Mirtha Patricia Linares Prieto
Abogada de la Universidad Santo Tomás, magíster en Administración Pública de la Universidad de Alcalá y magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es consultora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre 2001 y 2009 fue Delegada para los Derechos Humanos y Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, y entre 1991 y 2001, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Su experticia está en el conocimiento y documentación sobre la asociación entre desplazamiento y despojo de territorios étnicos, y las figuras usadas para la acumulación de territorios ancestrales.
Su trabajo fue clave en desentrañar el despojo denunciado por las comunidades de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el Bajo Atrato chocoano; del Alto Mira y Frontera, en Nariño; y de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde empresarios concentraron tierras para desarrollar proyectos agroindustriales o de extracción. (Lea: A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó; La violencia oculta de la costa de Nariño; Las preguntas detrás del asesinato Yolanda Cerón; y Protegiendo territorios étnicos a punta de demandas)
Desde el Ministerio Público identificó modalidades de concentración de la propiedad, que luego fueron recavadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, que en varios informes regionales tipificó las irregularidades sobre tierras rurales. Ha trabajado, además, en el seguimiento a las políticas públicas sobre desmovilización y reinserción; de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de la población desplazada, y en la propuesta sobre las rutas y criteros de protección individual y colectiva para la reparación integral de víctimas y grupos étnicos, como quedó expuesto en la publicación en coautoría Primero las víctimas, en sus fases 1 y 2.
Vea aquí la entrevista que rindió ante el Comité de Escogencia.
Giovanni Álvarez Santoyo/h2>
Abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre.
Trabajó en la Fiscalía durante 22 años. Ingresó a la entidad en 1995 como técnico judicial en Cúcuta, Norte de Santander, donde rápidamente fue ascendido a secretario judicial con funciones de apoyo a la Fiscalía Regional de Arauca. En 1998 fue nombrado fiscal delegado ante jueces penales del circuito en Bogotá, adscrito a la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Dos años después fue designado fiscal delegado ante jueces penales especializados, participando en investigaciones sobre graves violaciones a los Derechos Humanos y en la creación de los grupos de investigadores a cargo de casos relacionados con violencia antisindical y el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
Participó en el fallido proceso de solución amistosa al litigio que enfrenta al Estado colombiano y a las víctimas de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cuya reanudación se comprometió el Ejecutivo en el Acuerdo Final que firmó con las Farc en noviembre de 2016 en Bogotá.
En 2007 fue nombrado fiscal de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía y tres años después participó en la fundación de la Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado. En 2011 asumió la coordinación del grupo de priorización de la Dirección de Justicia Transicional encargado de investigar los crímenes cometidos por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, incluyendo los bloques Norte, Córdoba, Héroes de los Montes de María y Resistencia Tayrona. El trabajo del grupo permitió que en 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenara a Mancuso y a otros seis paramilitares por más de 1.200 hechos delictivos asociados a los patrones de macrocriminalidad de incursiones a municipios, homicidios de contradictores, masacres, desapariciones forzadas para ocultar evidencias, victimización de servidores públicos, homicidios por no contribuir a la financiación, homicidios en connivencia con la Fuerza Pública y homicidios con fines de despojo.
El pasado 30 de junio abandonó su cargo, que fue suprimido como consecuencia de los recortes que sufrió la Dirección de Justicia Transicional por cuenta de la creación vía decreto de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales, pactada en el Acuerdo Final.
Vea aquí la entrevista que rindió ante el Comité de Escogencia.
Francisco de Roux
Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne). Es uno de los defensores de derechos humanos con mayor reconocimiento a nivel nacional. En 1995, cuando el conflicto armado recrudecía y siendo director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, bajo el principio ético “Primero la vida”. Durante los años que representó al Programa abanderó proyectos socioeconómicos para el desarrollo de la vida campesina en distintos lugares del país y promovió la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.
Entre 2008 y 2014 asumió la representación de la Compañía de Jesús en Colombia, fungiendo como mediador entre las comunidades, los actores armados y el gobierno nacional. El caso más reciente de esa mediación fue el papel clave que jugó en la reunión adelantada entre exjefes paramilitares e integrantes del Secretariado de las extintas Farc en Bogotá el 19 de julio de 2017, en el que las partes hablaron sobre la necesidad de construir una verdad integradora.
Actualmente es director ejecutivo del Centro de Fe y Culturas, desde donde continúa acompañando los procesos con las guerrillas. En sus escritos ha sido reiterativo en advertir que el Eln debe transitar con urgencia el camino del debate social y político sin fusiles, así como que la guerra colombiana se degradó al punto de contribuir a la estigmatización y la persecución de la izquierda democrática.
Vea aquí la entrevista que rindió ante el Comité de Escogencia.
Luz Marina Monzón
Abogada de la Universidad La Gran Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública.
Entre 1997 y 2009 trabajó en la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como coordinadora del Área de Protección Jurídica. Desde esa posición participó en el litigio a favor de las víctimas que condujo a la condenas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por los casos de la masacre Las Palmeras (2001), cometida por miembros de la Policía de Putumayo en 1991; la masacre de 19 comerciantes (2004), ejecutada por paramilitares en Puerto Boyacá, Boyacá, en 1987; la masacre de Pueblo Bello, Antioquia (2006), cometida por paramilitares en 1990; las masacres de El Aro e Ituango, Antioquia (2006), ejecutadas por paramilitares entre 1996 y 1997; y el homicidio del abogado y defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle (2008), asesinado por sicarios de la banda criminal La Terraza en 1998.
Entre 2000 y 2009, como parte de la CCJ, asumió la representación de la Mesa de Trabajo Sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidad creada en 2000, pero reglamentada en 2014. Allí, participó en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos y de la ley que reglamenta el Mecanismo de Búsqueda Urgente. La institución, conformada en su mayoría por delegados estatales, tiene el objetivo de promover investigaciones por el delito de desaparición forzada, pero ha sido duramente cuestionada por inoperante por la propia CCEEU y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que tiene asiento en ella.
Entre 2012 y 2013 trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica, como autora del informe "Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas" (2014) y coordinadora de investigación del informe "El acceso a la justicia como garantía de no repetición" (2015). Ha publicado, además, un libro, dos capítulos de libro y un cuadernillo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desaparición forzada y reparación con enfoque de género.
Fue postulada al cargo de directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos por la CCEEU, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Ruta Pacífica de las Mujeres y más de un centenar de organizaciones sociales.
Vea aquí la entrevista que rindió ante el Comité de Escogencia.
