Dagoberto Ardila Vargas

Perfil: Abogado de la Universidad Católica de Colombia, con tres especializaciones en Derecho Penal, Procesal, Ciencias Forenses y Derechos Humanos. Tiene 26 años de experiencia profesional en la rama judicial y el ministerio público.

Durante su paso por la Procuraduría participó en la elaboración de fallos disciplinarios en los que se sancionó a varios oficiales del Ejército por su omisión o participación en las masacres de El Salado, La Gabarra y Macayepo. En 2009, el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo declaró insubsistente por diferencias en el trámite de los procesos.

En el fallo disciplinario que profirió la Procuraduría en 2008 contra el capitán Alfonso Jama por la masacre de Macayepo, Ardila dejó de lado la responsabilidad del exsenador sucreño Álvaro García Romero, quien, en 2010, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su participación en esos hechos.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.

Desventajas:

• No ha utilizado el enfoque diferencial y de género en sus trabajos académicos o judiciales.
• No tiene publicaciones académicas.

Ernesto Rey Cantor

Perfil: Abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público, y Magíster y Doctor en Derecho. Tiene 39 años de experiencia en la Rama Judicial. Ejerció como Juez Ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y como coordinador del programa de Formación Avanzada en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Ha sido profesor de las universidades Libre, Santiago de Cali, Panamericana, Santo Tomás, Carlos III de Madrid (España), de Alcalá (España) y Nacional de Lomas Zamora (Argentina).

Como juez ad hoc de la Corte IDH participó en la condena que ese organismo emitió contra el Estado colombiano por el caso de los 19 comerciantes que fueron desaparecidos forzadamente por paramilitares y miembros del Ejército en el Magdalena medio en 1987. En ese fallo, la Corte le ordenó al Estado pagárles a las víctimas más de 338 mil dólares.

En 2014, como presidente de la Fundación United for Justice, consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgara medidas cautelares a Jessica Ramírez, la niña enferma de “piel de mariposa", fallecida en 2016.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica en temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• No ha utilizado el enfoque diferencial y de género en sus trabajos académicos.

Ana Ochoa Arias

Perfil: Abogada de la Universidad de los Andes que pertenece a la comunidad indígena Kankuama. Se ha desempeñado como abogada-becaria de la Relatoría de los Pueblos Indígenas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asesora jurídica de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y secretaria técnica de la Mesa Permanente de Concertación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ha representado a los pueblos indígenas de Colombia ante las Naciones Unidas y es la Fundadora de la Comunidad de Juristas Akubadaura, organización que agrupa a abogados y abogadas indígenas del país. 

En sus publicaciones académicas aborda temas relacionados con derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, políticas públicas, derechos de los pueblos indígenas con enfoque de género y Jurisdicción Especial Indígena.

Ha defendido la reparación colectiva de los pueblos indígenas y abogado por la reparación de los indígenas del Alto Andágueda (Chocó).

En el artículo “¿Preso por defender a la madre Tierra?” (2008), concluye que en Colombia, Chile y Perú se han criminalizado las protestas sociales de los indígenas como parte una política estatal de contención de las demandas de esos pueblos.

  Ventajas:

• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Pertenece a una minoría étnica o religiosa.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas:

• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales y proyección de sentencias.

Heidi Abuchaibe Abuchaibe

Perfil: Abogada de la Universidad Externado de Colombia con dos especializaciones y una maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Se ha desempeñado como asesora de la Procuraduría General; Directora técnica de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia; Coordinadora de proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de los Estados Americanos; y docente investigadora de la Universidad Externado.

  Ha participado en procesos de evaluación de indicadores del goce efectivo de derechos a la verdad, la justicia y reparación, y de construcción de herramientas para el análisis de la macrovictimización en el contexto del conflicto armado.

En su artículo “Diagnóstico de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombia” (2011) cuestiona el diseño de la Ley 975 de 2005 y sus resultados en materia de reparación a las víctimas. Además, en su artículo “Justicia Transicional pos acuerdo con las Farc” (2017) plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ventajas:

• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas:

• No tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales y proyección de sentencias.

