En los últimos 40 años, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes libraron sus propias guerras en Medellín. Los repertorios de violencia terminaron mezclándose, dando paso a un espiral de muerte y dolor que dejó miles de víctimas y afectó profundamente a toda una ciudad. Muchos de los crímenes atroces cometidos en estas décadas aún permanecen en la impunidad. No obstante, la sociedad medellinense ha sabido reinventarse para enfrentar con creatividad y arte los desafíos que le plantearon los fenómenos criminales.

Estas son las principales conclusiones del informe Medellín: memorias de una guerra urbana, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Corporación Región, la Universidad de Antioquia y la Universidad Eafit. Durante varios años de trabajo, los investigadores indagaron por el conflicto armado en la capital antioqueña y sus actores; las violencias que desplegaron y los impactos que generaron en la población. El informe, de 518 páginas, también exalta los ejercicios de resistencia y memoria que los paisas han emprendido en las últimas décadas para superar la crisis social que dejó la persistencia de una violencia exacerbada.

Se trata de la primera iniciativa de carácter urbano adelantada por el CNMH en desarrollo de su misión de “aportar al esclarecimiento y la comprensión de las causas de la guerra en Colombia”. ¿Por qué Medellín? Para los responsables del informe, esta ciudad fue escenario de dramáticas formas de violencia cuyos límites fueron bastante difusos por cuenta de la articulación, vinculación, cooptación o contratación de criminales organizados por parte de los diferentes actores del conflicto armado.

Paralelo a ello estaba el narcotráfico, que encontró en una ciudad golpeada por una profunda crisis económica el “caldo de cultivo” para crecer, expandirse y consolidarse como una lucrativa actividad económica, capaz de permear las instituciones estatales, corromper los actores del conflicto armado, intensificar la violencia y crear un culto al dinero fácil que hicieron de Medellín un explosivo coctel que la llevó a ostentar, por décadas, el récord de la ciudad más peligrosa del mundo entero.

No en vano, Medellín es la ciudad capital con el mayor número de víctimas inscritas ante la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas (Uariv): a la fecha, unas 410.765 personas han manifestado haber padecido algún tipo de victimización en el marco del conflicto armado, aunque, vale la pena aclarar, la cifra recoge declaraciones de años anteriores a 1980 y de personas que llegaron desplazadas de otros municipios antioqueños y de otras ciudades del país.

Quienes lideraron las investigaciones concluyen que los impactos de la violencia pueden ser mucho mayores, “si se tienen en cuenta el número de víctimas indirectas, el posible nivel de subregistro de estos delitos, dado el alto número de personas cuya declaración no ha sido tenida en cuenta por el Registro Único de Víctimas por considerar que sus características no corresponden a la naturaleza formal del conflicto armado, o incluso el bajo nivel de denuncias, sobre todo hasta mediados de los años noventa”.

“Esta es una reconstrucción histórica realizada con los relatos de la población, los relatos de las víctimas”, explica Ana María Jaramillo, una de las relatoras del informe, y explica que para su elaboración se realizaron talleres de memoria con víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual; defensores de derechos humanos y sindicalistas, familiares de policías asesinados; militantes de organizaciones de izquierda y personas exiliadas. También participaron artistas, empresarios, personal médico, académicos, líderes de opinión, miembros de la fuerza pública, profesionales, periodistas, servidores públicos, miembros de organizaciones sociales y líderes de iglesias, entre otros.

No obstante, en el documento se aclara que “dada la amplitud del tema el informe responde a una delimitación que deja necesariamente por fuera temas que requerirán nuevos ejercicios investigativos: un trabajo a fondo sobre el papel de la justicia, los organismos del Estado y Fuerza Pública, el papel de las élites económicas y empresariales, la relación con medios de comunicación y el significado de las artes en estas memorias, entre otros”.

Tiempos violentos

¿Y que arrojaron las indagaciones? Para los relatores del informe, la historia contemporánea de Medellín se puede dividir en cuatro grandes periodos: “El primero va de 1965 hasta 1981. En él se configuran los factores que luego van a detonar el conflicto armado (…) durante estos años se sabe de prácticas de justicia privada agenciadas por sectores institucionales; el negocio de las drogas comienza a marcar dinámicas económicas y sociales; y se hacen visibles las demandas de sectores sociales y políticos que buscan reformas políticas y económicas”.

Fueron los años de las masivas movilizaciones estudiantiles y obreras, del deterioro económico de los hogares antioqueños, la crisis de la industria y la inestabilidad de los gobiernos locales (entre 1958 y 1982 Bogotá tuvo 10 alcaldes; Cali 17; y Medellín 25). Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y del Registro Único de Víctimas de la Uariv, entre 1976 y 1981 se registraron 150 víctimas de violencias asociadas al conflicto armado en la ciudad.

“En los años setenta, el delincuente individual fue desplazado por aparatos de violencia como las bandas (primero) y las pequeñas unidades guerrilleras dedicadas al asalto bancario y el secuestro (después)”, dice el informe en sus apartes, resaltando además la poca presencia en las grandes urbes de las guerrillas nacidas en la década del sesenta.

