Durante 2024, el Cinep documentó un aumento de casos de victimización contra líderes políticos y sociales, que incluyeron amenazas, torturas y asesinatos, según revela su más reciente informe publicado en la Revista Noche y Niebla.

“La violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades, desafortunadamente, no da señales de detenerse”, aseguró una investigadora de la organización.

Los tipos de victimizaciones que más aumentaron en 2024, en comparación con 2023, son los que, según la organización, “generan mayor temor y zozobra”. Entre ellos se encuentran las amenazas, la tortura y las violaciones a la libertad personal, como las desapariciones, los raptos, los secuestros y el reclutamiento forzado.

Estos crímenes no se presentan de forma aislada. Los motivos de la violencia varían según las particularidades de cada territorio. En algunas zonas, esta se relaciona con la expansión de economías y rentas ilegales; en otras, la violencia letal se dirige contra voceros de organizaciones sociales que buscan defender y visibilizar sus demandas. Estos hechos ocurren en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, lo que ha profundizado la crisis en varios territorios, según indica el documento.

Entre sus principales hallazgos, el centro de investigación advierte que en 2024, se registraron 813 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos de violencia sociopolítica y acciones de carácter bélico. De ese total, 452 personas fueron asesinadas por causas asociadas directamente a la violencia política y social.

Violencia político-social

En este escenario, la violencia contra líderes  resulta especialmente alarmante, ya que, según el Cinep, esta sigue siendo una labor de alto riesgo en el país. Este panorama no sólo evidencia la desprotección de las víctimas, sino que también refleja el grave deterioro de la seguridad en varias regiones.

En un entorno donde prevalece la impunidad, los actores armados —a menudo vinculados a bandas delincuenciales locales— tienen menos reparos para cometer homicidios contra líderes sociales, dice el informe.

Según el centro de pensamiento, los departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Cauca, con 43 asesinatos; Antioquia, con 23; y Putumayo, con 21. Aunque estos tres departamentos comparten características similares —como la fuerte presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales—, cada uno presenta dinámicas y trayectorias propias.

El Banco de Datos del Cinep identificó a los grupos sucesores del paramilitarismo como los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2024, seguidos por miembros de la Policía, empresas extractivas y el Ejército.

Respecto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el centro de investigación señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como los principales  presuntos responsables.

Las amenazas sobresalen como el principal mecanismo dentro de los repertorios de violencia usados en el conflicto, mientras que los homicidios constituyen la segunda práctica más común.

Violencia extrema y disputas territoriales

Otro fenómeno que identificaron  los investigadores es la intensificación de la crueldad extrema contra los cuerpos, evidenciada en prácticas como los desmembramientos y la exhibición pública de las víctimas. Este tipo de violencia ha sido especialmente registrado en departamentos como La Guajira y Magdalena, aunque también se han documentado casos en Risaralda.

“Este tipo de hechos también representan una amenaza colectiva para las comunidades, ya que hasta hace poco estas prácticas eran asociadas con otras zonas del país, como Buenaventura, donde operaban las llamadas ‘casas de pique’. Ahora, sin embargo, parecen estar replicándose en otras regiones como las mencionadas. Sólo en el Magdalena se registraron 29 víctimas”, resaltaron desde el Cinep.

Este fenómeno, añadieron, obedece a la dinámica de fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, así como a las disputas entre ellos por el control de distintas zonas del país. En la Sierra Nevada, por ejemplo, se registra un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que a veces se hace llamar “Ejército Gaitanista” y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El centro de investigación cerró su informe con un urgente llamado a las autoridades para detener a esta barbarie, donde la población civil sigue siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no tener fin.

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A pesar de una pequeña disminución en los ataques a activistas sociales ocurridos el año pasado, los derechos humanos –y quienes los defienden– continúan sin protección, según la organización no gubernamental, que desde el año 2002 monitorea la violencia en contra de ellos.

En total, se contabilizaron 727 agresiones, frente a las 765 de 2023, representando una reducción del cinco por ciento.

Que el pico de violencia contra las personas defensoras disminuya  es una buena noticia, pero persisten altos niveles de ataques y alrededor de esa disminución hay otros factores a tener en cuenta. El informe Derechos Humanos sin Protección, advierte que no se pueden realizar simples sumas y restas, tras la disminución de 38 agresiones ocurridas entre 2023 y 2024.

“Si desmenuzamos esta cifra y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el gobierno nacional y demás institucional del Estado desplieguen acciones preventivas frente a los peligros derivados de las dinámicas que se vienen estableciendo”, plantea Somos Defensores en su informe.

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Mientras la comparación de cifras deja entrever una pequeña reducción de la violencia más visible, como suelen serlo las amenazas, los atentados y los asesinatos, al mismo tiempo proyecta el aumento en repertorios de violencia enfocados en el control territorial.

Al respecto, el informe señala que “las restricciones a la movilidad, la dificultad para el acceso a los territorios, los controles a la población, entre otros factores, contribuyen no sólo al subregistro, sino también a que se haya presentado un silenciamiento por parte de  las víctimas, que ya no dan a conocer los hechos”. Y agrega que se ha impuesto una normalización, que hace considerar distintas agresiones no como hechos individuales de violencia selectiva, sino un sólo caso con varios episodios.

