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Durante 2024, el Cinep documentó un aumento de casos de victimización contra líderes políticos y sociales, que incluyeron amenazas, torturas y asesinatos, según revela su más reciente informe publicado en la Revista Noche y Niebla.

“La violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades, desafortunadamente, no da señales de detenerse”, aseguró una investigadora de la organización.

Los tipos de victimizaciones que más aumentaron en 2024, en comparación con 2023, son los que, según la organización, “generan mayor temor y zozobra”. Entre ellos se encuentran las amenazas, la tortura y las violaciones a la libertad personal, como las desapariciones, los raptos, los secuestros y el reclutamiento forzado.

Estos crímenes no se presentan de forma aislada. Los motivos de la violencia varían según las particularidades de cada territorio. En algunas zonas, esta se relaciona con la expansión de economías y rentas ilegales; en otras, la violencia letal se dirige contra voceros de organizaciones sociales que buscan defender y visibilizar sus demandas. Estos hechos ocurren en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, lo que ha profundizado la crisis en varios territorios, según indica el documento.

Entre sus principales hallazgos, el centro de investigación advierte que en 2024, se registraron 813 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos de violencia sociopolítica y acciones de carácter bélico. De ese total, 452 personas fueron asesinadas por causas asociadas directamente a la violencia política y social.

Violencia político-social

En este escenario, la violencia contra líderes  resulta especialmente alarmante, ya que, según el Cinep, esta sigue siendo una labor de alto riesgo en el país. Este panorama no sólo evidencia la desprotección de las víctimas, sino que también refleja el grave deterioro de la seguridad en varias regiones.

En un entorno donde prevalece la impunidad, los actores armados —a menudo vinculados a bandas delincuenciales locales— tienen menos reparos para cometer homicidios contra líderes sociales, dice el informe.

Según el centro de pensamiento, los departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Cauca, con 43 asesinatos; Antioquia, con 23; y Putumayo, con 21. Aunque estos tres departamentos comparten características similares —como la fuerte presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales—, cada uno presenta dinámicas y trayectorias propias.

El Banco de Datos del Cinep identificó a los grupos sucesores del paramilitarismo como los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2024, seguidos por miembros de la Policía, empresas extractivas y el Ejército.

Respecto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el centro de investigación señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como los principales  presuntos responsables.

Las amenazas sobresalen como el principal mecanismo dentro de los repertorios de violencia usados en el conflicto, mientras que los homicidios constituyen la segunda práctica más común.

Violencia extrema y disputas territoriales

Otro fenómeno que identificaron  los investigadores es la intensificación de la crueldad extrema contra los cuerpos, evidenciada en prácticas como los desmembramientos y la exhibición pública de las víctimas. Este tipo de violencia ha sido especialmente registrado en departamentos como La Guajira y Magdalena, aunque también se han documentado casos en Risaralda.

“Este tipo de hechos también representan una amenaza colectiva para las comunidades, ya que hasta hace poco estas prácticas eran asociadas con otras zonas del país, como Buenaventura, donde operaban las llamadas ‘casas de pique’. Ahora, sin embargo, parecen estar replicándose en otras regiones como las mencionadas. Sólo en el Magdalena se registraron 29 víctimas”, resaltaron desde el Cinep.

Este fenómeno, añadieron, obedece a la dinámica de fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, así como a las disputas entre ellos por el control de distintas zonas del país. En la Sierra Nevada, por ejemplo, se registra un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que a veces se hace llamar “Ejército Gaitanista” y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El centro de investigación cerró su informe con un urgente llamado a las autoridades para detener a esta barbarie, donde la población civil sigue siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no tener fin.

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A pesar de una pequeña disminución en los ataques a activistas sociales ocurridos el año pasado, los derechos humanos –y quienes los defienden– continúan sin protección, según la organización no gubernamental, que desde el año 2002 monitorea la violencia en contra de ellos.

En total, se contabilizaron 727 agresiones, frente a las 765 de 2023, representando una reducción del cinco por ciento.

