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“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, narró el exparamilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, ante los tribunales de Justicia y Paz para explicar la incursión armada en la vereda Cañaveral, del municipio de Remedios, ocurrida el 7 de julio de 2001.

Giraldo Arias hizo parte del comando armado del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que perpetró la acción armada en aquella región del nordeste antioqueño y mató a 12 campesinos tras señalarlos, de manera arbitraria, de ser “colaboradores de la guerrilla”.

Por esa declaración, dada el 28 de noviembre de 2013 en ese escenario de juzgamiento transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía que amplié la diligencia rendida por alias ‘El Indio’ con el fin de recabar “sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la incursión armada a la vereda de Cañaveral […] de tal suerte que de encontrar alguna implicación del citado ciudadano, el ente acusador, como titular de la acción punitiva del Estado, deberá iniciar la investigación penal que corresponde”.

Esa orden está contenida en la sentencia condenatoria, de primera instancia y de carácter parcial, proferida por ese tribunal el pasado 12 de febrero contra Javier Alonso Quintero Agudelo, alias ‘Manguero’; Diego Armando Villada Villa, alias ‘El Ciego’; Luis Carlos Cardona Gallego, alias ‘Bamban’; ‘Carlos Mario Lotero Espinosa, alias ‘El Chusco’; Juan David Sierra Ocampo, alias ‘Bomba’; Edison Payares Berrío, alias ‘Lázaro’; Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’; John Darío Giraldo, alias ‘Canelo’, El Flaco o El Mono’; y Carlos Alberto Osorio Londoño, alias ‘Rungo’, exintegrantes del Bloque Metro de las Accu.

Los nueve exparamilitares fueron juzgados y condenados, en promedio, a ocho años de prisión en cumplimiento de la pena alternativa consagrada en la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, en su calidad de postulados a los beneficios de esta norma transicional, aplicada a quienes se desmovilizaron de manera individual y colectiva bajo los acuerdos logrados en el con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador de la República por el Centro Democrático.

La decisión, de 2.243 páginas, hace un pormenorizado recuento de la génesis del Bloque Metro desde su creación, en 1998 en el nordeste antioqueño, asociándola a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir El Cóndor, que estuvo representada por Luis Alberto Villegas Uribe, un viejo socio de la familia Uribe Vélez, y apoyada por el confeso narcotraficante y financiador del paramilitarismo Santiago Gallón Henao.

Una vez constituido, comenzó su expansión hacia diversas regiones de Antioquia con el fin de atacaar a las guerrillas de las Farc y del Eln, logrando una presencia y dominio en 45 municipios de las regiones del nordeste, norte y oriente del departamento, incluida Medellín y el área metropolitana. Por guerras entre mandos paramilitares, buena parte de sus hombres, incluido alias ‘Doble Cero’, fueron asesinados y la estructura exterminada a finales de 2004. (Leer más en: El hombre que creó el bloque Metro y lo exterminó)

La creación de esta estructura armada, que desde su comienzo estuvo comandada por Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido con los alias de ‘Rodrigo Doble Cero’, ‘Doble Cero’ o ‘Rodrigo Franco’, ha sido una larga sombra que ha cobijado a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez tras ser señalados por antiguos exparamilitares de haber participado en su creación facilitando para ello la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, situación que hasta el momento no ha sido definida por la justicia. (Leer un amplio contexto en: Bloque Metro, el fantasma que ronda a Álvaro Uribe Vélez)

La sentencia también hace alusión a la presión que ejerció ese bloque paramilitar en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, que dejó como ganador a Uribe Vélez en representación del movimiento político Primero Colombia, quien luego creó el partido Centro Democrático y aspiró al Congreso de la República.

Tragedia en Cañaveral

Los hechos por los cuales se pide corroborar si el senador Uribe tuvo algún tipo de responsabilidad revelan la barbarie con la que actuaron los hombres del Bloque Metro de las Accu en su supuesta guerra contrainsurgente.

Las primeras descripciones de la atroz matanza quedaron registradas un día después de la incursión armada en las declaraciones entregadas por varios testigos y sobrevivientes en la estación de policía del casco urbano del municipio de Remedios.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz reseña el testimonio del campesino Leonel de Jesús Álvarez Guerra, quien vio asesinar a uno de sus familiares: “Estando reunidos los uniformados nos sacaron uno por uno a preguntarles cosas como que si la guerrilla estuvo ahí y cosas referentes a la guerrilla y cuando le tocó el turno a él, lo llevaron y le preguntaron, no sé qué contestó y cuando vi uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la cabeza y cuando cayó le pegó tres tiros más y luego nos mandaron para la casa”.

Uno de los momentos más dramáticos y tristes lo vivió en aquel fatídico 7 de julio de 2001 el labriego José Aníbal Cartagena. En declaraciones dadas seis años después a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, detalló la muerte de su esposa, Abigail Úsuga Goez, y de su hijo por nacer. Al momento de la incursión armada, la señora se encontraba en trabajo de parto, por lo que su familia le solicitó a los paramilitares que la dejaran llevar hasta un lugar donde recibiera atención médica, pero no lo permitieron, “aludiendo que prefieran matarla que dejarla salir de la zona”, se lee en el fallo.

El esposó narró lo sucedido: “Ese día al verla tan enferma la bajamos en hamaca y cuando llegamos al camino, ya venía la tropa matando los arrieros que iban bajando, nos dejaron pasar con la enferma hasta el caserío pero de ahí ya no nos dejaron salir hasta el otro día… El niño nació el domingo 08 de Julio en la madrugada pero nació muerto y ella murió el 08 de Julio como a las 10 de la mañana… Ella fue enterrada en el cementerio del caserío en un ataúd de madera junto con otros que murieron ese día”.

La decisión judicial también contiene el testimonio entregado por Gloria Cecilia Jiménez Gil a la Fiscalía, un año y medio después de lo sucedido, en el que detalla cómo murió su padre, Ramón Ángel Jiménez Gil y uno de sus amigos: “Un señor arriero de nombre Alfonso Arenas iba con mi papá, ellos se encontraron con un señor Marcos que es un paramilitar y los detuvieron y le dijo a mi papá que si ya lo había jubilado las Farc y que lo iban a matar, mi papá les dijo que mejor preguntaran primero y el señor Marcos le dio un tiro en el cuello y ahí dejaron los cadáveres hasta el otro día que los recogieron y yo no reclamé a mi padre por temor a que me mataran”.

La tragedia también enlutó el hogar de Ofelia del Carmen Restrepo Gómez, esposa del arriero Rodrigo de la Cruz Arismendi Tobón, a quien mataron delante de sus dos hijas en uno de los caminos veredales. La campesina detalló en su declaración ante Justicia y Paz, en mayo de 2013, que aquel día de la incursión asesinaron a 17 personas más.

“Hubo familias que enterraron a sus víctimas, otros los sacaron al pueblo. Después de los homicidios, los paramilitares reunieron la gente nuevamente y dijeron que los habían asesinado por colaboradores de la guerrilla y la gente empezó a desplazarse por temor, robaron los animales y hurtaron pertenecías de las personas, a mi esposo le robaron una plata y hasta los zapatos. Yo me quedé viviendo en la casa de una cuñada como 20 días y después me vine para Medellín. Al año vendí la Finca regalada”, declaró la mujer.

Versión de exparamilitares

De acuerdo con la confesión de alias ‘El Indio’, en la incursión armada participaron cerca de 150 combatientes que conformaban cinco grupos de contraguerrilla del Bloque Metro y su preparación se hizo la noche anterior en una vereda conocida como La Brava, de Remedios. El propósito era realizar una masacre contra los pobladores de Cañaveral, a quienes acusaban sin fundamento de ser supuestos “colaboradores de la guerrilla”.

Para aquellos años trasegaban por esa región el Frente 4 de las antiguas Farc, que tenían amplio dominio de algunas regiones del nordeste y del Magdalena medio antioqueños; y los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago, del Eln.

Luego de concertar los detalles, ese nutrido grupo de paramilitares, dotado con armas cortas y largas, y vistiendo prendas de uso militar, partió hacia la vereda en dos camiones hasta un punto del camino, donde se bajaron y caminaron por cerca de tres horas hasta llegar al caserío de Cañaveral. La incursión iba comandada por John Jairo Restrepo Marín, alias ‘Marcos’.

“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, precisó alias ‘El Indio’ durante una diligencia de versión libre rendida el 28 de noviembre de 2013 ante fiscales de Justicia y Paz, como uno de sus aportes a la verdad para lograr beneficios judiciales.

Una vez en la vereda, “tomaron posición, aseguraron los puntos más altos y empezaron a distribuirse por todo el lugar; luego, procedieron a reunir a toda la población y apartaron los hombres de las mujeres. Los criminales les hacían preguntas relacionadas a la supuesta colaboración o simpatía de estas personas con organizaciones subversivas”, detalla la decisión judicial.

Luego de controlar el sitio, continúa la sentencia, “y siguiendo órdenes de alias ‘Marcos’, los criminales empezaron a asesinar a miembros de la comunidad, la mayoría de ellos, arrieros y trabajadores de la tierra que, a esa hora, ya había iniciado su jornada laboral”. De acuerdo con alias ‘El Indio’, “las víctimas no fueron torturadas, la orden era matar a lo que encontráramos matar a todo mundo, el motivo era porque eran colaboradores de la guerrilla”.

Una vez finalizada la matanza de campesinos, los paramilitares del Bloque Metro reunieron a los sobrevivientes para explicarles las supuestas razones de la masacre, los conminaron a ignorar a la guerrilla y les dieron la orden de no recoger los cadáveres hasta el día siguiente; asimismo, “les prohibieron el desplazamiento masivo, indicándoles que debían continuar trabajando ‘como si nada’”; no obstante, 31 familias se desplazaron de la zona, dejando atrás sus pertenencias y sus muertos.

De acuerdo con lo consignado en la sentencia, que recoge testimonios de víctimas y victimarios, “en su retirada y a manera de intimidación, los homicidas prendieron fuego a varias viviendas, entre ellas la casa donde funcionaba la Asociación de Plataneros, para finalmente advertirles a los ciudadanos que, si llegaban a ver miembros de la subversión, volverían y realizarían una nueva masacre. También hurtaron ganado, mulas y caballos de paso fino”.

Uno de los aspectos que llama la atención de este fallo, con relación a las víctimas de la matanza, es que algunas de ellas aún sigue enterradas en la zona: “Advirtió la Fiscalía de la causa, que varios de los cadáveres de las víctimas de homicidio fueron inhumados por los propios moradores del lugar en fosas comunes, no siendo posible aún su exhumación y consecuente identificación plena”.

Votos a favor de Uribe

De acuerdo con los análisis realizados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, una vez que el Bloque Metro consolidó su poder militar y dominio territorial, “infiltran las administraciones municipales y departamentales, apropiándose de recursos, a través de contrataciones, contando a la par con el apoyo de algunas instituciones estatales”, logrando “un control en todos los campos en sus lugares de asentamiento; situación que facilitó el desplegar delictivo en contra de los civiles ajenos al conflicto armado”.

Con relación a la influencia electoral, particularmente en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, el fallo cita versiones dadas el 15 de septiembre de 2011 por el exparamilitar Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, a fiscales de Justicia y Paz.

Preguntado en esa ocasión si el Bloque Metro tuvo alguna injerencia “en la elección de alcaldes, concejales, diputados de congresistas, de presidente de república, que hubiesen presionado a la población civil, exigido de votar por A, B o C candidato”, el exparamilitar contestó que sí.

“A mí me tocó en las elecciones de presidencia de 2001 o de 2002 me parece que fue, eso fue para presidente del doctor Álvaro Uribe, y nos tocó presionar todo el Nordeste para que votaran el nombre del señor Álvaro Uribe, porque esa era la orden de Rodrigo ‘Doble Cero’”, explicó alias ‘Diomedes, y agregó que a “todo patrullero que tuviera la cédula inscrita y quisiera votar que tenía que votar por Álvaro Uribe”.

El exparamilitar puso como ejemplo de esa injerencia electoral lo ocurrido en el municipio de Gómez Plata: “A la comunidad se le obsequiaba mercados, sumas de $150.000 a las familias muy pobres para que depositaran su voto al señor Álvaro Uribe”.

En su versión ante la justicia, este exparamilitar indicó que las votaciones de aquel 26 de mayo de 2002 en las zonas donde el Bloque Metro tuvo injerencia fueron masivas: “El doctor Uribe era el más opcionado, el socio y el amigo del que nos iban a legalizar. Ese era el pago a todos, que nos iban a legalizar […] como al Ejército o a la Policía, personas legales, ese fue el dicho que llegó al Bloque Metro y por eso se hicieron tantas cosas para presionar la gente para que votara por el doctor Álvaro Uribe”.

Finalmente, el candidato Uribe Vélez, quien fue avalado por el movimiento Primero Colombia, ganó las elecciones con un 54,51 por ciento de los votos, superando con una amplia ventaja al segundo, que sólo logró sumar el 32,68 por ciento de los sufragios. En su primer periodo de gobierno, logró un acuerdo de desmovilización y desarme con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que aglutinó a las distintas estructuras paramilitares del país, que se concretó entre diciembre de 2003 y agosto de 2006.

Mayor investigación

Dado que en otras sentencias relacionadas con el juzgamiento de exparamilitares en Justicia y Paz se han realizado sendas compulsas de copias a la Fiscalía para que sean investigados cientos de políticos, militares, policías y civiles que habría favorecido la causa contrainsurgente, en este nuevo fallo reclamó mayor atención al respecto. (Leer más en: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo y La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe)

A la Fiscalía la requirió para que “amplié las versiones libres de los desmovilizados, declaraciones de expostulados y víctimas” sobre la supuesta “relación que existió entre el Bloque Metro y varios políticos, servidores públicos y ciudadanos”, con el fin de que “en futura vista pública presente a la Sala la relación que tuvieron las personas allí enunciadas con la organización delincuencial, y compulse las copias a que haya lugar, en caso de que no se haya desplegado”.

En ese mismo sentido, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhortó “a la Procuraduría General de la Nación para que conforme una agencia especial, así como a la delegada de la Fiscalía General de la Nación y se efectué de manera pronta y eficaz un verdadero seguimiento a las compulsas de copias efectuadas, ello en aras de garantizar una correcta impartición de justicia y la investigación efectiva de todos los implicados con el conflicto armado interno, así como los derechos de las víctimas y la sociedad”.