Sobre el aumento de los desplazamientos y los confinamientos, el Programa Somos Defensores plantea la hipótesis de cambios en el accionar de los actores armados, que han optado por estrategias de represión. Entre los principales responsables de los secuestros se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos surgidos tras la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

No obstante, hay un eje transversal en esta situación: la política de negociaciones simultáneas que está realizando el gobierno del presidente Gustavo Petro con la mayoría de grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado, conocido como “Paz Total”. Esta se ha traducido en ceses al fuego bilaterales –y no multilaterales entre varios actores armados como reclaman las organizaciones sociales– y en disputas entre grupos ilegales para aumentar su poder. En el proceso, algunos de ellos se han dividido aún más.

Sobre esta situación, el informe hace algunas observaciones. Especialmente sobre el fraccionamiento que se dio de algunas estructuras del ELN y de rearmados de las Farc, pues considera que apostar por la división para buscar entrega de armas más expeditas, no se traduce en resultados positivos en la garantía de derechos humanos.

“Esta apuesta puede provocar nuevas disputas y reagrupamientos, en medio de una oleada de expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Esta estrategia de atomizar el grupo para dialogar no puede lograr cambios significativos en los problemas crónicos de las regiones que atravesaron –y continúan atravesando– crisis humanitaria”, precisa.

También plantea que mientras los grupos armados ilegales continúan desplegando una violencia selectiva a medida de que se expanden y confrontan entre sí, el gobierno sigue sin trazar líneas rojas en las negociaciones que adelanta. Especialmente en el respeto de las comunidades y sus líderes, “para que permitan la garantía del derecho a la vida e integridad de las personas defensoras así como  su ejercicio”.

Y sentencia que los índices de  agresiones no se pueden achacar únicamente a los actores ilegales: “El gobierno nacional también tiene responsabilidad por no  haber atendido los llamados hechos con suficiente antelación desde distintos sectores que abogan por los derechos humanos. Así mismo la fuerza pública que, por acción u omisión, no ha protegido a quienes defienden la vida, la tierra y el territorio, sino que por el contrario continúan registrando ataques contra los liderazgos sociales”.

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Los departamentos con mayor aumento de agresiones fueron Cesar y Arauca. En el primero ocurrieron 19 hechos más que en 2023, lo cual equivale a un incremento del 106 por ciento, Entre ellos se encuentran 33 amenazas, dos asesinatos y dos atentados. En este departamento del Caribe predomina el control paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En cuanto a Aracua, el aumento fue de 14 hechos, que representan un 93 por ciento más de agresiones, comparadas con 2023. Al respecto, el informe señala que en esta región ha “escalado el conflicto dadas las disputas entre los grupos postacuerdo de paz y el ELN, que han sumido a la población civil en una grave crisis humanitaria agravada desde el mes de abril, por ejemplo en municipios como Tame y Arauquita, que han padecido las consecuencias de dichas confrontaciones”.

Por otro lado, el caso de Nariño es la antítesis, y podría estar relacionado con avances concretos de la política de Paz Total, a diferencia de otras zonas del país. En esta región del suroccidente ocurrieron 53 agresiones menos, representando una disminución del 79 por ciento, con lo cual pasó de ocupar el tercer lugar entre los departamentos con más agresiones en 2023, al décimo tercero en 2024.

El Programa Somos Defensores indica que esa diferencia puede estar relacionada “con el inicio oficial de los diálogos entre el grupo Comuneros del Sur, antes perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, que participa desde el 19 de julio en la construcción lo que se ha llamado la ‘Paz territorial’ que también vincula a los grupos postacuerdo de paz ubicados principalmente en la subregión del Pacífico”.

Los anteriores casos demuestran que la garantía de los derechos humanos está condicionada a la voluntad de los grupos armados y a los avances tangibles de la política de Paz Total.

El Programa Somos Defensores indica que no está en contra de la estrategia de negociar con grupos ilegales de diversa naturaleza, pero advierte que por el bienestar de las personas defensoras de derechos humanos y de las comunidades, se debe incluir acciones que permitan detener las formas cíclicas de violencia.

“Esto implica  concebir los escenarios de diálogo no solamente en función de iniciar mesas de negociación, sino considerar  algunos aspectos fundamentales  desde la instalación de los mismos, como por ejemplo, los escenarios de riesgos que las mesas de negociación pueden crear a los liderazgos que habitan en la zona de influencia de un actor armado”, plantea.

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Una vez más, el sector indígena fue el que más agresiones padeció durante 2024, aunque hubiera recibido 27 menos que en 2023. A pesar de esa reducción del 12 por ciento, sigue ocupando la primera plaza en ese grave escalafón. El departamento más inseguro para los liderazgos indígenas fue Cauca, en “donde se presentaron hechos de violencia selectiva dirigidos principalmente a quienes hacen parte de las guardias indígenas, como también a las autoridades tradicionales, los sabedores y los mayores, quienes representan la autoridad y el conocimiento que guía a su pueblo para la pervivencia en el territorio”.

En segundo lugar continúa el liderazgo comunal, con 157 agresiones, representando un incremento del 40 por ciento, respecto a las 45 del año pasado. Los ataques se concentraron en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Cesar y Arauca.

En el tercer puesto tampoco hubo cambios, pues el liderazgo comunitario ocupa la misma plaza que en 2023, aunque con nueve agresiones más, equivalentes a un aumento del nueve por ciento. El informe señala que “esta categoría es la más  amplia de los liderazgos, pues recoge a personas cuyo ejercicio es realizado  con acciones que buscan la defensa de los derechos de las comunidades, sin necesidad de estar vinculados a organizaciones legalmente constituidas o reconocidas”.

