En el primer logro concreto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los miembros del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometieron el 5 de abril a dejar las armas en los próximos tres meses. Pero las dudas sobre el futuro jurídico del comandante de ese grupo pone en entredicho el avance.

Con la presencia del presidente Petro en un acto celebrado en Pasto, se realizó la destrucción de más de 500 explosivos y se firmaron dos acuerdos: uno para la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes. Además, se espera que durante los próximos tres meses se realicen más actos de este tipo.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de los Comuneros del Sur. Las autoridades judiciales de Texas, quienes requirieron a Yepes, afirmaron que era responsable de organizar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Queda en manos de Petro si hace efectiva la extradición, lo que podría entorpecer ese logro.

La política de paz del Gobierno ha dejado muchas dudas. En especial porque el proceso con el ELN está suspendido y la violencia en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar ha dejado miles de víctimas. No es un hecho aislado, en Cauca y Arauca, la situación de orden público también es compleja.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, se detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.

Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) recoge que el país tiene por lo menos 14 focos de violencia en donde los grupos armados se disputan el territorio. “Aunque los diálogos de paz con los grupos armados han ayudado a reducir la violencia en algunas regiones, se ha intensificado en otras, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de protección”, dice el informe Menos muertos, más afectados: evolución de la violencia contra civiles en Colombia.

En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y es especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. Dicha decisión fue cuestionada porque fue un gesto unilateral del gobierno nacional y porque justo ese mismo día, otros grupos disidentes de las extintas Farc cometieron atentados con explosivos en Huila y Cauca.

Por otro lado, este 21 de abril, el ELN le comunicó al gobierno nacional su voluntad de persistir en los esfuerzos por buscar la paz. “Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando iniciativas que nutran  la propuesta de Acuerdo Nacional por las transformaciones, que nos permita salir del camino de la guerra perpetua”, asegura la guerrilla.

Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que se va quedando sin tiempo para mostrar más resultados en una de sus apuestas: lograr la paz en el país.

¿Qué ha pasado con las disidencias de las Farc?

El centro de estudios InSight Crime detalla que las disidencias de las Farc se fragmentaron ante la política de la Paz Total, por lo que el gobierno nacional sólo ha podido mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.

Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el EMBF, explica que actualmente se está avanzando en el punto de transformación territorial, enfocado en la adjudicación de tierras, la formalización de reservas campesinas y en los proyectos productivos.

“Hemos logrado entrar a los territorios por medio de un diálogo muy directo con los líderes y con las organizaciones sociales. Hemos hablado con más de 20.000 líderes en todo este proceso de propuestas territoriales”, dice. González Posso asegura que el cese al fuego ha servido para disminuir violencia contra la población y ha ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y desarrollo.

VerdadAbierta.com conoció que en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques se están priorizando las zonas de Yarí, Caquetá; el Sur de Meta y San José de Guaviare; el corredor entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas; y Tibú – Catatumbo. En estas zonas se están planeando 19 proyectos e inversión social.

Con respecto al Catatumbo, en donde estalló una guerra entre el ELN y el EMBF, González Posso aseguró que actualmente “las cosas se están regularizando porque todavía el tema del desplazamiento, las confrontaciones es importante. Está muy desarticulado todo, pero estamos tratando de ver cómo retomamos”.

Por otro lado, en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (conformada por Comandos de la Frontera en Putumayo y por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño), se lograron avances en el cuarto ciclo de la negociación que terminó el 10 de abril en La Hormiga, Putumayo. El principal de ellos es un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño).

“Esos proyectos pilotos deben estar liderados por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con este grupo. “Ya se han avanzado algunas reuniones preliminares con representantes de las comunidades”.

En febrero de 2025, la mesa pasó por un momento de incertidumbre luego de que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los máximos jefes de la organización, fuera capturado en un evento de la negociación. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), el tema del sometimiento a la justicia es un factor clave en las negociaciones.

