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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Entre plantas de bambú, manos pintadas, velas blancas y una muñeca, el 13 de noviembre, cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentaron al país las conclusiones de 50 años de conflicto armado en el que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reclutaron niños, niñas y jóvenes a sus filas.

A través de este Auto de Determinación de Hechos y Conductas, seis de los siete representantes del último Secretariado de las extintas Farc fueron imputados como cautores mediatos por el reclutamiento, alistamiento y la utilización de menores, así como por otros crímenes de guerra cometidos contra los menores, que contemplan malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

La decisión se tomó dentro del macrocaso 07 —que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, bajo la dirección de la magistrada Lily Andrea Rueda—, después de determinar que los excomandantes son máximos responsables, los cuales, a partir de una posición de autoridad, definían las políticas y condiciones de esta práctica.

Entre los máximos responsables a los que alude esta decisión se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la guerra como ‘Timoleón Jiménez’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, ‘El Médico’; y Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’.

Sobre Rodrigo Granda Escobar o ‘Ricardo Téllez’, la magistratura explicó que no participó en la definición o implementación de estas políticas. “El fue suplente del Secretariado y no miembro permanente de este grupo”, precisó Rueda durante el acto público de presentación de la decisión.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas estableció cinco patrones dentro del caso: primero, el reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; segundo, malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida en las filas; tercero, violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; cuarto, violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas; y quinto, violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.

En lo que respecta al cuarto patrón, sobre violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas, la magistratura hizo la salvedad que llamó a los exmiembros del Secretariado a reconocer responsabilidad como autores por mando —y no por autoría material directa— por los crímenes de guerra de tortura, violación y esclavitud sexual.

“Si bien estas prácticas estaban prohibidas por reglamentos internos de las Farc-EP, la Sala encontró que ellos omitieron sus deberes como comandantes de adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”, precisó la JEP. (Leer más en Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)

Más de 18 mil víctimas provisionales

El tribunal de justicia transicional maneja un Universo Provisional de Hechos (UPH) dentro del cual ha documentado 18.677 víctimas de reclutamiento entre 1971 y 2016 en todo el país, excepto por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Meta registra el mayor número de victimizaciones, con un 25 por ciento de los hechos (5.132); seguido de Antioquia (2.187), Guaviare (1.810) y Caquetá (1.775).

El mayor volumen de hechos tuvo lugar entre 1996 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Las principales fuentes contrastadas para llegar a estas conclusiones fueron 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes presentados por entidades del Estado; 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de niños y niñas en condición de desaparecidos, con las que se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 niños (56 por ciento) y niñas (44 por ciento).

Para hacer una primera evaluación de los daños, la Sala buscó comprender las afectaciones diferenciadas, considerando no sólo la perspectiva de la niñez, sino también del género y la etnia. Cerca del 24 por ciento de las víctimas reclutadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas de la antigua guerrilla. De este grupo, el 91 por ciento son mujeres. Y del total, el 7 por ciento tiene una orientación sexual o identidad de género diversa.

Además, de las 9.854 víctimas que participaron del macrocaso, el 90 por ciento (8.903) pertenecen a cinco pueblos indígenas: Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo. Este fenómeno agravó el riesgo de extinción física y cultural de estos pueblos originarios, al ser sometidos a las mismas normas de vida intra filas que afectaron lengua, costumbres y prácticas culturales. 

“La Sala constató que las antiguas Farc-EP se sirvieron de la vulnerabilidad histórica de estas comunidades, causada por el racismo y la desprotección estatal, para llegar a sus territorios con promesas de ayuda o mediante la imposición de normas sociales y territoriales y afectando las tradiciones y la estructura del gobierno propio”, precisó la magistratura durante la presentación del Auto. 

Según la extensa investigación, las Farc vincularon a los niños y niñas indígenas a través de tres modalidades: engañándolos con promesas de comida, trabajo, estudio o poder ver a familiares previamente reclutados; persiguiéndolos ideológicamente, convenciéndolos de unirse a las filas; y mediante la fuerza, amenazándolos o extrayéndolos de sus territorios. 

A partir del análisis de los relatos de las víctimas acreditadas, este tribunal estableció que las modalidades de reclutamiento y utilización más frecuentes fueron la amenaza o el uso de la fuerza (57 por ciento  de los casos), seguidas de diversas formas de engaño (28 por ciento) y a través de estrategias de persuasión o convencimiento ideológico (15 por ciento). “Igualmente, los niños y niñas fueron llevados a integrar otras redes de apoyo a la organización, como las milicias bolivarianas y las milicias populares”, precisa la JEP.

En su investigación, la JEP detalló la gravedad de las violencias que los menores padecieron en las filas, así como aquellas que también fueron cometidas por la fuerza pública en su contra. El caso insignia es la conocida como Operación Berlín, una acción militar realizada entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001 en los límites entre Santander y Norte de Santander, en donde, en un enfrentamiento, decenas de menores perdieron la vida y otros fueron capturados. (Leer más en ‘Operación Berlín’: historias de reclutados y sobrevivientes)

“Estos hechos están relacionados con la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc-EP, en donde la Sala documentó la presencia de, al menos, 201 niños y niñas, incluso menores de 15 años, que equivalían a una tercera parte de sus miembros. En relación con la creación de esta subestructura, la Sala encontró la participación de altos mandos de la organización, incluso del Secretariado”, señalaron los togados durante la rueda de prensa. Precisaron que a partir de entrevistas con los sobrevivientes de estos hechos se evidenció las violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad.

La Sala concluyó que los niños y niñas reclutados abandonaron las Farc, principalmente, por deserción o fuga, capturas, reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz, licencias autorizadas por la antigua guerrilla, o abandono por parte del grupo debido a heridas o enfermedades. También se comprobó que algunas víctimas, o sus familias, sufrieron graves violencias durante el proceso de salida.

La investigación mostró que tanto la extinta guerrilla, así como la fuerza pública y otros actores, perpetraron actos de violencia contra estas personas, evidenciando la complejidad del contexto en el que los menores dejaron el grupo armado.

Ahora los comparecientes tienen cerca de 30 días para pronunciarse sobre la imputación. Sin embargo, el mismo día en que fueron imputados por la JEP, señalaron en una misiva pública que reconocían los hechos y conductas “que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto”, así como los posibles hechos que se desprendieron de esta dinámica. “Estos hechos no debieron haber ocurrido”, reconocen. 

#COMUNICADO del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP

“Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo… pic.twitter.com/FD0bszioLp

— Partido COMUNES (@ComunesCoL) November 13, 2024

Dinámicas por bloque

Según el Auto, de las 18.677 víctimas registradas “16.466 están asociadas a bloques únicos, es decir, se trata de víctimas que, en todas las fuentes consultadas, refieren al mismo bloque como responsable. Sin embargo, 2.211 víctimas presentan registros en donde una fuente asocia un bloque como presunto responsable de su victimización y otra fuente hace referencia a otro bloque”. 

Así, el Bloque Oriental registra el mayor número de reclutamiento de niñas y niños (8.987), seguido del Bloque Sur (2.669), el Bloque Noroccidental (1.818) y el Bloque Occidente (1.420). 

Según este tribunal, el voluminoso número de casos registrados en el Bloque Oriental se dio por los planteamientos estratégicos y operativos de la antigua guerrilla que, desde la séptima Conferencia Nacional Guerrillera, estuvieron principalmente encaminados a fortalecer la organización en la zona de influencia de este bloque para contar con el mayor número y capacidad militar de las Farc y así cercar, bloquear y ejercer control sobre Bogotá.

La Sala destaca la información aportada por el pueblo Sikuani, en la que esta comunidad resalta cómo la masacre en Mapiripán en 1997 fue un importante hito asociado al aumento de reclutamientos. “Conllevó a que la guerrilla iniciara un proceso de defensa armada y de control territorial que implicó el reclutamiento amplio de NNA (niños, niñas y adolescentes)”. Posteriormente, la instalación de la zona de distensión, entre 1998 y 2002, impactaron en el reclutamiento de menores (Leer más en Convivir financiaron tropas de la masacre de Mapiripán, según compulsa de copias en macrocaso sobre la UP)

La instrucción de crear las condiciones político-militares para ejercer dominio total sobre los departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del país, estaba bajo la dirección del Bloque Sur. Según el registro, entre 1996 y 2016, San Vicente del Caguán, Caquetá, presentó el mayor número de hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños.

En el caso del Bloque Noroccidental, tras el incremento de la confrontación armada en la región del Urabá, por la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia; aumentaron los hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las Farc. Entre 1996 y 2016 los municipios con mayor cantidad de victimizaciones atribuibles a este bloque fueron Medellín, Dabeiba e Ituango.

Además, el hecho de que esta guerrilla haya establecido zonas libres de la presencia de la fuerza pública para facilitar canjes humanitarios en la región, como ocurrió en los municipios de Nariño, Antioquia y Pensilvania, Caldas, causó un amplio control territorial que repercutió  en el aumento del reclutamiento.

En los piedemontes costeros de los departamentos de Nariño y Cauca, el Bloque Occidental tenía una alta densidad de cultivos de uso ilícito. Los puertos de Buenaventura y Tumaco aseguraban el acceso al océano Pacífico y las regiones del Naya, El Patía y Sanquianga servían como corredores naturales de recursos para la organización. El funcionamiento de estos corredores le permitió al entonces Comando Conjunto de Occidente adelantar un proceso de fortalecimiento basado en el control de retaguardias estratégicas, crecimiento de personal y desarrollo de acciones armadas.

Estas regiones han presentado históricamente un importante porcentaje de población afrocolombiana e indígena. “Estas poblaciones, particularmente los pueblos indígenas Nasa y Awá y las comunidades afrocolombianas de la costa pacífica, fueron fuertemente afectadas por las dinámicas de reclutamiento de las FARC-EP y sufrieron importantes afectaciones sobre sus tradiciones culturales y procesos representativos propios”, precisa el Auto.

Desaparecidos

Alrededor del 28 por ciento de los menores reclutados hoy permanecen con paradero desconocido. A través de las acciones de familiares buscadores, la JEP ha conocido sus historias. “Las familias han liderado iniciativas de búsqueda en condiciones adversas y sin apoyo institucional, enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”, resaltó la magistratura en la rueda de prensa. Lo cierto es que varias de estas familias han recibido amenazas por tratar de encontrar el paradero de sus niños.

Dentro de sus hallazgos, la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha logrado localizar y entregar dignamente los cuerpos de algunas víctimas. Una de las acciones más destacadas tuvo lugar en el corregimiento de Unión Peneya, en el municipio de Montañita, Caquetá, en donde se logró identificar y entregar ocho cuerpos, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento y dos  murieron de manera violenta siendo menores de 18 años.

Cinco patrones sobre el reclutamiento

Menores de 15 años

Aunque dentro de las directrices internas, las Farc prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la JEP llegó a concluir que la vinculación y utilización de menores de esa edad no fueron casos aislados ni esporádicos, sino en realidad se trató de un fenómeno sistemático.

De las 8.677 víctimas provisionales, el 30 por ciento fueron reclutadas cuando tenían 14 años o menos. “En los registros de víctimas acreditadas que participan en esta investigación, el 64 (por ciento) tenía esta edad cuando fueron llevadas a las filas de las extintas Farc-EP”, señala la magistratura. Para entender las causas, la JEP resalta el contexto rural de pobreza y de ausencia estatal, así como la estructura y objetivos de la organización rebelde.

Factores que jugaron un papel importante para que se consumara este patrón incluyeron la ausencia de un mecanismo efectivo para verificar la edad de las personas vinculadas en las filas; la prevalencia dada al requisito de aptitud física de la persona a ingresar sobre la edad mínima de ingreso; la falta de sanciones efectivas y ejemplarizantes para quienes reclutaran niños y niñas menores de 15 años; y la existencia de mensajes que fomentaban y validaban esta práctica, alineados con los planes de crecimiento de personal.

Malos tratos, torturas y homicidios

Como parte de los entrenamientos, las asignaciones, la participación en combates o la aplicación disciplinaria la guerrilla cometió varios tipos de violencias contra los niños y niñas. Estas políticas no distinguían la edad o condición de vulnerabilidad de los menores, causando la pérdida de su autonomía e imposibilitando la posibilidad de consentir decisiones.

“La Sala encontró un entorno de coacción permanente que fue, de facto, creado, organizado y controlado por la organización, bajo el liderazgo del Secretariado, y que generó condiciones de vida adversas para los niños y niñas reclutados, resultando en sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios”, señaló la magistratura en la rueda de prensa.

De igual manera, denotó cómo las relaciones patriarcales de creencias y relaciones de género, fueron trasladadas de la sociedad a las filas. A pesar de que la guerrilla exaltaba la paridad entre los géneros, en la práctica se perpetuaron relaciones desiguales en donde niñas, mujeres y población diversa ocupaban posiciones de subordinación.

Violencia reproductiva

Sobre las violencia basadas en género dentro de la guerrilla, la JEP encontró que anulaban la autonomía de las víctimas para decidir sobre su vida sexoafectiva y reproductiva.

“En la vida intrafilas, las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias, impidiendo el ejercicio de la crianza.” señala la magistartura. Al menos 24 por ciento de las mujeres reclutadas acreditadas en el caso sufrieron anticoncepción forzada y 19 por ciento fueron sometidas a abortos forzados. 

La Sala constató que las prácticas forzadas se debieron a la falta de consentimiento de las víctimas, quienes carecían de información y comprensión sobre los procedimientos. Incluso llegaron a impartirse sanciones y se empleó la fuerza en algunos casos contra quienes se resistían. Los abusos incluyeron anticonceptivos seleccionados sin exámenes médicos, negligencia en su aplicación y abortos sin recuperación adecuada, incluso en etapas avanzadas de embarazo. 

Estas violencias buscaban evitar que a raíz de posibles maternidades y paternidades se disminuyera el número de integrantes o representara un riesgo para el grupo, consolidándose en una política formal de control de natalidad supervisada por el Secretariado de las Farc, que en la práctica prohibió ser madre o padre en sus filas.

“La Sala llama a reconocer a los comparecientes, quienes participaron en la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, en donde se establecieron directrices formales sobre la aplicación obligatoria de métodos anticonceptivos. A partir de estas directrices era previsible que, en el curso normal de los acontecimientos, se dieran lugar a otras conductas violentas que buscaran materializar los fines de la política de facto de prohibición de la maternidad y la paternidad”, precisó la magistratura.

Violencia sexual

Entre los actos sexuales violentos que padecieron niños, niñas y jóvenes; el tribunal deterninó que se cuentan violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas y desnudez forzada. Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 por ciento de las víctimas reclutadas que se han acreditado con la JEP. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 por ciento reportaron haberlas sufrido. 