Que el pico de violencia contra las personas defensoras disminuya  es una buena noticia, pero persisten altos niveles de ataques y alrededor de esa disminución hay otros factores a tener en cuenta. El informe Derechos Humanos sin Protección, advierte que no se pueden realizar simples sumas y restas, tras la disminución de 38 agresiones ocurridas entre 2023 y 2024.

“Si desmenuzamos esta cifra y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el gobierno nacional y demás institucional del Estado desplieguen acciones preventivas frente a los peligros derivados de las dinámicas que se vienen estableciendo”, plantea Somos Defensores en su informe.

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Mientras la comparación de cifras deja entrever una pequeña reducción de la violencia más visible, como suelen serlo las amenazas, los atentados y los asesinatos, al mismo tiempo proyecta el aumento en repertorios de violencia enfocados en el control territorial.

Al respecto, el informe señala que “las restricciones a la movilidad, la dificultad para el acceso a los territorios, los controles a la población, entre otros factores, contribuyen no sólo al subregistro, sino también a que se haya presentado un silenciamiento por parte de  las víctimas, que ya no dan a conocer los hechos”. Y agrega que se ha impuesto una normalización, que hace considerar distintas agresiones no como hechos individuales de violencia selectiva, sino un sólo caso con varios episodios.

Sobre el aumento de los desplazamientos y los confinamientos, el Programa Somos Defensores plantea la hipótesis de cambios en el accionar de los actores armados, que han optado por estrategias de represión. Entre los principales responsables de los secuestros se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos surgidos tras la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

No obstante, hay un eje transversal en esta situación: la política de negociaciones simultáneas que está realizando el gobierno del presidente Gustavo Petro con la mayoría de grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado, conocido como “Paz Total”. Esta se ha traducido en ceses al fuego bilaterales –y no multilaterales entre varios actores armados como reclaman las organizaciones sociales– y en disputas entre grupos ilegales para aumentar su poder. En el proceso, algunos de ellos se han dividido aún más.

Sobre esta situación, el informe hace algunas observaciones. Especialmente sobre el fraccionamiento que se dio de algunas estructuras del ELN y de rearmados de las Farc, pues considera que apostar por la división para buscar entrega de armas más expeditas, no se traduce en resultados positivos en la garantía de derechos humanos.

“Esta apuesta puede provocar nuevas disputas y reagrupamientos, en medio de una oleada de expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Esta estrategia de atomizar el grupo para dialogar no puede lograr cambios significativos en los problemas crónicos de las regiones que atravesaron –y continúan atravesando– crisis humanitaria”, precisa.

También plantea que mientras los grupos armados ilegales continúan desplegando una violencia selectiva a medida de que se expanden y confrontan entre sí, el gobierno sigue sin trazar líneas rojas en las negociaciones que adelanta. Especialmente en el respeto de las comunidades y sus líderes, “para que permitan la garantía del derecho a la vida e integridad de las personas defensoras así como  su ejercicio”.

Y sentencia que los índices de  agresiones no se pueden achacar únicamente a los actores ilegales: “El gobierno nacional también tiene responsabilidad por no  haber atendido los llamados hechos con suficiente antelación desde distintos sectores que abogan por los derechos humanos. Así mismo la fuerza pública que, por acción u omisión, no ha protegido a quienes defienden la vida, la tierra y el territorio, sino que por el contrario continúan registrando ataques contra los liderazgos sociales”.

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Los departamentos con mayor aumento de agresiones fueron Cesar y Arauca. En el primero ocurrieron 19 hechos más que en 2023, lo cual equivale a un incremento del 106 por ciento, Entre ellos se encuentran 33 amenazas, dos asesinatos y dos atentados. En este departamento del Caribe predomina el control paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En cuanto a Aracua, el aumento fue de 14 hechos, que representan un 93 por ciento más de agresiones, comparadas con 2023. Al respecto, el informe señala que en esta región ha “escalado el conflicto dadas las disputas entre los grupos postacuerdo de paz y el ELN, que han sumido a la población civil en una grave crisis humanitaria agravada desde el mes de abril, por ejemplo en municipios como Tame y Arauquita, que han padecido las consecuencias de dichas confrontaciones”.