“El tema jurídico es como un elefante en la sala. Y es difícil ver en este momento cómo se va a resolver. En parte porque se negocia con las personas que más necesitan del marco jurídico. Súmale a eso la posible extradición de ‘Araña’ que, dependiendo lo que pasa ahí, puede ser un golpe para los intentos de paz porque si el gobierno no es capaz de proteger jurídicamente a la gente que se sienta en la mesa, nadie va a querer sentarse en la mesa. Así es sencillo”, asegura el investigador.

Según Novoa, los próximos pasos en la mesa de diálogo estarán guiados por las tres subcomisiones que están trabajando en acuerdos parciales alrededor del  tema de justicia, seguridad en los territorios y transformaciones territoriales. “Esas subcomisiones tienen que seguir trabajando porque deben presentar unos resultados concretos que serían un acuerdo programático definitivo para la ronda que vamos a hacer en el mes de mayo”, afirma.

El difícil camino con las AGC

En febrero de 2025, el gobierno nacional anunció el inicio de la fase privada de la mesa de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el  Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el poderoso grupo armado  cuestionó la voluntad y la coherencia del gobierno nacional y del Ejército, y aseguraron que no existen las condiciones mínimas para  una mesa de diálogo formal.

Según la FIP, las AGC son el grupo armado más grande de Colombia con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes que operan en 15 departamentos y 278 municipios.

Y se sigue expandiendo. “Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las (Farc), el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes”, según la publicación La negociación con el Clan del Golfo entre el garrote y zanahoria del centro de pensamiento.

En marzo de 2024, el gobierno nacional retomó los bomabrdeos contra las AGC luego de que este grupo emboscó al Ejército en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, que dejó cuatro militares muertos.

Según Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, “la dificultad más importante de la política de Paz Total, ha sido encontrar un modelo de desescalamiento del conflicto que es cada vez más fragmentado, más enfocado en lo económico. Además, de encontrar un modelo que tenga también al mismo tiempo presión militar para asegurar que los grupos lleguen a la mesa de buena fé”.

La paz urbana: Quibdó, Buenaventura y Medellín

En Buenaventura, los diálogos del gobierno entre los Shottas y los Espartanos no están suspendidos, pero tampoco pasan por su mejor momento. Después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025, la violencia aumentó y en lo que va del año se han registrado más de 50 asesinatos atribuibles a la disputa por control entre los dos grupos. Para hacerle frente a esto, hace dos meses los Shottas le propusieron al gobierno nacional un cese al fuego unilateral.

Para Dickinson, la violencia es lo que más afecta las negociaciones. “Por un lado socava la legitimidad de los procesos frente a la población civil que está más afectada por el conflicto. Y por otro lado, los enfrentamientos entre grupos armados han distraído un poco el foco de la mesa”.

Reconociendo que ha habido algunos resultados positivos del proceso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al gobierno nacional a un Consejo de Seguridad Regional ampliado en Buenaventura para dialogar sobre la continuidad del plan piloto de paz en esa ciudad y con el despliegue de la fuerza pública en todos los barrios y comunas.

Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos con el gobierno en abril de 2025, tras un operativo militar en su contra.

Mientras que en Medellín, las estructuras criminales del Valle de Aburrá se comprometieron a extender por tres meses más el compromiso de dejar de extorsionar en 45 barrios. Este gesto de voluntad de paz arrancó el 19 de diciembre y el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación hasta el 21 de junio. (Leer más en: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de Paz Total urbana en Medellín)

Para Johnson, uno de los principales retos y conflictos de la política de Paz Total actualmente es el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de que los procesos actuales tengan la firmeza para que el próximo gobierno los continúe.

“En el mejor de los casos es buscar la continuidad de los procesos en el siguiente gobierno porque probablemente no vas a lograr un acuerdo final con todos”, dice. “En todos estos meses algo clave es tener un plan para decirle al gobierno entrante, asumiendo que es de oposición, que hay un plan rescatable y hay un camino. Porque si llegas con algo sin definir, es mucho más fácil que lo boten a la basura”.

El investigador añade que es importante buscar y asegurar socios locales con peso político que puedan defender las metas y lo logrado en las diferentes mesas de negociaciones en su conjunto. “Yo no creo que suficiente gente de Bogotá vaya a defender la Paz Total frente a un próximo gobierno, pero los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, local y regional, sí pueden ser socios importantes para que las mesas sigan”, concluye Johnson.

