Desde la oleada de violencia en Arauca tres años atrás, los catatumberos temían que, de igual manera, la situación humanitaria se agravara en su territorio. Desde la semana pasada, decenas de víctimas mortales, de un número aún por establecer, enseñan la peor cara del conflicto entre disidencias de las Farc y el ELN. Mientras naufragan los diálogos de paz, organizaciones sociales y firmantes de paz piden ser escuchados para direccionar el accionar institucional.

El pasado jueves en horas de la noche, Javier* se movilizaba por la vía que va del casco urbano de Tibú a La Gabarra, cuando a la altura de la vereda Km 25 las ráfagas de fusil sostenidas entre ‘elenos’ y disidencias de las Farc lo frenaron. La comunidad le advirtió que se resguardara porque ya iban varios muertos en el pueblo. “La gente muy atemorizada y de ahí para acá, mejor dicho…”, lamenta el líder.

A la mañana siguiente, en diferentes caseríos del Catatumbo, miembros del ELN fueron casa por casa sacando personas, que después fueron encontradas sin vida. El temor se propagó y ese mismo día, en caravana de motos y carros, ondeando banderas blancas, cientos de docentes salieron huyendo de El Tarra y Tibú.

Varios enfrentamientos se propagaron por la región los días posteriores, dejando una situación sin precedente en el departamento de Norte de Santander: al menos 80 muertos —de estos, cinco firmantes del Acuerdo de Paz— , 20 heridos, decenas de secuestrados y miles de desplazados, según informó este domingo el gobernador del departamento, William Villamizar.

Aunque se han presentado varios combates en los municipios de El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y la zona norte de San Calixto, la situación es más aguda en Teorama y Tibú. Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, 11.000 personas han sido desplazadas en la región durante esta crisis, las cuales, en su mayoría, han llegado a la cabecera municipal de Ocaña y Tibú y la ciudad de Cúcuta.

Entre los cientos de desplazados que la administración municipal de Cúcuta acomodó en el estadio General Santander, Javier ahora se alista para volver a zona rural de Tibú, a pesar de la situación. “Yo tenía un tío que decía: ‘mejor vivir entre las balas y tener la comida, y no estar por ahí mendigando”, expresó, lamentando la manera en que se está atendiendo la crisis humanitaria del Catatumbo. Cansado de una guerra eterna.

A pesar de que disidencias con el ELN hacían presencia en todos los municipios del Catatumbo, líderes de la región señalan que las tensiones empezaron desde hace dos años, cuando con diferentes acciones cada uno fue declarando control sobre ciertas regiones y restringiendo la movilidad. Luego se presentaron retenciones de hombres de un grupo al otro. Después, empezaron a tener lugar las balaceras. Finalmente, los muertos en enfrentamientos.

El riesgo estaba ampliamente advertido, recuerda Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar. “Las organizaciones de derechos humanos, en distintos espacios y mecanismos de interlocución que tenemos con el gobierno nacional hemos discutido el riesgo evidente de que se desencadenara una guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc”, expresó. “El gobierno nacional hizo muy poco para parar esto”, agrega.

En distintas Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que se asomaba para ocho municipios del Catatumbo. En la última de estas, fechada el 15 de noviembre del año pasado, llama la atención sobre la escalada de violencia que venía ejerciendo el  Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Calarcá’, hacia municipios de Santander y sur de Cesar.

El asesinato de líderes y firmantes de paz alertó la situación a nivel internacional. Algunos de ellos, optaron por esconderse ante el inminente riesgo de muerte. Es el caso de José del Carmen Abril, líder social fundador del municipio de Convención. “Hoy temo por mi vida, porque han ido a la casa a buscarme cuatro veces el ELN”, denunció en un video el líder.

En un segundo testimonio, su hijo, Dairo Abril, un firmante de paz, le imploró al gobierno que no dejaran que le arrebataran a su padre. Carmito Abril, como lo conocen en su comunidad, fue rescatado por el Ejército Nacional en una extracción aérea el pasado viernes. De la misma manera familias de excombatientes y líderes sociales han sido liberados y extraídos del territorio por el gobierno.

Gran parte de la responsabilidad de esta violencia se le ha atribuido al ELN, estructura con la que el gobierno suspendió diálogos de paz.

“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado viernes. Este lunes, volvió a pronunciarse señalando al ELN de perder su rumbo revolucionario y ser un estructura ‘narcoarmada’. “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo”, expresó.

Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas.

La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2025

Unas horas después, Petro declaró conmoción interior y el estado de emergencia económica. La primera es una figura constitucional  que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público.

Cañizares recuerda que exigirle al ELN que no se levantara de la mesa hacía parte de evitar que empezaran las confrontaciones con las disidencias.

Ya en los últimos días, el comandante General de las Fuerzas Militares, Francisco Hernando Cubides, había anunciado el fortalecimiento de las operaciones militares en la región. Cerca de 300 efectivos fueron dispuestos para fortalecer la seguridad del Catatumbo, según anunció el Ministerio de Defensa.

Antes de esta oleada de violencia, el país se había conmocionado por la masacre del dueño de una funeraria, su esposa y su bebé de seis meses el pasado 15 de enero. Les arrebataron la vida cuando un grupo armado abrió fuego contra el vehículo en el que se movilizaba la familia López Durán, en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. A la fecha, ningún grupo se ha atribuido la autoría y se endilgan la responsabilidad unos a otros.

Aunque varios expertos han apuntado a una relación de este hecho con la violencia que experimenta la región, lo cierto es que aún hay muchas preguntas y las familias siguen silenciadas por el fuego cruzado.

En un comunicado difundido el pasado domingo, el Frente de Guerra Nororiental del ELN señaló que el “fracaso” del Acuerdo de Paz ha conducido a cientos de excombatientes a vincularse a grupos armados ilegales “al servicio del narcotráfico, bandas, a los organismos de seguridad del estado”. Bajo esa idea, el grupo armado  acusa al Frente 33 de las disidencias de estar conformado por varios firmantes de paz que están actuando como combatientes y milicianos. De esa manera, el ELN justificó el asesinato de los firmantes de paz y del resto de población civil.

“Jugaban a dos bandos, por un lado ponían la cara ante la JEP para recibir prebendas y por otro integraban las filas del 33, prueba de ello son las armas, logística y cocaína decomisada en las operaciones contra estos sujetos”, se lee en el comunicado.

Una vocera del partido Comunes, que pidió la reserva de su nombre, expresó que estos señalamientos ponen en riesgo a toda la población firmante y a sus familias que, desde todas las orillas, los han catalogado como traidores a la causa revolucionaria. Camilo Fagua, abogado defensor de varios firmantes trae a colación las estadísticas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que muestran que más del 90 por ciento de los excombatientes se mantiene en su proceso de reincorporación

“Asesinar, desplazar, amenazar firmantes es una manera de demostrarle al gobierno que un Acuerdo de Paz en Colombia es inviable. Es decirle: ‘no dejo las armas porque si dejo las armas, paso al lugar de ese tipo que ahora no se puede defender por sí solo’ y que tampoco la arquitectura de la implementación del Acuerdo tiene cómo responderle”, expresó la vocera de Comunes.

Sin salidas

“Estas son comunidades que han sufrido mucho el rigor del conflicto armado: grandes operaciones militares, el control estricto de grupos guerrilleros toda la vida, el paramilitarismo del 99”, lamenta Cañizares. Ahora, con la guerra entre disidencias y ‘elenos’, las familias actúan bajo el instinto que siempre han conocido: sobrevivir.

“Ambos actores tienen una responsabilidad política inmensa en la que están afectando gravemente a la población y hasta ahora, ante la historia, son responsables de una crisis humanitaria que no veíamos en 20 años”, expresó Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

La violencia contra la población civil, según coinciden varios analistas, se centra en que para uno y otro bando los líderes sociales, firmantes de paz y población en general son el apoyo o “la base social” de su enemigo, por el simple hecho de vivir en un territorio controlado por dicho actor. En otros casos, por ser familiares de personas armadas del grupo enemigo.

“El tema financiero siempre es importante, pero lo que uno supone es que en el fondo hay una decisión de quedarse uno solo en el territorio. Así lo ha dicho ‘Richar’ —comandante de las disidencias de las Farc en el Magdalena Medio— , según un audio que estaban difundiendo, el hombre dice: ‘aquí no cabemos dos’”, explica Cañizares.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, resalta que estos enfrentamientos están mediados por la reconfiguración armada de las estructuras ilegales que obedece no solo a la situación del Catatumbo, sino a una dinámica nacional de divisiones y reacomodaciones. Según explica, durante las negociaciones de paz que ha llevado el actual gobierno, el Frente 33 había venido afianzando su presencia en esta zona fronteriza con Venezuela. Con estos enfrentamientos, cree que distintas estructuras del Magdalena Medio se reacomodarán en la zona para apoyar las confrontaciones.

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN movilizó tropas ubicadas en el departamento de Arauca para lograr su violenta arremetida en el Catatumbo.

Está confirmado que integrantes del ELN fueron llevados de Arauca al Catatumbo y participaron en una expedición sanguinaria. Esto genera un fortalecimiento en esta zona que, por la acción de las @FuerzasMilCol, será transitorio. En la segunda fase, cuando despleguemos la… pic.twitter.com/R96iKhkuHz

— Mindefensa (@mindefensa) January 20, 2025

“Andrey (Avendaño) —jefe de las disidencias de las Farc— ya había advertido que el ELN iba a hacer una arremetida para sacarlos de la zona”, recuerda la investigadora. El escalamiento de las hostilidades en el que está vinculado el Frente 33, aunque no es una violación al cese al fuego con el Estado, para varios sectores sí desestima su voluntad de paz. “Más cuando quien los representa en la mesa es uno de los que comanda este Frente”, aclara Cabezas.

Sobre esto, a la vocera de Comunes que reservó su nombre le preocupa que en este momento la fuerza pública no puede entrar al Catatumbo a confrontar al ELN porque tienen “una mesa incipiente con los de ‘Calarcá’, entonces corren el riesgo de no saber si se van a enfrentar con los del Frente 33”, expresó.

“Como organizaciones, nos habíamos pronunciado múltiples veces, nos habíamos movilizado junto con las poblaciones campesinas, habíamos hecho incidencias frente a las delegaciones de paz en las mesas de diálogo de ambos actores, pero la conclusión que podemos sacar hoy es que ninguna de las dos partes hizo caso al clamor de las comunidades de que este tipo de enfrentamientos solamente va a generar mucho dolor y sangre en nuestro territorio”, lamenta Quintero.

La investigadora de Indepaz resalta que a la situación se suma la inestabilidad que atraviesa las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela y las acciones que ha tomado el ELN para mantener el poder fronterizo sobre economías ilegales como las extorsiones al sector de hidrocarburos, el narcotráfico o la extracción de coltán y oro.

“Se viene una oleada de violencia que si no se atiende desde el gobierno puede generar una emergencia humanitaria gravísima en los próximos meses, muy parecida a la que vimos en 2022 en Arauca, cuando se tomaron el estado de Apure en Venezuela”, explica Cabezas.

Sobre esto concuerda Cañizares de la Fundación Progresar, quien recuerda que desde los hechos ocurridos en Arauca empezaron a correr rumores de que esa guerra se trasladaría al Catatumbo, en especial donde el control social y militar lo compartían ambas organizaciones armadas. “Lo preocupante es que se repita lo de Arauca… Esto que está arrancando no sabemos en que vaya terminar si no hay una actuación de la sociedad civil, las autoridades locales y el gobierno Nacional”, lamenta. (Leer más en Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)

Una fuente de una organización social que pidió la reserva de su nombre por seguridad recuerda que en el caso de Arauca, entre 2022 y 2023 esta guerra entre ambos actores dejó un saldo de 200 muertos del lado colombiano, pero con un número de víctimas sin establecer del vecino país. “Ahora en Catatumbo los homicidios parecen ser sistemáticos y tienen características de un plan sistemático de exterminio”, señala.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/qS1dWLNhaU

— Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) January 17, 2025

Buscando soluciones

Ante la posibilidad de declarar conmoción interior en Catatumbo, como lo esbozó el presidente Petro, líderes como Quintero ven con preocupación que se agudice más la situación. “Militarizar la cotidianidad de la sociedad catatumbera puede generar una situación muy compleja que la organización que yo represento, no compartimos”. Por el contrario, el líder considera que debe insistirse en habilitar diálogos sociales, el principal, el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, con la cual se vincule las visiones de diversos actores sociales del territorio.

Por su parte Cañizares crítica que para este gobierno las organizaciones de derechos humanos no han sido escuchadas. “El movimiento de derechos humanos, para este gobierno, no existe”, cuestiona. Según él, las 750 organizaciones sociales que hacen presencia en 27 territorios en conflicto en el país no han podido discutir con el presidente la lectura de lo que está ocurriendo en las regiones.

“Otty Patiño sólo se escucha a él, allá en el palacio (Casa de Nariño)”, asegura y agrega que “la forma en que han abordado el diálogo con los actores ilegales ha sido un fracaso porque no han protegido a nadie y todo el tiempo hemos gritado, porque no nos escuchan, que aquí el centro de toda estrategia, de toda política de paz y de diálogo, debe ser proteger a la gente donde hay emergencias humanitarias”, señala.

Por su parte, la vocera de Comunes que pidió la reserva de su nombre, resaltó que ese colectivo aún no termina de descifrar el compromiso de Petro con la implementación del Acuerdo de Paz y criticó la decisión de realizar  ceses al fuego con los actores armados en la estrategia de Paz Total, atando las manos a la fuerza pública y posibilitando la movilidad de varios de estos armados por el territorio. “Incluso con recursos del estado como esquemas de protección, camionetas”, reprocha.

Según explica, cientos de núcleos familiares en el espacio de reincorporación Caño Indio de Tibú, así como el resto del Catatumbo, permanecen en riesgo. Algunos de ellos siguen discutiendo cómo sacarlos de la zona, pero el gobierno no ha trazado los canales de interlocución para hacer labores articuladas. “Si hay un PMU (Puesto de Mando Unificado) con los ministros, ¿por qué no nos llaman a nosotros?”, reprocha.

Cañizares también llama la atención sobre la responsabilidad militar. “Aquí también hay gente dentro de la fuerza pública y el Estado que ha jugado a dejar que se maten entre ellos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la guerra entre el EPL y el ELN. Era una cosa descarada: el alto mando militar salía a decir que se estaban matando entre bandidos”, expresó el defensor de derechos humanos.

Se refiere a la guerra entre estos dos grupos que estalló en 2018 y según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 109 personas civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo. (Leer más en En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl)

Juana Cabezas, desde Indepaz, señala que, además de atender la situación humanitaria de manera integral, el gobierno debe llegar al Catatumbo más allá de la acción militar y garantizar su presencia para quitarle el poder a los actores armados. “Hemos visto cómo el Frente 33 en los últimos meses ha inaugurado obras o construcciones viales, dejando de lado el control que debería tener el Estado”, explica. Incluso, en un video que circula por redes en diciembre del año pasado, se observa a hombres repartiendo regalos en un barrio de Cúcuta y dicen hacerlo a nombre de ‘Jhon Mechas’, ‘Richard’ y ‘Andrey’, comandantes de las disidencias.