María Paulina Leguizamón Zárate

Perfil: Abogada de la Universidad Católica de Colombia con cinco especializaciones en Derecho Penal, Criminología, Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados y Derecho Sancionatorio y Operacional. Cuenta, además, con una maestría en Derecho Público Militar y otra en Seguridad y Defensa Nacional. Ha participado en 27 cursos militares de diferente índole.

  Proviene de una familia vinculada de vieja data a las Fuerzas Militares, donde ha trabajado durante 31 años como jurista militar, oficial y jefe jurídico del Ejército. Participó en la fundación de la oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército en 1995, escenario en el que asesoró a la institución en materia penal y disciplinaria en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Ha sido condecorada en múltiples ocasiones por las Fuerzas Militares. El 12 de diciembre de 2013 se convirtió en la primera mujer general del Ejército.

Fue uno de los ocho peritos propuestos por el Estado para participar en el caso que presentaron las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la Operación Génesis, realizada en el Urabá antioqueño en 1997. En su informe sobre el caso, describió el proceso migratorio del Urabá y reconoció el abandono del Estado en la región.

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Combina la academia con la praxis judicial

Desventajas

• No ha trabajado con organizaciones de víctimas de la sociedad civil.
• No tiene publicaciones académicas.

Patricia Ladino Gaitán

Perfil: Abogada de la Universidad Libre de Colombia con especialización y maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Tiene 26 años de experiencia laboral en la Fiscalía y en la rama judicial.

Como Juez Quinta Especializada del Circuito, en sentencia del 17 de febrero de 2003, absolvió al esmeraldero Víctor Carranza por el delito de organizar y conformar grupos paramilitares en el departamento del Cesar y por el presunto secuestro extorsivo agravado de Roberto Prieto y Edgar Hernández, señalados como empleados del desaparecido narcotraficante Leonidas Vargas.

Su esposo, Eberto Salomón Rodríguez Hernández, es cercano al exfiscal general Eduardo Montealegre y ejerce como Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.

Desventajas

• No ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Puede generar animadversión en algunos sectores políticos, económicos y sociales.
• No tiene publicaciones académicas.

Fabio Enrique Araque Vargas

Perfil: Abogado de la Universidad Libre de Colombia con dos especializaciones en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar, y en Derecho Administrativo. Cuenta con dos maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos, y con un doctorado en cuestiones actuales del derecho español e internacional. Tiene más de 20 años de experiencia en la justicia militar y es oficial de la Fuerza Aérea Colombiana.  Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada.

Como magistrado del Tribunal Superior Militar participó en la reforma a la justicia penal militar del 2010 y en la redacción de la Ley 1765 de 2015, que fortalecen el fuero penal militar. Ambas reformas han sido criticadas por amplios sectores de la sociedad, especialmente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que afirma que la ley genera impunidad y vulnera los derechos fundamentales.

Integró la mesa técnica de acompañamiento del Ministerio de Defensa para la implementación de los acuerdos de paz, que brinda asesoría legal en temas de seguridad y protección. En julio de 2017 publicó un libro titulado “Protección de Pueblos Indígenas y Operaciones Militares: Convergencia del Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, que no fue posible encontrar en Internet.

Ventajas:

• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• Podría presentar conflictos de interés por haber participado directamente en la negociación y/o implementación del acuerdo de paz.
• No ha trabajado con organizaciones de víctimas.

Herman Galán Castellanos

Perfil: Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en Ciencias Penales y Penitenciarias. Tiene 20 años de experiencia profesional, donde se destaca su cargo como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y director jurídico del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Militar Nueva Granada.

Sus publicaciones académicas plantean reflexiones sobre el tratamiento jurídico de los delitos de narcotráfico y lavado de activos en Colombia, y las formas de imputación penal a los miembros de la Fuerza Pública en Colombia que se han visto involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (principalmente, analiza la figura de “comisión por omisión”).

