Durante 2024, el Cinep documentó un aumento de casos de victimización contra líderes políticos y sociales, que incluyeron amenazas, torturas y asesinatos, según revela su más reciente informe publicado en la Revista Noche y Niebla.

“La violencia contra quienes defienden los derechos de sus comunidades, desafortunadamente, no da señales de detenerse”, aseguró una investigadora de la organización.

Los tipos de victimizaciones que más aumentaron en 2024, en comparación con 2023, son los que, según la organización, “generan mayor temor y zozobra”. Entre ellos se encuentran las amenazas, la tortura y las violaciones a la libertad personal, como las desapariciones, los raptos, los secuestros y el reclutamiento forzado.

Estos crímenes no se presentan de forma aislada. Los motivos de la violencia varían según las particularidades de cada territorio. En algunas zonas, esta se relaciona con la expansión de economías y rentas ilegales; en otras, la violencia letal se dirige contra voceros de organizaciones sociales que buscan defender y visibilizar sus demandas. Estos hechos ocurren en un contexto de crecientes tensiones sociales y políticas, lo que ha profundizado la crisis en varios territorios, según indica el documento.

Entre sus principales hallazgos, el centro de investigación advierte que en 2024, se registraron 813 casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hechos de violencia sociopolítica y acciones de carácter bélico. De ese total, 452 personas fueron asesinadas por causas asociadas directamente a la violencia política y social.

Violencia político-social

En este escenario, la violencia contra líderes  resulta especialmente alarmante, ya que, según el Cinep, esta sigue siendo una labor de alto riesgo en el país. Este panorama no sólo evidencia la desprotección de las víctimas, sino que también refleja el grave deterioro de la seguridad en varias regiones.

En un entorno donde prevalece la impunidad, los actores armados —a menudo vinculados a bandas delincuenciales locales— tienen menos reparos para cometer homicidios contra líderes sociales, dice el informe.

Según el centro de pensamiento, los departamentos más afectados por este tipo de violencia fueron Cauca, con 43 asesinatos; Antioquia, con 23; y Putumayo, con 21. Aunque estos tres departamentos comparten características similares —como la fuerte presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales—, cada uno presenta dinámicas y trayectorias propias.

El Banco de Datos del Cinep identificó a los grupos sucesores del paramilitarismo como los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2024, seguidos por miembros de la Policía, empresas extractivas y el Ejército.

Respecto a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el centro de investigación señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como los principales  presuntos responsables.

Las amenazas sobresalen como el principal mecanismo dentro de los repertorios de violencia usados en el conflicto, mientras que los homicidios constituyen la segunda práctica más común.

Violencia extrema y disputas territoriales

Otro fenómeno que identificaron  los investigadores es la intensificación de la crueldad extrema contra los cuerpos, evidenciada en prácticas como los desmembramientos y la exhibición pública de las víctimas. Este tipo de violencia ha sido especialmente registrado en departamentos como La Guajira y Magdalena, aunque también se han documentado casos en Risaralda.

“Este tipo de hechos también representan una amenaza colectiva para las comunidades, ya que hasta hace poco estas prácticas eran asociadas con otras zonas del país, como Buenaventura, donde operaban las llamadas ‘casas de pique’. Ahora, sin embargo, parecen estar replicándose en otras regiones como las mencionadas. Sólo en el Magdalena se registraron 29 víctimas”, resaltaron desde el Cinep.

Este fenómeno, añadieron, obedece a la dinámica de fortalecimiento y expansión territorial de los grupos paramilitares, así como a las disputas entre ellos por el control de distintas zonas del país. En la Sierra Nevada, por ejemplo, se registra un enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que a veces se hace llamar “Ejército Gaitanista” y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El centro de investigación cerró su informe con un urgente llamado a las autoridades para detener a esta barbarie, donde la población civil sigue siendo la víctima silenciosa de una guerra que parece no tener fin.

The post Persisten ataques contra civiles en medio de una violencia que no tregua: Cinep  appeared first on VerdadAbierta.com.

En el primer logro concreto de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, los miembros del Frente Comuneros del Sur, grupo disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se comprometieron el 5 de abril a dejar las armas en los próximos tres meses. Pero las dudas sobre el futuro jurídico del comandante de ese grupo pone en entredicho el avance.

Con la presencia del presidente Petro en un acto celebrado en Pasto, se realizó la destrucción de más de 500 explosivos y se firmaron dos acuerdos: uno para la sustitución de cultivos ilícitos en 5.000 hectáreas y la reincorporación de sus 100 integrantes. Además, se espera que durante los próximos tres meses se realicen más actos de este tipo.

Sin embargo, el 15 de abril de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de los Comuneros del Sur. Las autoridades judiciales de Texas, quienes requirieron a Yepes, afirmaron que era responsable de organizar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México. Queda en manos de Petro si hace efectiva la extradición, lo que podría entorpecer ese logro.

La política de paz del Gobierno ha dejado muchas dudas. En especial porque el proceso con el ELN está suspendido y la violencia en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar ha dejado miles de víctimas. No es un hecho aislado, en Cauca y Arauca, la situación de orden público también es compleja.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, se detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.

Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) recoge que el país tiene por lo menos 14 focos de violencia en donde los grupos armados se disputan el territorio. “Aunque los diálogos de paz con los grupos armados han ayudado a reducir la violencia en algunas regiones, se ha intensificado en otras, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estrategias integrales de protección”, dice el informe Menos muertos, más afectados: evolución de la violencia contra civiles en Colombia.

En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y es especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, que conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. Dicha decisión fue cuestionada porque fue un gesto unilateral del gobierno nacional y porque justo ese mismo día, otros grupos disidentes de las extintas Farc cometieron atentados con explosivos en Huila y Cauca.

Por otro lado, este 21 de abril, el ELN le comunicó al gobierno nacional su voluntad de persistir en los esfuerzos por buscar la paz. “Les proponemos mantener y fortalecer el ejercicio de participación democrática como sociedad, a seguir dinamizando iniciativas que nutran  la propuesta de Acuerdo Nacional por las transformaciones, que nos permita salir del camino de la guerra perpetua”, asegura la guerrilla.

Gustavo Petro entregará el poder el 7 de agosto de 2026, por lo que se va quedando sin tiempo para mostrar más resultados en una de sus apuestas: lograr la paz en el país.

¿Qué ha pasado con las disidencias de las Farc?

El centro de estudios InSight Crime detalla que las disidencias de las Farc se fragmentaron ante la política de la Paz Total, por lo que el gobierno nacional sólo ha podido mantener diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), una facción que surgió del Estado Mayor Central (EMC), y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la cual se separó de la mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia.

Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con el EMBF, explica que actualmente se está avanzando en el punto de transformación territorial, enfocado en la adjudicación de tierras, la formalización de reservas campesinas y en los proyectos productivos.

“Hemos logrado entrar a los territorios por medio de un diálogo muy directo con los líderes y con las organizaciones sociales. Hemos hablado con más de 20.000 líderes en todo este proceso de propuestas territoriales”, dice. González Posso asegura que el cese al fuego ha servido para disminuir violencia contra la población y ha ofrecido un ambiente favorable a la participación de las bases sociales y a la construcción de iniciativas de bienestar y desarrollo.

VerdadAbierta.com conoció que en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques se están priorizando las zonas de Yarí, Caquetá; el Sur de Meta y San José de Guaviare; el corredor entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas; y Tibú – Catatumbo. En estas zonas se están planeando 19 proyectos e inversión social.

Con respecto al Catatumbo, en donde estalló una guerra entre el ELN y el EMBF, González Posso aseguró que actualmente “las cosas se están regularizando porque todavía el tema del desplazamiento, las confrontaciones es importante. Está muy desarticulado todo, pero estamos tratando de ver cómo retomamos”.

Por otro lado, en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (conformada por Comandos de la Frontera en Putumayo y por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño), se lograron avances en el cuarto ciclo de la negociación que terminó el 10 de abril en La Hormiga, Putumayo. El principal de ellos es un acuerdo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño).

“Esos proyectos pilotos deben estar liderados por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito”, dice Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con este grupo. “Ya se han avanzado algunas reuniones preliminares con representantes de las comunidades”.

En febrero de 2025, la mesa pasó por un momento de incertidumbre luego de que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los máximos jefes de la organización, fuera capturado en un evento de la negociación. Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), el tema del sometimiento a la justicia es un factor clave en las negociaciones.

“El tema jurídico es como un elefante en la sala. Y es difícil ver en este momento cómo se va a resolver. En parte porque se negocia con las personas que más necesitan del marco jurídico. Súmale a eso la posible extradición de ‘Araña’ que, dependiendo lo que pasa ahí, puede ser un golpe para los intentos de paz porque si el gobierno no es capaz de proteger jurídicamente a la gente que se sienta en la mesa, nadie va a querer sentarse en la mesa. Así es sencillo”, asegura el investigador.

Según Novoa, los próximos pasos en la mesa de diálogo estarán guiados por las tres subcomisiones que están trabajando en acuerdos parciales alrededor del  tema de justicia, seguridad en los territorios y transformaciones territoriales. “Esas subcomisiones tienen que seguir trabajando porque deben presentar unos resultados concretos que serían un acuerdo programático definitivo para la ronda que vamos a hacer en el mes de mayo”, afirma.

El difícil camino con las AGC

En febrero de 2025, el gobierno nacional anunció el inicio de la fase privada de la mesa de diálogo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el  Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. Sin embargo, el poderoso grupo armado  cuestionó la voluntad y la coherencia del gobierno nacional y del Ejército, y aseguraron que no existen las condiciones mínimas para  una mesa de diálogo formal.

Según la FIP, las AGC son el grupo armado más grande de Colombia con seis bloques, 36 frentes y 7.551 integrantes que operan en 15 departamentos y 278 municipios.

Y se sigue expandiendo. “Ha ajustado su estrategia, intensificado el reclutamiento, fortalecido su control social e incorporado exmiembros de las (Farc), el ELN y militares retirados como instructores, comandantes e integrantes de fuerzas de choque, aprovechando su experiencia criminal. Además, ha reforzado su red de corrupción dentro de la Fuerza Pública para evitar operativos, comprar información y detectar informantes”, según la publicación La negociación con el Clan del Golfo entre el garrote y zanahoria del centro de pensamiento.

En marzo de 2024, el gobierno nacional retomó los bomabrdeos contra las AGC luego de que este grupo emboscó al Ejército en zona rural del municipio de Segovia, Antioquia, que dejó cuatro militares muertos.

Según Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, “la dificultad más importante de la política de Paz Total, ha sido encontrar un modelo de desescalamiento del conflicto que es cada vez más fragmentado, más enfocado en lo económico. Además, de encontrar un modelo que tenga también al mismo tiempo presión militar para asegurar que los grupos lleguen a la mesa de buena fé”.

La paz urbana: Quibdó, Buenaventura y Medellín

En Buenaventura, los diálogos del gobierno entre los Shottas y los Espartanos no están suspendidos, pero tampoco pasan por su mejor momento. Después de la ruptura de la tregua en febrero de 2025, la violencia aumentó y en lo que va del año se han registrado más de 50 asesinatos atribuibles a la disputa por control entre los dos grupos. Para hacerle frente a esto, hace dos meses los Shottas le propusieron al gobierno nacional un cese al fuego unilateral.

Para Dickinson, la violencia es lo que más afecta las negociaciones. “Por un lado socava la legitimidad de los procesos frente a la población civil que está más afectada por el conflicto. Y por otro lado, los enfrentamientos entre grupos armados han distraído un poco el foco de la mesa”.

Reconociendo que ha habido algunos resultados positivos del proceso, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al gobierno nacional a un Consejo de Seguridad Regional ampliado en Buenaventura para dialogar sobre la continuidad del plan piloto de paz en esa ciudad y con el despliegue de la fuerza pública en todos los barrios y comunas.

Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) suspendieron los diálogos con el gobierno en abril de 2025, tras un operativo militar en su contra.

Mientras que en Medellín, las estructuras criminales del Valle de Aburrá se comprometieron a extender por tres meses más el compromiso de dejar de extorsionar en 45 barrios. Este gesto de voluntad de paz arrancó el 19 de diciembre y el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación hasta el 21 de junio. (Leer más en: ¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de Paz Total urbana en Medellín)

Para Johnson, uno de los principales retos y conflictos de la política de Paz Total actualmente es el poco tiempo que le queda al gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de que los procesos actuales tengan la firmeza para que el próximo gobierno los continúe.

“En el mejor de los casos es buscar la continuidad de los procesos en el siguiente gobierno porque probablemente no vas a lograr un acuerdo final con todos”, dice. “En todos estos meses algo clave es tener un plan para decirle al gobierno entrante, asumiendo que es de oposición, que hay un plan rescatable y hay un camino. Porque si llegas con algo sin definir, es mucho más fácil que lo boten a la basura”.

El investigador añade que es importante buscar y asegurar socios locales con peso político que puedan defender las metas y lo logrado en las diferentes mesas de negociaciones en su conjunto. “Yo no creo que suficiente gente de Bogotá vaya a defender la Paz Total frente a un próximo gobierno, pero los gobernadores, alcaldes, sociedad civil, local y regional, sí pueden ser socios importantes para que las mesas sigan”, concluye Johnson.

A pesar de que la Paz Total dio sus primeros frutos con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, el panorama no parece alentador con las bandas criminales, ni con las AGC. Con las disidencias, podría llegarse a algunos acuerdos, pero el gobierno se jugará sus últimas cartas en los próximos meses, con unas agitadas elecciones en el camino.

* Foto de portada: David Sañudo Pazos – Gobierno de Colombia

The post Paz Total: ¿un paso adelante y dos atrás? appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Amenazas de las AGC contra líderes y organizaciones del Catatumbo appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

“Nosotros lo que queremos es que esos grupos le digan a la gente qué fue lo que pasó”, pide, embargado por el dolor y la ira, un líder de la región que pidió la reserva de su nombre. Como la mayoría de las comunidades del sur de Bolívar, teme por su vida. “Queremos que pare esta guerra. No queremos más grupos en nuestros territorios, estamos cansados. Hoy fueron ellos, ¿mañana quién sigue?”, se lamenta.

La comunidad de la vereda Lejanías, en el sur del municipio de Cantagallo, Bolívar, sigue consternada tras el asesinato de sus líderes el pasado 30 de septiembre. Las imágenes del vehículo de platón, utilizado por la comunidad para el transporte escolar, destruido por los impactos de fusil, resumen la suerte de las víctimas.

Del saldo de cinco muertos, cuatro víctimas eran de la vereda: Licimaco Zamudio Vanegas, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC); Johanny Patricia Sepúlveda, secretaria; Yonatan Pérez Hueso (Yon, como era conocido por su comunidad), presidente; y Luis Eduardo Pérez Triana, el papá de Yon. Las autoridades ofrecieron hasta 500 millones de pesos por información que ayude a determinar a los autores de la masacre.

Todo parece indicar que los hechos se dieron en represalia de uno de los grupos armados que hace presencia en la región y los líderes de Cantagallo, empujados a cumplir con órdenes de otro grupo, quedaron en la mitad. Y la herida sigue abierta porque, a pesar de que la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio ha pedido el reconocimiento de los hechos, ninguno de los actores armados que se disputan la región ha atribuido la autoría de los hechos.

En la región opera el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a través del Frente 37, grupo que en su proceso de expansión ha llegado a presentarse como Frente 4 y 24, a través del cual “anuncian recomponer el Bloque Magdalena Medio”, según el análisis de un experto que pidió la reserva de su nombre. También hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“El ELN a finales del año estuvo a punto de perder el control de la minería ilegal en el sur del departamento por la incursión de las AGC. La solución que el ELN acordó para poder mantener el control fue aliarse con las disidencias de las Farc”, señaló en entrevista con este portal Manuel Berrío, secretario de Seguridad de la Gobernación de Bolívar.

