Gonzalo Sánchez

Es colombiano. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Nacional, magíster en Ciencia Política con especialidad en América Latina del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Essex de Inglaterra y doctor en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Desde 2012 es el director de Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), periodo en el cual la entidad ha realizado y difundido 105 estudios regionales, temáticos, de modalidades y actores sobre la dinámica del conflicto armado desde una perspectiva de trabajo participativo con las víctimas.

Fue coordinador del Grupo de Trabajo Memoria Histórica (2007- 2010), donde dirigió la realización de 22 informes sobre memoria y conflicto, así como el informe "Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación". Bajo su dirección el país conoció el informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, que reveló la magnitud y degradación que dejaron los más de 50 años de confrontación armada que ha vivido el país, sus impactos y consecuencias para la población civil. Así mismo fue director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, de donde también fue profesor de cátedra.

Ha publicado más de 30 libros, capítulos de libros y artículos de revistas indexadas, en su mayoría rescatando los procesos organizativos de las víctimas y la construcción de memoria como herramienta para la superación del daño causado por la guerra. Fue postulado a la Comisión por distintas organizaciones sociales y entidades de corte nacional como CODHES, la Corporación Opción Legal, el Colectivo de Comunicaciones San Basilio de Palenque y el Comité de Víctimas de Bojayá, entre otros.

Ivonne Suárez

Es colombiana. Historiadora de la Universidad de Antioquia, magíster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Franche-Comté de Francia, doctora en Historia de esa misma universidad y posdoctora de la Universidad de Toulouse II-Le Mirail, también francesa. Es especialista en archivística certificada por los ministerios de Cultura de España y de Francia. Ha sido profesora de las universidades francesas de Franche-Comté, Marc Bloch y Académie de Strasbourg, en las cátedras de Historia y Civilización Latinoamericana, Metodología de la Investigación, Historia, Geografía y Economía.

Desde 2004 es profesora de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en las cátedras de Historia de Colombia y de América Latina, Metodología y Archivística. Es la directora del Proyecto Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Amovi-UIS), que recopila testimonios de víctimas del conflicto armado en Santander. Desde allí ha trabajado en investigaciones sobre desplazamiento forzado, el "exterminio" del movimiento político Unión Nacional de Oposición (UNO), la manera como el conflicto armado ha afectado a la UIS y el análisis local del conflicto en las provincias santandereanas Comunera, Guanentá y Carare Opón, así como en el municipio de Suratá. Ha sido miembro del Comité Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior.

Ha publicado tres libros monográficos y un artículo de revista indexada sobre relatos de víctimas del desplazamiento forzado, masacres en Santander y construcción de memoria. En el libro "Voces contra el silencio, memoria contra el olvido", escrito en coautoría, declaró que la verdad es la "única base sólida de la justicia, la reparación integral, una reconciliación que posibilite el proceso de sanación, tanto individual como colectiva, y una paz estable y duradera". Agregó que "recuperar la verdad y vencer al olvido y el miedo es una tarea fundamental que permitirá romper con la memoria oficial, caracterizada por el silenciamiento de los hechos y el encubrimiento de los victimarios". Ha declarado que los ejercicios de memoria deben hacerse desde las víctimas y tener un efecto transformador en la sociedad.

En abril de 2017, como directora del Amovi, impulsó la creación del Sendero de Conciencia, Verdad y Memoria de las Víctimas, que rinde homenaje a los estudiantes, profesores trabajadores sindicalizados y egresados de la UIS asesinados durante el conflicto. En marzo de este año, junto a la corporación Reiniciar, realizó un ejercicio pedagógico de simulación sobre la Comisión de la Verdad con militantes de la Unión Patriótica victimizados en el Magdalena Medio. Actualmente es integrante de la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que funciona en el Magdalena Medio, y hace parte de la Comisión de Paz de la UIS. Ha sido amenazada por grupos paramilitares.

María Patricia Tobón Yagarí

Es colombiana, integrante del pueblo Emberá. Abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Desde 2013 trabaja con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la que ha documentado violaciones a los derechos humanos, asesorado legalmente a comunidades victimizadas, contribuido al fortalecimiento de los procesos de consulta previa y de protección de derechos territoriales, elaborado propuestas para la redacción del Capítulo Étnico incluido en los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Farc, y asesorado la estrategia de incidencia jurídica y política de la organización en la implementación normativa del acuerdo vía 'fast track'.

