidió la ampliación del contrato por 20 años más.

VerdadAbierta.com investigó también los casos de Barranquilla y Soledad.

A todas estas acusaciones el empresario antioqueño siempre ha respondido que en ningún momento tuvo contactos, alianzas o interactúo con los paramilitares.

Lo que han dicho los ‘paras’

En una conversación que se filtró a los medios en noviembre de 2012 entre  Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Salvatore Mancuso; y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche‘, los ex paramilitares se refirieron a la relación entre William Vélez y las Auc.

“William se reunía con ‘El Profe’”, se escucha en la grabación. La afirmación la hace alias ‘El Alemán’, quien precisó que las reuniones tenían un claro objetivo: “que ‘El Profe’ le ayudara a cuadrar con el Bloque Central Bolívar y con otros grupos de autodefensa a nivel nacional por donde ellos (una empresa de Vélez Sierra) estaban tirando redes eléctricas, para que le bajaran al impuesto, para que no le cobraran tan duro, y donde ellos estaban haciendo exploraciones petrolíferas”.

En la conversación, de la que se desconoce cuándo fue realizada, se habla de supuestasreuniones en Panamá con varios paramilitares para observar algunos negocios, entre ellos, de combustibles, en sociedad con un ciudadano de ese país. El dato fue aportado por alias ‘Monoleche’, jefe de seguridad de Vicente Castaño Gil: “Él está metido en Panamá en combustibles y el socio es un panameño”, afirmó el ex paramilitar, quien aseguró que esa información la conoció en una reunión entre Vélez Sierra y alias ‘El Profe’ en una reunión en una finca conocida como ‘La 15’, situada entre San Pedro de Urabá, Antioquia, y Valencia, Córdoba, donde al parecer le ofreció al exjefe de las Auc la oportunidad de ser socio.

De la conversación también se desprende que el empresario antioqueño le habría regalado a Castaño Gil una finca de por lo menos 50 hectáreas ubicada en el municipio de Canaletes, Córdoba, para fortalecer el programa paramilitar conocido como ‘Colombia sin hambre’.

“¿Las tierras que regaló William Vélez al ‘Profe’ dónde quedan?”, preguntó uno de los ex paramilitares presente en la reunión, al parecer Mancuso. Tanto alias ‘El Alemán’, como alias ‘Monoleche’, le responden que en Canaletes.

Finalmente se escucha cómo se haría referencia al empresario antioqueño cuando llegara el caso. Una voz, que parece ser la de ‘El Alemán’, le da instrucciones a alias ‘Monoleche’: “Usted debe decir que William Vélez tiene un negocio en Panamá en sociedad con ‘El Profe’, donde ‘El Profe’ le dio un millón de dólares”.

The post ¿Reactivan la investigación a William Vélez? appeared first on VerdadAbierta.com.

El empresario antioqueño William Vélez Sierra.

El empresario antioqueño William Vélez Sierra esta nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de unas grabaciones filtradas a La FM en las que varios ex comandantes paramilitares afirman, entre otras cosas, que este industrial fue testaferro de Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, uno de los máximos dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En la conversación se escuchan las voces de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Salvatore Mancuso; y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, entre otros. Todos ellos hablan de las relaciones del empresario Vélez Sierra con las Auc.

La grabación se filtró a los medios de comunicación justamente cuando hay un intenso debate en Bogotá sobre el nuevo contrato de la recolección de basuras, el cual sería ejecutado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, afectando los intereses del empresario antioqueño, que tiene parte de su operación y que está próxima a vencerse.

“William se reunía con ‘El Profe’”, se escucha en la grabación. La afirmación la hace alias ‘El Alemán’, quien precisó que las reuniones tenían un claro objetivo: “que ‘El Profe’ le ayudara a cuadrar con el Bloque Central Bolívar y con otros grupos de autodefensa a nivel nacional por donde ellos (una empresa de Vélez Sierra) estaban tirando redes eléctricas, para que le bajaran al impuesto, para que no le cobraran tan duro, y donde ellos estaban haciendo exploraciones petrolíferas”.

Vélez Sierra es la cabeza del Grupo Ethuss, un holding de empresas con presencia en Colombia y otros países como México, Panamá, Chile, República Dominicana y Ecuador. En los últimos 15 años, este conglomerado ha tenido un rápido crecimiento ligado a contratos públicos en áreas tan diversas como el sector eléctrico, la construcción de vías y grandes obras de infraestructura, como por ejemplo la renovación del Aeropuerto Eldorado, entre muchos otros. Estas actividades, junto a sus negocios particulares, como lo es la ganadería extensiva en el Urabá, han colocado la fortuna de este ingeniero antioqueño, entre las más grandes del país.

En la conversación, de la que se desconoce cuándo fue realizada, se habla de supuestas reuniones en Panamá con varios paramilitares para observar algunos negocios, entre ellos, de combustibles, en sociedad con un ciudadano de ese país. El dato fue aportadopor alias ‘Monoleche’, jefe de seguridad de Vicente Castaño Gil:

“Él está metido en Panamá en combustibles y el socio es un panameño”, afirmó el exparamilitar, quien aseguró que esa información la conoció en una reunión entre Vélez Sierra y alias ‘El Profe’ en una reunión en una finca conocida como ‘La 15’, situada entre San Pedro de Urabá, Antioquia, y Valencia, Córdoba, donde al parecer le ofreció al exjefe de las Auc la oportunidad de ser socio.

