Casos agrarios históricos sin resolver

Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó

Riosucio (Antioquia), y Turbo y Mutatá (Antioquia)

Extensión: 107.064 hectáreas
Comunidad: afrodescendiente, principalmente, y mestiza
Población: 3.057 personas
Historia: En 1995 cuando la comunidad solicitó al antiguo Incora la titulación de su territorio, los paramilitares los desplazaron. Aunque en 2000 el gobierno nacional les entregó el título colectivo, empresarios y ganaderos se apropiaron de miles de hectáreas, aprovechando los flujos de desplazamiento forzado al que estuvieron sometidas las comunidades. El territorio está protegido con medidas cautelares y es reclamado en restitución, pero los líderes denuncian que este proceso ha sido lento, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades.

Problemas: La Unidad de Restitución de Tierras (URT) realizó hace dos años la caracterización de las afectaciones que sufrió el consejo comunitario. Sin embargo, no ha radicado la demanda ante los jueces especializados, pues la Unidad insiste en que no puede haber “anulación” sino “suspensión” cuando la comunidad se refiere al título minero que se traslapa con el territorio. El consejo comunitario advierte que la demora atiza los conflictos, mientras los pobladores que retornaron viven en condiciones precarias.

Asociación del Comité de Desplazados de El Cucal (Asocucal)

María La Baja (Bolívar) y San Onofre (Sucre)

Extensión: 920 hectáreas
Comunidad: campesina
Población: 62 familias
Historia: En 1993 el antiguo Incoder le tituló el predio El Cucal a 62 familias de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). El 31 de diciembre de 1997, paramilitares asesinaron al líder campesino Máximo Ariza, razón por la cual la comunidad se desplazó. En sus intentos de retorno, algunas familias se vieron forzadas a ‘vender’ sus fincas y a firmar contratos de arrendamiento de hasta por 40 años, de manera que hoy 33 de los predios están sembrados con palma de aceite.

Problemas: Los líderes campesinos señalan que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha fragmentado su reclamación, pues no aceptó todas las reclamaciones de los predios en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas. La URT argumenta que para ello debe aumentar el “área microfocalizada”, es decir, la zona donde cuentan con un aval de seguridad para intervenir. Las familias advierten que los cultivos de palma han afectado las propiedades de la tierra y la calidad del agua del arroyo El Cucal.

Consejo Comunitario Eladio Ariza

San Jacinto, Bolívar

Extensión: 1.818 hectáreas
Comunidad: afrodescendiente
Población: 355 personas
Historia: Aunque el gobierno nacional reconoció en 2008 la constitución del consejo comunitario, hasta la fecha carecen de un título colectivo, cuya solicitud data de hace siete años. A la comunidad le preocupa que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no encuentre los archivos de su proceso y están a la expectativa de que un juez les dé la razón, pues una vez los paramilitares los desplazaron en 1999, su territorio y fuentes hídricas fueron afectados con cultivos de palma y piña.

Problemas: El 70 por ciento de la comunidad vive en condiciones de desplazamiento en los cascos urbanos de municipios cercanos. Los líderes del consejo comunitario aseguran que, tras el desplazamiento causado por los paramilitares, vinieron las compras masivas de tierras y sus predios son explotados por monocultivos. La comunidad señala que los empresarios se apropiaron además del distrito de riego público, que incluye a los embalses Matuya y El Playón, talaron árboles y sedimentaron los playones.
Links relacionados: En Montes de María, comunidad afro le apostó a restitución étnica.

Asociación Campesina de la vereda de Montecristo (Asocristo)

San Juan Nepomuceno y María La Baja, Bolívar

Extensión: 432 hectáreas
Comunidad: campesinos
Población: 39 familias
Historia: en 1992 el antiguo Incora tituló el predio a 18 familias campesinas en la finca El Pedregal para cultivar alimentos. Sin embargo, en 1997 los paramilitares los desplazaron y cuando la comunidad intentó retornar en 2002 y 2003, la violencia recrudeció, por lo que volvieron a abandonar la finca. Con apoyo de la Iglesia Católica y la cooperación alemenana lograron construir 28 casas rurales en 2006, pero no cuentan con los recursos económicos para hacer productivas sus tierras.

Problemas: Para la comunidad, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha hecho un trabajo integral de sus reclamaciones, fragmentando el proceso. De las 14 familias que solicitaron la inscripción de sus predios, tres tienen sentencia; cuatro casos están en demanda ante un tribunal; cinco ya cuentan con decisión de fondo de inscripción en el registro; una familia desistió; y otro predio más está en análisis previo. El retorno de la comunidad ha sido en condiciones precarias y sin proyectos productivos.

Asociación de Campesinas y Campesinos Afrocolombianos (Asocaafro)

María La Baja, Bolívar

Extensión: 600 hectáreas
Comunidad: campesinos
Población: 41 familias
Historia: Desde 1994 los campesinos comenzaron a cultivar la antigua finca La Candelaria, pero desde ese mismo año comenzaron a ser amenazados por las Farc y unos cinco años más tarde por paramilitares, quedando en medio del fuego cruzado. En 2004, un hombre llegó al predio y les informó que ya no les pertenecía porque un empresario las había arrendado para cultivar palma de aceite. En 2016 la Unidad de Restitución de Tierras (URT) rechazó la inscripción de la reclamación.