Debido a su trayectoria profesional, se le considera uno de los candidatos a la JEP respaldados por el estamento militar.

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Combina la academia con la praxis judicial

Desventajas

• Puede generar animadversión en algunos sectores políticos, económicos y sociales.
• No ha trabajado con organizaciones de víctimas.

José Edwin Hinestroza Palacio

Perfil: Abogado de la Universidad Libre con dos especializaciones en Derecho Penal y Criminología. Cuenta con una maestría en defensa de los derechos humanos de la Universidad Santo Tomás. Es Afrodescendiente. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo judicial y en el Ministerio Público, instancia en la cual participó en varias audiencias dentro del proceso de Justicia y Paz, realizando el diagnóstico del daño colectivo a las víctimas del conflicto armado.

Se ha desempeñado como abogado litigante y consultor de diferentes organizaciones de víctimas, en temas sobre reparación y restitución de tierras en el marco la Ley 975 de 2005 y Ley 1448 de 2011.

Ventajas

• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Pertenece a una minoría étnica o religiosa.

Desventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• No tiene publicaciones académicas
• No tiene experiencia en la proyección de sentencias.

Eduardo Cifuentes Muñoz

Perfil: Abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como Defensor del Pueblo y magistrado de la Corte Constitucional, cargos en los que investigó y se pronunció acerca de los ataques desplegados por fuerzas paramilitares y estatales contra los militantes de la Unión Patriótica (por ejemplo, una de sus decisiones emblemáticas fue la sentencia T-439 de 1992).

Fue el perito que escogieron las víctimas en el caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia ante la Corte IDH. En ese proceso condenaron al Estado colombiano por haber incumplido con su deber especial de protección al excongresista de la Unión Patriótica.

A pesar de su hoja de vida, se le ha cuestionado por incurrir en prácticas clientelistas. Por ejemplo, su hija Francesca Cifuentes Ghidini obtuvo desde el 2010 un puesto de trabajo remunerado en el despacho del magistrado Mauricio González (amigo suyo).

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• Tiene amistad con integrantes del Comité de Escogencia.
• Puede generar animadversión en algunos sectores políticos, económicos y sociales.

Alejandro Ramelli Arteaga

Perfil: Abogado, magíster en derechos humanos y profesor con publicaciones sobre derechos humanos, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario y derecho constitucional. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, perito ante la Corte IDH, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y director de las Unidades de Derechos Humanos, y de Análisis y Contexto de la Fiscalía.

Durante su paso por la Unidad de Análisis y Contexto dirigió importantes investigaciones penales relacionadas con crímenes de lesa humanidad, entre ellas los cometidos por paramilitares y agentes estatales en la región de los Montes de María.

Abandonó la Fiscalía por un diferencias que sostuvo con el entonces fiscal Eduardo Montealegre a raíz de los millonarios contratos que suscribió la entidad con la politóloga Natalia Springer.

Su esposa es magistrada auxiliar del despacho del integrante del Comité de Escogencia Francisco José Acuña Viscaya (del cual es íntimo amigo).

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• Tiene amistad con integrantes del Comité de Escogencia.

Rocío del Pilar Peña Huertas

Perfil: Abogada, Doctora en Derecho y profesora de la Universidad del Rosario. Su trabajo académico se ha enfocado en temas como la reforma agraria y la restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. Sus publicaciones muestran un talante liberal y garantista con los derechos de las minorías étnicas y la comunidad LGBTI.

A lo largo de su carrera académica ha trabajado en investigaciones junto a su esposo Francisco Gutiérrez Sanín, quien durante los diálogos de La Habana fue contratado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (por ejemplo, en el año 2013 recibió 107 millones de pesos por asesorías).

Ventajas:

• Utiliza el enfoque diferencial y el enfoque de género en sus trabajos académicos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado en materia de tierras.

Desventajas:

• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales ni de proyección de sentencias.
• No tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los Derechos Humanos.