También ha trabajado como asesora de la Asociación de Cabildos Indígenas de Chocó (Orewa), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar) y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes) en acciones de litigio y seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas, los decretos leyes étnicos y los autos de la Corte Constitucional que protegen los derechos de pueblos indígenas. En 2013 representó a la ONIC en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los indígenas en Colombia, en la que denunció judicializaciones injustas y desplazamientos forzados asociados al desarrollo de las industrias extractivas y al despojo de tierras.

Ha trabajado en la elaboración de cuatro libros sobre seguimiento a medidas legislativas para pueblos indígenas, reparación étnica, crisis humanitaria del pueblo embera y suicidio de adolescentes indígenas. Fue postulada a la Comisión por la ONIC.

Inés Uprimmny

Es colombiana. Abogada de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Universidad de Lund, Suecia. Actualmente es asesora de derechos humanos de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se desempeña como responsable del tema de justicia transicional en El Salvador. En ese país asesora a la Fiscalía General, y coordina y diseña la formación en derechos humanos, justicia transicional y derechos de las víctimas de los fiscales encargados de investigar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH ocurridas con ocasión del conflicto armado.

De 2010 a 2014 trabajó como coordinadora de la Unidad de Promoción y Participación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí tuvo a cargo el desarrollo de actividades relacionadas con los derechos de las víctimas, restitución de tierras, derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, derechos económicos sociales y culturales, defensores y defensoras de derechos humanos, empresas y derechos humanos, educación en derechos humanos y la construcción participativa de una política pública de DD.HH. Años atrás (2006-2010), desempeñó la misma tarea, para la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, teniendo como punto focal el derecho de los pueblos indígenas y el enfoque de género.

Fue abogada ante la Naciones Unidas de la Comisión Colombiana de Juristas, donde representó a la entidad realizando intervenciones orales y escritas sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia, con énfasis en enfoques diferenciales. Ha escrito cuatro libros, participó en la redacción de un capítulo del libro “Políticas públicas para un Estado social de derechos” y tiene tres artículos en una revista indexada. Fue postulada a la Comisión por parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Alejandro Valencia Villa

Es colombiano. Abogado de la Universidad de los Andes. Ha asesorado el diseño de las comisiones de la verdad de Bolivia y Ecuador. Entre 1997 y 1998 integró la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, como jefe del equipo de investigación de los actores del conflicto y parte del equipo de redacción del informe final de la Comisión. Entre 2010 y 2013 asesoró a la Ruta Pacífica de las Mujeres en la elaboración y difusión de los dos tomos de informe producto de la Comisión de la Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas.

Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos jurídicos por solicitud de las víctimas y de la Comisión Interamericana (CIDH) en los casos del asesinato del ganadero Noel Emiro Omeara (caso contra Colombia), la desaparición forzada del comerciante peruano Jorge Vásquez (caso contra Ecuador), la desaparición forzada de 15 personas de la comunidad campesina de Santa Bárbara (caso contra Perú), el homicidio por fuera de combate del guerrillero del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru Eduardo Cruz (caso contra Perú), la masacre de Santo Domingo (Caso contra Colombia) y la desaparición forzada de 26 personas reseñadas en el Diario Militar de Guatemala (caso contra Guatemala).

Entre 2015 y 2016 hizo parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que delegó la CIDH para indagar por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en México. El Grupo elaboró dos informes, en los que consignó hallazgos sobre el caso, describió los hechos violentos y los impactos sobre las víctimas indirectas e hizo recomendaciones en materia de investigación penal, búsqueda de desaparecidos y atención a las víctimas.

Ha sido investigador y consultor de Naciones Unidas, la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (hoy Comisión Colombiana de Juristas), el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá y la Defensoría del Pueblo del Paraguay, en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, justicia transicional y comisiones de la verdad. Es autor, editor y compilador de al menos 20 libros sobre DIH y DD.HH. Fue postulado a la Comisión por la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y más de un centenar de organizaciones sociales de distintas corrientes ideológicas.

Jesús Alfonso Flórez

Es colombiano. Teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología de la Universidad de Paris 8, doctor en Antropología de esa misma institución y posdoctor en Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Entre 1989 y 2005 trabajó como presbítero de la Diócesis de Quibdó, Chocó, donde acompañó a las organizaciones étnicas del departamento en la defensa de los derechos al territorio, la educación y la salud con enfoque étnico, y de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.