Problemas: Los campesinos han tratado de sobrevivir en un predio de reserva, colindante a la finca, pero advierten que están en riesgo por las constantes amenazas y un desalojo policivo realizado en 2015. La comunidad indica que el empresario palmicultor se apropió del distrito de riego público y que la URT no ha sido diligente en documentar su caso. El Estado no ha querido reconocerles su condición de poseedores, pese a que cultivaron la tierra durante 10 años.

Consejo Comunitario de Santo Madero

San Jacinto, Bolívar

Extensión: 675 hectáreas
Comunidad: afrodescendiente
Población: 519 personas
Historia: Aunque fueron reconocidos como consejo comunitario desde noviembre de 2008, carecen aún del título colectivo. Al igual que la comunidad de Eladio Ariza, desde hace siete años realizan esa gestión sin lograr respuesta del Estado. En 1999 los paramilitares desplazaron al 98 por ciento de sus habitantes, quienes se trasladaron a Barranquilla, Cartagena y Zona Bananera, Magdalena. Aunque en 2008 retornaron y solicitaron la restitución de su territorio, este aún sigue pendiente.

Problemas: La comunidad vive en condiciones de vulnerabilidad porque aún su territorio no cuenta con la protección que le brinda un título colectivo. Aunque reclamaron ante la URT, en la actualidad la solicitud de incripción en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas está en estudio preliminar. Una investigación realizada por la Universidad Nacional encontró que sobre este territorio se traslapan 21 títulos mineros.

Comunidad del predio Chimborazo

Zona Bananera, Magdalena

Extensión: 670 hectáreas
Comunidad: 112 familias
Población: campesina
Historia: La comunidad campesina ha trabajado históricamente las tierras sin que el Estado les reconozca su titularidad. Lo hicieron de forma reiterada al antiguo Incora e Incoder, y esperan ahora una respuesta de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “La estrategia fue que hiciéramos productivas las tierras para luego despojárnoslas”, asegura un líder, refiriéndose al desplazamiento, los abusos sexuales y el confinamiento perpetrados por paramilitares desde 1999.

Problemas:Aunque el caso fue presentado en demanda de restitución desde 2015, el proceso sigue en estudio en el Tribunal Especializado de Restitución de Cartagena. Los campesinos esperan que la Unidad de Víctimas realice un proceso de reparación colectiva, teniendo en cuenta los daños psicológicos que dejó la guerra. Es una población 70 por ciento analfabeta, que clama acceso a educación, así como recursos económicos y proyectos productivos.

Comunidad de Salaminita

Pivijay, Magdalena

Extensión: 615 hectáreas
Comunidad: 54 familias
Población: campesina
Historia: Desde los años 80, la comunidad ha sobrevivido a la violencia. En 1984, por lo menos 150 uniformados del Ejército y 40 personas vestidas de civil llegaron a Salaminita a desterrarlos. Finalizando esa década y durante la siguiente, las Farc y el Eln siguieron amenazándolos, y en 1999 los paramilitares borraron el pueblo con un buldócer. El proceso de restitución ha sido fragmentado, pues solo ha habido una sentencia colectiva para el casco urbano.

Problemas: Aunque ya fueron restituidas 38 familias reclamantes del centro poblado, las entidades estatales no han sido diligentes con el cumplimiento de las medidas de reparación. El viceministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) realizaron un acto público, entregándoles una “llave” simbólica por 1.600 millones de pesos para reconstruir el pueblo. Luego las instituciones se retractaron, informando que esta no era su competencia. El proceso de restitución del Salaminita rural sigue pendiente.
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Comunidad de Diana María

Zona Bananera, Magdalena

Comunidad: 53 familias
Población: campesina
Historia: Los campesinos trabajan la finca desde finales de los años sesenta con permiso de su antigua propietaria, quien decidió entregárselas en los años noventa por no poderles pagar las prestaciones sociales de varios años de trabajo. En 2001 los paramilitares asesinaron a dos parceleros y provocaron su desplazamiento masivo. Al poco tiempo, un hermano de la antigua propietaria buscó a los campesinos para que le firmaran una cesión de derechos laborales. La comunidad asegura que firmaron bajo presión.

Problemas: La comunidad carece de títulos de propiedad pese a los años que han cultivado las tierras. Su reclamación fue documentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) desde 2013, pero el caso sólo fue admitido por un juez especializado en julio de 2016 y está a la espera de un fallo. Los reclamantes son mayoritariamente adultos mayores, de un promedio de 60 años de edad, que aspiran a contar con apoyo económico y proyectos productivos para trabajar las tierras.
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Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab)

Isla de Papayal, El Peñón, Bolívar

Extensión: 3.000 hectáreas
Comunidad: campesina
Población: 123 familias
Historia: Aunque desde hace 10 años los campesinos cultivan las tierras con yuca y plátano, no han podido acceder a los títulos de propiedad por la oposición de una empresa palmicultora, que alega tener la propiedad formal. Las familias fueron desplazadas dos veces por paramilitares, y sufrido la quema de sus cultivos así como desalojos. La tensión aumentó a principios de 2017 cuando los caminos veredales aparecieron empapelados con las declaraciones que los parceleros rindieron en la Fiscalía.

Problemas: La reclamación de las 3 mil hectáreas es estudiada por el Consejo de Estado, porque el Incoder ya había resuelto los procesos agrarios de extinción de dominio y clarificación de la propiedad, a los cuales la empresa se opuso. Por decisión de la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Tierras debe inscribir esos procesos en el registro público pese a que la Consejo esté pendiente de pronunciarse. Los campesinos claman diligencia en la titulación de las tierras para seguir trabajándolas.
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