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Describiendo escenas desoladoras de bosques destruidos y ríos de un azul incandescente propio de la contaminación con mercurio, Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano, un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), prende las alarmas sobre la situación crítica de la región.

En un recorrido por los municipios de Unguía, Carmen del Darién y Riosucio, con sus diferentes consejos comunitarios, esta publicación visibiliza las afectaciones al ecosistema con la tala desmedida de bosques y la contaminación de los ríos en la subregión conocida como Bajo Atrato y Darién en limitaciones con Panamá.

La deforestación masiva, minería legal e ilegal, monocultivos industriales y cría masiva de animales se cruzan con el conflicto armado y el abandono estatal. Estos conflictos socioambientales obligan a las comunidades a cambiar su forma de relacionarse con el territorio, dicen las autoras de los textos, Sonia Cristina Vargas y Laura Catalina Tovar.

Un ejemplo es la serie de animales y árboles “que ya casi no se ven –o directamente han desaparecido” en esta zona caracterizada por la espesa selva y atravesada por el majestuoso río Atrato que nace allí, en el Cerro El Plateado. Ciertas plantas que servían para curar enfermedades y algunos animales para el alimento ya no es posible conseguirlos. Los ríos que eran las vías de conexión entre comunidades han perdido su cauce o están siendo contaminados.

El Cinep indica que todo esto sucede por las disputas entre personas naturales, organizaciones, empresas privadas y el Estado que afectan a los derechos humanos por el acceso y uso de recursos naturales y los impactos de las actividades económicas.

En el Bajo Atrato chocoano, esas disputas principalmente derivan del uso y acceso a la tierra, reflejados en el histórico despojo de amplias tierras productivas, “con el beneplácito u omisión de la institucionalidad”, violando los derechos colectivos de las comunidades negras e indígenas que las habitan.

Un gran aporte de este trabajo son los datos recolectados para cuantificar las afectaciones, ya que no existen estadísticas oficiales.  Entre ellos que 65.000  hectáreas de bosque fueron deforestadas dentro de los 19 consejos comunitarios y 20 resguardos indígenas entre 2002 y 2022. Hay 108 títulos mineros y 140 puntos de afectación a fuentes hídricas.  

Los mapas detallados incluidos en el informe, realizados por Silvia Trujillo, ilustran las disputas socioambientales y señalan las zonas afectadas en los tres municipios y sus territorios étnicos. Riosucio es el municipio que tiene más zonas críticas de deforestación con 25.700 hectáreas, le sigue Unguía con 21.108 hectáreas y después el Carmen del Darién con 18.358 hectáreas.

Aunque los conflictos son similares en los tres municipios de esta subregión, cada uno tiene sus particularidades. El municipio Carmen de Darién es el primero en ser analizado, al ser el primero que recibe el río Atrato y los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, donde dice el informe, tiene 49 títulos mineros vigentes y 15 en etapa de exploración en las 319.700 hectáreas que lo componen. Allí, se explota el oro, cobre y molibdeno, un mineral que se usa para endurecer el acero.

La ganadería y el monocultivo de palma de aceite son responsables, en gran parte, de la deforestación. El otro gran monocultivo es la coca, que para el 2020 tenía 192,67 hectáreas sembradas, siendo el mayor cultivo de la subregión.

“La contaminación de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó con mercurio, fungicidas y otras sustancias químicas representa un grave peligro para la vida de los pobladores quienes dependen de estos ríos”, se relata sobre este municipio que tiene nueve consejos comunitarios y cuatro resguardos indígenas.

Además, se cita al Ministerio de Salud, quien en un informe de 2018 dijo que “los niveles de mercurio total en sangre, orina y cabello de los habitantes del Carmen del Darién superan los límites ambientales permisibles”.

Luego, sigue el municipio de Riosucio que tiene una extensión de 597.300 hectáreas y lo componen ocho resguardos indígenas y nueve consejos comunitarios. La gran problemática allí es que su zona rural está en manos de terceros que tienen el control sobre el uso del suelo, quienes tienen también poder económico, social, político y militar con intereses de expandir la frontera agrícola con fines agroindustriales. Gran parte de la población salió desplazada por despojo de tierras a finales de los noventa por lo que los empresarios se apoderaron de esas tierras.

Entre 2002 y 2022, Riosucio perdió 15.200 hectáreas de bosque primario húmedo y 57.300 hectáreas de cobertura arbórea. Identificaron 86 puntos críticos con algún tipo de afectación a fuentes hídricas, provocadas por la creación de canales, desviación en el cauce de ríos o la ganadería bovina y bufalina. Allí también el monocultivo de arroz y plátano afectan a los ríos por los desechos de agroquímicos.

Una de las denuncias que hace esta publicación es sobre el botadero municipal de Riosucio que fue instalado de manera irregular en la comunidad Caracolí, afectando al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu) con la contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes cercanos a este. (Leer más en: Relleno sanitario en Riosucio, Chocó, afecta a consejo comunitario.)

Finalmente, está el municipio de Unguía, con 119.000 hectáreas de extensión; se encuentra en la desembocadura del río Atrato hacia el mar Caribe. El municipio contiene cuatro resguardos indígenas y un consejo comunitario, donde se focalizan 26 puntos críticos de algún tipo de contaminación de fuentes hídricas afectando la vida de estas comunidades que dependen en su totalidad de los ríos, tanto para el alimento, el transporte y la recreación.

Con todas estas afectaciones, las comunidades denuncian enfermedades como infecciones, paludismo, dermatitis, envenenamiento, dengue, daños estomacales, alergias, y gripas.

Estos tres municipios son atravesados por el río Atrato que fue declarado como sujeto de derechos en 2016, por lo que a sus aguas no debería llegar ningún tipo de contaminación. Pero allí la ley no es aplicada. “Esto significa que la contaminación causada por las actividades expuestas en esta zona del Chocó, provoca la llegada de sustancias como mercurio, agroquímicos, aguas residuales, plásticos y fungicidas a uno de los principales mares del país”, dice en el informe.

Dada la condición de los territorios, el trabajo, realizado a partir de cartografías sociales y entrevistas en los tres municipios, plantea el interrogante de qué tierra se le puede devolver a las comunidades de los consejos comunitarios y resguardos indígenas en los procesos de restitución de tierras que está en curso. 

El Cinep recomienda activar mecanismos de vigilancia, control, investigación y sanción a los responsables, en los casos que sea necesario. “La promulgación de la Ley de Delitos Ambientales emerge como una vía prometedora y, al priorizar esta subregión por parte de los cuerpos de investigación judicial y órganos de control, podría convertirse en un escenario de reparación”, dice. 

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Esta lideresa ha recibido todo tipo de intimidaciones durante varios años. Sus luchas y denuncias incomodan a quienes quieren saquear las riquezas de los territorios que defiende y la biodiversidad, o por alzar la voz para reclamar condiciones dignas para las comunidades que representa.

El pasado 17 de agosto Maydany Salcedo pensó que su mayor pesadilla se iba a materializar. Esa noche, un hombre armado llegó hasta su puerta mientras ella se encontraba con su hija de cinco años de edad. Pero antes que temer por su vida, le preocupaba que su niña fuera testigo de su muerte, o también víctima. 

“¿Cómo sería el trauma que le iba a quedar a esa chiquilla de cinco años?”, era en lo único que pensaba. Un hecho similar la marcó a ella: cuando tenía 10 años de edad vio el cuerpo cercenado de su tío en la región del río Guayabero, al parecer asesinado por grupos armados de la región según dicen. 

Por fortuna, esa noche solo la intimidaron. Le dijeron que ahora el plan era acabar con ella políticamente y con su reputación como lideresa. Otros líderes de la región no contaron con la misma suerte: Faustino Carabali y su primo Jonás Carabali, fueron asesinados el pasado 30 de octubre en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, del municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño.

Como hija de dirigentes del partido Unión Patriótica (UP), Salcedo viajó por varias regiones del país hasta que se asentó en el piedemonte Andino-Amazónico, una región en donde confluyen los departamentos de Cauca, Putumayo y Caquetá y en la que comparten características similares, tanto de la biodiversidad como de la guerra y el desamparo estatal. 

Esta lideresa es la representante legal de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte Cauca (ASIMTRACAMPIC), proceso desde el que protegen 1.868 hectáreas de bosque en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. 

Este ecosistema goza de una amplia variedad de flora y fauna, destacándose el mono Tití, oriundo de Caquetá. Por su supervivencia buscan unir cordones biológicos para que los primates se desplacen por la zona sin obstáculos. Además, pretenden reforestar 100 hectáreas de terrenos colindantes.