Por otro lado, el caso de Nariño es la antítesis, y podría estar relacionado con avances concretos de la política de Paz Total, a diferencia de otras zonas del país. En esta región del suroccidente ocurrieron 53 agresiones menos, representando una disminución del 79 por ciento, con lo cual pasó de ocupar el tercer lugar entre los departamentos con más agresiones en 2023, al décimo tercero en 2024.

El Programa Somos Defensores indica que esa diferencia puede estar relacionada “con el inicio oficial de los diálogos entre el grupo Comuneros del Sur, antes perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, que participa desde el 19 de julio en la construcción lo que se ha llamado la ‘Paz territorial’ que también vincula a los grupos postacuerdo de paz ubicados principalmente en la subregión del Pacífico”.

Los anteriores casos demuestran que la garantía de los derechos humanos está condicionada a la voluntad de los grupos armados y a los avances tangibles de la política de Paz Total.

El Programa Somos Defensores indica que no está en contra de la estrategia de negociar con grupos ilegales de diversa naturaleza, pero advierte que por el bienestar de las personas defensoras de derechos humanos y de las comunidades, se debe incluir acciones que permitan detener las formas cíclicas de violencia.

“Esto implica  concebir los escenarios de diálogo no solamente en función de iniciar mesas de negociación, sino considerar  algunos aspectos fundamentales  desde la instalación de los mismos, como por ejemplo, los escenarios de riesgos que las mesas de negociación pueden crear a los liderazgos que habitan en la zona de influencia de un actor armado”, plantea.

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Una vez más, el sector indígena fue el que más agresiones padeció durante 2024, aunque hubiera recibido 27 menos que en 2023. A pesar de esa reducción del 12 por ciento, sigue ocupando la primera plaza en ese grave escalafón. El departamento más inseguro para los liderazgos indígenas fue Cauca, en “donde se presentaron hechos de violencia selectiva dirigidos principalmente a quienes hacen parte de las guardias indígenas, como también a las autoridades tradicionales, los sabedores y los mayores, quienes representan la autoridad y el conocimiento que guía a su pueblo para la pervivencia en el territorio”.

En segundo lugar continúa el liderazgo comunal, con 157 agresiones, representando un incremento del 40 por ciento, respecto a las 45 del año pasado. Los ataques se concentraron en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Cesar y Arauca.

En el tercer puesto tampoco hubo cambios, pues el liderazgo comunitario ocupa la misma plaza que en 2023, aunque con nueve agresiones más, equivalentes a un aumento del nueve por ciento. El informe señala que “esta categoría es la más  amplia de los liderazgos, pues recoge a personas cuyo ejercicio es realizado  con acciones que buscan la defensa de los derechos de las comunidades, sin necesidad de estar vinculados a organizaciones legalmente constituidas o reconocidas”.

Asesinatos, aumentan los repertorios previos

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El Programa Somos Defensores verificó 157 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante 2024, 11 casos menos que en 2023, representando una reducción del siete por ciento. Aunque destaca este hecho, advierte que “esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que ejercen esta labor continúan desprotegidas”.

El informe llama la atención que la mayor cantidad de asesinatos ocurrió en el segundo semestre del año: 83 casos. Y señala que esa situación podría podría estar relacionada con los efectos de la ruptura del diálogo del gobierno nacional con el Estado Mayor Central de las Farc en el primer semestre del año y el posterior fraccionamiento entre la las alas de ‘Calarcá’ y ‘Iván Mordisco’, así como la crisis de la mesa de negociación con el ELN, la división de Segunda Marquetalia y la intensificación de la crisis humanitaria.

Los 157 asesinatos fueron cometidos de la siguiente manera: en 126 se utilizó arma de fuego, en 16 se desconoce el arma utilizada, en nueve arma blanca, en tres asfixia mecánica, dos fueron por golpes con objetos contundentes y en uno como consecuencia  de mina antipersonal.