El vocero de Ascamcat se pregunta si ambos grupos van a volver a respetar las reglas de la guerra. “Aquí lo que hay son crímenes de guerra, hay una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, independiente (de) si hay acusaciones o no. Hay unos juicios apriori a pena de muerte a gente desarmada”.

En esto coincide la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien precisó que hay una vulneración generalizada del principio de distinción. “Hay ataques indistintos a excombatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas”, expresó a través de un video de X.

Según precisó Ortíz, a partir de reuniones con las organizaciones sociales y autoridades territoriales de la región, las exigencias que le hacen a los armados se centran en el respeto a la vida y el DIH, la libertad de los secuestrados y la necesidad de establecer corredores humanitarios para evacuar a las familias en riesgo, ingresar alimentos y extraer los cuerpos de las personas asesinadas.

También solicitaron a los grupos armados que levantaran las restricciones a la movilidad en todo el territorio, así como que cesaran la estigmatización de la población y las autoridades que son acusadas de colaborar con alguno de los grupos, evitando cualquier tipo de represalia contra ellas.

“Que las garantías no sólo sean para los grupos, sino también para nosotros los campesinos del Catatumbo”, expresó Javier antes de volver a su tierra asediada por las balas.

*Nombre cambiado por seguridad.

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Hace poco más de un mes, el céntrico barrio La Soledad de Bogotá vivió horas de angustia tras una alerta de bomba. En plena Calle 37 con Carrera 26, un hombre arrojó una maleta debajo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transitaba por las calles de la ciudad. El artefacto no explotó y horas después las autoridades neutralizaron la amenaza.

#AEstaHora junto con @CarlosFGalan confirmamos la presencia de un artefacto al parecer explosivo en el barrio la Soledad, avanzamos en los protocolos de seguridad para detonarlo controladamente. pic.twitter.com/VSjtg9zm8k

— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 20, 2024

En la calle quedó el cráter de la explosión controlada, que afectó a una decena de viviendas del barrio y dejó sin luz a la comunidad por unas horas. Aunque la vía fue pavimentada en tiempo récord, el recuerdo de ese acto terrorista lo lleva la persona contra quien iba dirigido: el firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Germán Gómez Camacho.

#ACTUALIZACIÓN | Reportan estallido de mayor poder en Teusaquillo. El fluido eléctrico se interrumpió en la zona. Se trató de una contracarga para asegurar la detonación controlada por las autoridades.

Ampliación en https://t.co/4N47pmFbpd pic.twitter.com/L3cxCoDytF

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 20, 2024

Conocido en la guerra como ‘Gabriel Ángel’, es actual director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), una organización creada por excombatientes, que nació a partir del Acuerdo de Paz para realizar investigación sobre el conflicto, la verdad histórica y la implementación de lo pactado. Durante sus años en la guerra, ‘Gabriel’, como prefiere que lo llamen, jugó un papel de instructor y propagandista de las Farc. “Yo no fui propiamente un hombre de combate, de primera línea”, cuenta.

El Partido Comunes alertó que ese mismo día no fue el único hecho de riesgo que se presentó contra miembros de la organización: uno de los escoltas del abogado Camilo Fagua, coordinador de la defensa jurídica de los excombatientes, fue herido en un atentado.

En febrero de este año la Defensoría del Pueblo advirtió posibles riesgos por la presencia de diversos actores armados en la capital, entre ellos, las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Esa institución llama la atención por la aparición de videos en redes sociales, pancartas y comunicados en donde se manifiestan diferentes actividades de “legitimación social”, por parte de integrantes del Frente 33. “Según la información, en diciembre de 2023 este grupo armado entregó regalos a los niños y niñas, además de anchetas a sus familias en localidades como Los Mártires y Barrios Unidos”, precisa la Alerta Temprana 004-24.

El 13 de agosto se volvieron a prender las alarmas en la capital por la posible existencia de un plan para atentar con explosivos contra el Palacio de Justicia. Esa conclusión mantienen las autoridades tras la incautación de 60 cartuchos de fusil, 16 paquetes de explosivos y un chaleco tipo arnés de uso militar, junto a una maqueta del edificio en donde se encuentran las altas cortes.

Para ‘Gabriel’, las críticas que él ha realizado a los que continuaron o retornaron a la guerra lo han vuelto incómodo para las disidencias de las Farc. Este portal conversó con él para conocer detalles sobre su situación de riesgo.

VerdadAbierta.com (VA):  ¿Qué pasó el día del atentado? ¿Ocurrió algo fuera de lo normal ese día?

Gabriel Ángel (GA): Yo siempre en la guerrilla dije que si a uno lo matan, lo matan por confiado. Pero yo no voy a vivir paranoico y enfermo. 

Desde hace dos años que estoy trabajando acá y uno coge un horario. Ese 19 de julio salí de aquí como a las cuatro de la tarde, me monté en la camioneta y tomamos el recorrido habitual. En la Calle 39, recorriendo a coger las Américas y en una esquina antes de un semáforo, en el trancón apareció un sujeto con un maletín y lo mete debajo del carro y sale corriendo.

Nosotros oímos un golpecito leve, pero es que aquí en Bogotá uno se imagina de todo, que le quieren robar algo al carro, que aprovechan de un semáforo para hacerlo. La conductora vio al hombre correr y dijo: ‘Ese hombre le hizo (algo) al carro o se robó algo’. Cuando timbró el teléfono, era la camioneta del esquema que iba atrás con otros escoltas y dijo: ‘Un hombre metió algo debajo del carro’. ¡Una bomba!, pensamos. 

Movimos el carro unos metros adelante y la camioneta le sacó el cuerpo e hizo lo mismo. 

Después de revisar videos, fueron unos investigadores de la Policía a hablar conmigo y me hicieron el relato de los hechos: ‘Detrás del tipo que corrió, al momentico pasa una moto y se fueron’. Los investigadores también supieron que esa moto estuvo aquí (al frente de Cepdipo), como desde las dos de la tarde, dando vueltas, pero como esto es un parque, pues no lo advertimos. 

Entonces la conclusión es que a mí me estuvieron haciendo inteligencia desde tiempo antes: a qué hora llegaba, a qué hora salía, qué ruta tomaba. Y sobre esa base montaron un plan: ‘Vamos a volarlo’.  

VA: ¿Le explicaron por qué no explotó?

GA: Los de antiexplosivos tienen una consideración primaria, que es evitar que vaya a haber una tragedia. Entiendo yo que el protocolo indica que lo que hay que hacer es destruir ese explosivo antes de que haga cualquier daño. Entonces, al destruirlo, pues, se pierden muchas cosas.

VA: ¿Qué supo del artefacto explosivo?

GA: El investigador que estuvo hablando conmigo y que estuvo ahí con los explosivistas, me dice que por el daño que hizo en el piso y todo lo que afectó a su alrededor, el cálculo es 30 kilos de pentonita, o sea, que era una bomba supremamente poderosa. No se sabe exactamente qué le hubiera podido hacer a un carro blindado.

La conclusión que se llega con todo es que efectivamente me iban a matar, con un plan que hace pensar en una organización armada.

VA: ¿Desde cuándo se agravó su situación de seguridad?

GA: Las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ empezaron a tratar a los firmantes de traidores y supimos también que ellos elaboraban unas listas de objetivos militares a los que había que cobrarles la traición. Y, claro, comenzaron con el Secretariado: Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Pastor; y tuve el ‘honor’ de ser incluido con ellos.

Además, yo tuve unas contradicciones muy fuertes con ‘Iván Marquez’, con Santrich y en general ese grupo que desertó. Fue el partido el que me dijo: ‘Usted, por el papel que jugó en La Habana, por las contradicciones que tuvo en la guerrilla, debe cambiar su situación’. Hicieron los trámites y me dieron un esquema de protección.

La verdad, yo no había sentido nunca un hostigamiento. Como unos dos años después de la UNP me llamaron y me informaron que tenían conocimiento de que las disidencias habían ido a distintos espacios de reincorporación buscando gente que había sido francotirador para ofrecerles que trabajaran con ellos y pedirles formalmente un trabajo: estaban buscando un francotirador para matar a ‘Gabriel Ángel’.

Entonces, más o menos en 2020, la UNP me reforzó el esquema, me dieron una camioneta con un blindaje más fuerte, tipo cuatro.

VA: ¿Cuáles fueron esas fricciones políticas que tuvo con quienes conformaron las extintas Farc?

GA: Yo publico una columna semanalmente en Las2Orillas y, por ejemplo, cuando se presentó el caso de Santrich, escribí una pidiéndole explicaciones a Santrich. Él nos viene a decir que hubo un montaje, se lo acepto; pero ¿por qué le pusieron ese entrampamiento? ¿En qué andaban metidos ustedes? ¿Por qué aparecer reunidos con gente mafiosa y otros enredos? 

Dentro del Partido Comunes eso generó una división, porque unos decían ‘nos van a poner a todo el partido a poner la cara y a pelear por ‘Ivan Márquez’, cuando algunos tenemos una serie de dudas’, que tampoco podíamos salir a expresarlas públicamente… bueno, de pronto yo sí lo hice y eso me valió una animadversión terrible, a mi mucha gente dejó de hablarme. 

Yo no descartaría por un lado a ‘los mordiscos’, pero tampoco descarto a ‘los marquetalianos’.

VA: ¿Por qué considera que es incómodo para ambas facciones de las disidencias?

GA: Yo creo que aquí lo que lo que debe jugar con cualquiera de esas dos disidencias son pasiones políticas, odios, porque yo los he contradicho abiertamente. Yo he criticado a la disidencia de ‘Mordisco’ y a la disidencia de ‘Márquez’. Seguramente eso les molesta, dirán ‘ese tipo tiene que estar siempre hablando mal de nosotros’, supongo yo. 

Por ejemplo en el año 2022, había unos payasos, digo yo: uno que se hacía llamar ‘Arturo’ y otro ‘Ernesto’ y que eran los comandantes de la disidencia del Décimo Frente de las Farc. Yo los conocí a los dos en la guerrilla y los conocí como desertores de las Farc; se llevaron un poco de plata e hicieron un poco de ‘bandideces’, es gente que de revolucionario no tiene nada. Entonces he escrito varias columnas haciendo estas críticas.

VA: ¿Después de estos hechos, qué ha pasado? ¿Ha pensado en bajar su nivel de confrontación pública con las disidencias o bajar su perfil?

GA: No, yo digo que uno es lo que es. ¿Qué hago? Yo hablo como pienso, escribo como pienso. 

Yo, cuando tenía 28 años, me fui para las Farc porque me iban a matar por ser de la Unión Patriótica, por pensar así. Y preferí irme para el monte, que dejar de pensar como yo pensaba. Igual ahora: yo no voy a dejar de pensar en lo que pienso porque me van a matar. Al fin y al cabo uno de algo se tiene que morir.

Ahora, me recomendaron que debía tener mayores medidas de seguridad, nunca tener rutinas y más indicaciones de autoprotección. La UNP me llamó a hacer un estudio de emergencia de medidas de seguridad con el objetivo de ver si me refuerzan las medidas, si me las rebajan y si me las quitan. Ya hace un mes que siguen haciendo ese estudio y todo sigue igual.

VA: ¿Cree que es suficiente las medidas que tiene? ¿Cree que funcionan? 

GA: Quién sabe qué sea suficiente. Yo voy con unos escoltas, pueden ir una o dos camionetas, pero está visto con el atentado: si hubiera estallado esa bomba esos esquemas de seguridad no hubieran podido hacer nada porque lo matan a uno de un bombazo. 

A mí me parece que igual conocen mis rutinas y eso me pone en riesgo. Para mí la seguridad debería prestarse de otra manera, que uno pudiera irse automáticamente a otra parte donde nadie lo conozca a uno o incluso dormir en diferentes lugares.

VA: ¿El atentado que sufrió qué mensaje cree que deja para la seguridad de Bogotá?

GA: A mí me dijo el investigador de la Policía con que estuve hablando que había una decisión de parte de las disidencias de meterse en Bogotá. 

El atentado contra mí es un indicio gravísimo de que la situación se puede complicar seriamente y de que hay grupos, bandas y decisiones criminales de empezar a operar aquí. Quién sabe qué otra gente tengan en la mira.

¿Quién es Gabriel Ángel?

‘Gabriel’ se graduó como abogado de la Universidad Nacional de Colombia en 1983 y unos meses después, tras enamorarse de una vallenata, se mudó a la capital de Cesar, en donde inició su activismo de izquierda. Empezó haciendo parte del movimiento Causa Común, un proceso social creado a mediados de 1985 por docentes, profesionales, así como obreros y campesinos, para trabajar por las comunidades marginales de Valledupar y municipios aledaños del departamento. 

Para la época, simultáneamente venía tomando fuerza la Unión Patriótica (UP), como una apuesta política de las extintas Farc tras el Acuerdo de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur. En 1986, la UP ya tenía presencia en 990 municipios del país y contaba con 190.269 ciudadanos carnetizados.

Muchos movimientos regionales que estaban buscando la participación política a nivel nacional se vincularon a la Unión Patriótica y uno de los casos más emblemáticos fue el de Causa Común. Al igual que la suerte de muchos miembros de la UP, contra los voceros de Causa Común se fraguó un plan de exterminio por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. ‘Gabriel Ángel’ no fue la excepción y tras los primeros perfilamientos contra él y las amenazas contra su familia, optó por ingresar a las filas de la guerrilla en agosto de 1987.

Así cambió su nombre a ‘Gabriel’, en honor a Túpac Amaru II —caudillo de descendencia Inca que abanderó la movilización peruana en la época de la Colonia—, e ingresó al Frente 19, José Prudencio Padilla, comandado por alias ‘Adán Izquierdo’. Esta unidad por algunos años fue reconocida por tener varios intelectuales y profesionales en diferentes disciplinas. ‘Gabriel’ era uno de esos que llevaba el título de ilustrado. 

Luego estuvo ocho años en el Bloque Magdalena Medio, en donde conoció a Pastor Alape. Durante los diálogos del Caguán hizo parte del Comité Temático de las Farc, que se encargó de realizar audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana de ese proceso.

Continuó en las filas del Bloque Oriental hasta el año 2010, cuando fue asesinado Jorge Briceño, comandante de ese bloque. Un año después retornó al Bloque Magdalena Medio a trabajar con Rodrigo Londoño, entonces segundo al mando de la guerrilla. Cuando Londoño asumió la dirección de las Farc, tras la muerte de Alfonso Cano, ‘Gabriel’ se convirtió en el secretario personal del último comandante de la guerrilla, hasta su desmovilización con el Acuerdo Final de Paz.