Finalmente, y dado que el fallo proferido es de carácter parcial, ya que aún queda más por investigar en el proceso del Bloque Metro, se exhortó a la Fiscalía para presente ante la Sala de Justicia y Paz “un informe completo y detallado de la actuación delictiva orquestada entre algunos miembros del Estado y el Bloque Metro, de cara a estudiar y develar el fenómeno delictivo de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’; el cual se requiere para robustecer el presente pronunciamiento judicial”.

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Postulados a la Ley de Justicia y Paz, sistema de justicia transicional que permitió juzgar a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que han declarado en este litigio judicial, han señalado que el Bloque Metro nació en una de las fincas que fuera propiedad de la familia del senador Uribe Vélez, llamada Guacharacas, un predio en jurisdicción de los municipios de Yolombó y San Roque, nordeste de Antioquia.

Precisamente, reconstruir la trayectoria de esta estructura paramilitar ha sido una de las tareas más dispendiosas que ha tenido que realizar la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz) por cuanto se trató de un bloque que fue exterminado por sus propios compañeros en armas poco años antes de concluir las desmovilizaciones colectivas de los distintos bloques que integraron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Ello quiere decir que el Bloque Metro nunca se desmovilizó colectivamente, no suscribió ningún tipo de acuerdo con el gobierno nacional, sus máximos comandantes fueron abatidos y quienes sobrevivieron a la inclemente persecución terminaron integrando otros bloques y frentes paramilitares. Significa, además, que no hay quién responda por sus crímenes, quién ayude a esclarecer sus verdades, mucho menos quién repare a sus víctimas

Con todo y ello, desde 2011, la Fiscalía 20 de la Unidad de Justicia Transicional viene trabajando con unos nueve desmovilizados que, en diversos momentos integraron este bloque, para avanzar en su reconstrucción histórica.

Génesis: convivir El Cóndor

Lo documentado por el ente investigador señala que, promediando la década de los noventa, el Frente Bernardo López Arroyave de la guerrilla del Eln y el Frente 36 de las Farc habían logrado fortalecer su presencia en el nordeste de Antioquia. La extorsión y el secuestro de ganaderos se volvieron frecuentes en municipios como Yolombó, Vegachí, Yalí, San Roque, Maceo, Segovia, Remedios, Anorí y Amalfi, entre otros.

Evidencia de esas acciones armadas fue la incursión de miembros del Frente Bernardo López Arroyave a la Hacienda Guacharacas, ocurrida el 2 de enero de 1995, de donde hurtaron 600 cabezas de ganado, caballos de paso fino y quemaron la vivienda principal. La finca, de 2 mil hectáreas, estaba dedicada a la ganadería y era propiedad de la familia del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. En esta hacienda fue asesinado el 14 de junio de 1983 Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario, crimen que se le ha atribuido a guerrilleros de las Farc.

Para contrarrestar esas acciones insurgentes, el actual Senador de la República, en su condición de Gobernador de Antioquia (1995-1997), otorgó personería jurídica a través de la Resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996 a la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, que operó en los municipios de San Roque, Yolombó, Maceo, Cisneros, Yalí y Vegachí, entre otros, en aplicación del Decreto Ley 356, expedido el 11 de febrero de 1994 por el entonces presidente de la República, César Gaviria, y su ministro de Defensa, Rafael Pardo, a través del cual reglamentaron el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que creó las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir.

Como representante legal fungió Luis Alberto Villegas Uribe, un reconocido ganadero de la región y narcotraficante, quien, además, fue cercano al hoy expresidente y senador de la República con quien tuvo negocios de propiedades rurales en el nordeste antioqueño. Este empresario fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en un negocio de su propiedad en el corregimiento San José del Nus. Este crimen que fue reconocido en los tribunales de Justicia y Paz por Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)

El Cóndor contó con el aporte generoso de comerciantes y ganaderos de la región, entre ellos, Santiago Gallón Henao, quien en marzo de 2010 aceptó ante el Juzgado Primero Penal de Antioquia su responsabilidad en el delito del narcotráfico. Tal como lo ha determinado tanto la justicia ordinaria como los relatos recopilados en Justicia y Paz, tanto Villegas Uribe como Gallón Henao fueron la ‘piedra fundacional’ sobre la que se erigió el Bloque Metro, cuya génesis se remonta al año 1996. (Leer más en: Revelaciones del caso Villegas)

Para ese año, Carlos Castaño designó a Carlos Mario García, conocido con el alias de ‘Rodrigo Doble Cero’, para que recuperara el nordeste y el oriente de Antioquia, por aquel entonces bajo fuerte influjo de los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago del Eln, y los frentes 9, 47 y 36 de las Farc.

‘Rodrigo Doble Cero’ era un hombre curtido en la milicia. Integró el Ejército Nacional durante varios años, donde alcanzó el grado de Teniente. Durante su paso por esta fuerza adelantó operaciones militares en el nordeste antioqueño y, de pequeño, visitó con frecuencia el corregimiento El Jordán, de San Carlos, donde su abuelo tenía una finca, por tanto, conocía el avance guerrillero del Eln y de las Farc.

Luego de su salida del Ejército, en 1992, ‘Rodrigo Doble Cero’ se refugió en las fincas de la familia Castaño en el sur de Córdoba, donde terminó convertido en el principal instructor y estratega militar de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Para lograr la misión encomendada por Castaño, se apoyó en el soldado profesional Jhon Jairo Mejía Arcila, conocido como ‘Filósofo’ o ‘Filo’.

Según declaró el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’ ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, alias ‘Filo’ trabajó como peón en la hacienda Guacharacas y fue el encargado de reclutar los primeros 35 hombres, a quienes reunió, precisamente en este predio, para planear las primeras acciones paramilitares. Allí contó con el apoyo decidido de Villegas Uribe y Gallón Henao.

Tal como lo estableció el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, tanto Luis Alberto como su hermano, Juan Guillermo Villegas Uribe, gestionaban la consecución de armas, pertrechos, municiones y aportes económicos para sostener la naciente estructura paramilitar. Por su parte, Santiago Gallón Henao aceptó ante una Fiscal Especializada de Medellín que celebró acuerdos económicos con los primeros comandantes del Bloque Metro en el nordeste de Antioquia. (Leer más en: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)

Consolidación y expansión

De acuerdo con lo recopilado por la Fiscalía, la primera acción militar como Bloque Metro fue realizada en el corregimiento Providencia, de San Roque, a mediados de 1996. Según testimonio del exparamilitar John Jaime Cárdenas, a esa zona ingresaron 15 paramilitares y atacaron, supuestamente, a una célula urbana de la guerrilla del Eln, dejando varias personas muertas.

Tras las primeras acciones armadas, el naciente Bloque Metro, liderado por alias ‘Filo’, comenzó la reconquista del nordeste de Antioquia. Primero, logró expulsar al Eln del corregimiento San José del Nus, de San Roque. De allí inició su recorrido hacia el corregimiento Cristales, por aquel entonces, bastión de los ‘elenos’ y corredor estratégico de movilidad. En Cristales, alias ‘Filo’ sufre las primeras derrotas militares, lo que lleva a ‘Rodrigo Doble Cero’ a desplazarse hacia la zona con un contingente de paramilitares entrenados por él mismo en Urabá.

Así, con una tropa renovada y con el apoyo logístico y económico brindado por los integrantes de la Asociación de Seguridad Privada El Cóndor, el Bloque Metro, comandado por ‘Rodrigo Doble Cero’, logra expulsar a la guerrilla del Eln de Cristales tras lo cual, decidió montar allí una escuela de entrenamiento que se conoció con el nombre de Percherón. Desde ese corregimiento, y de la mano de una pléyade de lugartenientes, entre quienes se destacan César de Jesús Gómez, alias ‘Panadero’, y José Miguel Gil Sotelo, alias ‘Federico’, entre otros, inició su expansión hacia el oriente de Antioquia.

San Carlos, San Rafael, Marinilla, Rionegro, La Ceja, fueron los primeros municipios que conocieron el terror del Bloque Metro. Para mediados de 1998, esa fortalecida estructura armada ilegal incursionó en Medellín. En la capital antioqueña, ‘Rodrigo Doble Cero’ cambió su estrategia de llevar combatientes desde Urabá y se enfocó en cooptar combos y bandas delincuenciales de la ciudad, para lo cual las entrenó militar e ideológicamente durante varios meses.

“A las cabezas más visibles de las bandas nos llevaron a unas caballerizas de Sabaneta. De La Pradera fuimos cinco personas. Allá nos recibieron varios tipos, desconocidos para nosotros, quienes nos empezaron a explicar las directrices de las autodefensas, la ideología, cómo era que se iba a operar y nos prometieron armamento”, aseveró ante fiscales de Justicia y Paz Edison Arias Cortés, alias ‘La Cachona’, integrante de una banda delincuencial de la Comuna 13 que terminó trabajando para el Bloque Metro, pero quien terminó desmovilizándose con el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Fueron precisamente las diferencias y la rivalidad con ‘Don Berna’ lo que determinó la suerte del Bloque Metro. Públicamente, ‘Rodrigo Doble Cero’ cuestionó y denunció los vínculos de algunos comandantes de las Auc con el narcotráfico, principalmente, de Murillo Bejarano. Dichos señalamientos terminaron desatando una guerra en las comunas de la capital paisa donde, al final, las huestes del Bloque Cacique Nutibara terminaron expulsando a los hombres de ‘Rodrigo Doble Cero’.

La relación de ‘Rodrigo Doble Cero’ con el resto de los bloques de los paramilitares se agravó aún más cuando, en septiembre de 2003, declaró oficialmente que el Bloque Metro era una disidencia de las Auc. Esto ocurrió justo en un momento en el que Castaño y otros comandantes ‘paras’ estaban tratando de consolidar y presentar ante la opinión pública a unas autodefensas reunificadas. La respuesta de sus excompañeros de lucha no se hizo esperar y fue así como una coalición de varios grupos paramilitares le declararon la guerra a quien fue, durante varios años, el principal estratega militar de las Accu y máximo comandante del Bloque Metro.

El inicio del fin del Bloque Metro lo tiene la claro la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía (antes Justicia y Paz): 17 de septiembre de 2003. Ese día, un comando conjunto integrado por combatientes de los bloques Mineros, Bananero, Central Bolívar, atacaron a un grupo de integrantes del Bloque Metro que se alojaban en la finca Las Margaritas, del municipio de Gómez Plata, nordeste de Antioquia. Tras seis horas de combates, al final terminaron perdiendo la vida alias ‘El Alacrán’, ‘El Águila’, ‘Daniel’, ‘Rafa’, ‘Marcos’, ‘Móvil 10’, ‘Tocayo’, por aquel entonces, los principales lugartenientes de esta estructura paramilitar.

Con su principal línea de mando caída en combate, el Bloque Metro comenzó a perder la hegemonía territorial en el nordeste antioqueño que había ganado a punta de fusil y sangre. Luego perdería los territorios que otrora había dominado en el oriente antioqueño a manos de los hombres de alias ‘Don Berna’.

En noviembre de 2003 cayó alias ‘El Panadero’ en un combate con el Ejército. El acta de defunción de este bloque paramilitar y que hace parte del litigio jurídico por el cual la Corte Suprema de Justicia investiga al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, llegó en mayo de 2004, cuando sicarios asesinaron en Santa Marta a alias ‘Rodrigo Doble Cero’.

Origen de la indagatoria

La hacienda Guacharacas es el común denominador de dos exparamilitares que la señalan como el lugar de origen del exterminado Bloque Metro. Aunque las declaraciones fueron rendidas en entrevistas al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, en septiembre de 2011, ocho años después cobraron tal relevancia que tienen al jefe político del partido de gobierno, el Centro Democrático, a punto de rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

El primer señalamiento provino de uno de los hijos del mayordomo de la hacienda, que a la postre hizo parte de las filas del Bloque Metro. El 16 de septiembre, en la cárcel de Cómbita, Boyacá, Juan Guillermo Monsalve vinculó al expresidente Uribe con la masacre que perpetró ese grupo en el municipio de San Roque el 14 de agosto de 1996.

“La masacre se ordenó para recuperar el ganado… Lo ordenó Álvaro Uribe”, indicó, y también lo señaló como quien “coordinaba lo militar”, haciendo referencia al robo de las 600 cabezas de ganado hurtadas de Guacharacas el 2 de enero de 1995. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Asimismo, este exparamilitar señaló a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe, y a Santiago Gallón, todos vinculados a actividades ganaderas en el nordeste de Antioquia, como miembros de ese grupo armado ilegal.

La segunda declaración la entregó tres días después Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, uno de los jefes del Frente Cacique Pipintá, cuando fue entrevistado por Cepeda en la cárcel de Itagüí, Antioquia. Su testimonio es similar al de Monsalve, pues indicó que, siendo gobernador de Antioquia, el senador Uribe Vélez promovió a los paramilitares del grupo de San Roque; que la creación del Bloque Metro obedeció al robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la hacienda Guacharacas; y que esa propiedad fue su primera base, hasta que fue trasladada al corregimiento de Cristales. Además, precisó que ese grupo habría sido conformado para combatir el Frente Bernardo López Arroyave del Eln, al que se le atribuyó el hurto de ganado.

En abril de 2012, cuando fue llamado a declarar ante la Fiscalía General de la Nación por la demanda que interpusieron en su contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por injuria y calumnia, ‘Alberto Guerrero’ se sostuvo esa versión. (Leer más en: Ex ‘para’ ratifica señalamientos contra el expresidente Uribe)

A su salida de esa diligencia, el exparamilitar le dijo a este portal que acudió para ratificar los hechos narrados al senador Cepeda: “¿En qué hechos? En la fundación y creación del Bloque Metro participaron el expresidente Álvaro Uribe, su hermano Santiago, así como los hermanos Gallón y los hermanos Villegas”.

Por otro lado, Guillermo Monsalve y ‘Alberto Guerrero’ señalaron que apoyaron las campañas presidenciales del exmandatario de los colombianos, quien modificó la Constitución Política para hacerse reelegir de manera consecutiva en 2006.  “Le hicimos política. Don Juan y Luis Villegas pusieron los carros para sacar las gentes de las veredas a votar. Se pintaron las paredes con ‘Álvaro Uribe Auc a la Presidencia’, pero don Juan me llamó y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso, que eso estaba afectando a Uribe”, dijo Monsalve sobre los comicios de 2002.