A pesar de que la Paz Total dio sus primeros frutos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, el panorama no parece alentador con las bandas criminales, ni con las AGC. Con las disidencias, podría llegarse a algunos acuerdos, pero el gobierno se jugará sus últimas cartas en los próximos meses, con unas agitadas elecciones en el camino.

* Foto de portada: David Sañudo Pazos – Gobierno de Colombia

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El gobernador Aníbal Gaviria Correa no se guardó nada al hablar sobre seguridad en el departamento de Antioquia. Sus apreciaciones son críticas en relación con asuntos como el control territorial por parte del Estado, las medidas contra las economías ilegales y con algunas de las estrategias del presidente Gustavo Petro enmarcadas en la política de Paz Total. Su punto de vista es claro: pide acciones integrales en las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional.

El funcionario habló con VerdadAbierta.com con esa franqueza ligada a la experiencia de ser dos veces Gobernador de Antioquia (2004-2007 y 2020-2023) y Alcalde de Medellín (2012-2015), una de las regiones más golpeadas por estructuras criminales de diversa índole y agobiada por prácticas económicas ilegales generadoras de violencias múltiples.

Es por ello que posibilidades como el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales del que se ha venido hablando desde la Casa de Nariño no le son indiferentes, por el contrario, ve en esa estrategia una posibilidad de quitarle jóvenes a las empresas criminales. Pero, para su aplicación eficaz, le pide al gobierno nacional ser creativo, agresivo e innovador.

Desde su despacho del piso 12 del Centro Administrativo de La Alpujarra, en pleno corazón de Medellín, Gaviria atendió a este portal y envió varios mensajes con la idea que sus propuestas y reflexiones sean escuchadas y atendidas por aquellos que tienen bajo su responsabilidad el control del orden público y las alternativas de paz.

Crítica situación

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es el diagnóstico de la Gobernación de Antioquia en materia de seguridad en el departamento?

Aníbal Gaviria (AG): La situación de seguridad, de orden público, y yo lo llevaría a un tema más estructural, de control territorial del Estado en Antioquia y en Colombia es una situación muy compleja. Y no es del último año, de los últimos dos años. Uno de los principales, sino el principal pilar de un Estado, de una democracia, es el control territorial, y nosotros tenemos vacíos importantes en el control territorial en el Estado colombiano.

En muchos casos, ese control territorial lo recupera el Estado en forma coyuntural, cuando se da la presencia del Ejército, pero cuando sale, ese control territorial vuelve a perderse. Entonces, hay un primer control que pasa de unas manos a otras, temporalmente, que podríamos llamar parcial. Pero, hay lugares en los cuales el control estatal es débil. Hay que reconocer ese como uno de los más importantes retos estructurales del Estado en Colombia.

VA: ¿Cuáles son esos territorios en Antioquia donde hay vacíos de control territorial por parte del Estado colombiano?

AG: Por ejemplo, zonas del Atrato antioqueño, zonas del Bajo Cauca antioqueño, zonas del Nordeste, zonas del Norte, en áreas del Nudo de Paramillo.

Aquí quiero ser franco con Antioquia y con el país, porque estos temas no puede tratarse en forma tibia ni ocultarse: hay zonas de Urabá donde el control del Estado es débil, y eso quedó demostrado con el llamado ‘Paro Armado’ hace casi seis meses, cuando espacios muy  importantes en Antioquia, pero también en Córdoba, Sucre, Bolívar y Santander, fueron, de alguna manera, paralizados por acción del grupo delincuencial del Clan del Golfo [autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia] y por la intimidación que produjo.

VA: ¿A qué le atribuye esa presencia débil del Estado en esas zonas del departamento de Antioquia, y también en otros departamentos del país?

AG: Porque a través de los años ha existido presencia de diferentes grupos al margen de la ley. Miremos el caso de Urabá.  Allí tuvimos presencia de las Farc, y después compartida un poco con el Epl, muy fuerte, entre los años ochenta y noventa. Posteriormente, y como respuesta a ello, se produjo una presencia muy intensa de grupos paramilitares. Y hoy tenemos la presencia de un grupo dedicado al narcotráfico y a las rentas ilícitas como es el Clan del Golfo.