Hizo la dejación de armas en el ETCR Juan Carlos Castañeda, en el municipio de Remedios, Antioquia, en junio del 2017. Desde hace dos años, es director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

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El pasado 17 de mayo, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido con el alias de ‘Macaco’, recibió una notificación que le cayó como un balde de agua fría: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le notificó que estaba estudiando una denuncia que lo señalaba como jefe de una organización del crimen organizado que se conoce como ‘La Cordillera’ y de su conclusión depende si se será escuchado en esa instancia judicial para evaluar su sometimiento y recibir sus beneficios o declinar de manera definitiva su petición.

La JEP le notificó a ‘Macaco su situación el mismo día de publicada la denuncia en El Espectador.  El artículo de prensa del diario capitalino se fundamenta en un documento calificado de “ultra secreto” y fechado el 3 de mayo de 2022. Al parecer fue elaborado por Inteligencia Militar con información de Inteligencia de la Policía.

Según el informe citado, “este grupo delincuencial organizado está compuesto por aproximadamente 35 integrantes, bajo el mando criminal de alias Don A o Diego Pereira. Según información de inteligencia de la Policía, estaría siendo direccionada además por el exparamilitar alias Macaco, extraditado a los Estados Unidos en 2008, deportado y recapturado en Colombia a su retorno en julio de 2019”.

La fecha del documento es clave: al parecer se elaboró un día después de que el Gustavo Petro, en su condición de candidato presidencial, cancelara una gira por varios municipios de la región del Eje Cafetero porque se habría descubierto un plan de ‘La Cordillera’ para matarlo durante ese recorrido.

En el informe de Inteligencia, citado por El Espectador, se cuestiona la decisión del entonces candidato Petro porque a juicio de quienes lo elaboraron “está siendo usado políticamente para cuestionar al Gobierno (Duque) y para hacer señalamientos tendenciosos a la fuerza pública, argumentando supuesta complacencia de sus integrantes con la Cordillera”.

La JEP le notificó a ‘Macaco’ que su pretensión de someterse a esa instancia de justicia transicional, como tercero civil que financió grupos armados ilegales, está bajo revisión y a la espera de mayor información de las autoridades, lo que pone una pausa a la cita que se había convenido con el exparamilitar para que en julio próximo asistiera a una audiencia única de aporte a la verdad.

No es la primera vez que los organismos judiciales lo relacionan con una posible reincidencia criminal. En el pasado, fue investigado por sus posibles nexos en la creación de las llamadas ‘Águilas Negras’ en el departamento de Norte de Santander, conformadas por exparamilitares. En esa ocasión, un juez lo absolvió. (Leer más en: Juez sentencia que ‘Macaco’ no creó ‘Águilas Negras’)

Este exjefe paramilitar comandó el Bloque Central Bolívar, una de las estructuras más poderosas asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que alcanzó a tener cerca de 7 mil integrantes, un área de operaciones que abarcó amplias regiones de 14 departamentos del suroriente del país, en especial, aquellos donde había enclaves cocaleros, y realizar alianzas con sectores de organismos de seguridad del Estado. (Leer más en: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar)

Notificación de la JEP

“A efectos de decidir si es procedente o no continuar con el trámite de solicitud de sometimiento del señor Jiménez Naranjo en la JEP, se debe establecer la veracidad de la información difundida en el diario El Espectador el 17 de mayo de 2023”, le comunicó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a alias ‘Macaco’ a través de la Resolución SDSJ N° 1528.

La decisión de esta Sala de la JEP se basa en los requisitos que se aplican para aquellas personas que buscan el sometimiento a esa instancia judicial, entre ellos que realice aportes a la verdad plena y que sean verificables; haga una propuesta seria de reparación a las víctimas; y brinde garantías de no repetición de sus acciones criminales. De no cumplir con esas condiciones, “será emitida decisión interlocutoria de inadmisión por incompetencia”.

Para sopesar la situación del exjefe paramilitar, la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP le solicitó al Comando General de las Fuerza Militares de Colombia, así como a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación “que informen a este despacho si el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo […] se encuentra investigado por conductas punibles ocurridas con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, relacionadas con la banda delincuencial ‘La Cordillera’”.

“En caso afirmativo –agregó la comunicación citada– deberán remitir copia de los documentos, piezas procesales o decisiones judiciales que así lo acrediten”. Para el cumplimiento de esa petición, les dio a las entidades un plazo de diez días hábiles, “contados a partir de la comunicación de esta decisión”, que se vencen a finales de la semana entrante.

La Sala les recordó a esas instituciones que, según las normas que la rigen, “la Jurisdicción Especial para la Paz contará, en todo tiempo y lugar, con la plena colaboración de la fuerza pública y de los órganos de la jurisdicción ordinaria, a efectos de garantizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales”.

Además, les precisó que, según el artículo 20 de la Ley 57 de 1985, “el carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones”.

Finalmente, le ordenó a la Secretaría Judicial de la Sala que una vez vencidos los “términos concedidos en la presente resolución para dar cumplimiento a lo ordenado, en caso de que no sean atendidos, transcurridos tres días hábiles reitere por una sola vez los requerimientos realizados, ante un nuevo incumplimiento deberá informarlo a este Despacho para adoptar las decisiones pertinentes frente al desacato a la decisión judicial”.

¿Qué es ‘La Cordillera’?

Es una organización criminal de la que se tienen rastros desde el 2005, cuando se cree que fue constituida en Pereira, coincidiendo con los procesos de desmovilización colectiva de los distintos bloques y frentes asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos el Bloque Central Bolívar, comandado por Jiménez Naranjo, a quien las autoridades señalan de ser su fundador.

Investigaciones judiciales definen esta organización criminal como “una mega estructura criminal”, con una clara distribución de funciones, que tiene bajo su control diversas actividades ilícitas que se desarrollan en la región del Eje Cafetero y está integrada al tráfico internacional de cocaína de alta pureza a través de diversas rutas hacia los mercados de Centroamérica y Estados Unidos; asimismo, cuenta con diversas estrategias de lavado de activos para blanquear sus ganancias; y con redes que financian campañas políticas locales y regionales.

‘La Cordillera’ cuenta con un gran poder corruptor y resultado de ello son sus relaciones con sectores de la Fiscalía y de la Policía, que al parecer influyen en las investigaciones contra sus integrantes, lo que ha evitado que las acciones judiciales contra ellos prosperen. De hecho, es frecuente que en los operativos en su contra se capturen agentes activos o exagentes de la institución policial.

Esta organización criminal estaría involucrada en el asesinato del activista y estudiante universitario Lucas Villa Vásquez, ocurrido el 5 de mayo de 2021 en Pereira, durante una jornada de protestas en desarrollo del llamado estallido social contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

De acuerdo con una investigación periodística adelantada por un consorcio internacional liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el medio universitario 070, en este hecho habrían participado agentes de la Policía e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, en asocio con ‘La Cordillera’. (Leer reportaje en: Los policías, el barbero y los cabos sueltos de un crimen impune)

Sus redes se extienden a diversos municipios de Risaralda, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, y se han fortaleció a través de alianzas con organizaciones del crimen organizado de esos departamentos. Si bien informes de investigación judicial indican que ‘La Cordillera’ logró “establecer su hegemonía territorial bajo el liderazgo de varias personas que son invisibles para las autoridades en la actividad delincuencial, ya que son reconocidos en el ámbito local como distinguidos empresarios y comerciantes”, por lo menos han logrado identificar a varios de ellos.

Se destaca a la cabeza de la estructura Obed Erminson Maldonado Arenas, alias ‘Trescaras’ o ‘El Número’. Capturado el 28 de agosto de 2015 en Medellín por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato, fue dejado en libertad el 22 de febrero de 2020 y a finales de ese año retomó el mando de ‘La Cordillera’.

Detrás de Maldonado Arenas, ubican a Diego Fernando Ruiz Quintero, conocido con los alias de ‘Don A’ o ‘Diego Pereira’. Entre los años 2017 y 2020 asumió la jefatura de ‘La Cordillera’, tras la captura de varios de sus principales mandos, entregándolo de nuevo a alias ‘Trescaras’ o ‘El número’, para bajar su perfil y, de esa manera, retomar la coordinación de alianzas con organizaciones internacionales del tráfico de drogas, según se lee en expedientes judiciales conocidos por este portal.

En documentos consultados por VerdadAbierta.com se lee que “la alta capacidad de corrupción de la empresa criminal genera dificultades para que las investigaciones en contra de esta organización avancen de manera efectiva”, y reporta que esta organización tiene códigos de comunicación que “dificulta establecer las actividades que desarrollan, utilizando aplicaciones y tecnologías, y en la actualidad no se cuenta con herramientas informáticas que permitan infiltrar la empresa criminal”.

La investigación periodística liderada por CLIP y 070 contiene una frase que da cuenta del pesimismo de un funcionario judicial para enfrentarse a esta estructura del crimen organizado: “Dada la ubicación geográfica de esta Fiscalía y la alta peligrosidad que el Grupo Delincuencial representa, así como las limitaciones en cuanto a personal como de medios, resultando complejo para esta Fiscalía avanzar con la investigación.

¿Y la verdad?

De prosperar la investigación contra el exparamilitar Jiménez Naranjo, se privaría la posibilidad de conocer a fondo y, posiblemente, con material probatorio, su versión de cómo logró constituir una estructura paramilitar de más de 7 mil integrantes que se conoció como el Bloque Central Bolívar (BCB) y se posicionó a sangre y fuego amplias regiones de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Putumayo y Vichada, según información de los tribunales de Justicia y Paz.

Inicialmente acogido a los beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, fueron pocas las veces que versionó en ese escenario de justicia transicional creado para juzgar a los exparamilitares que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (Auc).

En ese proceso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 por orden presidencial y tras negarse a comparecer desde ese país ante Justicia y Paz, fue excluido del sistema por decisión tomada el 2 de diciembre de 2014, la cual fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de noviembre de 2016. Tras pagar una condena de poco más de diez años regresó al país en 2019 para enfrentar a la justicia por los delitos cometidos a su paso por el BCB, razón por la cual enfrenta altas condenas.

Desmovilizados que estuvieron bajo su mando y continuaron en el proceso de Justicia y Paz detallaron cómo este bloque paramilitar tuvo alianzas con sectores de la Fuerza Pública para expandirse, consolidar su poder y desarrollar sus operaciones contra enclaves de las guerrillas de las extintas Farc y el Eln en zonas cocaleras.

Detalles de esos nexos quedaron consignados en las cinco sentencias que han proferido la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá entre los años 2013 y 2019 contra más de un centenar de exparamilitares del BCB. A través de diversas versiones de sus exintegrantes, se conocieron detalles de cómo esta estructura asociada a las Auc se concertó con oficiales y suboficiales de brigadas y batallones del Ejército, así como con comandantes de Policía y agentes del DAS, para operar sin mayores obstáculos. (Leer más en: Miembros del BCB dicen que tenían informantes en el DAS y el Ejército en Barranca)

De hecho, en una de las sentencias proferidas, se exhortó a la Fiscalía para que continuará “las labores de investigación sobre los nexos que tuvieron integrantes de la Fuerza Pública con el Bloque Central Bolívar en sus zonas de injerencia”.

El BCB también estableció alianzas con sectores del comercio, el transporte y la industria en aquellas zonas donde operaron, con el fin de obtener recursos para el mantenimiento de sus estructuras con el fin de contener las acciones de las guerrillas. También se identificaron nexos con sectores políticos locales, regionales y nacionales. (Leer más en: El matrimonio entre el BCB y Convergencia Ciudadana en Santander)

El testimonio de alias ‘Macaco’ podría ser clave para esclarecer lo ocurrido la Cárcel La Modelo de Bogotá con las desapariciones de varios internos durante la confrontación que sostuvieron paramilitares y guerrilleros presos en ese centro penitenciario entre los años 1997 y 2005. (Leer más en: Los desaparecidos de La Modelo)

Al respecto, en una de las sentencias de Justicia y Paz, los magistrados le solicitaron a la Fiscalía que documentara “la extensión del conflicto armado al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá y de otras cárceles del país que fueron tomadas por los grupos paramilitares. Así mismo, que los hallazgos puedan develar las estructuras organizadas de poder, los patrones de criminalidad, la red de terceros que permitieron su funcionamiento, su funcionalidad y articulación con estructuras paramilitares que operaban en las ciudades o departamentos donde se encontraban los centros carcelarios y penitenciarios”.

Otro de los temas en los que probablemente alias ‘Macaco’ tendría qué aportar en el ámbito político, no sólo porque el BCB tuvo nexos probados con líderes políticos locales, regionales y nacionales, sino porque fue una estructura que no solo fue una máquina de guerra, sino que tuvo un ideario político que consignó en por lo menos dos publicaciones. (Leer más en: Bloque Central Bolívar: una máquina de guerra con ideario político)

Además, su testimonio sería clave para establecer si su poderosa estructura armada, que dejó miles de muertos, desaparecidos y desplazados, tuvo alguna injerencia en las elecciones presidenciales que los años 2002 y 2006, que llevaron a la Casa de Nariño al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez.

Al aceptar su asistencia a una audiencia única de verdad plena, la JEP le había solicitado a Jiménez Naranjo una “relación de los temas que sustenten que en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1996 financió las AUC, especificará en concretó cómo lo hizo, en qué montos si se trata de dinero, cómo lo entregó, si se trata de otro tipo de financiación o fortalecimiento del grupo armado ilegal explicará en qué consistió, de qué manera lo hizo, dónde, con quienes se contactó y demás circunstancias que permitan corroborar la veracidad de sus afirmaciones”.

Además, que expresara “si mientras fue paramilitar estuvo ‘incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública’, en caso afirmativo deberá demostrar respecto de qué hechos actuó como ‘bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares, no solo par efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos”, así como “su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las fuerzas armadas regulares, bajo la modalidad de liderazgo”.

Por lo pronto, esas peticiones exigidas por la JEP para evaluar su sometimiento a esta instancia judicial están en vilo, mientras se aclara si su reincidencia en el crimen es cierta, tal como lo advierten informes de inteligencia militares y de policía.

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Los homicidios a excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc continúan aumentando sin contención. Según el Sistema Integral para la Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de abril de 2021, se reportaron 327 firmantes asesinados en diferentes regiones del país. De ellos, 315 habían suscrito acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De continuar esa crítica situación, se afectará el proceso de implementación y consolidación del Acuerdo de Paz.

Alejandro Romelli, magistrado de la JEP, afirmó que estos crímenes no sólo le generan una pérdida de comparecientes a los tribunales de justicia transicional, sino que también afectan el derecho a la verdad de las víctimas y merman la confianza hacía la institucionalidad.

El análisis de la situación de seguridad de los antiguos miembros se dio hace unos días durante una audiencia pública de seguimiento a las de medidas cautelares de protección a los comparecientes forzosos ante la JEP en la que se revisaron los avances de la Fiscalía General de la Nación en materia de avances en la investigación de los crímenes cometidos contra los firmantes del Acuerdo de Paz.

Desde marzo de este año la JEP ha estado atenta a la evolución de las investigaciones penales abiertas tras los asesinatos cometidos contra los antiguos miembros de las Farc desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. (Leer más en: JEP tiene bajo la lupa investigaciones de Fiscalía sobre crímenes contra exFarc)

La situación es tan preocupante que en decisión tomada el 27 de enero de este año, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido al “bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”.