Además, el Programa Somos Defensores destaca que en 21 casos hubo desaparición previa, en nueve signos de tortura, en 24 sevicia, en 23 hubo amenazas con anterioridad, en 21 se produjo afectación a otras personas, siete ocurrieron en medio de masacres y cinco en medio de secuestros. Del total de víctimas, ocho contaban con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Al respecto, el informe recalca que “es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro  (9 casos más que el 2023) como hechos previos al asesinato, ya que en Colombia existe un mecanismo de  búsqueda urgente –MBU- que debe funcionar para poder salvaguardar la  vida de las personas. También alarma el aumento de los casos de sevicia y tortura (12 casos más que 2023), que  evidencia los actos de crueldad a los que son sometidas las víctimas”.

En cuanto al sexo de las personas defensoras asesinadas, 133 de los asesinatos fueron de hombres, teniendo una reducción del siete por ciento de casos comparados con los de 2023; 19 fueron de mujeres –uno de ellos precedido de tortura y violencia sexual–, concentrando una reducción del 20 por ciento con respecto al año pasado; y por primera vez el observatorio del Programa Somos Defensores incluyó la variable de personas de con orientación sexual y de género diversas, registrando cinco casos en 2024.

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Derechos Humanos sin Protección no sólo se centra en las agresiones que sufrieron las personas defensoras el año pasado. También realiza una serie de análisis sobre la importancia de responder efectivamente a las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo para evitar que se consuman ataques quienes asumen liderazgos en Colombia y evitar infracciones al Derecho Internacional Humanitario que terminan impactando en las comunidades. Como ejemplo, pone de presente la situación del Catatumbo, donde miles de personas fueron desplazadas por los combates entre el ELN y disidencias de las Farc. (Leer más en: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)

“El gobierno debe considerar que, cuando escalan estos escenarios de confrontación armada, los liderazgos son quienes reiteradamente hacen llamados a respetar los mínimos humanitarios, según lo ilustran las experiencias de Arauca en el año 2022, Chocó en el 2023 y Cauca en el 2024. Son las personas que, por ejemplo, defienden el principio de distinción al que se refiere el DIH, abogan por el respeto a los bienes civiles y a las misiones humanitarias, y se oponen al reclutamiento forzado”, recalca el documento.

La investigación también analiza las políticas públicas en torno a la protección. Establece que están desarticuladas y que, por ende, no generan grandes cambios. Este apartado pone lupa en los pilotos del Plan de Acción de la Política de Desmonte de las Estructuras Herederas del Paramilitarismo; y la implementación del Programa Integral para Mujeres Lideresas y Defensoras, y del Decreto 660  de 2018, que reglamentó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Además, evalúa la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales de medidas orientadas a la protección de personas defensoras, teniendo hallazgos agridulces: “De los 32 departamentos existentes en Colombia, 29 incluyeron entre 1 y 9 acciones para la garantía del derecho a defender derechos, derechos de las víctimas, de la población LGBTIQ+ y de mujeres lideresas. Analizando los datos, sólo hubo un departamento que incluyó en su Plan de Desarrollo una sola acción de las orientadas en la Circular Externa, y fue Boyacá, con la ‘Instalación y funcionamiento de Mesas Territoriales de Garantías’”.

Por otro lado, en este informe el Programa Somos Defensores se refiere a la estigmatización como un factor de riesgo para el liderazgo social y la defensa de derechos humanos. Señala que es una práctica a la que recurren funcionarios del Estado, grupos armados y sectores de la sociedad civil como la prensa. Para ejemplificar lo anterior, reseña cuatro publicaciones de VERIFICO, iniciativa creada por este portal en asocio con Protection International y el apoyo de la Unión Europea. (Leer más en: Lo que chequeamos en 2024)

Por último, el informe insiste que la reducción  de agresiones registradas en 2024 puede estar relacionada con el silenciamiento en los territorios.

“Según lo observado a lo largo del año, la leve disminución que  registran algunas violencias selectivas alude a momentos de calma momentáneos, que los grupos armados han aprovechado para desplegar distintas formas de control poblacional y territorial. Sin que exista forma de registrar el silenciamiento en los territorios,  se debe señalar que numerosos  liderazgos y personas defensoras tienen temor de denunciar lo que les sucede. Y aún en este escenario, el Programa Somos Defensores tiene un registro de 9.421 (agresiones) entre el 2010 y el 2024, evidenciando que el ejercicio del derecho a defender derechos es una labor de alto riesgo en la historia reciente de Colombia”.

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