Danilo Rojas Betancourth

Perfil: Abogado de la Universidad Libre con dos especializaciones en Derecho Administrativo e Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público. Es magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido magistrado del Consejo de Estado y director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Como magistrado del Consejo de Estado ha proferido sentencias a favor de la reparación de los integrantes de la Unión Patriótica y de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, en las que ha reconocido la responsabilidad del Estado colombiano por participación u omisión en prevenir la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Sus publicaciones académicas desde 1996 giran en torno al fenómeno de la violencia en Colombia, las graves violaciones de derechos humanos, la impunidad y el desplazamiento forzado.

Como socio fundador de Dejusticia participó en la exitosa demanda contra la reelección del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Mantiene una relación cercana con el miembro del Comité de Escogencia José Francisco Acuña, con quien trabajó en proyectos académicos en la Universidad Nacional.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas: 

• Tiene amistad con un integrante del Comité de Escogencia.
• Puede generar animadversión en algunos sectores políticos, económicos y sociales.

Mauricio Martínez Sánchez

Perfil: Abogado de la Universidad La Gran Colombia con dos doctorados en Derecho de la Universidad Complutense (España) y de Roma (Italia). Ha sido docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes.

Fue Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, donde, según su hoja de vida, investigó a funcionarios con fuero legal por violación de derechos humanos. Cuenta con una decena de publicaciones dirigidas al estudio de la Justicia penal y la justicia transicional, defendiendo una visión restaurativa y no punitivista en el pago de las penas para los máximos responsables.

Durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre fue nombrado consejero judicial en Alemania. En octubre de 2016, el periódico El Espectador informó que, durante los siete meses y 25 días que llevaba en Alemania, el desempeño de Martínez frente a esta “embajada de la Fiscalía” era pobre, pues solo había coordinado una conferencia con el reconocido académico Luigi Ferrajoli.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Combina la academia con la praxis judicial.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.

Desventajas:

• No ha utilizado el enfoque diferencial y de género en sus trabajos académicos o judiciales.
• Puede generar animadversión en algunos sectores políticos, económicos y sociales.

Ana Caterina Heyck Puyana

Perfil: Abogada y especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, magíster en Public International Law de la Universidad de Leiden y Doctora en estudios de paz, conflicto y democracia de la Universidad de Granada. Ha sido magistrada auxiliar del Consejo de Estado y directora de Asuntos Constitucionales y de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas de la Fiscalía General de la Nación.

Sus publicaciones abordan temas como la historia de los procesos de paz del Gobierno colombiano con diferentes estructuras armadas, y denota un conocimiento profundo sobre el tipo penal del secuestro en persona protegida.

Durante su paso por la Fiscalía participó en el caso que culminó en la condena de los paramilitares Mario Jaimes Mejía y Alejandro Cárdenas Orozco por el secuestro, la violación y la tortura de la periodista Jineth Bedoya. También denunció al exfiscal Rodrigo Aldana, hoy preso, por su renunecia a entregarle a la Fiscalía documentación relacionada con los procesos clave que adelantó en la Unidad de Extinción de Dominio, entre ellos los del exsenador Otto Bula. Coordinó el proceso de extradición a Estados Unidos del exparamilitar y exnarcotraficante Daniel Rendón Herrera y participó en la imputación de cargos contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por lavado de activos.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.

Desventajas:

• Podría generar animadversión en sectores políticos, económicos o sociales.

Elba Beatriz Silva Vargas

Perfil: Abogada de la Universidad Libre con especializaciones en Derecho Penal y Criminología. Cuenta con una maestría en Educación y con experiencia en docencia universitaria. Tiene 28 años de experiencia en la Fiscalía en los que se destaca su cargo como Directora de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz. Allí estuvo encargada de investigar los hechos delictivos cometidos por los postulados del Bloque Centauro y Héroes del Llano de las Autodefensas Unidas de Colombia (sobre los cuales existe a la fecha, una sola sentencia condenatoria).