Comenzando la década de los ochenta irrumpe con fuerza la actividad criminal de los narcotraficantes. Los “logros económicos” de los “traquetos”, como se les nombraba en la época, los fue convirtiendo en una nueva clase social “emergente” y acaudala que rápidamente comenzó a despertar simpatía en los jóvenes de las barriadas más pobres de Medellín, agobiadas por la falta de empleo y oportunidades educativas. Este período, de acuerdo con el informe, termina en 1981 con el surgimiento del grupo de justicia privada Muerte a Secuestradores (MAS), creado a raíz del secuestro perpetrado por comandos del M-19 de Marta Nieves Ochoa, hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, reconocidos narcotraficantes de la cuidad.

Luego iniciaría un segundo periodo que los investigadores nombraron como “el gran desorden y el desafío armado del Cartel de Medellín”, que va desde 1982 hasta 1994. Pablo Escobar desata su guerra contra el Estado, apelando al terrorismo como su principal estrategia. Los habitantes de Medellín nombran estos años como “la época de las bombas”. No es para menos: estimativos oficiales señalan que entre 1988 y 1993, en la capital antioqueña se registraron 140 atentados con explosivos y estallaron 60 carros bombas. La guerra contra Escobar y su organización dejó un número considerable de víctimas entre agentes del Estado. De acuerdo con el informe, en todos los años ochenta fueron asesinados 690 uniformados; 153 de ellos solamente entre los años 1990 y 1993.

Fue una época en que los asesinatos aumentaron significativamente: de 869 homicidios registrados en 1983, la ciudad pasó a una cifra de 1.749 en 1985 y luego a 3.603 en 1988. Pero sería 1991 el que marcaría la tragedia de Medellín: 6.809 personas fueron asesinadas ese año, la cifra más alta para ciudad alguna en Colombia hasta la fecha. Esta no fue el único problema que enfrentó la ciudad para aquel entonces.

En los barrios populares empezaron a conformarse grupos de milicias populares desarticuladas del movimiento guerrillero rural, desprovistas de toda ideología. Al final, el movimiento miliciano terminó convertido en un factor más de desestabilización de la ciudad. Estos años también son recordados como los de la “guerra sucia”, época en que escuadrones de la muerte exterminaron una generación de defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, funcionarios judiciales y militantes del partido político Unión Patriótica (UP). Son recordados los casos de Leonardo Betancourt, Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez, entre otros. (Leer más en: ¿Ejército estuvo detrás del crimen de Héctor Abad Gómez y sus colegas?)

Recrudece el conflicto

El informe Medellín, memorias de una guerra urbana, identifica cuatro periodos de la violencia en Medellín: la amenaza de la revolución; el narcoterrorismo; la urbanización del conflicto y el rearme postdesmovilización de las Auc. Foto: archivo Semana.La muerte del capo Pablo Escobar (2 de diciembre de 1993) tras una intensa persecución del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional; y la desmovilización del movimiento miliciano (24 de mayo de 1994), marcaron el fin de un periodo sangriento y convulsionado, y el inicio de un tercer periodo, caracterizado por la expansión del fenómeno paramilitar y el crecimiento de las milicias guerrilleras en la ciudad. La confrontación armada, que por esos años se libraba con furia en veredas, valles y montañas, se trasladó a la capital de Antioquia. (Leer más en: La historia de las milicias en Medellín pasa por Justicia y Paz)

“Medellín, y su región metropolitana, fue el centro geográfico y logístico de este conflicto y se convirtió en objetivo de disputa militar entre organizaciones paramilitares (en algunas de las cuales los narcotraficantes jugaron un papel central) y entre ellas y organizaciones milicianas y guerrilleras”, reseña el informe, enfatizando que una de las particularidades que encerró el conflicto armado en Medellín es que sus diferentes actores encontraron una amplia “mano de obra”, conformada por jóvenes pertenecientes a bandas y combos delincuenciales que quedaron “cesantes” tras la muerte de Pablo Escobar y la desarticulación del Cartel de Medellín. (Leer más en: La alianza entre el Bloque Metro y las bandas de Medellín)

Así, mientras en la década pasada las masacres, el terrorismo y los asesinatos selectivos marcaron los repertorios de violencia más comunes, en este periodo irrumpe con fuerza el desplazamiento forzado masivo, la violencia sexual, el reclutamiento forzado. En las periferias de la ciudad comienzan a ser notorios los combates con armamento pesado y de largo alcance. Como siempre, la población civil fue la que llevó la peor parte. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH y el Registro Único de Víctimas de la Uariv, entre 1995 y 2005 la ciudad tuvo 52.004 víctimas de violencias asociadas al conflicto armado. Esto quiere decir que en este período ocurrieron el 39,2 por ciento de los casos de victimización asociados al conflicto armado.