Para atender el requerimiento de la JEP, el Ente acusador revisó en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía  la etapa procesal de una muestra de 25 casos de excombatientes asesinados y encontró que no todas las sentencias condenatorias han sido proferidas por homicidio, sino que también han sido por desaparición forzada y concierto para delinquir.

A partir de los análisis realizados, se estableció que en el 92 por ciento de las condenas, es decir, en 23 de las 25 sentencias, se realizaron preacuerdos negociados entre la Fiscalía y el acusado, y el 8 por ciento restante se logró por allanamiento a cargos por parte del imputado. Hasta el momento, se desconoce si los preacuerdos han contribuido a lograr eficacia por parte de la Fiscalía en la persecución de los autores criminales y sus organizaciones delictivas.

“En algunos casos se han concedido beneficios como detención domiciliaria porque quedan penas muy bajas a través de los preacuerdos con la Fiscalía. Uno supone que a quien hace parte de una organización criminal de esta naturaleza no se le debería conceder estos beneficios que ofrece el ordenamiento jurídico”, lamentó Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Según la muestra estudiada, el 48 por ciento de las personas fueron condenadas bajo el título de autoría, el 32 por ciento se atribuyó complicidad y el 20 por ciento fueron sancionadas bajo coautoría. Lo que quiere decir que las sentencias proferidas no han logrado esclarecer quiénes son los otros autores, entre ellos los autores intelectuales, y a cuál organización criminal pertenecen. A este problema se suma la dificultad para conocer exactamente el móvil por el que se perpetraron los crímenes.

En el 48 por ciento de los casos, es decir, en 12 de las 25 sentencias, se consignó el móvil que señaló el condenado y en el 53 por ciento restante no se registró el móvil. Situación que imposibilita encontrar patrones entre los asesinatos y le dificulta a las instituciones identificar mecanismos para evitar de manera más efectiva los crímenes.

“En la mayoría de las sentencias se consignó el móvil señalado por el condenado. No sé si esto pueda generar un sesgo en la lucha que se adelanta contra las organizaciones criminales”, cuestionó Álvarez.

Respecto a los grupos armados que cometen crímenes contra firmantes del Acuerdo del Paz, el 64 por ciento pertenecen a organizaciones criminales. De estos casos, al menos el 43 por ciento se le atribuyen a las disidencias de las Farc coordinadas por Miguel Botache Santanilla, alias ‘Gentil Duarte’. Un 25 por ciento pertenecen a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), nombradas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’; el 18 por ciento a ‘Los Pelusos’, denominación que recibe una antigua disidencia guerrillera del EPL; y el 14 por ciento restante a otros grupos.

El informe Silenciando la Verdad, publicado en abril del año pasado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, señala que la expansión territorial de organizaciones criminales ha ocasionado que conflictos regionales se hayan convertido en macrorregiones, resultado en una dinámica letal para los firmantes del Acuerdo.

Asimismo, el hecho de que la Fuerza Pública custodie los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) o en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), ha agravado el arraigo de los excombatientes en estos lugares pensados para su proceso de volver a la vida civil porque son perseguidos y señalados por los actores armados ilegales de ser colaboradores de sus rivales en armas.

¿Qué dice la Fiscalía?

Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, reconoció que hay un incremento de la violencia y de las organizaciones criminales en el país. Sin embargo, defiende la metodología que ha venido  implementando y señala que es una tarea conjunta con todas las ramas del poder público.

“Llevamos cinco años del Acuerdo de Paz (…) y hasta ahora se está construyendo un plan de acción que contribuya al desmantelamiento, sin que todavía exista una política pública”, admitió el funcionario.

Entre el 2017 y abril de 2022, se han registrado 437 afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. La UEI de la Fiscalía reportó 255 avances procesales sobre el total de los casos, es decir, el 58,3 por ciento. De estos, hay 70 sentencias condenatorias, 74 están en juicio, 29 tienen imputación de cargos, 70 órdenes de captura y 12 casos precluidos. Los departamentos donde más se registraron estos hechos victimizantes son: Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo.

Según Toro, los detonantes de estos crímenes están asociados al control territorial y la confrontación entre grupos armados ilegales. Además, agrega que “también actúan cuando se afectan sus finanzas criminales, quieren imponer restricción a la movilidad para el fortalecimiento de sus dinámicas militares, buscan la vinculación forzada de personas en reincorporación y en retaliación contra quienes consideran contrarios a sus causas”.

En este sentido, la UEI de la Fiscalía está ejecutando proyectos focalizados por macroregiones para combatir los grupos armados ilegales, distribuidos así: macrorregión Noroccidental (Antioquia, Bajo Cauca, sur de Córdoba y Río Sucio); macrorregión Pacifico sur (Cauca, Putumayo y Tumaco); macorregión Norte (Norte de Santander y sur de Bolívar); macrorregión Llanos (Arauca, Casanare, Meta y Caquetá); y macrorregión central y Amazonas (Huila).

Toro indicó que estos proyectos permitirán entender mejor las dinámicas de criminalidad por regiones, según las estructuras criminales responsables de las afectaciones, no sólo contra personas en reincorporación, sino también contra defensores de derechos humanos y líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC).

Controversia en la JEP

En la audiencia pública, Juan Manuel Rubiano, vocero del Partido Comunes, creado luego de la firma del Acuerdo de Paz y al que pertenecen cientos de antiguos guerrilleros de las Farc en proceso de reincorporaciòn, se despachó contra la UEI de la Fiscalía: señaló que esta institución sólo tuvo en cuenta los homicidios e ignoró otros hechos victimizantes, como los desplazamientos forzados, colectivos e individuales, de los que son víctimas constantes los firmantes.

“Creemos que las cifras sobre la cual se está calculando el esclarecimiento no es la adecuada. Si se suman otros hechos victimizantes como injurias, calumnias, secuestros y torturas, posiblemente el análisis puede ser más complejo. Así que la Unidad Especial de Investigación debería priorizar estos delitos”, reiteró Rubiano.

Además, cuestionó que esta institución sólo presentó avances procesales del 58,3 por ciento de los casos, lo que significa que el 41,7 por ciento de los casos restantes permanecen en total impunidad.

Por su parte, Diana Cadena, Procuradora Delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz, destacó los avances en materia de investigación, pero aclaró que no son suficientes. Y llamó la atención sobre las metodologías implementadas por la UEI de la Fiscalía, calificándolas de deficientes porque hay pocas sentencias proferidas por homicidio.

En este sentido, la representante del Ministerio Público en esta instancia de justicia transicional le recomendó al Ente investigador tener un rol más activo en la Comisión Nacional de Garantías, espacio en el que se está diseñando la política pública para desmantelar a los grupos armados.

Cadena también instó a la UEI de la Fiscalía a avanzar en la priorización territorial a través de la conformación de más equipos itinerantes donde esa entidad no tiene presencia para facilitar las denuncias de los reincorporados: “Los excombatientes no pueden presentar denuncias en muchas zonas del país porque no hay presencia estatal a través de sus instituciones. Por ejemplo, Argelia, Cauca, no tiene Fiscalía y además está el temor de que sean vulnerados al dar a conocer las causas”.

La conclusión del director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tampoco fue tan positiva. Señaló que los resultados presentados por la UEI de la Fiscalía no permiten deducir si realmente están impactando o no las organizaciones criminales, en los preacuerdos no compulsan copias y tampoco establecen patrones de macrocriminalidad. Por lo que el trabajo adelantado por este organismo, hasta el momento, no es satisfactorio para atacar la impunidad de los crímenes contra los excombatientes y desmantelar a los grupos armados ilegales, concluyó.

Tras finalizar las intervenciones y analizar los documentos presentados por la UEI de la Fiscalía, el magistrado Ramelli le ordenó al representante de la Fiscalía que en los próximos 45 días hábiles fortalecer los instrumentos para lograr mayor esclarecimiento de los crímenes cometidos contra los excombatientes de las Farc, entre ellos, aumentar el número de fiscales y los equipos de investigación, priorizar la asignación de recursos en los departamentos donde más se reportan hechos victimizantes y crear un censo unificado donde se tenga en cuenta el contexto de los crímenes hacia esta población.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio 30 días a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales (UEI) de la Fiscalía General de la Nación para que le remita los resultados de las investigaciones adelantadas por los homicidios de los 309 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y las gestiones que ha hecho para esclarecer esos crímenes.

El tiempo para el Ente acusador comenzó a correr hace 10 días, cuando la JEP, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz, profirió el Auto SAR AT-045-2022, mediante el cual le ordena a la UIE la remisión de un completo informe sobre esos crímenes, ocurridos entre el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó en Bogotá el Acuerdo de Paz, y el 22 de febrero de este año.

Esa Sección de la JEP no escatimó detalles en su solicitud: requirió los nombres completos de las víctimas, con su respectivo número de cédula; precisiones sobre las circunstancias que rodearon los homicidios; etapas procesales de las investigaciones; presuntos responsables, materiales e intelectuales, así como su situación jurídica.

Adicional a ello, le solicitó a esa Unidad de la Fiscalía listados de casos de personas que fueron asesinadas después de haber presentado ante las autoridades denuncias por amenazas, en qué etapa de la investigación está cada caso y qué acciones adelantó para atender esas solicitudes de protección.

Esa Sección de la JEP también requirió de la UIE información precisa y detallada de los grupos armados ilegales que se han atribuido homicidios de excombatientes de las antiguas Farc en proceso de reincorporación a la vida legal, así como los territorios donde tienen presencia, sus modus operandi, los patrones de conducta y elementos comunes identificados en dichos crímenes, y el número de asesinatos por departamento.

La orden dada por este organismo de justicia transicional se profirió cinco días después de realizada una audiencia pública presencial de seguimiento sobre las difíciles condiciones de seguridad de los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz en el trámite de medidas cautelares colectivas para esta población en riesgo.

A esa audiencia comparecieron el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación, del partido de Comunes de las extintas Farc y voceros de la sociedad civil que nacen parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz para que, de manera conjunta con el gobierno nacional, trabajaran en la formulación de políticas públicas que contribuyeran al desmantelamiento de grupos armados ilegales.

Luego de escuchar diversas intervenciones, la JEP concluyó en aquella audiencia que el gobierno nacional carece de una estrategia para “prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes” del Acuerdo de Paz. (Leer más en: No hay estrategia institucional para proteger a firmantes del Acuerdo de Paz)

La situación de inseguridad para los hombres y mujeres en proceso de reincorporación, y también para sus familias, no son fáciles. Un exmiembro de las extintas Farc le describió a este portal cómo viven: “Hoy en día nos mantenemos como si estuviéramos nuevamente en la época de la guerra: nos tenemos que estar cuidando, nos toca estar en los sitios hasta ciertas horas y buscar esquemas de seguridad porque no podemos estar solos”. (Leer más en: Seguridad de excombatientes: una deuda que ha cobrado 290 vidas)

En reacción a ello y con el ánimo de que se tomen medidas urgentes y eficaces, la Corte Constitucional, en decisión tomada el pasado 27 de enero, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido al “bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”.

De acuerdo con la valoración hecha a lo que viene pasando con los firmante del Acuerdo de Paz, este alto tribunal estableció que a pesar de que hace poco más de tres años de creadas la Instancia de Alto Nivel y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no se había expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, lo que “significa que durante todo el tiempo ha existido una institucionalidad paralela que ha servido de marco a las acciones del Gobierno y ha supuesto vaciar de contenido los mandatos incorporados en el Acuerdo Final de Paz desarrollados por normas vinculantes”.

Información previa

La petición de información a la UIE de la Fiscalía hace parte del trámite de oficio de medidas cautelares que adelanta la JEP con “el fin de proteger los derechos fundamentales del grupo de mujeres y hombres de la Fuerza Pública y de las antiguas Farc-Ep” que comparecen ante esa instancia de justicia transicional.

El trámite de esas medidas comenzó el 29 de abril de 2020 y desde ese momento le solicitó información a por lo menos 15 entidades estatales, entre ellas la UIE, a la que le pidió, en relación con los exguerrilleros de las extintas Farc, el estado de las investigaciones de los homicidios perpetrados contra ellos, un análisis de contexto en relación con esos asesinatos y explicaciones sobre “los mecanismos dirigidos a la prevención y al desmantelamiento de las organizaciones que generan este tipo de violencias”.

Durante ese año, y ante los requerimientos de la JEP, esta Unidad de la Fiscalía remitió sendas respuestas sobre los procesos, pero la información remitida no satisfizo a esta instancia judicial. En febrero de 2021 aseveró en uno de sus pronunciamientos que si bien la UIE estaba realizando “un esfuerzo por el esclarecimiento de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas de los cuales ha sido víctima la población reincorporada de las FARC”, los resultados de ese trabajo presentan “un bajo nivel en el cumplimiento del objetivo”.

Y para sustentar esa afirmación, la JEP se centró en dos cifras: de un lado, precisó que, de los 280 procesos de investigación iniciados por hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas, sólo se habían proferido 33, lo que corresponde apenas al 11 por ciento del total.

Y de otro lado, en relación con las amenazas, “la situación es aún más compleja”, indicó este organismo judicial, “pues apenas se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas, lo cual no representa ni siquiera el 2 por ciento de las investigaciones”.

Para hacerle un mejor seguimiento al tema, la JEP le solicitó a la UIE la remisión de informes bimensuales, durante los seis meses siguientes, en los que se reportaran los avances en el esclarecimiento de los delitos cometidos contra los firmantes del Acuerdo y en la identificación y procesamiento de los autores intelectuales o determinadores.

Se requiere más información

No satisfecha con los reportes bimensuales remitidos por la UIE, el organismo de justicia transicional insistió en su petición del pasado 7 de marzo que “es perentorio precisar con exactitud los avances en materia de investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática y amenazas contra las personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC-EP”.

En esta ocasión, la JEP llamó la atención sobre los 309 homicidios cometidos contra los firmantes del Acuerdo y lanzó una cifra que llama la atención y que es tomado de investigaciones de la organización Indepaz: que esos asesinatos “comprometen a más de 38 grupos armados con diferentes estructuras en disputa por el control territorial, muchos operan en áreas donde se asientan excombatientes en proceso de reincorporación”.

A juicio de esta jurisdicción, esos hechos “ameritan mayor seguimiento en materia de investigación judicial, sus avances y resultados”. Y reiteró que los datos sobre la expansión de los grupos armados “con incidencia en la vida, seguridad y el proceso de reincorporación […] alertan sobre la necesidad de revisar los mecanismos, métodos, estrategias y articulación interinstitucional para fortalecer el impacto en la prevención de las violencias”.

La JEP volvió a insistir en que dados esos contextos de violencia que comprometen la vida de los reincorporados de las antiguas Farc evidencian “un bajo nivel de impacto de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales”, por lo que requirió a la Unidad de la Fiscalía para que amplíe “la información relevante para poder identificar los elementos comunes que se conjugan en el accionar de los grupos armados y que puedan contribuir a la prevención de este tipo de violencias”.