Ahora, cuando está por acabarse la primera década del nuevo milenio, los nombres de Monsalve y Sierra cobraron vital importancia por una demanda que el expresidente Uribe instauró contra Iván Cepeda, que obtuvo un efecto contrario al esperado.

El 17 de septiembre de 2014, el senador del Polo Democrático realizó un debate en el Congreso de la República contra el exmandatario quien, tras conformar un nuevo partido político, regresó al Legislativo con una amplia votación para hacerle oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. En el capitolio, Cepeda expuso varias pruebas sobre los supuestos nexos de Uribe Vélez con narcotraficantes y paramilitares. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Tras finalizar esa sesión, el jefe del Centro Democrático acudió a la Corte Suprema de Justicia para ampliar una demanda que ya había interpuesto contra Cepeda y suministrar pruebas sobre la supuesta manipulación de testigos en su contra.

Sin embargo, la resolución del alto tribunal, emitida el 16 de febrero del año pasado, fue un duro golpe para las pretensiones del demandante, pues no sólo cerró la investigación contra el político del Polo Democrático, sino que generó un efecto búmeran en su contra, compulsando copias para ser vinculado a un proceso penal por manipulación de testigos. De ese modo, Álvaro Uribe Vélez terminó siendo investigado por el delito por el que demandó a Iván Cepeda.

En esa trama de supuestos sobornos están involucradas dos personas cercanas al exjefe de Estado quienes, al parecer, intentaron revertir las declaraciones de Monsalve, ofreciéndole dinero y beneficios judiciales, a cambio de incriminar al senador Cepeda.

Se trata de Álvaro Hernán Prada, actual representante a la Cámara del Centro Democrático, y de Diego Javier Cadena Ramírez, abogado personal de Álvaro Uribe: ambos le habrían hecho los ofrecimientos al exparamilitar. Por esa razón, el pasado 24 de julio la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Uribe y al congresista Prada. (Leer más en: A indagatoria Álvaro Uribe por caso de falsos testigos)

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, aseguró el alto tribunal al momento de abrir ese proceso judicial.

La Corte los investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En el auto de llamado a indagatoria, que hizo que el expresidente Uribe anunciara su renuncia al Congreso de la República, pero que después reversó, el alto tribunal sustentó que “en la actualidad, el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena Ramírez quien, con la colaboración de otras personas, ha contactado en diferentes cárceles -y por fuera de ellas- a exmiembros de grupos paramilitares para que -a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero-, elaboren escritos y videos a favor del senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ y de su hermano Santiago”.

A partir de hoy, la el Alto Tribunal empezará a escuchar a los involucrados en esa presunta red de soborno. Primero escuchará al senador Uribe y al día siguiente al representante Parada. Luego comparecerán decenas de testigos más. Mientras se define ese proceso judicial, en las calles y en las redes sociales aumenta la polarización del país: los defensores de Uribe sostienen que se trata de una trampa y de un montaje judicial, mientras que sus detractores esperan verlo tras las rejas.

Dado que la creación del Bloque Metro es el trasfondo de la indagatoria, presentamos una selección de artículos sobre ese grupo armado ilegal para que los lectores tengan un mejor contexto.

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Por presuntamente haber entregado información reservada sobre el extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera fue capturado en la tarde de este jueves el magistrado Eduardo Castellanos Roso, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Según la Fiscalía General, el togado habría recibido “altas sumas de dinero” a cambio de datos sobre el proceso que hasta 2015 cursó en esa jurisdicción contra ese narcotraficante, actualmente preso en Estados Unidos.

La captura del magistrado ocurre en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en el proceso judicial contra varios exparamilitares del desaparecido Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), del que Mejía Múnera fue postulado a Justicia y Paz en calidad de comandante. En junio de 2017, la entidad consiguió una orden de captura contra la entonces fiscal de la Dirección de Justicia Transicional Hilda Niño Farfán, que durante años había dirigido la investigación contra ese bloque paramilitar.

De acuerdo con varios comunicados públicos de la Fiscalía, Niño se habría aliado con su esposo, Gustavo Adolfo Calero; su asistente, Iván Darío González; el abogado Juan Carlos Restrepo; y la esposa del excomandante paramilitar Orlando Villa Zapata, Milena Paz, para realizar gestiones que impidieran la exclusión de Villa Zapata de Justicia y Paz, así como para buscar beneficios para otros exintegrantes de las Auc. Por esas gestiones, que supuestamente incluyeron la venta de información reservada, Niño y su esposo habrían recibido cuantiosas sumas de dinero.

Este mismo jueves, la Fiscalía anunció que consiguió medidas cautelares para cuatro bienes propiedad de la pareja, ubicados en Florida, Estados Unidos; Bogotá; Sesquilé, Cundinamarca; y Motavita, Boyacá, así como para 175 millones de pesos en efectivo que se encontraban en poder de la fiscal el día de su captura. Los bienes, cuyo valor superaría los 3.800 millones de pesos, “son equivalentes a los valores de los dineros que recibieron por su actividad ilícita”, de acuerdo con la entidad. Todas esas acusaciones, sin embargo, deberán ser estudiadas por un juez.

La expulsión de Mejía Múnera

La acusación de la Fiscalía sobre presuntas relaciones delictivas entre el magistrado Castellanos y Mejía Múnera llama la atención porque fue el propio Castellanos el que ordenó la expulsión de ese narcotraficante de Justicia y Paz, exponiéndolo a pagar las altas penas de la justicia ordinaria. (Vea aquí la decisión)

En una decisión de julio de 2015, Castellanos acogió los argumentos de la Fiscalía, que, conminada por la Corte Suprema de Justicia, solicitó la exclusión por considerar que Mejía nunca estuvo vinculado en el conflicto armado colombiano y que sus relaciones con las Auc se limitaron a proteger sus negocios de tráfico de cocaína y a obtener los beneficios de la justicia transicional. Para esto último, Mejía acordó con las Auc que sería presentado como comandante general del Bloque Vencedores de Arauca.

Al respecto, Castellanos consignó en su decisión: “los diversos elementos materiales probatorios incorporados al trámite por la Fiscalía, y de acuerdo con la postura de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, permiten verificar que estamos en presencia de un narcotraficante puro que tras una falacia al momento de la desmovilización del grupo Vencedores de Arauca posó como comandante y financiador del mismo, para así, de una parte, impedir su extradición, y de otra, obtener los beneficios de la justicia transicional”.

Asimismo, el magistrado consideró: “De ahí que no pueda considerarse a Miguel Ángel Mejía Múnera miembro activo del grupo de autodefensa (…) como que tal adjetivo le corresponde a aquel individuo que comparte los ideales de la organización, o también, a quien con independencia de su ideología y por razón de la paga que se le otorga, se somete a las actividades ordenadas al interior de la organización”.

Castellanos también se refirió a los argumentos de las víctimas y sus defensores, que señalaban que la exclusión de ese ‘narco’ las dejaría sin posibilidades de acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Frente a ello, el magistrado señaló que el derecho a la verdad no se vería afectado porque Mejía solo había visitado Arauca en tres oportunidades y no tenía conocimiento sobre el funcionamiento del bloque, así como sobre “la planificación y determinación de acciones militares”, por lo que no podía ofrecer información sobre los hechos victimizantes. En cuanto a la justicia y la reparación, Castellanos aseguró que los delitos que cometió Mejía serían juzgados en la justicia ordinaria y que, pese a la exclusión, sus bienes serían usados para la reparación en el marco de la justicia transicional, tal como había dispuesto la Corte Suprema.

La condena contra Villa Zapata

En el proceso que cursa en Justicia y Paz contra el Bloque Vencedores de Arauca, Castellanos tuvo a su cargo la ponencia de la sentencia emitida en abril de 2012 contra Villa Zapata, el ‘expara’ que presuntamente sobornó a la fiscal Niño. Otras dos condenas han sido proferidas en esa jurisdicción contra exintegrantes de esa estructura, a cargo de dos magistradas del Tribunal Superior de Bogotá.

En su sentencia, el togado hizo un recuento del conflicto armado colombiano la conformación de las estructuras paramilitares y la trayectoria del Vencedores de Arauca. En esta última, recordó que nació en el 2000 por decisión de Vicente Castaño e hizo un recuento sobre aspectos como conformación del grupo, estructura militar, número de hombres, armamento, finanzas y principales hechos victimizantes.

En el fallo, Castellanos argumentó por qué ese bloque fue una organización militar que participó en el conflicto armado y que tuvo al narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación. Al respecto, señaló que surgió como “una estrategia de ampliación del paramilitarismo” dirigida por la Casa Castaño; le disputó “la hegemonía tradicional” al Eln en Arauca; buscó “rentas asociadas al narcotráfico, combustibles y extorsiones” para sostener “su ejército y sus operaciones”; se condujo por un “régimen disciplinar y el uso de armas de largo alcance”; y contó con la participación de dirigentes políticos regionales y el “respaldo de funcionarios de los organismos de seguridad del Estado”.

La sentencia también señaló que la Fiscalía había documentado a la fecha múltiples hechos victimizantes presuntamente cometidos por el Bloque Vencedores de Arauca, entre ellos 15 masacres, 860 homicidios selectivos, 203 desapariciones forzadas y 418 desplazamientos.

Tras el análisis de la investigación realizada por la Fiscalía, la Sala condenó a Villa Zapata a la pena alternativa de siete años de prisión, uno menos del máximo contemplado por la Ley de Justicia y Paz. (Leer más en: Condenado en Justicia y Paz el ‘para’ que reclutó niños para ‘Los Mellizos’)

Otras decisiones

El recién capturado magistrado Eduardo Castellanos es uno de los más prolíficos de Justicia y Paz. A la fecha, fue ponente de diez sentencias condenatorias, contra los exparamilitares Orlando Villa Zapata, alias ‘La Mona’ (2012); Hébert Veloza García, alias ‘HH’ (2013); José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’ (2013); Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’ (2014); Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Águila’ (2014); Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’ (2014); José Gregorio Martínez Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’ (2015); Wilson Salazar, alias ‘El Loro’ (2016); Eugenio Reyes, alias ‘Geño’ (2017); e Indalecio Jaramillo, alias ‘Fredy’ (2017).

Por esta última decisión, el togado fue noticia en junio de 2017. En el fallo contra Jaramillo y tras analizar las decisiones proferidas hasta ahora en esa jurisdicción, Castellanos concluyó que las Auc no fueron un proyecto nacional con mando central, sino “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI”. (Lea más: “Las Auc fueron una alianza criminal de ejércitos privados”)

La tesis contradecía lo planteado hasta ahora por los demás magistrados, así como la esencia misma de Justicia y Paz, dado que conducía a la conclusión de que el Estado colombiano había creado un sistema de justicia transicional para juzgar “ejércitos privados”. En febrero pasado, tras considerar que la decisión era contradictoria, la Corte Suprema de Justicia la anuló y ordenó iniciar desde cero el proceso de juzgamiento contra Jaramillo, lo que dejó en el limbo la reparación de las víctimas. (Lea más: Anulan decisión que definió a las Auc como “alianza criminal de ejércitos privados”)

Ahora, un juez deberá decidir la suerte de Castellanos, procesado por los delitos de revelación de secreto, cohecho propio y soborno en actuación penal.

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Carlos Areiza sabía que lo iban a matar. Ese era uno de los motivos para ir ventilando la información que tenía como si fuera un gotero. Se medía porque creía que era su seguro de vida. Pero también usaba lo que sabía para su provecho. Cuando le concedió esta entrevista, hasta ahora inédita, a Juan Diego Restrepo y César Molinares, editores en ese momento de VerdadAbierta.com, purgaba una condena de nueve años, diez meses y un día por extorsión agravada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

La entrevista, realizada el 31 de octubre de 2013, no fue publicada antes porque se esperó que terminara de testificar ante la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos implicados en el escándalo de nexos con el paramilitarismo en Antioquia. También, que hiciera llegar a VerdadAbierta.com un video en el que, según afirmaba, registraba varias reuniones del exgobernador Luis Alfredo Ramos, en su calidad de congresista, con varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos Vicente Castaño.

Dos años atrás, el 13 de diciembre de 2011, este pistolero, que se forjó bajo la sombra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el patrón de Bello’, había escapado de unos guardas del Inpec que lo custodiaban durante una cita médica. Dos días después regresó a la cárcel, acompañado por el congresista Iván Cepeda, a quien pidió como garante, y explicó que su fuga se produjo porque, según él, dos sicarios lo iban a asesinar. Luego de ello, siguió colaborando con la justicia, pero continuaron los devaneos sobre sus versiones ante los magistrados.

En esta entrevista, Areiza justifica la forma en la que testificó por miedo. Dice que no sólo atentaron contra su vida en varias oportunidades, sino también contra su familia. Según su versión, sicarios fueron a la casa de sus parientes para amenazarlo y a raíz de esa visita su padre, quien los atendió, enfermó y murió varios días después.
Por esas razones se quedó un año sin declarar. “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró.

El testimonio de Areiza siempre generó controversia. Durante el juicio en la Corte Suprema contra Ramos se retractó varias veces, por lo que fue procesado y condenado por falso testimonio.

Este hombre adquirió relevancia en el expediente que se le abrió a Cepeda tras ser denunciado por el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, ya que parte de sus confesiones fueron utilizadas como prueba en un debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Al final, como un bumerán, la denuncia contra Cepeda fue desestimada por la Corte y determinó que quien debía ser investigado era Uribe Vélez, pues las pesquisas del alto tribunal, que incluyeron interceptaciones telefónicas, evidenciaron que el senador antioqueño estaría presionando, a través de viejos amigos suyos, a algunos testigos que debían comparecer al juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es juzgado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)

El uribismo siempre ha cuestionado el testimonio de Areiza. Una de las razones más fuertes es que sus señalamientos apuntaron contra Ramos, uno de los alfiles más importantes del Centro Democrático y quien, si no fuera por su proceso por parapolítica, se perfilaba como uno de sus más seguros candidatos a la Presidencia de la República. Y otro motivo es que su hijo, Luis Alfredo Ramos Maya, es senador por esa colectividad, lo que le imprime un alto grado de sensibilidad al tema.

Pero esos cuestionamientos quedaron en duda luego de que la Corte revelara que una ficha del uribismo contactó a Areiza en la cárcel de Itagüí a través de Jaime Restrepo Restrepo. Se trata de un abogado, acérrimo defensor del senador y expresidente Uribe, quien admite que visitó al testigo cuatro veces, entre febrero y marzo de 2014.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Restrepo explicó que estos encuentros se dieron luego de que Areiza llamara a la sede en Bogotá de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fortín ideológico del uribismo, en busca de José Obdulio Gaviria.