Otros expertos señalan que esta alianza va más allá del control sobre las rentas ilegales y su objetivo principal es frenar la expansión del grupo de origen paramilitar por el Magdalena Medio. “Esta alianza, teóricamente, está en la zona de la Serranía de San Lucas y en el Nordeste”, precisa Ramón Abril, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).

El mensaje en que coincidieron ambas fuentes es que los grupos armados deben respetar a la población civil, sacarla de las confrontación armada y la obligue a realizar mandados. Así mismo, realizaron un llamado al gobierno Petro para que se mire hacia la región con un proyecto integral de inversión. “Nosotros no vemos que el gobierno nacional esté priorizado el Magdalena Medio para nada. Esto parece una tierra de nadie… aunque nosotros sí decimos que aquí hay un control generalizado de las AGC”, en palabras de Abril.

Brutal ataque

Desde el domingo 29 de septiembre, a inmediaciones de la vereda Lejanías, en el municipio de Cantagallo, el grupo de orígen paramilitar mantenía confrontaciones con lo que serían tropas de las disidencias de las Farc o del ELN o de ambas. En la confrontación es herido un miembro de las AGC.

Hay varias versiones de lo que ocurrió al día siguiente. De un lado, el funcionario de la Gobernación señaló que, en horas de la tarde, hombres de las AGC obligaron a Yon, conductor de la ruta escolar de Lejanías y quien también era el presidente de la JAC, a llevar al herido hacia Barrancabermeja, Santander, donde pudiera ser auxiliado. En otras versiones que circulan dentro de la comunidad, se asegura que el integrante del grupo paramilitar ya estaba muerto y la orden era llevar el cuerpo a un sitio específico para entregarlo a sus familiares.

Ante el constreñimiento de los armados, Patricia Sepúlveda, secretaria de JAC; Licimaco Zamudio, vicepresidente de la JAC y Luis Eduardo Pérez, padre del presidente de la JAC no dejaron que Yon fuera solo y decidieron acompañarlo. “Esta gente no era base social de los ‘gaitanistas’, esta gente no fue voluntariamente”, precisa Abril, de Credhos.

La comitiva salió ese 30 de septiembre en horas de la tarde y después de cerca de una hora de trayecto, en el corregimiento Las Palmas, del municipio de Yondó, Antioquia, a la altura de una zona conocida como “La Y”, el vehículo fue emboscado y hombres armados aniquilaron a los ocupantes con un desmesurado ataque con armas de fuego.

La comunidad se enteró de lo ocurrido ese día, pero la orden que le dio los armados a los líderes de la región fue no transitar por la vía que va hacia Yondó, incluso, voces de la región le aseguraron a este portal que el grupo dio la orden de retirar el planchón ubicado en la vereda Puerto Argelia, que la comunidad utiliza para, en el trayecto desde Cantagallo a Barrancabermeja, atravesar el río Cimitarra. Sólo hasta el día siguiente la comunidad se pudo dirigir al lugar y se encontró con la escabrosa escena.

Sobre el trayecto de la camioneta vuelven a haber versiones divididas. De un lado, dicen que hombres armados de las AGC se montaron en el platón de la camioneta escolar con los líderes a los que habían obligado a realizar el transporte, pero se bajaron en un punto determinado antes de incursionar en ‘zona guerrillera’ y los dejaron con el occiso o herido de ese grupo. La otra versión dice que no había más ocupantes sino las cinco víctimas del carro.

En todo caso, lo que se especula es que algún informante civil de esa facción del ELN o las disidencias de las Farc que vio algo de lo que pasó en la ruta escolar, informó que en el vehículo transportaban o iban paramilitares. “Por versiones que nos han dado, se señala a los ‘elenos’, pero donde ocurrieron los hechos, aunque todos los grupos transitan por ahí, esa zona es de influencia del Frente 24 de las disidencias, es el corredor de ellos”, señala Abril. Sin embargo, también se ha llegado a indicar que se pudo tratar de una acción conjunta entre ambos grupos ilegales.

Según conoció VerdadAbierta.com, antes de que ocurriera la masacre, algunos campesinos que transitaban por la zona fueron retenidos minutos antes cerca del lugar de los hechos por el actor armado, pues se encontraban haciendo un retén a la espera de que llegara el carro escolar de la vereda Lejanías. Una vez pasó el tiroteo, los labriegos retenidos no les permitieron llegar a sus casas en el sur de Bolívar y fueron obligados a devolverse a Barrancabermeja. Según versiones conocidas por la comunidad, el grupo armado se presentó ante los campesinos retenidos como miembros del ELN.

El 1 de octubre se instaló un Puesto de Mando Unificado y el gobernador de Antioquia, el alcalde de Cantagallo, el alcalde de Yondó y la Fuerza Pública ingresaron a la zona hacia el mediodía. La comunidad reprochó que el Estado tardó en llegar a atender la situación. “La información que tenía el Ejército era que el hecho había ocurrido en una zona que se conoce como La Rompida y habían trasladado tropas para allá. Después supieron que era en Las Palmas, entonces les tocó hacer el movimiento de las tropas a pie”, respondió el secretario de Seguridad de Bolívar.

Según explicó el funcionario, las minas antipersonal que han sembrado los grupos armados en la zona han condicionado el camino para la Fuerza Pública en la región, “tanto así que la semana pasada, en Santa Rosa del Sur cayó un soldado en una mina de estas y perdió una de sus extremidades. Esto ralentiza mucho más la marcha de los soldados, porque deben ir verificando que no hayan minas en el trayecto”, concluyó.

Otro factor que debe tenerse en cuenta de la zona rural en donde ocurrieron los hechos es que, si bien la vereda Lejanías pertenece al municipio de Cantagallo, la comunidad está más conectada con Yondó y su proximidad a Barrancabermeja, pues para llegar al casco urbano de Cantagallo los habitantes de Lejanías tienen que recorrer un largo trayecto por río que, además, es más costoso. Por eso mismo, la respuesta militar, debe coordinarse entre la gobernación de Antioquia y Bolívar.

Credhos ha denunciado que en la región del Magdalena Medio ha habido convivencia entre paramilitares y estructuras de la Fuerza Pública. “La expansión de las AGC se da en medio del aumento del pie de fuerza militar en el Nordeste Antioqueño y otras regiones del país, tras la creación del Comando Conjunto No. 5 en octubre del año 2023. Sin embargo, se ha denunciado la omisión, complacencia y connivencia del Ejército Nacional con las estructuras paramilitares que aumentaron el control territorial y de las economías ilícitas en la región”, señala esta organización en un comunicado a mediados del pasado mes de septiembre.

Cantagallo, olvidado y en riesgo

“Son muy pocas las incursiones que hemos tenido en cabeceras municipales, casi nulas. Se han tratado de atentados rápidos y se retiran”, explica el secretario de Seguridad de Bolívar.  La realidad de la zona rural del sur de Bolívar es otra. El funcionario explicó que en la región los grupos armados se han fijado en el control de la minería ilegal y por ello han aumentado las confrontaciones.

Cantagallo, el último municipio del departamento de Bolívar, se ubica de manera estratégica sobre la rivera del río Magdalena y del río Cimitarra, en una especie de isla. Así se constituye en un corredor de movilidad desde los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander; y Yondó en Antioquia. Cantagallo es reconocido por la presencia de economías petroleras, que en la práctica no se ha traducido en el desarrollo de las comunidades de la región y en algunos casos ha estado en la mira de los actores armados para imponer vacunas y permisos.

Además, el crecimiento del municipio se ha visto afectado por la corrupción local. Algunos  escandalosos elefantes blancos han enseñado irregularidades en la construcción de proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales o el hospital municipal.

Otro factor son los intereses de los armados sobre los cultivos de coca. El año pasado, el gobernador de Bolívar alertó sobre el incremento de laboratorios de procesamiento de cocaína en la región. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, para 2022, en cuatro municipios del sur de Bolívar se registraba el 81 por ciento de los cultivos de coca en la región, entre ellos en el municipio de Cantagallo. Estas economías ilícitas se movilizan en un corredor que se conecta con el Catatumbo y Antioquia, y sale hacia los puertos del país o la frontera con Venezuela.

Varios expertos señalan que en la parte alta del sur de Bolívar, en donde se encuentran municipios como Barranco de la Loba, persiste una mayor consolidación de las AGC. En la parte media, entre Morales y Simití, el ELN y las AGC se disputan economías de la minería ilegal. Y en la parte baja de la subregión, en Cantagallo y San Pablo, a la confrontación territorial entre las AGC y el ELN se suma las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Incluso, en estos dos municipios, se habla de una alianza entre el ELN y las disidencias para frenar la expansión paramilitar.

Esta dinámica de confrontación entre los tres grupos se ha replicado con la región colindante del Nordeste antioqueño. Así, en el posicionamiento de las AGC en la margen occidental del Magdalena Medio, Ramón Abril de Credhos asegura que el grupo paramilitar ha consolidado una “tenaza”, que deja a los integrantes de los grupos postFarc y del ELN concentrados en los municipios de Yondó, Cantagallo y algunas veredas de San Pablo. Según Credhos, la expansión de las AGC en la región se agudizó tras la captura de ‘Otoniel’, en octubre de 2021. (Leer más en Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras)

Esa organización ha documentado que, desde 2023, el Frente Edgar Madrid Benjumea del Bloque Erlin Pino Duarte de las AGC, al mando de ‘Alias Katin’ o ‘Gamba’, incursionó en varias veredas de Cantagallo, en donde ejecutaron asesinatos. A mediados de este año, el grupo se habría instalado en la vereda Lejanías, desde donde ha emprendido acciones contra las comunidades de las 16 Juntas de Acción Comunal del corregimiento de San Lorenzo. Por la incursión paramilitar, durante el fin de semana del 14 y 15 de septiembre los líderes del corregimiento salieron desplazados forzadamente de su territorio, llegando a registrarse alrededor de 19 familias afectadas.

Pero no sólo las comunidades han estado en riesgo por la tensión del posicionamiento paramilitar en la región, antes de la masacre del 30 de septiembre y de la expansión de las AGC, en Cantagallo habían sido asesinados tres líderes: en mayo de 2021, Jair Adán Roldán Morales, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); y en abril de 2022, Erminson Rivera Henao, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza, y José Obdulio Sánchez, miembro de esa JAC y vocero de proyectos de cultivos de uso ilícito.

“Causa especial preocupación que el amplio despliegue militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Marte, no se redirija a confrontar la expansión de este grupo armado. Frente a los constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, las comunidades han denunciado una clara pasividad de las fuerzas militares y, como un hecho sumamente grave, su aquiescencia y connivencia con el grupo paramilitar”, señala Credhos en su comunicado de septiembre.

El secretario de Seguridad de Bolívar resaltó que en la búsqueda de la seguridad del departamento las acciones militares se han visto condicionadas por los compromisos adquiridos en las conversaciones de paz que cursa el actual gobierno con varios de estos grupos armados: la mesa con el ELN, que está suspendida tras el atentado a la base militar de Puerto Jordán, Arauca; y la mesa con una parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pues en abril de este año se rompieron las negociaciones con las facciones lideradas por ‘Iván Mordisco’ que operan en el sur y suroccidente del país. Además, el pasado 5 de agosto el Gobierno Petro anunció formalmente que iniciará diálogos sociojurídicos con las AGC, según ordenó mediante la resolución 257 del 8 de julio de 2024.

Según el funcionario, al menos siete mil efectivos militares están dispuestos para proteger a las comunidades del departamento. “A principio de año el señor gobernador le hizo el reclamo al ministro de Defensa, le solicitó apoyo y fue escuchado. Nos llegaron 10 nuevos pelotones que están en el sur del departamento de Bolívar, nos llegaron dos armas con mira computarizada y un alcance de 42 kilómetros de distancia, nos llegaron cuatro vehículos blindados y artillados para salvaguardar la seguridad de las vías del departamento, pero nada hacemos con capacidades instaladas si no se pueden utilizar”, señaló.

Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aunque existe una directriz clara por parte del Ministerio de Defensa, la coexistencia de varios frentes de negociación, algunos activos y otros suspendidos, está generando confusión en el terreno. Para el experto, la implementación de los lineamientos e instrucciones del sector defensa, tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía, debería ser coordinada y reforzada también desde los niveles subnacional y regional. Es en estos ámbitos donde la ambigüedad en las órdenes y la interpretación de las mismas persiste, lo que a su vez afecta la ejecución efectiva de las operaciones militares y de seguridad.

“Es fundamental que haya una mayor claridad en la comunicación y una alineación estratégica entre el gobierno central y las autoridades locales para evitar discrepancias en la interpretación de los acuerdos de paz y los términos de los ceses al fuego. Esto no sólo fortalecería la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y justicia, sino que también contribuiría a reducir la incertidumbre que prevalece en el manejo de las distintas facciones armadas en el territorio”, explica.

Berrío hizo un llamado a los actores armados que hacen presencia en el territorio para que respeten a la población civil y se acojan a la apuesta del gobierno para acabar con la guerra e iniciar su proceso de reincorporación. “Aquí lo que se necesita es una decisión política que sólo puede tomar el presidente de la República. Una decisión que defina si vamos a combatir a estas personas o si por el contrario nos vamos a sentar en una mesa de negociación, pero como debe ser: aceptando todas las condiciones de parte y parte. Necesitamos que hoy el Ejército tenga las manos libres para que pueda actuar”, concluyó.

The post Comunidad espera que actores armados reconozcan la masacre de los líderes de Cantagallo appeared first on VerdadAbierta.com.

The post Las AGC declaran objetivo militar a organizaciones sociales del Magdalena Medio y Sur de Bolívar appeared first on VerdadAbierta.com.

El término masacre está grabado en la memoria de ciertas generaciones y poblaciones que vivieron las épocas más convulsionadas del conflicto armado. Entre la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio eran frecuentes. Hoy, las masacres siguen ocurriendo pero se diferencian ampliamente de las que ocurrían en el pasado. 

Antaño, esos crímenes implicaban grandes movilizaciones de tropas de grupos armados ilegales, ocurrían en apartadas regiones marginadas y rurales, dejaban decenas de víctimas e inmediatamente eran reivindicadas por sus autores para enviar diferentes mensajes con el fin de castigar a comunidades o imponer su control territorial. 

De ese modo, fueron cometidas las masacres de El Salado, Mapiripán, El Naya, Mampuján, Macayepo, Chengue, El Aro, Barragán, Alaska y Trujillo, entre otras. (Leer más en: Masacres: la ofensiva paramilitar) 

El panorama en los últimos años ha cambiado: actualmente hay nuevos victimarios, diferentes a los protagonistas históricos del conflicto armado interno, y las razones por las que implementan esta violenta estrategia no son las mismas. VerdadAbierta.com ha destacado el fortalecimiento de bandas urbanas como protagonistas principales en las masacres en Colombia, junto con los grupos armados ilegales. Estas compiten por el dominio territorial en ciudades y zonas que representan puntos estratégicos para actividades económicas ilícitas.

Entre 2019 y lo corrido de 2024 este portal ha documentado 439 masacres. Tienen en común que en la mayoría de los casos fueron asesinadas entre tres y cuatro personas, por lo general ningún grupo armado o del crimen organizado se atribuye la autoría de esos crímenes, y se repiten con frecuencia en algunos departamentos.

Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Putumayo, Magdalena, Bogotá y La Guajira, son las regiones con más casos. Y durante los últimos tres años la cantidad de masacres perpetradas en ellos fluctúa en rangos similares.

Salvo Bogotá, los nueve departamentos de ese listado históricamente han sido golpeados directamente por diferentes actores del conflicto armado. Lo anterior supondría que, al revisar los casos a escala municipal, aparecerían en los primeros lugares municipios de regiones como el Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el Catatumbo, el norte de Cauca y el Andén Pacífico.