La Sala determinó que se normalizó estas violencias, a pesar de ser conside

rado un delito dentro de la organización y de existir sanciones por estas conductas, no hubo medidas efectivas de prevención, control y sanción. 

La JEP busca el reconocimiento del último Secretariado como responsables de mando que, por omisión, se quedaron cortos a la hoa de “adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”.

Juventud diversa

“Los niños y niñas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”, señaló la magistratura durante la rueda de prensa. El objetivo, según la Sala, fue ocultar y erradicar la diversidad sexual y de género.

Las violencias que documentó el tribunal se originan en creencias de género arraigadas socialmente de lo considerado como natural y correcto. El último Secretariado no se opuso a las acciones deliberadas de apartar de las filas de las Farc a esta población y en cambio se dio discrecionalidad a los diferentes niveles de mando para tratar el tema a su parecer.  

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“No esperábamos el llamado de la Madre Tierra”, cuenta David Antonio Cuete. Eran las 3:47 de la tarde del 6 de junio de 1994 cuando un sismo de magnitud 6.8 sacudió el suroccidente del país.

Las siete veredas de Tierradentro, una región conformada por los municipios de Inzá y Páez en el departamento de Cauca, fueron destruidas ese día. “La Madre Tierra lo devoró todo”, se acuerda Cuete, rector de la institución educativa Kue Dsi’j (‘Camino de la juventud’, en lengua nasa yuwe), quien para entonces tenía 24 años.

En la avalancha del río Páez, perdió a dos hijos, de cinco y tres años, que estaban jugando afuera cuando se deslizaron estribaciones de la cordillera Central, y a otro, de un año, que estaba dentro de la casa. “Cuando yo salí, no les encontré. Busqué por todos lados… no les encontré. Volví a entrar en la casa a ver si salvaba al niño pequeño, pero fue imposible”, recuerda reteniendo el llanto.

Simón Evelio, autoridad indígena y profesor de lengua materna en la institución educativa, hoy también recuerda la tragedia. Estaba en un salón del internado en donde estudiaba, al pie del Nevado del Huila, cuando la tierra empezó a moverse. “Cuando salimos, parecía que la avalancha venía encima de nosotros”, recuerda. Junto a su clase, logró resguardarse subiendo una montaña. “Así amanecimos, algunos rezando, otros orando; algunos familiares cargando los muertos”, se acuerda. Pasaron ocho días hasta que finalmente pudo reunirse con su padre y un hermano. Su madre y sus otros dos hermanos nunca fueron hallados entre los escombros.

Los que sobrevivieron, entre las réplicas del temblor, subieron a los filos de peñas y montañas porque venía lo peor: la avalancha. El río Páez arrastró la tierra y el deshielo del volcán nevado del Huila que se habían desprendido por el movimiento telúrico, y en un furioso torrente arrasó con todo a su paso. Las víctimas estuvieron esperando entre los escombros y el lodo durante tres días hasta que llegaron los medios de comunicación, y luego el auxilio del Estado.

En cada hogar de esta comunidad hay desaparecidos, y las cicatrices de la tragedia vuelven a abrirse con el recuerdo de aquel día. Según datos del Servicio Geológico Colombiano, los posteriores deslizamientos de las montañas de la cuenca alta del río Páez dejaron más de 1.100 personas muertas y alrededor de 1.600 familias desplazadas en los departamentos de Cauca y Huila. Además, el movimiento telúrico dejó 7.925 familias damnificadas.

Las voces de Cuete y Evelio son el testimonio de miles de sobrevivientes del pueblo Nasa que perdieron todo hace 30 años. Las víctimas tuvieron que abandonar el ‘territorio de origen’, como las comunidades indígenas llaman al lugar donde ocurrió la avalancha, y reconstruir su comunidad en el municipio huilense de Íquira.

Tras la tragedia, algunos líderes conformaron un equipo para encontrar nuevas tierras donde vivir. “Primero buscamos territorio en Cauca, pero la tierra era muy costosa y grandes fincas no se conseguían porque muchas ya eran territorios de comunidades indígenas”, explica Cuete.

Finalmente, se reubicaron en tierras fértiles de Huila en noviembre de 1994. A través de la Corporación Nasa Kiwe —creada por el gobierno para para ejecutar programas a favor de las comunidades damnificadas por la tragedia del 94— compraron varios lotes de vocación cafeteras que le pertenecían a hacendados de Íquira. Cerca de 1.200 hectáreas se adquirieron en ese nuevo territorio, a las orillas del río Negro y llamaron al resguardo Nasa Páez-Huila. “Les marcaba bien a los sabios espirituales porque había buenos nacimientos de agua”, explica Evelio.

Sin embargo, algunos sobrevivientes retornaron a Tierradentro y por algunos años el resguardo quiso ser una ampliación de la zona de origen estando en otro departamento. Los primeros tres años, se nombraba a un gobernador para las comunidades que quedaron en Tierradentro y aquellas que se acababan de asentar en el Huila, pero con el paso del tiempo se complicó esta aspiración por un asunto de jurisdicción.

“En ese lapso de tiempo, como nosotros decíamos que éramos ampliación de la zona de origen en el Cauca, nosotros al querer hacer alguna manifestación pública en el departamento de Huila, la gente nos decía ‘¿ustedes qué hacen aquí?, si ustedes son del Cauca’. Por eso nos dimos cuenta que nos convenía más independizarnos y formar otro resguardo”, cuenta el exgobernador Víctor Capaz.

A partir de aquel momento, “fue un trabajo de autoconstrucción”, rememora Cuete quien lideró la comunidad como gobernador para el año 1996. Las comunidades Nasa fortalecieron el proceso organizativo, con la ayuda de muchos sabios ancestrales que venían de Tierradentro y algunas oenegés. “Fue un cambio de unidad para la misma comunidad. Así empezamos la reconstrucción”, añade el rector.

Actualmente, la población es de 1.601 personas, esta expansión no fue prevista por el gobierno nacional en el momento de la reconstrucción. Como consecuencia, se construyeron viviendas con una vida útil transitoria, y ahora muchas de las comunidades viven en casas precarias. Además, la infraestructura de acueducto y alcantarillado está envejecida y en mal estado.

La amenaza de la guerra

La zona de Huila en la que se reubicó la comunidad indígena colinda con el municipio de Páez, Cauca, y está ubicado a unas horas de Planadas, Tolima, lo que convierte el territorio en un corredor de movilidad importante para los grupos armados. Tras la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las comunidades esperaban que hubiera paz en su territorio. Después de unos años de calma, el conflicto ha vuelto.

Hoy en día, el departamento de Cauca es uno de los más afectados por las confrontaciones entre grupos armados, dejando centenares de víctimas del pueblo Nasa. En lo que va del 2024, VerdadAbierta.com verificó en ese departamento 13 asesinatos de líderes sociales, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas. (Leer más en Cauca arde en medio de incertidumbre de la Paz Total)

Todo esto impacta también a Huila, donde el grupo predominante es el Estado Mayor Central (Emc). En límites con Cauca, donde se asientan los sobrevivientes de la avalancha del 1994, el grupo armado opera a través de la subestructura Frente Ismael Ruiz, según informes de la Defensoría del Pueblo. Así mismo, en los últimos años se han registrado varias amenazas contra las comunidades indígenas de Íquira a través de panfletos de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc.

“La comunidad enfrenta señalamientos, amenazas, desplazamientos y jóvenes reclutados”, cuenta José Gugu Muelas, gobernador del resguardo Nasa Páez-Huila. Además, la población vive con zozobra porque constantemente queda en medio de los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.

Con el objetivo de defender el territorio, a través de la figura de la Guardia Indígena, la comunidad cuida el territorio de los actores y acciones que perturban la armonía. “Los cuidadores del territorio están preparados para enfrentar cualquier eventualidad, pero no manejan armas o elementos que puedan hacerle daño a otras personas”, explica el actual gobernador del resguardo.

Sin embargo, los grupos armados no lo ven así. “La guerrilla cree que la Guardia Indígena también está armada, que los cuidanderos son una amenaza”, cuenta la autoridad. La presencia de actores armados está prohibida en territorios indígenas, por eso, cuando entran al resguardo, la Guardía ha tenido que hablar con ellos y sacarlos, esto ha puesto en riesgo a los cuidanderos. “A la guerrilla no le conviene ese ejercicio de control territorial”.

“Cuando la Guardia hacía control territorial del microtráfico que llega del Cauca, vivían bajo mucho riesgo. Un cuidandero del territorio fue asesinado en 2019 por eso”, recuerda una autoridad de la comunidad que pidió que, por seguridad, no se revelara su identidad. Evoca también un incidente de febrero de 2022, cuando el resguardo fue víctima de un ataque con artefactos explosivos. “Dejó daños en las viviendas y un comunero herido”, finaliza. Este hecho lo denunció la Organización Indígenas Nacional del Cauca (Onic).

Estos grupos se disputan el territorio y violentan a la comunidad indígena, tanto por el control de la minería ilegal como por la siembra de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana. Del lado de Cauca, en los municipios de Corinto, Toribío, Caloto y Jambaló, por años fue usual encontrar cultivos de coca y marihuana. Luego se expandieron hacia el municipio de Páez y empezaron a mover los cultivos ilegales a través del resguardo Nasa Páez-Huila. En el proceso se vieron vinculados muchos jóvenes de esta comunidad indígena, que posteriormente terminaron presos con la incautación de cargamentos por parte de la Fuerza Pública.

Desde 2018, estas actividades están prohibidas por mandatos comunitarios que estableció el cabildo del resguardo Nasa Páez-Huila. “Nos paramos muy firmes aquí en nuestro territorio de no permitir nada de cultivos ilícitos; ni transporte ni mucho menos consumo”, cuenta Víctor Capaz, exgobernador del resguardo, quien estableció los mandatos durante su periodo. Ese año, la Guardia Indígena decomisó un cargamento de marihuana y desde entonces se puso en la mira de los armados a la comunidad de Nasa Paez-Huila.

Reclutamiento

El otro gran flagelo que afronta la comunidad es ver a sus niños y jóvenes irse para la guerra y volver muertos o no volver a saber qué pasó con ellos. “Miramos que varios jóvenes de hoy piensan que es fácil vincularse a esos grupos”, cuenta el rector de la institución, David Cuete, preocupado por la desarmonía que esta situación le ha traído a su pueblo.

A lo largo del año 2024, las autoridades indígenas han rescatado a 11 menores que fueron reclutados por los grupos armados, pero estos no son todos los casos. Debido a la clandestinidad de los enlistamientos, no es posible llevar registro de todos los casos, reconocen las autoridades del resguardo. (Leer más en Silenciosamente aumenta el reclutamiento de menores en Huila)

“A los jóvenes los atraen con engaños. Les ofrecen recursos económicos y les muestran un arma, pero cuando llegan a las filas se dan cuenta de que la situación es otra,” explica el gobernador Gugu Muelas. Después, si logran salir de las filas, se vuelven objetivo militar.

Para prevenir estas situaciones, las autoridades indígenas han entablado diálogos con los dirigentes de los grupos armados para llegar a acuerdos que garanticen el derecho de las niñas y los niños a no ser reclutados ni perseguidos.

Además, las autoridades indígenas de esa comunidad están especialmente preocupadas por el elevado riesgo de deserción escolar, como señala Cuete, rector de la institución educativa: “La tasa de deserción escolar es del 8 por ciento, y cerca del 1 por ciento de esta se debe a situaciones relacionadas con el conflicto armado”.

Desde el resguardo se han implementado estrategias para enseñar a los menores que el camino de la guerra no es ideal. Muela cuenta que, mediante capacitaciones académicas, acompañamiento psicológico y encuentros deportivos y culturales, intentan convencer a los jóvenes de que escojan el camino de la educación para que algún día sean ellos quienes protejan el territorio.

“Para que no se recrudezcan los riesgos hacia los jóvenes, solicitamos más apoyo de parte del gobierno y las entidades que trabajan por la protección de la población”, dice Gugu y agrega: “no queremos sólo hacer promesas que no se puedan cumplir, sino poder brindarles a las comunidades lo que necesitan”.

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Mientras niños y jóvenes reclutados por las disidencias de las Farc regresan muertos a sus comunidades, las acciones del Estado se quedan cortas ante un crimen de guerra que permanece en la sombra. A líderes y lideresas del departamento les preocupa el incremento de los casos en lo que va del año, pero denunciar los puede poner en riesgo.

Los reclutados, jóvenes entre los 12 y los 15 años, no permanecen mucho tiempo en el departamento. “Algunos se quedan temporalmente en la zona, en las estructuras de la zona, pero la generalidad es que el muchacho no se vuelve a ver”, explica una fuente experta que pidió la reserva de su identidad. Los corredores de movilidad —muchos de los cuales son trochas y caminos veredales— entre el suroccidente y sur del país les facilita a los grupos armados enviar a los menores a diferentes regiones. 

En algunos casos, las familias sólo vuelven a verlos cuando retornan en ‘cuatro tablas’. Este portal conoció que algunos menores reclutados por grupos armados en el departamento de Huila regresaron muertos a sus casas, pero no hay denuncia pública de esas muertes. Las comunidades mantienen esta grave situación en silencio. 

Varias fuentes consultadas por este portal coincidieron en advertir que las familias y los líderes y lideresas no han optado por visibilizar varios de los casos temiendo represalias de los armados. 

El reclutamiento forzado se ha fortalecido en el territorio nacional tras la firma del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiana y la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016. Buena parte de mandos medios de los Llanos Orientales se alejaron del proceso de paz desde mediados de ese año y tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente a principios de 2017, varios desmovilizados decidieron retomar las armas. Es así como proliferaron nuevos grupos armados ilegales, que nutren sus filas con menores de edad, sobre todo en áreas rurales.

Actualmente, el grupo predominante en el departamento de Huila es el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc a través de diversas estructuras: el Frente Ismael Ruiz (en límites con Cauca); Iván Díaz y Rodrigo Cadete (en límites con Caquetá); y Darío Gutiérrez (hacia el norte y en límites con Tolima). 

Además, la Segunda Marquetalia, otra agrupación de grupos disidentes de las Farc, ha ganado terreno en el departamento desde abril de este año. Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó sobre el accionar de este grupo, así como de la guerrilla del Eln, en los municipios de Baraya, Neiva y Tello, en el sur huilense.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), una plataforma de siete organizaciones que trabaja por los derechos de niños y jóvenes en el país, ha monitoreado en Huila a otros actores que buscan la expansión territorial. Esa organización advierte sobre la presencia de grupos posdesmovilización paramilitar que han incursionado en el negocio del microtráfico y del tráfico interno, en municipios como Gigante y en otros que cuentan con hidroeléctricas y minería extractiva.

