Jesús Emilio Escobar Fernández, quien según expedientes judiciales era conocido como ‘El Ñoño’, hermano y testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar Fernández, abandonó la hacienda Las Pavas. Tras ello, 123 familias campesinas llegaron a cultivar las tierras con alimentos.

Los campesinos fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar, que tenían una base en el corregimiento Papayal, cerca de la hacienda.

Tras la desmovilización colectiva del Bloque Central Bolívar, en diciembre de 2005 bajo los acuerdos con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los campesinos intentaron retornar y comenzaron el proceso de reclamación del predio ante el antiguo Incoder, alegando “extinción de dominio por inexplotación económica”, que aplica para tierras que son abandonadas.

El Incoder aceptó comenzar el proceso de extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de los predios Las Pavas, Peñalosa y Si Dios quiere. Los campesinos denunciaron que Jesús Emilio Escobar apareció con un grupo armado sin identificar que los desplazó por segunda vez.

En la Notaría 9 de Barranquilla Jesús Emilio Escobar transfirió la propiedad de la hacienda a C.I. Tequendama S.A., filial del grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, con el 50 por ciento; y Aportes San Isidro S.A., de propiedad de José Ernesto Macías, con el otro 50 por ciento, que la sembraron con palma de aceite.

La tensión en Las Pavas se agudizó cuando los empresarios empezaron a reclamar la propiedad, solicitando a las autoridades desalojos policivos contra los campesinos.

El Incoder y el Ministerio de Ambiente advirtieron sobre los impactos que estaban generando los cultivos de palma de aceite. Asocab solicitó al Incoder comenzar un proceso de clarificación de propiedad sobre las otras 1.700 hectáreas, señalando que no existe un título que soporte que esos predios salieron de patrimonio del Estado.

Myriam Martínez Palomino, fiscal de Cartagena, archivó las diligencias de investigación por desplazamiento forzado tras considerar que en la zona de Las Pavas no había acaecido el fenómeno del paramilitarismo, el delito no había ocurrido y, por tanto, no existían víctimas en Las Pavas.

Los campesinos denunciaron que la empresa estaba intentando ‘fracturar’ a la comunidad (Lea: En las Pavas sí hay víctimas). La Corte Constitucional ordenó la reapertura del proceso de extinción y en medio del escándalo, la familia Dávila Abondano le vendió su 50 por ciento de las tierras a Aportes San Isidro S.A.

La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesora jurídicamente a la comunidad campesina, interpuso una tutela solicitando que una vez culminaran los procesos de extinción y clarificación, el entonces Incoder enviara las resoluciones al registro público para cancelar los títulos de propiedad.

La Unidad de Víctimas protegió a los parceleros tras el riesgo potenciado por la decisión de la fiscal de Cartagena y su difusión en prensa nacional y el Consejo de Estado comenzó la revisión de los dos procesos agrarios.

Además, Asocab recibió el Premio Nacional de Paz, que es otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el periódico El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, ProAntioquia, Alquería y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia.

En mayo, los campesinos denunciaron que los trabajadores de Aportes San Isidro les quemaron los cultivos, y que entre octubre y noviembre le ofrecieron a otro campesino firmar un contrato de arrendamiento de la tierra “para dejarlo tranquilo”. El labriego accedió a viajar a Barranquilla donde le indicaron lo que debía decir “en contra de Asocab” (Lea: Drama de la comunidad de Las Pavas no tiene fin).

En enero el entonces subgerente de Tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, propuso revocar los actos administrativos que declararon la extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de la hacienda.

Los parceleros denunciaron en la Fiscalía que en febrero dos trabajadores de Aportes San Isidro manipulaban un arma con mira telescópica en la casa principal de la hacienda, y que un día después tres campesinos fueron agredidos por otras tres personas, dos de las cuales eran desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En marzo fue quemado el rancho del campesino, que había viajado a Barranquilla a declarar en contra de Asocab. En noviembre fue capturado Jorge Eliécer Pérez alias ‘Rapidito’, señalado de haber instalado la base paramilitar desde donde al parecer se coordinada la expulsión de campesinos.

En mayo, el Consejo de Estado dictó medidas cautelares sobre el proceso de clarificación de la propiedad rural (1.700 hectáreas), ordenando a las partes intervinientes una prohibición general de “realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab”.

El 27 de enero la hacienda y algunos caminos veredales amanecieron empapelados con copias de las declaraciones que testigos clave rindieron ante la Fiscalía, donde cursa la investigación por el desplazamiento del que fue víctima la comunidad en 2003. Ese hecho fue interpretado como un acto intimidatorio contra la comunidad reclamante. (Lea: Las amenazas vuelven a Las Pavas)

En febrero, alias ‘Rapidito’ fue llamado a indagatoria y su representación judicial la asumió Juan René Ibarra Amaury, quien había sido dependiente judicial del abogado de confianza de Aportes San Isidro. La comunidad cuestionó por qué quienes han representado legalmente a la empresa están defendiendo a quienes son investigados por desplazarlos. (Lea: Proceso de tierras de Las Pavas, atrancado en el Consejo de Estado)

En septiembre, seis organizaciones sociales emitieron una acción urgente, advirtiendo que la empresa Aportes San Isidro desconoce las decisiones de órganos judiciales y administrativos sobre Las Pavas, atentando contra los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y llamaron la atención sobre el ingreso de 20 hombres a los predios y reanudaron los cultivos de palma de aceite sobre una parcela a la que ya había retornado una familia (Lea: Nueva alerta en Las Pavas, Bolívar). Este mismo mes el Consejo de Estado dictó medidas cautelares sobre el proceso de extinción de dominio (1.300 hectáreas), solicitando a la Agencia Nacional de Tierras cuidar y administrar los baldíos.

A finales de octubre, la Corte Constitucional falló a favor de una acción de tutela interpuesta desde 2013 por la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, ordenando a la Agencia Nacional de Tierras ser diligente en las notificaciones al registro público, sobre los procesos de extinción de dominio y clarificación de la propiedad.

En abril comenzaron las audiencias de juicio por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, contra seis personas acusadas por la Fiscalía de participar en la expulsión de los campesinos de Las Pavas. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018 la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cartagena decidió absolverlos y de paso, negó que en la hacienda hubiera ocurrido un desplazamiento. La Clínica Jurídica de la Univesidad Javeriana anunció que apelará la decisión.