Su labor ambiental la adelantan en una región aprovechada por empresas petroleras que, en ocasiones, han afectado el medio ambiente. Así lo documentó la Asociación Ambiente y Sociedad, cuando en junio de 2020 una de las líneas petroleras de la empresa Gran Tierra Energy presentó un derrame que impactó los ríos Mocoa y Caquetá.

Además, según la lideresa, las autoridades locales no han cumplido con la ejecución de construcción de acueductos y por eso también ha asumido la vocería para reclamar el bienestar de su comunidad. “Nos toca consumir el agua del río Caquetá, el río Tambor, un afluente que baja contaminado con todo el vertimiento de desechos de toda la gente de Piamonte”, denuncia. 

Y aunque durante años se aferró a su gente y a su tierra en el municipio de Piamonte, Cauca, hoy se encuentra desplazada de su comunidad. “Yo no llevo sino ocho meses, pero parece que fuera una eternidad”, dice, aún sin creer del todo que esté pasando por esa situación, aunque explícitamente le dieron un ultimátum: el 1 de marzo de este año el comandante de uno de los grupos armados ilegales que opera en esa zona le advirtió que si no salía de allí la torturaría y asesinaría.

Según varias fuentes conocedoras de las dinámicas del conflicto armado, en la región hacen presencia disidencias de las extintas Farc, entre ellas los Comandos de Frontera —conformado por disidentes de los frentes 32 y 48 de las antiguas Farc—; y el Frente 1 Carolina Ramírez; así como las organizaciones del crimen organizado conocidas como Sinaloa o La Mafia, y La Constru.

Según la Defensoría del Pueblo, en la región de Piamonte (Cauca), Puerto Guzmán (Putumayo) y San José del Fragua (Caquetá) los actores armados encuentran zonas de aprovisionamiento, descanso y áreas de repliegue que favorecen la acción armada. “En particular, se distingue el interés de los grupos armados ilegales por los corredores que permiten la comunicación con los departamentos de Cauca y Huila a través del piedemonte de la cordillera oriental, donde se conectan los Parques Nacionales Naturales – PNN- Churumbelos, Alto Fragua Indiwasi y Cueva de los Guacharos”, se lee en la Alerta Temprana 001 de 2021. 

En segundo lugar, esta agencia del Ministerio Público explica que la región es clave para que los grupos armados ilegales se lucren de actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, “bien sea mediante la promoción de la explotación ilegal de oro, la ubicación de refinerías artesanales o, por las exacciones forzosas a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos”, advierte en el documento.

Al respecto, Salcedo dice que “los que sentimos el dolor y los que sentimos todas estas muertes somos quienes estamos territorios y quienes lo vivimos, y es bien duro, bien duro, porque hay veces nadie se pone los zapatos de nosotros o nadie siente ese dolor que nosotros sentimos cuando vemos que nos asesinos nuestra gente y que no podemos hacer nada”. 

Este portal periodístico conversó con la lideresa para conocer más sobre la situación de las comunidades que representa y sobre su seguridad personal.

VerdadAbierta.com (VA): ¿En qué momento empieza a perfilarse como lideresa?

Maydany Salcedo (MS): Nací en 1974, tengo 48 años. Fui criada y he estado en el campo. Vengo de padres y de familia de la Unión Patriótica. Eso ha llevado a que haya recorrido de Río Blanco (Tolima) al Guayabero (Meta-Guaviare), a Concordia (Meta), el Huila, Tolima. Por último Caquetá y ahora estoy en Piamonte y Putumayo.

No sabía que uno se iba haciendo líder o dirigente social hasta cuando salió el nombre. La defensa de los derechos humanos la empecé hace muchos años al lado de mi familia, cuando ya me convertí en ama de casa. 

Empecé con unos niños en la antigua zona de despeje en San Vicente del Caguán —42 mil kilómetros cuadrados de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa (Meta) y  San Vicente del Caguán (Cauqtá) destinado por el gobierno de Andrés Pastrana para adelantar un proceso de paz con las antiguas FARC—, del 2000 al 2002. Trabajaba con niños contándoles la historia, hablándoles sobre quién era Simón Bolívar, Policarpa Salavarrieta. En un círculo con niños leíamos cuando salían de la escuela.

VA: ¿Cómo siguió ejerciendo el liderazgo social? 

MS: Terminada la zona de despeje, mucha gente tuvo que salir desplazada para salvaguardar su vida. Llegué a Neiva, Huila, y empecé a trabajar con una fundación que se llamaba Nueva Esperanza y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos como lideresa. 

En el 2008 me fui hacia el Caquetá, a Florencia, y fui la representante legal de ASINTEOC, la Asociación Interveredal Entre Ríos Orteguaza y Caquetá de los Municipios De Milán, Solano, Valparaíso y Solita; y allí ya empezamos a defender el medio ambiente: cuando los militares bombardearon la laguna, cuando ametrallaban para hacer sus entrenamientos. Ahí ya empezamos a proyectarnos en la defensa del medio ambiente, pero pues siempre desde niña, mi confidente y lo que siempre amaba era mi territorio, los animalitos, cuidaba las fuente hídricas.

VA: ¿Y llevó esa labor después a Cauca?

MS: No. Fui la presidenta de ASINTEOC durante dos años. A finales del año 2011 me vi en la obligación de dejar la representación legal de ASINTEOC para pasar hacia el Cauca. En ese tiempo ya hacía parte de organizaciones de plataforma nacional como FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) y Marcha Patriótica, las dos organizaciones nacionales a las cuales pertenecemos y pertenezco con mucho orgullo hasta la fecha. 

Nos fuimos hacia el Cauca por invitación de varios campesinos y campesinas de juntas de acción comunal a Piamonte y allí constituímos una organización porque allí hacían bombardeos, esas bombas hacían unos cráteres y quemaban la Madre Tierra, mataban animalitos. Y empezamos a hacer las denuncias, pero pues ellos —la Fuerza Pública— se amparaban en que había guerrilla y que había que exterminarla y pues por exterminarlos no diferenciaban de la sociedad civil y hacían daños en las fincas y donde caían esas bombas, eso parecía que le hubieran metido candela, eso quedaba un cráter muy grande, de 10 a 12 metros hacia abajo. 

VA: ¿Qué otras luchas por la protección ambiental del territorio abanderó?

Se le sumaban los daños de las multinacionales, las contaminaciones, o la aspersión con glifosato. Los derrames de crudo que había ocasionado Gran Tierra Energy en el río Caquetá, del cual nosotros tenemos que tomar agua por obligación; la contaminación que hay en el río Inchiyaco.

VA: ¿En qué momento empieza a verse en riesgo su integridad por abanderar ese trabajo de liderazgo social?

MS: Desde que llegamos a Piamonte fuimos estigmatizados y perseguidos por la institucionalidad y parte de la sociedad civil porque supuestamente habían llegado guerrilleros a constituir organizaciones guerrilleras. Siempre ha sido esa la estigmatización en nuestro país a todas aquellas personas que pensamos diferente, porque queremos ver una Colombia diferente, en paz, con justicia social; nuestros territorios con vías, con educación. Eso hay gente o instituciones que no le gustan.

La organización nace en 2012 y jurídicamente el 16 de junio del 2013. Fuimos al Paro Nacional Agrario y Popular del 2013, esto conlleva a que siguiera la estigmatización y la persecución porque en el paro tuvieron que bloquear vías, hacer resistencias, duramos casi 40 días de paro nacional. 

VA: ¿Cómo ha sido salir del territorio? 

MS: Dejar el territorio es como ingresar en una cárcel. Es duro: se desestabilizó la familia, tuvieron que dejar las fincas, su bienestar, dentro de lo poco que tiene uno como campesino. 

Estar lejos de mi familia ha sido lo más duro porque hay veces que no puedo verla. No puedo ver a mis hijas, mi mamá, mis hermanos, por seguridad. Aquí en Colombia es mejor ser narcotraficante o ser de un grupo al margen de la ley que ser defensor del medio ambiente y derecho humanos.

A uno lo persiguen para matarlo, si nosotros no le hacemos daño a nadie, solo protegemos el medioambiente que le sirve a los buenos y a los malos. Defendemos que no le saquen el crudo a la Madre Tierra porque eso es como sacarle la sangre a un ser humano, se va muriendo poco a poco. Para uno de mujer es muy berraco. Hay veces que uno llega hasta el límite donde ya no quiere más, donde hay veces uno quisiera renunciar, pero hay mucha gente que depende de ti para llevar la voz de ellos. 