En 2020 también se conoció sobre la presencia de hombres al parecer afines al Cártel de Sinaloa, grupo narcotraficante de México, en Gigante. En ese municipio, junto con Betania, COALICO también pudo identificar que algunas organizaciones delincuenciales vinculan a los menores de edad sin sacarlos de sus hogares, escuelas o entorno social, pero controlando cada una de las esferas sociales del menor, pues en muchos casos les ofrecen una posibilidad económica y los niños terminan atrapados en esas redes.

Aumentan los casos

“Aunque son poquitos, si no lo ponemos en alerta, puede crecer”, lamenta un líder del departamento que pidió la reserva de su identidad por razones de seguridad. Según explica, en su comunidad tiene conocimiento de casos de reclutamiento de menores de edad desde 2021 y este año se ha agravado el fenómeno, particularmente en los meses de mayo y junio. 

Según las cifras de COALICO, que parten de un gran subregistro debido a las dificultades que tienen las familias para denunciar, entre enero de 2016 y junio de 2023, ocurrieron 13 eventos que victimizaron a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Huila. En lo corrido de este año se han presentado tres casos.

“Quizás Huila no tiene unos números importantes de confrontaciones, de impactos directos, pero no quiere decir que en esa zona no esté pasando. Nosotros siempre hemos señalado que cuando en una zona no tenemos registros no es porque no existan las violaciones, sino porque no hay la capacidad de visibilizar las violaciones”, explica Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de COALICO.

“Los papás no presentan ninguna denuncia formal. En algunas comunidades étnicas existe una incredulidad total hacia el Estado, prefieren acudir a la autoridad tradicional, que en realidad son los únicos que los apoyan”, explica la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.

Líderes y lideresas del departamento coinciden en que no se están llevando a los niños, niñas y jóvenes por la fuerza. Explican que, en varias ocasiones, vinculan a los jóvenes con mandados y por esos oficios van recibiendo dinero y responsabilidades. Sin embargo, “todos acaban con uniforme, arma larga y en filas, sea por un tipo de vinculación o la otra, acaban allí”, asegura la fuente experta. (Leer más en: “El reclutamiento de menores, en sí, es forzado”)

“Evidenciamos, sobre todo en estas zonas del país, una comprensión relacionada que el niño se va porque quiere: ‘Él se va porque le gusta, porque le gustan las armas, porque allá tiene un familiar’”, alerta Castellanos. “No hay una lógica todavía en relación a que es un delito, que ha habido una serie de situaciones estructurales que no han garantizado sus derechos y que la única opción que ven en ese escenario es estar en el grupo armado”, agrega. 

Las normas que regulan la guerra, entre ellas el Derecho Internacional Humanitario, establecen que el reclutamiento de menores es un crímen de guerra.

“Nos llamaba mucho la atención que en el Huila había mucha necesidad de avanzar en protección de consumo de sustancias psicoactivas con menores de edad, porque parecía ser uno de los ganchos directos para que los niños y las niñas pudieran hacer parte de los grupos”, cuenta Castellanos, una situación que preocupa a las comunidades que entrevistó este portal.

En algunos casos, los líderes de la región y las familias de los reclutados han podido preguntarle a los menores por qué se adhirieron al grupo armado y la respuesta no ha podido ser menos esperanzadora: por rebeldía o desobediencia. Otros dicen que “allá (dentro del grupo armado) sí tienen un fin político. ¿Y cuál es su fin político? No saben”, cuentan los líderes. “Debe estar faltando una formación política hacia el sentir campesino o el indígena”, lamentan en la región.

En el municipio de Íquira han prendido las alarmas frente a este flagelo. En octubre del año pasado, el alcalde Yadnolver Correa Tamayo (2020-2023) emitió una alerta por casos de reclutamiento en las regiones que limitan con el departamento de Cauca. 

“Los jóvenes al no tener otras opciones de vida, ven una forma de salir adelante en un fusil o en alguna ilusión o una promesa. Los ilusionan, les hacen promesas y se van, pienso que son niños de 15 o 16 años”, indicó Correa a varios medios de prensa. 

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación sobre las deficiencias institucionales en las zonas rurales del departamento. En la Alerta Temprana 036 de 2018 se detalla que la concentración en las cabeceras municipales de la oferta estatal y de servicios públicos, la deficiente red vial y otros factores sociales generaban un ambiente de marginalidad generalizado para la población. 

“Un déficit de infraestructura para el acceso a la educación, viéndose obligados los estudiantes a recibir clases en escuelas con una infraestructura en mal estado o insuficiente, sin contar con una cobertura adecuada de transporte escolar, constituyéndose una vulnerabilidad latente en materia de deserción escolar y riesgo de reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescente”, explica esa entidad.

Sin embargo, el cumplimiento de estas recomendaciones ha dejado mucho que desear para esta agencia del Ministerio Público. “La gestión institucional del Estado colombiano al riesgo advertido había tenido un cumplimiento medio”, reitera en la Alerta Temprana 010 que sacó en marzo de este año sobre la situación de los municipios de Baraya, Neiva, Tello.

Las alertas de la Defensoría llaman a la acción a varias instituciones estatales del orden local y departamental. VerdadAbierta.com buscó hablar con Williams Enet Cerquera, Personero de Iquira, dado que la comunicación con la Alcaldía fue imposible, para conocer qué acciones se han adelantado en el municipio para atender este flagelo, pero nunca se obtuvo respuesta. Este portal se comunicó con Diego Tello, asesor Paz en Gobernación del Huila, pero no dio respuesta a las preguntas de este equipo periodístico.

Riesgos alertados

En la Alerta Temprana 029 de 2020 de la Defensoría del Pueblo se advierte que los municipios de Íquira y Páez (Cauca) son “un corredor estratégico entre los departamentos del Cauca, Huila y Tolima en lo que concierne a la movilidad de productos, tránsito de integrantes de grupos armados y operaciones militares al igual que el reclutamiento uso y utilización de niños, niñas y jóvenes en el territorio”. 

Esta agencia del Ministerio Público advierte que estos hechos tienen posible correlación con la ocurrencia de desplazamientos individuales o masivos y amenazas selectivas, especialmente contra líderes, lideresas y autoridades tradicionales.

“Según información conocida por la Defensoría del Pueblo, durante 2019 al menos (quince) 15 menores de edad fueron observados portando uniformes y armas de fuego en resguardos paralelos a los sitios del reclutamiento, situación que ilustra la capacidad de cooptación y engrosamiento del precitado grupo armado ilegal y que sugiere un alto nivel de exposición de esta población”, se lee y reconoce que es una fenómeno con enorme subregistro.

Lejos de esta realidad, a inicios del año pasado, el comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edwin Becerra, negó en entrevista con La Nación que en el departamento estuviera reclutando menores, a pesar de que la Gobernación de Huila hubiera alertado en diciembre de 2020 que nuevamente niños, niñas y jóvenes estaban siendo reclutados por grupos armados, particularmente en los municipios de La Plata (limites con Cauca) y Aipe (límites con Tolima).

Testimonios recogidos en el Huila dejan entrever que en 2023 se habría incrementado el fenómeno criminal. Esta dinámica territorial también explica cómo se comparten las afectaciones del conflicto más allá de los límites departamentales y obedece a contexto regionales. La situación de frontera en Huila es de las zonas que más preocupa a los expertos. 

“Esta situación fronteriza con la que colinda el departamento hace que efectivamente haya unos riesgos inminentes”, explica Castellanos y agrega que “hemos evidenciado un incremento en los riesgos de reclutamiento particularmente en Tolima y Huila, con una dinámica muy fuerte sí de aumento en los territorios de Cauca y Caquetá”. Es el caso de Páez, Cauca, en donde las autoridades indígenas no denuncian públicamente las decenas de casos de reclutamiento que se han presentado en sus comunidades.

La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre la situación de los municipios de La Plata y Nátaga (límites con Cauca). Según denunció la institución en la Alerta Temprana 025 de 2022, en el resguardo Llano Buco, de Nátaga, se presentaron  tres casos de reclutamiento, pero a raíz el dominio que existe en la zona por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente, no se han presentado denuncias al respecto.

En La Plata, entre 2021 y 2022 se capturaron varios integrantes de ese grupo armado y junto a estos, varios menores de edad. “En el mes de abril de 2021 fue capturado presunto cabecilla de la Columna Móvil Dagoberto Ramos junto a otras personas donde se encontraban dos adolescentes de 14 y 15 años de edad”, ejemplariza la Defensoría en su alerta.

“En Huila también hay una conexión muy importante con poder bajar al Caquetá a raspar o a cuidar cultivos. Entonces los chicos se van tres meses y vuelven. Luego vuelven y los llaman y así”, agrega Castellanos. A los expertos también les preocupa la situación del norte del departamento, pues también han advirtiendo sobre este flagelo, particularmente en los municipios de Tello y Baraya.

Juventud en riesgo

Actualmente, muchos menores de edad continúan siendo disuadidos por los actores armados para enlistarse en las filas o colaborar con los ilegales. Algunos los reclutan para ser ‘estafetas’ que llevan razones; a otros, para ocultar o transportar armas; y algunos más son cautivados por los uniformes y armas u objetos materiales como celulares y motos. Adicional a eso, recientemente las redes sociales están jugando un papel protagónico en este fenómeno, plantea la fuente experta que pidió la reserva de su identidad.

Según analiza, en el campo digital, los jóvenes se están encontrando con “modelos vendidos, ajenos a su contexto o cosmovisión, los cuales obviamente los deslumbran: que la rumba, que los carros, que la música”, explica esta fuente consultada. 

En otros casos, el influjo es más directo: “Los menores que se han ido a integrar esos grupos tienen redes sociales abiertas en las cuales se muestran armados, uniformados, en posiciones de poder. Entonces cuando los jóvenes indagan por eso, les dicen que allá les pagan, que les dan una mejor vida, que es una opción”.

“Cuando los menores se logran comunicar con sus padres les dicen que no se preocupen, que ellos van a regresar en un año, pero por supuesto no es así. Esa idea sí se las están vendiendo (los grupos armados ilegales): les dicen que son periodos de un año y que si al cabo de un año no les gusta, se pueden regresar”, cuenta el experto.

En muchos casos los menores no desisten de las filas y evitan el contacto con sus hogares para cuidar de sus familias. “Están los temores de las familias que se quedan en sus territorios porque obviamente saben dónde viven, saben dónde están y muchos de ellos tienen hermanitos más pequeños”.

Algunos menores han escapado de las filas y buscado refugio en sus hogares, pero poco pueden hacer. Quien deserta es declarado objetivo militar. Deben irse de su territorio, junto con su familia o regresar a las filas si no quieren poner en riesgo a su familia. “Generalmente terminan regresando —a las filas— por retaliaciones contra su familia”, sostiene la fuente experta.

La situación no sólo preocupa por los menores, sino por el resto de jóvenes de zonas rurales que apenas han cumplido la mayoría de edad. “‘Venga, chino: yo le pago tanto y lléveme esta camioneta al municipio de La Plata o a Neiva’. Regularmente es una camioneta cargada con marihuana. Les ofrecen 200 mil, 250 mil pesos, aceptan y ellos son los que acaban presos”, señala la fuente experta. 

Según ha conocido este especialista, algunos líderes indígenas del departamento han sido presionados por los grupos armados para requerir a los jóvenes judicializados, para que pongan su pena, no en la justicia ordinaria, sino bajo la tutela de las autoridades indígenas. Esta situación preocupa a las comunidades pues de aceptar es factible que los grupos armados vuelvan a reclutar a los jóvenes judicializados y abusen de su autonomía al derecho propio y a la Jurisdicción Especial Indígena. 

Además del reclutamiento y uso de menores, COALICO cuenta otros seis tipos de victimizaciones contra niños, niñas y jóvenes en todo el país: ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento Forzado y Refugio; Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual; violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal; y violaciones e infracciones contra la libertad personal.

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En diciembre del año pasado, integrantes de tres organizaciones armadas ilegales contactaron al gobierno nacional para expresarle su deseo de construir paz y ponerle fin a las acciones violentas en los barrios de Quibdó en los que tienen influencia.

Esa iniciativa derivó en el inicio de conversaciones entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz, las comunidades locales, sectores empresariales, autoridades civiles, la Iglesia Católica, la comunidad internacional y delegados de esas bandas armadas. El propósito era abrirle las puertas a por lo menos 700 jóvenes que están en la ilegalidad y trabajen en la búsqueda de oportunidades laborales y educativas dentro de la legalidad.

Este proceso es otra apuesta de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, con la que busca dialogar simultáneamente con los grupos armados y delincuenciales del país, para cerrar el repetitivo ciclo de violencia que padecen los colombianos. De acuerdo con su fundamentación, está compuesto por dos ramas: la primera, de negociación política con la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc; la segunda, de búsqueda de soluciones sociojurídicas para lograr el desarme y el sometimiento a la justicia de grupos delincuenciales o que carecen de estatus político.

La búsqueda de la paz urbana de Quibdó pasa por la segunda rama y a ella se sumaron tres organizaciones, autodenominadas ‘Fuerzas Armadas RPS’, ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de México’ –conocida también como ‘Los Mexicanos’– y ‘Los Locos Yam’.

Son agrupaciones que se caracterizan por la juventud de sus integrantes y porque la mayoría de ellos son hijos del desplazamiento forzado que causó la violencia en décadas pasadas en las regiones chocoanas del Medio San Juan, Bajo San Juan y el Atrato. También tienen en común que crecieron en barrios de invasión, fueron marginados y estigmatizados. Sus integrantes admiten que tomaron el camino de las armas ante el abandono estatal y la falta de oportunidades.

Ese proceso de conversaciones con estas bandas ha tenido resultados en la capital chocoana, entre ellos la reducción de homicidios en un 54 por ciento con relación al año anterior; la vinculación de embajadas europeas; la creación de programas estatales para llevarle oferta institucional a la juventud de Quibdó;  y la recuperación ambiental de algunas quebradas.

El proceso de Quibdó se suma al de Buenaventura y Medellín, donde el gobierno nacional adelanta conversaciones con los voceros y representantes de diversos grupos armados ilegales que operan en esas áreas urbanas. Hasta el momento, se avanza en esos diálogos, pero sin un marco jurídico que los respalde. Se espera que sea tramitada prontamente en el Congreso de la República.

Inicio formal

El auditorio José Domingo Correa de Comfachoco fue el escenario en el que los quibdoseños se dieron cita para conocer la hoja de ruta con la que esperan que aterrice la paz urbana, para ponerle fin a una parte de la violencia que los agobia. También fue un espacio en el que convergieron diferentes generaciones y expresiones culturales para armonizar y expresar los anhelos de paz: un grupo de cantadoras del barrio Palenque inició la sesión que se extendió por poco más de dos horas, y le siguieron un coro infantil del barrio Uribe Vélez, la agrupación de rap femenino La Mamba Rap y la puesta en escena de la agrupación de baile urbano Black Boys.