De la conversación también se desprende que el empresario antioqueño le habría regalado a Castaño Gil una finca de por lo menos 50 hectáreas ubicada en el municipio de Canaletes, Córdoba, para fortalecer el programa paramilitar conocido como ‘Colombia sin hambre’.

“¿Las tierras que regaló William Vélez al ‘Profe’ dónde quedan?”, preguntó uno de los ex paramilitares presente en la reunión, al parecer Mancuso. Tanto alias ‘El Alemán’, como alias ‘Monoleche’, le responden que en Canaletes.

Luego, se escucha a Rendón Herrera decir que Vélez Sierra hizo parte de su fortuna con ayuda de las Auc: “Él Profe´ y yo un día, entre whiskicito y whiskicito, nosotros echamos cabeza… William Vélez y Uribe (haciendo referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez) son socios, y William es testaferro de él, ese man es testaferro de Uribe, porque le están dando toda la contratación más grande del país”.

Finalmente se escucha cómo se haría referencia al empresario antioqueño cuando llegara el caso. Una voz, que parece ser la de ‘El Alemán’, le da instrucciones a alias ‘Monoleche’: “Usted debe decir que William Vélez tiene un negocio en Panamá en sociedad con ‘El Profe’, donde ‘El Profe’ le dio un millón de dólares”.

Memorandos en la Costa

No es la primera vez que William Vélez Sierra aparece en boca de exjefes paramilitares. Se investiga desde hace varios meses si su nombre es el mismo que paramilitares del Bloque Norte de las Auc referencian en algunos memorandos y correos electrónicos del año 2005 con las iniciales de  WV, tema que fue investigado exhaustivamente por VerdadAbierta.com y los resultados publicados el 30 de julio de 2009. (ver artículo El empresario William Vélez salpicado por memos de ‘paras’ sobre negocios de basuras)

Los documentos fueron hallados en un computador del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’ en una finca ubicada en el municipio de San Ángel, Magdalena, durante un allanamiento realizado por organismos de seguridad en el año 2006.

Una vez desencriptados los archivos por funcionarios del CTI de la Fiscalía se pudo establecer que los paramilitares, para esa época en proceso de dejación de armas y desmovilización, pretendían aliarse con las empresas de recolección de basuras del grupo de Vélez Sierra y el manejo de los rellenos sanitarios en varias ciudades de la costa Caribe.

En uno de los memorandos, titulado “Escenario Residuos Sólidos Santa Marta”, que le remite uno de los paramilitares a alias ‘Jorge 40’, se lee que: “se formalizó una alianza estratégica y sociedad con WV por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de residuos sólidos donde quiera que él mantenga una operación y exista interés”.  Se creía que la alianza permitiría que las empresas de aseo de Vélez Sierra manejarían el negocio en Santa Marta, Barranquilla y Soledad, y los paramilitares los rellenos sanitarios.

Si bien no hay referencia concreta a William Vélez Sierra, lo cierto es que los contenidos de los documentos del Bloque Norte de las Auc coincidían con el momento de renovación del contrato de recolección de basuras en Santa Marta, que ya venía siendo ejecutado por una de las empresas del holding Ethuss, llamada Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESPA), presidida por el entonces alcalde José Francisco Zúñiga, quien posteriormente fue procesado por sus nexos con el paramilitarismo.

A todas estas acusaciones el empresario antioqueño siempre ha respondido que en ningún momento tuvo contactos, alianzas o interactúo con los paramilitares. Sin embargo, su nombre vuelve a estar en boca de los exjefes de las Auc. Ya será entonces la justicia la que determine si lo que dicen unos y otros es cierto o falso, y proceder a tomar decisiones. (Ver artículo “No hice ningún negocio con paramilitares”: Vélez Sierra)

The post William Vélez, en boca de exjefes ‘paras’ appeared first on VerdadAbierta.com.

VERDAD ABIERTA: ¿Por qué licitó usted en 1993 la concesión del servicio de aseo de Santa Marta con Termotécnicas Coindustrial, una empresa con experiencia sobre todo en hidroeléctricas y redes?

William Vélez Sierra: No fui yo, sino unos socios, de Incicon, me invitaron porque no tenían capacidad. Uno de los gerentes de Incicon manejaba el relleno sanitario de Medellín, el ingeniero Molina.

V.A.: ¿Fue el primer negocio de aseo y manejo de basuras en el que ustedes participaron?

W.V.S.: No nosotros habíamos sido operadores del relleno sanitario en Medellín.

V.A.: Hay un memorando interno de los paramilitares donde dice textualmente: “Hemos hecho una alianza estratégica con WV, por medio de la cual trabajaremos conjuntamente en el tema de recibir los sólidos dondequiera que él mantenga una operación y exista un interés por parte de nosotros”.

W.V.S.: Nunca. Completamente falso.

V.A.: Sin embargo en estos memorandos los paramilitares parecen conocer en detalle cómo se desarrollaba el proceso de concesión del aseo y el manejo de residuos. Uno de estos memorandos es de principios del año 2005. ¿Por qué tienen ellos este conocimiento?