Entre 1999 y 2001 se desempeñó como coordinador en Colombia de la Fundación Mundubat, de Bilbao, España, que brinda asistencia humanitaria y formación en derechos humanos a víctimas del conflicto en el Chocó. Desde 2006 hasta 2013 trabajó en la Fundación Universitaria Claretiana como decano, vicerrector académico y rector, tiempo durante el cual lideró investigaciones sobre víctimas y pueblos indígenas y se desempeñó como consultor técnico del informe "Bojayá. La guerra sin límites", del Centro Nacional de Memoria Histórica. El informe reconstruye los hechos de la masacre de Bojayá, da cuenta de los impactos sobre la población civil, hace una radiografía de los procesos de justicia y reparación, y presenta recomendaciones en materia de reparación integral.

En 2013 presentó peritazgo antropológico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por solicitud de las víctimas en el caso de Operación Génesis, por la que fue condenado el Estado colombiano en noviembre de ese año. Desde abril de 2013 a la fecha es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, donde ha realizado dos investigaciones sobre violencia urbana en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

Como representante académico integró la comisión de testigos que acompañó a las víctimas de Bojayá en el proceso de reconocimiento de responsabilidad que las Farc efectuaron por la masacre, en diciembre de 2015. Acompañó a las organizaciones étnicas y de víctimas del Chocó en el proceso de elaboración de la propuesta de acuerdo humanitario para el departamento que fue presentada con su acompañamiento en la mesa de diálogos entre el gobierno y el Eln en agosto de 2017.

Ha escrito tres libros, cuatro capítulos de libro y cuatro artículos de revista sobre desplazamiento forzado, autonomía indígena, territorialidad étnica y construcción de paz. Fue postulado a la Comisión por organizaciones étnicas y de víctimas.

Margarita Zuluaga

Es colombiana. Abogada, especialista en Derecho Internacional Humanitario, Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un Diplomado en DIH y DDHH de la Universidad Nueva Granada y diversos seminarios de derechos humanos, lavado de activos y justicia transicional.

Actualmente es la Fiscal 16 Especializada de Bogotá, cargo en el que adelanta investigaciones a exintegrantes de los grupos paramilitares y otras estructuras al margen de la ley por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento, secuestro y homicidio agravado en personas protegida. Ha puesto especial énfasis en adelantar procesos contra los financiadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por el delito de concierto para delinquir.

Durante 23 años (1985-2008) estuvo vinculada al Ministerio de Defensa, donde ocupó distintos cargos, entre ellos magistrada del Tribunal Superior Militar, donde elaboró sentencias y asesoró al entonces Comandante General de las Fuerzas Militares y a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar para implementar políticas encaminadas a reducir los índices de criminalidad.

Participó en la redacción de dos capítulos del libro: “Epitafio de los Inocentes” tomo I y II, un texto sobre homicidios y secuestros en persona protegida, publicado en 1998 por la editorial Imprenta y Publicaciones FFMM.

Germán Rey

Es colombiano. Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Cultura en investigaciones relacionadas con comunicación, gestión cultural, cultura e industrias culturales. En 2009 coordinó y editó el Manual de Políticas Culturales para el Ministerio. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad de Los Andes y Universidad Tecnológica de Bolívar.
 
De 2010 a 2015 fue director del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, donde dirigió proyectos académicos y tecnológicos. Fue director de Investigaciones de Cenpro Televisión (1985-1989), periodo en el cual realizó series y programas de televisión y prestó apoyo al programa estatal de televisión abierta y a distancia. De igual manera fue asesor cultural Convenio Andrés Bello durante tres años.
 
En 2012 se desempeñó como relator y coordinador del informe “La Palabra y el Silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)”, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La investigación explica el fenómeno de la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa desde 1977 hasta 2015, periodo en el cual fueron asesinados 152 periodistas en desarrollo de su oficio, a través de un recorrido de sus dinámicas, implicaciones y daños colectivos.
 
Ha publicado más de 15 libros en relación a la cultura, el periodismo y los medios de comunicación. Entre ellos, “Calidad Informativa y cubrimiento del conflicto”, realizado por el proyecto Antonio Nariño, donde investigó la manera en la que los principales diarios del país cubrían el conflicto.

Fue postulado a la Comisión por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

Ana Teresa Bernal

Es colombiana. Fue fundadora y presidenta de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz). Como dirigente de la Red fue delegada por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) para integrar el Comité Temático Nacional, organismo que tenía la tarea de escuchar las propuestas de la sociedad civil para nutrir la discusión de la agenda acordada por el Ejecutivo y la guerrilla de las Farc para los fallidos diálogos de paz de San Vicente del Caguán, Caquetá. Además, integró el Comité Operativo Preparatorio de la Convención Nacional pactado entre la insurgencia del Eln y la sociedad civil en el Acuerdo de Puerta del Cielo, en 1998.