Acto seguido, fue presentada la nutrida delegación que representará al gobierno nacional en los espacios de conversación sociojurídica. Se trata  Luis Evelis Andrade Casama, exsenador indígena; Juan Diego Restrepo, periodista e investigador académico del conflicto armado, quien dirige este portal web; Eduardo Rosero, abogado y empresario de la región; Elsa Delgado, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó; Dilon Maertínez Mena, coordinador del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad de Chocó; Rosy Pacheco, consejera municipal de juventudes; Pedro Baracutao Ospina, firmante de paz excombatiente de las Farc y representante a la Cámara por Comunes; y la concejala Luz Marina Ríos.

De esta delegación también hacen parte David Racero, representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la coalición de gobierno; y Diego Cancino, concejal de Bogotá, quienes no pudieron asistir a la instalación.

Luego se presentaron delegados de la Misión de Verificación de la ONU, de la Mapp-OEA y de las embajadas de Suiza y Noruega, que apoyan este proceso de paz urbano desde la comunidad internacional.

En la instalación también hablaron mediante videoconferencia y desde diferentes sitios de reclusión voceros de los tres grupos delincuenciales; otros lo hicieron por medio de un video pregrabado. Transmitieron mensajes en los que se comprometieron a luchar por construir un mejor Quibdó y en los que expusieron las causas que los llevaron a delinquir.

Desde la cárcel de Itagüí, miembros de ‘Los Mexicanos’ señalaron que “de haber tenido un acompañamiento claro y decidido de parte de las instituciones del Estado, no hubiésemos pasado de ser víctimas a victimarios; que es lo que hoy en día nos tiene aquí sentados conscientes del daño que hemos causado a la sociedad, pero también sabemos que estamos en camino de que a esta tormenta le llegue la tan anhelada calma”.

Y agregaron: “Con la Paz Total vemos con beneplácito una posibilidad real de reincorporarnos a la sociedad civil dejando las armas que nos han mantenido en pie de lucha durante tantos años y cambiándolas por plumas que nos van a permitir escribir una nueva historia para nuestras vidas, nuestras familias y la comunidad de Quibdó”.

En su video pregrabado, integrantes de los ‘RPS’ y los ‘Locos Yam’ recordaron que llegaron desplazados a Quibdó buscando nuevos comienzos, pero se chocaron con la realidad de que no los había, en cambio fueron presas del reclutamiento forzado.

“Cuando llegamos al pueblo, hubo ciertos grupos que nos llevaron a tomar una decisión muy inmensa: si no nos unimos a coger las armas, probablemente seríamos atacados y disminuidos. Hoy en día queremos darnos la posibilidad de vivir en tranquilidad con nuestras familias”, indicó un joven desde el anonimato, porque exponer su identidad le puede costar la vida.

Expectativas de una apuesta colectiva

Mario Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina, hizo un llamado para que todos los participantes estén a la altura del reto que enfrentan para lograr una paz urbana: “Aquí no puede estar excluido nadie. Si en el caminar se ven vacíos, los debemos ir llenando a través del diálogo y del esfuerzo del perdón y la reconciliación. No teniendo siempre un espejo retrovisor que nos haga alimentar la violencia y nos empuje al desquite y a la muerte”.

Y concluyó: “Si superamos todo eso, con seguridad nuestro departamento de Chocó y nuestra amada ciudad de Quibdó, saldrán  adelante. Pero tenemos que poner de nuestra parte. No vamos a lograr nada, sino, a partir del momento en que todos nosotros, como ciudadanos del departamento de Chocó, vamos a dar la cara y le vamos a demostrar a Colombia y al mundo que aquí sí se puede, No los defraudemos, no nos defraudaremos a nosotros mismos”.

El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, recalcó que ese naciente proceso surge gracias a las madres, abuelas, hermanas, compañeras sentimentales e hijas de los muchachos que están en armas. Y les agradeció porque “con ellas y al lado de las comunidades, ellos están dando este gran paso. Sin ese mundo emocional y de los afectos, difícilmente nos encontraríamos aquí; sin honrar esa historia que ellos han vivido de sus abuelos o sus padres, difícilmente estaríamos aquí”.

Y puso acento en la violencia que determinó el rumbo que tomaron gran parte de ‘Los Mexicanos’, ‘Los RPS’ y ¿Los Locos Yam’: “Ellos nos están reflejando los dolores desconocidos de la Operación Septiembre Nrego; de la Operación Géneris, que ocurrió en el bajo Atrato; de las confrontaciones que ocurrieron en  el Bajo y Medio Atrato, en el San Juan hace 27 años”.

“Muchos de ellos nacieron en Quibdó –continuó–, en aquel espacio de la tierra que pudieron llenar de madera para sobrevivir, para enfrentar el desplazamiento que nunca fue atendido con dignidad y respeto. Y se hicieron allá a la vida  en esos barrios, en la sobrevivencia”.

A continuación, puso la lupa en el trato que recibieron por su condición de desplazados: “Llegaron a una ciudad que les excluyó, que les estigmatizó; que en su momento les señaló como la peste: ‘Llegó la peste a Quibdó’. Y esos dolores siguieron sin curarse y por eso hoy el himno de Quibdó, las reperas, nuestros boys, nos están mostrando el palpitar del corazón. Y el corazón que palpita profundo por la vida y la libertad”.

El Alto Comisionado planteó que este proceso es una apuesta de paz urbana y ambiental, para la que es vital garantizar la vida de esos jóvenes y no estigmatizarlos más. “Si a ellos les acogemos, les miramos comprensiva y compasivamente, podemos construir la paz. Si lo que prima en nosotros es la estigmatización, la mentalidad de un deseo al que se le puede quitar la vida, esto fracasó. El respeto de la vida de ellos es fundamental si queremos sacar esto adelante, porque nadie va a seguir conversando, si los empiezan a matar”.

Sobre la apuesta ambiental, Rueda refirió que muchos de esos jóvenes quieren limpiar afluentes de agua y reforestar bosques, pero también que algunos sueñan con regresar a los lugares donde vivieron sus antepasados: “Y resulta que la tierra de sus abuelos sigue despojada por proyectos agroindustriales, que no han sido enfrentados para que haya justicia social: la devolución de la tierra despojada, para disfrutar del río y coexistir con los animales”.

Por otro lado, durante su intervención, el gobernador de Chocó, Ariel Palacios, respaldó esta iniciativa de paz urbana, pero hizo un llamado para que se tengan en cuenta otras situaciones que agobian al departamento, como la crisis humanitaria producida por la guerra entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que son denominadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’.

También puso de presente la grave situación de las minas antipersonal: “Tenemos 25 municipios con sospecha de minas. ¿Cómo podemos hacer una mesa para desminar? Solamente podemos decir que hay dos de 30 municipios libres de minas”. El mandatario regional también planteó su preocupación porque los asesinatos están repuntando y pidió que sean atendidas las alertas tempranas que expide la Defensoría del Pueblo para mitigar riesgos, las cuales deberían tener mayor atención, pues teme que por la época electoral arrecie la violencia.

Por eso, pidió que se tenga en cuenta a los otros actores armados. En el caso de Quibdó también tienen presencia ‘Los Zetas’, grupo delincuencial que estaría asociado a la guerrilla del Eln, y los ‘Gaitanistas’.

Ese triángulo puede ser uno de los principales obstáculos del proceso de las tres bandas que se sumaron a la Paz Total, pues el Eln y las Agc están en una guerra abierta en el sur del departamento,  y ‘Los Zetas’ podrían adoptar un rol más agresivo en Quibdó y afectar el camino hacia la paz que quieren transitar cientos de jóvenes.

Justamente, el día de ayer ‘Los Z’ expidieron un comunicado en el que señalan que respetan los procesos de paz en Chocó, pero cuestionaron a ‘Los Mexicanos’, porque supuestamente están atacando a sus integrantes en los barrios que controlan (‘Los Z’), mientras dialogan con el gobierno nacional. En ese documento hacen un llamado a las autoridades y concluyen que si esa situación se sigue presentando, “tendremos que vivir lo que nadie quiere vivir”.

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Hoy son adultos que buscan rehacer sus vidas, superar los traumas que sufrieron como combatientes y experimentar, a través de sus hijos, la infancia que no tuvieron. Aunque el Estado cuenta con programas de atención psicosocial para estas personas, aún queda mucho por hacer.

Santiago

“Me despertaba a media noche gritando, con el recuerdo del olor a sangre quemada revuelto con la pólvora, un olor muy feo de cuando estaba herido. La carne era como cuando se cocina, así la veía. Cuando salí, tuve pesadillas durante un mes”.

El relato es de Santiago Chávez*, un excombatiente de 23 años que fue reclutado por la extinta guerrilla de las Farc cuando apenas era un niño. “Iba a cumplir 13 años. En esos tiempos se mantenía esa gente acampamentada por donde vivíamos y llegaron y nos dijeron que se llevaban a mi hermano o a mí. Entonces me fui yo, porque él estaba más pequeño. No me pude despedir de mi familia”, cuenta este tolimense bajo el sol abrasador característico de la región.

Las pesadillas recurrentes de Santiago son consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército en 2013, cuando en un descuido de la guerrilla los militares identificaron su ubicación y se desató un combate.

Estuvieron esperando a los militares en hilera, en diagonal frente a la carretera. “Uno de mis compañeros tiró una granada que cayó cerca de donde yo estaba. Solo vi el chispazo. Me jodió todo, me quedé cinco horas ahí tirado y todo se descontroló. No pedí ayuda porque estaban los militares ahí cerquita. Los escuchaba y pasaban corriendo a mi lado”, recuerda.

Se quedó inmóvil y sangrando; sabía que al menor ruido su vida acabaría. Después del enfrentamiento lo llevaron al hospital y se pusieron en contacto con su madre, quien durante los dos años que estuvo en la guerrilla no había tenido otras noticias suyas.

Chávez estuvo a punto de perder su pie derecho, “mi dedo gordo del pie llegó como una flor, estaba reventado”, cuenta. En el hospital tuvieron que quitarle una a una las esquirlas de la granada. Mientras su mano izquierda recorre el muslo derecho, Santiago añade que hay algunas que continúan dentro de su cuerpo.

Primero le dijeron que lo más seguro era que le tuvieran que amputar la pierna y el brazo derecho, sin embargo, la hemoglobina en sangre subió pese a la pérdida que tuvo en la explosión y pudo pasar a cirugía. Después de dos operaciones en las que le reconstruyeron el pie y el brazo, y retiraron esquirlas, a Santiago Chávez le cuesta utilizar el lado derecho de su cuerpo.

A cada paso que da arrastra un poco el pie, su rodilla no se dobla ni extiende como la izquierda y le cuesta abrir botellas o sostener objetos con su mano derecha. Esas son las consecuencias visibles de la guerra en su cuerpo. Las otras, como las esquirlas, no se ven y están más profundas.

Salud mental, un asunto pendiente

Nohelia Hewitt, doctora en psicología clínica y actual vicerrectora académica de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, señala que la depresión, la ansiedad, además de las pesadillas recurrentes y los problemas de sueño son algunas de las principales afectaciones en la salud mental de los excombatientes. “Pueden tener momentos de mucha rabia y su conducta es agresiva o de una tristeza profunda, desconfianza, momentos en los que quieren huir”, explica.

Pero no son las únicas consecuencias. Juan Sebastián Campo Romero, coordinador de proyectos de Benposta Nación de Muchachos, una organización española con sede en Bogotá que ayuda a niños y jóvenes víctimas, expone que “las afectaciones son a todo nivel, y los impactos también. Está el estrés postraumático, gente que no puede dormir o recuerdos recurrentes. Además, después les queda muy difícil establecerse porque perdieron el tiempo para construir su plan de vida”.

Para atender los efectos de la guerra en la salud mental de las víctimas, el Estado organizó el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), en el marco de la Ley 1448 de 2011 o también conocida como Ley de Víctimas. En el programa, coordinado por el Ministerio de Salud, trabajan de manera colaborativa diferentes especialistas y voluntarios para ayudar a los afectados por el conflicto armado en un nivel físico, emocional y mental.

Sin embargo, algunos excombatientes han manifestado que la atención es precaria. Andrés Ferreira*, reclutado cuando apenas tenía 13 años, dice que le impactaba que los profesionales de la salud encargados de su caso no fueran los más idóneos para atenderlo, porque cuando contaba sus historias el psicólogo resultaba llorando. “Eso para ellos era una enseñanza para su trabajo, pero no nos podían ayudar; no estaban preparados para ese impacto del conflicto”.

Por su parte, Esperanza Palacios*, reclutada a los 12 años y sobreviviente de la Operación Berlín, realizada en 2001 por el Ejército; dice que a pesar de los esfuerzos y de que ha tenido profesionales en salud mental que la han acompañado, las experiencias vividas en la guerra siempre serán fantasmas en su memoria.

Fueron precisamente los menores involucrados en la Operación Berlín, entre ellos Esperanza, quienes pusieron por primera vez en la escena pública colombiana el tema del reclutamiento de menores por parte de los grupos armados.

Ella critica el programa PAPSIVI, del cual asegura que no le sirve de nada porque los profesionales “son ‘niños’ recién egresados que no se han preparado para esto. Necesitamos que sean recorridos y que tengan ética”, asegura.

Frente a este problema, la doctora Hewitt, quien se ha especializado en atención a víctimas, menciona que es importante una capacitación constante a las personas que forman parte del PAPSIVI. “Se ha comenzado a brindar esta atención, pero es importante capacitarlos constantemente”.

Además, hace un llamado de atención para que se alíen con instituciones de investigación de tal manera que las afectaciones en la salud mental se estudien de manera continua.

En contraste con la iniciativa institucional, Esperanza y Andrés aseguran haber encontrado alivio en Benposta. Allí, gran parte de su proceso de reparación se basa en las expresiones artísticas.

Andrés Ferreira cuenta que esta institución le brinda todos los meses atención psicológica: “Tengo dos psicólogos y me acompañan mes a mes”, aunque, al igual que Esperanza, asegura que nunca podrá borrar por completo algunos recuerdos y sensaciones.

Esperanza es tajante al decir que la atención es indispensable: “es algo que el Estado debería garantizar; un acompañamiento psicológico y psicoterapéutico, porque es tan amplio el daño que un acompañamiento psicológico es apenas una antesala para tratar los impactos”.

Menciona también que los psiquiatras particulares y organizaciones como Benposta son las que la han ayudado a trazar su plan de vida y a continuar defendiendo derechos. Desde hace dos años ha ido suspendiendo lentamente los fármacos que le formularon para dormir y controlar la ansiedad que le dejó la guerra.