W.V.S.: No tengo la menor idea.

Mauricio Rodríguez, abogado del grupo de Vélez: Hay un tema importante y es que la concesión se gesta desde abril 2004. La concesión arranca en el 93, y en el 2005 ya estamos ejecutando contratos. Son 12 años de ejecución de contrato. Entonces no entendemos las presiones de las que habla ese memorando en el 2005 cuando ya para esa época teníamos claro que íbamos a firmar una adicional. La solicitud es mucho anterior, es del 14 de abril del 2004.

V.A.: Los paramilitares ya saben eso, lo que discuten es la prórroga del contrato vigente que aún no se ha firmado. Ya saben que la concesión está allí, que existe, lo que hablan es de la prórroga y de su interés en el relleno sanitario.

M.R.: El señor Vélez no conoce bien de eso. Sobre el tema del relleno sanitario en el 97 la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU 442, le ordena al distrito de Santa Mata que construya un nuevo relleno. En el 2004, Empresas Públicas de Santa Marta, EPSA, que es la entidad contratante, no el Distrito de Santa Marta, nos pide a nosotros que construyamos el relleno sanitario, que arreglemos unos carros, que hagamos unas plantas.

V.A.: Eso era parte del contrato…

W.V.S.: A partir de ahí decimos que no hay ningún problema. Hacemos unas inversiones privadas, el relleno sanitario fue construido directamente por InterAseo, las inversiones las hizo InterAseo, entonces es extraño lo que dicen los memorandos que cita.

V.A.: Yo se que fue construido por InterAseo. Lo que dicen los paramilitares es que ese fue el trato: ustedes se ganaron la concesión y a ellos les daban el manejo del relleno sanitario. No oficialmente, obviamente todo es secreto.

W.V.: No eso no es cierto. Nosotros nos íbamos a ir de allí, cuando la ESPA nos pide que les hagamos una inversión en el relleno.

V.A.: Doctor Vélez, en estos memorandos, hay una conversación donde parece que a usted quisieran extorsionarlo. Hay unos señores, que los llaman los Conejos, en Santa Marta, que al parecer son cuñados del Alcalde de entonces y están diciendo que para que le renueven el contrato a InterAseo, les tiene que dar una plata y que usted se niega. Y que usted dice que si lo siguen presionando le va a decir al Presidente sobre esta situación. ¿Alguna vez lo extorsionaron en ese proceso?

W.V.S.: De pronto llamaron a mi gerente, a mi personalmente, que yo recuerde, extorsionarme no. Ellos saben que conmigo no tenían ninguna razón de ser. Nosotros ni queríamos seguir con el contrato. Estos contratos de aseo no son un servicio. Usted puede ir a Santa Marta y prestar ese servicio y cobra. No necesita ni contrato, puede comprar tres carros y yo, que tengo el relleno sanitario, por obligación tengo que recibirle las basuras.

V.A.: Pero hay una concesión con ustedes para hacer la recolección, que paga por toneladas recogidas.

W.V.S.: Hoy tenemos los contratos, en los cuales tengo unos compromisos, tenemos que poner equipo, hacer el relleno, unas vías.

V.A.: El alcalde de Santa Marta en ese momento, Zúñiga, termina condenado y aceptando cargos por nexos con el paramilitarismo. ¿En algún momento hubo presiones de los paramilitares o conversaciones con usted sobre qué deberían hacer y qué no?

W.V.S.: No. Es más, a nosotros fue el Distrito el que nos solicitó que hiciéramos eso, pues no tenían plata para operar el relleno.

M.R.: El Distrito nos pide las obras, nos dice que hagamos esto y esto. Entonces InterAseo dice que bueno, yo lo puedo hacer, pero para hacerlo necesito tiempo.

V.A.: En 2005, cuando les renuevan la concesión que está vigente ahora, había un Alcalde con vínculos a los paramilitares. ¿Cómo podía tomar una decisión tan grande como darles a ustedes la concesión de este negocio sin que los paramilitares lo autorizaran?

W.V.S.: No fue él, fue el director de la EPSA, es una entidad independiente. Y quien pide las obras es la EPSA.

V.A.: Se demoraron para empezar el relleno sanitario pues tuvieron que enfrentar una dura batalla legal…

W.V.S.: La verdad lo que entendíamos es que esos grupos ilegales querían montar un relleno sanitario, tenían un lote y nos echaron encima la comunidad y nos culparon de todos los problemas del mundo. Es que el lote lo habíamos comprado en el año 97 y esos grupos querían montar un relleno de ellos, para ellos. Teníamos las licencias desde el año 2000.

M.R.: La licencia ambiental necesaria para construir el relleno en primera instancia se dio en el 98 y se confirmó en el 2000 y después en el 2002. Pero no nos dejaron construir hasta 2004. Nos colocaron siete acciones de tutela, una acción de cumplimiento, una acción popular, donde denunciaron penalmente al perito, al gerente, al alcalde. Con el relleno no nos dejaron arrancar, de hecho cuando estábamos construyéndolo nos pusieron una acción popular y nos vararon.