Sin embargo, la realidad es otra, y deja entrever que en la actualidad hay nuevas dinámicas y actores ejecutando ese repertorio de violencia con distintos fines.

Entre los municipios con más masacres en los últimos cinco años se encuentran cinco ciudades capitales, entre ellas la capital de la República, Bogotá.

Por otro lado, la temporalidad muestra que las masacres casi se duplicaron entre 2019 y 2020; disminuyeron en tres casos para 2021, pero a partir de allí crecieron constantemente, aunque con pocos casos. Lo anterior significa que esos niveles de violencia se han estabilizado y que diferentes gobiernos nacionales no han podido encontrar soluciones.

Paula Tobo, investigadora del Área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que el aumento tan brusco después de 2019 se debe a que los grupos armados cada vez le tienen menos miedo las acciones del Estado y la Fuerza Pública. “No es de gratis que los actores armados decidan cometer ese tipo de crímenes”, sugiere Tobo. “Ellos perciben la inefectividad de las estrategias de seguridad nacionales y locales y sienten la facilidad de cometer este crimen”, finaliza.

Masacres en zonas metropolitanas

A lo largo de los últimos años, hubo una ‘urbanización de la violencia’, según afirma Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que defiende los derechos humanos en Cúcuta y sus alrededores, en Norte de Santander. 

Mientras en los años 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisición de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en día se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtráfico y narcotráfico.

Así, desde el Acuerdo de Paz, ocurrida el 24 de noviembre de 2016, se ha ido reconfigurando el panorama de los grupos armados ilegales en los vacíos dejados por la extinta guerrilla de las Farc, y se afirman bandas delincuenciales violentas en las zonas urbanas del país. 

De acuerdo con Tobo, de la FIP, ahora las masacres son un fenómeno propenso a ocurrir en cualquier espacio afectado por la criminalidad, a nivel local o nacional. Ejecutar una masacre es una herramienta que está al alcance de cualquier grupo criminal y es efectiva para amplificar la percepción de las capacidades del grupo o del control que ejerce. Por eso, al menos en el tiempo reciente, ocurren tanto en zonas urbanas como rurales.

También aclara que el aumento de las masacres en sectores urbanos se debe al empeoramiento de la situación de seguridad en las ciudades capitales que, principalmente, se ha atribuido a la emergencia de bandas locales que se multiplican en ciudades como Cúcuta o que multiplican sus disputas como en Barranquilla. 

Cúcuta, la capital más afectada

La incidencia de 17 masacres desde 2019 en esa capital es un indicador claro de la gravedad del problema, que también se extiende a su zona metropolitana . Sólo en 2023 se perpetraron cuatro masacres, todas en la zona urbana de ese municipio. Así, Cúcuta es la capital departamental más afectada. 

Cañizares destaca que la violencia en el departamento se ha focalizado especialmente en la zona metropolitana de Cúcuta en los últimos tres años. Además, señala que aunque las masacres no son tan comunes en el departamento, cuando ocurren, suelen ser perpetradas por bandas delincuenciales que luchan por el control territorial de barrios de la ciudad. De acuerdo con las autoridades locales, se enfrentan cuatro bandas con capacidad local y transnacional identificadas como Los Porras, Los AK47, Los Lobos y el grupo de ‘Carlos Pecueca’. 

Por otro lado, según un análisis hecho por InSight Crime, esta ciudad se ha convertido en un lugar ideal para los grupos criminales venezolanos y su interés para establecerse en ella se debe principalmente a dos factores vinculados con Norte de Santander: el flujo migratorio y la variedad de economías ilegales en la frontera. Si bien en un inicio la aparición de estas bandas provocó enfrentamientos con el Eln, con quien competían por el control de los pasos fronterizos irregulares conocidos como trochas, hoy han logrado expandir su influencia en Cúcuta.

En esta capital, buena parte de las disputas entre bandas criminales están relacionadas con el control del microtráfico. Por ejemplo, según las autoridades policiales, el 27 de junio del año pasado, hombres armados asesinaron a tres miembros de una familia en su propia casa, que hacían parte de la misma red de microtráfico.

Barranquilla y Soledad, otro lío de bandas

Con 12 masacres desde 2019, en Barranquilla, capital de Atlántico, también se ha disparado la violencia por las bandas urbanas. Si bien las masacres prácticamente se duplicaron cada año desde 2021 en el departamento, las nueve masacres registradas en 2023 fueron perpetradas en su zona metropolitana, que incluye los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En el conteo de VerdadAbierta.com esa docena de casos sólo corresponde a los ocurridos en Barranquilla y no los municipios aledaños.

El puerto marítimo de Barranquilla es uno de los territorios más afectados por las disputas entre grupos por el control de rutas de paso de narcotráfico y puntos estratégicos para el contrabando de armas y otros ilícitos, como es la salida hacia La Guajira, por la troncal del Caribe. 

A organizaciones criminales históricas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), se suman otras que tienen más influencia sobre las zonas urbanas, conocidas como Los Costeños y Los Pepes, según explica Luis Fernando Trejos, investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Soledad es otro municipio fuertemente afectado por ese repertorio de violencia. Y su situación cambió vertiginosamente en 2023: pasó de ser el escenario de una sola masacre en 2020 y en 2022, a cinco durante el año pasado. Lo anterior lo convirtió en el municipio con más casos en 2023, las cuales dejaron un saldo de 15 víctimas. 

El origen de esas muertes se debe a la expansión de Los Pepes de Barranquilla hasta Malambo. Como consecuencia de los enfrentamientos con otras bandas ya presentes en el territorio, las masacres en Soledad, que se encuentra justo en el medio de ambos municipios, aumentaron significativamente el año pasado. 

Paralelamente, Los Costeños se adjudicaron la masacre del 29 junio en Puerto Colombia. Asesinaron a tres miembros del Clan Vega Daza: Rafael Julio Vega -conocido como Kike Vega-, el padre de esa organización ilegal, y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Según el diario El Colombiano, ‘Kike Vega’ era conocido por ser un sicario de grandes narcotraficantes y dirigir un gran grupo criminal que se dedicaba al microtráfico y otros delitos. A este atentado sobrevivió Roberto Vega Daz, quien huyó a España y fue asesinado allá el 28 de febrero de este año.

Masacres en la capital

Bogotá acumula una docena de masacres desde 2019. En 2022 y 2023 ocurrieron la mayor cantidad de ellas, cuatro en cada año y todas en la zona sur.

La violencia en Bogotá está profundamente enraizada en las disputas territoriales entre diferentes bandas armadas, conocidas, entre otros, como Los Villegas, Los Yayas, Los Maracuchos, el Tren de Aragua y  Las Bandas de Satanás. 

En particular, los corredores entre zonas como Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar y Usme son críticos para controlar áreas estratégicas de la ciudad con el fin de alimentar el flujo de tráfico de armas y drogas. Así, las masacres se concentran en las áreas más pobres de la capital, donde la población es más vulnerable y los grupos criminales ejercen mayor dominio. 

En este contexto, al ‘urbanizarse’, la violencia se ha vuelto más selectiva, con masacres y homicidios múltiples que a menudo están relacionados entre sí. Los jóvenes y los líderes sociales son objetivos principales: los primeros para enviar un mensaje de control; y los segundos para amedrentar y desarticular la cohesión social, explica David Jiménez, investigador en seguridad y derechos humanos.

Cali y una herencia mafiosa

Con ocho masacres desde 2019, la capital de Valle del Cauca es la cuarta capital regional con más masacres. 

Cali es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado por ser la ciudad más grande de la región Pacífico y arrastra una tradición de violencia desde el furor de los extintos carteles del narcotráfico. El departamento de Valle del Cauca sirve como puente entre el norte de Cauca, el sur de Chocó y el océano Pacífico, lo que ha convertido su capital en un enclave para el crimen organizado.

El corredor hacia Buenaventura es un punto estratégico crucial por ser el principal puerto del país. No sólo es vital para la economía legal del país, sino que también juega un papel significativo en las economías ilícitas, como el tráfico de drogas y armas. 

La presencia de grupos armados, en específico el Estado Mayor Central (Emc), en zonas rurales cercanas como los Farallones y en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como Pradera, exacerba la situación de violencia en las áreas urbanas de Cali. De hecho, con redes de apoyo en la ciudad se facilitan las operaciones de estos grupos que buscan extender su control territorial hacia el entorno urbano. 

Por otro lado, a nivel local, el legado mafioso que dejaron los carteles de Cali y del Norte del Valle, los cordones de miseria que genera el conflicto armado con desplazados de diferentes regiones, la corrupción y la falta de oportunidades en sectores vulnerables, generaron la proliferación de diversas redes de crimen organizado. Una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicada en septiembre de 2019, documentó que en esa ciudad hay 182 empresas delincuenciales, que no tienen cabezas visibles de mando y tercerizan sus crímenes.

“En Cali no se han establecido diálogos con las bandas urbanas en el proceso de Paz Total”, explica Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “En Medellín, en cambio, hay una conversación de paz urbana abierta con La Oficina de Envigado y sus principales bandas que dominan la ciudad”, finaliza. Esto sugiere que, a diferencia de otras ciudades que han logrado avances significativos en términos de diálogos de paz con grupos armados, Cali enfrenta desafíos únicos en este frente.

Medellín, el caso atípico

El caso de Medellín es contrario al de las ciudades capitales del país. Sólo se han presentado dos masacres en los últimos cinco años. En la última, ocurrida el 22 de marzo de 2022, tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados en el barrio Robledo, al noroccidente de Medellín. Hay muchas versiones sobre la razón de esta masacre; una de ellas, contemplada por la Policía, es que podría tratarse de una retaliación entre bandas criminales. 

La anterior masacre se remonta al 15 de febrero de 2020, cuando cuatro personas fueron asesinadas mientras departían en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13. Según El Colombiano, integrantes de la banda La Agonía estaban vengando el intento de asesinato de uno de sus integrantes apodado ‘César’, a manos de Los Peñitas. Apenas una de las víctimas tenía relación con la disputa. 

El hecho de que sólo se registren estas dos masacres desde 2019 llama la atención, pues Medellín se encuentra entre los primeros lugares de otras expresiones de violencia. En 2023, según Medicina Legal, la capital antioqueña fue el quinto municipio con más homicidios (345), por detrás de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Según Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, esto se debe al modelo de gobernanza ilícita que hay en Medellín. 

La gran estructura criminal que domina la ciudad es La Oficina de Envigado, también conocida como ‘La Oficina del Narcotráfico’. A esta organización pertenecen alrededor de 12 bandas criminales que a su vez regulan los llamados ‘combos’, un conjunto de más o menos 400 grupos pequeños que están en todo Medellín. La división del territorio ya está establecida, por lo que tampoco hay competencia o enfrentamientos entre las bandas. 

El control de territorio y población es una fuente importante de legitimidad para estas bandas criminales. Al contrario de las organizaciones criminales en otras ciudades, estas sólo usan la violencia para casos excepcionales con el objetivo de enseñar una lección sin llamar la atención de las instituciones gubernamentales y generar confrontación. Por eso, las masacres no son un recurso utilizado en esta ciudad. 

“Desde 2003 no hay presencia insurgente territorial en la ciudad”, explica Yuri. “El nuevo paramilitarismo, que devino en los grupos del narcotráfico, se caracteriza por la búsqueda de control social, pero sin el objetivo de eliminar blancos políticos sociales, por lo que ninguna modalidad se expresa en indicadores de violencia abierta y muchos menos en masacres”, finaliza. 

En teatros ‘tradicionales’ del conflicto

Esta tendencia de violencia urbana se suma al histórico conflicto armado que ha azotado ciertas regiones desde hace décadas. En el país hay dos situaciones contradictorias, reporta la FIP en un análisis del 13 de febrero de 2024: por un lado, los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas; por otro, las disputas que tienen entre ellos por el control social y territorial han aumentado de manera significativa. 

En algunos territorios las masacres todavía son utilizadas para ejercer control sobre poblaciones, economías ilegales e, incluso, violencia intrafilas. Un caso que representa esa situación es el asesinato de cuatro menores de edad indígenas ocurrido el 17 de mayo de 2023 en Putumayo, quienes intentaron desertar de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, tras ser reclutados de manera forzada.  

Antioquia, el departamento más masacrado

En Antioquia las masacres todavía hacen parte del panorama de violencia. Los grupos armados aún utilizan esta estrategia para controlar los territorios del departamento, lo que lo convierte en el que más casos registra en los últimos años: VerdadAbierta.com documentó 66 masacres con 244 víctimas.

En Antioquia tienen injerencia y control los frentes 18 y 36 de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (Emc), las Agc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hay territorios controlados por un sólo grupo, otros donde hay coexistencia, alianzas y zonas con enfrentamientos. En particular, las comunidades del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, quedan atrapadas entre los enfrentamientos del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Agc, contra los frentes 4, 18, 24 y 36 del Emc, que están aliados con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln. 

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que la minería ilegal es uno de los principales negocios de los que se están lucrando los grupos armados por lo que los enfrentamientos son por el control de alrededor de 13 minas ilegales en la región. A partir de las investigaciones del IPC se descubrió que las masacres perpetradas en Cáceres (el 24 de agosto) y en Santa Fe de Antioquia (el 3 de diciembre de 2023), fueron por esta disputa; cada una dejó el saldo de seis personas asesinadas.

Sobre el último caso, la Policía reportó que un grupo de hombres robó $2.000 millones en oro que pertenecía a las Agc, pues fue extraído de sus socavones ilegales. Por eso, los líderes del grupo armado capturaron a los supuestos ladrones antes de que huyeran de la región con el jugoso botín. Después los torturaron, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en dos tandas en la zona rural del municipio. 

Zapata explica que este es uno de los tres escenarios en los que se presentan las masacres en Antioquia. El segundo tiene que ver con la disputa por la expansión del microtráfico en las fincas cafeteras, donde se pueden emplear más de 100 o 200 personas en épocas de cosecha y la mayoría es adicta al bazuco.

Las masacres de 2023 perpetradas en Ciudad Bolívar (el 28 de enero y el 14 de febrero) y en Venecia (el 17 de diciembre) responden a esta dinámica. “Si llega un nuevo traficante a la zona, busca asesinar al distribuidor actual y si cae también el administrador de la finca o los consumidores, no importa”, precisa Zapata. 

En el tercer escenario se enfrentan guerrillas y paramilitares y las zonas más afectadas son las que tienen municipios vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, los lugares que han sido especialmente afectados por el conflicto armado debían ser prioridad para convertir el campo en un escenario de reconciliación y transformación estructural. 

Sin embargo, Zapata explica que el Estado no ha sustituido la presencia de los grupos armados y, por eso, continúan la violencia que puede expresarse en masacres. En algunos casos, un grupo armado hace un atentado contra alguien que supuestamente hace parte de otro grupo y a partir de ahí mueren más personas. 

Cauca, el conflicto al rojo vivo

Este es el segundo departamento con más masacres. En el último quinquenio fueron cometidas 61, promediando 12 por año. Tiene dos municipios entre los primeros cuatro lugares con más casos: Santander de Quilichao (12) y El Tambo (10). Y otros como Argelia, Corinto, Suárez y Balboa, superan en cantidad a municipios de otros departamentos.

En este territorio actualmente tienen presencia el Emc, la Segunda Marquetalia y el Eln. Actualmente el gobierno nacional suspendió el cese al fuego con el grupo de ‘Iván Mordisco’ en ese departamento tras múltiples incumplimientos y el asesinato de líderes indígenas, razón por la que las confrontaciones entre ese grupo armado ilegal y la Fuerza Pública han aumentado. También rondan panfletos de grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc como las Águilas Negras y las Agc, aunque las autoridades señalan que no tienen presencia en esta región.