En su nueva decisión, la JEP le dio 30 días a la UEI para que presente un informe que contenga los resultados y avances de las investigaciones adelantadas con relación a las 309 personas firmantes del Acuerdo de Paz “reportadas como víctimas de homicidio” desde el 24 noviembre de 2016 desde hasta el pasado 22 de febrero de 2022.

Ese informe deberá contener, además de los datos preciso de las víctimas y los contextos de los hechos que rodearon sus homicidios, avances investigativos en los “hechos delictivos individuales y priorizados que afectan la población de reincorporados incluidos tentativa de homicidio y desaparición forzada”.

Adicional a ello, los “resultados obtenidos de la identificación y caracterización probatoria integral (militar, financiera y política) de las estructuras criminales” generadoras de riesgo para la población reincorporada; y reportes de “los resultados de la etapa de consolidación, vía judicialización estratégica de las organizaciones criminales identificadas, incluidas las denominadas ‘sucesoras del paramilitarismo’ y sus redes de apoyo”.

El informe ordenado por la JEP deberá incluir la descripción de las estrategias de articulación interinstitucional “diseñadas y en marcha, los compromisos específicos con cada entidad, los logros obtenidos y las dificultades evidenciadas”, con especial énfasis en las relacionadas con los ministerios del Interior y Defensa, así como la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), y “las propuestas de articulación presentadas y acogidas por la Comisión Nacional de Garantías”.

La UIE también tendrá que precisar sus acciones de fortalecimiento en materia de recursos humanos profesionales y técnicos en los territorios de más alta incidencia en la afectación de la vida y derechos fundamentales de los excombatientes de las antiguas Farc, y las gestiones realizadas “para priorizar la investigación y persecución del homicidio de Jorge Santofimio López y demás conductas punibles derivadas del ataque a la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom)”, ocurridas el pasado 24 de febrero en el municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo.

Este asesinato fue repudiado, incluso, por Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia: “Su irreparable pérdida es un trágico recordatorio de la urgencia de reforzar protección de quienes dejaron las armas y se mantienen comprometidos por el proceso de paz apuestan por la paz”.

El tiempo corre para la UIE de la Fiscalía para responderle no sólo a la JEP sino a los reincorporados de las antiguas Farc que se comprometieron con el Acuerdo de Paz que están bajo amenaza constante y que requieren mayor compromiso de las autoridades civiles y de seguridad para brindarles una protección efectiva a ellos y a sus familias.

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El miedo y la zozobra todavía son latentes en Colombia. El accionar de facciones disidentes de las Farc-Ep, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de otros grupos armados al margen de la ley, mantienen viva la guerra en el país.

Hoy se torna cada vez más borrosa e inalcanzable la idea de un término de la violencia tras el Acuerdo de Paz firmado hace más de 4 años, con el que 13.589 guerrilleros de las Farc se desmovilizaron. Son ellos quienes, tras iniciar su proceso de reincorporación a la sociedad civil, se convirtieron en parte de la población que es hoy objeto de ataques.

El Estado, como garante de la implementación del Acuerdo y de las condiciones de seguridad para quienes se suscribieron a él, debe encarar esta situación. Las instituciones gubernamentales expresan su preocupación y concentran sus esfuerzos, pero, ¿realmente están funcionando?

Panorama actual

Norelia Trompeta Hachacue, Hernando Guerrero Torres, Fayber Camilo Cufiño, José Ignacio Loazia y Wilmer Enrique Álvarez fallecieron tras recibir disparos. Adolfo Rodríguez resultó muerto luego de que dos hombres armados lo sacaran a la fuerza de su casa. Sobre Luis Eduardo Hinestroza se sabe que fue asesinado y que su cuerpo fue lanzado a un río. Los homicidios de Mayiber Tapias Monsalve y Luis Fernando Córdoba están siendo investigados.

Como ellos, hay otros 268 excombatientes de las Farc que perdieron la vida desde el 24 de noviembre de 2016, según datos reportados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Aunque ese número representa poco más del dos por ciento del total de firmantes de las Farc, la frecuencia y la extensión del territorio nacional en donde ocurren los asesinatos ha encendido las alarmas.

En lo corrido de este año, todos los meses se han reportado nuevos casos de exguerrilleros asesinados: siete en enero, cuatro en febrero, dos en marzo, diez en abril, tres en mayo y dos de junio. Estos 28 asesinatos ocurrieron en Antioquia, Arauca, Caquetá,  Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que se ha encargado de hacer seguimiento constante a este tema en informes que publica de forma trimestral, identificó que en 2021 los homicidios contra excombatientes se han concentrado en 25 municipios del país y que han desmejorado las condiciones de seguridad en zonas como la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, y el sur de Bolívar.

También se han presentado casos en los departamentos de Huila, Arauca, Guaviare, Tolima, Quindío, Casanare, Sucre, Atlántico, Córdoba, Santander y en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con cifras de Indepaz que muestran, de la misma manera, que los años más violentos han sido 2018, 2019 y 2020.

En varias de esas zonas se ubican algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares en los que se desarrollan actividades para contribuir a la adaptación de los excombatientes a la vida civil. Asimismo, están conformadas algunas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), asentamientos colectivos no reconocidos por el gobierno y creados por desmovilizados que decidieron salir de los ETCR porque tenían dudas sobre su continuidad, discrepancias con quienes los lideraban o sentían que su seguridad no estaba garantizada.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) estima que para abril de 2018 estaban constituidas aproximadamente 31 NAR, las cuales agrupaban a cerca de 1.789 excombatientes. Para el año siguiente existían entre 66 y 72 NAR, según el componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Y en el año pasado esa instancia reconoció alrededor de 93 NAR a lo largo del territorio nacional.

Germán Valencia, experto en ciencias políticas y gerencia social, le dijo a VerdadAbierta.com que los desmovilizados que pertenecen a  los ETCR tienen menos riesgos de sufrir agresiones, mientras que quienes habitan fuera de estos son más fácilmente blanco de ataques, en especial cuando realizan trabajos de manera colectiva. 

“La mayoría de personas que matan son muy visibles, pues suelen ser candidatos a un consejo, líderes que quieren trabajar, gente que le está apostando a la paz y a la reincorporación comunitaria”, explica.

Ese patrón lo confirmó Indepaz el año pasado a través de su informe Posacuerdo Traumático: coletazos en la transición desde el Acuerdo de Paz al Posconflicto, donde expone que el 21 por ciento de los asesinatos a excombatientes de las Farc registrados entre 2016 y 2020 fueron contra gestores de proyectos de implementación de los Acuerdos de Paz. Además, determinó que en el 50 por ciento de los casos se conocieron indicios de intereses económicos o políticos por parte de los autores del crimen, quienes se presume contrataron a sicarios para llevarlo a cabo.

Pero no sólo la visibilidad incide, la violencia también puede tener raíz en las estigmatizaciones hacia los acuerdos de paz, la justicia transicional y los excombatientes, quienes incluso han expresado ser señalados de estar vinculados con las disidencias o con las economías ilegales.

Investigaciones no avanzan lo suficiente

Sea cual sea la dinámica formada alrededor de las agresiones contra los excombatientes, el Estado tiene la responsabilidad de llegar a la verdad de lo sucedido.

De hecho, en cumplimiento del Punto 3.4 del Acuerdo de Paz, en 2017 se creó al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales (UEI) con el fin de investigar afectaciones graves que atenten contra quienes participen en la construcción de paz en el país.

Así las cosas, al menos desde 2019 esa institución viene anunciando el logro del esclarecimiento de más de la mitad de los crímenes cometidos contra exmiembros de las Farc, pues ha identificado a presuntos responsables, ha emitido diversas órdenes de captura y logrado sentencias condenatorias.

“La respuesta judicial efectiva es necesaria para el desarrollo de la ruta de reincorporación económica y social. Las victimizaciones y riesgos son factores que socavan los proyectos productivos y educativos que emprenden los firmantes del Acuerdo de Paz, situación agravada por los numerosos desplazamientos forzados de los que son víctimas”, aseguró Camilo Fagua, abogado defensor de derechos humanos.

Uno de los acontecimientos más conocidos de los últimos días fue el arresto y judicialización de Fernando Israel Méndez Quitumbo, presunto integrante de las disidencias de las Farc conocido con el alias de ‘El Indio Amansador’.

Méndez, quien podría estar implicado en delitos cometidos en Cauca, no sólo contra reincorporados sino también contra líderes sociales, indígenas y campesinos, fue imputado por homicidio, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, amenazas, porte ilegal de armas de uso restringido de las fuerzas militares y de armas de uso personal. 

De la misma forma, en los últimos meses fueron condenadas dos personas por los homicidios de los excombatientes Manuel Santos Yatacué en Buenos Aires, Cauca; y de Alexánder Parra Uribe en Mesetas, Meta, ambos ocurridos en 2019.

En ese sentido, cifras recientes de la ONU muestran que, hasta el 25 de junio de este año, la UEI logró 41 condenas, mientras que tiene 44 casos en etapa de juicio, 22 en fase de investigación y 49 en los que se han emitido órdenes de captura. Todo esto pese a que la Unidad sólo ha tenido acceso al 65 por ciento de las escenas del crimen debido a problemas de seguridad.

Sin embargo, para Fagua, “los índices de esclarecimiento son bajos en relación al porcentaje de las sentencias condenatorias por hechos victimizantes. El desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, es escaso o de bajo impacto en los departamentos donde se concentran las victimizaciones contra las personas en proceso de reincorporación”.

Además, dijo que la UEI carece de personal e incluso no tiene oficinas permanentes ni equipos territoriales en algunas zonas del país, por lo que es fundamental fortalecerla para que cumpla con su mandato.

Aunque la labor de la Fiscalía es clave para combatir la impunidad y garantizar la no repetición, es indispensable que exista un trabajo conjunto con la Fuerza Pública y todo el sistema judicial colombiano, según la ONU. Sobre dicho tema, informó que Unidades del Ejército y de la Policía Nacional ya monitorean la seguridad en los ETCR, pero que aún así los ataques a excombatientes no cesan.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció al respecto, advirtiendo en marzo la persistencia de una desarticulación entre las entidades gubernamentales para evitar los asesinatos de firmantes del Acuerdo, por lo que instó a varias de ellas a tomar acción.

En realidad, ya había emitido tres autos en febrero con los que ordenó al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía para que progrese en los casos ocurridos en zonas de difícil acceso y a la UEI informar específicamente sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes que fueron asesinados pero que habían denunciado amenazas previamente, así como de desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y demás denuncias reportadas.

Para ayudarle con dicha tarea a la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, puso a disposición los datos que ha recopilado a través del Sistema de Monitoreo de Riesgos, una herramienta digital que, entre otras cosas, recopila las noticias publicadas en medios de comunicación de todo el país y contabiliza la afectación a diferentes poblaciones.

Giovanni Álvarez, director de la UIA, hizo un llamado contundente: “Cuando se suscribió el Acuerdo de Paz, tal vez pensábamos, como colombianos, como seres humanos, que el panorama en el país en cuanto a violaciones a los derechos humanos iba a cambiar. Hoy tengo que decir con tristeza que el panorama no sólo no ha cambiado sino que ha empeorado. Y ha empeorado no porque lo digamos nosotros en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición, sino porque la situación del país así lo indica”.

Aporte a la verdad, en riesgo

Pero la JEP no ha ejercido presión sola. Sobre el tema, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, dijo que “es indispensable que la Unidad creada en la Fiscalía para el esclarecimiento de estos hechos arroje resultados contundentes, que el Estado en su conjunto no solamente refuerce mecanismos de protección, sino que esa protección se vea realmente reflejada en el cambio de la situación”.

“Estas cosas quitan toda la fe en que la paz es posible en Colombia y llevan a que muchos de estos hombres se regresen a la guerra y que los campesinos tomen el camino de la guerra donde se sienten seguros”, dijo, por su parte, Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

Esas declaraciones las hicieron en marzo de este año, cuando le solicitaron a la Defensoría del Pueblo adoptar una resolución defensorial, emitir un informe e implementar acciones de prevención que permitan acabar con el asesinato de excombatientes, argumentando que esto pone en riesgo la misionalidad de las tres instituciones que tienen a cargo la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Así lo expresó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, quien dijo que los ataques a comparecientes afectan a todos los que quieren revelar la verdad, ofrecer reparación y no repetición ante ese sistema de justicia transicional, pues son intimidados por la muerte de sus compañeros.

“Se pone en marcha una ominosa maquinaria que desalienta las contribuciones a la verdad. La violencia aterroriza, este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato, por eso el sistema exige una acción eficaz e inmediata del Estado, no retorica, para poner término a este designio letal", asevera.

Y añade que “sin medidas de seguridad suficientes que ofrezcan tranquilidad y sosiego a quienes se juegan la vida por corregir las injusticias del pasado y escribir un nuevo capítulo de la historia nacional y de la suya propia, es obvio que las instituciones que emanaron del acuerdo final no pueden operar”.

Por esto es necesario no solamente investigar una vez se cometa un delito, sino establecer y desarrollar mecanismos de prevención, de acuerdo con Valencia. Las alertas tempranas que emite la Defensoría contribuyen, en parte, a ese objetivo, no obstante, sólo hay dos donde los desmovilizados aparecen como parte de la población vulnerable.

Una de ellas fue una alerta de inminencia que advirtió que en el municipio de Tarazá, Antioquia, había disputa en 2018 al interior de las Agc por control territorial, presencia del Eln y posiblemente de disidentes de las Farc.

La segunda, de 2020, fue una alerta estructural para los municipios de Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto López, en Meta, que señaló la presencia de integrantes de estructuras asociadas a grupos sucesores al paramilitarismo identificados como Puntilleros Bloque Meta, Libertadores del Vichada y Agc. También por nuevas estructuras como el Bloque Los Cuchillitos de las Autodefensas Unidas de la Orinoquía.

Ambas señalaban posibilidades de homicidios selectivos, homicidios múltiples, desplazamiento forzado, enfrentamientos con interposición de la población civil, masacres y amenazas.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que 70 alertas se han puesto en conocimiento de la JEP, en las que “no sólo hemos realizado un análisis integral del escenario del riesgo sino que también hemos identificado, caracterizado y recomendado a distintas instituciones del Estado la adopción de medidas dirigidas a garantizar los derechos de las personas en proceso de reincorporación y sus familias”.

También que recibía la invitación a elaborar la resolución defensorial adquiriendo el compromiso de “emprender lo que sea necesario” para dar término a la violencia contra excombatientes de las Farc.

“Todas y todos los representantes de entidades de Estado y de las diferentes agencias, programas y entidades de los organismos internacionales que estamos aquí presentes coincidimos en la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales para contribuir en la garantía efectiva de la seguridad de esta población con acciones que vayan desde el fortalecimiento interno de cada una de las instituciones hasta la optimización de los procesos de articulación y coordinación interinstitucional que nos permitan alcanzar importantes metas como el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales en el territorio”, concluyó.