Gestionamos ante el gobierno lo que más podemos, pero hay veces, no podemos sacar resultados, pero nos tildan de que somos los que nos robamos las cosas, que somos los malos… la verdad nuestra lucha es una lucha muy desagradecida porque son muy pocos los que le agradecen. 

VA: ¿Cómo ha respondido el Estado frente a su situación de riesgo?

MS: Yo ando en una ‘caja de sardinas’. Una camioneta, yo le puse la ‘caja de sardinas’ de cariño. Yo ando en una ‘caja de sardinas’ con dos hombres de protección, pero no solo se trata de mí. Detrás de mí hay 904 núcleos familiares que también están en riesgo. Mientras me pusieron una camioneta a mí, han matado niños con su papá, han matado mujeres, han matado jóvenes. Siguen matando, siguen amenazando, siguen desplazando nuestra gente, sigue la intimidación en el territorio para nuestra dirigencia, pero no pasa nada. 

No es proteger la cabeza principal porque yo me siento mal, porque yo quisiera que mis compañeros estén mejor que yo, porque esa es nuestra vocación: servir y que la gente esté bien.

Sí, yo tengo un carro o un chaleco, pero cuando nos echan balas a veces no llevamos el chaleco, cuando llegan a nuestras casas con las pistolas, como han llegado ahorita el 17 de agosto, ni chaleco ni el carro ni los hombres de protección estaban.

VA: ¿Qué ocurrió el 17 de agosto?

MS: El 17 llegaron hasta mi casa dos hombres en una moto con pistola en la mano, la pusieron en la ventana, me llamaron ‘gorda HP, venga’. Yo salí corriendo porque la intención mía era que no me fueran a hacer nada delante de mi niña. Y era para mostrarme un berraco comunicado que habían sacado en donde dice que yo misma me amenazo, que yo misma mato la gente, que yo misma hago todo por lo que está atravesando ASIMTRACAMPIC. 

Entonces que me iban a destruir como dirigente social y yo lo único que hacía era suplicarle que no me fueran a matar delante de esa hermosa de cinco años que estaba a mi lado. Pero se fueron. Ellos —los grupos armados ilegales— dicen que matarme a mí es un costo político muy alto para ellos. Solamente vinieron a decirme que venían a destruirme como líder.

VA: ¿Qué acciones inmediatas le está solicitando al gobierno para asegurar la seguridad de las personas en Piamonte?

MS: El gobierno nacional viene adelantando diálogos con los grupos al margen de la ley, nosotros hace años venimos pidiendo una mesa humanitaria urgente y un cese de hostilidades contra la población civil. Pero duele saber que muchos grupos al margen de la ley, a pesar de que estén hablando con el doctor Danilo Rueda, podría decirse que es una burla, podría decirse que van a comer a costillas del gobierno y a lo último lo firman nada y no cumple.

En una cumbre humanitaria en Bogotá donde nosotros hicimos la denuncia por unos asesinatos que ocurrieron en Piamonte, Danilo nos decía que los grupos al margen de la ley ya sabían que no tenían que seguir matando, pero siguen matando. 

El 30 de octubre mataron a dos compañeros de nosotros de la región Andinoamazónica. La gente se sigue desplazando por miedo al conflicto, por esa disputa que hay en el territorio.

VA: ¿Cómo ha sido para usted como mujer liderar en esta región?

MS: El machismo o el patriarcado siempre ha existido y para nosotras ser dirigentes, así es pesado porque nosotras sabemos qué es parir, sabemos qué es sentir, a diferencia a un hombre. Sentimos más amor por lo que hacemos, sentimos más la pasión de lo que realizamos.

Por ejemplo, a mí no me bajan de “vieja”, “gorda”, “HP”, “guerrillera” y eso marca. En el territorio, los liderazgos de hombres los amenazan e intimidan, pero no tanto como a una, porque a una la acorralan más por el hecho de ser mujer.

Si el hombre tuvo que salir por amenazas se va y deja a la mujer respondiendo por la casa, por las vacas, por la familia, por la finca. En cambio, si una se tiene que salir, pues entonces te ponen compañía en la finca porque ya no puedes producir, no ayudas, no haces y pues es más difícil.

VA: ¿Siente que las voces de los hombres son  más escuchadas que la suya?

MS: Para ser mujer e ir a hablar con el grupo al margen de la ley no te recibe con la misma facilidad que recibir al macho. En cambio llega la mujer y aunque somos más pasivas, más negociadoras, más capaces en algunos aspectos; solamente el hecho de ser mujer hace que se  repriman un poco. 

Pero tampoco es que sea mucho. Yo digo que los que nos amenazan nos tienen miedo por ser mujeres, las que estamos al frente. Mi asociación está liderada en su mayoría por mujeres. A veces los hombres sienten como ‘ah, esa vieja nos está mandando’, pero, pues, yo soy la presidenta de la asociación. 

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“A mí me gusta el trabajo colectivo, soñar desde el territorio, tener la oportunidad de conocernos, de emprender, de crear, de hacer procesos. Nosotros trabajamos colectivamente para darle forma a los sueños”, dice Raquel Soto, una lideresa del municipio de Argelia, Oriente antioqueño, integrante de la Asociación de Campesinos de Antioquia (ACA).

Y justo esos sueños de los que habla Raquel son los que movilizan a cientos de líderes, lideresas y autoridades étnicas en el país, en defensa de sus comunidades, de los recursos naturales y del medio ambiente. Son ellos los imprescindibles en caseríos, veredas y corregimientos, así como en barrios citadinos. Sin esas voces, los pobladores rurales y urbanos vivirían en medio del mutismo.

Pero no es una tarea fácil. “El liderazgo implica unos sacrificios bastantes fuertes y retadores”, asevera Evelio Giraldo, uno de los líderes del movimiento social Vigías del Río Dormilón, en municipio de San Luis, también en el Oriente antioqueño, desde donde se defiende el sistema hídrico de la región.

Y esos retos pasan, según Evelio, por tener una gran capacidad de escuchar a la gente, así como de tolerancia y paciencia, y “de insistir, persistir y no desistir, además de estarse documentando. A mí me ha ayudado mucho en el proceso con ciertos estudios que he realizado de derechos humanos”.

La disposición al sacrificio de líderes, lideresas y autoridades étnicas también tiene otras implicaciones: afrontar amenazas, abandonar los territorios en condición de desplazado forzado, exigirle al Estado colombiano para que los doten de esquemas de protección eficientes y lo que es más dramático, el asesinato a manos de quienes rechazan esos liderazgos.

“Hemos perdido compañeros que han sido asesinados”, admite Cecilia Mora, cacica mayor del pueblo Zenú en la comunidad El Manantial, de la vereda Puerto Santo, municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.  “Nosotros como caciques somos un blanco muy importante para los grupos armados”, agrega.

Las cifras del Observatorio del nivel de Riesgo de la Labor de Lideres, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, entre enero de 2010 y agosto de 2021 corroboran ese ambiente de intimidación descrito por la cacica mayor Cecilia Isabel. En ese periodo fueron agredidas más de 3.100 defensoras, defensores, lideresas y líderes sociales. De este total, 1.319 agresiones ocurrieron posterior a la firma del Acuerdo de Paz, rubricado en noviembre de 2016 en Bogotá por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

Según esa misma base de datos, 120 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados entre 2017 y agosto de 2021 en Antioquia. Para lo corrido del año 2021 se registran diez y siete homicidios. Detrás de por lo menos 77 crímenes estarían organizaciones armadas ilegales paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), ‘Los Caparrapos’ y ‘El Clan Isaza’. Tres más habrían sido cometidos por la guerrilla del Eln, la Policía Nacional a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Batallón BAJES del Ejército Nacional.

José Hernández, integrante de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (Ascna), considera que uno de los factores generadores de riesgos y de acciones violentas contra líderes y lideresas es la estigmatización: “Por ser líderes sociales nos están diciendo que pertenecemos a grupos armados de diferentes bandos; si estamos en un lugar donde hay guerrillas, nos tildan de ser líderes de las guerrillas; y si estamos en un sector donde hay paramilitares, nos tildan de ser líderes de los paramilitares o de cualquier grupo de narcotraficantes. Esa estigmatización en contra de los líderes tiene que acabar, las autoridades se tienen que fijar en el contexto del país”.

Es un costo alto el que pagan las comunidades y aquellos que los representan en defensa de sus derechos, de sus culturas y de sus territorios. Tal como lo describe José David, “un líder es la voz de un pueblo, la voz de muchas comunidades”, por eso son imprescindibles, pues sin ellos, prosperarían las arbitrariedades, los abusos y el despojo de todo aquello que es esencial para la vida no sólo de las poblaciones que representan, sino para el departamento, el país y el mundo.