“Me llamó Fernando Alameda, director de la Fundación, el 21 de febrero de 2014, un viernes, y me dijo que a la oficina había llamado un personaje, que se identificó como Carlos Enrique Areiza Arango, y dijo que necesitaba hablar con José Obdulio, que tenía una información muy importante y a pie juntillas dijeron que no le iban a poner a José Obdulio a hablar con él, entonces que si me podía comunicar con el hombre para ir a entrevistarme con él. Y dije que con mucho gusto”, narra Restrepo.

El primer encuentro se dio el 27 de febrero. De acuerdo con este abogado, en esas conversaciones Areiza hizo referencia a un cartel de falsos testigos del congresista Cepeda contra el uribismo. “Y me entrega unos documentos donde él hace alusión a ese tema precisamente”, recuerda y, además, le dijo que “estaba muy arrepentido de haber declarado contra Luis Alfredo Ramos”.

Areiza luego le diría a la Corte que de esas reuniones surgieron pruebas falsas, entre ellas un documento de varias páginas que, según él, firmó en blanco, y que luego convirtieron en una supuesta carta que incriminaba al congresista Cepeda, pues en ella decía que le había ofrecido 100 millones de pesos para testificar contra Ramos, los hermanos Uribe Vélez y Gaviria.

Restrepo se defiende y asegura que el detenido sí le entregó un documento y una memoria. Al respecto, se pregunta: “¿por qué no le hacen un experticio grafológico a esos documentos que dan fe que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, firmados por él y con sus huellas?”.

Camino a la Corte

La explicación que dio en esta entrevista refleja una doble condición, de testigo y de extorsionista. Inicialmente aceptó que buscó a Ramos y le pidió dinero a cambio de un video que lo incriminaba con exjefes paramilitares de las Auc, pero también aprovechó ese encuentro para documentar que Ramos lo quiso callar.

“Le dije: ‘vea, yo vengo acá porque existe un video y nosotros lo grabamos en esas reuniones’. Y el man me dijo: ‘¿Y usted lo tiene?’. Sí, yo lo tengo. ‘Ah bueno, ¿y qué necesita?’. No, pues qué me ofrece. ‘Ah, que le doy tanto por mirarlo a ver qué es lo que tiene’. Le dije: Muéstreme a ver. Y me dio cuatro millones de pesos. Me dijo: ‘Y si me lo trae, le doy 400 más’. Yo: Listo, voy a hablar con la otra persona para ver qué hacemos”, contó.

Esta puede considerarse la versión inicial de Areiza sobre lo que él vio durante una reunión de la que aseguró participaron Vicente Castaño y Hugo Albeiro Quintero para entregarle “800 millones de pesos” a Ramos. El testigo también asegura que ese no fue el único encuentro de Ramos con excomandantes de las Auc.

Ramos siempre ha cuestionado y tildado de falso el testimonio de Areiza, aunque también ha reconocido que la reunión con ‘Ernesto Báez’ sí se dio pero como parte del proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Uribe Vélez, justo cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzgaría a los desmovilizados de las Auc que dejaron sus armas bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Pero, ¿cómo llegó Areiza a la Corte? La frustración de no poder obtener nada a cambio por las pruebas y un atentado que le hicieron cuando se dirigía a Urabá lo llevaron a buscar ayuda para que le allanaran el camino a las autoridades en Bogotá para exponerles lo que con tanto celo guardó y que, al parecer, en últimas le costó la vida.

En la entrevista Areiza da un dato revelador: después de que se reúnen Ramos y los jefes paramilitares, recurrió al entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria para que le hiciera puente con la Fiscalía General para denunciar la financiación que le estaban dando al entonces candidato a la gobernación de Antioquia.

Según dijo, contactó al mandatario departamental porque creyó que era la única persona en Antioquia a la que “Albeiro no le podía llegar”, refiriéndose a que no tenía vínculos con ilegales. Gaviria entonces delegó esa gestión en su secretario de Gobierno, Jorge Mejía, quien confirmó esta versión a VerdadAbierta.com.

Tras esa reunión es que Areiza empieza a declarar ante fiscales delegados por la Corte Suprema y aseguró en esta entrevista que la fiscal Martha Luz Hurtado fue quien le filtró a Ramos sus declaraciones ante la justicia.

“Llevaba este señor dos, tres meses de posesionado, cuando el escándalo de la revista Semana… que les habían filtrado una información de que se habían reunido (Ramos) con paramilitares, entonces todos los fiscales delegados ante la Corte presentaron la renuncia. La única a la que le aceptaron fue a esta señora Martha Luz Hurtado. Y resulta que nosotros investigando nos dimos cuenta de que yo apenas terminé de hablar con esta señora ella comenzó a contarle todo a Luis Alfredo Ramos”, dijo.

Areiza también aseguró que en una reunión en el Urabá antioqueño los jefes paramilitares le ordenaron seguir al entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien fungía como investigador principal de la parapolítica en su calidad de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Para aquellos años se había desatado una persecución contra Velásquez con la que se pretendía socavar su autoridad y evitar que continuara afectando a congresistas y excongresistas que tuvieron nexos con las Auc. No obstante, Areiza dijo que aprovechó la oportunidad para acercarse a él y empezar a colaborar con la justicia. (Leer más en: El gran complot)

Sus otras historias

Areiza, como él mismo cuenta, tenía otras historias, más allá de lo que había dicho contra Ramos; de acuerdo a lo narrado en esta entrevista, conocía a fondo la relación entre las bandas que controlaban Bello, sus nexos con paramilitares, sectores de la Fuerza Pública, políticos antioqueños y el narcotráfico. Y, asimismo, la forma en la que a través de la empresa Bellanita de Transportes se hacía el puente entre unos y otros. (Leer más en: Óscar Suárez: el cacique que se alió con los ‘paras’)

Fue justo en la calles de este municipio, considerado uno de los más peligrosos de Antioquia y del país, donde fue asesinado Areiza el pasado 14 de abril, un testigo al que la Corte Suprema de Justicia había solicitado proteger, pero que, como él mismo lo reconoció en esta entrevista, sabía que tarde o temprano lo iban a asesinar por todo lo que sabía.

*Juan Diego Restrepo es director de VerdadAbierta.com y César Molinares dirige Colombiacheck.com

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En este artículo, escrito en exclusiva para nuestro portal, el exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, revela que ha recibido amenazas de muerte. Éstas se dan en medio de las recientes intervenciones del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que lo ha señalado como “guerrillero del M-19”, en su intento por descalificar su carrera judicial.

Aunque no tuve que ver con ellas, a raíz de las decisiones del Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema de Justicia de compulsar copias para investigar penalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, empezaron a aparecer en un portal de internet una serie de imágenes y mensajes contra mí. No sólo incluían toda clase de insultos, sino también amenazas de muerte e incitaciones a atentar contra mi vida y expulsarme de Medellín. Me imagino que será por aquello de que “Medellín se respeta” y era la forma de hacerlo respetar.

El asunto, más que preocuparme por mi seguridad personal, me hizo recordar episodios recientes. En Armenia, Cali y Yumbo, Rodrigo Londoño Echeverri, el candidato a la Presidencia por la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), fue objeto de insultos y agresiones verbales y físicas. En Medellín no sólo insultaron a Gustavo Petro, sino que intentaron agredirlo. Los mercados Supercundi y Merkandrea fueron atacados y saqueados en distintas poblaciones, todo porque el Fiscal General ya sentenció que eran propiedad de las Farc, lo cual, dicho sea de paso, es una conclusión ligera y apresurada, y por tanto irresponsable, pues él no es más que eso, el Fiscal, no el juez del caso, así a veces aparezca como el Juez Supremo, cuyas decisiones son inapelables, pero ese es otro asunto.

Algunos piensan que las agresiones contra el candidato de la Farc obedecen a la indignación de los colombianos con los beneficios que recibieron en los acuerdos de paz y el sistema de justicia, porque no se han juzgado y sancionado severamente los crímenes de las Farc-Ep. Nadie se atrevería a negar que los crímenes cometidos por ellos durante el conflicto armado generaron indignación y es cierto que en Colombia hay una aguda escasez o insuficiencia de justicia y que sus distintas instituciones, empezando por la Corte Suprema de Justicia, también adolecen de una grave deficiencia de legitimidad.

Pero no es esa la causa de tales hechos. El déficit de justicia y la ausencia de legitimidad de las instancias judiciales pueden provocar, y de hecho provocan, insatisfacción o indignación entre los ciudadanos. Pero los hechos narrados al comienzo de este artículo son diferentes, cada uno tiene un origen y una explicación distinta y, si se miran bien, no todos obedecen a un fenómeno de déficit de justicia. Sin embargo, en todos se acude al insulto y la agresión moral o física. Los miembros de las Farc-Ep tampoco fueron los únicos que se beneficiaron de los acuerdos. Muchos militares acusados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra recibieron los mismos o similares beneficios y no han sido agredidos en las calles con palos y piedras. El expresidente Álvaro Uribe, en torno al cual hay graves acusaciones por similares crímenes, si bien ha sido abucheado en distintos escenarios, no ha sido objeto de esa clase de agresiones. Y los mismos que se indignan por los beneficios otorgados a las Farc-Ep, son lo que dicen que cualquier investigación y juzgamiento contra el expresidente Álvaro Uribe es una persecución y que si “tocan a Uribe, Colombia se incendia”. Y es evidente que detrás de algunos de esos episodios ha habido promotores y provocadores. Esos hechos, pues, no obedecen a un déficit de justicia o a la falta de legitimidad de sus instituciones.

Lo que estamos viendo no es una simple insatisfacción o indignación con la justicia. Es violencia verbal, moral y física contra ciertas personas, y personas determinadas y contra cosas y bienes. Detrás de esas manifestaciones lo que hay es un fanatismo típico de los fundamentalismos y las sectas políticas y religiosas. Ese fanatismo y sus métodos -la ofensa, la agresión y la violencia moral y física- hacen parte de Estados y políticas autoritarios y son una forma de acallar la diferencia. En éstos, se trata de imponer una sola visión del mundo y la sociedad, que conducen a atacar y eliminar al adversario, al enemigo, moral o físicamente, sólo por pensar distinto. La sociedad colombiana ha exhibido unos preocupantes rasgos autoritarios, que han permitido que esas expresiones aniden entre nosotros y estamos en peligro de convertirnos en una sociedad autoritaria. Sólo que ya no con fustas, palos y camisas negras porque, en vez de apalear al otro, podemos apedrearlo.

Tras el fanatismo hay también un problema de cultura política y la manera como tratamos las diferencias. La cultura política es consustancial a la democracia. La esencia de una sociedad democrática reside en que los ciudadanos deliberan sobre los asuntos públicos o colectivos y los temas que los afectan, y participan en su decisión y solución conforme a unas reglas previamente establecidas, pero que reconocen los derechos de las minorías.

La educación pública, la formación política, la información libre y veraz, la circulación y acceso a ésta y los derechos y libertades de los ciudadanos garantizan que la deliberación y participación sobre las opciones y caminos que debe recorrer la sociedad para satisfacer los derechos individuales y colectivos sea informada, libre y en las mayores condiciones de igualdad posibles. En ese escenario democrático las diferencias se tramitan por medios pacíficos y legítimos. Esas vías incluyen el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libre opinión y expresión y, por ende, el derecho a disentir y a protestar pacíficamente en el escenario público, con arreglo a los principios constitucionales, aunque no se agotan con éstos. Pero de ellos están excluidos la agresión y la violencia moral y física, pues como ya dije, éstos, como método político, hacen parte de concepciones autoritarias del Estado y la sociedad, en las cuales se trata de imponer una sola visión del mundo y eso significa que hay que atacar al adversario, o exterminarlo si se juzga necesario.

La sociedad colombiana tiene que aprender a tratar las diferencias por los canales democráticos y por vías pacíficas. No puede ser que la única manera de resolverlas siga siendo matándonos o agrediéndonos. La sociedad colombiana está llegando a unos extremos preocupantes de violencia y agresión política y es hora de empezar a abordar los problemas colectivos de una manera diferente.

La construcción y configuración de la democracia, no de una democracia formal y aparente, es todavía una tarea pendiente. A eso estamos convocados.

(*) Exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

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Donaldo Antonio Mercado González, más conocido como ‘Polocho’, cabecilla del Frente Julio César Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y quien fue abatido por agentes de la Policía el pasado 17 de febrero en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá, no hubiera alcanzado el control social, político y militar que logró en este rincón del Bajo Cauca antioqueño sin el apoyo de funcionarios y líderes políticos de la región.

Así lo dejan entrever las revelaciones hechas por la Fiscalía 67 de la Dirección contra Bandas Criminales durante la audiencia judicial en que le imputó el delito de concierto para delinquir agravado a Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá y apodado el ‘Político’, capturado por agentes de Policía Judicial en su residencia del corregimiento Barro Blanco de este municipio, justo el mismo día en que cayó muerto alias ‘Polocho’.

Según el Ente Investigador, Sierra Correa terminó vinculado con una tenebrosa estructura del crimen organizado a la que le suministraba permanente información sobre las actividades de la Alcaldía de Tarazá, los movimientos de la Fuerza Pública y el ingreso de funcionarios al pueblo y, en particular, a Barro Blanco, corregimiento taraceño que, de acuerdo con información de la Policía, es controlado por unos 60 hombres en armas que estaban bajo las órdenes de ‘Polocho’.

“Toda persona que entrara a Barro Blanco sin que Sierra Correa le informara a ‘Polocho’, de inmediato era considerado ‘bandido o ley’ por los miembros de la organización criminal; además, le suministraba información al jefe de esta banda criminal sobre las acciones de la Fuerza Pública para que éste pudiera evadir los operativos en su contra”, aseveró el Fiscal 67, quien se apoyó en más de 70 interceptaciones telefónicas en las que se escuchan conversaciones entre el concejal y el extinto jefe de los ‘gaitanistas’ sobre las actividades a desarrollar por los funcionarios municipales en este corregimiento.

En una de ellas, realizada los primeros días de octubre de 2017, ‘Polocho’ le pide a Sierra Correa que corrobore una información según la cual unos funcionarios se desplazarían hasta Barro Blanco. “Amigo, pues yo la verdad no he escuchado nada, la Alcaldesa no está y dejó encargada a la Secretaria de Gobierno, pero ya me pongo en esas”, respondió el concejal.