W.V.S.: La presión que sentimos, me contaba mi gerente, es que otros grupos querían montar un relleno sanitario y que ya tenían lote, ya tenían todo. Casi no podemos hacer el relleno.

V.A.: ¿Y eso lo denunció?

W.V.S.: Mandamos cartas reclamando.

V.A.: ¿Y ustedes llegaron a pensar que detrás de eso estaban los paramilitares?

W.V.S.: Habían unos intereses, nosotros no sabemos de quien, porque hubo toda la presión del mundo.

V.A.: En estos memorandos se adivina que había una disputa, que los Conejos estaban furiosos. Pero dicen que se reúnen con Jorge Gómez, que era su gerente en la época, y que él está muy contento por que ya se va a firmar y que también están muy contentos los Conejos, que van a firmar el otro si. Que hay que ir a hablar con ‘Jorge 40’ para desenredar todo ese lío. Por eso dicen que crean un grupo de basura, para desenredarlo.

M.R.: La solicitud de hacer las obras y la construcción del relleno data del 14 de abril del 2004. Ese día, EPSA, que es una empresa industrial y comercial del Distrito, nos dice que necesita unas obras. Por eso me extraña que se hable de presión en el 2005 por que para esa época ya estaba planteada la celebración de la ampliación de la prórroga, para poder hacer las inversiones. Si esas presiones sobre Intelaseo efectivamente existían lo cierto es que se ha tenido que darse a principio de 2004, o antes de que la EPSA nos escribiera.

Barranquilla

V.A.: Los memorandos dicen que en el caso de Barranquilla ya el gerente de WV, William Vélez, Carlos Ariza, ya entró a la Triple A y que eso les va asegurar el negocio del relleno allí. Lo que pudimos investigar es que, por el contrario, usted estaba molesto que Ariza se fuera para la Triple A y que por eso su relación con él se dañó.

W.V.S.: Eso es cierto, y fue el hombre que más nos apretó, podemos mostrar cartas. Él se fue de un día para otro sin consultarnos. Quedé molesto de por vida.

V.A.: ¿Y por qué los apretó?

W.V.S.: No nos quería. No sé, el defendió la otra empresa.

V.A.: ¿Sin embargo a los tres meses de posesionarse Carlos Ariza como gerente, a usted le prorrogaron el contrato con Triple A por doce años?

W.V.S.: No, la verdad, no recuerdo en detalle. La Triple A estaba muy mal de plata y nos debían un dinero grande. Entonces fui a España con Carlos Ariza y con otro asesor mío, Ramiro Valencia Cossio, para que nos pagara la plata por que nosotros estábamos prácticamente quebrados. Era una situación muy complicada. Ahí fue donde conocieron a Carlos Ariza y lo llevaron después a gerenciar la empresa.

V.A.: ¿Entonces fue parte de la negociación de ese pago de esa deuda, el hecho de que les extendieran el contrato por esos doce años?

W.V.S.: Como a nosotros ya se nos vencía el contrato, entonces dijimos cómo nos vamos a ir sin que nos paguen la plata. Ese desequilibrio cambió las condiciones del contrato y llegamos a una negociación que fue muy larga. Nosotros pedíamos una prórroga por 15 años ó 16 años. Es que antes nosotros cobramos por usuario y la resolución nos la cambiaron por tonelada.

V.A.: En el tema de Barranquilla se ve en los documentos un interés claro de los paramilitares de quedarse con un relleno sanitario. Y ellos tienen un enorme poder sobre la CRA, la Corporación Regional Autónoma, que es la que decide dónde va el relleno.

Al respecto, hay unas conversaciones entre dos paramilitares: alias ‘Gonzalo’ y alias ‘Don Antonio’. ‘Don Antonio’ es el famoso, el del computador de ‘Jorge 40’; y ‘Gonzalo’ es uno que se supone que es el que manejaba las relaciones políticas en la región. Ambos trabajaban para ‘Jorge 40’. En ese chat, que es un chat que estaba en el computador, ellos conversan que están complicados porque tienen un acuerdo con WV, para llegar a que les entregue el relleno cuando sea aprobado; pero que hay dudas con Ariza que parece “amangualado” con el gerente de la CRA.

Y finalmente, la sensación que le da a uno es que ellos tienen mucho del juego de quién da la licencia, de cómo se aprueba el relleno, etc.

W.V.S.: Excúseme. Es que ahí es tan falso lo que estos señores dicen internamente. Y yo nunca manejé el relleno, nunca miré un lote, nunca visité el relleno ni pedí ninguna licencia. Nunca pedí absolutamente nada.

V.A.: Pero nos dijeron fuentes de la Triple A que usted estuvo interesado en ese relleno en un momento dado. No formalmente mandado una carta…

W.V.S.: ¿Sabe qué decíamos nosotros? Que ojalá no hicieran otro relleno, porque donde estábamos botando la basura nos quedaba más cerquita y nosotros tenemos que ir más lejos. Yo no tenía interés en ningún relleno y nunca lo pedí, y lo pueden mirar en mi organización. O sea que estos señores lo que han hablado, que yo quiero montar basuras, rellenos con ellos, es completamente falso.

V.A.: ¿Por qué lo meten a usted en todas la conversaciones de este tema?