¿Y qué tienen de común Raquel, Evelio, Cecilia y José? Que cada uno, a su manera, representa a las comunidades en temas fundamentales para sus pobladores, pero se diferencian en los temas que abordan. No obstante, en su conjunto, luchan por una mejor calidad de vida, un derecho que no puede perderse de vista.

En defensa del agua

Una de las mayores preocupaciones de Raquel y Evelio es el sistema hídrico regional y el aprovechamiento que quieren hacer de él para construir centrales de generación de energía, una forma de privatizar el agua y de afectar a las comunidades campesinas.

El reclamo específico de Raquel está relacionado con las licencias otorgadas para aprovechar las aguas del río La Paloma. De hecho, los proyectos Paloma 1 y Paloma 2 fueron concesionados, en 2009 y 2010, respectivamente, a la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia (GEN) que se desarrollarán en jurisdicción de los municipios de Argelia y Sonsón y tendrán una capacidad de generación, en su conjunto, de 13,6 megavatios.

“La Paloma es el río más grande que tiene Argelia”, afirma Raquel y al parecer se proyectan construir seis microcentrales de generación de energía hidráulica, aprovechando su caudal. “Uno dice: el agua es lo único que nos da vida y que es necesario, el Estado no puede hacer agua, es un producto natural y lo que vamos a hacer es venderlo, sólo pensando en el dinero y que se creen dueños de estos recursos”.

“Soy mujer campesina y me gusta mucho el trabajo con las comunidades para tener autonomía y vida digna para cada uno de nosotros, los campesinos y campesinas”, enfatiza esta lideresa y detalla que Argelia y Sonsón son zonas montañosas, con una gran riqueza hídrica y de fauna y flora. En ambos municipios se vive de la producción de café, panela y de la ganadería lechera, así como de productos de pancoger, en parte para el consumo familiar y en parte para la comercialización.

La ubicación estratégica de estas dos poblaciones, a las que se suman Nariño y San Francisco, hizo de esta región un enclave para grupos guerrilleros y paramilitares, así como para la acción arbitraria o de violación a los ddhh de la Fuerza Pública contra las comunidades en su lucha contrainsurgente. En sus montañas hicieron campamentos las guerrillas de las Farc y el Eln, así como las Autodefensas Unidas de Colombia.

Raquel, incluso, es víctima de ese belicismo concentrado en la región: “Fui desplazada dos veces, en el segundo desplazamiento mataron a mi papá y perdimos todo. Fuimos amenazados. A mi mamá le tocó sacar a mis hermanos de aquí. Fue muy complejo no sólo al nivel de mi familia, sino también del municipio […] Casi el 80 por ciento de las comunidades rurales fueron desplazadas y estuvieron tres o cuatro meses aquí en Argelia”.

A juicio de esta lideresa, esas secuelas se mantienen hasta ahora, “puesto que no se ha hecho mayor impacto en reparaciones colectivas, no se ha ido a las veredas a trabajar con los campesinos el tema de memoria ni nada. De hecho, aquí no hay un sitio de memoria”.

Raquel trabaja desde la coordinación del área de comunicaciones de la ACA en los municipios de Argelia y Sonsón en defensa del agua y del territorio, y se ha enfocado en el área audiovisual, mediante la cual busca crear consciencia sobre los potenciales daños ambientales que generaría la fuerte intervención del río La Paloma y otros afluentes de la región.

“Hemos hecho un proceso de concientizar a las comunidades de poder vernos a nosotros mismos antes las situaciones del país”, explica esta lideresa. “No podemos seguir permitiendo que nos sigan llenando de palabras cuando no son necesidades propias de nuestras comunidades, quienes somos los que sabemos qué necesitamos, cómo lo podemos hacer, si es viable o no”.

“No ha sido fácil”, agrega, “pero si miramos todo este tiempo, desde que iniciamos, hemos hecho mucho, por lo menos las comunidades son más conscientes y tienen otra mirada de lo que es el mundo hoy, se puede reflexionar qué está bien y qué está mal en este momento”.

A las luchas de Raquel se suma Evelio desde el municipio de San Luis a través del movimiento social Vigías del Río Dormilón, una iniciativa que surgió en el año 2010 a través de la cual comenzaron a solicitar información tanto a entidades públicas como empresas privadas sobre los proyectos mineros y de generación de energía sobre la cuenta del río Dormilón, el principal afluente de ese municipio, con el fin de “generar deliberación y opinión pública para la protección y defensa del río, mediante incidencia política con el gobierno municipal y la autoridad ambiental subregional”, se lee en un documento de sistematización de esta experiencia realizado en 2015.

Si algo ha predominado en San Luis son sus bosques nativos, un ecosistema que generó entre sus pobladores una vocación protectora, que se ha mantenido a pesar de las afectaciones causadas por la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, que entró en operaciones en 1983 tras 17 años de labores, que influyó en el desarrollo de la explotación maderera. Su economía agrícola se sustenta en cultivos de caña, café, maíz, yuca y fríjol.

De acuerdo con Evelio, en San Luis “nos orientamos a desarrollar actividades económicas muy compatibles con la conservación de los recursos naturales, y eso es precisamente el turismo de naturaleza, además del beneficio que nos ofrece el bosque, el agua, para el bienestar nuestro”.

Pero esa vocación de conservación choca con los proyectos hidroeléctricos que se han gestado alrededor de la cuenta del río Samaná, de la cual hace parte el río Dormilón. “Esa es la nueva política de expansión del Estado”, afirma este líder ambiental y agrega: “Ahí precisamente donde choca estas expectativas, estos planes que tenemos con proyectos que incursionan con gran impacto negativo. Es ahí donde lo vemos conflictivo. Eso nos genera tensión y desde Vigías del río Dormilón somos los que más hemos conflictivizado este asunto”.

¿Y cómo lo han hecho? Buscando información, procesándola y compartiéndola de manera pedagógica con las comunidades. Se trata, con esa estrategia, de enfrentarse a la tensión que genera la posibilidad de trabajo que brindan las empresas foráneas y la conservación de los recursos naturales. “Así hemos logrado profundizar en el tema para confrontar ese tipo de proyectos y ese modelo extractivo y económico que se quiere implementar en la zona”.

Evelio explica que la clave de los resultados que han obtenido se debe a la capacidad que tienen los líderes y lideresas sanluiseños para documentarse y estudiar: “Hemos aprendido a hacerle seguimiento riguroso al trámite administrativo, por ello toda movilización, todo acto de incidencia que hacemos, está respaldado por una información muy verídica”. Esa actitud les ha abierto puertas al diálogo con la autoridad ambiental de la región, Cornare, y la Alcaldía.

Las concesiones de agua para la construcción de una microcentral aprovechando el 75 por ciento de las aguas del río Dormilón se otorgaron en 2008 y 2010. La idea era desarrollar un sistema de captación conocido técnicamente como “a filo de agua”, que no requiere de embalses, sino túneles de desvío que conduce el vital líquido del afluente por grandes tuberías hacia un sistema de turbinas para generar energía.

Pese a que ese tipo de generación se le ha considerado menos lesivo para los ecosistemas hídricos, en San Luis no concuerdan con ese planteamiento y a través de una intensa incidencia y movilización social, lograron, en 2015, “tumbar” las dos licencias y evitar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

Las tareas del movimiento social, cuenta Evelio, se desarrolla en tres fases: “En 2012 nos organizamos y hasta 2015, que logramos tumbar las dos licencias, fue como una fase de choque, porque como ya estaban dadas las licencias, nos tocó movilizarnos duro; entre 2016 y 2019 fue una fase de contención, donde veníamos conteniendo mucho de que esos trámites no avanzaran, interponiendo muchos recursos; y ahora aspiramos, como mínimo a 2023 con esta Alcaldía y con el mismo Cornare, desarrollar el tema de la reapropiación social del río”.

“Esta lucha no está librada”, reconoce este líder. “Ellos quieren continuar con los procesos de explotación, pero están muy congelados, la empresa que quiere ocupar o asentarse en estas aguas con hidroeléctricas está quieta porque saben que políticamente no tienen respaldo de las alcaldías ni de la gente”.

Por lo pronto quienes integran este movimiento social no han recibido amenazas directas por sus labores conservacionistas, pero Evelio cree que el vacío institucional al que se han enfrentado en más de diez años los puede poner en riesgo y limitarles las posibilidades de moverse mejor. “No ha habido amenazas, pero sí falta de garantías”, concluye.