En otra de las llamadas realizada, al parecer, en la primera quincena de octubre de 2017, el concejal le informa a ‘Polocho’ sobre el ingreso de unos funcionarios de una entidad estatal al corregimiento, “para que esté pendiente de ellos, van en una camioneta blanca con logos de tal color”, le dice.

Sierra Correa, en representación del Partido Verde, obtuvo su curul en las pasadas elecciones para el Concejo de Tarazá con 214 votos. Si bien era la primera vez que presentaba su nombre para un cargo de elección popular, es un líder comunitario reconocido entre los habitantes de este municipio gracias a su participación en la Asociación Campesina de Productores de Barro Blanco (Asoprobaba).

¿Estrategia política?

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan ahora a varios funcionarios de la Alcaldía de Tarazá, quienes estarían vinculados con las Agc, una de las estructuras armadas que actualmente se disputa el control territorial de ese municipio, y del Bajo Cauca en general, con otros grupos ilegales surgidos luego de que concluyera la desmovilización colectiva de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a mediados de agosto de 2006 acordada con el gobierno nacional, y también con la guerrilla del Eln.

Durante el seguimiento al capturado vicepresidente del Concejo se escucharon otras conversaciones de miembros de la administración municipal con alias ‘Polocho’, en las que le anuncian el ingreso de empleados del Estado, miembros de la Fuerza Pública y hasta desconocidos al corregimiento Barro Blanco.

Si algo revela esta y otras capturas realizadas en el Bajo Cauca antioqueño en los últimos meses es que el poder político de la región hoy se encuentra en el radar de las autoridades judiciales. El pasado 30 de enero, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en Medellín al alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, acusado de entablar relaciones con miembros del Frente Virgilio Peralta de las Agc con fines electorales.

De acuerdo con la Fiscalía, el burgomaestre, apoyado por el Partido de la U, buscó alianzas con sectores criminales para que la comunidad votara por él en las elecciones de 2015, donde resultó electo con el 53 por ciento del total de votos (5.817 en total). En noviembre del año pasado, la Policía Nacional capturó un grupo de personas señaladas de tener nexos con los ‘gaitanistas’ que delinquen en el Bajo Cauca, entre ellos el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira; así como el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya; y una enfermera del mismo centro asistencial.

“Y faltan más, porque aquí no mandan ni la Policía ni los alcaldes. Aquí los que mandan son los que sabemos, tienen gente infiltrada en toda parte; por eso es que aquí nadie denuncia, porque más se demora uno en salir de la inspección o de la Alcaldía que esa gente saber quién los está denunciando”, dijo un líder comunitario de Tarazá quien, por razones de seguridad, pidió reserva de su nombre.

Tal situación plantea interrogantes sobre la capacidad de incidencia del crimen organizado en los procesos electorales y las prácticas políticas locales. “Lo que observamos es que estos grupos no sólo están interesados en controlar rentas ilegales, sino que también han estado fuertemente involucradas con el poder político del Bajo Cauca”, declaró Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

De acuerdo con Jaramillo, si bien no existen elementos de juicio sólidos para afirmar que existe una “estrategia política” por parte de estos grupos armados, no se puede descartar la injerencia que dichas estructuras en procesos de contratación pública o en el constreñimiento a líderes campesinos justo en momentos en que se discuten políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que suponen un fuerte ingreso de recursos públicos.

“Luego de la captura del alcalde de Cáceres, la gente del municipio habla con mucha insistencia de que varias obras públicas se estaban manejando en articulación con jefes de organizaciones criminales. Ese tipo de afirmaciones merecen ser investigadas no sólo para claridad del tema sino para saber qué clase de criminales se está combatiendo”, añadió Jaramillo.

Al respecto, Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas de Conflicto y Negociación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), conceptuó que lo anterior podría revelar cómo para las organizaciones criminales del Bajo Cauca, las administraciones municipales continúan siendo un botín, “en el sentido que no sólo les interesa tener injerencia en la contratación, sino también la relación política. Nada raro que se pueda destapar también un capítulo que devele cómo la administración de justicia colaboró con ellos”.

Para Álvarez, “es claro que estos grupos concentran un poder criminal; es decir, no sólo la capacidad de manejar rentas ilícitas sino de concentrar poder político, más allá de si hay ideología o no. Una organización criminal no alcanza la hegemonía en el territorio sino combina la parte militar con la capacidad de usar al Estado local para sus fines. Además, estos grupos aprenden rápido y lo que se ve es una herencia de los tiempos del paramilitarismo”.

¿Historia repetida?

Cuando fiscales y los magistrados de Justicia y Paz le pidieron a Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, excomandante del Bloque Mineros de las Auc, que revelara cuáles fueron sus vínculos con el poder local no vaciló en señalar a Juan Carlos Garcés Estrada y Jorge Iván Valencia Rivera, exalcaldes de Caucasia durante los periodos 2004-2007 y 2008-2011, respectivamente, de quienes dijo eran sus testaferros.

En efecto, labores investigativas de la Fiscalía permitieron esclarecer que varias propiedades del exjefe paramilitar figuraban a nombre de los mencionados políticos. Caso similar ocurrió con Hugo de Jesús Barrera Gómez, exalcalde de Cáceres (2001-2003), de quien ‘Cuco’ Vanoy dijo ser amigo personal al punto de celebrar varios negocios con él. “Con él negocié una finca en Cáceres, la finca El Porvenir, pero eso tuvo problemas y él me mando después la plata. Después le compré una finca en Cáceres, en la vereda Nicaragua”, dijo el otrora hombre fuerte del Bloque Mineros en versión libre realizada el 10 de noviembre de 2010.

En Tarazá, las relaciones de ‘Cuco’ Vanoy con los mandatarios locales fueron aún más estrechas. En abril de 2005, meses de la desmovilización del Bloque Mineros, el entonces alcalde de este municipio, Reinaldo Pozo, rindió homenaje público al excomandante paramilitar, entregándole una placa conmemorativa que fue encontrada en la Finca La Moneda y en la que se leía: “La comunidad del municipio de Tarazá en conjunto con todos los organismos sociales agradecen las obras en pro del desarrollo social y económico de la región al señor comandante Ramiro Vanoy Murillo”.

Pero sin duda las relaciones más estrechas las mantuvo con Miguel Ángel Gómez García, quien fungió como alcalde de Tarazá entre los años 2001-2003 y 2008-2011. En versión libre del 16 de abril de 2008, ‘Cuco’ Vanoy señaló que, siendo alcalde, Gómez García llevó a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan) de esta localidad hasta su base paramilitar para así intimidarlos y obligarlos a renunciar a sus cargos en la Alcaldía.
Sobre estos políticos pesan investigaciones judiciales y varias compulsas de copias ordenadas desde el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín. Con todo y ello, sus nombres volvieron a ser noticia el año pasado.

Según el periodista Leidermán Ortiz, conocedor de las dinámicas del Bajo Cauca antioqueño, personajes como Miguel Ángel Gómez, Juan Carlos Garcés Estrada, Jorge Iván Valencia y Hugo de Jesús Barrera buscaban su reencauche político a través de las llamadas ‘Circunscripciones Especiales de Paz’. “Estaban buscando la forma de apoderarse de una curul, buscando que uno de sus pupilos lograra la candidatura por la circunscripción”, aseguró el comunicador.

VerdadAbierta.com indagó con varias organizaciones sociales de Caucasia y Tarazá quienes confirmaron que, en efecto, políticos cercanos a los exalcaldes citados buscaron insistentemente avales para candidatos que ellos querían postular. “Durante el tiempo que duró la discusión de esas curules me llamaron y me llamaron, personas que uno sabe con quién están haciendo política. Apenas se hundieron, se acabó la llamadera”, dijo una de las fuentes consultadas.

Para este líder social, hay una intención de las organizaciones criminales de cooptar dirigentes comunitarios para ganar legitimidad en el territorio. Ejemplo de ello, dijo, fue el panfleto que circuló la última semana de enero en zona rural y urbana de Tarazá, en el que el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Agc acusa a una reconocida dirigente comunitaria de estar “aliada con la gente de alias ‘Gonzalito’, para que los asesore como líder social (…) y para ganar puntos con sus nuevos socios empieza a inducirlo a sus nefastos caprichos de asesinar a sus antiguos compañeros”, según se lee en el anónimo.

A juicio de Álvarez, esta circunstancia deja al descubierto que, si bien el proceso de paz con las Auc permitió el sometimiento de los principales cabecillas del paramilitarismo, ello no redundó en el desmonte real y efectivo de las economías ilícitas ni en el aparato político construido por ‘Cuco’ Vanoy durante poco más de una década.

No en vano, según la Misión de Observación Electoral (MOE), cuatro de los seis municipios que integran el Bajo Cauca antioqueño presentan altos niveles de riesgo, tanto por factores relacionados con el fraude electoral como por factores asociados a la violencia. Se trata de Zaragoza, El Bagre, Tarazá y Cáceres. En estos dos últimos, el nivel de riesgo es extremo. “La presencia de los grupos armados en la región se convierte en un factor de riesgo en la medida en que, en sus formas de operar, puedan generar fraudes o influenciar las campañas de los candidatos”, señaló Verónica Tabares, vocera de la MOE Antioquia.

Según la integrante de la Misión, Tarazá y Cáceres son municipios en riesgo extremo no sólo por la presencia de organizaciones criminales que se disputan el control del territorio, lo que no sólo está generando una crisis humanitaria, sino también por la presencia de una fuerte economía ilegal, sustentada en el narcotráfico y la minería, “que pueden influenciar de uno u otro modo el desarrollo de las elecciones o el desarrollo de las campañas”.

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“Lo que he buscado resaltar en el libro son historias de personas que se enfrentaron al poder paramilitar y, eventualmente, lograron destapar verdades importantes”, afirma María McFarland al describir la intención que buscaba con su trabajo de investigación, convertido en un libro cuyas páginas abrirán intensas discusiones sobre el paramilitarismo en Colombia y aquellos que estuvieron detrás de esa máquina de guerra.

En las páginas de este libro gravita el espíritu del abogado Jesús María Valle Jaramillo, activista y defensor de derechos humanos, asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina del centro de Medellín por sicarios de la poderosa banda La Terraza que, para esa época, estaba al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Titulé el primer capítulo, que es más que nada sobre Valle, ‘El Profeta’, porque él advirtió desde muy temprano sobre lo que se venía con el paramilitarismo en el país, y sobre sus vínculos con el Estado”, precisa McFarland, quien trabajó para la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) observando lo que sucedía en Colombia. Fueron seis años, entre 2004 y 2010, los dedicados al análisis del país como Investigadora Principal para las Américas.

En esta entrevista, McFarland, quien es la directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, la principal organización no gubernamental en Estados Unidos que aboga por ponerle fin a la guerra contra las drogas, alude a las motivaciones que tuvo para abordar esta investigación y las dificultades que enfrentó; y detalla aspectos de los tres personajes sobre los cuales giran sus historias: además de Valle Jaramillo, están Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que adelantó los procesos de la llamada ‘parapolítica’, y el periodista Ricardo Calderón, de la revista SEMANA, quien investigó casos connotados relacionados con el paramilitarismo.

“En mi experiencia trabajando en Colombia descubrí que está lleno de personas valientes, honestas, y profundamente comprometidas con la justicia y la verdad, y en algunos casos, han logrado grandes avances”, reitera McFarland, pero también se cuestiona sobre las actitudes del expresidente Uribe, quien, según ella, no la quiso atender para contrastar la información.

A continuación, este portal reproduce la entrevista realizada a la investigadora, que estará el próximo martes en The PowerHouse Arena, Nueva York, presentando su libro, en una fecha significativa: la conmemoración de los 20 años del homicidio de Valle Jaramillo.

Más allá de un artículo

VerdadAbierta.com (VA): Libros sobre paramilitarismo en Colombia hay muchos, ¿por qué decidió sumarle uno más a la estantería? 

María McFarland (MF): En Colombia hay excelentes libros sobre paramilitarismo, pero fuera del país son relativamente pocos, y menos aún dirigidos a un público general y no especializado. Yo cubrí Colombia durante seis años para Human Rights Watch, y en todo ese tiempo me quedó muy claro que el paramilitarismo había sido (y en gran medida seguía siendo) una fuerza importantísima en el país, que había distorsionado las instituciones y hecho un daño tremendo. Pero fuera de Colombia, la gran mayoría de personas sólo saben de Pablo Escobar o, a lo mucho, de la guerrilla de las Farc.

VA: ¿De dónde surgió la idea de este libro y cuánto tiempo empleó en su desarrollo?

MM: Cuando dejé de cubrir Colombia para HRW me quedé con las ganas de contar algunas de las historias que había conocido, pero de una forma que explorara más a fondo las vidas y experiencias de los personajes, no sólo en un informe de derechos humanos, en un listado de casos o en un documento sobre política.

En el 2012 empecé a conversar con Iván Velásquez, a quien había conocido a través de mi trabajo, para ver si podía escribir un artículo sobre su historia. Pero, con el tiempo, me quedó claro que un artículo se quedaría corto y lo que necesitaba era escribir un libro. La idea fue evolucionando a lo largo de los siguientes años con múltiples viajes a Colombia, centenares de entrevistas y análisis de documentos. Finalmente, en el 2015, tuve el concepto claro y encontré una casa editorial, Nation Books, que lo publicara. Luego, durante los siguientes dos años estuve escribiéndolo.

VA: El paramilitarismo en Colombia tiene bastantes aristas. En su libro, ¿qué camino recorre para dar cuenta de ese fenómeno armado, social y político?

MM: Lo que he buscado resaltar en el libro son historias de personas que se enfrentaron al poder paramilitar y, eventualmente, lograron destapar verdades importantes. Demasiadas veces las historias que se cuentan de Colombia se enfocan en personajes siniestros, narcotraficantes, asesinos, líderes de grupos armados, o a lo sumo, en agentes de la DEA o de la Fuerza Pública. Pero en mi experiencia trabajando allí descubrí que está lleno de personas valientes, honestas, y profundamente comprometidas con la justicia y la verdad, y en algunos casos, han logrado grandes avances. En ese sentido, el libro también busca ofrecerles esperanza a personas en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, que también se enfrentan a situaciones terribles con valentía, dignidad y compromiso.

El libro contiene datos y testimonios nuevos sobre distintos temas, como la muerte de Jesús María Valle, y la relación entre la Gobernación de Antioquia y los paramilitares. Pero más allá de esos insumos, que en todo caso tendrían que ser investigados, lo que el libro resalta son las historias de los personajes involucrados. En Colombia, mucha de la información en el libro ha salido en los medios, pero normalmente como notas de prensa. El libro la contextualiza y explora sus dimensiones humanas.