Hilda Beatriz Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), afirma que el acompañamiento psicológico o psiquiátrico no puede determinarse con un número concreto de sesiones, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo.

Según explica Molano, “hay un desarrollo de enfermedades de origen mental. Existe una forma diferente de relacionarse, es difícil para ellos, para encontrar caminos o alternativas que afectan la emocionalidad. También uno de los problemas es que aún no los tratan como víctimas sino como victimarios, y eso va calando en la persona”.

Esto lo vivió Esperanza Palacios tras la Operación Berlín. Recuerda cómo el reclutamiento infantil comenzó a ser un tema de la agenda pública, el desconocimiento frente al tema y lo difícil que era entablar conversaciones, volver a su casa y estar con su madre después de la experiencia vivida. “La infancia que perdí nunca la voy a recuperar, esas experiencias se quedan para siempre”, asegura.

El reclutamiento infantil no es una problemática que se vive únicamente en Colombia; países como la República Democrática del Congo (RDC), en África, también enfrentan el reto de proteger y vincular a estas personas a la sociedad. Según datos de la ONU, entre 2010 y 2013 ese país tuvo más de 4000 casos de menores utilizados en el conflicto por parte del ejército y grupos armados irregulares.

El Informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, publicado en enero de este año, señala los esfuerzos realizados por Naciones Unidas en el tema de los y las menores en medio del conflicto, y monitorea los riesgos, aprendizajes y estrategias en países como la RDC, Somalia, Afganistán, entre otros. Contiene un apartado sobre salud mental y apoyo psicosocial, en donde resalta la importancia de que los menores desvinculados de los grupos armados se sientan seguros en sus entornos para disminuir las afectaciones en la salud mental.

Stephanie

En una casa sencilla que a su vez es hogar, tienda y consultorio médico, Stephanie Pedraza* atiende a los vecinos que no tienen acceso a un centro de salud público o privado en esta población del Tolima. A los 12 años, cuando tomó la decisión de vincularse a las Farc, no tenía cómo saber que la vocación de su padre la marcaría para siempre y que terminaría estudiando medicina en el Hospital Militar.

Hoy, a sus 45 años, recuerda sus inicios en la guerrilla. “Mi papá era médico homeópata y cuando yo tenía 6 años lo buscó la guerrilla para que los atendiera porque estaban heridos”, cuenta Pedraza, quien explica que para su papá se convirtió en una actividad recurrente; los miembros de las Farc lo buscaban cada vez que necesitaban atención médica.

“Al principio uno va por miedo —dice haciendo alusión a la atención que brindaba su padre— y ya después, como de 10 u 11 años, me iba siempre con él. Allí en las Farc conseguí un novio. Con 12 años le digo a mi papá que me quiero quedar allá con él, así ingresé, aunque me dijeran que no tenía perfil para cargar armas y me dejaran como enfermera”, dice.

Inició su entrenamiento y se convirtió en médica de guerra. Mientras militaba en la guerrilla pudo estudiar medicina en el Hospital Militar: “Por más loco que parezca fue en la Militar, eso hay infiltrados de parte y parte”, cuenta Pedraza. Además comenta que, si bien era médica, también sabía de todo el manejo de las armas y estuvo presente en varios enfrentamientos.

Estuvo militando durante 12 años, hasta el 2001 cuando fue capturada y llevada a la cárcel por rebelión, porte y fabricación de armas. La condenaron a 23 años que terminaron siendo 9 por una rebaja de pena por buena conducta, estudiar y realizar cursos de derechos humanos dentro de la cárcel.

Mientras habla de su historia de vida, su hija mayor, quien se crio en el grupo armado, corrige las tareas de los niños que van a realizar la Primera Comunión, ya que es la catequista de la parroquia donde viven. Sus tres hijos no recuerdan su crianza en la guerrilla como algo negativo, la mayor aún cree en los ideales de las Farc.

El drama de los niños en la guerra

“Hay diferentes razones que han sido identificadas en los conflictos cuando se da la participación de niños y niñas, y tiene que ver con las facilidades o ventajas de tener una vinculación temprana. Pasa por la opción de adoctrinar de una manera menos desgastante, y el entrenamiento físico se aprovecha de la etapa física del desarrollo”, explica Hilda Beatriz Molano Casas, coordinadora de la secretaría técnica de Coalico.

El fenómeno es investigado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que ha encontrado que el reclutamiento, uso y utilización de menores en el conflicto armado afecta las relaciones de los niños con sus familias.

Pero también que el rechazo que enfrentan los menores al ser calificados como victimarios después de su desvinculación puede llegar a generarles afectaciones a su salud mental, al no ser capaces de verbalizar sus emociones, pensamientos, vivencias y estigmas.

Los excombatientes entrevistados para este artículo aseguran que al ingresar a la guerrilla dejaron de ser niños; que perdieron la infancia realizando las mismas labores que sus compañeros.

En ese sentido, el reclutamiento de menores en el marco del conflicto siempre es forzado, aunque ellos y ellas tomen la decisión de unirse a algún grupo armado. Así lo expone el quinto informe del Centro de Estudios Regionales (CERE) cuando señala que el reclutamiento puede darse por dos vías: la persuasión, en el que el grupo armado le hace creer al menor que vincularse es una buena opción, y la coacción, que se vale del uso de la fuerza o las amenazas.

Andrés Tafur, director del CERE, comenta que “el reclutamiento es un síntoma de que algo está pasando y de que se está reconfigurando el conflicto. Es una manera en la que se expresa”. Es por esto que las campañas de prevención ahora cobran una especial vigencia, pues esta problemática no ha llegado a su fin.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), con los protocolos adicionales, abordó por primera vez en 1997 la participación de menores en el conflicto armado. Además, estableció que los niños, niñas y adolescentes merecen una protección especial en el contexto de una situación de conflicto armado nacional o internacional. En palabras simples, los menores de 18 años no deben ser reclutados por ninguna fuerza legal o ilegal. Y en caso de que algún menor sea capturado, tiene derecho a un trato preferencial, ya que está cobijado por el DIH.

“Hay que ver cómo se construye el concepto de infancia. El reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de especial protección en lo cotidiano cuesta mucho. Algunas costumbres y prácticas culturales intentan quitarnos esa responsabilidad”, expone Molano.

Sin embargo, aun con la existencia del DIH, en Colombia la cifra de niños, niñas y adolescentes reclutados es alarmante. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su informe ‘Una guerra sin edad’, registró 16 879 menores reclutados entre 1960 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz. De ese número, las diferentes guerrillas presentan el mayor porcentaje de casos, con 69 por ciento. La ahora extinta guerrilla de las Farc fue la responsable del 54 por ciento de los menores reclutados.

Esteban

A los 14 años Esteban González* entró a las Farc para vengar la muerte de su papá, asesinado una madrugada de 1985. “Me mataron a mi padre teniendo tres años y medio, la misma guerrilla en la que yo anduve. Fue un comandante de ese entonces. Me fui porque quería encontrarme al señor”, recuerda.

Ya han pasado más de tres décadas y González aún reconstruye con claridad el asesinato de su padre. “Tocaron en mi casa y mi papá abrió la ventana, le dispararon en el cuello y nos lavó a todos en sangre”, cuenta González bajando el tono de su voz con cada palabra, pues el dolor continúa latente. La muerte de su padre fue un error, el asesino buscaba a un ladrón que vivía en la casa vecina.

Ahora, a sus 39 años, Esteban vive en un barrio de calles despavimentadas en el que los vecinos se conocen y los niños juegan sin supervisión de adultos. En su hogar hay espacios que no se han terminado de construir. No cuenta con comedor, pero sí con unas sillas de madera con rayones y pintura caída que formarían parte de uno.

Las paredes tienen fotos que muestran el crecimiento de sus hijos año a año. Cuando estaban más pequeños vivieron en un pueblo del Tolima y González recuerda que con ellos vivió la infancia que nunca tuvo en la guerrilla. “Yo los sacaba mucho y jugaba con ellos. Quería hacerles vivir a ellos lo que yo no viví”, cuenta.

Esteban asegura que en la guerrilla no recibió malos tratos. Asistió al mismo entrenamiento que sus compañeros y se especializó en artefactos explosivos. El día en que iba a conocer al asesino de su padre, el plan de venganza se vino al piso: “Duré muchos años detrás de él, iba de un lado para el otro y el día que me lo iba a encontrar me llamaron y me dijeron que estaba muerto. Ese día tenía que ir a entregarle un dinero y ese día me dijeron que lo habían matado”, dice.

Después de tres años en la cárcel, del 2014 al 2017, por cargos de rebelión, terrorismo y daño a bien ajeno, Esteban finalizó su vinculación con las Farc. En la cárcel comenzó a tener pesadillas, consecuencia no solo de la privación de la libertad sino de su paso por la guerrilla. “Casi me toca pedir ayuda médica porque no podía dormir. Con las pesadillas quedaba sentado en la cama”, comenta. En estos sueños González sentía que le iban a robar sus pertenencias y que tenía que huir.

En libertad se acogió al proceso de paz y se encuentra vinculado con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Cuenta que, seguramente, no se hubiera vinculado a la guerrilla si no hubieran asesinado a su padre.

La prevención es la clave

Para que esta problemática deje de reproducirse es importante crear estrategias de prevención y visibilizar las emociones y vivencias de las víctimas. El arte es una de las herramientas de reparación que se han planteado, también, desde la teología política. Es importante resaltar que este arte se debe dar “con un enfoque de compasión para recuperar las narraciones que son subvaloradas y que solo tienen las víctimas”, explica Fray Andrés Casaleth Faciolince, sacerdote franciscano que ha ayudado a los afectados por el conflicto desde la reparación a través del perdón y del arte para sanar.

Hoy Santiago Chávez, con quien comenzó esta historia, está retomando los estudios de los que fue privado cuando se incorporó a las Farc. Además, está vinculado con la ARN, por lo que tiene como propósito montar un proyecto productivo apoyado por la agencia.

Justamente la ARN ha buscado en las estrategias de prevención el mejor camino para cuidar a la infancia. La campaña de la ARN titulada ‘Mambrú no va a la guerra’, dirigida a personas entre los 5 y 25 años con un enfoque diferencial territorial, buscó crear entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En esa misma línea, la estrategia ‘Súmate por mí’, impulsada en 2020 por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Despacho de la Primera Dama de la Nación, pretende prevenir el reclutamiento desde un enfoque interinstitucional que proteja a niños, niñas y adolescentes desde la educación.

Actualmente la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) tiene en curso el Caso 07, mayormente conocido como ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que tiene como propósito esclarecer esta problemática dada en el marco del conflicto armado con las Farc y, de esta manera, reparar desde todas las dimensiones a aquellos que ingresaron a las filas siendo menores de edad.

Todas estas iniciativas y programas buscan minimizar el reclutamiento y que las cicatrices que produce paren de doler. Pero los protagonistas de esta historia conservan los impactos de la guerra en su cabeza. Ellos son conscientes de que el paso por el conflicto armado es una experiencia inolvidable y que la infancia se desdibuja cuando se empuña un arma.

*Los nombres fueron cambiados para la protección y la seguridad de los entrevistados.

*Se contactó a la excombatiente Victoria Sandino y al Partido Comunes, pero al cierre de este reportaje no fue posible concertar una entrevista.

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco de la edición 2021 del curso virtual ‘Conflicto, violencia y DIH en Colombia: herramientas para periodistas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de CdR ni de CICR.

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Raspar hoja de coca o sumarse a las filas de las disidencias de las Farc son las únicas opciones de futuro para muchas niñas, niños y adolescentes del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. En esta región, las incursiones militares y el estruendo de las bombas en departamentos cercanos son el único rastro de la presencia del Estado.

Junto al río Guayabero, al sur del Meta, en uno de los varios cuadrantes huérfanos de árboles que se observa desde el cielo, casas con techos que aún mantienen el color zinc y otras ya algo oxidadas reciben el aplastante sol del mediodía. Las tres calles de la vereda Nueva Colombia enseñan la tierra rojiza de la selva amazónica mientras la mayoría de sus habitantes se resguardan bajo alguna sombra.

Unos metros más hacia dentro de aquel fragmento del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en un predio con maleza seca, cuatro puntos se mueven uno detrás del otro. Es un grupo de niños que caminan en silencio, abriéndose paso entre cruces blancuzcas y descascaradas. Ninguno pasa de los 13 años. “Vayan por el camino, ¿no ven que hay tumbas?”, dijo Luis Ángel a los otros niños que pisaban desprevenidos el pasto. Uno detrás del otro marchaban en silencio.

Al fondo, una caja de cemento con flores naranja sobre su superficie. Con las manos encima de esa tumba, los niños cuentan que ahí descansa el cuerpo de Jhonatan Sánchez Zambrano (19 años), uno de los jóvenes que perdió la vida en el bombardeo que las Fuerzas Militares ejecutaron el 2 de marzo de 2021 en Calamar, Guaviare, contra las disidencias de las Farc, buscando acabar con Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. Solo que Duarte no estaba allí.

La joven víctima era de Nueva Colombia, allí había crecido y ahora se quedará en ese lugar para siempre.

Los niños recitan al derecho y al revés lo que han escuchado sobre el operativo que puso en los diarios internacionales el nombre de Colombia, a raíz de las dudas sobre el cumplimiento de las fuerzas militares a los principios fundamentales del derecho internacional humanitario (DIH) tras haber causado la muerte de al menos una adolescente de 16 años. No era la primera vez que ocurría en el gobierno Duque.

De Jhonatan Sánchez Zambrano dicen que era el novio de Danna Lizeth, la menor de 16 años que también murió en ese operativo. Que el cuerpo de Danna Lizeth lo entregaron incompleto en la comunidad vecina de Puerto Cachicamo. Que hay padres que aún están buscando a sus hijos y sospechan que tiene que ver con ese operativo. Que desde la lejana capital “nos llaman ‘máquinas de guerra’”.

Al preguntarle a esos cuatro muchachos qué piensan de que jóvenes como Jhonatan o Danna se hayan ido a formar parte de las filas de un grupo armado ilegal, no saben qué responder. El silencio que llena el cementerio es la respuesta a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que crecen en esas Áreas de Especial Interés Ambiental no gozan de garantías para que se respete su infancia y terminan resbalando hacia la coca y la guerra.

***

El límite natural entre los departamentos de Meta y Guaviare es el río Guayabero. Las comunidades de esta región, durante décadas, han sido marginadas por el Estado. Años en los que la guerrilla de las Farc fue el Estado y tejió fuertes lazos con familias vulnerables que habían llegado hasta esa región del sur del Meta desplazadas por la violencia y el desamparo estatal, y que soñaban, por encima de cualquier cosa, con tener un pedazo de tierra para trabajar. Así, tumbando árboles, se fueron abriendo paso entre la selva amazónica centenares de labriegos hasta radicarse en este lugar. (Leer más en La selva, otra víctima).