En defensa de la cultura

Para Cecilia Mora, Cacica Mayor Indígena del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, su condición de mujer le significa un doble trabajo: por un lado, luchar por su reconocimiento como lideresa y, por otro, lograr que la cultura del pueblo Zenú acabe perdiéndose y se extingan los usos y costumbres ancestrales.

Esta lideresa ejerce su autoridad sobre nueve comunidades Zenú, cinco de ellas constituidas como resguardo y cuatro más que aún no viven bajo esa figura organizativa ni poseen territorio colectivo, pero están asentadas en diversas áreas rurales de Cáceres, uno de los municipios más antiguos de Antioquia, fundado en 1576.

Cecilia relata que estas comunidades viven de la agricultura y muy escasamente de la minería artesanal: “Las actividades de estas comunidades es la agricultura y la pesca, muy entre veces la minería artesanal, porque ya muy poco se trabaja; primero, por escases de oro, y segundo, porque ya el contexto del conflicto nos ha obligado a no seguir trabajando con este mineral porque siempre cobran vacuna”.

Cáceres, junto con Tarazá, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza, conforman la región del Bajo Cauca antioqueño, acosada desde hace varias décadas por grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y estructuras del narcotráfico, además de una fuerte militarización por parte del Estado colombiano. Pululan en esta zona la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc, las Agc y ‘Los Caparrapos’. (Leer más en: En el Bajo Cauca, lógica de “aniquilación del enemigo” afecta a la población civil)

Una de las preocupaciones de la Cacica Mayor son las comunidades Zenú carentes de tierra en este municipio, asentadas en San José de Los Santos, Jardín Tamaná, El Manantial, Guarumo y la Isla de la Dulzura. “Ha sido muy difícil”, se lamenta esta autoridad étnica.

“Cuando uno vive en medio de una comunidad campesina, que tiene costumbres totalmente diferentes, es muy difícil uno hacer uso de su gobierno propio, ha sido muy difícil subsistir, porque cuando hay una incursión armada, hay algún hecho criminal que involucre a la comunidad campesina, inmediatamente nosotros también nos vemos involucrados ya que convivimos directamente con ellos”, precisa.

Dado el alto nivel de conflictividad armada que se vive en esta región, son constantes los desplazamientos forzados y los confinamientos. Uno de los últimos desarraigos se registró a mediados de mayo pasado, cuando cerca de 114 personas del pueblo Zenú se trasladaron del resguardo La Palma hacia el centro poblado del corregimiento de Puerto Bélgica huyendo de la confrontación entre tropas del Ejército y grupos irregulares.

Otra de las inquietudes de Cecilia es la pérdida de la identidad cultural de su pueblo, un asunto sobre el que trabaja intensamente, Ya que ha sido afectado desde la Colonia que ocasionó la pérdida de su lengua nativa. “Hemos hecho todo lo posible para mantenerla”, dice la Cacica Mayor y detalla uno de los elementos sobresalientes de su labor: el tejido del sombrero vueltiao, un símbolo de su identidad.

“Nosotros cultivamos la caña de flecha, la raspamos, le damos el proceso de limpia para poder comenzar a tejer el sombrero, nosotros mismos tejemos el sombrero, sabemos cuáles son las pitas, las trenzas”, explica Cecilia y le se suma a esas labores el tejido de accesorios como aretes, manillas, sandalias, billeteras, bolsos y carteras, y la talla en madera.

“También mantenemos viva la costumbre de las comidas tradicionales”, agrega, “aunque ha sido muy difícil porque acá en Antioquia es muy difícil conseguir o mantener vivas muchas plantas que nosotras manejamos para el consumo diario. Hemos tratado por todos los medios, con proyectos e iniciativas, de fortalecer el proceso de la cultura de las comunidades indígenas para que no se pierda”.

Uno de sus lamentos es que ante los inconvenientes que puede generar su cultura ante otras comunidades, y por no entrar en choques innecesarios, algunos indígenas y sus familias “tienden a desplazarse o dejar de vivir con sus usos y costumbres para no incomodar a ninguno”.

Los Zenú en Cáceres afrontan dificultades para comercializar sus productos agrícolas, entre otras razones porque se ven confinados por grupos armados ilegales: “No hay salidas, o las que hay están vigiladas, controladas, hay líneas invisibles”. Antes vivieron recluidos por razones de la pandemia de Covid-19, pero son las restricciones arbitrarias las que más los afectan.

“No podemos ir a las cosechas, no podemos salir de nuestras casas, no podemos reunirnos en nuestros espacios autónomos, hay que parar toda clase de actividad con la guardia, con las escuelas, todo el proceso queda parado porque hay que acogernos a las reglas que nos dicta el conflicto armado”, precisa Cecilia.

Y justo por culpa de esa confrontación han perdido la vida dos líderes Zenú en los últimos tres años. El primero de ello fue Luis Enrique de la Cruz, asesinado el 6 de noviembre de 2019 en la vereda El Campanario; y Johnis Elian Jiménez, de la comunidad de Puerto Santo, acribillado por sicarios el 28 de abril de 2020.

“En este momento tengo dos autoridades locales que están en total desplazamiento por amenazas directas a ellos”, cuenta Cecilia, situación que respalda su llamado de atención: “Desafortunadamente a Cáceres no ha llegado esa paz que se prometió con la firma del Acuerdo de paz. Me atrevería a decir que después del acuerdo de paz no hemos mejorado, sino que ha empeorado la situación”.

Además, según esta lideresa, los proyectos prometidos para Cáceres a través de los programas pactados en el Acuerdo de Paz para atender comunidades víctimas del conflicto armado no se han cumplido a cabalidad.

“Estamos hablando del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos). Por ejemplo, teníamos la expectativa de terminar con los cultivos ilícitos de todos los municipios del Bajo Cauca, pero al ver el incumplimiento que tuvo el gobierno en muchos puntos del acuerdo, muchas familias se vieron obligados a seguir sembrando coca. Eso ha recrudecido más el conflicto en esta zona”, afirma Cecilia.

Esta Cacica Mayor también tiene que resolver asuntos propios de su comunidad, compuesta por cerca de 1.450 personas, entre mujeres, hombres, niños y niñas, en donde aún impera el machismo. Ella es la segunda mujer en llegar a ese cargo en los últimos 20 años y lleva poco más de siete meses al frente de su comunidad, luego de un trabajo comprometido de más de seis años.

“Hemos tratado de trabajar en ese tema del machismo con talleres de género, charlas educativas, pero erradicar una costumbre que se mantiene culturalmente es difícil”, reconoce la Cacica Mayor, pero reitera que se ganó esa designación “con mi sudor” y desde ese cargo tiene la oportunidad de sentarse con las organizaciones sociales y entidades estatales “para poder acompañar las comunidades que siempre ha sido mi reto”.

En defensa del Acuerdo de Paz

La firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, luego de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, generó amplias expectativas en diversas regiones de Antioquia y del país, pues en lo pactado habría posibilidades de comenzar a superar algunos de los problemas históricos, entre ellos el del agro y de las drogas.

No obstante, José Hernández, de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA), lamenta, como lo hizo la Cacica Mayor del pueblo Zenú, los incumplimientos del gobierno nacional en fortalecer programas como el PNIS y en atacar la minería ancestral, situación que los llevó a marchar por las calles de Anorí a finales de abril de este año.

“Protestamos por el ataque a las dos economías nuestras: la minería, por ser ancestralmente minero, más de 400 años haciendo minería en el municipio, y la economía de los cultivos de uso ilícitos en unos acuerdos que llegamos con el gobierno, pero este le vuelve a incumplir a los campesinos”, cuenta José.

Por cuenta de lo uno y otro, al campesinado de esa región del Nordeste antioqueño se le ha dificultado volver a actividades lícitas, razón por la cual estarían reincidiendo en la siembra de cultivos de hoja de coca para uso ilícito.

“Es que no hay inversión social”, afirma este líder de ASCNA. Si bien reconoce que a muchos cultivadores les dieron 12 millones de pesos como parte de compromisos con el PNIS, “ese dinero se usó para subsistir, pero no se resolvió lo de las carreteras, la vivienda, proyectos productivos, todo lo que estaba acordado”.

Y José destaca que con lo único que ha llegado a la región es “el atropello militar para la erradicación forzada”. Y recuerda lo ocurrido el 21 de mayo de 2020 cuando en una operación del Ejército contra los cultivos de hoja de coca fue asesinado el campesino Ariolfo Sánchez, cuando este salía de su vivienda al patio de la misma, incluso, la comunidad denunció que las tropas querían impedir que recobraran el cuerpo para darle sepultura.