Esta región es zona de disputa tanto por la minería ilegal como por la siembra de cultivos de denominado uso ilícito (coca, amapola y marihuana). También por su ubicación geográfica, por tener conexión con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila, a la par de salida al Pacífico, con los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi.

Norte de Santander, centro de masacres urbanas

Este departamento cuenta con una particularidad: ocupa el cuarto puesto como el departamento con más masacres, pero ahora se concentran en su ciudad capital y no en el Catatumbo, pues 17 de las 33 registradas por VerdadAbierta.com ocurrieron en ella. Lo anterior no significa que ya no ocurran en los ocho municipios que conforman esa región, pues en el último quinquenio se perpetraron nueve en Tibú, Ocaña y El Carmen.

Cañizares, de la Fundación Progresar, explica que durante los últimos cinco años la región del Catatumbo ha estado marcada por el rearme y fortalecimiento de las disidencias de las Farc. En el marco del posacuerdo surgieron tres estructuras: los frentes 33 y 41 del Emc, y la Segunda Marquetalia, que se suman a las alrededor de diez estructuras del Eln y los rezagos que persisten del Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos grupos armados pelean por economías ilegales y el copamiento de los territorios abandonados por las extintas Farc. 

A pesar de las disputas, el analista de la Fundación Progresar asegura que durante los últimos cinco años las masacres no han sido empleadas por los grupos armados como antaño. 

Nariño, donde la guerra no cesa

Con 30 casos y 123 víctimas, este es el quinto departamento de Colombia con mayor cantidad de masacres ocurridas entre 2019 y 2023. El municipio más afectado por este tipo de violencia es Tumaco, donde se registraron 12 casos.

Así como el resto de Colombia, en 2020 las masacres aumentaron drásticamente: de dos casos en 2019 subieron a nueve, cifra que se mantuvo en 2021. En 2022 se redujeron a cuatro. 

“Podemos decir que es una de las disputas más activas en el conflicto armado”, declara Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group. Explica que en este departamento está presente el Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, el Eln, el Emc e incluso las Agc. Los combates entre estos grupos por el control de las rutas del narcotráfico son constantes y la población siempre queda en medio, por lo que las masacres son inevitables. 

Putumayo, disputa entre disidencias

Durante los últimos cinco años, VerdadAbierta.com registró 21 masacres que dejaron 85 víctimas en ese departamento ubicado en la Amazonía colombiana, lo que lo convierte en el sexto con más casos.

Putumayo es un departamento con altos niveles de desigualdad e insuficiente presencia integral del Estado, lo que genera una ventaja para los grupos armados y un desafío para que haya paz en el territorio. 

Actualmente tienen presencia dos grupos armados inmersos en un conflicto: el Frente Carolina Ramírez del Emc y los Comandos de la Frontera (Cdf), un grupo adscrito a la Segunda Marquetalia, conformado por disidencias de las Farc y La Constru (desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)), que busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.

La violencia sigue latente en todo el departamento, pero ha disminuido su expresión en forma de masacres. Putumayo es uno de los tres departamentos del país en los que hubo un leve decrecimiento entre 2022 y 2023: pasaron de ocho a cinco. De acuerdo con el investigador  Mantilla, esa reducción se debe a un ‘empate técnico’ entre los Cdf y el Emc, que quedó replegado en el vecino departamento de Caquetá. 

Además, sugiere que después de que se perpetraron violentas masacres en la región, hubo atención mediática que recalcó la necesidad de actuar frente a este fenómeno y hubo una atención del Estado. 

El 17 de mayo de 2023, cuatro adolescentes del pueblo indígena Murui-Muina, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, fueron asesinados por integrantes del Frente Carolina Ramírez del Emc. Los menores, que habían sido reclutados forzosamente por el grupo armado, intentaron huir para volver a su comunidad, pero cuando se encontraban en la comunidad de El Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, los asesinaron. 

Ese caso conmocionó al país y no sólo generó rechazo en diversos sectores sociales y políticos, incluyendo una fuerte declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro ordenara el fin del cese el fuego con este grupo en esa región. 

Masacres en municipios PNIS y PDET

El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es una herramienta creada en 2016 por la firma del Acuerdo de Paz para implementar de manera prioritaria los programas de la Reforma Rural Integral y otras políticas del posconflicto. Se escogieron 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones en las que se busca garantizar la presencia del Estado, la provisión de bienes y servicios públicos y la disminución de conflicto armado y pobreza. 

Junto al PDET, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), como una estrategia para promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en 56 municipios y, así, superar las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten ellos. En total, 46 hacen parte de ambos programas. 

VerdadAbierta.com registró 178 masacres en municipios PDET y 86 en municipios PNIS en los últimos cinco años. La lectura de esas cifras coincide con la tendencia nacional del país, pero tiene un matiz diferenciador: las masacres prácticamente se duplicaron entre 2019 y 2020, pero a partir de 2021 se han reducido considerablemente.

Para Dickinson, del International Crisis Group, esa disminución se debe entonces más a una “decisión estratégica por parte de los grupos armados en el contexto de los diálogos de Paz Total para no llamar la atención”. Y plantea que el repunte de ellas en los años anteriores se debe a que “ninguna región PDET alcanzó cambiar las condiciones estructurales más rápidamente que el conflicto se reconfiguró”.

Pero dado que los programas PDET y PNIS fueron diseñados como una estrategia a largo plazo, el impacto tangible en la reducción de esas masacres está por venir. 

¿Qué debe hacer el gobierno nacional?

En este contexto de aumento general de las masacres en Colombia, Carlos Zapata concuerda con Indepaz, señalando que los ceses al fuego con grupos armados ilegales y las treguas acordadas entre bandas delincuenciales han disminuido algunos eventos violentos contra la población y han generado un poco de esperanza con que se apacigüen los conflictos en algunas regiones. 

Sin embargo, los expertos consultados por VerdadAbierta.com, en general, afirman su escepticismo en cuanto al descenso o desescalamiento de la violencia para el año 2024. En particular, Mantilla advierte que no se debe bajar la guardia porque sugiere que, ante un declive real, “podríamos estar presenciando un apaciguamiento momentáneo de los grupos armados, que podrían estar consolidando su control territorial para sentar su control en las comunidades, esperando el desenlace de las conversaciones en curso”. 

Para realmente invertir la tendencia, sugiere que el gobierno nacional debe tomar dos medidas cruciales: avanzar y converger en diálogos regionales de paz, pese a posibles crisis en la mesa con el Eln, y establecer ceses al fuego multilaterales en zonas donde estén presentes el Emc y el Eln, ambos en procesos de paz. 

De igual manera, Trejos insiste en que es importante que desde la Casa de Nariño se mantengan estrechas relaciones con todos las administraciones locales afectadas por el conflicto y no sólo con las que están alineadas con su ideología o partido político, porque esta dinámica deja excluidas del panorama de la Paz Total a muchas ciudades del país como Barranquilla y Santa Marta, que también necesitan su atención para disminuir la violencia.

Además, los expertos coinciden en que el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación no ha sido suficiente para procesar a los responsables de las masacres. Debido a que las autoridades sólo actúan sobre hechos probados, estos crímenes quedan impunes. Las limitadas respuestas institucionales hacen que las víctimas se queden sin justicia, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad, pues a los grupos armados y las organizaciones criminales les queda el camino fácil para seguir cometiendo masacres.

El Ministerio de Defensa reportó que en los primeros 21 días de este año ocurrieron seis masacres, que dejaron 18 víctimas. A la fecha de publicación de esta investigación (18 de abril de 2024), este portal ha verificado 18, con 52 víctimas, en los departamentos de Bolívar, Cauca, César, Chocó, Huila, Magdalena, Risaralda, Bogotá y Valle del Cauca. Este último departamento sigue siendo de los más violentos, pues ya registra tres masacres. 

The post Del campo a la ciudad: las masacres se concentraron en capitales appeared first on VerdadAbierta.com.

Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

Desconcertados. Así permanecen los líderes comunitarios de la región del San Juan al sur de Chocó por el paro armado que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decretó el 10 de febrero, y que finalizó en la noche del martes. 

Las comunidades no se explican cómo en la mesa de diálogos de paz que lleva la guerrilla con el gobierno de Gustavo Petro, el  5 de febrero se firmó una extensión del cese al fuego durante seis meses más entre el Eln y el gobierno, pero cuatro días después el grupo guerrillero impuso esta medida en Chocó, que confinó a 27.000 personas, según cifras de la Gobernación de ese departamento.

En un comunicado, el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, calificó el paro armado como una deslealtad con los acuerdos pactados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba. Llamó la atención frente a que estos hechos dejan en la mitad a las comunidades. “Amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”, dice. 

Un líder de la región, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, expresa el desconcierto de muchos en la región. “Uno no sabe a qué atenerse, porque se acuerdan unas cosas en la mesa, pero en el territorio se hace lo contrario”, dice. “¿Los que están en el territorio sí están realmente comprometidos con lo que se está acordando en la mesa? ¿Están coordinados?”, se pregunta.

El Comando Central del Eln negó que hubiera frentes disidentes dentro del grupo guerrillero. “La delegación de diálogos del Eln representa a todos los frentes de guerra, es falso que los Frentes de Guerra Oriental y Occidental estén en desacuerdo con el proceso de paz que se adelanta. Ambos frentes de guerra están participando de manera activa en la delegación, pues tienen compañeros participando directamente en ella”, se lee. 

Comunicado del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional – ELN –
Sobre las mentiras difundidas últimamente nos permitimos hacer claridad a lo siguiente:

https://t.co/Z7yI9tXMcY#ELN#PAZ pic.twitter.com/3XOfDpvJNg

— Delegación ELN (@DelegacionEln) February 14, 2024

Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), recuerda que en el cese al fuego entre el gobierno nacional y el Eln no entran los enfrentamientos con otros grupos, en este caso, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, grupo paramilitar que se ha posicionado como el más poderoso del país. Además, recuerda que debe tenerse en cuenta que el Eln señala que se trata de acciones defensivas frente a la expansión de las Agc. (Leer más en: Las otras guerras del Eln no tienen cese al fuego)

“Ante la opinión pública es difícil defender que un grupo que está en una mesa haga un paro armado que afecta a la ciudadanía, esto sí puede ser un eventual incumplimiento, pero no tenemos pronunciamiento oficial de las instancias de verificación, lo cual sería importante”, señala Preciado. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia dice que los informes son confidenciales.

Días antes de decretarse el paro, la región permanecía turbada. El 7 de febrero, algunas familias se desplazaron de la comunidad de Doidó (Istmina) a Noanamá (Medio San Juan) por enfrentamientos entre los grupos armados. Al día siguiente, 26 familias se desplazaron de la comunidad de Chambacú (Sipí) a Negría (Medio San Juan). Dos días después de establecido el paro armado y por la amenaza de quedar entre el fuego cruzado, el 12 de febrero, toda la comunidad de Doidó, cerca de 30 familias, se desplazó a Noanamá por el incremento de las confrontaciones entre Agc y Eln. Sólo una persona se quedó en el caserío de Doidó.

Según un comunicado del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), en los hechos del 8 y 12 de febrero, 93 personas de las comunidades de Doido y Chambacú se vieron obligadas a desplazarse a causa de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. 

Esta situación es similar a la vivida en julio de 2023 por las familias de Chambacú, que aterradas por las confrontaciones, se desplazaron cuando fue asesinado un hombre de la comunidad y uno de sus hijos resultó herido en el pie.

Las comunidades del San Juan salieron huyendo de sus hogares ante el inminente riesgo, aún cuando el gobierno pidió no hacerlo. “El comandante General de las Fuerzas Militares a las comunidades hizo una petición pública: estamos en condiciones de garantizar seguridad, eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan en todo caso por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse”, señaló en rueda de prensa Iván Velásquez, ministro de Defensa.

Helder Fernando Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró el 12 de febrero que inmediatamente conocieron el anuncio del paro armado mandaron tropas para garantizar la libre movilidad en el San Juan; sin embargo, las comunidades aseguran que el Estado no controló lo que pasaba en la región durante esos días.

Durante el paro, el sustento diario de las comunidades del San Juan, que se aprovisionan de lo que cultivan en sus fincas, se vio afectado. Y desde hace meses las familias no van tranquilas a sus parcelas. Los grupos armados han aumentado la siembra de minas antipersonal en el sur de Chocó y varios civiles han caído en estas trampas. 

“Cada vez que se presenta alteración del orden público o los actores avanzan, van sembrando en nuestras comunidades minas antipersonal. Aparte del paro armado y no saber cuándo se pueda presentar una alteración del orden público, nos limitan a hacer nuestras actividades cotidianas con la siembra de esos explosivos”, cuenta otro líder de la región que también pidió reserva de su nombre por temor a represalias.  

Decenas de familias subsistieron durante el último paro con lo poco que tenían en sus casas y tiendas de abarrotes porque no hubo tiempo de salir a las cabeceras municipales a aprovisionarse de alimentos. Algunas comunidades realizaron ollas comunitarias con lo que podían aportar sus pobladores para atender a las familias desplazadas que se refugiaron en comunidades vecinas.

“A lo largo del río San Juan, hay informes continuos de minas antipersonal, reclutamiento de menores, confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades, todo ello (…) limitando las capacidades de operación de las organizaciones de ayuda humanitaria”, expresa Bram Ebus, consultor de International Crisis Group. La falta de condiciones para que las comunidades satisfagan sus necesidades básicas es extrema y “genera serias dudas sobre el compromiso de los grupos armados para priorizar el bienestar de la población civil”, dice, haciendo alusión al discurso que promueven.

En 2023, en seis oportunidades el Eln decretó paro armado en el San Juan. La discusión del cumplimiento del cese al fuego por parte del Eln se había dado de manera similar en agosto del año pasado. A inicios de ese mes, la guerrilla y el gobierno formalizaron el cese de hostilidades, pero tiempo después se conoció sobre un paro armado en la región del Medio San Juan. 

Esa vez, el Frente de Guerra Occidental desmintió esa información y dijo que no era un paro armado, pero sí reconoció que restringió la movilidad por el río San Juan entre el 16 y 17 de agosto de ese año por enfrentamientos que mantuvo con las Agc. Según sostuvo el grupo guerrillero, su objetivo era que la población civil no se viera afectada por los combates.

Nuevamente volvió a ser la expansión de las Agc el ‘argumento’ principal para que el Eln decretara el paro armado de los últimos días. Según ha referido en diversos comunicados el Frente de Guerra Occidental, la presencia del paramilitarismo se ha incrementado en la región y acusan a la Fuerza Pública de sostener complicidad con ese grupo armado.

“Las fuerzas vivas del gobierno han sido remplazada (sic) por el grupo paramilitar clan del golfo (sic) para seguir su ofensiva contra los pobladores y la insurgencia como política sucia del Estado para debilitar el tejido social, la resistencia popular y armada con el propósito de llevar a cabo los mega proyectos planeados para esta región”, reza uno de los comunicados del grupo guerrillero, difundido el 11 de febrero.

El grupo de origen paramilitar buscó entrar en los tableros de negociación de paz del gobierno Petro. El 31 de diciembre de 2022, el Presidente anunció un cese al fuego con las Agc, pero tres meses después se rompió. El grupo armado ilegal ha declarado públicamente que tiene intenciones de diálogos y a finales del año pasado se conoció sobre encuentros entre voceros del actor armado y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero al día de hoy los avances son mínimos.

Disputa con las Agc

Con el ‘argumento’ de proteger a las comunidades de la región de agresiones ejecutadas por los ‘gaitanistas’, el Comando Central del Eln respaldó el paro armado. Pero ese motivo no convence en la región. “Lo que ellos manifiestan en sus comunicados tiene lógica para ellos, pero para nosotros… realmente las afectadas son las comunidades”, lamenta un líder de la región.