VA: Tres personas son destacadas en su libro: el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, y el periodista de la revista SEMANA Ricardo Calderón. ¿Qué la llevó a entrelazar esas personas y qué puntos comunes hay entre ellos?

MM: Las historias se entrelazaron de forma natural. Empecé entrevistando a Iván Velásquez y, en algún momento, me dio la copia de un discurso que había dado cuando recibió un premio de derechos humanos del International Bar Association, otorgado en Dubai en 2011. Al final del discurso, Velásquez habló sobre Jesús María Valle, quien había dicho la verdad y pagó por ello con su vida. Eso me llevó a preguntarle sobre Valle. Y mientras más indagaba, más claro me fue quedando que Valle era un personaje central, no sólo por el impacto que su muerte dejó en Velásquez, sino por el papel que jugó desde muy temprano, tratando de destapar la verdad sobre los vínculos entre el paramilitarismo y el Estado.

Por otro lado, todo lo que pasó con Velásquez (los escándalos de ‘Tasmania’, la ‘Casa de Nari’, y los seguimientos del DAS) no se pueden explicar sin contar la historia de la revista SEMANA y, específicamente, del periodista Ricardo Calderón, quien destapó mucho de lo que estaba pasando en esos casos.

VA: Uno de los problemas que enfrentan los investigadores de estos temas en el país es el acceso a la información. En su caso, ¿a qué fuentes acudió y qué dificultades tuvo para acceder a distintos tipos de fuentes?

MM: Revisé expedientes de procesos penales, incluyendo el del homicidio de Valle, el del allanamiento al Parqueadero Padilla (donde se hallaron los libros contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -Accu) y el de la masacre de El Aro, al igual que sentencias en los casos de la “parapolítica”. También conseguí otros archivos, videos, audios y materiales a través de distintas fuentes, y consulté libros. Finalmente, hice centenares de entrevistas con los personajes, sus familias, colegas y amigos, y con otras personas que podían tener conocimiento de los principales hechos cubiertos por el libro, incluyendo a funcionarios, magistrados, fiscales e investigadores, periodistas, y personas del entorno del expresidente Álvaro Uribe. También intenté hablar con exjefes paramilitares quienes, según lo informado en medios o sobre la base de lo que habían dicho en sus versiones libres ante jueces y fiscales, podrían tener información relevante.

El trabajo tomó mucho tiempo, ya que un hilo de la historia muchas veces me llevaba a nuevos temas que necesitaba investigar. No logré entrevistar a todos los exjefes paramilitares que habría querido, ya que en algunos casos sus abogados no lo permitieron. Por otro lado, a pesar de mis reiteradas solicitudes a lo largo de estos años, el expresidente Uribe nunca me concedió una entrevista ni contestó el cuestionario detallado que le envié, así que para presentar su punto de vista tuve que apoyarme en su autobiografía, en las declaraciones que él había dado en los medios o en comentarios de sus asesores.

El espíritu de Valle Jaramillo

VA El libro tiene una columna vertebral, que es el caso del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ¿qué la motivó a escogerlo a él?

MM: Titulé el primer capítulo, que es más que nada sobre Valle, “El Profeta”, porque él advirtió desde muy temprano sobre lo que se venía con el paramilitarismo en el país, y sobre sus vínculos con el Estado.

Por otro lado, la historia de Valle fue para mí sumamente conmovedora. Los detalles que aparecen en el libro y que compartieron personas cercanas a él muestran a una persona de una gran nobleza, humildad y, sobre todo, de un profundo compromiso con los más necesitados. Valle sabía que seguramente lo iban a matar por las denuncias que estaba haciendo, pero nunca aceptó salir del país, porque para él era inconcebible hacer otra cosa. Tenía que defender a su pueblo, a la gente de Ituango, y hacer todo lo posible por detener la barbarie que ya estaba viendo.

A la vez, como lo dijo Iván Velásquez en su discurso ante el International Bar Association, Valle representa a miles de otras personas que sacrificaron sus vidas por contar la verdad. De algún modo, espero que el libro los reconozca y honre a todos.

VA: ¿Cuáles son los nuevos detalles alrededor del caso de Jesús María Valle que encontró en el desarrollo de su investigación?

MM: El libro incluye mucha información sobre las denuncias que Valle hizo sobre paramilitarismo en Antioquia desde 1996. Tengo una carta de Valle al gobernador Uribe (ya conocida) del 20 de noviembre de 1996 en la que le hace la denuncia y pide su intervención para salvar las vidas de la gente de Ituango. Luego narro la versión que me contó un testigo sobre una reunión que Valle habría sostenido con Uribe el 9 de diciembre de 1996 acerca de sus denuncias.

Según el testigo, delante de Valle, Uribe habría llamado al general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín, y le habría dicho que Valle estaba allí haciendo denuncias falsas contra él que ameritaban una demanda por calumnia. Por cierto, Uribe ha dicho recientemente que Manosalva ya había muerto para entonces, pero eso no es cierto. Manosalva murió varios meses después (el 19 de abril de 1997). Luego, Uribe le habría dicho a Valle que le hiciera las mismas denuncias a Manosalva. Uribe también habría dado órdenes para organizar una visita con el Ejército y con Valle a Ituango, donde Valle había denunciado la existencia de fosas comunes, pero la noche anterior a la visita le habrían avisado que no había espacio en el helicóptero para él, así que no pudo asistir.

También hay detalles de cómo Valle y otros (incluyendo a Amparo Areiza, hija de Marco Aurelio Areiza, tendero de El Aro asesinado durante la masacre) les habrían avisado a las autoridades que los paramilitares estaban en El Aro. Según distintas fuentes, se comunicaron con la Cuarta Brigada, la Policía y la Gobernación, pero no recibieron respuesta. En algunos casos, los funcionarios les habrían dicho que no podían hacer nada debido a que se avecinaban elecciones, o les prometieron hacer una reunión varios días después.

Finalmente, el libro incluye comentarios que me hicieron exjefes paramilitares acerca de la relación cercana que tuvieron con Pedro Juan Moreno, el entonces Secretario de Gobierno de Antioquia, durante la administración de Álvaro Uribe (1995-1997). Por ejemplo, Raúl Hasbún me habló sobre las reuniones que él sostuvo con Moreno, y cómo Moreno sabía perfectamente que las Convivir eran los paramilitares. Diego Murillo (alias ‘Don Berna) también me dijo por correo electrónico que el asesinato de Valle se llevó a cabo “a solicitud de” Moreno, cosa que Murillo ya había dicho en una versión libre en 2012. El libro también tiene una declaración que Murillo me dio a mí por e-mail, en la que afirma que Uribe ordenó la muerte de Moreno. Por supuesto, también resalto que Uribe siempre ha defendido a Moreno y ha dicho que Murillo no tiene credibilidad porque Uribe lo extraditó.

Sombra de impunidad

VA: Con respecto a lo ocurrido en Antioquia con el paramilitarismo, ¿qué sensación le dejó establecer que una investigación que llevó a ubicar al contador de las Accu y todas sus finanzas en aquel momento derivó en muertes y persecuciones?

MM: No me sorprendió aprender más sobre lo sucedido con los investigadores (del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía) en el caso del Parqueadero Padilla, porque yo ya tenía claro que los paramilitares a fines de los noventa habían permeado muchas instituciones del Estado. Sin embargo, las historias de todos estos personajes que se atrevieron a investigar el paramilitarismo, a pesar de los enormes riesgos que enfrentaban, me conmovieron muchísimo.

Conocer más de cerca cómo, uno a uno, los paramilitares asesinaron o provocaron la huida de investigadores y fiscales idealistas y valientes me generó una profunda tristeza e indignación. A varios de los sobrevivientes, además, esta experiencia los marcó de por vida, porque estuvieron tan cerca de destapar gran parte de la verdad sobre el paramilitarismo, pero sintieron que esa oportunidad finalmente se perdió, y el costo, con tantos investigadores muertos, fue altísimo.

Algunos de los exjefes paramilitares, como Rodrigo Zapata y Raúl Hasbún, me confirmaron que la captura de Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, y el allanamiento al Parqueadero Padilla había sido un duro golpe a los paramilitares, ya que ‘Lucas’ era muy cercano a Carlos Castaño, y funcionaba como su contador, y los documentos encontrados en el parqueadero incluían muchísima información sobre los financiadores de los paramilitares. Y ‘Don Berna’ ha dicho que los asesinatos de los investigadores del CTI se cometieron para intimidarlos, para que no avanzara la investigación del parqueadero.

VA: ¿Usted cree que en esas muertes y en esas persecuciones hubo complicidad de sectores del Estado?

MM: Definitivamente hubo paramilitares que se infiltraron en el CTI de Medellín; de hecho, cuando Iván Velásquez empieza como fiscal regional de Antioquia. en 1998, crea un grupo aparte de investigadores de confianza, porque ya tenía informes de contrainteligencia (recopilados por Diego Arcila, experto del CTI en interceptaciones, quien luego fue asesinado) que mostraban que había sectores del CTI que estaban trabajando con los paramilitares. Por otra parte, en el momento en que la Fiscala General ordena el traslado de la investigación por lo del Parqueadero Padilla a Bogotá, una persona desconocida cambio la orden de traslado de ‘Lucas’ y lo envió a un fiscal de Medellín, quien lo puso en libertad. Años después, Hebert Veloza, alias ‘HH’, dijo que los paramilitares habían pagado millones de dólares por la libertad de ‘Lucas’.

VA: ¿Qué responsabilidad le atribuye usted a sectores estatales que, en últimas, evitaron que se conocieran a los financiadores de las Accu?

MM: Es claro que Iván Velásquez y otros en Medellín sintieron que no recibieron el apoyo adecuado desde el CTI o la Fiscalía a nivel nacional, y que la decisión de enviar el proceso a Bogotá les hizo daño a las investigaciones que estaban avanzando. La fuga de ‘Lucas’ fue un golpe duro, ya que allí se perdió un importantísimo testigo que era muy cercano a Carlos Castaño. Recién varios años después se dio el allanamiento a Funpazcor, pero yo no pude establecer lo que sucedió con el resto de la investigación, que en un principio generó alrededor de 500 cuentas bancarias congeladas. Funcionarios involucrados defendieron la investigación en Bogotá, pero, al parecer, posteriormente se dividió en varios pedazos, y nadie me pudo describir resultados concretos. Yo no pude rastrear ese proceso, pero sería interesante que alguien lo hiciera.

Por otro lado, Velásquez y otros en la fiscalía regional sintieron que la decisión de eliminar su grupo especial de trabajo en el CTI, y la falta de apoyo desde el nivel central puso a los investigadores en mayor riesgo. Efectivamente, Diego Arcila fue asesinado después de la disolución del grupo especial. Funcionarios del CTI y la Fiscalía en Bogotá dicen que ellos hicieron todo lo que pudieron por brindarles seguridad y que las decisiones que tomaron eran adecuadas o necesarias; pero evidentemente, hay puntos de vista muy distintos al respecto. Lo cierto es que murieron muchos, y la investigación no parece haber dado los resultados que habría podido tener.

VA: En el tema de la llamada parapolítica, ¿considera que la extradición en 2008 de los principales jefes de las Auc, ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe, fue una estrategia para silenciarlos y evitar que se conociera la verdad sobre los reales nexos con sectores políticos y económicos?

MM: Yo no he podido llegar al fondo de ese asunto, pero es cierto que la forma en que se tomó la decisión fue muy extraña. El expresidente Uribe dijo en su autobiografía que los paramilitares fueron extraditados porque no estaban cumpliendo con las obligaciones del proceso de Justicia y Paz, y porque estaban delinquiendo. Pero la revista SEMANA había publicado pruebas desde un año antes que mostraban que varios paramilitares estaban delinquiendo desde la cárcel, así que es difícil entender la demora.

El general Óscar Naranjo me dijo que el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le había pedido desde el momento en que fue nombrado Director de la Policía que le trajera cualquier información que indicara que estaban delinquiendo; efectivamente, Naranjo dijo que lograron interceptar legalmente llamadas que indicaban que alias ‘Macaco’ (Carlos Mario Jiménez) y Diego Murillo estaban delinquiendo, y que sobre la base de esa información, el Presidente decidió extraditarlos. Pero eso finalmente no explica por qué extraditó a todos a la vez.

Por otro lado, la extradición coincidió con un momento complicado, en el que la gente de Diego Murillo, como alias ‘Job’ (Antonio López, exparamilitar desmovilizado) se habían estado reuniendo en la Casa de Nariño con funcionarios del gobierno de Uribe. En meses anteriores, a Murillo lo habían movido a la cárcel La Picota, donde había tenido condiciones mejores que en Cómbita, y donde al parecer estuvo grabando a otros personajes, buscando información contra distintas personas. Una hipótesis que se menciona en el libro es que entre sus versiones libres y sus presiones al gobierno, los paramilitares se le estaban convirtiendo en un problema demasiado complicado y fue más fácil extraditarlos.

VA: ¿Cree que esa supuesta trama de acallarlos funcionó?

MM: Durante varios meses, los paramilitares extraditados estaban ocupados lidiando con sus problemas jurídicos en Estados Unidos. Además, hubo demoras en organizar el acceso a los paramilitares por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Así que si ese fue el objetivo, funcionó por un tiempo.

Después, algunos (no todos) de los extraditados empezaron a hablar de muchos temas. Sin embargo, cada vez que han dicho algo sobre el expresidente Uribe, él les ha restado credibilidad porque dice que es venganza por la extradición.

VA: Tras su extensa investigación, y ponerle punto final a su libro, ¿qué piensa hoy del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en quien recae gran parte de las tramas más siniestras que describe en su libro?

MM: Yo veo al expresidente Uribe como un personaje sumamente complejo, con un enorme intelecto y gran capacidad de trabajar. Yo me crié en Perú e, incluso, voté por el Alberto Fujimori en una ocasión debido a que sentí que había traído orden en una situación caótica, en medio de la guerra, aunque después me decepcioné gravemente cuando me di cuenta de sus abusos y corrupción. Pero entiendo hasta cierto punto a los colombianos que han apoyado a Uribe.