Las autoridades también han actuado contra la minería y destruido la maquinaria empleada en esas labores, acción que cuestiona José: “Con una retro no vive el mero dueño, sino que son cientos de personas alrededor de éstas, barequeros que cambian de turno para trabajar, un turno de cien [personas] por la mañana, otro de cien [personas] por la tarde. Es una gran pérdida cuando se quema una máquina porque son esas familias las que se quedan sin trabajo”.

José insiste: “El gobierno nacional tiene que invertir en estos territorios alejados donde hay minería y coca, no es sólo llegar con la Fuerza Pública, sino con inversión social; el problema no es la coca o la minería, es la falta de inversión social”.

Por su parte Antonio Cárdenas, también de ASCNA y líder de Anorí, insiste en el cuestionamiento al gobierno nacional por los ataques a minería: “Nosotros somos informales, eso es algo que hay que aclarar. Tratarnos como criminales es una palabra que no nos respeta”.

Y agrega que en varias zonas de Anorí se trabaja minería tradicional desde hace más de cien años y son perseguidos: “A nosotros nos preocupa porque llegaron grandes empresas a explotar grandes terrenos, a ellos no los atropellaron como a nosotros. Ahora que nosotros nos estamos comiendo las miserias, sí vienen a ver si nos logran quitar hasta esas miserias que quedaron”.

Para reforzar su argumento, Antonio recuerda que es minero tradicional desde hace varias décadas: “Yo me levanté con eso desde que un castellano de oro valía 2 mil 500 pesos y en este momento está alrededor de 800 mil pesos”.

Con respecto al PNIS, este líder detalla que en la vereda Concha Media, de donde es oriundo y a la que representa, arrancaron los sembradíos de hoja de coca como parte de los acuerdos, incluso lo hicieron personas que no estaban inscritos en ese programa.

“Queríamos tener una vereda limpia de coca”, dice Antonio. “Hace cuatro años que firmamos el acuerdo y los proyectos han llegado a medias. Estamos en la miseria: hablamos del millón 800 y se demoraron mucho para entregar; luego nos dieron elementos para el trabajo, pero compraron lo más ordinario y barato”.

“El campesino ya está reventado”, agrega este líder. “Es muy posible que se vuelva a sembrar porque no se cumplió con el pacto y ahora lo que hay es hambre. Da tristeza saber que nuestra vereda fue una de las que dejamos el territorio libre de coca, pero todo se incumplió”.

A las preocupaciones por esos incumplimientos se les suma la posibilidad de que se recurra nuevamente a la aspersión aérea con glifosato, tal como se hizo entre los años 2008 y 2015.

“Las del 2010 fueron las más bravas, no porque había cultivos, había potreros”, recuerda Antonio. “Los cultivos eran muy pocos, nos tiraron veneno y afectaron el cacao, el café, el pancoger. Después de eso, ha habido mucha dificultad para el cultivo, entran muchas pestes, las matas ya no crecen lo mismo. Por eso queremos más veneno en nuestro territorio”.

En razón de todo ello, José, compañero de Antonio en ASCNA, reitera que “aquí seguimos en pie de lucha por todos los compañeros que han muerto. Y vamos a seguir porque el liderazgo social en Colombia no puede acabar”.

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Desde el 8 de enero, día en que desapareció Gonzalo Cardona Molina, los pobladores del municipio de Roncesvalles, en el suroccidente de Tolima, sintieron gran incertidumbre, pero el 11 de enero fue de conmoción general tras enterarse del hallazgo del cuerpo sin vida de este defensor ambiental en una vía terciaria entre los municipios de Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca.

Cardona fue un protector del loro orejiamarillo en una reserva natural en el páramo Yerbabuena, donde vivía con su familia, con el apoyo de la Fundación Proaves. Durante más de veinte años, se dedicó a estudiar el comportamiento de esta especie, que estuvo en peligro de extinción. Además de proteger los páramos y cultivar la palma de cera, se destacó por hacer pedagogía en conservación del ecosistema con estudiantes y campesinos de la región.

Este líder ambiental se relacionó con la Fundación desde 1998 cuando la institución inició el programa de preservación del loro orejiamarillo. “Inicialmente, nos apoyó mostrándonos la región, ayudándonos con los conteos de los loros, con los procesos de cercamiento a los bosques que tienen palma de cera y con los procesos sociales con las comunidades, para hacerle conocer a Roncesvalles la importancia de la conservación de esta especie”, recuerda Alex Cortés, director de Conservación de la Fundación Proaves y amigo de Cardona.

Yesica, esposa del ambientalista asesinado, cuenta que “en la familia nadie era líder, pero cuando conoció el proyecto, Gonzalo comenzó a acompañarlos, incluso sin plata para los pasajes o para pagarle la semana de trabajo, pero él seguía ahí”.

Pese a las dificultades económicas, se fue formando como líder y dándose a conocer en la región. Antes de esas actividades, se dedicaba a trabajar en algunas de las grandes haciendas asentadas en Roncesvalles.

Poco a poco, Cardona fue conociendo la importancia y riqueza natural de su municipio, que tiene 76 mil hectáreas de extensión, de las que el 45 por ciento son zona de páramo y 12.946 hectáreas están protegidas desde 2017 por el Acuerdo 023 expedido por Cortolima, concretadas en el Parque Natural Regional Anaime – Chilí, que, además, abarca los municipios de Ibagué, Cajamarca y Rovira.

Roncesvalles “se destaca por paisajes engalanados con la palma de cera y es el hábitat del loro orejiamarillo. Tenemos los páramos Las Azules y La Yerbabuena, y hacemos parte del complejo de páramos Chilí – Barragán. En los páramos se encuentran lagunas naturales y tienen riquezas hídricas enormes”, destaca Luis Carlos Forero, vocero del Comité Ambiental por la Defensa de la Vida y el Territorio de Roncesvalles.

Además de sus riquezas, los roncesvallunos resaltan la belleza de sus paisajes durante los amaneceres y atardeceres. “Es uno de los municipios del centro del país y del Tolima con mayor oferta ambiental, no sólo por estar en terrenos de páramo y estar en el parque natural Anaime – Chilí, sino también por estar limitando con el Parque Nacional Natural Las Hermosas”, afirma Fernando Osorio, exgobernador de Tolima (2006-2007) y amigo cercano de Cardona.

“Es una tierra privilegiada –agrega–, de mucha tradición, además de la gran oferta hídrica junto con la de Rioblanco, Chaparral y Planadas. Roncesvalles es en realidad un paraíso ambiental y es uno de los municipios más hermosos que tiene el departamento”.

La bota de las Farc

Toda esa diversidad biológica estuvo custodiada durante poco más de cinco décadas por el Frente 21 de las antiguas Farc, que, además, tenían control total del municipio. Uno de los hechos que más recuerdan en Roncesvalles fue la toma guerrillera perpetrada el 14 de junio del año 2000 por una columna subversiva. En ese ataque perdieron la vida 13 policías y 11 guerrilleros, además de la destrucción de gran parte de la infraestructura urbana. (Leer más en: Tomas guerrilleras)

“Por Roncesvalles cruzan varios caminos que van hacia el Valle y hacia el Quindío. La guerrilla de las Farc siempre defendió mucho el posicionamiento en el territorio: primero, por ser un municipio apartado de Ibagué y de Tuluá, en el Valle; y segundo, porque estratégicamente le servía para su accionar de guerra de guerrillas, por eso se presentaron frecuentes muertes de líderes, desplazamientos, tomas de la población. El pueblo quedó desocupado en alguna época”, detalla el exgobernador Osorio, quien también fue director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Tolima entre 2000 y 2003.

El exfuncionario recuerda que antes de la toma guerrillera no había presencia de Ejército ni Policía: “Ahí llegó el Ejército y las Farc se retiraron a las veredas. Pero llegaron otros inconvenientes, puesto que ya al llegar el Ejército, la guerrilla tomaba retaliación porque la ciudadanía apoyaba al Ejército y a la Policía, de igual manera estos últimos lo hacían por, supuestamente, apoyar a la guerrilla”.

Un amigo cercano a Cardona, quien pidió no revelar su identidad por seguridad, recuerda que ambos fueron víctimas de las represalias estatales: “Fuimos capturados con el finado Gonzalo, tildándonos de miles de cosas que no eran reales, sólo éramos unos comerciantes, campesinos y servidores del municipio”.