El Eln busca cuidar una de las pocas retaguardias que le queda, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “Lo que está tratando de defender el Eln no es la población, el San Juan es zona de refugio para un grupo armado que está en muy mala condición, tanto estratégica como de capacidades tácticas y militares. Allá el Eln no es que esté defendiendo una fuente de secuestro o de rentas o de oro, defiende casi que el único estertor que tiene”.

Tras la desmovilización de las Farc, el Eln lleva más de seis años expandiéndose por la región del Pacífico por departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, y con ella la disputa con otros grupos armados. Según líderes de la región, desde finales de 2017 existía un acuerdo entre el Eln y las Agc en la región del San Juan, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse. Esta situación cambió el 15 de agosto de 2021, cuando se rompió dicho pacto tras afrentas de las Agc en territorio del Eln, que desataron enfrentamientos en Medio San Juan. Así se desató la guerra en el San Juan. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

El objetivo de las Agc es establecer una ruta para sus economía ilícitas hacia el océano Pacífico, entrando por Valle del Cauca y saliendo por Chocó. Hoy, Bocas de Sipí es el epicentro de la confrontación armada. Según un experto que pidió la reserva de su nombre, en el plan de expansión territorial de las Agc desde este punto les sería posible movilizarse por el río Garrapatas, hacia el municipio de Dovio (Valle del Cauca); por el río Caporal hacía municipio Novita (Chocó); o salir hacia el Pacífico a través del río Docampadó.

“Gracias a su rápido crecimiento en tropas y territorio, las Agc están haciendo un fuerte avance hacia el sur para controlar la región de la costa Pacífica desde Panamá hasta Buenaventura, mientras tanto, explotan a poblaciones vulnerables como las comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del río San Juan”, señala  Ebus, de International Crisis Group.

En los últimos cinco años, el Frente de Guerra Occidental del Eln ha sufrido dos golpes militares importantes en el sur de Chocó, una de sus retaguardias históricas. A finales de octubre de 2020, un francotirador del Ejército abatió a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, recordado por ser un activo comandante en redes sociales de esa guerrilla; y a finales de septiembre de 2021 cayó Ogli Ángel Padilla Romero, conocido como el comandante ‘Fabián’, tras un bombardeó de las fuerzas militares.

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core), la expansión de las Agc en el  sur de Chocó inició desde la muerte de ‘Fabián’, comandante del Eln. “También se nota mayor presencia de las Agc en lugares como Bajo Baudó, que era de mayor control del Eln. Cuando se mira el norte del departamento, las Agc han ganado mucho terreno ahí desde hace varios años: Riosucio, Carmen del Darién y buena parte de Bojayá. En el sur es donde se nota actualmente la expansión de las Agc”, señala.

“Estos grupos de autodefensas gaitanistas le hacen la guerra al Eln porque buscan disputarse fuentes de rentas. Tanto en el Bajo Cauca antioqueño, como en el cañón de San Juan y el Alto Atrato”, explica Restrepo, de Cerac. Tras la captura, el 23 de octubre de 2021, de Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, antiguo comandante de las Agc, ese grupo ha disminuido la confrontación contra la Fuerza Pública, dice. Cuando ataca a la Fuerza Pública lo hace en favor de sus economías ilícitas.

Como se ha referido a raíz de diversos comunicados, el grupo guerrillero acusa a la Fuerza Pública de trabajar con las Agc y sólo librar la guerra contra ellos. Restrepo es enfático en señalar que el paramilitarismo que tenía cooptado poderes locales establecidos, desapareció desde mediados de los 2000 y recuerda que decisiones de la actual administración de gobierno al remover a decenas de generales y coroneles del Ejército y de la Policía son hechos en la transformación de esas alianzas. “Eso no quiere decir que no pueda haber acuerdos corruptos entre comandantes militares y de policía, incluso autoridades locales civiles y esos grupos criminales”, aclara. 

En un análisis de los impactos de los distintos ceses al fuego pactados entre el gobierno y diferentes actores armados, la  la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluó el desescalamiento de las confrontaciones de la Fuerza Pública con diferentes actores armados ilegales en todo el territorio nacional, encontrado una disminución general (32 por ciento) de los combates de 2022 en comparación al 2023. Los enfrentamientos que más disminuyeron fueron entre la Fuerza pública y las Agc, o Clan del Golfo. 

Investigadores de las dinámicas de Chocó concuerdan en que las comunidades ven una clara connivencia entre las Agc y la Fuerza Pública. Ebus resalta cómo en la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022) la confrontación contra la guerrilla se fijó en varias áreas de Chocó. “Sin embargo, la falta de acciones contra las Agc generó sospechas entre varias fuentes que consultamos en ese momento. Las comunidades, a menudo atrapadas en el fuego cruzado, también denunciaron ser disparadas por el ejército cuando intentaban inspeccionar sitios que habían sido bombardeados”, explica.

Preciado, desde la FIP, también ha conocido esos señalamientos de connivencia pero señala que el problema es más profundo. “Hay un nivel de complejidad mayor y es que hay una corrupción en las Fuerzas que termina beneficiando a todos los grupos. Un ejemplo son esas noticias de militares que le venden armas a cualquier grupo”, señala.

Sobre este tema, un experto que pidió la reserva de su nombre por seguridad, le sostuvo a este portal que el grado de cooperación es tal que “las Agc tienen agentes cuyo único trabajo es coordinar con Policía y Fuerza Pública”. 

Sin embargo, las cifras del Cerac señalan que el San Juan ha sido la región en donde más combates libró la Fuerza Pública con las Agc en 2023, pasando de ningún registro de hechos de confrontación en 2022, a tres el año pasado. El 21 de enero de este año, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán entró en combate con las Agc en inmediaciones de la vereda Barrancosito del municipio de Sipí. Como resultado del operativo terminó muerto un joven de 22 años perteneciente a las Agc.

Tropas de nuestra @FTC_TITAN_, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol, neutralizaron en desarrollo de operaciones un integrante del Clan del Golfo e incautaron material de guerra e intendencia en área rural del municipio de Sipí, #Chocó#PlanAyacucho pic.twitter.com/2e2ccQKSTS

— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) January 24, 2024

Llamado de paz

“El hecho de militarizar el territorio no es la solución a la problemática”, dice un líder de la región. “La solución está en abrir espacios de diálogo, que las comunidades participen en la mesa. Además de retomar los diálogos con los actores presentes en los territorios, lo cual nos ayuda a evitar las confrontaciones armadas entre los grupos armados”. 

Varios líderes mantienen la ilusión de que se vuelva a conseguir un acuerdo de no agresión como el pactado en 2017 en la región, cuando el Eln y las Agc llegaron a establecer el fin de las hostilidades por el bienestar de la población civil. Pero con el pasar de los meses mantener ese sueño es más difícil. “No hay voluntad de los dos actores para sentarse con las comunidades y llegar a una estrategia dialogada para acabar con las confrontaciones”, expresa un líder de la región. “La política de los actores armados presentes en el territorio es que ninguno va a ceder  los espacios que han ganado”, lamenta.

“A pesar de que hay unos diálogos entre el Eln y el Gobierno, en el territorio también están las Agc. Mientras no haya un diálogo con todos los actores, un cese al fuego multilateral, es muy preocupante. A nosotros, las comunidades, no nos sirve un cese al fuego bilateral”, agrega otro líder y concluye  pidiendo que el gobierno se traslade a la región a dialogar directamente con los cabecillas del Frente de Guerra Occidental.

Para el director del Cerac esta es una oportunidad para que el gobierno controle el San Juan. La política de seguridad del gobierno debe, según considera Restrepo, ocupar el San Juan y facilitar que de manera pronta se establezcan campamentos de la guerrilla que quieran buscar una salida negociada del conflicto. “Deles —el gobierno al Eln— protección de otros grupos armados, porque se está negociando con ellos. Y que el gobierno aproveche para ejercer el control sobre el comercio fluvial”.

The post La guerra entre Agc y Eln al sur de Chocó mancha el proceso de paz appeared first on VerdadAbierta.com.

El próximo 29 de octubre los colombianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. No obstante, en buena parte del país, la denominada fiesta de la democracia se desarrollará en medio de diversos riesgos, asociados al deterioro de seguridad y al fortalecimiento de grupos armados ilegales de diferente índole.

Esa es una de las principales conclusiones de la Alerta Temprana 030-23, que publicó el pasado miércoles el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la cual fue preparada con motivo de las próximas elecciones locales y regionales. Ese informe se realizó a partir de monitorear la situación de seguridad en diversas regiones del país durante los primeros siete meses del año y de analizar las 59 Alertas Tempranas que emitió el SAT entre enero de 2022 y julio 2023.

Ese ejercicio de documentación y trazabilidad llevó a la Defensoría del Pueblo a encender las alarmas porque identificó que para las elecciones de finales de octubre, 676 municipios, 19 áreas no municipalizadas y el Distrito Capital de Bogotá, están bajo diferentes niveles de riesgo. De acuerdo con el SAT, 113 se encuentran en riesgo extremo (16,7 por ciento del total reportado); 286 en riesgo alto (42,3 por ciento); 184 en riesgo medio (27,2 por ciento); y 93 en riesgo bajo (13,7 por ciento).

Los departamentos con mayor cantidad de municipios en riesgo extremo son Nariño, con 17; Norte de Santander, con 16; Chocó, con 15, Cauca, con 13; Bolívar, con 9; Antioquia y Caquetá, ambos con siete; y Arauca (este departamento está compuesto por siete municipios) y Huila, cada uno seis respectivamente.

En la Alerta Temprana se pudo determinar “como principal factor de amenaza la expansión y fortalecimiento de Grupos Armados Ilegales (GAI), compuestos por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos del Crimen Organizado (GCO) entre 2016 y 2023, con un incremento de la violencia y capacidad de control territorial y social de su parte en el tiempo reciente”.

De acuerdo con el monitoreo del SAT, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo surgido en 2006, tras la desmovilización paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y al que las autoridades denominan como ‘Clan del Golfo’, son las mayores generadoras de riesgo, seguidos de la guerrilla del Eln, que adelanta negociaciones de paz con el gobierno nacional, y de las disidencias de las Farc, con las cuales se pretende adelantar conversaciones bajo la política de Paz Total impulsada desde la Casa de Nariño.

Los grupos que surgieron tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente están asociados a situaciones de riesgo de la siguiente manera: Estado Mayor Central, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, en 234 municipios; la Segunda Marquetalia, bajo el mando de ‘Iván Márquez’, en 65 municipios; los Comandos de la Frontera, que afectan a 24 municipios; y otros grupos disidentes de las Farc, que revisten peligro en 34 municipios. 

El SAT también reporta que otros grupos sin identificar generan inseguridad en 24 municipios; y organizaciones del crimen organizado y la disidencia del Epl hacen lo mismo en 187 más. Asimismo, aclara que en varias poblaciones advertidas, el riesgo lo generan uno o más grupos armados que coincidan en ellos.

1 of 8

Deterioro de seguridad y afectaciones en campañas

Al comparar la anterior Alerta Temprana por riesgo electoral, emitida el 17 febrero del año pasado con motivo de las elecciones a la Presidencia de la República y al Senado y la Cámara, con la actual, de elecciones regional, se evidencia el avance de los grupos armados ilegales en el control territorial y el incremento de los repertorios de violencia.

El año pasado, el SAT reportó que 521 municipios se encontraban bajo alguna condición de riesgo, los cuales se categorizaron de la siguiente manera: 79 en riesgo extremo, 195 en alto, 186 en medio y 61 en bajo.

Un año y seis meses después, hay 155 nuevos municipios con algún nivel de riesgo y salvo en la categoría de riesgo medio, las demás aumentaron: en la actualidad hay 34 municipios más en riesgo extremo; 91 más en riesgo alto; y dos más en riesgo bajo. La cantidad de municipios en riesgo medio disminuyó en dos.

Al poner la lupa en agresiones relacionadas con las elecciones regionales de este año, el SAT encontró que se ha dado un aumento progresivo entre el 1 de enero y el 9 de agosto. En total registró 184 “conductas vulneratorias contra personas intervinientes en el proceso electoral”. Y llamó la atención por el incremento de agresiones registrado en los primeros días de agosto, fecha de corte de la Alerta Temprana.

Los departamentos con más “conductas vulneratorias” son Cesar (22), Valle del Cauca (20), Tolima (17), Norte de Santander (15), Chocó (12), Atlántico (10), Bolívar (10), Cundinamarca (10), Antioquia (siete) y Cauca (siete).

Las agresiones fueron contra candidatos a Alcaldía (81); miembros de organizaciones políticas (27); candidatos a Concejo Municipal (24); candidatos a Gobernación (8); candidatos a Asamblea Departamental (3); candidatos a Junta de Administradora Local (2); y contra un alcalde en ejercicio de funciones.

La mayoría de los casos documentados por la Defensoría del Pueblo, 113, corresponden a amenazas. A ellas le siguen atentados contra personas o sedes políticas (20); homicidios (18); restricciones a la movilidad (9); constreñimiento al sufragante (5); perturbación del orden democrático (tres); y otras (18).

La Alerta Temprana llama la atención sobre dos amenazas masivas que realizaron disidencias de las Farc en los pasados meses de mayo y junio contra precandidatos, candidatos y militantes de partidos políticos que no son de sus afectos en los departamentos de Arauca, Casanare, Huila, Caquetá y Putumayo.

En relación a hechos como esos, el documento del SAT dedica un apartado para analizar y advertir sobre el afianzamiento de prácticas y mecanismos de control social por parte de los grupos armados ilegales, con miras a las elecciones regionales.

Una de las modalidades identificadas inició en medio de la pandemia del Covid-19 para evitar la propagación del virus y con el paso del tiempo tomó fuerza: la carnetización de la población civil –en su mayoría en zonas rurales– y la regulación de su movilidad.

Con relación a acciones de proselitismo, el SAT identificó “serias dificultades para hacer campaña y asistir a eventos electorales por parte de potenciales votantes, candidatos(as), militantes o voceros de movimientos y partidos políticos (…) por cuenta de los mecanismos de regulación y control que ostentan los grupos armados ilegales en distintas partes del país”. 

Y como ejemplo, cita un caso de disidencias de las Farc en la Amazonía, en donde establecieron normas para permitir que ciertos sectores realicen campañas (“serán bienvenidos los procesos alternativos o que representen los intereses de las comunidades”) e impedir el acceso a otros (“partidos, sectores y dirigentes políticos de ser partidarios de la guerra no son bienvenidos a estas áreas; y quienes apoyen las doctrinas paramilitares”).

Además, tras contactar a diversas fuentes y hacer monitoreo en terreno, la Defensoría del Pueblo concluye que es evidente cómo los grupos armados “presionan violenta y económicamente a la población civil para imponer personas pertenecientes a dichos grupos, e incluso llegar al punto de imponer liderazgos foráneos y potencialmente, determinar por cuáles candidatos votar para las próximas elecciones sobre la base del constreñimiento a las comunidades, a los movimientos sociales y los potenciales votantes”. 

La Alerta Temprana finaliza con 48 recomendaciones agrupadas en cinco categorías, dirigidas prácticamente a todas las autoridades competentes, para evitar que los riesgos advertidos en materia de violencia contra candidatos, asociaciones políticas y comunidades; y de corrupción y constreñimiento electoral, se consumen. 

No obstante, la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, tras conocer los datos reportados por la Defensoría del Pueblo, fue crítica y se fue lanza en ristre contra la agencia del Ministerio Público: “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’ pero la sociedad colombiana ha decidió la paz y lo logrará”.