Mire una cosa increíble. En algunos casos, como lo digo yo coloquialmente, cambian de camiseta: son mismas violencias que cambian de camiseta y, en algunos casos, miembros de esas organizaciones se pasan de una a otra: fueron miembros de la guerrilla, pasaron a los paramilitares, y ahora son miembros del Clan del Golfo.

VA: Históricamente, el Estado ha tenido problemas para hacer presencia integral en diversas regiones del departamento, y en ese contexto, ¿cuál ha sido el papel de la Gobernación en las últimas tres décadas en participar de esa presencia estatal en las regiones? ¿También ha sido débil? ¿No tiene las herramientas suficientes, no hay recursos?

AG: Tenemos una presencia bien importante en áreas de salud, de educación, de obras públicas, de vivienda y en este tema está VIVA (Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia), que es una empresa referente en Colombia. En 20 años, estaremos cerca a una cifra entre 250 mil y 300 mil soluciones de vivienda, beneficiando a por lo menos un millón de habitantes de Antioquia.

Esa presencia integral de la Gobernación, yo le confieso, y no es porque tenga puesta la camiseta de la Gobernación, que siempre la tengo puesta, nunca me la he quitado, es una presencia bastante importante en las regiones en todos los demás aspectos. Para mencionarle otro ejemplo: Teleantioquia. Es nuestra presencia en todo el territorio antioqueño.

Con la Secretaría de Educación también hacemos presencia. Tenemos 4.500 escuelas distribuidas en todo el departamento, rurales y urbanas. Muchas de ellas, monodocentes, de esas son unas 2.500. En las áreas más lejanas, en corregimientos y veredas.

De otro lado, la electrificación rural de Antioquia es total, hemos llegado a un 99,5% de cobertura. En vías secundarías, en este gobierno vamos a llegar con carretera pavimentada a 121 de las 125 cabeceras municipales de Antioquia.

Yo creo que en frentes sociales, de obras públicas, de educación, con todas las falencias, estamos llegando a las regiones, pero tenemos que ser mucho más fuertes y más efectivos en el control territorial, en el control del orden público, y en brindarle la seguridad a todos los ciudadanos y a todos los territorios.

Planteamientos para un diálogo

VA: ¿Y cuáles son sus sugerencias en ese tema? ¿Cuáles serían esas estrategias que se plantean desde la Gobernación de Antioquia para logra mayor seguridad? ¿Ha hablado con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y con altos mandos militares y de Policía de estos temas?

AG: Parte de la pregunta me permite englobar parte de la respuesta. Aún cuando gobernadores y alcaldes tenemos una función de orden público, y somos jefes del orden público, eso realmente no es así. Las decisiones fundamentales del orden público y seguridad son nacionales. Yo no puedo decir que voy a tener más policías en un municipio o en otro. Yo no puedo decir que voy a tener ejército en tal parte o en otra, o en mover un ejército de un lado a otro.

Yo lo que puedo hacer es apoyar. Entonces compro motocicletas para darles movilidad, compro radios para darles comunicación. Contribuyo en la construcción de estaciones de Policía para que tengan más dignidad, más seguridad, y más capacidad de prestar un servicio adecuado.

Y con relación a los diálogos que he tenido con las autoridades nacionales, no solo con este gobierno sino con el anterior gobierno, lo he repetido y los seguiré repitiendo, tanto públicamente como en la conversación con quienes en el gobierno nacional tienen esa decisión: Soy amigo de una estrategia de sometimiento y de una política de acogimiento de las estructuras delincuenciales y de las estructuras del crimen organizado.

Esto no lo estoy diciendo en los últimos dos meses con la llegada del nuevo gobierno. Llevo más de cinco o seis meses diciéndolo públicamente. Y, en otras formas, lo he dicho con anterioridad.

Yo creo que es necesario buscar una forma para que cientos de jóvenes, en algunos casos miles, sobre todo en las estructuras más grandes, puedan tener la oportunidad de dejar ese camino que por algún motivo han tomado, el camino oscuro de la delincuencia. Por eso creo que hay que ser creativos, y en el buen sentido de la palabra, agresivos e innovadores, en esa política y estrategia de sometimiento.