Alrededor de ochenta personas fueron detenidas por las autoridades en el año 2004 en los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Cajamarca y Roncesvalles, acusándolos de rebelión. Entre ellos estaba Cardona.

“Precisamente fue una de las víctimas del conflicto armado. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se dieron las capturas masivas de campesinos y en una de esas cayó Gonzalo, acusado de ser auxiliador de las guerrillas. Estuvo preso catorce meses, salió libre y después el Tribunal Superior de Ibagué le dio la razón de que no era guerrillero y que el Estado había procedido mal por haber capturado a esos campesinos por simples indicaciones de desmovilizados”, asegura Osorio.

Esa captura, aunque dolorosa e injusta para Cardona y su familia, no lo detuvo en su trabajo de conservación del ecosistema; por el contrario, lo impulsó a ser entusiasta en una labor que sólo él estaba dispuesto a emprender.

“Recuerdo a un hombre feliz entre esas montañas con una cámara fotográfica para llevar registros de esos bosques, lagunas, colibríes y loros orejiamarillos”, expresa el fotógrafo Jesús Abad Colorado, quien pudo conocer al líder ambiental y caminar junto a él esas montañas tolimenses.

Líder sensible

Desde que Cardona empezó a trabajar en la Fundación Proaves, cambió su percepción sobre la tierra y el cuidado de la fauna y la flora, a diferencia de lo que hacía con el ganado, que lo trabajaba para el sustento familiar. Es decir, adquirió conciencia ambiental y después quiso contagiarla a sus coterráneos.

En el primer conteo que hicieron del loro orejiamarillo encontraron que sólo había 81ejemplares y, además, estaban viendo la desaparición de la palma de cera, el lugar donde habitan estas aves. Gonzalo se interesó por preservarlo ya que convivía con ellos, atravesaban su parcela, pero cada vez notaba que eran menos.

“Es una especie que hace veinte años estaba en una situación inminente de desaparecer”, evoca Cortés, de Proaves. “Nos dimos a la tarea de conocer su comportamiento, las limitantes que tiene para el éxito del establecimiento de un lugar y también realizamos trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del hábitat para el loro orejiamarillo y procesos de restauración y de cercamiento de los trayectos que tienen palma de cera y regeneración con especies de las que se alimenta el loro orejiamarillo y de palma de cera”.

Otro que guarda recuerdos de Cardona es Forero, quien, además, hace parte de la Red de Comités Ambientales del Tolima: “Con Gonzalo me conocí toda la vida, inicialmente lo vi como presidente de la vereda Cucuanita, en el año 2000, donde él vivió bastantes años; después lo vi muchas veces interactuando con los diferentes gobiernos, solicitando el arreglo de vías, proyectos productivos para su comunidad”.

Ya en Proaves, agrega Forero, “Gonzalo y una prima mía llamada Norma Forero, iban a la finca de un tío mío, donde había un pequeño bosque de palma de cera, ponían unos termómetros y una serie de aparatos y allá iban ellos a tomar los datos”.

Años después, la Fundación Proaves compró varios predios rurales en Roncesvalles para continuar con el trabajo de preservación, creando la Reserva Loros Andinos en una extensión de 4.072 hectáreas. Cardona se fue a vivir en uno de ellos, en el páramo Yerbabuena, donde también impulsó el turismo ecológico, hizo senderos, y con los turistas realizaba procesos de reforestación.

“Cuando ya entró a ser funcionario de Proaves, se notaba su entusiasmo defendiendo el medio ambiente, al tanto de los visitantes, comprometido con el corredor ambiental que se hizo entre Roncesvalles y el páramo”, destaca el exgobernador tolimense. “Su casa era el llegadero de una cantidad de aves, de colibríes. Fue un campesino con la ilustración propia de los campesinos de la región, enamorado del medio ambiente y fue así como se dio a conocer”.

Y luego consiguió una cámara fotográfica que también se convirtió en una de sus pasiones, aprendiendo, empíricamente a fotografiar todo lo que veía. Así lo recuerda Forero: “Gonzalo fue un personaje. Nunca se veía enojado, era muy extrovertido. Siempre tenía una sonrisa y una cámara, y cada que uno se lo encontraba, mostraba fotos entusiasmado de aves, flores, árboles, de los rastros del oso o del puma en el páramo, fotos a paisajes de atardeceres y amaneceres muy hermosos”.

Cuenta la esposa que Cardona fue considerado el tercer mejor fotógrafo empírico del Tolima, hasta ganó un concurso de fotografía. Y Recuerda que todos los días se levantaba a las 3 o 4 de la mañana para hacer los censos de loros, en muchas ocasiones la familia lo acompañaba y siempre llevaba su cámara al hombro.

Al hablar sobre este líder ambiental, Jorge Montañez, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, detalla a un hombre “al que le gustaba caminar mucho por las montañas del departamento y el país, se conocía perfectamente los recorridos del Parque Natural Regional Chilí – Barragán, un baqueano de tiempo completo. Fue una persona muy amable, carismática, se le notaba en cada palabra y actitud el amor por el páramo y la naturaleza en general. En resumidas palabras, un defensor real de la naturaleza donde poco se jactaba de discurso y todo lo llevaba al plano de la práctica”.

Por su parte, Cortés lo evoca como “una persona muy alegre, extrovertida, con un carisma muy impresionante. Llegaba muy fácil a las poblaciones, a las alcaldías, a los consejos, a las entidades y como hablaba con un lenguaje el cual se identificaban los campesinos y ganaderos de la zona, hacía que la barrera que existe entre una persona de afuera, un académico y el campesino, fuera la mínima”, recuerda su amigo Alex Cortés.

En el año 2003 la Fundación Proaves lideró el primer festival del loro orejiamarillo, involucrando a los centros educativos rurales. Junto con Cardona, prepararon una actividad que se volvió tradición en Roncesvalles. En 2018 se realizó la versión número trece. “Todos participamos en esas actividades. También nos poníamos de acuerdo para hacer trabajo educativo y pedagógico en las escuelas y colegios”, recalca Forero.

Cardona integró en sus estrategias de defensa del medio ambiente algunas intervenciones en video, que vistas hoy, son un aporte para los tolimenses y el país. Una de esas piezas audiovisuales fue grabada en 2010 y en ella, el líder ambiental habló de lo que más le gustaba: el loro orejiamarillo. (Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=c_TP0AV4WFU)

Todas esas tareas emprendidas en defensa del medio ambiente permitieron que, 23 años después, la población del loro orejiamarillo aumentara considerablemente. En el último conteo que hizo Proaves, en diciembre de 2020, y en el que participó Cardona, se registraron 3.941 individuos.

“Esto hace que sea una de las especies con proceso de conservación de veinte años exitoso y que gracias a esos primeros pasos que dimos con Gonzalo, pudo tener un final feliz, con la especie cubriendo las tres cordilleras y una comunidad sensible a no destruir el hábitat de estos loros”, afirma Cortés.

La codicia, una amenaza

Aunque las comunidades ya están conscientes de la conservación de su entorno, no sucede igual con los intereses extractivistas que se han querido imponer en Roncesvalles, una lucha que también emprendió Cardona con el objetivo de preservar los ecosistemas para evitar que fueran explotados. Esa disputa se remonta a más de cien años atrás.

“Desde que empezó la colonización de Roncesvalles, hacia 1910, siempre hubo interés por sus tierras, porque sus suelos son excelentes, de origen volcánico y de altura, de clima paramuno y frío. El interés estuvo en la explotación ganadera y algún interés en explotación minera artesanal porque la cordillera de Roncesvalles es muy rica en oro”, cuenta Osorio.

Sin embargo, la explotación de oro no prosperó, pero sí el acaparamiento de tierras para emplearlas en la explotación de la ganadería, afectando, incluso, zonas de páramos.

De acuerdo con el exgobernador tolimense, “siempre ha habido interés de gente poderosa por las tierras, a tal punto que Roncesvalles se convirtió en un territorio de grandes haciendas ganaderas, lo que ha provocado conflicto de tierras con los colonos que viene desde 1920 con la empresa Rocha Hermanos y que se fue solucionando en la medida que la gente fue ocupando las tierras y que el gobierno se vio obligado a adjudicar”.

Aún así, esas tierras ocupadas durante muchos años por campesinos, no tienen titulación y el conflicto por la tenencia continúa. “Hay intereses de familias poderosas que no siguen en el territorio, pero que sí tienen sus bienes. Hay que abonarles que generan empleo. Roncesvalles es un municipio donde más empleo se genera desde las haciendas”, afirma Osorio.