Pese a esa postura presidencia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado “a todo el Estado colombiano a nivel nacional, regional y local, para que confluyan en sus esfuerzos y se trabaje conjuntamente para la prevalencia de la Democracia”. Y agregó que “si bien se enfrentan importantes factores de amenaza a las elecciones regionales, existe una institucionalidad fuerte, con políticas públicas robustecidas, que pueden hacer que las elecciones se den en completa normalidad tranquilidad y paz”.

The post 676 municipios se encuentran en riesgo para las próxima elecciones appeared first on VerdadAbierta.com.

Sobre el río San Juan no se escucha un sólo motor de lancha. Algunos miembros de las comunidades negras e indígenas asentadas a orillas de la principal arteria fluvial del sur de Chocó esperan que llegue el permiso para volver a sus faenas. El resto de la población se esconde en sus casas, racionando los alimentos y medicamentos, con la ilusión de mejores tiempos. Lo único a lo que la guerra no puede restringirle la movilidad es a los ríos que, imperturbables, siguen su curso.

Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan son algunos de los municipios en donde el conflicto armado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln, se ha arraigado. Esta situación data del 15 de agosto de 2021, cuando se rompió un acuerdo entre ambos grupos, pactado cuatro años atrás, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse.

Desde la ruptura de ese acuerdo, las comunidades han sufrido todo tipo de violencias, pero desde abril de este año se han agudizado. “La mayoría de nuestras comunidades han estado en confinamiento obligatorio, otras han sido desplazadas”, explica un líder del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad.

La crítica situación llevó a las comunidades a declararse en alerta de riesgo inminente y a hacer sendos llamados al gobierno nacional para que actúe de manera efectiva y adopte medidas de protección de la población, y a los organismos defensores de derechos humanos para que incidan ante agencias internacionales con el fin de evitar una tragedia humanitaria.

La gente, en el medio

Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú, del municipio de Sipí, cuando padecieron un nuevo enfrentamiento entre las Agc y el Eln.

Ese día, como la mayoría de sus vecinos y amigos, José Florencio Hurtado y su familia se escondieron bajo una cama ante el sonido del fuego cruzado. En un momento de silencio, José Florencio se acercó a asegurar la puerta de su hogar, pero se reactivó la confrontación y las balas impactaron su cuerpo, causando su muerte.

En reacción, su esposa y sus hijos huyeron de la casa y se tiraron por un barranco en dirección a las riberas del río San Juan, en busca de refugio. En el enfrentamiento, uno de sus hijos menor de edad resultó herido.

En lo que va del año, las comunidades de esta región chocoana del San Juan se han visto inmersas en por lo menos seis confrontaciones y alrededor de cinco paros armados, el último de ellos fue impuesto por el Eln el pasado 4 de julio, obligando a restringir la movilidad sobre la arteria fluvial y sus afluentes, afectando la vida cotidiana de más de 82 mil personas de 41 comunidades negras y 11 comunidades indígenas.

Ante la extendida situación de la crisis, a muchos habitantes de esta región la medida los tomó con pocas reservas de alimentos y medicamentos, por lo que se encuentran ante una grave situación. El fin de semana pasado hubo un corredor humanitario que permitió el abastecimiento de algunas comunidades desplazadas, pero a las seis de la mañana del pasado lunes se reactivaron las restricciones impuestas por los grupos armados.

“Por lo menos se pudo ingresar un poco de comida, pero no ingresó medicamentos. Hay muchas mujeres en embarazo o personas con necesidad de citas de control por enfermedades graves”, explica el líder consultado por este portal. Por eso, la comunidad de Acadesan solicita con urgencia brigadas de salud que puedan atender a la población.

Muchas de las ayudas humanitarias llegaron para las familias desplazadas por su grado de vulnerabilidad, pero a los líderes les preocupa la situación de aquellas confinadas que no han podido ir a sus parcelas para cultivar y recoger la cosecha. “Sabiendo que ya llevan días en paro, todo está desabastecido”, le dicen líderes de la región a VerdadAbierta.com.

Por años, las comunidades negras e indígenas de esta región han sustentado su economía en actividades como la minería, la agricultura y los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, todas las actividades se han visto condicionadas; de un lado, por las minas antipersonal que se han sembrado en las áreas rurales; y, de otro lado, por los enfrentamientos y restricciones a la movilidad.

“A la gente le da miedo ir y quedar en medio de un combate en algunas de las quebradas en donde se hacen las tareas del día a día”, reconoce otro líder que también pidió la reserva de su identidad por seguridad.

A través de ayudas humanitarias de la Diócesis de Istmina-Tadó, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las alcaldías municipales, algunas comunidades han podido asegurar su alimentación, sin embargo, hay inquietudes.

“Es un tema que hasta culturalmente afecta, porque la gente pasa de comer un producto al cual está acostumbrado a tener que comer otro tipo de cosas casi que obligado. Acá no es tan común el fríjol o la lenteja, pero por la situación uno tiene que aprender a comer lo que las organizaciones nos brindan de muy buena fe”, señala uno de los líderes.

Por el momento, niños, niñas y jóvenes están sin clases. “Dentro del territorio de Acadesan hay 10 instituciones y ninguna está prestando clase porque los docentes no pudieron ingresar”, señala el líder de Acadesan. “Nosotros estamos en una olla sin salida. Yo no sé qué va a ser de nuestra comunidad”, agrega, entre lamentos.

Según expertos consultados por este portal que pidieron reserva de su identidad, en los últimos meses, las Agc ha logrado consolidar su poder desde el norte hacia el sur del San Juan imponiendo controles a las comunidades étnicas asentadas entre Boca de Suruco, en el municipio de Medio San Juan, hasta Chambacú, en el municipio de Sipí.

A la par, el Eln ha diseñado una estrategia de contención sobre los territorios que, históricamente, estaban bajo su control en la región del San Juan ante el avance del grupo paramilitar.

Territorio en disputa

De acuerdo con personas que conocen la crítica situación en el sur de Chocó, el control territorial y poblacional en disputa en la región del San Juan pretende asegurar las actividades de la minería ilegal, la deforestación y los corredores de abastecimiento, tráfico y producción de drogas ilícitas.

La guerra se libra en siete zonas estratégicas: subiendo por el río Sipí hacia el río Garrapata; bajando por el río San Juan hacia la comunidad de Noanamá y su conexión con la parte baja del Bajo Baudó; la desembocadura del río Docordó en el municipio de Istmina; el Alto Tamaná y San José del Palmar; el río Tamaná y Torra en conexión con la parte alta de Sipí; el río Irabubú, en Novita, en conexión con el Alto Tajuato, en Condoto; y el denominado Eje de la Boca del río Sipí – comunidad de Negría y Doidó, en el municipio de Istmina, San Miguel, en Medio San Juan, y Chambacú, en Sipí –.

Uno de los primeros pueblos que se vio afectado por las recientes confrontaciones fue Dipurdú del Guácimo, vereda del municipio del Medio San Juan. Inicialmente, sobre esa comunidad tenía control el Eln, hasta que irrumpieron las Agc, se enfrentaron y la guerra se regó por el San Juan.

En 2021 ocurrieron varios desplazamientos y confinamientos. En 2022, aumentaron las acciones contra la población civil, como asesinatos selectivos y minas antipersonal. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Según líderes de la región, las familias más vulnerables están en Sipí, municipio que lleva desde hace un mes con restricciones estrictas a la movilidad y del cual han salido cerca de 250 familias desplazadas de cinco comunidades. En Istmina se encuentra desplazada la comunidad de Doidó y en ese municipio se destaca la situación de la vereda Negría, victimizada con frecuencia por los grupos armados ilegales.

El primer desplazamiento que sufrió Negría fue a mediados de enero de 2022. Desde entonces, ha pasado por múltiples desplazamientos y confinamientos. “Nunca salimos del confinamiento”, aclara una lideresa de esa comunidad que pidió la reserva de su identidad. El último hecho de desplazamiento se dio el 12 de diciembre del año pasado.

En esa ocasión, las Agc ingresaron a la comunidad de Negría, obligando a sus habitantes a concentrarse en la caseta comunitaria. Mientras hacían el llamado a la reunión, registraron todas las casas. La comunidad se desplazó a raíz del asesinato de un joven cuyo cuerpo fue arrojado a un afluente. Por esa razón, los pobladores huyeron a San Miguel, en el Medio San Juan, allí pasaron las festividades decembrinas y retornaron sólo hasta marzo de este año.

Inicialmente, se desplazaron alrededor de 69 familias, pero retornaron 38 familias. “Con el pasar del tiempo han vuelto otras y ahora estamos 41 familias”, aclara la lideresa, quien precisa que los pobladores restantes se han quedado en comunidades vecinas: “A pesar de la dificultad que se vivía, de la zozobra y la preocupación, se acomodaron las familias por núcleos en casas diferentes de San Miguel, era una comodidad que no iban a tener en Istmina o en otro lugar”.

Fuentes consultadas advierten que, en su estrategia de contención, el Eln ha recurrido a la siembra de minas antipersonal, práctica que también realizan las Agc. Ante ese riesgo, muchas familias han optado por quedarse en el casco urbano.

“En San Miguel, en Dipurdú y en Negría las comunidades no pueden realizar sus actividades tradicionales de producción”, explica un conocedor de la región consultado. Le temen a la cantidad de artefactos explosivos presentes en sus zonas rurales que ha ocasionado accidentes entre pobladores, militares y combatientes.

San Miguel es otro de los puntos donde se han intensificado las confrontaciones. En 2022, hubo dos hechos en los que miembros de esa comunidad se vieron afectados por minas antipersonal. Por solicitud de la comunidad, la Fuerza Pública tuvo que inspeccionar los alrededores del acueducto y activar de manera controlada artefactos explosivos encontrados allí.

“San Miguel pasó de ser una comunidad que en los últimos años se ha desplazado dos veces, que ha estado prácticamente confinada todo este tiempo, a ser hoy una comunidad receptora. Tenemos varias comunidades del municipio de Sipí albergadas”, explica un líder de esa comunidad que pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.

Durante ese tiempo, los pobladores de San Miguel se han tenido que desplazar dos veces. La última vez, por un enfrentamiento que el Eln y las Agc libraron dentro de la comunidad. En esa ocasión, aunque ningún habitante resultó asesinado, el caserío quedó devastado.

Para la guerrilla del Eln, el sur de Chocó es una de las zonas estratégicas para el Frente de Guerra Occidental, donde lleva más de 15 años de presencia armada, imponiendo controles territoriales y sociales. Esta estructura alzada en armas llegó allí proveniente del sur de Córdoba, de donde fue desplazada por los grupos paramilitares en su confrontación por el control del Nudo de Paramillo.

Este Frente ha tratado de expandirse, pero la Fuerza Pública le ha propinado golpes certeros al Eln en los últimos cinco años: en 2016, fue abatido ‘Omar Gómez’, tercero en la línea de mando; en 2020, un francotirador eliminó a ‘Uriel’, un activo guerrillero en redes sociales; y en el 2021 cayó ‘Fabián’, tras un bombardeó.

El problema para ese grupo armado ilegal, según consultas de este portal a personas conocedoras de sus dinámicas, es que es una zona de retaguardia, la cual no se puede perder porque “para dónde más van a coger”.

Para el Eln salir del sur de Chocó no es una opción, pues sería dejarle un territorio estratégico a las Agc, con las posibles represalias que puedan tomar contra las comunidades. Y es que no sólo es clave para actividades ilícitas, allí también se han concebido, a largo plazo, grandes obras de infraestructura y proyectos agroindustriales.

Estudios de recientes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) precisan que diferentes factores han perpetuado la guerra en Chocó, que van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra. (Leer más en: ¿A qué se debe la persistencia de la guerra en Chocó?)

Lejos de la Paz Total

La Fuerza Pública hace presencia en el municipio en las comunidades de Dipurdú del Guasimo, San Miguel y Negría, de Medio San Juan, y en Noanamá, en Istmina. Pero las comunidades tienen muchas dudas sobre su manera de operar.  “No se ve el avance de la Fuerza Pública”, afirma, con preocupación, un líder de la región. “El Ejército no hace nada por controlar el territorio, está como estático”.

Frente a la apuesta del presidente Gustavo Petro por sacar adelante su política de Paz Total, que tendrá su primera prueba a partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigor el cese al fuego acordado por 180 días con el Eln, las comunidades del sur de Chocó observan con preocupación que la guerra, lejos de detenerse, está empeorando.

“Necesitamos un cese al juego multilateral con todos los actores”, piden desde el Consejo comunitario de Acadesan. Para la lideresa de Negría, el cese al fuego bilateral no causa ningún impacto. “Necesitamos un plan de acción que dé respuesta a las necesidades que tienen las comunidades”, complementa.

En respuesta al clamor de las comunidades, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) expidió un comunicado el pasado martes mediante el cual exigió “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir de inmediado (sic) el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por sus operaciones armadas”.

En su comunicado, la OACP aseveró que una caravana de 20 lanchas que transportaba ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas, pero a la altura de Bocas del Sipí, “al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que habia (sic) sido planeada”.

La OACP le recordó tanto al Eln como a las Agc que “impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó”.

Con respecto al comportamiento de la Fuerza Pública, cuestionado por las comunidades, pues observan que no actúan ante los enfrentamientos que libran los grupos ilegales, la OACP acusó recibo de “información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Agc, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.

Las denuncias de la posible “omisión, tolerancia o complicidad” de la Fuerza Pública con las Agc viene de tiempo atrás. Este portal ha recogido esas denuncias desde 2017, por medio de voces de líderes de este departamento, así como de voceros del Eln. Sin que se haya hecho nada por remediarla. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública? y Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)

Por su parte, a la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó le preocupa la política de Paz Total promovida por el gobierno nacional. De acuerdo con sus análisis, se han generado expectativas ante las comunidades, “sin responder a estas situaciones de crisis humanitaria”.

Y es que la situación es bien preocupante, de acuerdo con un comunicado divulgado por esta Mesa el pasado jueves: “Los alcaldes de estas comunidades se encuentran amenazados y en el momento ninguno despacha desde su municipio”. En el caso de Sipí, según su propio mandatario, “la cabecera municipal se encuentra totalmente deshabitada”.

En su comunicado, la Mesa llamó la atención de diversas instancias gubernamentales y del Eln para que atiendan de manera pronta y efectiva la crítica situación en el sur de Chocó y no continúen agravando la vida de los pobladores.

Entre las exigencias planteadas, está la de implementar mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, planteado desde el 2017 a la mesa de negociaciones instalada por el Estado colombiano y el Eln en la ciudad de Quito, Ecuador, como una medida para prevenir justamente estas crisis.

Exigieron, además, adoptar medidas para proteger la población civil, evitar la ejecución de conductas que generen desplazamientos, confinamientos o restricciones a la libre movilidad de los pobladores de los consejos comunitarios de comunidades negras y los resguardos indígenas; garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad física de la población chocoana, y de líderes y lideresas; así como de no continuar con la siembra de minas antipersonas en territorios étnicos; y abstenerse de recurrir al secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

También exigieron un cese al fuego multilateral por parte de todos los actores armados ilegales que operan en la región, así como de la Fuerza Pública, en el departamento, como medida para aliviar la crítica situación humanitaria.

Finalmente, propusieron hacer una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria en el municipio de Istmina que se realizará entre el 26 y el 28 de julio. Se espera que asistan voceros de instituciones locales, regionales y nacionales, organismos de control, agencias de cooperación internacional, con el objetivo de lograr respuestas efectivas. Asimismo, hicieron “un llamado especial al Alto Comisionado de Paz para que haga presencia en esta importante sesión”.

The post Desde hace dos años, comunidades del San Juan padecen guerra entre Eln y Agc appeared first on VerdadAbierta.com.