Asesinatos, aumentan los repertorios previos

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El Programa Somos Defensores verificó 157 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante 2024, 11 casos menos que en 2023, representando una reducción del siete por ciento. Aunque destaca este hecho, advierte que “esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que ejercen esta labor continúan desprotegidas”.

El informe llama la atención que la mayor cantidad de asesinatos ocurrió en el segundo semestre del año: 83 casos. Y señala que esa situación podría podría estar relacionada con los efectos de la ruptura del diálogo del gobierno nacional con el Estado Mayor Central de las Farc en el primer semestre del año y el posterior fraccionamiento entre la las alas de ‘Calarcá’ y ‘Iván Mordisco’, así como la crisis de la mesa de negociación con el ELN, la división de Segunda Marquetalia y la intensificación de la crisis humanitaria.

Los 157 asesinatos fueron cometidos de la siguiente manera: en 126 se utilizó arma de fuego, en 16 se desconoce el arma utilizada, en nueve arma blanca, en tres asfixia mecánica, dos fueron por golpes con objetos contundentes y en uno como consecuencia  de mina antipersonal.

Además, el Programa Somos Defensores destaca que en 21 casos hubo desaparición previa, en nueve signos de tortura, en 24 sevicia, en 23 hubo amenazas con anterioridad, en 21 se produjo afectación a otras personas, siete ocurrieron en medio de masacres y cinco en medio de secuestros. Del total de víctimas, ocho contaban con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Al respecto, el informe recalca que “es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro  (9 casos más que el 2023) como hechos previos al asesinato, ya que en Colombia existe un mecanismo de  búsqueda urgente –MBU- que debe funcionar para poder salvaguardar la  vida de las personas. También alarma el aumento de los casos de sevicia y tortura (12 casos más que 2023), que  evidencia los actos de crueldad a los que son sometidas las víctimas”.

En cuanto al sexo de las personas defensoras asesinadas, 133 de los asesinatos fueron de hombres, teniendo una reducción del siete por ciento de casos comparados con los de 2023; 19 fueron de mujeres –uno de ellos precedido de tortura y violencia sexual–, concentrando una reducción del 20 por ciento con respecto al año pasado; y por primera vez el observatorio del Programa Somos Defensores incluyó la variable de personas de con orientación sexual y de género diversas, registrando cinco casos en 2024.

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Derechos Humanos sin Protección no sólo se centra en las agresiones que sufrieron las personas defensoras el año pasado. También realiza una serie de análisis sobre la importancia de responder efectivamente a las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo para evitar que se consuman ataques quienes asumen liderazgos en Colombia y evitar infracciones al Derecho Internacional Humanitario que terminan impactando en las comunidades. Como ejemplo, pone de presente la situación del Catatumbo, donde miles de personas fueron desplazadas por los combates entre el ELN y disidencias de las Farc. (Leer más en: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada)

“El gobierno debe considerar que, cuando escalan estos escenarios de confrontación armada, los liderazgos son quienes reiteradamente hacen llamados a respetar los mínimos humanitarios, según lo ilustran las experiencias de Arauca en el año 2022, Chocó en el 2023 y Cauca en el 2024. Son las personas que, por ejemplo, defienden el principio de distinción al que se refiere el DIH, abogan por el respeto a los bienes civiles y a las misiones humanitarias, y se oponen al reclutamiento forzado”, recalca el documento.

La investigación también analiza las políticas públicas en torno a la protección. Establece que están desarticuladas y que, por ende, no generan grandes cambios. Este apartado pone lupa en los pilotos del Plan de Acción de la Política de Desmonte de las Estructuras Herederas del Paramilitarismo; y la implementación del Programa Integral para Mujeres Lideresas y Defensoras, y del Decreto 660  de 2018, que reglamentó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Además, evalúa la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales de medidas orientadas a la protección de personas defensoras, teniendo hallazgos agridulces: “De los 32 departamentos existentes en Colombia, 29 incluyeron entre 1 y 9 acciones para la garantía del derecho a defender derechos, derechos de las víctimas, de la población LGBTIQ+ y de mujeres lideresas. Analizando los datos, sólo hubo un departamento que incluyó en su Plan de Desarrollo una sola acción de las orientadas en la Circular Externa, y fue Boyacá, con la ‘Instalación y funcionamiento de Mesas Territoriales de Garantías’”.

Por otro lado, en este informe el Programa Somos Defensores se refiere a la estigmatización como un factor de riesgo para el liderazgo social y la defensa de derechos humanos. Señala que es una práctica a la que recurren funcionarios del Estado, grupos armados y sectores de la sociedad civil como la prensa. Para ejemplificar lo anterior, reseña cuatro publicaciones de VERIFICO, iniciativa creada por este portal en asocio con Protection International y el apoyo de la Unión Europea. (Leer más en: Lo que chequeamos en 2024)

Por último, el informe insiste que la reducción  de agresiones registradas en 2024 puede estar relacionada con el silenciamiento en los territorios.

“Según lo observado a lo largo del año, la leve disminución que  registran algunas violencias selectivas alude a momentos de calma momentáneos, que los grupos armados han aprovechado para desplegar distintas formas de control poblacional y territorial. Sin que exista forma de registrar el silenciamiento en los territorios,  se debe señalar que numerosos  liderazgos y personas defensoras tienen temor de denunciar lo que les sucede. Y aún en este escenario, el Programa Somos Defensores tiene un registro de 9.421 (agresiones) entre el 2010 y el 2024, evidenciando que el ejercicio del derecho a defender derechos es una labor de alto riesgo en la historia reciente de Colombia”.