Mientras víctimas, entes estatales y organismos internacionales hacen un llamado para evitar más muertes de exguerrilleros que le apostaron a la paz y a darle la cara a la justicia transicional para lograr la reconciliación nacional, los asesinatos de desmovilizados continúan sucediéndose sin parar. La no repetición de la violencia parece ser una deuda histórica que no se saldará prontamente y, con ella, se siguen vulnerando los derechos de quienes dejaron sus armas y de las víctimas que dejaron a su paso, que, con cada asesinato, ven cómo se alejan las posibilidades de acceder a verdad y reparación integral.

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Unos 60 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz, de ese municipio antioqueño, decidieron desplazarse de allí junto con sus familias ante la difícil situación de orden público del municipio. Desde la firma del Acuerdo de Paz, unos 70 desmovilizados han abandonado el ETCR de Ituango por la misma razón. Por lo menos 60 de ellos se encuentran radicados en Medellín.

Para los desmovilizados de la extinta guerrilla de las Farc asentados en el ETCR Román Ruiz, de la vereda Santa Lucía, Ituango, el reciente asesinato de César Darío Herrera, ‘Lenis Callejas’, como lo conocieron en su vida subversiva, terminó siendo la “gota que rebosó la copa”. Tras un extenso encuentro que tuvo lugar en el ETCR inmediatamente después del trágico suceso, 60 excombatientes, acompañados de por 45 de sus familiares entre los que se cuentan menores de edad, tomaron la decisión de abandonarlo para proteger sus vidas.

Así lo informaron voceros del partido Farc desde la cuidad de Medellín, quienes añadieron además que unos 20 desmovilizados continuarán en Santa Lucia, “implementando los proyectos productivos en el territorio y encargados de las tareas de la cooperativa Cooemprender. Ellos dicen que quieren aguantar un poco más, ellos tienen allá un proyecto de ganadería. Pero igual, no es fácil. La situación está muy compleja”, tal como lo afirmó Marcos Urbano, uno de los integrantes del capítulo Antioquia del partido surgido tras la firma del Acuerdo de Paz.

Según Urbano, la salida de los desmovilizados y sus familiares del Espacio Territorial se llevará a cabo mediante un plan de trabajo a ejecutar en 60 días, en los cuales “se buscarán nuevas tierras en otros municipios para adelantar la reincorporación como la hemos venido desarrollando, de manera colectiva. Como no tenemos tierra y el gobierno nacional no nos ha dado la posibilidad, si en ese tiempo no tenemos un sitio, pues tendremos que traer la gente a algún refugio”, agregó el vocero.

Además, recordó que ya en diciembre pasado, tras el asesinato del también desmovilizado Manuel Antonio González, perpetrado el día 15 de ese mes, once excombatientes decidieron abandonar el ETCR, cifra que se sumó a los poco más de 60 firmantes del proceso de paz de la extinta guerrilla de las Farc que decidieron radicarse en Medellín tras considerar que no contaban con garantías de seguridad en Ituango.

“Hay amenazas precisas contra algunos camaradas, por eso han tenido que salir. En este momento están viviendo en condiciones muy precarias, en los barrios más alto de la ciudad, viviendo con menos del mínimo y una situación muy compleja”, expresó el vocero, quien le pidió al gobierno nacional “mantener la figura del ETCR, para garantizar los derechos contemplados en la reincorporación”.

Desde su cuenta de Twitter, Pastor Alape Lascarro, integrante por parte del partido Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, confirmó que se preparará y organizará el traslado colectivo de los excombatientes y sus familias para un lugar que brinde mayores garantías. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 21 exguerrilleros de las Farc-Ep han sido asesinados en Antioquia, de los cuales, 12 han perecido en Ituango, siendo el municipio más peligroso para esta población.

Se buscarán tierras

Tras conocer el anuncio de los desmovilizados, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, señaló que el próximo lunes 3 de febrero se reunirá de manera extraordinaria el Consejo Nacional de Reincorporación, en el que se espera la presencia de Pastor Alape por parte del partido Farc, para analizar la situación del ETCR Román Ruiz, de Ituango.

Archila recordó sin embargo que, en el primer trimestre de 2019 varias entidades del gobierno nacional, entre ellas la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), realizó un estudio sobre la situación de estos Espacios Territoriales para determinar cuáles tenían condiciones para continuar, cuáles debían ser traslados y cuáles debían ser cerrados definitivamente. “En mayo del año pasado compartimos nuestras conclusiones y una de ellas fue que ese espacio en particular, el de Santa Lucía, debía moverse de ese sitio, por razones de seguridad. En ese momento, los desmovilizados se negaron al traslado e insistieron en permanecer allí”, destacó el Consejero Presidencial.

“Pero ahora que tenemos conocimiento de que sí atendieron la recomendación del gobierno nacional y moverse para otro sitio -continuó Archila- estamos prestos para brindar todo el apoyo y la protección que sea necesario, para que ellos continúen con sus proyectos productivos”. En ese sentido, el Consejero Presidencial declaró que el gobierno nacional cuenta con por lo menos 500 bienes que se encuentran bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para evaluar cuál puede servir.

Por otro lado, el pasado 31 de enero, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, celebró un consejo de seguridad en Ituango con el fin de evaluar la situación de los excombatientes asentados en el ETCR. La principal decisión surgida de dicho encuentro fue la realización de una reunión la semana del 3 al 8 de febrero en Ituango, que contará con la presencia del consejero Emilio Archila, del director nacional de la ARN, de la Gobernación de Antioquia y de otras instituciones, para buscar soluciones.

Bajo todos los fuegos

“La situación de nosotros es muy compleja. En Ituango se está moviendo narcotráfico, minería ilegal y hay sectores que sienten que nosotros somos piedra en el zapato. Estamos bajo todos los fuegos. Hay presencia de este grupo ‘Clan del Gofo’, están los ‘Caparrapos’, hay bandas de aquí de Bello (área metropolitana), hay disidencias. En fin, una situación muy compleja”, manifestó Marcos Urbano tras el interrogante de ¿quién está detrás de los asesinatos de los excombatientes en Ituango?

Como lo documentó recientemente el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 004 del 24 de enero pasado, los excombatientes, al igual que los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los participantes de programas estatales como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS); comerciantes, transportadores, menores de edad, se encuentran en serio riesgo de vulneración de sus derechos humanos por cuenta de la acelerada expansión de los grupos armados conocidos como Disidencia Frente 18 -Cacique Coyará, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por el gobierno nacional ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con la Alerta Temprana, la presencia de recursos económicos provenientes, presuntamente, de carteles centroamericanos de la droga, estaría siendo aprovechada por ambas estructuras para fortalecerse militarmente y así lograr el dominio territorial y social de amplias franjas del municipio en su zona rural, para el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico. (Leer más en: Disidencias de las Farc y ‘gaitanistas’: la nueva guerra que se cocina en Ituango)

“Así, las autodenominadas AGC han avanzado en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde el municipio de Tarazá en la subregión del Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación que el Frente 18 pudiese lograr al fortalecer su presencia desde el Nudo de Paramillo en el sur de Córdoba hacia el corregimiento de Santa Rita en el municipio de Ituango”, consigna la Alerta Temprana.

Con relación al Frente 18 – Cacique Coyará, el SAT de la Defensoría señaló que este grupo armado “ha asegurado para sí un corredor que le facilita la movilidad en las márgenes oriental y occidental del río Cauca entre los municipios de Ituango y Briceño”. La preocupación de esta Agencia del Ministerio público es que la disidencia fariana termine celebrando alianzas con otros grupos armados en su afán por disputarle el control territorial a las Agc, lo que podría recrudecer las confrontaciones armadas en Ituango, y el norte de Antioquia en particular.

“Resulta altamente probable que este Frente 18 – Cacique Coyará establezca acuerdos temporales con otras estructuras disidentes de las FARC del sur de Córdoba u otros grupos armados ilegales como el Bloque Virgilio Peralta Arenas conocido como ‘Caparrapos’ (Caparros), como estrategia de contención ante el avance, expansión y fortalecimiento de las AGC desde el sur del departamento de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca en Antioquia”, según se lee en la Alerta Temprana.

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“Nosotros, la comunidad de La Ventica, estamos por una parte agradecidos con el proceso de paz porque aquí antes no llegaban proyectos y era una región olvidada. Antes decían que venía un proyecto, pero pasaba por el aire porque no llegaba nada. Ahora se ve la diferencia, de que quieren trabajar con las comunidades e incluirlas”.

Esas palabras son de Gloria*, una lideresa comunitaria de la región que destaca que el acceso a recursos relacionados con el acuerdo de paz que el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc firmaron el 24 de noviembre de 2016, también incluye a las comunidades: “Gracias a ese espacio en Patía vemos que hay más oportunidades. Eso se da por los acuerdos de paz que nosotros no conocíamos. Firmaron los acuerdos y acá el campesino no sabía qué decían, ahora conocemos nuestros derechos. Antes pensábamos que esos acuerdos sólo eran para ellos y no para el pueblo. Ahora sabemos que son para todos”.

Con “ese espacio”, la dirigente comunitaria se refiere al ETCR que en noviembre del año pasado fue trasladado a El Estrecho desde Policarpa, Nariño. Por retrasos en la construcción de la infraestructura necesaria para permitir el proceso de reincorporación de los excombatientes de los frentes 8 y 29 de la otrora guerrilla más antigua del continente, atribuidos a las dificultades geográficas para transportar los materiales de construcción, este ETCR fue instalado en el sur de Cauca. (Leer más en: En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz)

La llegada de por lo menos 60 excombatientes tomó por sorpresa a los habitantes de El Estrecho, quienes alegan que no fueron consultados y que tampoco se realizó una consulta previa, pues existe un consejo comunitario que lleva el mismo nombre del corregimiento -aunque el ETCR está en una finca privada que es arrendada-.

“En principio nos llenó de incertidumbre porque no teníamos conocimiento de que iba a llegar un grupo desmovilizado a nuestra región. Se armó un boom muy grande entre varios líderes porque tenemos muchas necesidades insatisfechas y porque al llegar ellos acá no sabíamos cómo iban a influir en nuestra cultura”, explica Ramón*.

Una vez asentado el ETCR, diferentes entidades estatales empezaron a hacer pedagogía del Acuerdo Final. Igualmente, los exintegrantes de las Farc pidieron perdón por su accionar cuando estuvieron alzados en armas y también explicaron los alcances del proceso de paz.

“No hubo rechazo ni estigmatización. Ellos llegaron de manera muy metódica. Expusieron el fin del conflicto, el deseo de llegar a este medio (corregimiento) y emprender proyectos productivos que sean fabricados con la comunidad y ellos”, cuenta el docente Milton René Caicedo, quien agrega que con los excombatientes hubo varias reuniones: “Hablaron con el consejo comunitario de acá y se expresó el temor por la ubicación de ellos, no porque fueran a ser grotescos con la comunidad sino por el conflicto que uno ya conoce y que de pronto se pueden dar ataques de otro bando. Ese era el mayor miedo”.

Sobre los tiempos del conflicto armado, en El Estrecho señalan que fueron más golpeados por el accionar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que por las Farc, ya que el grupo guerrillero no estuvo asentado en la región.

Según lo documentado por la Fiscalía de Justicia y Paz, ese grupo paramilitar ingresó al municipio de Patía en enero de 2001 y en sus calles esparcieron panfletos imponiendo toques de queda y advertencias para que los padres de familia controlaran a sus hijos adolescentes. Meses después empezaron a ejecutar sus amenazas contra la población. (Leer más en: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca)

“No se podía escuchar una moto porque todo el mundo se guardaba y ellos también andaban en un taxi. Se metieron con las extorsiones a ganaderos y comerciantes, que no son de gran economía y tienen una remeza de sobrevivencia. Nos molestaba que en esta región que, debido al descuido estatal, no tiene mayores recursos, extorsionaran. Hasta que hubo un punto en el que la comunidad dijo que no se podía seguir con eso y la gente no comió cuento de sus amenazas”, recuerda un habitante del municipio sobre el accionar de ese grupo armado que se desmovilizó en diciembre de 2004.

Y sobre ese proceso, en su informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señala que una de sus principales falencias es que no se hicieron partícipes a las comunidades de los beneficios otorgados a los desmovilizados, por lo que llamó la atención para destinar proyectos productivos en las regiones más afectadas por el conflicto armado. (Leer más en: Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc)

Dicha situación, en este proceso de reincorporación parece estar superada, pues paralelamente se están respaldando iniciativas de la región.

Enriqueciendo iniciativas comunitarias

En El Estrecho, además de atender a los excombatientes de las Farc en camino a la reincorporación, la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) y otras entidades están respaldando tres iniciativas locales: la escuela de liderazgo, un proyecto productivo de limones y un programa de formación futbolística.

Ángela Medina, coordinadora de la ARN en Cauca, explica que por medio de grupos focales con líderes de la región y de observación participante, realizaron un diagnóstico y seleccionaron esas tres iniciativas que, a futuro, podrían servir para el planteamiento de la política de reincorporación con el tema de comunidades.

“Es un primer ejercicio diagnóstico. El objetivo primordial es generar confianza para poder interactuar con la comunidad, reconocer las necesidades y potencialidades, y a través de gestión, generar los espacios que permitan desarrollar esas necesidades o esas inquietudes que tiene la comunidad”, señala.

Uno de los proyectos más queridos es el de la escuela de liderazgo, pues los adultos buscan que las nuevas generaciones asuman sus roles en el mediano y largo plazo. “La idea es generar una iniciativa que propenda porque haya nuevos liderazgos, porque acá en Patía siempre están en cabeza de adultos y los jóvenes casi no participan en los espacios donde se toman decisiones”, plantea Ramón.

Asimismo, explica que desde la Institucion Educativa de Desarrollo Rural (Ineder) conformaron un grupo con representantes de cada curso y hacen un trabajo de formación para que adquieran herramientas con las que puedan generar liderazgos que impacten en sus veredas. Y sobre la labor de la ARN no ahorra palabras: “Se puede decir que nos ha dado todo. Ha estado en la parte de capacitación, en el tema de refrigerios, en la parte lúdica, se ha encargado de la motivación de los estudiantes. Ha sido un acompañamiento muy positivo”.

Por otro lado, el primer proyecto productivo que se está impulsando para la comunidad tras la firma del acuerdo de paz es el de la siembra de limón Tahití. Gloria, una de las lideresas de la vereda La Ventica, cuenta que anteriormente tenían cultivos de pancoger y que tras las cosechas quedaban improductivos durante varios meses, situación que está cambiando con la siembra del cítrico.

“Ahora hay cultivadores de limón que trabajan con Asobrix (Asociación de Productores y Comercializadores de Frutas del Patía), pero a otros les toca venderle al primero que aparezca. A los no asociados nos capacitó la ARN para entender lo de la tierra y lo económico, y a la gente le ha gustado mucho porque aquí no habíamos visto esas capacitaciones”, refiere.