El 1 de septiembre de 1989, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 1989 mediante el cual se constituyó el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena que abarca los municipios de La Macarena, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama y Puerto Rico, en el departamento del Meta, con una extensión de  620 516 hectáreas. La decisión se tomó sin tener en cuenta a las familias que habitaban esa zona desde décadas atrás.

Las únicas que les dieron un lugar de valor fueron las Farc y perder ese orden fue complejo para los habitantes de esta región. Cuando las Farc culminaron su proceso de dejación de armas en 2016, la gente lloró en Puerto Cachicamo, comunidad ribereña del río Guayabero del lado del Guaviare, porque se iban los guerrilleros. En otros caseríos imperó la zozobra porque sus pobladores no se imaginaban la vida sin el orden impuesto por ese grupo alzado en armas. Temían que lo que viniera no fuera nada bueno.

Pocas semanas después de que Farc y Gobierno firmaran el acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016, Gentil Duarte dio un paso al costado y siguió en armas, conformando un grupo en el sur de Meta junto a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, antiguo compañero de combates.

Sus acciones continuaron casi iguales a cuando existían las Farc, incluido el reclutamiento forzado de menores para la guerra.

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“Yo me voy a trabajar para otra vereda”: esas son las palabras con las que comúnmente empieza la historia de un menor de edad en las filas de un grupo armado ilegal en la extensa región bañada por el río Guayabero.

“Nosotros como padres en realidad no sabemos para dónde se van nuestros hijos”, dice Ronnal Echeverry, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Colombia y actual representante legal de la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero (Ascatragua).

Es el crudo contexto rural en el que, con regularidad, los más jóvenes deben asumir rápidamente el trabajo en fincas, arriando ganado o raspando coca, si quieren conseguir algunos pesos para sus necesidades y gustos. De ahí la búsqueda de independencia que los lleva a empacar algunas pertenencias personales para irse de casa.

“En este mes de diciembre me estoy yendo a raspar para ganarme unos pesitos e irme pa’ fuera (de Nueva Colombia)”, dice Martín*, de 12 años de edad. Al día logra hacer 24 000 pesos recolectando cuatro arrobas de hoja de coca y trabaja todos los días que puede por estar de vacaciones del colegio.

Ronnal Echeverry sostiene que los niños se han ido al monte por falta de oportunidades: “Si nosotros no tenemos a nuestros niños en un colegio, aprendiendo deporte u otra cosa, llega el momento en que los niños van a tomar otro rumbo y cuando uno va a ver tomaron el camino de los grupos armados. O aun cuando los papás están pensando que sus hijos están trabajando en otras regiones, las realidades son estas”.

“Yo nunca en la región del río Guayabero —continúa el representante legal de Ascatragua— he escuchado que se lleven a alguien a las malas, quiero ser muy claro en ese tema”. Una frase que suelen repetir varios de los padres de familia de esta comunidad.

Julia Castellanos es prevenida con ese comentario. Ella es la encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), una plataforma de siete organizaciones que trabajan por los derechos de niños y jóvenes en el país: “La vinculación de un niño o una niña a un grupo armado por reclutamiento o por uso, es un delito. Voluntario o no, es un delito”.

“El reclutamiento de niños y adolescentes es un delito de un actor armado que se escuda en las deficiencias que ha habido en términos de la protección de los derechos de los niños y las niñas: de un Estado que no ha estado, de una familia que hace lo que puede en algunos casos y en otros casi no puede hacer nada; y de una sociedad que también le da la espalda a este tipo de fenómenos”, sentencia Castellanos.

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Un grupo de seis profesores trabajan en sus computadores con miradas fijas y tecleos veloces. Sentados en pupitres colegiales, parecen más estudiantes que maestros. Trabajan afanosamente para entregar los reportes del fin de año escolar de Nueva Colombia y regresar al seno de sus familias, lejos de Vista Hermosa.

La única entidad contratada por el Estado que está en la región del río Guayabero es la Pastoral Educativa de la Diócesis de Granada en Colombia, que emplea docentes para educar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en territorios apartados de siete municipios del sur del Meta, entre ellos Vista Hermosa.

Las instalaciones de la escuela de Nueva Colombia se edificaron gracias a la Diócesis y la misma comunidad. Por ser una zona de parques nacionales, donde no está permitido construir, cada obra tuvo que pasarse como mejoramiento y así se ha logrado mantenerla. Los computadores y tablets que tienen son inútiles: el internet satelital que se consigue comprando un pin —pues como en varias regiones apartadas del país empresas privadas han montado señales de wifi que se compran por horas— es pésimo; solo se cuenta con pequeñas plantas de energía solar que no alcanzan a cargar los computadores, los cuales, además, están bastante desactualizados.

“Este es el territorio, de todos los que maneja la diócesis, más estigmatizado: Vista Hermosa y, más precisamente, Nueva Colombia. Creen que todo el que está acá es guerrillero… hasta nos pueden incluir”, dice José Parra*, profesor del Centro Educativo de Nueva Colombia. Precisa que los docentes normalistas vienen para “ser parte de una comunidad”, renunciando por 10 meses a su familia y amigos.

En Nueva Colombia, el sistema educativo llega hasta noveno grado. Las veredas de Puerto Cachicamo y La Carpa, del municipio de San José del Guaviare, son las únicas comunidades que ofrecen grado décimo para los jóvenes de la región del Guayabero. El deseo de Parra es que el colegio de Nueva Colombia ofrezca este nivel y se construya un internado, intención que aún se ve lejana por estar dentro de un parque nacional. Mientras tanto, los profesores ven cómo los pupitres se van quedando vacíos.

Uno de esos casos es el de un joven de 14 años que cursaba quinto de primaria en la vereda Caño San José, una comunidad que está a dos horas caminando y media hora en canoa de Nueva Colombia. Su familia se iba a ir de la región, pero él, con determinación y un peculiar grado de independencia, les dijo a sus padres que se quedaría. Estaba enganchado con la escuela y le ilusionaba la idea de aprender a tocar la guitarra.

Él trabajaba raspando hoja de coca. Empezaba la jornada a las 4 de la mañana, terminaba de raspar a las 7 y llegaba a estudiar con las manos ampolladas. Cuando llegó la pandemia sus planes se marchitaron. “Ya no había presencialidad como tal, el niño estaba sin los padres de familia, le tocaba trabajar, no tenía quién le explicara el tema de las guías y la razón que dejó fue que él no podía con eso… y se fue pa’ dentro (con las disidencias)”, cuenta un docente de la región.

Otro caso es el de un niño de 15 años que llegó a la vereda Tercer Milenio buscando alejarse de su familia y poder trabajar. “Iba a la escuela —recuerda otro docente de la región que prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad— porque yo le colocaba películas, charlábamos, jugábamos. Me comentaba que a él le decían que se fuera y perteneciera a los grupos armados, sino que al niño le daba miedo porque cuando él se fuera le tocaba comprometerse. Y me explicaba que había al menos dos maneras de ingresar: una, internarse en la selva; otra, haciendo inteligencia”.

Durante los momentos más agudos de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el Ministerio de Educación ordenó trabajar desde la virtualidad, pero en las zonas rurales no había conectividad para que la virtualidad funcionara y los maestros buscaron la manera de atender a los niños. “O lo hacemos o tenemos la posibilidad de tener estudiantes desertores, o que elijan irse a trabajar con la hoja de coca, o que decidan entrar a las filas”, sentencia Parra.

El grueso de la deserción en la región se encuentra en los estudiantes de séptimo grado, generalmente jóvenes entre los 12 o 13 años, según han evidenciado los profesores. En Nueva Colombia las clases se dictan conjuntamente para primero, segundo y tercero; cuarto, quinto y sexto; y séptimo, octavo y noveno. “El niño dirá ‘si yo hago noveno, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo en séptimo. Si dejo acá o termino noveno, voy a terminar haciendo lo mismo: raspar (coca)’”, reconocen los docentes.

Según datos del Ministerio de Educación, todos los municipios que hacen parte del Parque de La Macarena experimentaron un incremento en la deserción. Los tres más alarmantes son La Macarena (pasó de 7,7 % en 2019 a 13,1 % en 2020), Vista Hermosa (de 4,3 % en 2019 a 6,5 % en 2020) y Mesetas (3,3 % en 2019 a 4,2 % en 2020).

Javier Gómez* tiene la espalda amplia y el asomo de un bigote en el rostro, pero aún su cuerpo lo delata como adolescente. Con 16 años tiene muy claro que no le gusta raspar hoja de coca, lo hizo un par de veces a los 8 años y no le agrada la idea de volver a ponerle la espalda al sol y terminar con las manos cortadas.

Él es uno de los tres jóvenes que en 2021 cursó décimo de manera virtual en Nueva Colombia, pero las condiciones están lejos de ser las mejores. Debe caminar 40 minutos desde su finca hasta el centro poblado de la vereda, conectarse con un pin de internet e interactuar con los profesores del Internado Valentín Aparicio, del vecino municipio de Puerto Concordia, Meta. Sin embargo, las conexiones a cada extremo son irregulares; insostenibles para tomar clases, resolver dudas o enviar las tareas. “Probablemente, perdí el año… y probablemente no fui el único”, lamenta el joven.

“Yo me voy de Nueva Colombia —continúa—. Yo tengo que irme porque vimos que acá no se pudo seguir estudiando. Entonces tengo que alejarme de esta región porque mis papás desconfían que yo me vaya pa’ la guerrilla”, reconoce Javier, quien se apresura a agregar tras un silencio: “Y le digo: a mí no me gustan las armas, solo me gustan las de los jueguitos. Les tengo miedo a los cuchillos y los disparos. He estado en combates… Alrededor han estado bombardeando, incluso estuve en un enfrentamiento: la casa de mi papá quedó en medio del fuego de los dos bandos. Las balas nos mataron cuatro novillos”.

Con risa nerviosa cuenta que quiere ser ingeniero mecánico por su gusto a los motores y, si no logra llegar a la universidad, le gustaría montar un taller para arreglar motos. “Mis papás sí me ayudan, tienen la forma, pero hay veces que sí nos vemos mal económicamente, porque es que los cultivos (de coca) no dan para todo”, explica.

En el Parque La Macarena es habitual que los padres enfrenten estos dilemas al imaginar el porvenir de sus hijos. Le pasa a Rosa Díaz*, madre de dos niños: uno que no pasa los 3 años y una de 14 años que sueña con ser veterinaria. En 2021 se graduó de noveno y su familia quiere que siga estudiando.

Sentada junto a su hija bajo una débil luz blanca, que en la oscuridad reinante por la falta de un sistema eléctrico en la región resulta milagrosamente generosa, piensa en el futuro de su hija, que tiene el porte de una mujer joven con ropa de niña.

“Me toca ver qué hago porque acá no dictan décimo, ni hay un internado, ni llegan ayudas porque esto hace parte de parques (nacionales) y en parques no nos dan ayuda”, lamenta Díaz. La mejor opción que encuentra es llevarla a San José del Guaviare o Villavicencio y eso implica destinar, al menos, 400 000 pesos mensuales para la estadía y alimentación de su hija.

“Por una parte la quiero sacar porque ya está grande y mantienen por acá mucho los otros grupos armados. Llegará el día en que alguien le diga cosas… Una madre piensa muchas cosas. Le tenemos miedo al Ejército (…) y a la gente que manda por acá”, dice Rosa.

A esta madre le preocupa el futuro de su hija, especialmente por la fatalidad que ha caído en contra de los jóvenes de esa región. “Danna fue estudiante con mi hija. Ella era una niña, una niña que se crio por acá. Vivía con la abuelita y vea… Lastimosamente no duró nada: ingresó y cayó”, expresa con dolor. Sabe que debe hablar midiendo las palabras porque, en la Macarena, las paredes oyen.

***

Uno de los episodios que reveló la gravedad de lo que pasa en la región del río Guayabero fue el bombardeo en el que murió Danna Liseth Montilla Marmolejo, de 16 años de edad, a comienzos de 2021. Caminar por las calles de Nueva Colombia, preguntar por los niños, las oportunidades y la guerra es revivir el recuerdo de la joven.

“No quisiera irme para allá (al monte)”, dice un niño de 11 años, delgado y de ojos despiertos que sueña con ser arquero de fútbol. “Fue amiga mía”, dice sobre Montilla. “Una vez estaba jugando con nosotros cuando el marido la regañó. El marido era de allá… de la guerrilla. Y la regañó por estar jugando con nosotros”.

José Parra, docente de Nueva Colombia, tuvo el mismo sueño que la abuela de Danna Liseth Montilla el día anterior al bombardeo. Volvió a vivir el instante en que a finales de 2019 se organizaban para la foto del grado de noveno de la joven. En los retratos de ese día se observa la sonrisa amplia de todos, felices porque esperaban para ella una larga vida en la que este fuera el primero de varios triunfos. Al día siguiente de haber tenido aquel sueño, el 2 de marzo, la adolescente perdió la vida en el operativo militar de Calamar.

Cuando José Parra se enteró del bombardeo, lloró. Hoy, el recuerdo de esa impetuosa adolescente lo llena de nostalgia. “Danna pasó por muchas situaciones, el abandono de la mamá como del papá, violencia intrafamiliar. Y doña Esperanza (la abuela) fue su mamá”, cuenta. Por eso, estima, amenazaba con frecuencia con irse para el monte.

“De tanta amenazadera uno ya no le comía cuento… hasta que lo decidió”, indica una voz de Nueva Colombia que prefiere mantener su comentario en anonimato por privacidad.

El director de la escuela señala que una de las causas del fatal desenlace fue el futuro negado a los jóvenes de la región: “Terminó el noveno y por la falta de oportunidad que hay en la parte de educación acá, por grado décimo se fue a estudiar a Cachicamo. Ella fue, estudió, pero el 16 de marzo que se declaró la emergencia sanitaria por covid, todo paró. Se vino para Nueva Colombia y pues aquí fue donde ella decidió tener una pareja, se convirtió en el marido, se fueron a vivir juntos y al final, creo que ella terminó con él. Como que por ese duro golpe de su primer amor tomó la decisión de irse”.

En la región de El Guayabero se oye decir que el bombardeo en el que perdió la vida Danna Liseth Montilla fue despiadado. Un niño de 12 años que cursa sexto grado en la región es familiar de uno de los jóvenes que murieron en ese operativo. En varias ocasiones, ese niño le ha expresado a su profesor que se quiere ir para las disidencias de las Farc a cobrar venganza.

“El gobierno maneja el término ‘reclutamiento forzado’, pero yo no me explico: si saben que hay un niño allá obligado, ¿por qué tienen que ir a bombardearlo?”, se pregunta Jhon Albert Montilla, padre de Danna Liseth Montilla.