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“Tras diecinueve meses del Gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de garantías para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen liderazgo social continúa siendo poco alentador pese a la voluntad política y a las diversas medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis”.

Esa es una de las principales conclusiones del informe Puntos Suspensivos, en el que el Programa Somos Defensores, organización no gubernamental que desde hace 25 años documenta toda clase de agresiones con lideresas y líderes sociales, recopiló 765 casos de violencia ocurridos el año pasado.

Si se comparan con las 840 agresiones documentadas en 2022, se evidencia una disminución general. Sin embargo, Somos Defensores hace un llamado a la prudencia y enciende las alarmas porque se incrementaron otros repertorios de violencia, diferentes a los asesinatos.

Por ejemplo, los atentados. Si la mitad de ellos se hubieran consumado, el informe estaría indicando que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos aumentaron el año pasado con relación al anterior. También llama la atención el incremento de las desapariciones forzadas, que aumentaron más del doble entre un año y otro; y el de los desplazamientos forzados, que prácticamente se duplicaron.

La publicación recalca que la cifra menor frente al 2022 no representa un cambio significativo en las tendencias de las agresiones. “La disminución en ciertas agresiones, pero el aumento de otras podría relacionarse con un cambio en las estrategias de los actores armados para perpetrar la violencia selectiva que lleva a la ocurrencia de hechos con baja letalidad y menos impacto a nivel público”, precisa.

Al analizar las agresiones ocurridas el año pasado por tipo de liderazgo, siguen vigentes tendencias de años anteriores: los sectores más golpeados son el indígena, el comunal y el comunitario. No obstante, Puntos Suspensivos reporta preocupantes incrementos en el sector campesino, con un aumento del 51%; y en el de víctimas, con un incremento del 171%.

Por otro lado, la investigación identificó que las agresiones contras las mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron un 7%, al registrarse 14 hechos más que en 2022. Entre los que se cuentan cuatro asesinatos en razón del género, todos en contra de lideresas LGBTIQ+, 3 de ellas mujeres trans.

“En total, en contra de mujeres se confirmaron 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, 5 robos de información, 3 detenciones arbitrarias, 3 secuestros, 2 casos de tortura, 2 desapariciones forzadas, 2 hechos de violencia sexual y 1 judicialización”, detalla la publicación.

En cuanto a presuntos responsables, a quien se le atribuye la mayor cantidad de agresiones es a grupos de origen paramilitar (178), le siguen disidencias de las Farc (136), la guerrilla del Eln (46), autores individuales (40), miembros de la Fuerza Pública (26), bandas criminales (12), instituciones del Estado (3) y alianzas criminales (2). Además, se desconoce la presunta autoría de 322 agresiones.

Al poner la lupa en los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, se encuentra que ocurrieron en 25 departamentos y en el Distrito Capital. La mayoría de ellos se concentra en el suroccidente (Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo), abarcando el 45% de los 168 casos documentados por Somos Defensores en 2023.

Esas cifras revelan que Cauca nuevamente ocupa el primer lugar como el departamento con más lideresas y líderes sociales asesinados, pues en 2022, luego de varios años de estar ocupando esa posición, pasó al tercer puesto, cuando Nariño fue la región con más víctimas.

En cuanto al tipo de liderazgo que ejercían las víctimas, en 2023 ocurrió una variación respecto a años anteriores: el comunitario pasó a encabezar el escalafón con más víctimas, dejando en segundo y tercer lugar al comunal y al indígena, respectivamente.

Sobre la forma en que fueron ejecutados los 168 asesinatos, el informe los discrimina de la siguiente manera: “En 125 se utilizó arma de fuego, en 20 se utilizó arma blanca, en 16 se desconoce el arma utilizada, 2 se produjeron por asfixia mecánica, 2 producto de la activación de minas antipersonales, 2 por golpe con objeto contundente y 1 ocurrió como consecuencia de un golpe”.

En suspenso

Además del análisis de agresiones ocurridas el año pasado, este nuevo informe contiene dos capítulos adicionales. En el primero evidencia que si bien hay una “apuesta arriesgada” por parte del Gobierno de generar diálogos con diferentes grupos armados para avanzar en la paz, estos procesos no han estado libres de tropezones y la mayoría de ellos se encuentran en una fase de estancamiento.

“Además, algunos grupos no muestran coherencia entre la voluntad de paz que manifiestan al Gobierno y sus acciones en territorio, pues mientras dialogan avanzan en fortalecimiento militar y de control sobre los territorios; y continúan generando impactos humanitarios severos a través de acciones como confinamientos, desplazamientos forzados y uso de artefactos explosivos”, indica.

Y en el segundo presenta un análisis sobre los avances de las políticas públicas de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, el cual arroja resultados poco alentadores. La publicación precisa que “si bien las tareas pendientes en esta materia vienen desde anteriores gobiernos, lo cierto es que en el actual no se ha logrado avanzar de manera suficiente para bajar el nivel de riesgo en los territorios para las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”.

Concluye que la “la baja coordinación interinstitucional para trabajar en las políticas públicas y la poca capacidad para transformar las realidades en los territorios, ha logrado que persistan los riesgos para quienes defienden los derechos humanos”.

A pesar del panorama descrito, el Programa Somos Defensores, destaca que  organizaciones sociales y diversas comunidades siguen en pie junto a la esperanza de cambiar su futuro, apostando para que después de esos puntos suspensivos la historia pueda dar un giro a favor de toda la sociedad colombiana.