Los intereses minero-energéticos también han puesto a los ambientalistas de este municipio a oponerse a sus pretensiones, porque no se imaginan la destrucción de los ríos que le han dado vida por tantos años a las comunidades rurales.

“Impulsamos una consulta popular antiminera en el año 2018. De las 76 mil hectáreas que tiene Rocesvalles, 31 mil hectáreas ya están concesionadas para títulos mineros a cielo abierto y otras 17 mil hectáreas en proceso de solicitud. Son varias empresas: una que se llama Oro Barracuda SAS, la Anglo Gold Ashanti y varias pequeñas empresas que creemos son filiales a ésta”, asegura Forero.

Por el momento no hay ninguna empresa explotando minerales, pero temen que pronto se inicien labores. La consulta popular no la pudieron realizar, pese a que recogieron más de 2 mil firmas, porque durante el proceso la Corte Suprema de Justicia profirió la Sentencia SU095-18 que estableció “que la existencia de límites competenciales para la procedencia de consultas populares territoriales específicamente relacionados con la materia objeto de consulta hace que no pueda ser sometido a decisión de la entidad territorial la decisión unilateral de explotación de los RNNR (recursos naturales no renovables)”.

El exgobernador Osorio afirma que “la Anglo Gold Ashanti, en el primer gobierno de Uribe (2002-2006), se hizo a muchos títulos mineros sin socialización. La verdad es que muchos campesinos de la región jamás supieron que debajo de sus propiedades existía una riqueza aurífera y que los títulos de explotación pertenecían a Anglo Gold, esto ha generado mucha inquietud a raíz de la situación que se presentó en Cajamarca. En eso ha faltado mucha socialización”.

Varios proyectos de generación de energía hídrica han intentado arraigarse en el municipio desde hace varios años, situación que alarma a las comunidades. En el año 2013 diferentes organizaciones realizaron una movilización para rechazar la construcción de hidroeléctricas porque, a su juicio, ocasionarían graves afectaciones ambientales.

Cuenta Forero que “en este momento hay un proyecto hidroeléctrico que el año 2011 inició el proceso de construcción y hace unos cuatro años empezó a generar energía sobre el río Cucuana, con licencia ambiental generada por Cortolima a la empresa Celsia, la que hemos rechazado de manera contundente. Ya se otorgó la licencia ambiental a la Generadora Unión SAS para otro proyecto hidroeléctrico en otro río importante del municipio que es el Chilí”.

Otro de los temas que preocupa a los ambientalistas de Roncesvalles y del que poco se habla, porque no se tienen aún pruebas claras, es la venta de bonos de carbono aprovechando los páramos.

“Esa estrategia de los bonos de carbono –detalla Osorio– ha hecho que muchas empresas y empresarios grandes busquen la oportunidad de hacerse a territorios donde los páramos y la inversión es mínima, porque ya está la oferta ambiental ahí. Lo que se dice, y en cierto sentido me consta, es que hay muchas empresas que han querido comprar todos esos territorios con el propósito de hacer valer unos derechos pretendidos de emisión de oxígeno para la captura de CO2, convertidos en bonos de carbono, para entrar en el mercado de papeles, porque es un mercado eminentemente bursátil”.

En las discusiones sobre las afectaciones medioambientales también surge el cultivo de papa en zonas de páramo, que genera mucha preocupación entre los interesados de su preservación. Por temporadas se han visto extensos sembradíos que han sido denunciados por las mismas comunidades.

“En un momento hubo grandes extensiones de papa en el páramo Yerbabuena; unos dos o tres años atrás en el corregimiento Santa Elena, en la parte que corresponde al parque regional Anaime Chilí, pero fue una sola cosecha y no se volvieron a evidenciar en este lugar”, explica Forero, quien siempre está pendiente, junto con el Comité Ambiental de que esto no ocurra y agrega: “Con los procesos educativos, con la labor que ejerció Gonzalo y la Fundación Proaves y nosotros como comité ambiental, ha sido un poco más consciente la gente”.

La gran dificultad que han tenido para hacer los controles en los páramos es que están muy alejados del municipio, donde hay que caminar más de seis horas para llegar a esos lugares. El Parque Regional también ha aportado en estos controles, pero en los lugares que son propiedad privada no pueden acceder.

“Ese cultivo fue subiendo la frontera y afectando el páramo, por eso siempre ha habido conflicto con los agricultores de la papa, al igual que con los ganaderos de clima frío, porque realmente sí se han sacrificado inmensos territorios de páramo”, precisa Osorio.

Y aclara que, pese a los cuestionamientos, es una actividad lícita: “Entiendo que están organizados y la organización forestal del Tolima está muy atenta a conciliar con ellos, para que abandonen los territorios que son de páramo y busquen alguna alternativa”.

Indicios alarmantes

Así como es de intensa la tarea de los ambientalistas en Roncesvalles para proteger sus riquezas naturales, también son foco de amenazas contra su labor. Aunque los entrevistados para este artículo afirmaron que no conocían ninguna amenaza contra Cardona, sí se presentaron hechos que prendieron las alarmas.

En septiembre de 2018 apareció un panfleto en Roncesvalles, firmado por las Águilas Negras, mediante el cual se amenazó a la Asociación de Trabajadores y Campesinos del Tolima (Astracatol), el Comité Ambiental por la Defensa y la Vida del Territorio y a los promotores de la consulta popular antiminera; además a siete líderes, con nombre propio, entre ellos Luis Carlos Forero, a quienes les dieron quince días para salir del municipio.

“A raíz de esto sufrimos un desplazamiento. Hay dos profesoras que hacían parte de este proceso, eran muy activas con la defensa del medio ambiente, pero fueron amenazadas, se fueron y por salvar sus vidas terminaron pidiendo traslado, una de ellas es Claudia Pretelt que llevaba más de 25 años trabajando en este municipio”, afirma Forero.

Las intimidaciones fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP). A su vez, la Alcaldía realizó un consejo de seguridad, sin mayores resultados.

“Hasta ahora estamos a la espera de que se haya avanzado en las investigaciones, pero lo que siempre manifiestan las autoridades es que las Águilas Negras no existen. La UNP nos dijo que no teníamos un riesgo alto y que no éramos acreedores de ningún tipo de protección”, asevera Forero.

El 8 de noviembre de 2019 fue asesinado Carlos Aldario Arenas Salinas, otro líder campesino del municipio Santa Isabel, en Tolima, protector del páramo Santa Isabel y promotor de la ruta del Cóndor. Ese homicidio también causó preocupación entre los líderes ambientales de este departamento.

Casi un año después, el 28 de octubre de 2020, la Fiscalía seccional Tolima, imputó cargos a Raúl Pinto Portela, alias ‘Alexander’, de las disidencias de las Farc, como presunto responsable de ese asesinato.

Forero recuerda que, en diciembre pasado, Cardona denunció en la Fiscalía el robo de su cámara fotográfica y “unas cámaras trampas para avistar especies que se ponen en el páramo, recién las habían desinstalado y las tenía guardadas en su casa, que dejó sola por unos días”.

Y a comienzos de este año fueron sorpresivos los dos impactos de bala sobre el cuerpo de Cardona, que le segaron la vida. El pasado 14 de enero, el pueblo se vistió de luto para despedir a Cardona.

El lugar donde fue asesinado este líder ambiental estaba mencionado en la Alerta Temprana N° 046-20, emitida el 5 octubre de 2020, “por la situación de riesgo para la población civil asentada en el área rural de media y alta montaña de Tuluá (Valle del Cauca), con especial incidencia en los corregimientos de: Barragán, producto de la presencia y el copamiento de la facción disidente de las FARC-EP”.

La Fundación Proaves lamentó el asesinato y decidieron cerrar preventivamente la Reserva Loros Andinos. “Con la pérdida de Gonzalo tenemos que emplear protocolos fuertes de seguridad y comunicación, de estar muy atentos a los movimientos de grupos armados en las áreas, de poder estar diariamente comunicándonos con los encargados de la Reserva, mejorando la capacidad de sus equipos celulares, implementando fuentes de energías como la solar”, afirma Cortés.

Aunque el trabajo ambiental en Roncesvalles se diezmó un poco por las amenazas de 2018 y muchos salieron de la zona, Forero asegura que no dejará de insistir en la conservación de su territorio: “El mejor legado que nos puede dejar y la mejor forma de recordar a Gonzalo es continuar con esa lucha ambiental, es seguir protegiendo la palma de cera, el loro, los páramos y todo ese ecosistema al cual le entregó su vida. Yo sé que las nuevas generaciones van a agradecer esos más de 20 años de lucha de Gonzalo”.

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