W.V.S.: La verdad yo no intervengo en la organización y esto son unas sociedades, pero el nombre con el que nació es William Vélez. Todo el mundo habla de William Vélez sin conocerlo. Pero yo no intervengo, usted puede preguntar en Barraquilla o en Santa Marta, a donde no he ido en 12 o 15 años. Es muy fácil hablar de Vélez, pero yo nunca visité a Carlos Ariza, ni le pedí nada a la Triple A en ese sentido, ni a la Alcaldía, ni sé cómo se llama la Corporación de allá, ni dónde queda el relleno que montaron.

V.A.: Es claroque lo que ellos estaban planeando no se da. Eso no nosotros ya lo tenemos establecido.

W.V.S.: Es más, nosotros hicimos fuerza, le pedíamos a la Triple A: esperen más el relleno sanitario, porque esto a nosotros, usted sabe los camiones tenían que recorrer 15 kilómetros más y eso ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Les damos día y noche. Es más, el relleno que cerraron todavía podía tener vigencia por otros años.

V.A.: El de Henequén.

W.V.S.: Sí. Es que no tiene razón si yo lo que he hecho en Barranquilla toda la vida es recoger basura, ¿Para qué me voy a meter en un relleno sanitario?

V.A.: Pero no es ilógico porque es un negocio que deja mucha plata. ¿No es lógico que usted que es el que recoge la basura quiera tener el relleno, como en Santa Marta?

W.V.S.: No. Porque en Santa Marta no fue que yo lo quise montar, sino que fue solicitud de ellos.

V.A.: Pero no es un negocio atractivo, Le deja a la Triple A como 500 millones mensuales.

W.V.S.: Pero a ellos les puede dejar esa plata, porque yo no tengo concesión, yo soy un subcontratista de ellos. Entonces ellos pueden ganar mucha plata. Entonces si yo soy un subcontratista cómo voy a montar un relleno en el que las basuras no son mías sino de ellos.

M.R.: En Barranquilla la única empresa de servicios públicos que puede prestar recolección, que puede tener un relleno sanitario, que puede prestar los servicios de aseos es la Triple A. Ninguna otra empresa. Entonces, así nosotros quisiéramos, a diferencia de Santa Marta no podríamos ir a prestar esos servicios, porque ellos a través de unas normas especiales, solamente las pueden presentar ellos…

El caso de Soledad

V.A.: Lo último es lo de Soledad. Nosotros entendemos que hubo irregularidades en la creación de Servicios Públicos Confiables, la primera que hubo de servicio de Aseo en Soledad , antes de que ustedes llegaran. Esa empresa les cedió la concesión a una empresa que ustedes crearon, Aseo Especial Soledad. Y ese es el problema, que la constituyeron con tres personas muy humildes como socias, unas asistentes administrativas y un escolta, que al parecer trabajaban con la ex alcaldesa Barraza o su familia ¿Entonces no entiendo para qué una empresa tan grande como esta va a constituir una sociedad con personas que evidentemente no aportaron capital? ¿No sé si eso fue parte del trato, qué pasó ahí?

WV: Ahí si no le puedo contestar porque no sé.

M.R.: Era necesario constituir una nueva empresa en Soledad para poder prestar el servicio, porque la Ley exige que las empresas de servicios públicos, cuando se trata de sociedades anónimas en ese momento sean de cinco socios. Cuando a nosotros nos invitan a participar dentro de ese proceso, -me gusta que ustedes tienen claro que no es licitación- a nosotros simplemente nos llaman y nos dicen: “vamos a cederles el contrato”.

W.V.R.: Yo ahí si no les puedo contestar nada porque no conozco la historia ni nada.

M.R.: Además, para esos días, yo creo que usted no estaba aquí. Se conforma la sociedad, que es Aseo Especial Sociedad. Y se conforma luego de que el municipio nos acepta como los cesionarios. Esa sociedad, que es Aseo Soledad subcontrata la operación con nosotros mismos, que somos Interaseo, del para operar el servicio en el municipio de Soledad. Ahí no hay ninguna irregularidad…

V.A.: No irregularidad, es extraño que un emporio empresarial como es el Grupo Ethus esté haciendo sociedad con unas personas que parecen testaferros.

M.R.: Lo que pasa es que nosotros queríamos tener unos socios locales.

V.A.: Cuando ustedes llaman a los socios locales, ¿ ellos cuánto ponen?

M.R.: Ellos ponen lo que dice la escritura pública de constitución.

V.A.: Ellos no podían poner eso porque eran personas muy humildes. O sea no podían poder el 19 por ciento de la empresa, una señora que tiene una miscelánea en una zona pobre en Soledad.

M.R.: Yo no tengo no retengo cuál es el capital de la sociedad como tal. Igual, tendría que mirar cómo fue ya el acuerdo de la conformación de capital.

V.A.: Las duda central en Soledad es acerca de otra parte del memorando de los paramilitares en el que dicen que en Soledad ya está a punto de conformarse una empresa de WV con la empresa La Garza. Nos enteramos que el símbolo de la empresa que había allá era una garza. Y otra vez repiten que van a ir en sociedad para la disposición de basuras.