Finalmente, la tercera iniciativa, además de generar un espacio formación y recreación para los menores de edad del corregimiento, también pretende abrir caminos para la reconciliación e integración de los excombatientes. En ese espacio juegan miembros de la comunidad, exintegrantes de las Farc y, en ocasiones, miembros de la Fuerza Pública.

“Cada uno forma su grupo. El que llega se enfrenta con el que está allí. A los 15 minutos o a los dos goles sale un equipo y entra otro. Los equipos están conformados por tres de ellos y cuatro de la comunidad, porque es fútbol siete. No se han mezclado Fuerza Pública y Farc en un mismo equipo. Siempre es civil con algunos de ellos”, explica el docente Caicedo, quien es profesional en Deportes y Educación Física, y agrega que los habitantes consideran este espacio como algo inusual: “tras sufrir una situación tan negativa como el conflicto y tenerlos ahora en un compartir hacia el deporte”.

Sobre esas iniciativas, la coordinadora Medina aclara que como se está definiendo la política de reincorporación y que hasta el momento no tienen asignados recursos específicos, el rol de la agencia se basó en la gestión y el acompañamiento.

Esta situación cambiará prontamente. El pasado 22 junio se definió la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica para los exintegrantes de las Farc, mediante el documento CONPES 3931, el cual se difundió la semana pasada. Este es un cambio sustancial al proceso de reintegración de las Auc, pues su política se expidió cinco años después de la desmovilización, y en este caso se dio ocho meses tras haber iniciado la fase de reincorporación.

¿Qué dice el CONPES sobre las comunidades?

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), en el cual tienen asiento 19 entidades estatales, definió la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE) de Exintegrantes Farc-Ep, la cual es producto de un proceso de concertación con el otrora grupo guerrillero.

La vigencia de la PNRSE es de ocho años (hasta 2026), su costo estimado es de 265 mil millones de pesos y tiene cuatro objetivos principales, siendo el segundo el relacionado con las comunidades en donde se realizan procesos de transición de excombatientes a la sociedad civil, enfocado a “la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación”.

Por esa razón, señala el CONPES, “el abordaje de la reincorporación busca potencializar las habilidades de los sujetos para participar activamente en escenarios de construcción de paz, reconciliación, desarrollo comunitario e incidencia en derechos, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del ejercicio autónomo de su ciudadanía, vinculado a las lógicas sociales de los contextos en los cuales reside, que a su vez repercuten en la generación de redes de apoyo y mecanismos que le permitan afrontar situaciones de crisis ante los eventuales riesgos que puedan presentarse para la sostenibilidad de su proceso de reincorporación”.

Asimismo, cuenta con cuatro enfoques: territorial, de género, de derechos y étnico. Y el primero de ellos “supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socioambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.”

El documento también expone los retos que tiene su implementación: la ruptura del tejido social por la larga duración del conflicto armado, que genera desconfianza hacia las instituciones colombianas, exintegrantes de las Farc y entre miembros de las comunidades; la necesidad de promover la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a la reconstrucción del tejido social; la ausencia de articulación entre los proyectos productivos de exintegrantes de las Farc y de las comunidades, para jalonar no sólo procesos de desarrollo económico y social, sino también el fortalecimiento comunitario en un periodo de posacuerdos; y la limitada oferta institucional en los territorios donde se desarrolla el proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo Final.

Teniendo en cuenta ese panorama, concluye que “si no se involucra a las comunidades en la oferta pública que llega a los territorios en el marco de la reincorporación, pueden generarse resistencias y tensiones, situación que incide en el apoyo comunitario necesario para la implementación de este tipo de procesos”.

Por esa razón, la PNRSE tiene un capítulo dedicado a la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. Dicho apartado está orientado en el diseño y la implementación de la Estrategia de Reincorporación Comunitaria con Enfoque Territorial, que es vista como un “ejercicio participativo que involucra, por un lado, a exintegrantes de las FARC-EP que desarrollan su proceso de reincorporación, y por el otro, a las comunidades y sus iniciativas como referentes para la construcción de paz en los territorios”.

Y dicha estrategia se fundamenta en tres pilares: pedagogía de paz, tejido social y reconciliación; participación y ejercicio ciudadano con enfoque de género; y prevención de riesgos asociados a la estigmatización y a la intolerancia.

Con este documento CONPES y las iniciativas que se vienen impulsando en El Estrecho, poco a poco se va construyendo un ambiente de paz local que, bien fundamentado, podría irrigarse en las regiones vecinas y ampliar esa ilusión con la que tanto han soñado los pobladores de esta zona de Cauca.

* Nombre modificado por petición de la fuente

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La comunidad de Ortega exhibe con orgullo un producto que brota de sus tierras y es transformado con sus propias manos: el Café de la Reconciliación. Atrás quedaron las preocupaciones de hacer patrullajes para evitar el asedio guerrillero y, actualmente, sus objetivos giran sobre cómo cumplir los requisitos necesarios para exportar su marca del grano, la cual promueven como cien por ciento excelsa y con aroma de paz.

Sin embargo, esa transición no fue fácil. En su trasegar se encontraron la violencia partidista; el yugo de las Farc, que pretendía reclutar a sus jóvenes; y el abandono de un Estado, que puso su mirada sobre ellos tras la dejación de armas.

Las familias campesinas que se asentaron en las escarpadas montañas de Ortega empezaron a sentir los rigores de la violencia política en los años sesenta. Para esa época, según lo documentó la Fiscalía de Justicia y Paz, a la región arribó de Nariño un hombre conocido como el Capitán Rayo, quien inició una guerra contra los simpatizantes del Partido Conservador. A partir de ese momento se dieron confrontaciones con el Ejército y Rayo fue expulsado por el repudio que despertó el asesinato de un campesino. (Leer más en: Las autodefensas que antecedieron al Bloque Calima)

Tras la salida de ese ‘capitán’, en la región vivieron diez años de tranquilidad, hasta que las Farc empezaron a incursionar en el corregimiento. Así lo documentó el informe Ortega, un proceso que merece ser contado, el cual fue publicado en 2016 por agencias gubernamentales y extranjeras que han impulsado la reintegración de sus 167 excombatientes: “En 1978 entró el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el comandante ‘Sandino’, quien se presentó con la firme intención de seducir a los jóvenes a ingresar a sus filas, para sumar fuerzas y apoderarse de la región. Pero su idea no fue seguida por los habitantes del corregimiento”.

Encabezados por Leónidas Becoche y Manuel Jesús Quina, la comunidad se opuso a los vejámenes de las Farc, lo que derivó en sus asesinatos al año siguiente, con lo cual perdieron a un gran líder político y al comerciante más importante de la región, respectivamente. Además de dejar acéfala a la comunidad, esos homicidios impulsaron a algunas familias a empuñar las armas para autoprotegerse, entre otras razones porque la autoridad más cercana estaba a doce horas de camino por trocha. (Leer más en: El detonante de las Autodefensas de Ortega)

“Esos grupos empezaron a entrar y a matar gente sin que se les hicieran nada o los ‘sapiaran’. Las Fuerzas Armadas venían, se iban a la semana y la zona quedaba desamparada. Al mes volvían ellos y mataban nuevamente a sangre fría. Esos fueron los comienzos. Al ver que el Estado no ponía cuidado sobre estas tierras, fue donde ciertas personas se tomaron la tarea de armarse con escopetas y valor, porque no había más. Eran las escopeticas usadas para defender las casas”, recuerda Jorge*, familiar de uno de los dos líderes asesinados.

Lo que inició como un proceso de resistencia civil se tornó en uno armado, liderado por Humberto Pechené, quien, con 30 hombres, empezó a patrullar las seis veredas del corregimiento. Desde su creación hasta momentos previos a la desmovilización, fueron conocidos como ‘El Grupo’, pero por sugerencia de las autoridades militares que estaban acompañando el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, en 2003 apelaron al nombre de Autodefensas Campesinas de Ortega.

“Al grupo ingresé en 1997. Cuando pertenecí, no participé en nada ilícito: secuestrar o matar. El compromiso de nosotros fue turnarnos para trabajar el suelo. Cuando eso éramos como 154 hombres. Los que entrábamos en ese tiempo era para patrullar en el cerro, para que los demás pudieran trabajar. Sólo estuve en un hostigamiento que recuerde. No tuvimos bajas, a ellos les tumbamos dos y les quitamos armas porque no resistieron el ataque”, explica Jorge sobre la rutina de ‘El Grupo’.

La dinámica de patrullajes y combates esporádicos cambió drásticamente el 13 de septiembre de 2000, cuando las Farc perpetraron una masacre y quemaron varias viviendas en la vereda El Edén. El hecho fue relatado en el informe sobre el proceso de reintegración: “Los que alcanzaron a correr se escondieron y otros permanecieron en sus casas a esperar lo que el destino tenía para ellos. Mujeres y niños se fueron a esconder entre las peñas, ríos y matorrales temiendo por su vida. Mientras nuestra gente se escondía y corría, la guerrilla se iba apoderando de la vereda, quemando las casas y asesinando al que se atravesaba en su camino; la tarde de aquel día se oscureció con el humo de las casas quemadas”.

Esa incursión hizo que ‘El Grupo’ buscara la ayuda del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que meses atrás se había asentado en el norte de Cauca, proveniente del vecino de departamento de Valle del Cauca. Las tropas de Hebert Veloza García, alias ‘HH’, entrenaron a 40 integrantes del grupo de Ortega y les suministraron armamento. Ambos grupos hicieron un recorrido por la zona rural de Cajibío y los paramilitares de las Auc asesinaron a supuestos simpatizantes de las Farc y saquearon varios establecimientos comerciales. (Leer más en: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca)

Esa fue la única incursión que ‘El Grupo’ realizó por fuera de Ortega. Ricardo*, uno sus campaneros, afirma que la comunidad no fue golpeada por ellos y que “la única embarrada fue la incursión conjunta con el Bloque Calima”, por la cual pidieron perdón tras dejar las armas. Algunos miembros de ‘El Grupo’ se pasaron a las filas del Bloque Calima y la Fiscalía de Justicia y Paz les imputó cargos en mayo de 2014 luego de que confesaron cómo fue esa incursión armada. (Leer más en: La alianza que aterrorizó a Cajibío)

Época de sembrar

“Cuando el presidente Álvaro Uribe sacó ese proceso de reinserción a la vida civil fue cuando mi Dios tocó las puertas acá y vimos que, así como estábamos, no era viable la vida porque detrás venían nuestros niños y no teníamos cómo darles una vida segura. Era desarmarse o morir”, así cuenta Jorge cómo decidieron contactar al gobierno nacional para vincularse a las desmovilizaciones que estaba desarrollando con las Auc, proceso que años después fue conocido como Justicia y Paz.

El encargado de las negociaciones con el gobierno nacional fue Rubindel Becoche y la mayoría de los integrantes del grupo la consideraron satisfactoria. De ese modo, el 7 de diciembre de 2003, se realizó un acto simbólico de desmovilización en la vereda El Edén y los 167 integrantes de las rebautizadas Autodefensas Campesinas de Ortega entregaron cuatro fusiles, dos revólveres, una carabina, 40 escopetas, 17 granadas, 1.532 municiones, 38 uniformes y dos radios.

“Después de la desmovilización llegó la institución de Vallenpaz con psicólogos y proyectos productivos. Se trabajó la psicología para tratar los traumas que deja el conflicto armado. En 2008 arrancó el proceso de reintegración y nos incluyeron con los cambios de la época, que tenía más acompañamiento técnico, capacitación y proyectos productivos”, recuerda Ricardo.

Inicialmente el proceso de reintegración de los excombatientes estuvo en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y ejecutado por la corporación Vallenpaz y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que entre 2004 y 2005 desarrollaron varios proyectos centrados en sus dimensiones personales y productivas, brindándoles atención psicosocial familiar e individual, gestionando microcréditos y caracterizando el sector agropecuario del corregimiento para que posteriormente ingresaran otras entidades a desarrollar proyectos.

Al año siguiente se vinculó la Alta Consejería para la Reintegración y empezó a coordinar acciones entre diferentes entidades para promover la capacitación y el emprendimiento de los excombatientes y de la comunidad.

“El caso de Ortega es un ejemplo nacional de lo que es la reintegración comunitaria. Por el hecho de desmovilizarse y quedarse en Ortega, logró que los beneficios pasaran a la comunidad. Como entidad, la apuesta siempre ha sido favorecer a personas en procesos de reintegración, a sus familias y a las comunidades aledañas. En este caso ellos también lograron acceder a cupos de capacitación”, explica Paula Caicedo, orientadora de Corresponsabilidad Social de la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN).

De hecho, así también lo manifiestan algunos de los excombatientes consultados por este portal, quienes afirman que ese aspecto fue clave para promover la reconciliación y sanar heridas de antaño. “Además de pedir perdón, también ayudó mucho que no nos incluían sólo a nosotros sino a la comunidad en general con la titulación de tierras, y eso sirvió para que vieran que las cosas estaban bien”, cuenta Ricardo, quien agrega que el trabajo social que realizaron como parte de sus compromisos, sirvió para normalizar las relaciones: “Había gente que no lo veía a uno con buenos ojos, tampoco había agresiones. Ya habíamos recibido capacitaciones para manejar el tema, pero con el tiempo se fue normalizando, sembrando juntos y haciendo trabajo comunitario nos cogieron cariño y confianza”.

Entre los proyectos clave para la seguridad de Ortega se encuentran dos convenios establecidos en 2010 con el impulso de la Agencia Colombiana para la Reintegración (hoy ARN). Uno fue firmado con el Comité Departamental de Cafeteros de Cauca mediante el cual recibieron asistencia técnica, renovación de cafetales, acceso a créditos y acompañamiento en la comercialización, mejorando así la producción del corregimiento; y el otro logró que en cuatro años, el Incoder adjudicara 293 títulos de propiedad a desmovilizados, a sus familias y a la comunidad en general. Y paralelo a ellos, se dieron capacitaciones y formaciones por parte del SENA durante más de diez años, tanto para terminar sus estudios escolares, como para tecnificar su producción de café.

Los campesinos de Ortega destacan que a pesar de las dificultades y de las demoras en algunos procesos, se ha cumplido alrededor del 90 por ciento de las iniciativas que acordaron con el gobierno nacional durante la negociación de desmovilización. Y tajantemente le cerraron la puerta a la posibilidad de volver a tomar las armas.

“En la negociación nos dijeron que nos ayudarían con el desarrollo del corregimiento a cambio de dejar las armas. Nosotros dimos nuestra palabra y dijimos que no iba a pasar como ha pasado con muchos, que después cogieron para otros grupos. Nosotros no. Esa palabra la hemos cumplido hasta este momento y no hemos dado un paso atrás, porque eso era a cambio de desarrollo para este corregimiento que estaba muy olvidado”, afirma Jorge con tesón.

Época de cosecha

Ortega también le cerró la puerta a cualquier tipo de economía ilegal porque entre ceja y ceja tiene la intención de exportar su café. Ese sueño empezó hace doce años, cuando se creó la Asociación de Productores Agropecuarios Sembradores de Vida, que agrupa a 150 familias.