El paradigma de lo que vivió la ciudad en dicha década lo constituye la Comuna 13. El Frente José Luis Zuluaga y el Bloque Metro de las Accu; el Bloque Cacique Nutibara de las Auc; las milicias de las Farc el Eln; y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) convirtieron este populoso sector del occidente de Medellín en un verdadero campo de guerra con consecuencias humanitarias nefastas. La respuesta del Estado fue un operativo militar sin precedentes en la historia del país: comandos conjuntos de Fuerza Aérea, Policía, DAS, CTI, Ejército, llevaron a cabo entre el 16 y 18 de octubre de 2002 la recordada Operación Orión. El tiempo se ha encargado de relatar las atrocidades que sucedieron después. (Leer más en: “Desaparecían personas en la Comuna 13 y decían que eran un mito” y La guerra que ‘Don Berna’ libró en el occidente de Medellín)

Un año después, el 25 de noviembre de 2003, se registró la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, lo que marcaría el fin de este tercer periodo catalogado como la “urbanización de la guerra” en Medellín. Con la expulsión de las guerrillas de la ciudad y los grupos paramilitares en proceso de entrega de armas, la ciudad se aprestó a vivir un periodo de transición. Los homicidios comenzaron a caer a niveles históricos: 782 asesinatos en 2005, la cifra más baja en 30 años.

Pero la tranquilidad duró poco. Después de 2005, la ciudad fue testigo de un reacomodo de estructuras criminales que se reciclan una y otra vez. “Esto estuvo acompañado de complejos procesos de rearme y de nuevas expresiones de violencia como el desplazamiento forzado intraurbano, el asesinato de líderes, especialmente de jóvenes relacionados con propuestas de resistencias artísticas y culturales, la exacerbación de las llamadas fronteras invisibles, el asesinato y la violencia contra las mujeres”, reseña el informe.

Resistencia y resiliencia

Una de las principales conclusiones del informe es que la ciudad logró soportar y superar la complejidad de la violencia gracias a la resistencia de una sociedad que supo organizarse y proponer acciones desde lo lúdico y lo artístico. Foto: archivo Semana.“Medellín resistió a la violencia gracias a la confluencia de acciones individuales, de organizaciones sociales y respuestas institucionales que permitieron encontrar salidas a momentos de crisis. La ciudad resistió y sobrevivió porque sujetos, comunidades y colectivos se organizaron para comprender lo que pasaba, trabajar juntos y superar sentimientos como el miedo, la angustia y la desesperanza”.

Para la investigadora Ana María Jaramillo, esta es, quizás, una de las principales conclusiones que arroja la reconstrucción de poco más de cuatro décadas de violencia en Medellín, una ciudad que pese a vivir el horror de la guerra en todas sus manifestaciones, supo resistir gracias al liderazgo del movimiento de derechos humanos, las expresiones artísticas barriales, y el trabajo de destacados líderes comunitarios y, más recientemente, de las víctimas del conflicto armado. (Leer más en: Medellín consolida un espacio para la memoria)

Claro está, no se trató de una resistencia fácil. La investigación arroja que “en los tres períodos, en unos más que en otros, organizaciones y líderes que denunciaron abiertamente las violaciones de los derechos humanos fueron perseguidos, amenazados y, en algunos casos, asesinados. Al mismo tiempo que hubo un creciente proceso de incorporación del discurso de los derechos humanos a las prácticas y políticas institucionales, este discurso siguió siendo objeto de estigmatización”.

Marta Villa, otra de las relatoras del informe, asegura que “la violencia también dejó huellas profundas enla sociedad. Esta es una ciudad que aún vive con miedo; miedo a la participación social y política, que desconfía en el otro” y lamenta que “uno de los hechos más lamentables que pudimos constatar es que existe un alto nivel de impunidad. Tanta violencia y la justicia ha sido muy poca”. (Leer más en: Impunidad ronda crímenes del Bloque Cacique Nutibara)

Lo anterior plantea una pregunta sobre las responsabilidades individuales y colectivas. Si bien el informe deja claro que no se trata de un ejercicio de verdad judicial ni mucho menos, es cierto que los hallazgos consignados en él despiertan interrogantes que, tarde o temprano, quienes participaron en este espiral de violencia tendrán que responder.

Tal como lo menciona el informe, “en el trasfondo de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín siempre estuvieron presentes las disputas por el control del orden en espacios y territorios específicos de la ciudad. Todos los actores del conflicto armado en la ciudad apelaron a los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, las masacres, el secuestro, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el daño a bienes. Pero lo hicieron en diferentes magnitudes y con diferentes objetivos, en la medida en que cada uno de ellos tenía una idea diferente de orden y unas formas estratégicas de ejercer control sobre territorios, poblaciones y recursos”.

Al respecto, Jaramillo concluye que “en su momento, las Farc y el Eln tendrán que responder por el asesinato de líderes comunitarios, por el desplazamiento forzado de familias. Pero también lo tendrán que hacer el Estado y los paramilitares”.

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En el orden del día N. 073, del miércoles 5 de abril de 2006, el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de Bello, Antioquia, estableció las tareas cotidianas en esta unidad castrense, pero también recordó la “orden de carácter permanente” que no era otra cosa que las recomendaciones del entonces general Mario Montoya, comandante del Ejército.