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La familia de Sara* no sabe en dónde está. Y ella lo prefiere así. 

Prefiere que no sepan que huyó del país luego de que unos hombres de las disidencias de las Farc la interceptaron en su moto, la cuestionaron por el trabajo que realizaba con comunidades afro, y le dieron cinco días para desaparecer de allí.

Primero Sara fue a un municipio vecino, pero ahí también la encontraron. “Se me acercó un tipo en una moto y me dijo: ‘No te queremos ni en la zona rural’”, recuerda.  Y le advirtió que si no se iba, tendrían que “proceder”. 

Sin pensarlo mucho, Sara, de 26 años, compró un pasaje en bus hasta la frontera entre Colombia y Ecuador, y de ahí a la capital del vecino país, Quito, en dónde ya empezó los trámites para solicitar el estatus de refugiada. Mientras tanto, vende bananos en los semáforos. “Aunque no tengo plata en el bolsillo puedo empezar de nuevo,” dice. 

Sara es una de un número creciente de colombianos que, ante la escalada de violencia, que incluye amenazas, homicidios y extorsiones, ha tenido que cruzar la frontera para salvar sus vidas.  

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dice que el incremento significativo de solicitantes de asilo colombianos empezó hace año y medio. En 2023, casi 5.300 colombianos hicieron solicitud formal para ser reconocidos como refugiados: un alza del 23% sobre el año anterior y la cifra anual más alta desde 2015. 

Y los números siguen en aumento. Sólo en el primer trimestre de 2024, 2.031 colombianos se registraron como solicitantes de asilo en Ecuador, equivalente al 10% de las personas registradas como desplazadas internamente en toda Colombia en el mismo período, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Las solicitudes en Ecuador en los primeros tres meses representan casi el 40% de las de todo el año pasado, dice Federico Agusti, representante del Acnur en Ecuador. “Así que la tendencia continúa creciendo”, precisa. Destaca que en marzo de 2024 se reportó el número más alto de solicitudes en un mes desde hace seis años, con 889.

La Comisión de la Verdad calculó que más de 1 millón de colombianos se exiliaron a causa del conflicto armado y Ecuador fue uno de los principales países adonde huyeron. Sólo en el 2009, más de 30 mil colombianos solicitaron refugio en el país vecino.

Pero el Ecuador de hoy no es el remanso de paz que alguna vez fue. Ha vivido recientemente su propia ola de violencia que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el país en conflicto armado interno. En cinco años la tasa de homicidios se multiplicó por ocho hasta que, en 2023, tuvo la tasa más alta de toda América Latina, con 44,5 por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime, un centro de estudio sobre violencia y crimen organizado. 

En comparación, Colombia tuvo una tasa de 25,7 en el 2023. Esa violencia ha llevado a los propios ecuatorianos a salir de su país, principalmente hacia Estados Unidos. 

El hecho de que los colombianos estén huyendo hacia Ecuador, en números crecientes, a pesar de la compleja situación que atraviesa, “demuestra la enorme necesidad de salir”, dice Agusti. 

Milton*, de 37 años, dice sentirse más seguro allá que en Colombia, en donde se desplazó internamente tres veces por recibir amenazas relacionadas con su trabajo como líder campesino que intentaba apoyar la sustitución de cultivos de coca bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Los actores armados en la zona donde vivía en Nariño declararon que “aquí nadie va a cambiar cultivos”, recuerda Milton. “Con todo y eso hubo gente que nos paramos en la raya. Empezaron a amenazarnos de muerte y a lo último empezaron a perseguirnos para matarnos”.  

Milton salió hacia Ecuador en marzo de 2024, luego de sobrevivir un atentado en contra de su vida. Un mes después, su esposa, hijos y un hermano se unieron a él en la capital ecuatoriana.

Agusti, de Acnur, dice que es significativo que hoy muchos colombianos están llegando con la familia. “Indica a priori que la situación está mucho más cruda y que ya no es algo temporal. Se trasladan con la familia con intenciones de no regresar”, apunta.

Ese es el caso de Milton. “A Colombia no vuelvo jamás”, declara. “Si toca comer tierra aquí, lo hago”.

Esos movimientos transfronterizos reflejan la delicada situación de violencia que viven. Organizaciones humanitarias señalan que muchas personas huyen de amenazas y atentados en su contra, sobre todo en Putumayo y los municipios bajos de Nariño, el departamento de mayor desplazamiento forzado en 2023.  

En Putumayo se desató una ola de violencia en agosto de 2023 cuando empezaron enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera, que forma parte de la llamada Segunda Marquetalia, y el Frente Carolina Ramirez del Estado Mayor Central, por el control de las economías ilícitas y del departamento. Ambos grupos surgieron como disidencias de la extinta guerrilla Farc tras su dejación de armas.

En octubre y noviembre el número de amenazas hacia campesinos y líderes sociales aumentó y empezó a circular una lista en el departamento de personas que los grupos armados decían que iban a eliminar. 

“Eso hace también que muchos colombianos busquen refugio en el país vecino más cerca”, dice Alexander Sánchez, de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. 

Jackie* llevaba varios años colaborando con organizaciones de derechos humanos en Putumayo. En noviembre del 2023 hombres de los Comandos de la Frontera le dijeron que, si quería quedarse en su vereda, debía dejar de trabajar con esos grupos humanitarios. 

“’Necesitamos que se retire de derechos humanos porque esos… hijos de la madre se la pasan inventando cosas, calumniándonos a nosotros. O te retiras de la (organización) o te retiras de la zona’”, recuerda que le dijeron. 