“El derecho internacional humanitario exige unas responsabilidades —dice Julia Castellanos de COALICO—, sobre todo en la distinción y proporcionalidad que deben tener los ataques. Si efectivamente existe inteligencia militar que determina que en un campamento puede haber menores de edad, pues que se tomen las medidas necesarias para que, efectivamente, la vida de esas personas menores de edad se salvaguarde”.

El llamado que ha hecho la COALICO es que, si en una región se tiene conocimiento de que hay dinámicas de reclutamiento, los bombardeos no deberían ni pensarse como una opción. El de Calamar, Guaviare, no era el primero de estos operativos en los que mueren menores de edad. Tampoco el último, como lo demostró el caso del Litoral del San Juan, Chocó, el 16 de septiembre del año pasado, en el que murieron cuatro menores en un bombardeo contra la guerrilla del ELN.

“¡Maldita pandemia!”, exclama José Parra con la mirada esquiva, que se pierde entre papeles de la escuela. Como lo habían advertido varias organizaciones, la pandemia fue gasolina para el fuego del reclutamiento de menores de edad en el país. Y tal vez, sin la llegada de la COVID-19, Danna Liseth Montilla seguiría con grandes precariedades en esa zona declarada como parque nacional natural, pero viva.

La COALICO lleva un registro del reclutamiento de menores de edad que se alimenta con casos que les comparten las organizaciones que pertenecen a la coalición o de organizaciones de la sociedad civil que conocen del trabajo y le entregan información. Además, hacen seguimiento al flagelo a través de prensa que posteriormente verifican con entidades del Estado y organismos internacionales.

“Es muy importante mencionar que en las zonas en donde hay un mayor subregistro es Guaviare y Meta”, explica Julia Castellanos. “De manera permanente nos encontramos con un escenario en el que la gente dice: ‘Aquí reclutan todo el tiempo, no ha parado”, pero la organización se choca con el obstáculo de que las comunidades no están con la tranquilidad y la seguridad de denunciar la situación con nombres y detalles.

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados y por Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA), conoce que, entre el 1 de enero de 2016 y 31 de julio de 2021, 85 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa de restablecimiento de derechos del ICBF por haber sido reclutados en los departamentos de Meta (47) y Guaviare (38).

Entre 1998 y julio de 2021, 423 menores de edad pasaron a protección del ICBF por haber sido reclutados en estos departamentos (305 en Meta y 118 en Guaviare). Para el caso de los municipios que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en ese mismo lapso, precisamente se alzan los números más altos del departamento de Meta: se cuentan un total de 5 en San Juan de Arama, 15 en Mesetas, 32 en Puerto Rico, 41 en La Macarena y 52 en Vista Hermosa. La mayoría son hombres.

Sobre los datos del Ministerio de Defensa es preciso analizar que desde 2002 hasta el 31 de julio de 2021 se han entregado a instituciones del Estado para restablecimiento de derechos 413 menores de edad en Meta y 119 en Guaviare. Lo que enseña que un número considerable de niños y adolescentes, que no fueron necesariamente reclutados en estos departamentos, jugaron un papel en la guerra en esta zona.

Para redondear el panorama, se le solicitó al Ejército Nacional cifras de menores de edad desvinculados y muertos en combate en esos dos departamentos por pertenecer a un grupo armado ilegal, pero el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (CAIMI) negó la respuesta amparándose en la reserva de información de inteligencia y contrainteligencia.

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En este parque nacional, las comunidades sienten que viven en una Colombia sin derechos y por eso piden que el gobierno no solo mande tropas, sino educación. “No solamente son las balas las que solucionan las cosas”, dice un labriego de Puerto Cachicamo que prefiere mantener su nombre en reserva.

Mientras tanto, los niños de Nueva Colombia siguen enseñando el cementerio a quien llega a esa comunidad y se preguntan si deben o no cambiar los vasos de agua amarillenta que reposan sobre las tumbas de los jóvenes que se llevó la guerra.

* Nombres cambiados por seguridad.

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR).

Algunos de los testimonios se recopilaron durante una misión de prensa a los departamentos de Guaviare y Meta, en 2021, coordinada por el Programa Somos Defensores.

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El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una de las prácticas más crueles del conflicto armado colombiano y parece no tener fin. Se pensaba que la firma del fin del conflicto entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc pondría un muro de contención a este fenómeno, pero la realidad muestra lo contrario.

Así por lo menos se desprende del informe Dinámicas emergentes de riesgo para niñas, niños y adolescentes en el sur del Tolima: Los nuevos escenarios del reclutamiento forzado, el uso y la utilización de menores, del Centro de Estudios Regionales (CERE), que estableció que este departamento del centro del país, con más de 700 víctimas reclutadas, es uno de los más golpeados en el país.

El CERE se enfocó en el sur del Tolima y dividió su estudio en tres momentos: el reclutamiento forzado durante el conflicto armado (1990-2015); reclutamiento, uso y utilización posterior a la firma del Acuerdo de Paz (2016-2020); y reclutamiento durante la pandemia del Covid-19, cuyas restricciones comenzaron en marzo de 2020.

Este departamento ha estado azotado por el conflicto armado desde hace más de cinco décadas debido a su estratégica posición geográfica. Es por ello que diversos grupos armados han intentado tener control sobre buena parte de su territorio, específicamente del sur por cuanto, según el CERE, “es una subregión clave por constituir una franja estratégica en la conexión entre el litoral colombiano en el océano Pacífico, y las fronteras binacionales con Venezuela y Brasil”.

De ese modo, se constituye en uno de los epicentros de desplazamiento y reclutamiento forzado en Colombia. De los 47 municipios que conforman el departamento, los más afectados son Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Los cuatro tienen en común que son principalmente rurales y con fuertes conexiones con los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. 

La investigación señala que el reclutamiento forzado, uso y utilización NNA se  da por dos vías principales: coacción, en la cual utilizan la intimidación o la fuerza para que formen parte de los grupos armados; y por persuasión, en la cual no hay utilización de la fuerza. La importancia de tratar estos temas, según Andrés Tafur, director del CERE, es debido a que “no hay apertura (en el departamento) para la indagación, el monitoreo y la toma de decisiones sobre estos asuntos”.

Información insuficiente

La base de datos El conflicto en cifras, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), documentó más de 6 mil casos de reclutamiento forzado en Colombia entre 1990 y 2020. De ellas, 374 son del departamento de Tolima. Y de la región del sur reporta los siguientes casos: 81 en Planadas, 46 en Chaparral y 36 en Rioblanco.

Lo anterior implica un gran subregistro de documentación, pues el informe del CERE reseña  a más de 700 víctimas durante el mismo periodo de tiempo. Una diferencia superior al doble de casos, respecto a los registros de la institución estatal que es una de las principales fuentes de consulta y memoria sobre el conflicto armado.

La realidad es que las cifras de CNMH se quedan cortas para entender las dinámicas del reclutamiento forzado, debido a que, como advierte Tafur, “de todos los casos, sólo tenemos información de la mitad. Sólo de la mitad podemos decir que conocemos datos como quién es el responsable”. Con esta poca información han determinado que 30 víctimas fueron reclutadas por persuasión y 23 por coacción. 

Durante la primera etapa objeto de estudio por el CERE (1990-2015), la configuración del reclutamiento se daba por las vías de coacción y persuasión. Además, los casos registrados muestran un recrudecimiento durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática, ejecutada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).  Como se indica en el informe: “El periodo de tiempo con mayor número de víctimas se dio entre el año 2002 y el año 2006, con 200 víctimas”.  

Posteriormente, tras la firma del Acuerdo de Paz, la cantidad de víctimas de ese crimen de guerra disminuyó de manera significativa. Sin embargo, la reconfiguración del conflicto armado producto de la desmovilización de las Farc, trajo consigo transformaciones en las prácticas de reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.

El informe señala que las disidencias de las Farc, autodenominadas Frente Ismael Ruíz, Columna Móvil Dagoberto Ramos y Frente Comandante Alfonso Cano, son las responsables de los recientes casos de reclutamiento forzado en el sur de Tolima. Además, denuncia que “en lo que va corrido de 2021, se han presentado cuatro casos de reclutamiento en el municipio de Chaparral, todos asociados a la presencia de disidencias de la guerrilla desmovilizada de las FARC en el corregimiento de La Marina”.

Como si fuera poco ese ‘habitual’ perpetrador, los niños y adolescentes tolimenses también son explotados por redes de crimen organizado dedicadas al microtráfico de estupefacientes, minería ilegal y préstamos con interés de usura (conocidos como ‘gota a gota’).

“El microtráfico es la práctica que está más invisibilizada y naturalizada. Normalmente utilizan menores porque la legislación penal es más flexible con ellos ”, menciona Tafur. Esa reconfiguración y ‘diversificación’ ha hecho que los pequeños tolimenses continúen en riesgo dentro de sus propios territorios. 

Camilo Mahecha, sociólogo y consultor para temas de prevención de reclutamiento, derechos humanos y construcción de paz, explica que “hay una reflexión alrededor del territorio en la comunidad que también abraza esas preocupaciones de los niños. Hay una vivencia del territorio, desde la perspectiva de los niños, y tienen una mirada bien particular sobre cuáles son sus escenarios de protección”. Por ello, es fundamental reforzar la educación y la prevención en estos espacios.

De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los distintos grupos armados ilegales han intensificado el reclutamiento de menores de edad para fines ilícitos en diversas regiones del país, destacándose el corredor del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño); Catatumbo, en Norte de Santander; y el Bajo Cauca antioqueño. Una de las características de ese reclutamiento, destacan en esta agencia multilateral, es que involucra a jóvenes que no han tenido contacto con la guerra. 

“Una cosa que nosotros hemos percibido a través de la presencia bastante extendida que tenemos en los territorios, es que los grupos ilegales, incluyendo las disidencias, están reclutando, sobre todo, gente nueva”, dice Raúl Rosende, Jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU. Y reitera: “La gente que están reclutando forzadamente, en la mayoría de los casos es gente nueva, jóvenes, menores, pero no personas que estuvieron involucradas con las Farc-Ep durante la guerra. Ahí no hay estadísticas definidas, pero es una cosa que vemos a través de nuestra fuerte presencia de campo”.

Para contrarrestar ese fenómeno, se lanzó el 1 de agosto de 2020 el programa Súmate Por Mí, impulsado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Despacho de la Primera Dama de la Nación, y al cual se articulan varias entidades estatales, apoyadas por agencias de cooperación internacional, que pretende prevenir el reclutamiento de NNA en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena y Meta.

De acuerdo con CERE, este programa también se está ejecutando en los municipios tolimenses de Chaparral, Planadas y Rioblanco, a través de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (ASOPEP).

Esta es una estrategia de prevención y protección que cuenta con un enfoque interinstitucional, pues integra diversas entidades estatales locales, regionales y nacionales, con el fin de adelantar jornadas de concientización y trabajo comunitario. Además, cuenta con un componente psicosocial al entender que este tipo de experiencias puede tener repercusiones en la salud mental. 

Para la aplicación del programa en cada región es necesario conocer las condiciones y los problemas de cada una de ellas. En el caso de la subregión del sur de Tolima, la investigación realizada por el CERE señala que la vulnerabilidad socioeconómica es el primer factor de riesgo. Otra de las razones que ha tenido una tendencia de crecimiento es el consumo de sustancias psicoactivas por parte de menores de edad.

Un arma de doble filo

La llegada de la pandemia del Covid-19 y la necesidad de confinar a las familias en sus casas para reducir la velocidad de transmisión del nuevo coronavirus, dejaron en evidencia la falta de conectividad digital en el departamento de Tolima. De acuerdo con cálculos realizados a partir de datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y del DANE, la conectividad del departamento a través de Internet fijo rondaría el 15,1%.

Si bien la Gobernación de Tolima anunció en mayo pasado que que la gran apuesta de la actual administración departamental sería mejorar la conectividad en las zonas rurales para darle continuidad de la educación de niños y adolescentes durante la contingencia de salud pública generada por el Covid-19, la realidad es que poco se ha logrado, lo que sin duda impacta en la vida de los NNA.

Las dificultades de acceso a Internet dificultó se tradujeron, según Tafur, en mayores riesgos para los menores de edad, pues algunos vieron una salida laboral al hacer parte de estructuras criminales: “Las Farc no pagaban. Esta gente, lo que sabemos, es que ofrece un millón de pesos mensuales. Entonces, si tú estás en Maracaibo, en un corregimiento trabajando con tu papá,  haciendo el diario y supuestamente estudiando virtual, pero sin señal, ¿cuál es la alternativa que hay para los jóvenes en esa zona rural?”, se pregunta Tafur. 

A ello se suma que la conectividad requiere de una enseñanza responsable de las TIC puesto que, a través de ella, se pueden generar nuevos espacios de riesgo y convertirse en un arma de doble filo. 

Así lo explica Mahecha: “Tenemos la contradicción de que son unas herramientas que no estamos preparados para utilizar. Entonces en los niños termina en la página de juego o en la página de películas eróticas, y en las niñas, pues termina en el digamos como en la capa más superficial del Internet, como es TikTok”. 

El paso a seguir

La falta de claridad de los casos de reclutamiento forzado, la poca visibilización y el ocultamiento de la realidad por parte de las instituciones ha hecho que ese crimen sea un secreto a voces en el sur de Tolima. 

“Hay un desinterés por las autoridades civiles del departamento. No hay iniciativas de coordinación interinstitucional y la academia no tiene ningún espacio”, indica el informe al respecto, que plantea doce recomendaciones para las instituciones correspondientes.

Están categorizadas en: territorialización de la política pública, focalización en función del riesgo, identificación de la reconfiguración de la problemática y una instancia de participación comunitaria en la que  haya espacio para los NNA. 

Dentro de estas, se puede destacar la necesidad educar a la población desde la prevención con un enfoque de Derechos Humanos; la agrupación comunitaria, con fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal; la construcción de una agenda que sea independiente al gobierno de turno, por lo que tenga una vigencia mayor a cuatro años. También, reforzar el acompañamiento psicosocial con enfoque territorial y promover la educación y el trabajo comunitario mediante actividades de liderazgo por parte de los NNA. 

La necesidad de emitir una alerta en el sur de Tolima acerca del reclutamiento forzado se debe a que “la gente piensa que aquí no pasa nada y es una idea muy dañina”, menciona Tafur acerca de la importancia de investigar este flagelo. 

Además Mahecha, resalta la importancia de la atención psicosocial: “El acompañamiento psicosocial permite abrir el diálogo sincero con las familias que hacen parte del proyecto. Entienden de una manera más profunda, más allá del discurso de derechos, más allá de la prevención y de la historia de violencia que, quizás, muchas veces a ellos les puede sonar trillado”.