M.R.: Es que en Soledad no hay ni ha habido relleno sanitario. Había un botadero que era del municipio, que lo operaba Garza, y que cuando nosotros recibimos en cesión el contrato nos lo entregan a nosotros. Es más, ese relleno se cerró en 2006, porque como eso no era relleno sanitario. Allá no hubo ningún negocio porque nosotros arrancamos en abril de 2005 y al año siguiente nos tocó cerrar el botadero.

V.A.: En ese momento hay personas en Soledad que viven de reciclar la basura, ellos iban y cobraban en las casas por el servicio de recolección. Desde antes de que llegaran ustedes, empieza una presión muy grande contra ellos: presión legal. La Superintendencia de Servicios Públicos los multa. Los meten presos…

M.R.: ¿Presos?

V.A.: Sí, hay varios que los meten presos.

M.R.: Hay unas detenciones porque agreden a los conductores y nosotros colocamos la denuncia. Estos eran unos grupos informales prestadores del servicio de aseo.

V.A.: Sí, los que se llaman los carromuleros.

M.R.: Cuando nosotros entramos a Soledad a prestar el servicio hay muchos actos violentos que nos llevan incluso a denunciar y a pedir el acompañamiento de la Policía. A varios gestores comunitarios nuestros les partieron la cabeza con pierdas. Cuando eso pasa nosotros pedimos el acompañamiento de la Policía y en esas revueltas de ellos contra nosotros, contra los carros nuestros, es que se hacen las detenciones.

V.A.: Hubo otros actos de violencia. En uno de esos actos de violencia a un líder de ellos le pegaron un tiro y casi lo matan, y ahora estáahora con protección estatal. La fundación que crearon los carromuleros se desbandó, se fue todo el mundo. Eso muestra una presión enorme de los paramilitares por quedarse con ese basurero.

M.R.: Nosotros no sabemos de eso.

V.A.: Entrevistamos en la cárcel a uno de estos paramilitares que conversan en uno de los documentos encontrado y él está muy reacio a hablar del tema. Pero dijo que sí tenían intereses en la basura y que no necesitaban ningún tipo de alianza con las administraciones locales sino solamente con el que recoge la basura.

M.R.: El tema de la disposición final, vuelvo e insisto, a mí me gustaría que ustedes investigaran en la CRA, que fue ella la que ordenó el cierre de ese relleno. O sea, el relleno de Soledad lo cerró fue la CRA.

W.V.S.: Yo le hago una pregunta, para qué querría yo quedarme con un rellenos, si lo primero que hicimos fue cerrar el relleno, y no es de nosotros. Nosotros depositamos unas basuras y ¿dónde estamos depositando? En otra parte. ¿Nosotros qué interés tenemos?

V.A.: ¿Cerraron el basurero por el lío de la seguridad para los aviones?

W.V.S.: A mí una vez si me llamó el gobernador, que habían unos botaderos, que el aeropuerto estaba cerrado, que le ayudáramos a solucionar.Yo le dije a mi gente vaya a ver cómo solucionan ese problema. Y se les propuso a los carromuleros hacerles una cooperativa, nosotros poníamos unos centros de acopios, conveníamos un precio con ellos. Es más, ese mismo problema está pasando hoy día, porque la semana pasada me llamó el gobernador por el problema de Malambo. Que la misma cooperativa que estaba ahí en unos meses se fueron para Malambo. Entonces me llamó el gobernador y me dijo: William, cómo me ayuda a colaborar con esto porque están los mismos botaderos. La gente que estaba en Soledad ya se fue para Malambo. Entonces ellos montan una cooperativa, montan la gente, entonces ellos.

W.V.S.: Es que nosotros no necesitamos desplazar la gente. Nosotros les decimos: vengan, hagan eso, pero boten en unos centros de acopio. Porque es que ellos recogen la basura, cobraban mil pesos y la botaban en cualquier parte, y es ahí donde viene el problema de las aves de rapiña.

V.A.: Los grupos paramilitares tuvieron una presencia muy fuerte en estas tres ciudades, extorsionaban empresas, pedían porcentajes en los contratos; en Soledad ya han confesado que en todos los contratos que entregaba la señora alcaldesa cobraba el cinco por ciento. ¿Ustedes tuvieron que pagar algo?

W.V.S.: Absolutamente nunca nos pidieron un peso.

M.R.: Hay que analizar el problema que tenía Servicios Públicos en Soledad. El servicio allá no se estaba atendiendo. Estaba alborotado lo del tema del aeropuerto. El municipio estaba presionado a resolver lo del problema de los gallinazos.

W.V.S.: Nosotros no le pagamos un peso a nadie. Por dos cosas: primero, porque tenemos nuestra formación; y segundo, porque somos contratistas del Estado. Yo tengo 9 mil empleados y no puedo saber qué hacen todos pero nuestra política es no dar un peso, todos tienen la orden de que no pueden hacer ese tipo de tratos. Es más, para evitar cualquier problema político, le pedimos a unas entidades que nos suministra personal.

V.A.: Para terminar, doctor Vélez, no hay manera de explicar cómo estos señores tenían ese conocimiento, sabían cómo se llamaban sus gerentes, sabían exacto qué habían pedido, sabían exacto en qué momento estaban haciendo la licitación, es demasiado difícil que se lo hayan inventado… en tres ciudades distintas.