La crisis por las que atraviesan varias regiones del país por la falta de compra de hoja de coca es una oportunidad para que el gobierno nacional plantee propuestas a los cultivadores y dejen los sembradíos ilícitos. El cumplimiento del PNIS y la revisión de la situación de familias que viven en zonas protegidas son de urgente revisión. Entrevista a Pedro Arenas, de Viso Mutop.

Desde la mitad del segundo semestre del año pasado, los cultivadores de hoja de coca se empezaron a ver en aprietos. Los precios de la cosecha se desplomaron y los labriegos se quedaron con los cultivos en sus parcelas, regándolas con pesticidas para que la plaga no las arruine, fiando el producto a centrales de acopio u optando por cambiarse a otras actividades económicas, como la minería.

La situación más crítica la viven las comunidades del sur del país. Los campesinos cocaleros de los departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Meta se quejan de que no hay plata porque nadie les compra. Sin embargo, el mercado mundial sigue demandando cocaína y, según analistas, lo que está ocurriendo es que los intermediarios han guardado el producto: tenían un sobrestock de clorhidrato de cocaína, por lo que no necesitaban buscar a los cultivadores para comprarles su producto. 

Las razones que dan los expertos varían. Algunos consideran que desde la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el 23 de octubre de 2021, los narcotraficantes se encuentran en zozobra sobre la información que el antiguo líder paramilitar haya entregado a las autoridades. También se le atribuye al éxito de la Fuerza Pública en la destrucción de laboratorios, pistas clandestinas de aviación y captura de jefes de estructuras delincuenciales que hacen parte de la cadena ilegal.

Más del 60 por ciento de los cultivos de hoja de coca se concentra en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La situación se agrava en territorios étnicos y áreas de manejo especial ambiental. Los sembradíos ilícitos son botines de guerra de grupos armados ilegales, lo que genera expresiones de violencia que afectan a las comunidades rurales.

En los últimos seis años el país ha doblado los registros de superficie cultivada con hoja de coca. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2016 se registraron 96.084 hectáreas y en 2021 se alcanzaron las 204.257 hectáreas. Sólo en el último año el aumento fue de 43 por ciento. “La producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014”, precisa la UNODC en su Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos (2021).

Fruto del Acuerdo de Paz, en el punto 4, Solución al problema de las drogas ilícitas, se estableció la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para brindar oportunidades a los campesinos que voluntariamente abandonaran las plantaciones de coca. Un programa que debía dialogar con el desarrollo del campo, contemplado en el punto 1, sobre la Reforma Rural Integral. 

Sin embargo, el diagnóstico que este portal recogió durante los últimos años en relación al cumplimiento del programa es más que lamentable: cientos de familias a las que no se les cumplió con la inversión de los 36 millones del programa, imposibilidad de ejecutarlo en Áreas de Especial Interés Ambiental y falta de atención integral a las necesidades de primera necesidad. (Leer más en PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas y Programa de sustitución de hoja de coca se frena en parques nacionales naturales)

VerdadAbierta.com habló con Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, una organización que monitorea el programa de sustitución y de erradicación de cultivos ilícitos, y contribuye a la participación de las comunidades en el impacto en derechos humanos de las políticas de drogas.

Arenas compartió detalles sobre la crisis económica que atraviesan distintos territorios del sur del país por cuenta de las dificultades en la comercialización de la hoja de coca y la pasta base, así como la situación del PNIS y las estrategias del gobierno nacional para brindar opciones a las familias que dependen de esta actividad ilícita.

Crisis económica

VerdadAbierta.com (VA): En el último mes se ha hablado de una disminución en la compra de hoja de coca en Caquetá y Putumayo, y por esa razón los campesinos están atravesando una situación económica aguda, ¿qué sabe de esto? ¿Por qué no están comprando?

Pedro Arenas (PA): Nosotros tenemos reporte de las visitas que hemos hecho a varias zonas, no de los últimos meses ya de hace más de un año, de una disminución de precios en varias zonas: en el Catatumbo, Nariño, sur de Cauca. Disminución de precios que afecta al campesino.

Luego, ha sido más fuerte la aversión, por ejemplo la del río Guayabero, donde ya se dice abiertamente que no hay compra. O sea, no están entrando compradores, el producto no sale. 

 VA: ¿Qué están haciendo los campesinos?

PA: ¿Qué técnica se ha empleado en el pasado? Los cultivadores siguen cultivando y, como lo que sacan es un producto no perecedero que es la pasta base, la llevan a los establecimientos comerciales y la intercambian por los productos de primera necesidad que ellos requieren, desde ropa, pasando por víveres, hasta bienes y abarrotes para sus fincas.

Entonces el comerciante o el dueño de la bodega de caseríos chiquitos termina siendo una especie de centro de acopio y, finalmente, a él se la quiere el comprador de esa mercancía. Funciona como funcionan algunas otras zonas donde en el pasado se pagó con tabaco o con café o con cacao o con otros productos distintos. También ha sucedido en zonas de minería.

La cuestión es que en varias zonas que conocemos, los comerciantes que estaban acostumbrados al uso de la pasta base como moneda de cambio también están encartados con ese producto y tampoco lo quieren recibir, porque ha caído el precio o porque no tienen garantizado una compra rápida que les permita un flujo de efectivo para poder mantener a su vez abastecidas sus tiendas.

Otra vez, las más afectadas son las zonas de población dispersa, donde hay pequeñas producciones y donde, de alguna manera, se le hace más dispendioso al comprador ir de caserío en caserío, de predio en predio. 

En su defecto, pareciera que se están privilegiando las “zonas de enclave productivo”, como las ha llamado la UNODC o “clusters” como las han llamado otros, donde hay todo en un mismo lugar: desde cultivos amplios hasta el procesamiento de pasta base, pasando por los laboratorios de transformación en cristal o clorhidrato. Ahí están dadas todas las condiciones para que un intermediario, comprador de grandes cantidades, adquiera sin tantos riesgos y tantos desplazamientos.

VA: ¿Quién dio la orden? ¿La orden de no comprar es temporal, mientras se negocia con el gobierno bajo la Paz Total?

PA: Si alguien dio la orden como tal de porqué no están comprando, no tenemos ese dato. Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha dicho públicamente que el gobierno le pidió desde septiembre del año pasado a los grupos armados con los cuales estaba explorando conversaciones de paz dar muestras de buena voluntad previo a la instalación de cualquier posible mesa de interlocución.

Dentro de esas muestras de buena voluntad estaba, por ejemplo, en las zonas de Meta, Caquetá y Guaviare desincentivar la deforestación y desincentivar los cultivos de hoja de coca y la compra de pasta base.

VA: ¿Qué pasa cuando nadie compra?

PA: Esas crisis de precios o de disminuciones de la compra no es la primera vez que se viven en Colombia. Por ejemplo, después del asesinato de Rodrigo Lara en 1984, hubo una contracción de ese mercado y dejó de fluir el efectivo a las zonas productoras. Meta, Caquetá y Guaviare lo vivieron con fuerza, en esa época un kilogramo de pasta base valía un millón de pesos y cayó a 80 mil pesos.

Hace poco un campesino me recordaba en Mocoa cómo a finales de los años noventa, iniciándose el Plan Colombia, cayó el flujo de efectivo y la gente dejó los cultivos de hoja de coca y lo que hizo fue migrar a las zonas altas para trasladarse al cultivo de la amapola. También en el año 2002, lugares como Cartagena del Chairá o Miraflores, ante una ofensiva del Estado colombiano, a través de las Fuerzas Militares, que tomaron el control de las pistas de aterrizaje por donde entraba el dinero, se dio una contracción económica, dejó de fluir el efectivo.

Son crisis que, con el tiempo, se superan. A veces duran más tiempo en unas zonas que en otras, pero, por ejemplo, se habló con mucha fuerza hace un par de meses de que la crisis que se estaba viviendo en Cauca era muy fuerte, pero ya hoy, lo que escuchamos, es que se ha liberado y están comprando, está saliendo el producto. Lo mismo que sucedía en zonas del Catatumbo, había una restricción muy fuerte en diciembre pasado, pero el producto está saliendo.

La gente, en últimas, busca cómo sortear la situación, pero acabo de ver en Putumayo que esto no quiere decir que la gente abandone definitivamente las matas de coca. Muchos las dejan quietas, es posible que ni siquiera las cosechen, ni siquiera las raspan, pero las matas están ahí. Si el precio mejora, posiblemente esos cultivos se retomen.

VA: ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en las zonas donde no se está comprando?

PA: Por ahora lo único que hemos visto en concreto es que este gobierno ha cambiado su lenguaje en comparación con otros gobiernos para referirse a estas familias y a estas comunidades. Ha dejado atrás la estigmatización, el señalamiento. Quiere evitar la confrontación con estrategias como la erradicación forzada y concentrarse en los eslabones que más se enriquecen, aumentando las tareas de la interdicción y las capturas de ‘peces gordos’, y la incautación de bienes.

También ha abierto un diálogo con las comunidades, eso se ve, por ejemplo, en la posición del presidente Petro frente al campesino. Se reunió en El Tarra con las comunidades y se anunció otra en mayo próximo en Sanquianga, Nariño; se suman las asambleas que está haciendo el Ministerio de Justicia para la construcción de la política de drogas en los territorios.

Hay una especie de ventana de oportunidad por la crisis que se vive, pero aunque ha habido mayores visitas de ministros y de altos funcionarios a algunos territorios, el flujo de recursos y de inversión hacia esas zonas todavía no se materializa y este es un asunto que el presidente Petro debería revisar.

VA: ¿Es cierto que en algunas regiones, ante la sobreproducción de coca, grupos armados ilegales están forzando a comunidades a participar en otras actividades ilícitas, como la deforestación?

PA: En Guaviare es claro que la deforestación creció de manera notoria entre el 2016 y el 2022. ¿Qué tanto esto ha sido forzado por grupos armados? No hay una evidencia concreta de ello. Lo que ha salido a flote, y así lo ha manifestado la ministra de Ambiente, es que en un territorio como ese la deforestación parece más un proyecto liderado por élites políticas del orden departamental que tienen una concepción de que ese territorio puede ser praderizado, la tierra acaparada por unos pocos e implementado allí un modelo de ganadería extensiva. 

Incluso, recursos públicos han sido destinados a la construcción de infraestructura que favorece ese modelo. Desde la construcción y apertura de vías carreteables, pasando por otro tipo de proyectos de infraestructura, y ahí se ha mencionado el papel que cumplió, por ejemplo, la apertura de la carretera entre La Macarena y San José del Guaviare o el papel de la carretera entre Calamar y Miraflores.

Sin embargo, en una reciente actividad que se hizo en Cerro Azul, San José del Guaviare, a la que asistieron la Ministra de Ambiente y el Alto Comisionado de Paz, señalaban que hay una reducción de la deforestación al cierre del 2022 y los primeros dos meses del 2023, y esto en gran medida, así lo daban a entender, se debe a un compromiso del Estado Mayor Central de las disidencias de Farc para ponerle freno a la deforestación. Es un asunto que lo comenta todo el campesinado, hay una orden de no deforestar y de no quemar esos bosques.

Hay otras zonas como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño. Como se denota en el último paro minero de ese territorio ha habido una migración de recursos, de mano de obra y de maquinaria hacia la minería ilegal, presionada en gran medida, así lo ha dicho el Ministerio de Defensa, por el Clan del Golfo (Agc), y tiene que ver también con el comportamiento de precios entre la actividad cocalera para pasta base y el comportamiento de los precios de minerales como el oro.

Otro caso es el Catatumbo, el traslado de la coca hacia el carbón también derivado de un mejor comportamiento de los precios del mineral.

VA: ¿Cómo alguien que está en la ilegalidad se pasa a la explotación de carbón, que exige prácticas técnicas especiales?

PA: El procesamiento de pasta base también exige prácticas técnicas especiales. Nuestro campesinado sabe sacar queso, bocadillo, harinas de maíz y arroz, hacer muchas preparaciones de alimentos. Igualmente, en el trabajo rural se adquieren prácticas y se adaptan. Pasar a buscar oro o convertirse en minero de socavón es algo que también puede hacerse.

Hacia la paz

VA: ¿Cuáles son las principales regiones productoras de coca y cuáles son los actores que tiene el poder de las rentas ilegales en dichas zonas?

PA: En Putumayo es clara la presencia de Comandos de la Frontera Ejército Bolivariano, adscritos a la Segunda Marquetalia, que están principalmente en la zona de frontera entre los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, una parte de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán. También es clara la presencia del Frente Carolina Ramírez que está más alineado con el Frente 1 o Estado Mayor Central de las Farc, que están asentados sobre el río Caquetá, en el sur de Caquetá. 

En el departamento de Nariño hay muchos grupos. Está el ELN, están las disidencias alineadas con el Bloque Occidental del Estado Mayor Central, que tiene varias estructuras. Está también la Segunda Marquetalia con varias estructuras. Se conoce del Clan del Golfo (Agc) y de otros grupos más pequeños, de una connotación más departamental.

En el Catatumbo, en el costado oriental es más fuerte la presencia de estructuras alineadas con el Estado Mayor Central, como el Frente 30. Al lado Occidental es históricamente más fuerte la presencia del Eln. Llegando incluso ahora a haber producción cerca del Zulia y del propio Cúcuta, en esas inmediaciones casi limítrofes con lo urbano, las denuncias de organizaciones de derechos humanos de Norte de Santander dan cuenta de la presencia de las Agc.

En el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba la presencia de las Agc es la más preponderante, lo que no quiere decir que no haya presencia de otras organizaciones.

Esa situación de disputa también está muy presente en el Chocó.

En el norte de Cauca, en la zona de producción de marihuana, la presencia de la Columna Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del Comando Coordinador de Occidente del Estado Mayor de la Farc. Al sur también hay presencia de estructuras de ese mismo Estado Mayor Central. En el departamento también hay presencia del Eln.

En Guaviare y sur de Meta hay una presencia mayoritaria del Estado Mayor Central de las Farc, lo mismo que ocurre en el Caquetá. Lo que no quiere decir que en Guaviare y Caquetá en los últimos meses no hayan salido declaraciones de la aparición de grupos alineados con la Segunda Marquetalia, se conoce en Guaviare sobre una fracción disidente que se ha alineado con la Segunda Marquetalia y en Caquetá recientemente también.

VA: Las medidas de erradicación de cultivos de uso ilícito que ha ordenado el gobierno Petro no han llenado las expectativas del gobierno de EEUU, ¿qué opina de esto?

PA: El gobierno de los Estados Unidos debe cambiar los indicadores de progreso de las políticas de drogas en Colombia.

Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, la cooperación fuerte en el período del Plan Colombia se vendió con la justificación de que era para perseguir el narcotráfico, pero en la práctica, se destinó a proteger la infraestructura petrolera. Tal es el caso de Arauca y el Putumayo.

En otros años sirvió de pretexto para que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto armado interno, más que una guerra contra el narcotráfico, en una guerra contrainsurgente, como lo revelan los informes de la Comisión de la Verdad.

Si fuera cierto que esto es una lucha contra el narco, la medida de eliminación o erradicación de superficie cultivada con hoja de coca es, por lo menos, insuficiente. Ha llevado a que nuestro Estado gaste durante 21 años consecutivos dinero en fumigaciones aéreas inocuas desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la reducción de superficie cultivada, pero con un enorme daño socioambiental para las comunidades y el país. 

Estados Unidos habla de que ahora tiene una estrategia más holística para hacer presencia en los territorios y acercarse a los territorios proveyendo condiciones de desarrollo. Si esto es cierto, entonces no debe fijarse en comparar siempre las hectáreas de un año con otro, sino que debiera fijarse, en qué tanto grado de desarrollo, en efecto, se provee en esos territorios.

En este sentido, concordamos con los llamados que ha hecho el presidente Petro de que la guerra contra las drogas, o por lo menos la erradicación de cultivos por la vida forzosa, ha sido ineficaz. 