Participó en las investigaciones contra el coronel retirado Héctor Alejandro Cabuya por nexos con paramilitares y contra el general retirado Mario Montoya, vinculado desde 2015 a procesos por “falsos positivos”.

Fue testigo propuesta por el Estado en el caso de la masacre de Pueblo Bello en la Corte IDH (sentencia del 31 de enero de 2006), con el fin de testificar los avances de las investigaciones que cursaban en la justicia colombiana.

En el 2002,  siendo directora de la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía fue cuestionada por, supuestamente, no proteger a varios fiscales que se encontraban en la mira de  paramilitares y que tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares.  

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.

Desventajas:

• La mala reputación y el bajo rendimiento de todo el Sistema de Justicia y Paz podría perjudicar sus aspiraciones.
• No tiene publicaciones académicas.

Martha Lucía Zamora

Perfil: Abogada de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fiscal delegada y procuradora ante la Corte Suprema de Justicia, secretaria general de la Alta Consejería para las Víctimas, fiscal general encargada y vicefiscal general.

Como procuradura rindió concepto ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la masacre de La Gabarra (Norte de Santander), en la que alegó la “inexistencia de seguridad pública” en la zona. Ya en la Fiscalía, adelantó la investigación sobre la masacre de Segovia (Antioquia), que culminó en la condena contra el exsenador César Pérez García.

En el ente acusador también investigó el llamado Proceso 8.000, contra el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998), el caso Dragacol, el caso de Luis Andrés Colmenares, el desplazamiento forzado de la hacienda Las Tulapas, los nexos del exalcalde de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez con grupos paramilitares y las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia en el caso de la presunta responsabilidad del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, absuelto por la Corte Suprema en 2015.

Ha realizado publicaciones para el Programa de Justicia de la Defensoría del Pueblo y para el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría sobre violaciones a los derechos humanos, protección de víctimas y testigos, y acciones civiles en delitos contra la administración pública.

Hizo parte del comité de la Fiscalía que asesoró al fiscal 38 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos para que ordenara la dentención del exdiputado del Valle Sigifredo López, acusándolo injustamente de participar en su propio secuestro y el de otros 11 diputados, cometido por las Farc en 2002. En junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a pagarle 602 millones de pesos a López por haberlo detenido y señalado falsamente de cooperar con la guerrilla en ese secuestro. Fue Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• Ha cometido errores que fueron costosos para el Estado o la sociedad colombiana (la condena al Estado por la captura injusta de Sigifredo López).
• Genera animadversión en un sector político.

María Luisa Rodríguez Peñaranda

Perfil: Abogada de la Universidad Externado, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional, magíster en Derecho Público y doctora en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Es afrodescendiente.

Ha sido docente de la Universidad Externado y de la Universidad Nacional de Colombia, en Derecho Constitucional y enfoques diferenciales de los derechos humanos. Sus publicaciones giran en torno al accionar político de las comunidades étnicas y poblaciones marginadas. También ha trabajado como asesora de la Procuraduría y de la Corporación Gustavo Matamoros, que acompaña a militares y policías afectados durante el conflicto.

Fue directora del Observatorio de Justicia Real (Onjure), que le hace seguimiento a sentencias sobre inclusión y no discriminación por razones políticas o de orientación sexual y de género. 

Como asesora en asuntos constitucionales del entonces procurador Alejandro Ordóñez proyectó un concepto en la defensa de los derechos fundamentales a la intimidad contra las interceptaciones de los organismos de seguridad, por el cual fue declarada insubsistente.

Ventajas:

• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Pertenece a una minoría étnica o religiosa.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales

Desventajas:

• No tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales y proyección de sentencias.