M.R.: Eran proceso públicos, era públicos en Santa Marta, qué querían prorrogar, qué querían hacer el relleno, todo.

W.V.S.: Los contratos de nosotros son públicos, cualquiera los puede conocer. Hay gente que conoce más los contratos que uno. Nos han pagado por hacer el mantenimiento de todas las redes de ISA. En Isa por ejemplo, había gente infiltrada. Entonces quizás pudo haber gente infiltrada en las administraciones de esas ciudades o incluso en alguna empresa que tenía esa información.

V.A.: ¿Pero por qué alguien le va a escribir un memorando a su jefe paramilitar diciéndole que tienen una alianza con usted sin ser eso cierto?

W.V.S.: Le hago una pregunta: Si alguien me manda un correo a mí, si alguien me citó en una reunión, si yo fui a una reunión, si yo le colaboré a cualquiera, quizás podrían implicarme. Ni yo me he reunido con gente de esa, ni se lo permito a mi gente.

A mi gerente de Santa Marta le pueden preguntar a ver si una vez lo han citado, o le han pedido un peso. A nosotros nos piden las comunidades, las acciones comunales, las escuelas, eso sí colaboramos. Nosotros no tenemos por qué negarlo. Por ejemplo las Fiestas de Santa Marta.

V.A.: ¿En su trayectoria nunca ha tenido nada que ver con los paramilitares?

W.V.S.: Nunca, nunca. Es más tenía un administrador de una finca en Arboletes, lo mataron. Lo que le estoy diciendo es completa verdad. No conozco a Soledad, nunca he ido allá.

The post “No hice ningún trato con paramilitares”: Vélez Sierra appeared first on VerdadAbierta.com.

Sin imaginar siquiera que algún día podrían ser conocidos por fuera de su círculo de confianza, hombres de ‘Jorge 40’ dejaron intactos memorandos, transcripciones de chats y cuentas de gastos que revelan en detalle el interés de los paramilitares en el negocio de los rellenos sanitarios en varias ciudades del Caribe. Es un interés del que hasta ahora se tiene noticia.

Verdad Abierta investigó estos documentos y corroboró contra lo sucedido en su momento, y encontró muchas coincidencias. Estos negocios de basuras de los que hablan los paramilitares tienen un protagonista: el industrial William Vélez Sierra.

Este empresario es la cabeza del Grupo Ethuss, una holding que además de estar en Colombia, tiene presencia en México, Panamá y Ecuador. En los últimos 15 años, este conglomerado ha tenido un rápido crecimiento ligado a contratos públicos en áreas tan diversas como el sector eléctrico, la construcción de vías y grandes obras de infraestructura, como por ejemplo la renovación del Aeropuerto El Dorado, entre muchos otros. Estas actividades, junto a sus negocios particulares, como lo es la ganadería extensiva en el Urabá, han colocado la fortuna de este ingeniero antioqueño, entre las más grandes del país.

El Grupo de Vélez, a través de diferentes empresas de aseo y recolección de basuras, atiende a unos 700 mil usuarios en Pereira, Ibagué, Sincelejo, Riohacha, Maicao, Valledupar, varios municipios del Valle de Aburrá, parte de Bogotá. Son sus operaciones en Santa Marta, Barranquilla y Soledad, las salpicadas por los para-memos de 2005 que revelaban un detallado conocimiento de los procesos de concesión de aseo que estaban teniendo lugar.

En una extensa entrevista con Verdad Abierta, el empresario Vélez fue categórico en negar que haya existido vínculo alguno con los paramilitares. “Con toda honestidad se lo digo, la política de la empresa, la orden a todo el mundo es no tener trato alguno con grupos ilegales ni pagar extorsiones”. (Vea entrevista completa)

En respuesta a la pregunta de cómo podía ser que los paramilitares conocieran en detalle todos estos proyectos en tres ciudades distintas, Vélez respondió que como los contratos de sus empresas son públicos, y su nombre está asociado a esas sociedades todo el mundo habla de él sin conocerlo. “Quizás pudo haber gente infiltrada en las administraciones de esas ciudades o incluso en alguna empresa que tenía esa información”.

El asunto ha venido siendo investigado en forma preliminar por la Fiscalía General de la Nación, que según conoció Verdad Abierta, se ha demorado por la gran cantidad de información que tienen, pero ya está pronta a decidir si abre o no un proceso formal.

Las afirmaciones de los memorandos y chats clandestinos sobre un presunto pacto del empresario William Vélez con los paramilitares para llevar a estos en sociedad a donde quiera que éste lograra consolidar una concesión de aseo, entregándoles el manejo de residuos sólidos, tienen suficientes coincidencias con lo que, en efecto, sucedió y por eso ameritan una debida investigación judicial. Hasta ahora no se ha vinculado formalmente a nadie.

Más aún se requiere que actúe la justicia porque el asunto salpica a un gran conglomerado multinacional que genera 9 mil empleos en Colombia y a un importante industrial y concesionario del Estado de la talla de Vélez Sierra. De comprobarse que hubo algún acuerdo, este podría ser el primer capítulo de la llamada para-economía.

The post El empresario William Vélez salpicado por memos de ‘paras’ sobre negocios de basuras appeared first on VerdadAbierta.com.