Pero antes de que pudiera reaccionar ante la amenaza, un grupo armado asesinó a su hermana que era presidenta de la Junta de Acción Comunal. Jackie y su familia salieron hacia la cabecera municipal, pero allí sintió que aún corría riesgo cuando vio que un escolta del jefe de las disidencias de la zona, rondaba la casa adonde se había refugiado. 

“Tomamos un taxi a la frontera y llegamos a Lago Agrio”, dice Jackie desde Quito en donde lleva seis meses con su compañero sentimental y los cinco hijos que tienen, esperando ser reconocida como refugiada. Con eso Jackie tiene esperanzas de que puedan estabilizarse, aunque lo ve complicado tanto por la situación de seguridad como por la dificultad que tienen personas de nacionalidad colombiana en conseguir trabajo formal. 

“Mi futuro acá es incierto” dice. “Vivir en Ecuador es muy difícil. Es duro, duro, duro”.

A pesar de las dificultades, esa es la única opción para miles de colombianos, pues su país, que se suponía estaría transitando hacia una fase de posconflicto, ahora es una grave amenaza para quienes habitan el campo. 

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

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“A medida que las industrias obtienen ganancias récord, el mundo que compartimos está siendo destruido. Los defensores de los derechos humanos están presionando a los contaminadores, pero su lucha tiene un precio muy alto.” Así comienza el documental de 24 minutos de Andrew Bogrand, defensor político de Oxfam América, que apoya a organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática y ambiental.

A través de conmovedoras entrevistas frente a cámara, la producción destaca la valiente lucha de seis personas defensoras de los derechos humanos y ambientales que denuncian a quienes contaminan y afectan sus territorios. Porque “mañana es demasiado tarde”, en palabras de Nonhle Mbuthuma, defensora de los derechos a la tierra en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica, el cortometraje es un llamado a continuar y unir las luchas en todo el mundo.

Tanto en Mossville, Luisiana, donde el aire, el agua y el suelo son los peores de los Estados Unidos debido a la presencia de 14 plantas químicas que destruyeron toda una comunidad; como en Durban, Sudáfrica, donde las industrias petroleras ponen en peligro el suministro de pescado a las comunidades, defensoras y defensores luchan por sus derechos y los del medio ambiente a pesar de los intentos de silenciarlos.

Resisten en la línea. Porque “una persona defensora de los derechos humanos es una persona que protege pacíficamente a los seres humanos y al medio ambiente”, afirma Carolyn Peters, presidente de Concerned Citizens of Mossville, un grupo de activistas civiles que defienden el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano como un derecho inalienable.

Colombia, el país más peligroso

“Teniendo en cuenta que Colombia está a la cabeza de la clasificación mundial de defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados, el documental da un lugar central a quienes luchan en el país”, explica el director del documental, Andrew Bogrand.

Con el telón de fondo de las montañas y la floreciente vegetación del departamento de Caquetá, Magaly Belalcázar y Yulitza Serna, dos mujeres que dedicaron su vida a la defensa del territorio amazónico, confiesan a la cámara los desafíos a los que se enfrentan cada día como mujeres luchadoras. Entre ellos, “la impunidad y la falta de justicia conectada con las luchas y realidades de las mujeres”, son las que las dejan más “desprotegidas”, según Belalcázar, quien estaba presente el día del estreno para la prensa.

“Siempre se cuestiona todo a las mujeres defensoras, nunca a los grandes terratenientes ganaderos. Hoy en día, el desprestigio de las defensoras es una herramienta muy poderosa para silenciarnos. Para mí, la visibilización es una herramienta de protección, pero respeto a las que no quieren ser visibles”, continúa Belalcázar, que lucha desde hace más de 27 años. La voz temblorosa, recuerda cuando todas fueron amenazadas por haber denunciado violencias sexuales por parte de paramilitares. “¿Por qué una vaca tiene más derechos que una mujer en el Amazonas?”, se exaspera.

Para ella, este documental permite reflexionar sobre el papel del gobierno del presidente Petro en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente: “Creo que estos dos años que han pasado han sido de aprendizaje, los dos que siguen tienen que ser de enclave”, concluye.

En un mundo en llamas, los seis protagonistas del documental Hold The Line desafían los abusos corporativos y protegen nuestro entorno común. Pero son más que activistas. También son madres, padres, hijos e hijas, y mantener la línea conlleva graves riesgos personales. “Cada año, cientos de defensores de los derechos humanos son asesinados. Pierden la vida para preservar nuestro medio ambiente”, concluye el documental. Nos cuidan, pero ¿quién cuida de ellos y de ellas?

Aquí puede ver el documental.

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A Darío José Mosquera ya no le sorprenden las amenazas de muerte. Pero no dejan de indignarlo.

Como presidente del sindicato Sintramienergética y trabajador de la empresa carbonífera Drummond Ltd. no ha parado de abogar por los derechos de los trabajadores del sector y para que se haga justicia por sus compañeros asesinados. Por ello, diferentes grupos tratan de intimidarlo.

La última amenaza llegó el 1 de febrero a las 9:26 de la mañana. El mismo día y a la misma hora le llegaba un mensaje idéntico a Juan Carlos Rojas, también líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímicas, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergetica), y a Maira Méndez, una abogada de la ONG PAX Colombia.