Alejandro Aponte Cardona

Perfil: Abogado y doctor en Derecho Penal. Tiene 20 años de experiencia en docencia, investigación académica y consultoría con instituciones como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), CITPax, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, la Procuraduría y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Ha publicado más de una docena de artículos y libros, en los que ha analizado delitos como el homicidio en persona protegida y el desplazamiento forzado desde el punto de vista del derecho penal internacional y el Derecho Internacional Humanitario. También ha publicado evaluaciones sobre el proceso penal especial de Justicia y Paz, donde destacó las audiencias de incidente de reparación como escenarios propicios para la reconciliación entre víctimas y victimarios.

Durante la administración del fiscal Eduardo Montealegre recibió tres contratos por $700 millones para participar en la reformulación del sistema de investigación penal de Justicia y Paz, que devino en la directiva 001 de 2012. Dicha directiva fue duramente cuestionada por abogados de víctimas y magistrados, que consideraron que la nueva estrategia de selección y priorización de casos de la Fiscalía lesionaba los derechos de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad, pues reducía las investigaciones al testimonio de los victimarios.

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado

Desventajas

• No ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales y proyección de sentencias.
• No tiende a utilizar el enfoque diferencial y de género en sus trabajos académicos.

Yesid Reyes Alvarado

Perfil: Abogado y Doctor en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Tiene 36 años de experiencia laboral en la academia, el litigio y la función pública.Fue ministro de Justicia del presidente Juan Manuel Santos entre agosto de 2014 y abril de 2016, cuando renunció para aspirar al cargo de Fiscal General.

Como ministro participó en las discusiones sobre el punto cinco del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las Farc. Se le considera, junto a Enrique Santiago, Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva y Juan Carlos Henao, como uno de los arquitectos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado en el acuerdo.

Sus decisiones como ministro y sus publicaciones académicas denotan que es un jurista liberal y proclive al cambio, especialmente en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Se le señala de haber participado en negocios de inmuebles con el controvertido exmagistrado Leonidas Bustos y de haber sido abogado bajo la sombra del parapolítico liberal Pedro Muvdi.

Ventajas

• Tiene fortaleza académica para discutir temas complejos como la responsabilidad de mando y el enjuiciamiento de terceros civiles.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas

• Podría generar animadversión en un sector político.
• Podría presentar conflictos de interés por haber participado directamente en la negociación y/o implementación del acuerdo de paz.

Eduardo Castellanos Roso

Perfil: Abogado de la Universidad Católica de Colombia con cuatro especializaciones en Ciencias Penales, Criminología, Derecho Constitucional y Derecho Financiero. Tiene más de 25 años de labor en la rama judicial.

Sus publicaciones académicas sostienen que el esclarecimiento de la verdad es el eje central de cualquier proceso de justicia transicional, y que los esfuerzos restauradores del daño causado a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, deben ir en sintonía con el derecho a la memoria.  

Como magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha proferido 10 sentencias que abordan temáticas distintas, tales como el reconocimiento del genocidio político de la Unión Patriótica, el exterminio del movimiento sindical en varias regiones, la paraeconomía en el Urabá antioqueño y el departamento de Magdalena, y los delitos de lesa humanidad cometidos contra las trabajadoras sexuales, las mujeres adolescentes y la comunidad LGBTI en el marco del conflicto. Sus fallos que tienen un trasfondo liberal han sido reseñados por el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Sin embargo, ha generado polémica con algunas de sus sentencias. Por ejemplo, cuando exhortó a la Fiscalía a investigar a los “herederos de la parapolítica” o cuando incomodó a sectores de izquierda al afirmar que las Autodefensas Unidas de Colombia no fueron una organización federalizada con un alto mando centralizado en la Casa Castaño.

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Combina la academia con la praxis judicial.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas

• El bajo rendimiento del sistema de Justicia y Paz podría perjudicar sus aspiraciones

Alexandra Valencia Molina

Perfil: Abogada de la Universidad Católica con dos especializaciones en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Tiene 20 años de experiencia en la Fiscalía y en la rama judicial.

Como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha proferido sentencias que hacen énfasis en la responsabilidad del Estado y de los empresarios en los crímenes perpetrados por los grupos paramilitares. También ha hecho alusión a la violencia sexual cometida en desarrollo del conflicto y al supuesto papel de los medios de comunicación en la legitimación social del fenómeno del paramilitarismo.