Lo que no entiendo es como un líder que siempre se ha jactado de saber todo lo que está pasando en el país y en su gobierno, que trabaja sin parar, y que es tan inteligente, no pudo haber sabido de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ya hay cantidades de personas de su gobierno condenadas por vínculos con los paramilitares u otros graves delitos, por ejemplo, Jorge Noguera, los involucrados en el escándalo del DAS, su jefe de seguridad extraditado, gran parte de su coalición en el Congreso. Y hay graves acusaciones en cuanto a otros, como Pedro Juan Moreno. El Presidente los ha defendido en muchos casos, pero es absurdo insistir en que todo es un montaje. Entonces la pregunta es: ¿el expresidente no sabía lo que sucedía? ¿No lo quiso ver? ¿O pasa algo más allí?

Obviamente, el expresidente tiene algunos seguidores que, al igual que los seguidores de Fujimori en Perú, nunca van a hacerse estas preguntas difíciles. Pero son esenciales para cualquier Estado que desea llamarse democrático, que está construido sobre la base del estado de derecho y principios, y no sobre el apoyo ciego a ciertos individuos.

VA: En todo el recorrido que ha hecho por una parte de la historia del paramilitarismo en Colombia queda en evidencia una gran impunidad. Al respecto, ¿qué reflexiones ha hecho?

MM: Es muy cierto. Y refleja la debilidad de las instituciones democráticas frente al inmenso poder de la mafia y las armas en el país. Entre los sobornos y las amenazas, es muy difícil tener un sistema de justicia que funcione. Claro que hay algunas personas honestas que a veces logran tener resultados increíbles con sus investigaciones, pero lo logran con enormes sacrificios. Otros, como Valle, han muerto en el intento.

Lamentablemente, yo no le veo una solución fácil a esto. Creo que un aspecto fundamental del problema son los enormes recursos del narcotráfico, que le dan un poder inmenso al crimen organizado, que a su vez corrompe a las autoridades. En ese sentido, el presidente Santos tuvo razón cuando, junto con sus colegas en México y Guatemala, le pidió a las Naciones Unidas que reconsideraran las políticas internacionales de drogas, porque la prohibición inevitablemente alimenta el crimen y la corrupción. Pero repensar el sistema no es cosa fácil y no se va a hacer de la noche a la mañana.

Por otro lado, me parece fundamental rodear y apoyar a las personas que sí están intentando hacer justicia, a pesar de las dificultades. Espero que este libro, al contar las historias de algunas de estas personas, en algo contribuya a eso.

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No una, sino dos y tres veces, el Tribunal Superior de Medellín afirmó que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones de la guerrilla, se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.

Tal señalamiento está incluido en la sentencia de segunda instancia, fechada el 25 de noviembre de 2017, pero dada a conocer ayer, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación presentado por los abogados de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, comerciantes de Ituango, Antioquia, quienes fueron condenados a 30 años de prisión como coautores del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 28 de febrero de 1998 en su oficina del centro de Medellín. (Descargar sentencia)

Al abordar el contexto histórico que rodeó el crimen de Valle Jaramillo, el magistrado ponente, Óscar Bustamante, consideró “muy importante establecerlo para entender las motivaciones” de ese asesinato, perpetrado por sicarios de la banda La Terraza, siguiendo órdenes de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Tras detallar que en los últimos sesenta años la influencia de grupos subversivos, de ideología de izquierda, “han subsistido a pesar de la terminación de la guerra fría entre los Estados dominantes”, lo que ha generado muerte y dolor en gran parte del país, estableció que sus estrategias, tanto militares, como económicas y políticas, han sido “dominar territorios extensos” en los cuales asentaron su poder “para tener secuestrados, como también para la producción de sustancias narcóticas, medio que ha servido para financiar los altos costos de sostenimiento”.

Siguiendo esa reflexión, el ponente de la sentencia aseguró que, en el departamento de Antioquia, para 1995, se presentó “una propuesta muy radical y de mano fuerte en contra de la guerrilla [que] fue liderada por el entonces gobernador de Antioquia, Dr. Álvaro Uribe Vélez, pero fue toda una organización de la cual participaron otros estamentos, tanto económicos, industriales, militares, cívicos, etc.”. Su visión sobre este fenómeno llevó a magistrado a determinar que “se tiene la creencia que fue un solo estamento, el militar, pero es calculado error para evitar responsabilidades”.

Con base en pruebas allegadas al proceso contra los hermanos Angulo que provienen de los tribunales de Justicia y Paz, en los que se juzgaron a centenares de paramilitares, la sentencia precisó que los grupos de autodefensas “estaban comprometidos, como aparato armado, a hacer el ‘trabajo sucio’ […] es decir, aquel trabajo que no lo podían hacer los otros gremios, ni las instituciones estatales, ni las militares, no los organismos, ni los gremios privados”.

Panorámica del corregimiento El Aro, de Ituango. Foto: Juan Diego Restrepo E.No obstante, a paramilitares y a sus colaboradores los unía un fin común: terminar con la guerrilla. “Cada uno apoyaba y daba su parte, ya sea el económico, el político, el de inteligencia, el de apoyo militar, el de manejo de medios de comunicación, etc. El narcotráfico privado fue bienvenido en la idea de financiar la guerra”, conceptúo el alto tribunal.

Una de las estrategias para atacar a la guerrilla, particularmente a las Farc, era socavar su apoyo social y económico, con lo que sería más vulnerable. La sentencia consigna que ese tipo de acciones hacían parte de la llamada “guerra sucia”, en la que “imperaban las ejecuciones fuera de combate de quienes eran considerados miembros, auxiliadores, colaboradores o simpatizantes” de las organizaciones subversivas. De acuerdo con lo registrado en la decisión, si bien las “labores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Policía y de Seguridad, lo mismo que la de los mismos grupos de Autodefensas, cumplían su papel, en una buena cantidad de situaciones ellos no fueron objetivos en la selección de personas ‘amigas’ de las Farc, que eran ultimadas”.

En esa línea de reflexión aparecen entonces aquellos activistas que comenzaron a denunciar ese tipo de alianzas ilegales, entre ellos Valle Jaramillo, quien alertó a las autoridades regionales sobre la llegada de grupos paramilitares a su tierra natal, Ituango. Su clamor fue recogido en una entrevista que, en 1996, le concedió al diario El Colombiano, de Medellín: “Desde el año pasado le pedí al Gobernador y al comandante de la IV Brigada que protegiera la población civil de mi pueblo, porque de septiembre a hoy han muerto más de 150 personas”. No le creyeron. Pocos días después, el entonces gobernador Álvaro Uribe (1995-1997), lo señaló de “enemigo de las Fuerzas Armadas” y fue denunciado por calumnia.

Al respecto, el Tribunal Superior de Medellín aseveró que en ese ambiente de mediados de la década del noventa “resultaba inconveniente para los intereses de los aliados contra la guerrilla que se supiera de esa alianza, era inaceptable desde todo punto de vista que ello se diera a conocer en los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional, al fin y al cabo se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, incluso verdaderos genocidios, a la vez que delitos ordinarios”.

Es por ello que el alto tribunal consideró que todos esos delitos “comprometen penalmente no sólo a sus autores materiales, sino también a quienes son parte de esa organización, incluyendo a sus aliados”.

El drama de Ituango

En abril de 2015 la comunidad instaló esa cruz para honrar la memoria de las víctimas de la masacre cometida el 22 de octubre de 1997. Tiene 15 tornillos y cada uno representa a una víctima. Foto: Juan David Restrepo O.Valle Jaramillo no escatimó tribuna pública para alertar sobre la tragedia que se cernía sobre su pueblo natal. Apeló a diversos medios para advertir que grupos paramilitares estaban confinando a los campesinos en sus veredas, impidiéndoles comprar sus alimentos en el pueblo. También estaban siendo masacrados, sin que las autoridades reaccionaran los protegieran.

Uno de los más duros cuestionamientos que hizo este defensor de derechos humanos lo consignó en una declaración que rindió ante un fiscal regional el 6 de febrero de 1998, tres semanas antes de su muerte: “Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”. (Leer más en: Jesús María Valle, abogado asesinado en 1998)

Una de las mayores tragedias que vivió esta región fue la masacre de El Aro, perpetrada por comandos de las Auc entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, que dejó 15 personas muertas, cientos de desplazados y un caserío a medio destruir por el fuego. Sus pobladores aún luchan por superar esas cicatrices. (Leer más en: En El Aro luchan contra el abandono y la soledad)

Oriundos también de Ituango, los hermanos Angulo, sentenciados a 30 años de cárcel por el crimen de Valle Jaramillo, tuvieron una activa participación, según el Tribunal Superior de Medellín, en el direccionamiento de las acciones de grupos paramilitares en su pueblo. La sentencia fue reiterativa en señalar que ambos comerciantes, además de ser narcotraficantes, apoyaron sin ambages a esas fuerzas irregulares: “prestaron sus res dencias, facilitaron armas y vehículos, realizaron pagos mensuales a los miembros de la organización, tenían el control contable de los gastos de ese grupo en el municipio”.

Esas alianzas fueron consolidando un dramático panorama de vulneración de derechos humanos en Ituango que fue destacado en la sentencia: “Desde el año 1995, finales, todo 1996, 1997 y parte de 1998, la estrategia militar en el mencionado sector se mantuvo por parte de las Autodefensas, los homicidios selectivos fueron aumentando, insistimos con la ayuda de las Fuerzas Armadas, de Policía, Das, Gobernación de Antioquia, y las Convivir de ese sector y las familias influyentes de la región”.

Ante las constantes denuncias de Valle Jaramillo sobre lo que ocurría en su pueblo, la decisión constató que sus súplicas expuestas ante Uribe Vélez y sus subalternos, así como ante la IV Brigada del Ejército, comandada en aquel tiempo por el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, fueron desestimadas: “La respuesta obvia fue evasiva, de tomadura de pelo, de no pararle atención, pues como se probó con el tiempo, estas entidades estaban aliadas con los grupos de Autodefensas”.

Respaldo institucional

El Tribunal cuestiona el rol de varias dependencias gubernamentales durante los hechos de violencia ocurridos en Ituango en los 90. Foto: archivo Semana.Uno de los aspectos relevantes descritos en la sentencia está relacionado con el apoyo que los hermanos Angulo recibieron de sectores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en Medellín. Según el magistrado ponente, “tenían expedientes penales e informes de policía respecto a lo ocurrido en el municipio”.

Expedientes judiciales que hacen parte de este proceso dan cuenta de informes de policía judicial que relataban cómo los Angulo llegaban con expedientes a las reuniones con paramilitares. “Días antes de la muerte del defensor Jesús María Valle Jaramillo se presentaron dos reuniones en Medellín en las que estuvieron presentes los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, y Román Tapias, quienes con copia de un expediente que les llevaba en su contra la Fiscalía, analizaron la situación, ya que ellos estaban implicados en actividades paramilitares y debían tener mucho cuidado”.

Otra reunión, sostenida ocho días antes del crimen de Valle Jaramillo, fue reportada así: “Se cumplió otra cita con los hermanos aludidos y con la presencia de Jairo Castañeda y Román Tapias, donde se analizaron las declaraciones que Valle estaba dando públicamente sobre el compromiso de la familia Angulo con los paramilitares en Ituango y se acordó que había que tener mucho cuidado con ese doctor. En esa segunda reunión tenían copias de otros expedientes que les llevaba la Fiscalía”.

La sentencia también consignó que investigadores del DAS enviados desde Bogotá intentaron desviar las investigaciones contra los Angulo por el crimen de Valle Jaramillo: “También surge con suficiencia el hecho que existieron claros elementos en los cuales se desprende que el DAS tenía la voluntad de conocer la investigación e interferir en la misma”. Un dato adicional ofreció la decisión en ese sentido: “Era conocido en el medio la cercanía de Pedro Juan Moreno (para la época Secretario de Gobierno de Antioquia) con el director de la entidad (DAS) el doctor Mancilla”.

Ese respaldo institucional que garantizaba total impunidad, tal como lo detalló este portal en días pasados, también benefició al caballista, narcotraficante y confeso financiador de grupos paramilitares Santiago Gallón Henao, capturado recientemente en Cúcuta. (Leer más en: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)

Silenciar a Valle Jaramillo

El 27 de febrero de 2015, el hoy ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidió perdón a nombre del Estado por el asesinato de Valle. Foto: Ricardo Cruz.De acuerdo con las pruebas evaluadas por el Tribunal Superior de Medellín, existía un alto interés del secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, de silenciar al defensor de derechos humanos. “Fue el principal promotor de ese hecho, reiteramos, en la idea de impedir que se diera a conocer la alianza entre los mandos institucionales y de Autodefensas. A más por cuanto eran también responsables de la cantidad de homicidios y desplazamientos y en general de la ejecución de la política orientada al exterminio de las guerrillas, sus simpatizantes y auxiliadores”.

Pero los conceptos de alto tribunal no quedaron allí. Sus reflexiones ahondaron en el papel de la administración departamental: “Fueron los funcionarios de la Gobernación quienes más influyeron en la decisión de Carlos Castaño de dar la orden de muerte, ello para evitar que se descubriera la alianza que existía”.

A juicio del magistrado ponente, “los funcionarios de este ente territorial operaban en forma armónica, no era una actividad aislada de un funcionario particular, sino, repetimos, como parte de su lema de acción política. Las cartas, las actas de reuniones, los oficios enviados, las comunicaciones de todo orden muestran una idea de la indiferencia de lo denunciado y de conocimiento de lo que realmente estaban haciendo las Fuerzas Militares con las Autodefensas”.

Retomando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Nación en noviembre de 2008 por el crimen de Valle Jaramillo y las masacres de El Aro y de La Granja, ocurrida el 11 de julio de 1996, el tribunal consideró que estudiadas las pruebas “en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Por todas estas razones, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue al senador, expresidente y exgobernador Álvaro Uribe Vélez; al general Carlos Alberto Ospina, comandante para aquella época de la IV Brigada; al entonces comandante del Batallón Girardot, coronel Germán Morantes Hernandez; y a varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía.

Esta compulsa de copias se suma a la proferida en febrero de 2015 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que valoró el testimonio de una víctima de la incursión paramilitar a El Aro, quien el 25 de septiembre de 2014 acudió a ese tribunal para denunciar que durante la incursión armada los paramilitares habrían recibido apoyo del helicóptero de la Gobernación de Antioquia. (Leer más en: El Aro: la masacre por la que ordenan investigar a Álvaro Uribe)

“Como lo hemos manifestado hasta la saciedad, existe un patrón en todas las masacres ocurridas por las Autodefensas en ese tiempo, la alianza con las Fuerzas Militares es indiscutible, son los mismos líderes de la organización paramilitar quienes la confirman, lo dicho además es concluido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ese apoyo hubiese sido imposible cometer los homicidios selectivos, hacer incursiones armadas y masacres, el sólo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento, de no combatirlos como esa su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y, por supuesto, con los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la Gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango”, concluyó la sentencia del Tribunal Superior de Medellín.