Pero debe ser una política y una estrategia muy acotada. Es decir, eso tiene que tener un plazo relativamente corto. Me parece que sería un gran error en esa intención que el gobierno nacional ha dicho que tiene en esa dirección, en la que yo coincido, un tema sin límites de tiempo y/o alargado excesivamente. Eso tiene que tener un plazo.

VA: Un plazo y unas condiciones…

AG: Claro unas condiciones que lleven a la desmovilización, a la entrega de esos jóvenes, pero, además, a la desarticulación de esas estructuras. Esas condiciones deben estar, pero debo insistir en el plazo. Este tipo de conversaciones, de estrategias, se van alargando, se van eternizando.

VA: ¿Y cuál es el plazo razonable para el Gobernador de Antioquia?

AG: Yo diría que un plazo razonable es un año desde el inicio del gobierno. Eso quiere decir agosto del próximo año. Cuando uno tiene voluntad de lado y lado las cosas se dan.  Uno no necesita meses y meses, y años. Para lo que sí se necesitan meses y años es para tomarle el pelo a la paz, para tomarle el pelo a los colombianos, para engañarlos, pero para tomar una decisión de sí o no, a una propuesta y a una puerta que se abre muy suficiente, excesivamente suficientes, son doce meses.

Si estuviera en mis manos, el plazo debería ser de seis meses. Repito, esto es cuestión de ser agresivos, innovadores, de abrir una puerta que sea atractiva y el que no entró que reciba toda la fuerza del Estado.

También creo que hay que fortalecer la capacidad del Estado para avanzar en ese control territorial deficiente al que me he referido. Hay que fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública porque tenemos que desear que la mayor cantidad de actores armados se acojan a esas puertas que se abren. Pero es muy posible que no todos los hagan, y no solo eso, que persistan factores de violencia.

VA: ¿Usted ha tenido la oportunidad de plantearle esas ideas al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda?

AG: No, al Alto Comisionado no.

VA: ¿Por qué no?

AG: No he tenido la posibilidad, no he tenido el espacio. Pero no tan ampliamente como lo he hecho en esta entrevista, lo conversé con el presidente Gustavo Petro. Y espero, porque quedé en eso, de conversar prontamente con el Ministro de Defensa y si se abre la posibilidad con el Comisionado, también lo haré.

VA: Se ha conocido el borrador del proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales y uno de los detalles que más llama la atención es que les dejarían el 10 por ciento de sus bienes, así se hayan adquirido con dineros de sus actividades ilícitas. ¿Qué piensa al respecto?

Es uno de los temas más complicados que he oído y he discutido en varios círculos. Creo que hay que buscar mecanismos para que la desmovilización y desarticulación de esas estructuras sea efectiva, pero ese asunto me parece muy complicado.

Uno no puede decirles a unos criminales que se sometan manteniendo los mismos castigos. Atractivos tienen que ofrecerse, pero el atractivo de legalizar en esa forma bienes que han sido adquiridos mediante el delito, mediante el crimen, es muy complejo.

Yo, hoy, no sería capaz de dar ese paso. Y le confieso que la única manera de que me convenzan es a través de una argumentación histórica que demuestre que, en otros momentos, en otros países, en otros conflictos, se ha hecho y que me muestren la trazabilidad que ha tenido. De resto, es un sapo muy difícil de tragar.

VA: El presidente Gustavo Petro ha anunciado la realización de lo que llama “diálogos regionales vinculantes” como una de las estrategias de su propuesta de Paz Total. ¿A usted le gusta esa idea?

AG: Le confieso que todavía no he podido entender el tema. Hay un capítulo de los diálogos regionales que tiene ver con la construcción de propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional, es decir, una construcción participativa. Eso lo entiendo plenamente y vamos a contribuir. Es lo que nosotros siempre hemos hecho, hace parte de nuestro ADN.