En 2016 ocupó por pocos meses el cargo de Directora de la Unidad de lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo de la Fiscalía, creada en virtud del acuerdo de paz con las Farc. Abandonó esa posición luego de que el triunfo del No en el plebiscito obligara a cambiar el procedimiento para la elección de la cabeza de esa unidad.

Ha generado animadversión en varias empresas colombianas, especialmente en Postobón, luego de que ordenara investigar a sus empleados por presunta financiación del paramilitarismo en Aguachica (Cesar). También ha compulsado copias para investigar al exvicepresidente Francisco Santos.

Es una de las magistradas de Justicia y Paz con menos sentencias proferidas (cinco en total) y con menos condenas a máximos comandantes (solo ha sentenciado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso).

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas .
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas

• Podría generar animadversión en un sector político, económico o social.
• El bajo rendimiento del sistema de Justicia y Paz podría perjudicar sus aspiraciones
• No tiene publicaciones académicas.

Uldi Teresa Jiménez López

Perfil: Abogada de la Universidad La Gran Colombia con dos especializaciones en Instituciones Jurídico Penales y Casación Penal. Tiene 30 años de servicio en la rama judicial.

Como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha proferido el mayor número de sentencias en esa jurisdicción (14 en total), condenando a máximos comandantes como Rodrigo Pérez Alzate, Ramón Isaza, Fredy Rendón Herrera y Juan Francisco Prada Márquez. En sus fallos ha hecho énfasis los delitos de violencia sexual y reclutamiento forzado. Es reconocida por haber ordenado investigar al exministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio por vínculos con el jefe paramilitar Ramón Isaza. Como consecuencia a ello, Valencia Cossio la demandó ante el Consejo Superior de la Judicatura, por presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas.

Académicos como Michael Reed han cuestionado algunos de sus fallos por “no presentar un análisis adecuado” en el tema del narcotráfico, teniendo en cuenta que reconocidos ‘narcos’ como Edwar Cobos Téllez, Rodrigo Pérez Alzate y Jorge Iván Laverde fueron condenados por ella en Justicia y Paz, en sentencias que, de acuerdo con el académico, no aportaron a la verdad sobre ese fenómeno delictivo.  

Ventajas

• Tiene experiencia acreditada en investigación o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas

• Podría animadversión en un sector político, económico o social (el uribismo)
• El bajo rendimiento del sistema de Justicia y Paz podría perjudicar sus aspiraciones
• No tiene publicaciones académicas.

Nota aclaratoria: una vez fue publicado este artículo, el académico Michael Reed se comunicó con VerdadAbierta.com para hacer una aclaración respecto de la manera cómo fue citado en este apartado. En aras de nuestra responsabilidad periodística ofrecemos disculpas al autor por la interpretación hecha a su texto Justicia transicional bajo fuego (2010), y procedemos a publicar el mensaje central de su solicitud y el texto citado de su autoría: “En ningún momento en el texto, opino de manera directa o personal sobre la magistrada.  El texto, en la sección por ustedes citada, se refiere a problemas legislativos que los jueces deben encarar.  Algunos magistrados del Tribunal de Justicia y paz, entre ellos la magistrada Jiménez, han sido quienes más han alertado sobre estos problemas; y, a través del ejercicio judicial, han intentado moldear la aplicación de una norma muy mal diseñada para proteger los derechos de las víctimas y el debido proceso, entre otros.  Además, las sentencias del Tribunal de Bogotá, incluso las dos que cito, han contribuido a hacer frente a una realidad que se quiso tapar durante la desmovilización de esos grupos armados:  la presencia del narcotráfico en el paramilitarismo”. (Descargar texto Justicia transicional bajo fuego)

María Mercedes López Mora

Perfil: Abogada, especialista en Derecho Penal y Criminología, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, y doctora en Derecho. Tiene más de 20 años de experiencia en la rama judicial y el ministerio público, como presidenta y magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, procuradora, personera, y analista jurídica y financiera para entidades bancarias.