Rubén Darío Quintero, fundador y actual representante legal, cuenta que la iniciativa surgió en medio de las capacitaciones que empezaron a recibir: “En febrero de 2006 entró Empaques del Cauca y nos dijeron que deberíamos organizarnos y nos empezó a sonar el tema. Desde allí empezamos trabajarle y legalizamos la asociación en diciembre de 2006. Nos ha servido mucho para asociar la comunidad, hacer proyectos productivos y gestionar proyectos sociales para las veredas”.

Y nuevamente recalca el apoyo que recibieron por parte del Comité Departamental de Cafeteros de Cauca y del SENA para mejorar todos los niveles de producción: “Nos capacitaron desde los inicios con el manejo de germinadores, semilleros… hasta terminar en la transformación del grano. Llegamos hasta sacar derivados del café, nos enseñaron sacarlo tostado y molido, también a sacar etiqueta y estamos en el proceso de sacar la marca”.

Aunque aclara que ya tienen definida la marca -Café de Ortega, el Café de la Reconciliación- aún están en el proceso de obtener el código de barras del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Para ello, necesitan construir un centro de acopio y les faltan los recursos necesarios para levantarlo sobre un terreno que ya adquirieron.

Por esa razón, la comercialización del café se ha estancado, admite Quintero: “Casi no hemos salido del municipio porque afuera necesitamos el código de barras y el certificado del Invima, para ello necesitamos infraestructura y no hemos podido salir del municipio a no ser que participemos en ferias y convenciones. En la cabecera tenemos unos expendios”.

Dado que su fin empresarial es exportar, se están preparando para hacer transición hacia lo orgánico, “porque uno mira que en los países desarrollados ya no consumen productos procesados con químicos. Con ese cambio obtendremos un valor agregado y mejor rentabilidad de nuestras fincas. Necesitamos que la transformación sea exportada”.

Y con ese anhelo, sumado al compromiso con su comunidad, en Ortega se hace resistencia desde los granos de café y no de las armas como ocurrió cuatro décadas atrás. Lo anterior se debe a que, a diferencia de vecinos de otros corregimientos, por sus mentes no pasa la posibilidad de sembrar ni una mata de coca, pues saben que con ella podrían llegar actores armados a someterlos a un nuevo ciclo de violencia, y porque también cuentan con las herramientas necesarias para subsistir honradamente.

“La no presencia de coca es un escudo para que no avancen hasta acá. También con nuestra formación, vemos que no tenemos riqueza pero que tampoco nos morimos de hambre, porque el cafecito nos da el sustento y no nos tenemos que andar escondiendo. La gente se motiva al ver que se vende el café en cualquier momento y sin problemas”, sostiene Ricardo.

De manera similar se expresa Jorge: “Estamos bien, por acá no hay grupos armados que nos estén amenazando. Cajibío es un municipio con bastantes cultivos de coca, pero en este corregimiento no tenemos ese problema porque todas las familias están ocupadas y trabajando con el café”.

Y recuerda que anteriormente “hubo unos malos intentos de algunas familias de querer meternos el cultivo de la coca, pero como esto lo habíamos hecho tan seriamente y el día que dejamos las armas dijimos que no haríamos nada ilegal, se les dijo que por nada del mundo aceptamos la coca. Por eso en este corregimiento, de cocas, solamente las muelas”.

Se refiere al caso de algunas familias de la vereda La Isla que hace tres años intentaron sembrar o rentarles sus fincas a personas procedentes de Nariño para cultivar hoja de coca para uso ilícito.

De hecho, un investigador del departamento, que pidió no ser identificado, señala que una vez se acordó el programa de sustitución de cultivos ilícitos negociado en La Habana con las Farc, en el municipio empezó a aumentar la coca: “Creo que hubo falta de información sobre la situación de cultivos, que hizo que los campesinos pensaran que independientemente del proceso de paz, eso era una buena oportunidad para recibir beneficios. Antes había calma, pero las dinámicas de la región pueden cambiar, no en función de grupos armados, sino en función de lo que significa la producción de cultivos ilícitos”.

No obstante ese riesgo, las familias en Ortega le han puesto toda la fe al Café de la Reconciliación, con cuyo aroma esperan oponerse a cualquier tipo de violencia y vivir, definitivamente, en paz.

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* Nombres cambiados por petición de los entrevistados.

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‘René Hertz’, uno de los exjefes del Frente 29 de las Farc que coordinó la dejación de armas en la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Policarpa. Foto: Farc.El pasado 25 de noviembre los pocos hombres que permanecían en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Paloma, ubicado en el municipio de Policarpa, trasegaron nuevamente varios kilómetros para asentarse en el municipio caucano de Patía, en donde esperan iniciar su proceso de reintegración. A raíz de la falta de adecuación de La Paloma, los excombatientes de los frentes 8 y 29 de las Farc se instalaron en lote ubicado en la vereda La Barca, del corregimiento El Estrecho.

La persona encargada de coordinar a los excombatientes por parte de las antiguas Farc es ‘René Hertz’, quien, en 1979 y a los 19 años de edad, se vinculó al Tercer Frente en La Macarena, Meta. Poco a poco fue ascendiendo en ese grupo insurgente y por varios años hizo parte del grupo de seguridad de su Secretariado y después fue enviado al suroccidente del país, en donde hizo parte de los frentes 29 y 30.

Este es el panorama que divisa uno de los veteranos de las antiguas Farc quien tuvo que lidiar con una de las zonas veredales más complicadas para la dejación de armas de esa exguerrilla. (Complementan: ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa? y “No nos dejen solos, Policarpa es una bomba de tiempo”)

VerdadAbierta.com (VA): ¿Por qué se fueron del ETCTR de La Paloma, Policarpa?

‘René Hertz’ (RH): En parte por la falta de cumplimiento de lo pactado en materia de construcción de instalaciones para la reincorporación. En La Paloma no se alcanzó a construir nada y ante la necesidad de desarrollar proyectos productivos, tuvimos que trasladarnos a un lugar que nos permita realmente iniciar la reincorporación a la vida civil como está previsto.

VA: ¿Por qué llegaron a Patía?

RH: La condición fundamental era conseguir el terreno y no fue fácil. En Patía hay gente que nos conoce de mucho tiempo para acá y la tierra en este valle es fértil y buena.

VA: ¿Qué proyectos piensan desarrollar en ese nuevo lugar?

RH: Estamos pensando en desarrollar una granja multipropósito para tener proyectos de aves, agricultura, ganadería y piscicultura.

VA: ¿Cómo es el terreno?

RH: Es muy bonito, pero pequeño para desarrollar el proyecto. La fertilidad del valle puede contribuir y la cercanía del río (Patía) ayuda para el aprovisionamiento de agua.

VA: ¿Cómo estaba la infraestructura cuando llegaron al nuevo ETCR?

RH: Todo estaba por adecuar, hemos avanzado poco. Si esperábamos a que estuviera adecuado, aún estaríamos en La Paloma. Se avanza más estando en la zona. Vamos por las habitaciones temporales.

VA: ¿Cuáles es el cronograma dispuesto para la adecuación?

RH: Empezamos con las habitaciones temporales para los excombatientes y pasaremos al proyecto productivo. Después seguirán las habitaciones permanentes, allí tenemos que hacer una ciudadela. No debe ser un espacio temporal como en las zonas veredales, se tienen que hacer habitaciones permanentes porque ese espacio es nuestro proyecto de vida, será nuestro futuro a largo plazo.

Espacios temporales del ETCR de Patía, en el sur de Cauca. Foto: Farc.

VA: Ya que planean quedarse permanentemente, ¿qué pasará con el lote dónde están? ¿Van a pedir que el gobierno nacional lo compre o ustedes lo alquilarán con lo que produzcan los proyectos productivos?

RH: Nosotros duramos tantos años en el monte en combates, que no tenemos un patrimonio. Vemos que ese puede ser el espacio donde podemos sentar nuestro proyecto de vida para el futuro. Así, reunidos y organizados, tenemos más fuerza que individualmente cada uno en un lugar.

VA: ¿La idea es que el gobierno nacional compre el lote o ustedes lo alquilarían con lo que produzcan los proyectos productivos?

RH: La propuesta es que el gobierno compre los predios para continuar definitivamente allí el proyecto. Ahora, si no llegase a comprarlos en una situación hipotética, la producción de la cooperativa en algún momento tiene que tomar las dimensiones para adquirirlo. Pero estamos pidiendo al gobierno que lo compre y lo suministre para que, en el marco de los acuerdos, se realice la reincorporación de los excombatientes de la manera menos traumática.

VA: ¿Cuántos combatientes de las Farc llegaron a Policarpa y cuántos están en Patía?

RH: A Policarpa 205 y ahora en el Patía llegamos inicialmente 30, pero la cifra fue aumentando porque la gente se animó y calculamos que alrededor de 70 excombatientes estarán de manera permanente para realizar el proyecto político.

VA: ¿Qué pasará con los 135 excombatientes restantes? ¿En dónde se capacitarán y cómo será su ruta de reincorporación?

RH: Algunos compañeros prefirieron quedarse en sus casas sin desligarse del proceso político que se está desarrollando desde el nuevo partido; otros compañeros quieren realizar la reincorporación económica en el Litoral Pacífico, pero esa parte está más lenta por las dificultades de la distancia.

VA: ¿Cómo ha sido la ruta de reincorporación a la vida civil?

RH: Creo que estamos empezando. Se está iniciando labores con la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y se está haciendo un empalme con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es muy breve el tiempo para calificar cómo va la reincorporación. Esperaremos unos meses para opinar al respecto.

VA: Se dice que otra de las razones del traslado del Espacio Transitorio de Normalización y Reincorporación de Policarpa obedecen a las condiciones de seguridad. ¿Qué amenazas existían contra los excombatientes en esa región de Nariño?

RH: La verdad es que en todas las partes donde estemos habrá condiciones de inseguridad. Nosotros salimos de allá y la tensión en materia de seguridad aumentó porque hubo enfrentamientos entre bandas y se presentaron algunas dificultades de orden público. Sin embargo, en donde estemos siempre habrá un riesgo.

Por eso le exigimos al Estado que cumpla con el tema de la seguridad, y hasta ahora lo ha venido haciendo en el área donde estamos los excombatientes. También le hemos dicho al gobierno que la seguridad es necesaria para las comunidades porque ellas también están en riesgo y nosotros ya nos hemos incorporado a ellas. La seguridad tiene que ser integral.

VA: ¿Cómo analizan el panorama de las disidencias? ¿Cuántas personas que llegaron a la antigua zona veredal se encuentran hoy en día rearmadas?

RH: Desafortunadamente hay algunas personas que habiendo sido integrantes del movimiento se han dejado tentar o llevar por ese ofrecimiento de, por así decirlo, entre comillas, ‘empleo’. Por eso nuestra preocupación es que la implementación de la reincorporación económica se dé la manera más urgente, para que los compañeros continúen viendo un horizonte cierto y sano, para evitar ser recogidos por esas bandas.

No son muchos los compañeros que están en esa situación. No tengo la cifra exacta, pero cada quien responde de manera individual ante la legalidad del Estado.

VA: ¿Quién es el responsable de esa situación? ¿La responsabilidad es compartida entre el Estado, las Farc y los propios reincidentes?

RH: Nosotros hicimos todo lo que dependía por parte de las Farc, dando instrucción e indicando las pautas para continuar en el proceso. El gobierno se demoró enormemente para cumplir muchas cosas y eso desmotivó a mucha gente para continuar. Eso fue aprovechado por las personas que los estaban reclutando para esas actividades.

Entonces la responsabilidad del gobierno es clara y contundente, porque como el país lo conoce, nosotros hemos cumplido al pie de la letra los acuerdos desde la concentración en las zonas veredales, el abandono de las actividades que hacíamos anteriormente y la dejación de armas.

Proceso electoral

La entrada del nuevo ETCR está acompañada de la bandera del partido político que crearon las Farc tras dejar las armas, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Foto: Farc.

VA: Las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República tendrán escenario en los próximos meses. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para incursionar por primera vez en la contienda electoral sin armas?

RH: Es una batalla bastante dura la que nos espera, porque los partidos políticos tienen una maquinaria de muchos años y nosotros apenas comenzamos. Eso no nos desanima, vamos a continuar haciéndolo y aprendiendo en el transcurso de las elecciones. También es un reto muy grande para quienes resulten elegidos en los puestos del Estado para evitar la contaminación de la corrupción que se mete por todos los poros de la sociedad.

VA: ¿Cuál es la estrategia que tienen? ¿Con qué propuestas piensan seducir al electorado?

RH: La gente está esperando un cambio en esas costumbres políticas tan dañinas, que para todo hay ‘serrucho’, coimas y el pago de servicios y votos. Uno de los slogans es que somos el partido de la esperanza, la gente tiene las esperanzas en que algo logremos cambiar el país en esa materia.

VA: La lucha contra la corrupción es un tema que se puso de moda en estas elecciones y la mayoría de los partidos tradicionales la tomaron como bandera. ¿Con qué propuestas piensan diferenciarse del resto?

RH: La credibilidad se ha perdido y no es lo mismo que lo digan ellos. Uno habla con la gente del común y no tiene confianza en el Estado ni en los politiqueros que no cumplen sus promesas; tampoco en las instituciones. En la práctica hemos demostrado que obramos de acuerdo a lo que expresamos.

VA: Diferentes sectores de víctimas expresan que ustedes debieron hacer más actos de petición de perdón antes de lanzarse decididamente a la política. ¿En qué van esos actos?

RH: Creo que hemos hecho lo que debíamos hacer. Esas acciones han sido las simbólicas en ese tema de víctimas, esperamos que el gobierno también tenga esas expresiones con sus víctimas. La Comisión de Historia y Víctimas del Conflicto señaló que gran parte de la violación de derechos humanos ha sido del Estado y no recuerdo algún acto de constricción.

VA: Hasta el momento han hecho actos de perdón con las víctimas de Bojayá, La Chinita, el Club el Nogal y los diputados de Valle del Cauca. ¿Van hacer más actos de petición de perdón?

RH: Por ahora no conozco otros actos programados.

VA: El gran tema del año pasado fue la implementación del Acuerdo Final en el Congreso. ¿Este año en dónde se dará la lucha?

RH: El pueblo debe entender y apersonarse de los acuerdos, porque no fueron para favorecer a las Farc o al gobierno, sino al conjunto de la sociedad colombiana. Entonces la gente debe apersonarse de la implementación real.

En la medida en que la gente sea capaz de hacer suyos esos acuerdos, va exigir su cumplimiento. Las personas con las que he hablado dicen que el Estado no cumplirá con los acuerdos si no hay la presión de la inmensa mayoría de colombianos que quieren la paz. Esa paz tiene que construirse sobre bases sólidas: económicas, sociales, jurídicas, parar la persecución a la gente que piense distinto, la represión de las manifestaciones, darles oportunidades a los jóvenes en el campo. Esas bases se logran con la implementación de los acuerdos.

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