Mi hermano Guillermo (asesinado por la extinta guerrilla de las Farc en 2002), y todos nosotros, como herencia e inspiración de él, hemos sido tremendamente participativos. El Plan de Desarrollo nuestro lo construimos a partir de recorridos por todo el departamento.

Pero en el tema de cómo los diálogos regionales van a ser un componente de la estrategia de paz, le confieso que no lo entiendo. Espero que sea algo que funcione, pero no lo entiendo, y lo digo con toda franqueza.

VA: ¿No se lo han explicado desde el gobierno nacional?

AG: No me lo han explicado a mí, pero creo que no se lo han explicado a otros. No es que me lo tengan que explicar a mí como gobernador, sino a los demás gobernadores, a los alcaldes y a muchos otros actores, para que coadyuvemos en esa dirección, pero, honradamente, ese componente no lo entiendo y lo digo con toda franqueza.

Sobre negocios ilícitos

VA: Parte de la conflictividad del departamento está relacionada con economías ilegales. ¿Cuál es el análisis que se tiene en la Gobernación de Antioquia al respecto?

Reitero, aún con toda la buena intención con los acuerdos que se realicen con los grupos criminales y los efectivos que sean, ojo, hablo con franqueza: las rentas ilegales no se van a acabar. Ahí están y ahí estarán. Si hay algunos que las dejen, es posible que otros quieran tomarlas. Por eso el Estado tiene que fortalecerse.

¿Cuáles son las estrategias para atacar esas rentas ilegales? Indudablemente, las economías ilegales, y parece esto de Perogrullo, son economías porque son rentables. Nadie estaría en ese negocio si no fuera rentable. Hablo de minería ilegal, de la cadena de muerte de las drogas ilícitas. Hay que atacarlas para que dejen de ser rentables, hay que volver costoso del delito, que pierda rentabilidad y con ello se le quita la posibilidad de pagar a todas las estructuras y cadenas del delito.

Y hay que pensar en la justicia. El gran incentivo para el delito es la impunidad. Entonces, si seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad, vamos a seguir manteniendo los actuales delincuentes e invitando a otros a que entren al delito porque ven que el delito es impune.

Se requiere un ataque frontal a la impunidad y eso quiere decir un fortalecimiento a la Fiscalía y a toda la estructura de la justicia para que se dedique a la persecución efectiva de esos grupos criminales.

VA: ¿La estrategia de quemar retroexcavadoras, como ha venido sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño, que dio origen a un paro regional hace un par de semanas, es la indicada para atacar la minería ilegal?

AG: Esas paladragas, esa maquinaria amarilla metida en medio de la selva, tumbando la selva, destruyendo la selva, destruyendo los ríos, en medio de una actividad criminal pagada por grupos criminales, claro que hay que destruirlas. Pero no solo eso. Con eso solo no se soluciona el problema.

VA: ¿Y cómo se explica la presencia de esas retroexcavadoras en medio de la selva? ¿Usted sabe cómo llegan hasta esos lugares remotos y selváticos? ¿Acaso hay mucha corrupción alrededor de ese tema?

AG: Hay mucha corrupción. Usted hace un sobrevuelo en el Atrato, unos 50 kilómetros al sur de Vigía del Fuerte, selva por todo lado, y de pronto encuentra 20 o 30 máquinas en medio de la manigua. Para llevarlas hasta allá tiene que haber mucha corrupción, y por muchos lados.

Ese es el poder corruptor de estas organizaciones criminales. Ese poder corruptor viene de esa inmensa rentabilidad de esas actividades criminales. Es uno de los aspectos que tiene que atacarse. Por digo que no solo es quemar esas máquinas. Se requieren otra cantidad de cosas, entre ellas, atacar esos fenómenos de corrupción.

Indudablemente, esa corrupción pasa por varios niveles: tiene que haber corrupción en la Fuerza Pública; a lo mejor en instituciones encargadas de atender y controlar los temas ambientales; en parte de administraciones municipales. Pero, ojo, no solo es corrupción.

Es también un fenómeno ligado a la intimidación. Es que cuando a usted le dicen, ‘señor, si usted deja pasar esta máquina tenga un millón de pesos, pero si no la deja pasar entonces aténgase a las consecuencias’. Ahí es donde tiene que estar el control del Estado. Porque esos funcionarios están a merced de esas organizaciones criminales.