En breve: Alias Julián Bolívar continuo relatando en su versión ante el fiscal 41 de Justicia y Paz la manera cómo las Autodefensas robaban combustible en el puerto petrolero de barracabermeja con la complicidad de funcionarios de Ecopetrol. También dio una lista de sindicalistas asesinados por sus hombres. Nombres de paramilitares que menciona: Alias ‘El Indio’ Lugares que menciona: Barrancabermeja Víctimas que menciona: Luis Alberto Carazo, ocurrida el 3 de septiembre de 2001; Luis Manuel Anaya, el 16 de octubre de 2001; Luis Alberto López Plata, el 19 de octubre de 2001; Servando Serna Guevara, el 10 de octubre de 2001; Lilia Ruiz Ortiz, el 13 de febrero de 2005; Gustavo Castellón Puentes, el 17 de octubre de 2001; Ciro Arias Blanco, el 24 de marzo de 2001; Robinson Badillo, el 21 de marzo de 2001 y Hernando Rodríguez Ruiz, el 20 de junio de 2001.

Alias Julián Bolívar hizo un relato completo de cómo el bloque Central Bolívar de las Auc robaban gasolina en el puerto petrolero de Barrancabermeja. Foto Semana. – Bloque Central Bolívar

“Funcionarios corruptos”, que no identificó, eran quienes, a juicio de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, el desmovilizado jefe del bloque Central Bolívar (Bcb), de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), les daban la informacióna los paramilitares de cuándo y en qué sitio podía perforar el tubo para sacar la gasolina para eludir la acción de las autoridades.

Así lo reveló el ex jefe paramilitar durante la continuación de la audiencia de versión libre que rinde en Medellín, ante la fiscal 41 de la Unidad de Justicia y Paz, de la Fiscalía General de la Nación, diligencia en la que entregó más detalles sobre la forma en que los paramilitares intimidaron a la dirigencia sindical del Sur de Bolívar y Santander.

Eran tan fácil y tan rentable robar combustible, que la práctica se socializó en todo el puerto petrolero de Barrancabermeja (Santander), tanto que las Auc lo permitían porque, de lo contrario, se les hubiera convertido en un problema social.

Pérez Alzate contó que, por ejemplo, un muchacho dejaba de ir a la escuela porque, como pimpinero (comercializador ilegal de gasolina), se ganaba en promedio diario unos 40 mil pesos.

Alias Julián Bolívar agregó que llegó al extremo la colaboración funcionarios de Ecopetrol que les daban información detallada al Bcb cuando iban a lavar el poliducto, de manera que no perdieran el tiempo extrayendo agua y jabón.

las Auc obtuvieron importantes recursos de esa práctica ilegal. Llegaron a tener un mapa detallado de por dónde pasaba el tubo, lo que les servía para saber a qué predio llegar. Cuando arribaban a una finca les advertían al propietario y a quienes estuviera bajo su cuidado que la única opción que les quedaba era el silencio. Confesó que muchas personas salieron amenazadas por las autodefensas debido a que las denunciaron ante las autoridades competentes por el robo continuado de combustible.

El negocio llegó a tal punto que algunos funcionarios de Ecopetrol presuntamente inflaban la cifra oficial del hurto y el remanentelo vendían en carrotanques que salían de la propia planta de Ecopetrol en Barrancabermeja.

Sindicalistas

Alias Julián Bolívar confesó que bajo su mando mataron a 12 sindicalistas de distintas agremiaciones en el Sur de Bolívar, Barrancabermeja y Bucaramanga, pero detuvo la orden de ejecuciones cuando se dio cuenta de que había una lista de posibles víctimas, entregada a los jefes de las Auc en el Puerto Petrolero por un ex directivo de la Unión Sindical Obrera (USO), Fredis de Jesús Rueda, conocido como el Indio y quien se hizo integrante de los paramilitares a cambio de que le salvaran la vida.

Con la lista de Rueda, el bloque de las Auc en Barrancabermeja asesinó a Rafael Jaimes Torra y Manuel Salvador Guerrero Angulo, ambos directivos de la USO.

El ex jefe de autodefensas se atribuyó la responsabilidad de las muertes de Luis Alberto Carazo, ocurrida el 3 de septiembre de 2001; Luis Manuel Anaya, el 16 de octubre de 2001; Luis Alberto López Plata, el 19 de octubre de 2001; Servando Serna Guevara, el 10 de octubre de 2001; Lilia Ruiz Ortiz, el 13 de febrero de 2005; Gustavo Castellón Puentes, el 17 de octubre de 2001; Ciro Arias Blanco, el 24 de marzo de 2001; Robinson Badillo, el 21 de marzo de 2001 y Hernando Rodríguez Ruiz, el 20 de junio de 2001.

Pese a la polémica que ha sostenido con la Comisión Colombiana de Juristas sobre las alusiones que hace de las víctimas de las autodefensas, en especial de los sindicalistas asesinados, alias Julián Bolívar dijo que tres de las 12 personas asesinadas no eran dirigentes de los trabajadores sino enlaces y simpatizantes de las guerrillas.

El Estado Colombiano está demandado ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por el homicidio de esas 12 las personas.

The post Así robábamos gasolina: Julián Bolívar appeared first on VerdadAbierta.com.