Enviado de un número desconocido, el mensaje los acusaba de ser “guerrilleros camuflados de campesinos, sindicalista, ong (sic)”. También les dicen que de seguir “jodiendo con la misma mierda de los muertos” ellos serían “los próximos”. Esto se refiere al asesinato de cinco dirigentes sindicales de Drummond.

El mensaje llegó días después de que los tres participaron en la mesa técnica territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Valledupar, la capital de Cesar, que indaga sobre las diversas formas de cooperación entre grupos paramilitares y agentes estatales —tanto integrantes de la Fuerza Pública como terceros civiles—. Mosquera asegura que la nueva amenaza pretende hacer que desistan en sus gestiones ante la JEP.

“En todos los escenarios en los que uno participa en los que pueden verse involucrados los intereses de Drummond, al día siguiente uno recibe una amenaza”, dice Mosquera.

Agrega que siempre se ha sentido presionado e intimidado por la empresa y desamparado por el Estado. “A mis familiares les digo que, si algo me pasa, sería culpa de Drummond. Porque yo no tengo más enemigos. Denunciar los hechos con los que la multinacional ha atentado contra los trabajadores del sector minero energético ha generado riesgo para los sindicalistas. A mí me han echado más de cuatro veces y diariamente vivo con el temor de que me quiten la vida”.

En un comunicado, la empresa Drummond condenó las amenazas: “La compañía expresa su rechazo absoluto a cualquier amenaza, acto violento o vía de hecho que ponga en riesgo la integridad de cualquier persona, o que viole cualquiera de sus derechos fundamentales”.

La multinacional también rechazó el atentado, el 11 de febrero de 2024, en contra de dos de sus trabajadores que fueron heridos con varios impactos de bala mientras conducían una motocicleta entre los municipios de El Copey y Bosconia. Las víctimas, identificadas como Rubén Darío Miranda Aroca y Julián González Villalba, están afiliados en la mina como trabajadores directos, pero no son líderes sindicales. Mosquera asegura que la situación de orden público en Cesar está muy tensa por la presencia de grupos armados, pero hasta el momento no se conoce la razón del atentado.

A pesar de los comunicados de Drummond, los sindicalistas dicen que no sienten apoyo de la empresa, pues esta no es la primera vez que reciben amenazas.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa jurídicamente a estas víctimas ante la JEP, expresó su profunda preocupación por las amenazas y los riesgos que padecen quienes le siguen apostando a la construcción de paz en los territorios. “Instamos a las autoridades y entidades pertinentes a activar las rutas necesarias para la protección de las lideresas y líderes sociales, y personas defensoras de derechos humanos. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se solidarice con nuestros compañeros y compañeras, y con la causa de la justicia y la verdad”, indicó en un comunicado.

Al ser consultada sobre las amenazas, la JEP respondió que “la Unidad de Investigación y Acusación procedió a activar la ruta de prevención y protección. Esto incluye estudios pertinentes de riesgos de seguridad para definir las medidas. La UIA además ha elaborado un cronograma de trabajo que ha sido concertado con las organizaciones y su representante judicial para atender los riesgos de seguridad que puedan emerger”.

Historia de amenazas

En 2019, las Águilas Negras le enviaron un comunicado a varios colectivos, sindicatos y organizaciones, entre esos Sintraminergética, en el que los declararon objetivo militar, pues iban a “limpiar Santa Marta de tantas lacras”. Aseguraron que “todo lo que huela a izquierda se va”.

Luego, el 18 de septiembre de 2023, Mosquera fue amenazado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo. Le enviaron mensajes por WhatsApp en los que le daban cuatro horas para irse con su familia del departamento del Cesar.

Junto con esos mensajes, Mosquera recibió un video en el que le dijeron que debía colaborar o irse de la zona porque si no, tendría problema con ellos.

En varias ocasiones, como en la última, las amenazas llegan porque los sindicalistas siguen luchando por que se haga justicia por el asesinato de líderes sindicales hace más de 20 años.

Los asesinatos

El 20 de febrero de 2001, un grupo de hombres armados que se identificó como las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a Cándido Méndez, padre de Maira Méndez y activista sindical de Drummond. Lo sacaron de su casa en Chiriguaná, Cesar, y lo asesinaron frente a sus familiares.

Sólo unas semanas después, el 12 de marzo de 2001, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de Drummond, respectivamente, fueron asesinados. Los trabajadores salieron de trabajar de la mina La Loma en el municipio de El Paso, Cesar. Se dirigían a Valledupar en el bus de la empresa cuando 15 hombres armados los interceptaron. Pidieron las cédulas para identificar a los pasajeros mientras los hacían bajar del bus.

Cuando reconocieron a Lorcano lo llevaron al frente del bus y le dispararon un tiro en la nuca. Ya en el piso, le pegaron tres disparos más. Luego retuvieron a Orcasita y obligaron al resto de trabajadores a seguir su rumbo a Valledupar. El cuerpo sin vida de Orcasita fue encontrado unas horas después.

Ese día los dirigentes sindicales habían tenido una fuerte discusión con los directivos de la multinacional para exigir una solución definitiva al problema de la mala calidad de los alimentos en la cafetería. (Leer más Asesinato de Valmoré Locarno y Víctor Orcasita)

Unos meses después, el 6 de octubre de 2001, asesinaron en circunstancias similares al nuevo presidente del sindicato, Gustavo Soler Mora. Soler iba en un bus público de Valledupar a Chiriguaná cuando fue detenido por paramilitares armados que lo obligaron a subirse a una camioneta. Su cuerpo sin vida, con dos impactos de arma de fuego en la cabeza, fue encontrado al día siguiente en el corregimiento Rincón Hondo en el municipio de Chiriguaná.