VA: Parte de las soluciones al tema de la minería ilegal es la formalización de pequeños mineros. En ese sentido, Antioquia que es autoridad minera, ¿cómo ha avanzado en esa estrategia?

AG: Nosotros en Antioquia somos líderes en formalización minera en Colombia. Es uno de los temas que trabajamos con más ahínco porque estamos atendiendo a las personas más vulnerables de la cadena, a quien verdaderamente está afectado por todos los lados, que es el pequeño minero ancestral, de socavón y batea. Creemos que ese sigue siendo uno de los componentes de la solución.

De los 22.732 mineros de pequeña escala formalizados en Colombia, 9.741 pertenecen a nuestro departamento, es decir, el 42,8% del total. Y esos 9.741 mineros formalizados en Antioquia, 6.441 han firmado sus contratos de formalización en nuestro periodo de gobierno, sobre todo en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Occidente.

VA: El otro motor de la violencia es el narcotráfico en un departamento que tiene toda la cadena de esta actividad ilícita. ¿Qué reflexiones le suscita esta actividad, también generadora de violencia?

Siempre he dicho, y ahora lo reitero y lo reivindico, el problema es la cadena de destrucción y muerte de las drogas ilícitas. Es una cadena que tiene varios eslabones, uno de ellos es el narcotráfico, pero no es único. Hay narcofinanciación, y ahí sí que entran los países en desarrollo, porque muchos de esos recursos se quedan allá; hay narcoconsumo, y ahí sí que entran los países desarrollados; hay narcocultivos, pero también hay narcoprecursos y narcoinsumos.

Pero cuando el mundo entero habla de narcotráfico, nos señalan a nosotros como el único eslabón, pero hay cuando menos cinco grandes eslabones, por ello yo insisto en que tiene que haber una corresponsabilidad porque si no existieran los altos niveles de consumo, que existen en los países desarrollados, el tema de la producción y del precio serían distintos, por eso es un tema que debe tratarse globalmente.

Ahora en Colombia tenemos que hacer una estrategia muy agresiva de erradicación total de los cultivos de hoja de coca en Antioquia. Es una meta que se podría conseguir de manera conjunta, con apoyo internacional, de los gobiernos nacional, departamental y municipales, y las empresas.

Yo estoy seguro que si a los campesinos se les plantea una alternativa digna se cambian de ese cultivo. Una alternativa digna que tenga mercado, porque lo que tiene la coca es mercado, por eso tenemos que garantizarle mercado a la producción campesina que reemplace la hoja de coca con otros cultivos. Y Es muchísimo más rentable para la sociedad. Si todo lo enfocáramos a generar un marco rentable para esos campesinos, económicamente da con toda seguridad.

VA: ¿Su administración tiene un balance de cómo le fue a Antioquia con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y en el que se pusieron todas las esperanzas en este tema?

AG: Es un balance negativo, así de claro. Es un proyecto que salió de los acuerdos de La Habana y que impulsó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y que después en el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo la misma aceptación. Aquí nos tocó vivirlo: decían que sí, pero hacían que no. Entonces así es muy berraco, porque era un programa del gobierno nacional que, por supuesto requería todo el apoyo y estábamos dispuesto a darlo desde el gobierno departamental.

Pero si desde el gobierno nacional no tenía todo el apoyo, franco y decidido, el programa se fue viniendo abajo y a tener incumplimientos con los campesinos, y de los campesinos, así como desconfianza, entonces eso fue llevándolo a una situación crítica.

Hay que retomarlo, modificarlo, porque tenía, me parece a mí, errores en su diseño, pero con modificaciones lógicas y pertinentes es un programa que puede ser retomado como componente del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

VA: ¿Y qué sugerencias le puede hacer al gobierno nacional para que retome el PNIS?

GA: El programa estaba fundamentado en recursos y menos fundamentado en mercado, ese sería el componente que yo le cambiaría. Prefiero enfocarme en el tema de mercadeo y menos en el de la producción. Usted produce si tiene mercado.

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