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Uno de los libros que recogen el pensamiento del Bloque Central Bolívar, tienen coincidencias con el Plan Nacional de Desarrollo de 2002. Foto: archivo Semana.El Plan de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario, hoja de ruta del primer gobierno de Álvaro Uribe, guarda similitudes, en conceptos y narrativas, con las posturas plasmadas en un libro escrito por los principales jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que recogen sus planteamientos y propuestas sobre la realidad política y económicas del país de ese momento.

Así lo consignó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia, en sentencia proferida recientemente contra la cúpula militar, financiera y política del Bloque Central Bolívar (BCB). En ella se lee que “según información aportada en sesiones de audiencia ante esta Sala, el mismo (Plan de Desarrollo) contiene algunos conceptos y narrativas que parecieran tener cierta identidad con el libro escrito por las autodefensas Bloque Central y Bloque Aliado Vencedores de Arauca”.

Se trata de una decisión sin precedentes toda vez que allí se conceden los beneficios de la justicia transicional a 32 reconocidos exjefes paramilitares como Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; German Sena Pico, alias ‘Benedeti’; y Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’. Además, también se esclarecen 965 crímenes, entre masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia de género, que dejaron unas 1.463 víctimas directas y 5.125 víctimas indirectas.

Pero sin duda uno de los aspectos más llamativos de la providencia es que examina con detalle una característica fuertemente debatida ante el fenómeno paramilitar: la existencia o no de una plataforma ideológica que justificara tanta barbarie.

Eduardo Castellanos, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, considera que las Auc fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que, en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”. Así lo dejó consignada en una sentencia de la cual fue ponente, fechada el 23 de mayo de este año. (Leer más en: “Las Auc fueron una alianza criminal de ejércitos privados”)

Pero la magistrada Valencia en su ponencia asegura que el Bloque Central Bolívar (BCB) no sólo fue la más poderosa máquina de guerra que tuvo bajo su servicio las Auc, sino que, además, “fue la mejor muestra de la intención que tenían las estructuras paramilitares de gestar un proyecto político en aras de alcanzar una representación en los escenarios locales, regionales y nacionales, con personajes que compartieran sus ideales y apoyaran su accionar”.

La identidad con la figura y la propuesta del entonces candidato a la Presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez fue, incluso, admitida por ‘Ernesto Báez’ en una de sus declaraciones ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá: “Nunca aquí hubo un candidato presidencial en esa época (elecciones presidenciales del 2002) que no conociera quiénes eran los amigos nuestros. Y en una identidad plena con ciertos planteamientos que le hizo al país, yo mismo en Santander, Antioquia, Caldas, sur de Bolívar, siempre dije: nos conviene el doctor Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre que ha tenido una claridad total frente a la lucha contra la subversión […] Entonces había muchos puntos de identidad”. (Leer más en: “Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez”: alias ‘Ernesto Báez’)

Ideario político

Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, jefe general del desaparecido Bloque Central Bolívar de las Auc. Foto: archivo Semana.¿Y cuál fue ese proyecto político? Al respecto, la reconstrucción histórica de esta estructura paramilitar hecha por la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía da cuenta de la intención de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ de dotar de significado político sus acciones de guerra. “La definición de una línea política en el BCB fue una prioridad para esta estructura paramilitar”, consigna en sus apartes la sentencia, señalando, además, que, para llenar ese vacío, fue vinculado ‘Ernesto Báez’.

“En el año 2000 fue buscado por Jiménez Naranjo y Rodrigo Pérez Alzate para que hiciera parte del naciente Bloque Central Bolívar debido al enorme vacío político que tenía esta nueva estructura paramilitar, en cuanto a la organización con las comunidades y la relación con las tropas”, reza en sus apartes la providencia.

‘Ernesto Báez’ terminó sembrando en las mentes y en los corazones de una tropa superior a los siete mil combatientes la semilla contrainsurgente que justificó el asesinato de miles de campesinos inermes, de cientos de dirigentes sindicales, líderes e indígenas, así como el desplazamiento de poblaciones enteras, el reclutamiento de menores de edad y otras tantas violaciones a los derechos humanos. (Leer más en: ‘Ernesto Báez’, el político de las Auc)

Buena parte de sus arengas, sus posturas y planteamientos políticos frente a los hechos del país quedaron plasmados en dos libros compilados en una editorial clandestina en Medellín titulados: Pensamiento Social y Político del Bloque Central Bolívar y Escenarios para la paz a partir de la construcción de las regiones. Ambos textos constituyeron parte del material probatorio presentando por la Fiscalía ante los magistrados de Justicia y Paz.

Tras el estudio de las publicaciones, la sentencia consignó en su decisión que el paramilitarismo, por lo menos en el caso del BCB, se propuso, en los territorios donde hizo presencia, erradicar tanto la guerrilla como lo que ellos consideraron “manifestaciones subversivas” tales como las actividades contestatarias, las agremiaciones políticas populares, los sindicatos, los líderes comunales y los defensores de derechos humanos.

“Parte de las prácticas antisubversivas llevó a un proceso de esquizofrenia dentro de la guerra. Las escuelas de paramilitares llegaron a establecer formas para identificar supuestos miembros de la guerrilla, a partir del lugar donde habitaban las personas (zonas en disputa o de dominio guerrillero). O, las cicatrices en las manos, que podrían ser producto de la labor del campo, fueron asumidas con aquellas dejadas por el uso de las armas. El parentesco con un guerrillero hizo que las personas fueran etiquetadas como colaborador de la guerrilla, incluso el uso de botas de caucho o el temperamento de cada quien, llegaron a ser factores que definieron la imposición de la etiqueta subversiva”, se lee en la sentencia.

En la plataforma política e ideológica construida por ‘Ernesto Báez’ no sólo se exaltó laguerra contrainsurgente (atribuyéndole a las guerrillas todas las responsabilidades por los males del país); también planteó un modelo de Nación que generara condiciones que atrajeran la inversión extranjera, principalmente en el campo de los hidrocarburos y la explotación minera; se reformara el campo bajo la línea latifundista; y se impulsara la agroindustria.

Lo que llamó la atención de la magistratura es que, junto con el narcotráfico, la agroindustria, la minería y los hidrocarburos constituyeron las principales fuentes de financiación del proyecto paramilitar del BCB. Y no sólo eso. Muchas de las propuestas formuladas por el componente político del BCB con relación a estos temas, que quedaron escritas en las publicaciones ya señaladas, guardan profundas similitudes con los planteamientos que en materia de minería, hidrocarburos y agroindustria consignó el Plan de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario. (Descargar Plan de Desarrollo)

¿Similitudes?

Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Auc. Foto: archivo Semana.“La propuesta plasmada en el libro Escenarios para la paz a partir de la construcción de las regiones, al parecer guarda una serie de concordancias estructurales con el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario 2002-2006; que en concreto se refieren, por ejemplo, a que en los dos textos se plantea una reforma regulatoria en el sector minero y un plan de desarrollo para la infraestructura minera nacional, entre otros”, se lee en la sentencia.

De acuerdo con el estudio comparado de ambos textos que se reseña en la sentencia, el Plan Nacional de Desarrollo del primer gobierno Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) planteó “promover la inversión nacional y extranjera en el sector de hidrocarburos”, algo muy similar a lo planteado por el BCB en su libro Escenarios para la paz: “El sector de hidrocarburos y gas requiere mayor inversión en las diferentes actividades. Una de las características de la década de los noventa fue el constante cambio en las reglas de juego para los inversionistas y la inestabilidad y poca claridad del marco regulatorio”.

También hay similitudes en ambos textos con relación al futuro del sector minero. “Brindar infraestructura de apoyo a la comercialización de minerales, vía establecer esquemas definidos, para la inserción de capital privado, en el desarrollo de infraestructura”, se lee en la página 164 del libro Escenarios para la paz del BCB, mientras que en el Plan de Desarrollo se consigna que para mejorar el desarrollo de este sector “se pondrá en marcha un plan de exploración regional y global del subsuelo (…). Esto permitirá la promoción y entrega en concesión de nuevos prospectos así como un crecimiento en los niveles de producción de minerales extraídos”.

Resulta llamativo en este ejercicio comparado los planteamientos de uno y otro texto con relación al campo. “El desequilibrio entre el campo y la ciudad exige replantear el modelo de desarrollo rural y las estrategias de lucha contra la pobreza y la falta de equidad. El manejo social del campo aborda la ruralidad a partir de un enfoque multisectorial y multifuncional que trasciende la producción agropecuaria, reconociendo la sinergia entre el campo, las regiones, los centros urbanos y las áreas metropolitanas”, establece el cuestionado Plan Nacional de Desarrollo en su página 225.

Por su parte, el libro Escenarios para la paz consigna en su página 49 que “como elemento importante el Plan de Desarrollo asume la exigencia de replantear el modelo de desarrollo rural y las estrategias de la lucha contra la pobreza y la falta de equidad. Se aborda la ruralidad a partir de un enfoque multifuncional y multisectorial, que trasciende la dimensión puramente económica, y reconoce la sinergia entre el campo, las regiones y los centros urbanos”.

Justamente fueron estos tres sectores –además del narcotráfico- en los que incursionó el BCB para obtener rentas para financiar su aparato de guerra. La cooperativa Coproagrosur es el mejor ejemplo de cómo los paramilitares de este bloque incursionaron en la agroindustria: creada a principios de la década de 2000, la cooperativa buscaba incentivar la sustitución de hoja de coca por palma de aceite. Para 2002, los paramilitares compraron los primeros lotes –en un negocio que, hasta ahora, reviste toda legalidad-, crearon la cooperativa que, bajo un ropaje de legalidad, obtuvo millonarios préstamos de la Caja Agraria y de la agencia norteamericana USAID a través del Plan Colombia. (Leer más en: Cómo nació la falsa cooperativa)

El BCB también incursionó en minería, principalmente en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. La Fiscalía recordó el caso de la mina La Gloria, ubicada en el municipio de San Martín de Loba, Bolívar. Tras su llegada a la región, en 2003, los paramilitares despojaron violentamente de la mina a un grupo de 200 mineros quienes llevaban décadas explotando el yacimiento de manera artesanal. Meses después se creó la Sociedad Minera Grifos S.A, cuya máxima accionista era Rosa Edelmira Luna, esposa de alias ‘Macaco’.

A dicha sociedad le fueron adjudicados tres títulos mineros y en junio de 2004 suscribió contrato de concesión minera con la Gobernación de Bolívar (contrato 0-115, según consta en Catastro y Registro Minero) para la explotación de minerales en un área de 440 hectáreas localizadas en la localidad de San Martín de Loba.

Sobre estas y otras coincidencias narrativas identificadas en uno y otro texto, ‘Ernesto Báez’, en una audiencia realizada el 3 de julio de 2014, aseveró que “yo estoy en un 99,9999% convencido que el libro (Escenarios para la paz) sí le llegó al gobierno del doctor Uribe Vélez, lo que yo no puedo afirmar es que haya sido fuente de un documento oficial, me queda claro que a esa fuente oficial que usted tiene en su escritorio (documento Hacia un Estado comunitario) y que de manera tan acuciosa ha encontrado con este libro, me queda claro que ese documento sí no fue fuente del libro, de un libro que empieza a escribirse desde el año 97”.

¿BCB apoyó reelección de Uribe?

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República entre 2002 y 2010. Foto: archivo Semana.“Al parecer, la coherencia entre las propuestas políticas del BCB y el gobierno nacional de la época, allanó el camino para las contiendas electorales que iban a tener lugar en el país”, reza la sentencia en sus apartes, al referirse a las elecciones de 2006, que instauraron la reelección presidencial y que ganó ampliamente el entonces primer mandatario, Álvaro Uribe Vélez.

Declaraciones entregadas por ‘Ernesto Báez’ a fiscales y magistrados de Justicia y Paz, varias de las cuales quedaron plasmadas en la providencia, dejan entrever el “terror” que generaba entre los máximos comandantes paramilitares la extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Según el vocero político del BCB, durante las negociaciones con el gobierno nacional, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, empeñó la palabra del presidente Uribe de que eso no sucedería.

De hecho, en una de sus intervenciones ante estrados judiciales relató pormenores de una reunión sostenida el 25 de noviembre de 2004 en Turbo, Antioquia, entre Luis Carlos Restrepo y Salvatore Mancuso en la que él también estaba presente. Ese día, dijo ‘Baéz’, el Alto Comisionado les dijo que el gobierno Uribe les garantizaba la no extradición porque “ustedes tienen que saber que el país está muy bien con el doctor Álvaro Uribe Vélez, y que dentro de ese país están ustedes y que dentro de ese país ustedes tiene influencias, para que esto se dé”.

“Pero el doctor (Uribe) estará solo cuatro años en el poder. ¿Me podrá garantizar que el próximo presidente no nos lleva?”, fue la pregunta que hizo Mancuso en esa reunión, según las palabras de ‘Baéz’. “Esa fue la primera vez que escuche la palabra reelección. El doctor Luis Carlos Restrepo nos dijo: estén tranquilos, que como van las cosas como se han planeado, el doctor Uribe Vélez será reelegido”.

Así, según el principal jefe político que tuvo el BCB, “la cúpula paramilitar entendió que la reelección era una necesidad para asegurar los beneficios judiciales obtenidos durante los diálogos. Es así, como desde las altas jerarquías de las Auc, se libró la directriz de apoyar a Álvaro Uribe en su intento por salir electo para un segundo periodo en las regiones donde ellos tenían influencia, y de esta forma evitar ser extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico”.

No obstante, esos supuestos acuerdos no se cumplieron, por lo menos para la mayoría de los poderosos jefes de las Auc, que terminaron siendo extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008 por orden expresa del entonces presidente Uribe Vélez.

En el apartado correspondiente a este análisis comparativo, la sentencia concluye que “lo anterior, deberá ser objeto de amplío estudio y análisis, razón por la cual los planteamientos esbozados quedarán a disposición de las organizaciones civiles, comisiones de la verdad o la Fiscalía General de la Nación, para que sean objeto de rigurosa verificación”.

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