Se trata de 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades militares de todo el país. Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, dos asuntos que le impusieron alta presión a las tropas y que generaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles para hacerlos pasar como “dados de baja”, y con ello lograr beneficios personales, como ascensos, permisos, recompensas y viajes de placer. (Ver Orden del día)

Ese orden del día está firmado por el teniente coronel Édgar Emilio Ávila Doria, comandante del Batallón, quien está siendo procesado penalmente desde 2015 por el asesinato de dos hombres, uno de ellos menor de edad, ocurrido el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya, del municipio de Concepción, Oriente antioqueño.

Por este doble homicidio ya fue condenado a 43 años de prisión el sargento Iván Mauricio Ochoa Yepes por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en marzo de 2016. En la sentencia, el juez consignó que “está claro que al interior del Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional existía un grupo de militares concertados para presentar como resultados operacionales lo que realmente eran muertes por fuera de confrontación”. (Leer más en: La red criminal que operó desde el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército)

Los asesinatos por los que fue condenado Ochoa Yepes hicieron parte de las 86 bajas reportadas oficialmente en 2006 por esta guarnición militar, lo que le permitió obtener el primer lugar entre diez unidades militares adscritas a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y destacarse como la más efectiva en resultados operacionales en el país.

Pero lo que venía sucediendo en el Batallón Pedro Nel Ospina no era un caso aislado. De acuerdo con sendas evidencias presentadas ante los estrados judiciales por abogados de las víctimas y registros de la Fiscalía General de la Nación, durante el periodo de mando de Montoya al frente del Ejército, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, habrían ocurrido por lo menos 2.500 asesinatos de civiles de manera extrajudicial, quienes fueron presentados bajo el rótulo de “muertos en combate”. (Ver especial: Falsos positivos, una herida que sigue abierta)

El general Montoya renunció a su cargo en noviembre de 2008 tras la publicación de diversos informes de prensa que revelaron la macabra acción criminal contra por lo menos 14 jóvenes de Soacha, un municipio vecino de Bogotá, quienes fueron asesinados por tropas del Ejército en la distante ciudad de Ocaña, Norte de Santander, en supuestos combates. (Leer más en: Víctimas de ‘falsos positivos’ siguen esperando justicia)

Las dificultades de avanzar en las investigaciones contra altos oficiales del Ejército implicados en ejecuciones extrajudiciales, entre los que se destaca Montoya y otros 22 generales de la República, incluido el actual Comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, preocupa desde hace varios años a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, razón por la cual ejerce una observación especial tras considerar que serían casos potenciales para ser procesados en este tribunal internacional. El tema está en la agenda de la fiscal jefe de esa instancia, Fatou Bensouda, quien llegó el pasado lunes al país a discutir éste y otros asuntos, durante esta semana, con funcionarios del alto gobierno y organizaciones sociales.

Competir con muertos

Cientos de soldados están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente como falsos positivos. Foto: archivo Semana.¿Pero, cómo se materializaban las políticas promovidas por el general Montoya y consignadas en el orden del día de las guarniciones militares en el país? Buena parte de las respuestas podrían encontrarse en el proceso penal que se le sigue en Medellín al excoronel Nelson Velásquez Parrado, quien, en 2007, fungía como comandante del Batallón Especial Energético Vial N. 8, destacado en Segovia, Nordeste de Antioquia, y con un área de operaciones que incluía al vecino municipio de Remedios.

A Velásquez se le juzga por su presunta responsabilidaden la comisión de 16 asesinatos de civiles reportados como bajas en combate entre julio y noviembre de 2007, razón por la cual la Fiscalía 57 Especializada de Medellín lo acusó, el 2 de marzo de 2016, de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público, entre otros.

Uno de los principales testigos en este proceso es el cabo tercero Elvin Andrés Caro Mesa, uno de los primeros militares beneficiados, en abril pasado, con la libertad condicional bajo la Justicia Especial para la Paz, pactada con la guerrilla de las Farc. El suboficial fue condenado a 31 años de cárcel tras ser hallado culpable de la ejecución extrajudicial de un joven de 18 años de edad perpetrada en el barrio La Gabriela, de Bello, el 28 de marzo de 2005.

Ante los estrados judiciales, Caro narró con detalle cómo operaba el Batallón Especial Energético Vial N. 8, el que trabajó en la Sección de Inteligencia, conocida como S2. El último de sus testimonios lo dio el pasado 16 de agosto ante el Juez Cuarto Penal Especializado de Antioquia.

Durante un interrogatorio adelantado por el fiscal del caso, el suboficial reconoció la disputa que se generó entre las distintas guarniciones militares: “había unas competencias a nivel brigadas, a nivel batallones, en los cuales llevaban resultados de dos, tres bajas; entonces se hacía una competencia de todas las unidades, la que mostrara más resultados operacionales”.