Mientras tanto, y esto es otra cosa que debieran revisar Colombia y los Estados Unidos, el mercado mundial de cocaína sigue boyante. Esas exigencias del gobierno de los Estados Unidos no las compartimos y más bien insistimos en la necesidad de que Colombia defina un camino propio, incluso debería contemplar la posibilidad de la regulación del mercado de la coca, incluso el mercado de la coca para cocaína.

VA: ¿Qué acciones debe tomar el gobierno del presidente Petro para que los campesinos dejen los cultivos de coca?

PA: Lo primero es que el Presidente logre recuperar la confianza de los inscritos en el PNIS, destinando las partidas de dinero suficientes para atender de manera rápida esos compromisos que están ahí en suspenso. Eso lo que requiere es plata y en segundo lugar requiere mucha agilidad de la administración. 

Entendemos que hay una plata en el Fondo Colombia en Paz y esa plata es muy demorada para la contratación. Pueden demorar meses y meses en un proceso de contratación y el gobierno debe definir unos mecanismos de contratación y una institucionalidad que sea ágil especialmente para atender esta problemática socioeconómica de estas familias campesinas, indígenas o afros. 

Cualquier programa de esta naturaleza preferiblemente debe involucrar a las gobernaciones y a las alcaldías y a la misma cooperación internacional que está presente en los territorios, para que todos al unísono concurran en bolsas comunes que permitan hacer desembolso rápido y que permitan actuar en un clima de confianza con las familias. 

Esa confianza parte de que en los lugares donde se establezcan estos acuerdos no haya erradicación forzada porque el mantenimiento de estrategias de erradicación forzada con las políticas de sustitución pacífica pues son contradictorias y lo que hacen es exacerbar las conflictividades sociales.

PNIS, en cuidados intensivos

VA: ¿Cómo entregó el gobierno del presidente Iván Duque el PNIS?

 PA: El consejero del gobierno anterior para la Estabilización (Emilio Archila) hizo un informe antes de culminar ese periodo y señaló que ellos habían dejado apropiados los recursos, a través de la contratación con operadores, para la entrega del primer proyecto productivo, que consiste en nueve millones de pesos del paquete del Plan de Atención Inmediata, a 82 mil familias de las más de 99 mil que suscribieron los acuerdos de sustitución en el año 2017. 

Es decir que la administración Petro se encontró con que ya estaban contratados esos operadores que tenían a cargo distintas zonas del país y con ese paquete de recursos la meta era atender cerca de un 82 por ciento del total de las familias involucradas en ese programa. 

Sin embargo, la dirección de sustitución de cultivos actual ha informado que del total de las familias inscritas, durante la administración Santos y la administración Duque, tan sólo 386 se beneficiaron del total de los componentes del PNIS.

Esto pone presente que el gobierno Petro tiene que buscar los recursos para atender al resto de familias que faltan para completarles el primer proyecto productivo, los 9 millones de pesos, y adicional conseguir la plata para atender a las casi 100 mil familias con el proyecto de los 10 millones de pesos. 

Esto varía según los territorios porque, por ejemplo, en Briceño, donde se inició con un esfuerzo conjunto de sustitución entre el gobierno y las Farc, de 2.700 familias que arrancaron la totalidad de la coca que había en ese municipio en mayo del 2017, a la fecha, un poco más del 50 por ciento han accedido a la totalidad de los recursos. Pero hay otras zonas donde hay un atraso protuberante porque apenas se ha cumplido con el pago del millón de pesos o apenas con la huerta, pero no han llegado los demás componentes.

Lo segundo que yo quisiera destacar sobre cómo entregó el PNIS: en el gobierno Duque pasaron esos cuatro años y ninguna familia nueva se incorporó al programa.

 VA: ¿Qué pasó con los enfoques diferenciales en la implementación? 

 PA: Pasados Santos y Duque no se avanzó en el enfoque étnico diferencial. Aunque actualmente hay en el programa PNIS unas 12 mil familias que residen en territorialidades afrodescendientes, no fueron inscritas colectivamente como parte de un consejo comunitario. Y aunque haya un poco más de 4 mil familias indígenas inscritas en el país, tampoco hubo unos acuerdos de sustitución en el marco de ese programa con autoridades tradicionales indígenas en territorialidades indígenas.

Otro elemento que nosotros encontramos también como problemáticos sobre cómo se recibe el PNIS es que no se avanzó con el enfoque ambiental que estaba contemplado en el punto 4 del Acuerdo y que señalaba que había que brindar un tratamiento especial a las familias habitantes de áreas protegidas inscritas en el programa.

 VA: ¿Cuál es la situación de las familias cultivadoras de hoja de coca hoy en Colombia?

 PA: La situación de las familias cultivadoras en Colombia hoy sigue siendo igual de lamentable a como era antes del Acuerdo de Paz. Primero, en el programa PNIS en 2017-2018 se inscribieron cerca de 100 mil familias, pero quedaron por fuera aproximadamente unas 130 mil. 

El programa no llegó con fuerza, por ejemplo, al Bajo Cauca antioqueño, al occidente del Catatumbo, a la zona andina del departamento de Nariño o en el sur del departamento de Cauca. Hubo amplias zonas de la geografía nacional donde la oferta del programa no llegó, aunque muchas comunidades hubiesen levantado la mano para inscribirse.

Lo otro que habría que decir es que según los reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, lo que se encuentra en los reportes de los últimos 10 años es que la coca está ubicada en los mismos lugares de siempre: Nariño, Putumayo, Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Caquetá, Guaviare y Meta. 

La dependencia de las familias cultivadoras de hoja de coca hoy en varias zonas es extremadamente alta, a tal punto que una caída de precios de la hoja de coca lleva una crisis económica total de territorios completos porque en muchas partes del país las familias campesinas dejaron incluso de sembrar comida para dedicarse por entero, exclusivamente, a la dependencia de la hoja de coca para pasta base. 

Esto se debe en gran medida a que las políticas de apertura económica, incluso los efectos de los tratados de libre comercio, han conllevado una caída de precios de la agricultura de alimentos y a muchas familias no se les hace atractivo dejar atrás la coca para ponerse a sembrar comida, entre otras porque también están ubicados en territorios donde no hay condiciones de infraestructura para acceder a mercados

 VA: El PNIS, tal y como se pactó en el Acuerdo de Paz de 2016 en el Teatro Colón, ¿realmente tiene futuro?

 PA: Aunque tuvo cambios entre el momento de la firma en Cartagena y después del plebiscito, el programa partía en su concepción de considerar que el punto 4, por lo menos en lo que a cultivo se refiere, era una especie de capítulo especial del punto 1 de la Reforma Rural Integral. 

Es decir, no podían darse estrategias de sustitución sin que esto estuviera atado a los compromisos de la Reforma Rural Integral, tales como acceso a la tierra, construcción de infraestructuras básicas, vías carreteables, organización de la producción por medio de la asociatividad y el cooperativismo, acceso a mercados, planes básicos de acceso a infraestructuras eléctricas a plantas de producción; en últimas no podría haber un programa PNIS sin el desarrollo de la Reforma Rural Integral. 

Mientras aproximadamente 100 mil familias se vincularon al PNIS y erradicar unas 46 mil hectáreas sembradas con coca ellas mismas, el precio de la hoja de coca y de la pasta base entre los años 2018, 2019 y 2020 subió en la mayoría de zonas de Colombia. Al mismo tiempo no se protegía o no se brindaron mejores condiciones en la agricultura de alimentos para las cosas que el campesinado sabe hacer. 

Aunque el programa tiene una buena concepción, desde ese punto de vista del desarrollo rural integral, choca con esa realidad del mercado mundial de la cocaína que ante la salida de esas 46 mil hectáreas, llevó a aumentar el precio porque el mercado mundial sigue jalonando esa actividad.

El último informe global de las Naciones Unidas sobre el mercado de cocaína, lo que muestra es que hay nuevos países vinculados al consumo de cocaína también muestra que hay más consumidores en el mundo, que hay nuevas rutas de transporte y hay más organizaciones internacionales dedicadas a esta actividad. Además nos muestra que el diferencial de precios entre el narcomenudeo con la etapa de la producción es realmente muy alto, sobre todo en los países de Oceanía.

En la práctica, el hecho de tener 100 mil familias vinculadas al PNIS, que arrancaron 46 mil hectáreas, pues no le hace cosquillas al volumen total de producción de hoja de coca, de pasta base y de rendimiento en cocaína que actualmente se tiene en Colombia.

Esa es la realidad con la que se enfrenta el gobierno actual a la hora de revisar y ajustar el programa PNIS, pero el programa bien enfocado en el desarrollo rural, muy articulado con los PDET, muy articulado con alcaldías y gobernaciones, en un escenario de protección de la agricultura y de facilitación del acceso a la tierra para muchas comunidades que no lo tienen, puede tener futuro.

VA: Ante los incumplimientos del PNIS, ¿cuál es la situación de líderes y lideresas comunitarios que promovieron su suscripción en zonas cocaleras? ¿Se generaron escenarios de riesgo para ellos por las promesas estatales incumplidas?

 PA: Hicimos un informe con el Programa Somos Defensores llamado La sustitución voluntaria siembra paz, sobre las agresiones a líderes y lideresas involucradas en la promoción de estrategias de sustitución de cultivos y ahí damos cuenta, por lo menos hasta esa fecha, de cuál era el escenario de riesgo para todos estos liderazgos.

Conocemos casos en el departamento del Cauca, en Putumayo, Guaviare, Meta, Córdoba o Nariño donde varios líderes fueron asesinados, otros les tocó irse durante algún periodo de tiempo de su vereda o algunos irse definitivamente, por los riesgos ante el incumplimiento gubernamental. 

En algunas zonas ese riesgo pudo haber aumentado según el activismo del líder o la lideresa. A muchos se les vio en algunos territorios muy comprometidos con una agenda de paz atada al Acuerdo firmado con las antiguas Farc y resulta que quien ahora controla el territorio son organizaciones que se habían quedado por fuera o se oponían a las antiguas Farc. Entonces los líderes podían ser señalados de estar muy influenciados o de ser parte de esa apuesta política.

En otros casos los comentarios dentro de las propias comunidades también conllevaron a que muchos liderazgos se vieran en riesgo, como por ejemplo los comentarios de que “por culpa de fulano o fulana que era el presidente de la Junta yo dejé atrás toda mi economía y por su culpa ahora no tengo nada, estoy en una grave crisis” y ese chisme lo llevaba inmediatamente un señalamiento ante el grupo armado.

Lamentablemente desde Bogotá no se valoraron dos cosas. Una es que decía el punto 4 que donde se implementara el PNIS, el gobierno debía garantizar la seguridad del territorio, eso no sucedió, ni siquiera en Briceño donde se implementó el esfuerzo conjunto de sustitución. La seguridad no fue garantizada por el Estado entonces el espacio fue ocupado por otros grupos armados. Lo segundo es que el grado de demoras, de tramitología, de suspensiones y exclusiones de familias inscritas en el programa, pues conllevaba riesgos para líderes y líderesas envueltos en el PNIS.

Protección ambiental

VA: Las familias que viven en Zona de Reserva Forestal y parques Nacionales han atravesado por dificultades para la implementación de programas de sustitución, ¿en la nueva administración observa avances para la situación de estas familias?

PA: El componente ambiental que debiera tener el PNIS, que debiera tener también los PDET para las familias que habitan en Zonas de Reserva Forestal o en las zonas de traslape con Parques Nacionales o incluso con territorialidades étnicas, es un asunto que sigue en veremos. 

La instancia especial de alto nivel de pueblos étnicos lo ha reclamado, también hay entidades como la Fundación Ideas para la Paz, nosotros mismos hemos hecho en el pasado recomendaciones respecto de la implementación del programa en estas áreas de manejo especial. Por ahora no se conocen anuncios del nuevo gobierno para implementar ese enfoque especial, ni avances para atender a esas familias. 

VA: ¿Las familias que viven en zonas de especial interés ambiental y que sostienen su economía de la coca deberían ser reubicadas?

PA: El presidente en campaña, más que hablar de sustitución de cultivos, se refería a sustitución de tierras. En la práctica, implica ofrecerle a las familias que están en las zonas más distantes del país, a donde le cuestan mucho al Estado, tanto en plata como en tiempo, llegar a atender sus necesidades básicas insatisfechas, ofrecerle mejores condiciones en otro lado.

Ese es un asunto que él alcanzó a exponer en su primera visita al Catatumbo y allí surgieron voces de inconformidad en los campesinos porque para el campesino dejar un lugar donde ha estado asentado durante los últimos 30 o 40 años, entre otras porque hay comunidades que están metidas en esos confines porque  fueron obligadas por circunstancias económicas o por la propia violencia y terminaron por allá haciéndose a un pedazo de tierra y en ese lugar, aunque no tengan título de propiedad o reconocimiento de su posición, construyeron un tejido social, hicieron familia, tienen amigos, tienen redes de soporte.

En la zona Amazónica, el Ministerio de Ambiente ha hablado en los últimos meses, y así se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, de concesiones forestales a 30 años para lograr que las familias que están en esos rincones puedan acceder a alguna especie de reconocimiento de su ocupación por la vida de concesión, que pudiera ser transmitida a la generación siguiente, sobre la base de que se dediquen a la economía ambiental.

En contravía, hay organizaciones que reclaman que no les sirven las concesiones, que lo que les sirve es la sustracción de áreas de Ley 2 y la titulación tradicional porque esto le permitiría al gobierno saber quiénes son los que están habitando allí, establecer unas condiciones de permanencia y si las familias no las cumplen, pues aplicar a algún mecanismo de extinción de dominio.

VA: Un caso puntual de comunidades que habitan en parques está en la región del río Guayabero

PA: El caso de Nueva Colombia, al sur del Parque La Macarena, es paradigmático. Lo que nos dicen los colegas de El Cuarto Mosquetero, que visitaron esa zona recientemente, es que a pesar de que, por ejemplo, a la gobernación del Meta y a la alcaldía de Vista Hermosa le recomendaron desde Bogotá realizar una reuniones especiales para atender la emergencia económica que se registra en un lugar como ese, pues estas entidades todavía no han hecho esa reuniones.

Tampoco a pesar de las manifestaciones del propio presidente y de varios funcionarios del orden nacional, ninguna entidad se ha hecho presente en esas zonas, pero la situación de esas familias también está por ejemplo en la zona del Catatumbo en el entrecruce con el parque, también está en el sur de Córdoba en el entrecruce con el Paramillo, está en el sur del Caquetá o está también en el departamento del Putumayo.

Dentro de las primeras cien mil familias, varias de las inscritas están en estas zonas de manejo especial. Conocemos un caso de casi 500 familias inscritas en el país que están en un traslape con el resguardo indígena Nukak y mantienen a la fecha de hoy, la misma problemática y es que como no tienen la garantía de la titularidad sobre la tierra, precisamente por estar en controversia con el resguardo, pues en el pasado gobierno en el período de Duque no fueron objeto del giro de recursos para el adelanto del Programa, entonces quedaron en suspenso. Esa situación de suspenso se mantiene hasta la fecha de hoy.

VA: ¿Y sobre comunidades de Zona de Reserva Forestal qué conoce?

PA: En el sur de Guaviare, en el municipio de Miraflores, hay más de mil familias inscritas. El mismo municipio todo está en Ley 2, por lo tanto su campesinado está en Zona de Reserva Forestal, pero fue inscrito en el Programa.

Esas familias han acudido a la acción de tutela, apoyados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otra serie de organizaciones, para buscar que sea la justicia la que le ordene al gobierno atender definitivamente los compromisos que se hicieron con las familias participantes del programa, escritas en el 2017.

The post “Los comerciantes acostumbrados al uso de la pasta base como moneda de cambio también están encartados” appeared first on VerdadAbierta.com.