Esto ocurrió después de que, el 5 de octubre, las directivas gremiales empezaran a hacer un pliego de peticiones en el que iban a incluir que se cambiara o mejorara el servicio de alimentación que tenían en el Casino Utan Svensk Licens – CUSL.

“Los sindicatos y Drummond tenían entonces un conflicto respecto a las horas laborales, la calidad de la alimentación y la presencia de las Auc en la cafetería de la empresa”, según el informe El lado oscuro del carbón: La violencia paramilitar en la zona minera del Cesar, Colombia, realizado por la organización holandesa PAX, que trabaja en zonas de conflicto de Colombia desde hace más de 60 años.

Algunos sindicalistas tuvieron problemas de seguridad durante muchos años. A Víctor Guerra, otro trabajador de la multinacional, le advirtieron que lo iban a matar, por lo que tuvo que huir de su tierra. Después fue despedido por Drummond.

Raúl Sosa Avellaneda, un sindicalista que en 2008 instauró una acción de tutela en la que pedía que se velara por su derecho a la seguridad personal y solicitaba que Drummond le brindara el permiso permanente remunerado que habían concedido a otras subdirectivas sindicales, fue atropellado por un camión de Drummond en junio de 2012.

Justicia a medias

La lista de hechos violentos de los que los trabajadores de Drummond han sido víctimas es tan larga como los posibles autores, pero sólo se ha condenado a dos exparamilitares y un empresario por el caso más conocido: los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita, y el de Gustavo Soler Mora.

Después de investigaciones en la justicia ordinaria y confesiones de exparamilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se ha concluido que directivos de Drummond, tanto estadounidenses como colombianos, querían acabar con el sindicato, sin importar lo que costara. Además, se demostró que Drummond financió al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Jaime Blanco Maya confesó que, por medio de sobrecostos en contratos de alimentación, su empresa, ISA, fue el intermediario entre Drummond y las Auc. (Leer más Blanco Maya confiesa que fue el puente entre Drummond y ‘paras’)

En 2009, el exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, alias ‘Charris’ o ‘Viejo Miguel’, fue condenado como coautor del delito homicidio agravado por los asesinatos de Valmore Locarmo y Víctor Orcasita.

Debido a las confesiones de Charris en las que acusó a Drummond de ordenar los asesinatos, el juez pidió investigar a cinco directivos y un contratista de la multinacional: Gary Drummond, presidente de la multinacional; James Lee Atkins, jefe de seguridad; Augusto Jiménez, presidente de Drummond en Colombia; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad; el coronel Luis Carlos Rodríguez y Jaime Blanco Maya por su presunta participación en el crimen. (Leer más Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas)

En respuesta, voceros de Drummond negaron las acusaciones y aseguraron que la empresa no tiene responsabilidad de estos crímenes. Al contrario, dijeron que habían recibido mensajes de extorsión de Charris. Agregaron que saben de varios testigos a quienes les han ofrecido dinero a cambio de testificar contra la empresa. (Leer más Drummond niega acusaciones)

En 2010, un juez condenó a 30 años y cuatro meses de prisión a alias ‘Tolemaida’, el jefe del Frente Jhon Jairo López del Bloque Norte de las Auc. El exparamilitar aceptó su responsabilidad del asesinato de Locarmo y Orcasita. En 2013, Blanco Maya, antiguo contratista de alimentos Drummond, fue condenado como autor de concierto para delinquir agravado y determinador de homicidio agravado por las mismas muertes.

En 2020, sólo Charris fue condenado como coautor del punible de homicidio agravado por el asesinato de Gustavo Soler Mora.

Para el resto de las personas implicadas, el proceso sigue abierto. En mayo de 2023, la Fiscalía confirmó en segunda instancia la resolución de acusación en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente Drummond, respectivamente, por los delitos de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley. En octubre de 2023, la Fiscalía ordenó la captura de James Lee Atkins, un exagente de la CIA que fue jefe de seguridad de la Drummond en Colombia. Los procesos no han avanzado más.

Los casos ante la JEP

Hoy los delitos son también investigados por la JEP. En noviembre de 2019 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de Blanco Maya a la JEP en relación con los procesos ordinarios en los que ya está condenado porque se considera que tiene información que puede ayudar a esclarecer crímenes para satisfacer los derechos de las víctimas a conocer lo sucedido y a ser reparadas.

Además, en agosto de 2022, la JEP abrió el Caso 08, en el que se investiga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles. La categoría de “terceros” incluye a personas que hayan participado en el marco del conflicto sin haber sido un actor armado.

Mosquera cuenta que hacer parte del proceso ante la JEP es importante para ellos. “Como sindicalistas luchamos para que no quede impune la muerte de nuestros compañeros asesinados por los grupos paramilitares”, dice. Sin embargo, reconoce que siente impotencia porque a pesar de denunciar ante las autoridades cada vez que recibe una amenaza, no paran de llegar.

Así ocurrió luego de participar los días 25 y 26 de enero de 2024 en la mesa técnica que instaló la JEP en Valledupar, en la que participaron 70 personas de más de 20 organizaciones de Cesar, La Guajira y Magdalena, zona priorizada por la JEP para la investigación de los crímenes. Sólo unos días después, los líderes recibieron los mensajes.

Ante las amenazas y la estigmatización de los sindicalistas la JEP activó mecanismos para su protección, incluyendo estudios de riesgos de seguridad que definirán las medidas a tomar.

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