Caro aseveró que, para mostrar logros concretos contra los grupos armados ilegales, se optó por “dar de baja” a civiles que eran conducidos, bajo engaño, al área de operaciones del Batallón Especial Energético Vial N. 8. De este tipo de operaciones, según el suboficial, sabían no sólo el coronel Velásquez, sino el capitán Hanzen Gómez Ruiz, quien estaba adscrito a la Sección de Inteligencia y también fue condenado a 20 años de prisión por su participación en una ejecución extrajudicial.

En dos oportunidades cuando menos, el coronel Velásquez felicitó tanto a Caro como a Gómez “por su intrepidez y valentía en el cumplimiento de su deber” y por su “habilidad en el planteamiento de inteligencia”.

¿Y las víctimas?

Las víctimas siguen luchando para evitar la impunidad. El pasado 12 de septiembre uno de los reclutadores de Soacha fue condenado a 44 años de cárcel por entregarle personas a militares que fueron presentadas como bajas en combate. Foto: archivo Semana.La experiencia lograda por Caro a su paso por el Batallón Pedro Nel Ospina la puso al servicio del Batallón Especial Energético Vial N. 8, en particular sus contactos con los llamados “reclutadores”, es decir, personas encargadas de conseguir las personas que luego serían asesinadas por las tropas y presentadas como “caídas en combate”.

En su reciente testimonio hizo referencia a dos hombres, uno de ellos identificado sólo como “Román” y el otro como Luis Norberto Serna, alias ‘El enano’. Al primero lo conoció en Medellín a través de un sargento de apellido Suárez. “Luego Román me presentó al señor Luis Norberto”, dijo. “Eran reclutadores y llevaban varios resultados en batallones de Medellín. Ellos hacían amistad con las personas o llevan a esas personas a hacer cosas indebidas proponiéndoles que hay buen dinero de acuerdo con la situación que se vaya a realizar. Y se les daba de baja en diferentes sitios del área del Batallón”.

Interrogado sobre cómo se definía el área donde las víctimas eran asesinadas, el cabo Caro indició que el tema se analizaba durante las reuniones con oficiales y suboficiales, “y se asignaba el pelotón o el grupo especial el cual llevara menos bajas o de acuerdo a los comandantes que fueran como más presentadores de resultados. De acuerdo con eso se hacían las operaciones”.

Una vez definida la necesidad de presentar resultados, se comunicaba con los “reclutadores” en Medellín y se les solicitaban las víctimas, cuyo número era variable. “Eso sí, se le exigía a ‘Román’ y a Luis Norberto que no fueran personas de bien, que fueran personas más bien que cumplieran el requisito que fuera de bandas o de grupos al margen de la ley, es decir, que fueran personas que tuvieran antecedentes y eso”.

En el proceso que se le sigue al coronel Parrado, por lo menos cuatro de las víctimas asesinadas tenían antecedentes penales por porte de estupefacientes, hurto y rebelión. Pero no todos cumplían con ese requisito, entre ellas había obreros, policías retirados, ebanistas y drogadictos, todos, esos sí, ajenos a la región donde perdieron la vida.

Una de las particularidades de esta estrategia operacional adoptada por los comandantes de algunas guarniciones militares es que los supuestos “caídos en combate” aparecían siempre portando armas de fuego. De acuerdo con el cabo Caro, había dos formas de conseguir esas armas: las compraban los “reclutadores”, las aportaban las unidades militares o las mismas víctimas. Este suboficial precisó que cada batallón, pelotón o grupo especial aportaba de su presupuesto para las operaciones.

Ante la pregunta del fiscal de cuánto presupuesto se requería para una operación de este tipo, Caro explicó que, entre transporte, gasolina y armas, el costo promedio por víctima era 1,7 millones de pesos. Y con respecto a las armas, señaló que, a su superior, el coronel Parrado, “en varias ocasiones se llevaban antes de la operación y se le mostraban al coronel”. ¿Y por qué razón se le mostraban al oficial? El suboficial respondió que “para que él viera que sí se compraban con el dinero que se aportaba por parte del batallón”.

Una vez “reclutadas” las víctimas y asesinadas en diversos sectores rurales de los municipios de Segovia y Remedios, eran presentadas como integrantes de las guerrillas de las Farc y el Eln, o también como pertenecientes a bandas criminales. Caro explicó que “de acuerdo a la inteligencia que se hacía en el sector donde se iban a dar de baja se emitía la operación. Y se mostraba (la víctima) como perteneciente al grupo que delinquía por ese sector”.

Una vez asesinadas las personas por las tropas del Batallón Energético y Vial N. 8, los respectivos comandantes de las unidades en terreno reportaban los supuestos combates, así como las bajas ocasionadas y las armas incautadas.

La fiscal de la CPI (primera a la izquierda) en reunión con le Presidente Santos y algunos ministros de su gabinete de gobierno. Foto: Presidencia de la República.Ejemplo de ello es el informe de patrullaje presentado el 2 de agostode 2007 por el sargento José Fernel Abril Bonilla, en el que describe que ese día “se encontraba realizando patrullaje en la vía Segovia-Cañaveral, divisando un personal que venía por la carretera, les lanzaron la proclama, estos los atacaron y después del intercambio de disparos encontraron tres personas muertas, las cuales portaban dos pistolas y una escopeta doble cañón calibre 12”.