Los menores en el Tolima están bajo el acecho de grupos armados ilegales y del crimen organizado, mientras las instituciones estatales fallan en su obligación de velar por la plena satisfacción de sus derechos, los cuales cuentan con un amparo especial por el Derecho Internacional Humanitario.

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La cifra provisional de 18.677 de menores reclutados divulgada por la JEP hizo temblar al país hace varias semanas. Para llegar a ese número, que se enmarca en los hechos investigados en este escenario de justicia transicional creado con el Acuerdo de Paz, se hicieron cruces de datos provenientes de por lo menos 36 informes de organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

El trabajo de contrastación de esa información, realizado por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), con apoyo del Grupo de Análisis de Información (GRAI), no fue fácil.

Los subregistros se hicieron concurrentes debido a distintos factores, como el largo tiempo en el que el conflicto armado ha tenido lugar; la inexistencia del reclutamiento como delito antes de 1997; la poca instauración de denuncias por miedo a represalias por parte de grupos armados; y la escasa presencia institucional en lugares donde el fenómeno fue crítico.

Esto, sumado a la intervención humana en los procesos de homologación de la información, las posibles fallas en el algoritmo de análisis y los datos faltantes, podría generar imprecisiones. Pero fue justamente con esa información que la SRVR logró adoptar una decisión que señala el paso a paso a seguir en el Caso 07, abierto por la JEP para juzgar a los responsables del delito de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

La medida fue formalizada el pasado 10 de agosto a través del Auto 159 de 2021 y se compone de cuatro elementos esenciales: la terminación de un análisis preliminar sobre el reclutamiento forzado; la consecuente investigación del delito para casos ocurridos entre 1996 y 2016 en los que se presume la extinta guerrilla de las Farc fue responsable; el establecimiento de tres hipótesis de investigación y de tres crímenes relacionados con dichos casos; y el llamado a versiones voluntarias, inicialmente, a 26 exmiembros de las Farc, anteriormente involucrados con el Bloque Oriental.

Abordarlos será todo un reto para la JEP.

Una camino claro

Desde organizaciones no gubernamentales como Save the Children y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) se tiene una mirada positiva sobre la decisión de la JEP. 

Para la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalico, Hilda Molano, es un paso importante y un avance significativo el hecho de que se haya logrado determinar un universo provisional de hechos de reclutamiento, pues contribuye a establecer la magnitud del fenómeno durante la guerra que se ha librado en el país.

Para llegar a la priorización expuesta en el Auto, la JEP hizo una caracterización del reclutamiento forzado. Expuso que entre 1997 y 2000, en 2002, 2007 y 2013 se presentaron los cuatro principales picos de ocurrencia del delito.

Para esas épocas, se dieron cerca de seis mil victimizaciones, es decir el 28 por ciento del total. Además, los departamentos de Meta, Antioquia, Guaviare y Caquetá fueron en los que se registraron más casos.

El perfil de los menores de edad afectados también fue delimitado, lo que resulta esencial para comprender la dinámica del reclutamiento. En lo que respecta a este tema, se definió que el 54 por ciento del universo de víctimas corresponde a niños, el 22 por ciento a niñas y para el otro 24 por ciento no se pudo determinar el sexo.

Asimismo, que el 30,47 por ciento eran menores de 15 años, el 52,85 por ciento mayores de 15 años y para los que corresponden al porcentaje restante no fue posible saber con exactitud la edad.

Otro de los puntos más relevantes es que se tiene planeado investigar, uno a uno, a todos los bloques de las Farc, analizando su dinámica, forma de mando y las particularidades de las zonas donde operaron. Todo aquello tiene el objetivo de determinar, individualmente, si operaron bajo patrones de reclutamiento específicos.

Se tiene establecido que el Bloque Oriental será el primero bajo la lupa. Este grupo guerrillero tuvo influencia en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainia y Vaupes, donde se concentró el 50 por ciento de los reclutamientos de menores en el país presuntamente responsabilidad de esa guerrilla ya desmovilizada, equivalente a 8,987 víctimas.

En esos departamentos, además, se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, y, actualmente, hay en curso 117 solicitudes de constitución de nuevos resguardos.

Debido a eso y a que al menos 368 víctimas asociadas al Bloque Oriental reportaron alguna pertenencia étnica, la JEP estableció un componente diferencial étnico que permita hablar en las versiones voluntarias de cómo afectó el reclutamiento a minorías.

Del total de víctimas, el 83,7 por ciento se reconocieron como indígenas, el 15,8 por ciento como afrocolombianos y el 0,3 por ciento como Rrom (gitanos). No obstante, la cifra podría ser mayor, puesto que se identificó que en la información que analizaron muchas veces se carecía de herramientas que permitieran cuantificar si los menores hacian parte de pueblos étnicos o no.

Los impactos del reclutamiento en esas poblaciones fueron particulares: “Para los pueblos étnicos significaba una ruptura no solamente en términos de lazos familiares sino incluso culturales. Para las comunidades era muy complejo pensar cómo los niños y las niñas después de venir del reclutamiento, después de hacer parte del conflicto, volvían a hacer parte de ella”, explica Molano.

Es eso coincide con la magistrada y presidenta de la SRVR, Nadiezhda Henríquez, quien afirma que cuando se vulnera a un niño, se afecta también el futuro y la pervivencia de la comunidad a la que pertenece. Asegura también que la Comisión Étnica de la JEP está comprometida con acompañar al equipo que adelanta los procesos en el Caso 07.

Se espera que el enfoque étnico sea aplicado en las investigaciones para los demás bloques de las Farc, que, en orden, serán el Sur, al cual se le atribuyen 2.669 víctimas; el Noroccidental, con 1.818 víctimas; el Occidental, con 1.420 víctimas; el Comando Conjunto Central, con 977 víctimas; el Magdalena Medio, con 727 víctimas; el Caribe, con 719 víctimas; y el móvil Arturo Ruiz, con 114 víctimas.

Delitos cruzados

Quizá uno de los aspectos más importantes que aborda la SRVR son tres hipótesis con las que se intenta explicar la presunta estrategia política y militar con la que las Farc definieron, promovieron, ejecutaron o permitieron el reclutamiento y utilización de menores.

La primera de ellas es que el antiguo grupo armado reclutó sistemáticamente a niños y niñas de 15,16 y 17 años, como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. A esa conclusión se llegó porque al menos 9.870 menores fueron ingresados a las Farc teniendo esas edades.

La segunda apunta a que menores de 15 años fueron reclutados, contrariando las disposiciones de las Farc, clasificación en la que se enmarcan 5.691 personas. (Leer más en: Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)

Y finalmente, que el grupo guerrillero vulneró múltiples derechos y cometió diversos crímenes contra los menores, sus familias y comunidades a las que pertenecían. Entre ellos está la violencia sexual y basada en género, así como el aborto forzado, la anticoncepción forzada, el acceso y el acto carnal violento y abusivo, la esclavitud sexual y otras acciones contra la integridad sexual y reproductiva. Dichas conductas pueden representar crímenes internacionales. 

Asimismo, se hace referencia a la desaparición forzada, que puede constituir un delito de lesa humanidad. Incluso, la mayoría de víctimas acreditadas en el Caso 07 son familiares de menores cuyo paradero es desconocido y hay cuatro solicitudes de medidas cautelares para la localización, exhumación y entrega digna de cuerpos de niñas y niños que fueron reclutados.

De hecho, la UBPD entregó información a la JEP de 92 casos de menores dados por desaparecidos y de exhumaciones de algunos que murieron como resultado de la ‘Operación Berlín’, puesta en marcha por el Ejército a inicios de la década de los años 2000.

El homicidio, la tortura, los tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos son crimenes que también se planean abordar, pues, al parecer, se utilizaron en el contexto del reclutamiento como métodos de retaliación y castigo hacia los menores en las filas.

No obstante, la abogada Maria Paula Martínez, actualmente directora de Save The Children, le dijo a VerdadAbierta.com que el reclutamiento forzado es un delito invisible, por lo que no es tan fácil evidenciar su conexión con otro tipo de crímenes. Así, profundizar en el reclutamiento se perfila como una ardua tarea.

Discurso negacionista

El camino para llegar a la decisión de la JEP estuvo precedido por versiones voluntarias de exguerrilleros que tuvieron lugar el año pasado. Sin embargo, quienes dieron declaraciones, negaron constantemente que las Farc diseñara y ejecutara planes de reclutamiento de menores y apelaron al concepto de voluntariedad.

Desde Coalico ya se ha venido diciendo que el hecho de que los niños digan que se van a integrar al grupo armado no disminuye la responsabilidades de ese actor.

El exjefe guerrillero Pablo Catatumbo dijo el 19 de agosto de 2020, que no existió una “política perversa” de involucrarlos en el conflicto armado interno, pese a que reconoció que algunos pudieron estar integrados a las Farc, y negó que niños y niñas se pidieran como una especie de ‘cuota’ obligatoria a las familias.

“Las Farc no era una organización que tuviera como política el reclutamiento de niños. Las Farc no era un ejército de niños. No había un lineamiento político en cuanto a que sus esfuerzos estuvieran dirigidos a mirar donde había un menor de edad para vincularlo a la organización”, mencionó en días posteriores, Pastor Alape.

Este exjefe guerrillero dijo recordar dos momentos en los que entonces miembros de las Farc llegaron con niños o niñas al campamento y se dio la orden de hallar a su familia y regresarlos con ella.

Explicó, además, que en las unidades estaba establecido que iban a combate solamente personas que tuvieran la capacidad de responder al mismo, así que los menores eran excluidos por no estar en condiciones para desenvolverse en actividades militares.

Sin embargo, resaltó que es importante tener en cuenta que en la guerra se utiliza cerca del 60 por ciento del personal para actividades logísticas, como atender heridos, prestar servicios sanitarios, de seguridad, de alimentación y de abastecimiento.

“Todos los menores que llegaban a las Farc no salían de los hogares. La gran mayoría estaban trabajando ya en fincas, estaban como ayudantes de aserrío, de vaquería, como raspachines, como sirvientas, como cocineras”, puntualizó.

Quizá quien ha dado mayores detalles es el excomandante Julián Gallo, quien fue conocido con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’. Él expuso en septiembre del año pasado que las Farc realizaba reuniones con juntas de acciones comunales y otro tipo de comités.

De ese modo, el procedimiento por el que los jóvenes entraban a las milicias estaba seguido de actividades de deporte y cultura que el grupo armado hacía para evitar que ellos cayeran en el consumo de sustancias psicoactivas.

En todo caso, reafirmó las ideas de Alape y Catatumbo: “Un ejército de gente obligada, de gente engañada no hubiese podido primero permanecer por más de medio siglo en una guerra contra el Estado. Eso solo lo logra una organización que tenga una estructuración, que tenga unas convicciones, que tenga una reglamentación”.

También mencionó que es posible que se hubiesen dado engaños, por ejemplo, prometer a los menores que al entrar a la estructura se le ofrecería ayuda económica o de otro tipo a sus familiares, lo que, dice, no estaría autorizado desde las Farc.

Dentro de los cuestionamientos que se le han hecho a los exmiembros de la antigua guerrilla es si notificaron o sancionaron a quienes reclutaron menores rompiendo los lineamientos de la organización y por qué estos no se cumplían.

En el documento “Declaración Política de la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur” se estipuló que nadie debía ingresar a las Farc en contra de su voluntad y en la Séptima Conferencia Nacional de las Farc-Ep, realizada para 1982, se estableció la creación de comisiones de reclutamiento que buscarían incorporar a la organización personas entre los 15 y 30 años de edad.

Rodrigo Londoño, quien en guerra era llamado ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, dijo no saber por qué no se seguían algunas reglas y que no tuvo que ver con la selección de los integrantes de la Columna Arturo Ruíz, la cual señaló que visitó, pero en la que no identificó presencia de menores de edad.

Teniendo en cuenta las palabras de estos exguerrilleros, se podría pensar que es poco probable que esta vez cambie el discurso con el que se minimiza la participación de menores en la guerra. No obstante, la positividad asoma a la puerta para expertos como Martínez, quien opina que todo lo que aporte al esclarecimiento de esos hechos y a la protección de los niños y niñas es bien recibido.

“Esperamos que la presión, el mismo avance en el Caso y la información que ha venido acopiandose en el expediente sirva y motive a que los comparecientes hagan un aporte significativo a la verdad (…) En este caso, para nosotros ha sido el pedido reiterado de que no son discursos justificantes, ni discursos políticos que tratan de humanizar lo que no es humanizables”, afirma, por su parte, Molano.

Fenómeno latente

Los pasos para esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado hasta 2016 se han venido dado. Pero la paz y el fin de las victimizaciones y hostilidades en el país aún están lejos de ser alcanzados. 

Hoy en día, reseña Martínez, los menores de edad migrantes están siendo reclutados y utilizados y lo más preocupante de todo es que no se cuenta con estadísticas al respecto.

Por otra parte, está la pandemia del coronavirus, que ha traído consigo interrupciones y pausas en las actividades escolares y ha sido uno de los factores que influyen en que hoy el reclutamiento siga presente, especialmente en regiones como el Catatumbo y en departamentos como Nariño, el Valle del Cauca y Arauca, según menciona la abogada.

Pero esa es solo una de las razones, de acuerdo al informe ‘Las dinámicas del conflicto armado y de la violencia organizada: afectación y riesgos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes’, publicado en abril de este año por la Fundación de Ideas para la Paz y apoyado por Save the Children.

El desconocimiento de la magnitud de ocurrencia del reclutamiento, la normalización de distintas formas de violencia contra menores de edad, la falta de acciones preventivas por parte de la institucionalidad y el hecho de que los grupos armados identifiquen ventajas en ingresar a niños y niñas a sus filas son otros de los factores que han contribuido al recrudecimiento del fenómeno.

En ese sentido, las estructuras actualmente representan una amenaza para los niños son los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Auc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Farc-Ep y grupos del crimen organizado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Esa institución, en el documento ‘Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, retos de la política pública de prevención’, divulgado en 2020, concluyó que no es posible avanzar en la protección de menores y evitar que sean vinculados al conflicto si las políticas públicas de prevención no están articuladas con estrategias nacionales y territoriales.

También consideró que para proteger a los niños y niñas es necesaria la persecución y el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley, el ataque a sus medios de financiación y la judicialización de comandantes y miembros que están involucrados con el reclutamiento forzado.

La JEP está haciendo su parte, pero los menores de edad no dejaron de ser afectados por el reclutamiento tras la firma del Acuerdo de Paz. El Estado colombiano debe emprender las medidas necesarias no sólo para investigar y reparar a quienes ya fueron reclutados sino también para evitar que más niños y niñas sean victimizados.

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