Ha sido docente de la Universidad de Ibagué. Entre sus ponencias más destacadas, según el Consejo Superior de la Judicatura, se encuentran "Las reformas de los sistemas judiciales de América Latina" y "Jurisdicción competente para juzgar casos de violencia sexual en indígenas".

Como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura destapó el escándalo del “Carrusel  de pensiones”, en el que resultaron involucrados el magistrado Henry Villarraga, la jueza Stella Ramírez Vargas y el magistrado auxiliar Dagoberto Antonio Barros.

Según La Silla Vacía, tuvo vínculos con el exsenador y representante a la Cámara Gabriel Zapata Correa, el procesado exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el senador Álvaro Uribe Vélez.

Ventajas:

• Es versátil pues combina la academia con la praxis judicial.
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

 Desventajas:

• Podría generar animadversión en un sector político, económico o social.

Rodolfo Arango Rivadeneira

Perfil: Abogado, magíster en Filosofía, doctor en Derecho y posdoctor en Filosofía. Ha sido profesor de las universidades de Los Andes y Nacional de Colombia, consultor de la Presidencia en temas constitucionales y de derechos humanos, magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, y magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

Sus publicaciones académicas plantean reflexiones filosóficas acerca de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en contextos de transición.

Fue candidato al Senado por el Polo Democrático para las elecciones de 2014, en las que no resultó electo. En 2005 llegó a ese partido, en el que ya no milita, de la mano del fallecido jurista y académico Carlos Gaviria, de quien fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional. En 2016 fue ternado por el Consejo de Estado para reemplazar en la Corte al saliente magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, pero no resultó electo por el Congreso.

Como columnista de El Espectador ha defendido el proceso de paz con las Farc y ha cuestionado la oposición del Centro Democrático.  

Ventajas:

• Combina la academia con la praxis judicial.

Desventajas:

• Podría animadversión en un sector político, económico o social.
• No tiene experiencia en el manejo de audiencias judiciales y proyección de sentencias.

Rubén Darío Pinilla Cogollo

Perfil: Abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Tiene 37 años de experiencia en la rama judicial y el ministerio público. Ha sido profesor de las universidades Pontificia Bolivariana y de Medellín. Una de sus publicaciones académicas cuestiona la tesis que sostiene que el paramilitarismo en Colombia surgió por la ausencia o la debilidad del Estado. En contraste, afirmó que en donde había mayor presencia de la institucionalidad pública había proliferación de grupos de autodefensas.  

Como magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín profirió varias sentencias contra exjefes paramilitares. En sus fallos abordó las relaciones entre el paramilitarismo, los agentes estatales y el empresariado, así como la violencia sexual contra las mujeres en desarrollo del conflicto, el impacto de la guerra sobre las comunidades étnicas, la victimización de las organizaciones sociales y políticas de izquierda.

Es conocido por haber ordenado investigar al senador Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe por vínculos con paramilitares, así como por ordenarle al presidente Juan Manuel Santos perdir perdón a las víctimas y la sociedad por los crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, decisión que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.

Durante su paso por la Sala de Justicia y Paz, a la que renunció en junio de 2017, fue controvertido por la Corte Suprema, que revocó apartados completos de los fallos en los que afirmaba que el paramilitarismo fue una política estatal.

Ventajas:

• Tiene experiencia acreditada en investigación penal o juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
• Conoce el contexto y las dinámicas regionales del conflicto armado.
• Ha trabajado con organizaciones de víctimas.
• Combina la academia con la praxis judicial
• Utiliza el enfoque de género y diferencial en sus trabajos académicos o judiciales.

Desventajas:

• Podría generar animadversión en un sector político (el uribismo)
• El bajo rendimiento del sistema de Justicia y Paz podría perjudicar sus aspiraciones