Con respecto a esta misión se expidió, ese mismo día, la Lección Aprendida N. 15 enla que “se destaca la reacción inmediata y el arrojo de los soldados de enfrentarse valientemente a los bandidos, se aplicaron los principios de guerra, sorpresa y seguridad”. Pero nada de eso era cierto.

En ese caso fueron asesinados Luis Javier Montes Paderna, un habitante de calle; Diego Alonso Triana Pulido, obrero en una fábrica de veladoras, quien registraba una condena de 30 meses por rebelión; y Carlos Mario Jaramillo Salazar, quien también registraba una condena por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Estos resultados operacionales tenían sus recompensas. De acuerdo con la versión dada por el cabo Caro a la Fiscalía, “a los comandantes de pelotón se les daban permisos, condecoraciones o paseos a Cartagena y a San Andrés”. El procedimiento era simple: “el comandante del Batallón los solicitaba por medio de la Brigada y ya salía el personal de permiso”.

En el escrito de acusación contra el coronel Parrado, la Fiscalía invocó diversas normas internacionales que protegen a la población civil en áreas de conflicto armado e indicó que, en este caso, “todas y cada una de las víctimas eran civiles, ajenos al conflicto armado, se trataba de personas en las cuales confluían calidades personales como la de tener antecedentes penales, ser drogadictos, habitantes de calle de la ciudad de Medellín, no tener contactos ni vínculos con la zona en la cual fueron muertos”.

El Fiscal 57 Especializado de Medellín presentó escrito de acusación contra el coronel Parrado en razón a que el oficial “actuó como coautor de la conducta de homicidio en persona protegida, de la cual fueron víctimas personas inocentes, que no estaban armadas y que nunca se enfrentaron con miembros del Ejército Nacional, pues se trató de una empresa criminal en la cual los miembros del Ejército daban de baja personas civiles inocentes, para presentarlas como delincuentes fallecidos en combate”.

Hasta el momento la justicia no se ha establecido responsabilidad de mando superior por este tipo de actuaciones criminales, de ahí la preocupación de la fiscal en jefe de la CPI, Fatou Bensouda, y su interés por la deficiencia en investigar a fondo los homicidios cometidos por las tropas del Ejército contra civiles inermes durante varios años en diversas regiones del país con el fin de cumplir con una de las políticas del general Mario Montoya: “las bajas no es lo más importante, es lo único”.

Este miércoles, antes de irse del país, Bensouda dio una rueda de prensa en la que declaró que a pesar de haber pedido “información muy precisa” sobre las investigaciones de los denominados falsos positivos, hasta la fecha no la ha recibidio. Al respecto, uno de los miembros de su equipo señaló que necesitan “información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda”.

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Misa en la Asamblea de Departamental para conmemorar el décimo aniversario del asesinato de los diputados que fueron plagiados de ese recinto. Foto: VerdadAbierta.com.En el mismo lugar en el que sesionaron habitualmente y del que fueron sacados con engaños el 11 de abril de 2002 por un comando guerrillero de las Farc que se hizo pasar como una unidad de la Fuerza Pública, bajo la excusa de evacuarlos por un inminente atentado terrorista, se conmemoró el décimo aniversario del asesinato en cautiverio de 11 de los 12 diputados plagiados.

La carga emotiva de este año aumentó como nunca antes porque, por primera vez, coincidió con la celebración del Día del Padre. En el salón de sesiones Carlos Holmes Trujillo se dieron cita viudas, jóvenes que siendo niños perdieron uno de los faros que iluminaban su camino y demás familiares. Vestidos de blanco y acompañados por miembros de la Iglesia Católica, representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), de la Unidad de Víctimasy otras instituciones, realizaron varios actos simbólicos para que las historias y el legado de sus seres queridos perduren.

Darío Monsalve, obispo de Cali, quien fungió como guía espiritual de los encuentros que miembros de las Farc sostuvieron con algunos familiares de los diputados el año pasado, que derivaron en un acto público de perdón realizado el pasado 3 de diciembre, ofició una misa en la que la parte central de su discurso giró alrededor de la labor de los fallecidos y de la actitud de perdón y reconciliación de sus familias. (Ver: “Este acto de perdón lo aceptamos para honrar la memoria de nuestros familiares”)

“Gracias por el testimonio que nos dan. Gracias por su valentía y coraje para luchar y crecer, pero, sobre todo, para entrar en el camino y en el compromiso de la reconciliación. Ustedes, muchachos y muchachas, son la nueva generación de la paz en Colombia. Ya empezamos a ver su liderazgo y a sentir su testimonio de reconciliación y de paz”, dijo el obispo, quien también tuvo palabras de agradecimiento para sus madres.

Tras la misa, las palabras de algunos funcionarios y la proyección de un video en el que Jairo Andrés Hoyos, hijo de Jairo Javier Hoyos Salcedo, interpreta en piano la canción Mi querido viejo, de Piero, se dio paso a la instalación de los retratos de los diputados asesinados en cautiverio y de Carlos Alberto Cendales, el subintendente de la Policía que perdió su vida durante la incursión guerrillera. Las fotografías fueron colgadas con sus respectivas leyendas en las paredes del salón en donde sesionan los actuales diputados de Valle del Cauca.

Al respecto, los hijos de los “Diputados Héroes de Colombia”, nombre con el que quieren que sus padres sean reconocidos por el país, refirieron que “se han instalado 13 fotos en el hemiciclo de la Asamblea Departamental, lugar donde se toman las decisiones y se hace control político por el bienestar de nuestra región, con el fin de recordarle a cada líder que cada cuatro años hace parte de esta corporación, el compromiso ético como funcionario y moral como ciudadano vallecaucano, que debe tener con cada una de las iniciativas de memoria y dignificación de estos héroes”.

Sobre la importancia de este acto de memoria, Gonzalo Sánchez, director del CNMH, indicó que trasciende desde la esfera familiar hasta la nacional, debido a la gravedad de los secuestros y asesinatos en cautiverio, puesto que fueron un golpe frontal contra la democracia. Incluso, los comparó con la toma y retoma del Palacio de Justicia.

“Simbólicamente son cosas del mismo calibre, son dos atentados a pilares de la institucionalidad en Colombia. Sin embargo, cuando algo sucede en la capital del país, tiene unos ecos y resonancias distintas a lo que sucede en las regiones, por eso la sociedad nacional no ha dimensionado este daño. También hay otra cosa: después del Palacio de Justicia hubo muchos escenarios colectivos de violencia y por eso el país no mide los alcances del proceso de paz: rutinizó la violencia y se acostumbró a vivir con ella”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Sigifredo López dando un sentido discurso sobre perdón y reconciliación. Foto: VerdadAbierta.com.En el evento también estuvo presente Sigifredo López, el único diputado que logró salir con vida del cautiverio años después de los asesinatos de sus compañeros. Por eso, el espacio también fue una oportunidad para rendirle homenaje, y así resaltar su coraje y en parte resarcir el daño que le causó la Fiscalía General de la Nación, que por medio de falsos testigos lo vinculó con el secuestro de la Asamblea Departamental y lo tuvo detenido durante varias semanas.

Despojado de resentimientos, pues dice que ya perdonó a las Farc y a las personas que injustamente lo encarcelaron, tomó el micrófono y quiso rendirles homenaje a los hijos de sus excompañeros de cautiverio, por la capacidad de perdón y la reconciliación que promueven.

“Lo que ustedes hoy le están diciendo a Colombia es supremamente importante, en un momento coyuntural de nuestra historia, en un momento en donde todavía hay gente que incita al odio y a la violencia y que no ha sufrido ni un rasguño en su vida por causa de la guerra, como lo han vivido ustedes. Esta sociedad colombiana enferma de violencia requiere mucho de perdón para poder reconciliarse; pero el perdón no expresado en palabras, sino en hechos cotidianos, en pedagogía del perdón, que realmente sirva de ejemplo para que esta sociedad se reconcilie”, exclamó en medio de lágrimas, tomando de la mano a su nieta de dos años.

Finalmente, Sebastián Arismendy, hijo de Héctor Fabio, y a nombre de los demás descendientes de los diputados asesinados en cautiverio, leyó un manifiesto público, en el que resaltó la memoria de los 11 asesinados; recalcó que durante años sus familias lucharon por un intercambio humanitario que nunca se dio por falta de “voluntad” y “dignidad” del gobierno de turno; hizo un llamado a favor de la reconciliación nacional; enfatizó que quieren que sus padres sean recordados como los “Diputados Héroes de Colombia”; y se comprometieron a retomar las banderas que ellos enarbolaron, ya sea desde el ámbito público o privado, para lograr un mejor futuro para su departamento y el país.

Sobre la conmemoración, le dijo a VerdadAbierta.com que “cada vez que se hace esto, se nos ensancha el corazón, por saber que estos hombres nunca serán olvidados. Nosotros, sus hijos, siempre estaremos trabajando por su memoria. Siempre vamos a estar construyendo”.

Los Diputados Héroes de Colombia

Mientras se instalaban uno a uno los retratos, estudiantes de artes de la Universidad del Valle pronunciaron frases célebres de los diputados, que fueron acompañadas con pequeños perfiles que realizaron los familiares y el CNMH. Estos son los caídos en uno de los capítulos más dolorosos y absurdos del conflicto armado colombiano.

Héctor Fabio Arismendy (1957-2007)
Desde niño tocaba la guitarra y con un grupo de amigos en Cartago emprendió una carrera musical que les permitió crear diferentes grupos musicales, hasta la conformación en 1987 de la orquesta La Sabrosura. Paralelo a su carrera musical, Arismendi estudió derecho y se desempeñó en múltiples funciones públicas. En 2001 llegó por primera vez a la Asamblea. Uno de sus grandes lemas de campaña fue: “Trabajo con justicia social para la mujer cabeza de hogar”. En el cautiverio escribió cientos de canciones y trabajó en un proyecto de libro denominado El Valle es una nota. Padre de Sebastián y Juan Camilo.

Francisco Giraldo (1970-2007)

El más joven de los diputados secuestrados. Fue el tercero de cuatro hermanos en el hogar de Ramón Elías Gómez y Socorro Cadavid. Después de iniciar estudios en ingeniería industrial, estudió derecho y siguió los pasos políticos de su padre. Desde su movimiento Fuerza Viva prometía un proceso de renovación de la política con gran acogida en el Valle. Descrito por sus amigos como persona generosa, de buen corazón y solidaria.

Jairo Javier Hoyos Salcedo (1945-2007)
El diputado de la actitud mental positiva, líder de las juventudes conservadoras, creó un movimiento, Los Leopardos, que se fomentaba las microempresas en las regiones. De buen humor, le gustaba cantar y ayudar a los demás. Quería ser gobernador de Valle del Cuaca. En el cautiverio fue un soporte espiritual para sus compañeros debido a su alegría, a su fortaleza y a su positivismo. Padre de Diego Fernando, Brillith, John Jairo y Efraín Alberto.

Alberto Quintero (1952-2007)
Quería llegar lejos en la política. Ejerció distintas responsabilidades, incluyendo alcalde de Cartago, en donde demostró gran cercanía a las comunidades y ejecutorías con sentido social. De joven estuvo en el seminario y aún en la política mantuvo una religiosidad viva y permanente. Referente de unidad familiar.

Édison Pérez Núñez (1966-2007)
Especial interés por el derecho y temas de familia. Desde muy joven se interesó en el debate y la construcción de ideas políticas. Gustaba de juegos como el ajedrez y de actividades como la pesca. Su mamá, doña Ayda, era el centro de sus atenciones. Llegó por primera vez a la Asamblea Departamental en 2002, después de un largo debate jurídico. Padre de Sebastián.

Rufino Varela (1947-2007)
Aún desde niño, las limitaciones materiales nunca fueron un obstáculo para buscar la mejor formación académico. De ascendencia campesina, fue amplio conoce3dor de la problemática rural, lo cual aplicó en distintos cargos públicos. Para él, la política era un medio de servir y no un fin en sí mismo. Aunque no tuvo hijos, amó y se interesó en sus sobrinos como si fueran propios.

Ramiro Echeverry (1953-2007)
Enseñó a través de su propia experiencia que con educación y persistencia todo se puede lograr. Sus 23 años de ejercicio político en diversos cargos públicos (comisario, contralor municipal, director de valorización, concejal, entre otros) se caracterizaron por su pulcritud y eficiencia. Al decir de sus amigos y familiares, siempre estaba “más allá” en la vida. Hizo política basada en la construcción de lazos de amistad. Padre de Ramiro Andrés Y Diana Milena.

Carlos Alberto Barragán (1965-2007)
Administrador de empresas y entusiasta promotor del sector de transportes. Padre de Melissa, Diego Fernando y Carlos Andrés. La familia ocupaba un lugar central en su vida. Siguió los pasos en política de su padre, Carlos Hernán Barragán. Compasivo, desprendido y con vocación de servicio. En las pruebas de supervivencia insistió en que “la solidaridad nos compromete con la vida y la libertad”.

Nacianceno Orozco (1957-2007)
El diputado ambientalista, conocido por ser un líder en el municipio de Caicedonia, heredero de una tradición oolítica familiar y por ser el gestor del Movimiento Conservador Naciancenista. Amaba los animales, la naturaleza y, por encima de todo, a su familia. Padre de Manuel Alejandro y Juliana. Le gustaban los boleros. En el cautiverio dictaba una clase botánica donde les enseñaba a sus compañeros las propiedades de los árboles, las heliconias, el plátano, el café y las características de los modelos corporativos.

Carlos Alberto Charry (1957-2007)
Si bien su talento político fue claro desde su graduación del colegio, en 1997 decidió iniciar su camino político después de trabajar por más de 17 años en entidades públicas. En el marco del movimiento Cambio Democrático, logró llegar a ser dos veces diputado de la Asamblea Departamental. Fue reconocida su eficiente gestión pública. Era un diputado polémico, pragmático, de carácter fuerte y de gran disciplina en la construcción de sus propuestas. El deporte, la infraestructura y la tercera edad fueron sus grandes preocupaciones. Padre de Diana, Carolina y Laura Ximena.

Juan Carlos Narváez (1967-2007)
Apasionado por los debates de la filosofía y la política. Gran lector de autores clásicos y amante de la música clásica y popular latinoamericana. Se abrió paso en la policita de Valle del Cauca (a pesar de ser de Nariño) concibiendo la idea de ciudad-región. Llamó siempre a que Colombia no se acostumbrara ni al secuestro ni a la guerra. Devoción por su familia. Padre de Juan Carlos y Daniela.

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