Como presidenta de Redepaz fue designada por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para integrar la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, entidad creada por la Ley de Justicia y Paz para adelantar procesos de reconstrucción de memoria sobre actores armados ilegales, impulsar procesos de reparación a las víctimas y hacer seguimiento a la reincorporación de las distintas estructuras paramilitares que se desmovilizaron entre 2004 y 2006. Mientras estuvo en la Comisión, la entidad produjo los informes de memoria histórica sobre las masacres de Trujillo, El Salado, Bojayá, Bahía Portete, El Tigre, Segovia y Remedios, así como informes sobre despojo de tierras, violencia contra las mujeres y desplazamiento forzado.

En 2012 fue nombrada por el entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro como alta consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en la que tuvo las tareas de suministrar atención humanitaria y asistencia legal a las víctimas. La gestión le valió alta calificación durante tres años consecutivos a Bogotá en el proceso de certificación territorial expedido por la Unidad para las Víctimas.

Pocos meses después de llegar a la Alcaldía, la Contraloría de Bogotá cuestionó su nombramiento por no ostentar títulos académicos. De ahí que, en 2015, se graduara como administradora de mercadeo de la Fundación Universitaria del Área Andina. En 2016 se unió con líderes de izquierda como Clara López y Gloria Flórez, formadas en el Polo Democrático; Patricia Ariza, de Marcha Patriótica; y Aída Abella, de la Unión Patriótica, para impulsar una coalición ciudadana llamada “Un millón de mujeres de paz”, que respaldó el 'sí' en el plebiscito con el que el gobierno nacional pretendía refrendar los acuerdos de La Habana.

Alejandro Castillejo Cuéllar

Es colombiano. Doctor en Antropología del New School for Social Research, de Nueva York. Desde hace dos décadas ha trabajado con organizaciones de víctimas en Perú, Colombia y Sudáfrica. Su trabajo académico e investigativo se ha concentrado en las comisiones de la verdad. En 2001 fue observador internacional, por parte del Institute for Justice and Reconciliation, de la Comisión de la Verdad en Perú.
 
Desde 2001 hasta 2004, siendo codirector del área de investigaciones e investigador del Centro para la Paz y la Memoria de Sudáfrica analizó el archivo de la Comisión de la Verdad de ese país, publicando el libro “Los archivos del dolor: ensayos sobre la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea”. El texto evalúa el impacto de la Comisión entre víctimas de tortura, mujeres y excombatientes del Congreso Nacional Africano.

En Colombia se desempeñó como consultor del desaparecido Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Allí participó en el proyecto de investigación “Una perspectiva etnográfica y jurídica al proceso de Justicia y Paz en Colombia”, financiado, en 2012, por la Fundación Open Society Foundations.

Actualmente es profesor asociado y director del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones de la Universidad de Los Andes y trabaja en la redacción del libro “La vida sensible de la desaparición en Colombia”. En su más reciente columna de opinión, publicada en La Silla Vacía, aseguró que la Comisión de la Verdad colombiana deberá trabajar por "la dignificación de todas las víctimas del conflicto, de donde vengan, a la vez que debe realizar un balance entre el relato de la persona y el mandato de esclarecimiento que tiene. Esto con el propósito de crear una narrativa histórica mínimamente colectiva e integradora”.

Marc Chernick

Es estadounidense. Magíster en Filosofía y en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones de la Universidad de Columbia y doctor en Ciencia Política de esa misma institución. Desde 1996 es profesor de la Universidad de Georgetown, en la que ha dictado cátedras sobre resolución de conflictos, derechos humanos, procesos de paz en América Latina y política y violencia en Colombia. En ese mismo centro educativo ha fungido como director del Centro de Estudios Latinoamericanos y fundador-director del Programa de Resolución de Conflictos y Derechos Humanos, que funciona en asocio con la Universidad de Los Andes.

En su libro "Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano" (2012) concluyó que la guerra entre el gobierno y las Farc no podría resolverse por la vía militar y que era necesario apostar por una nueva negociación política, como en efecto acordaron las partes ese año. El texto también aborda el problema del narcotráfico en Colombia, sobre el que concluye está asociado al "fracaso de las políticas de desarrollo". Frente a la relación entre el narcotráfico y el conflicto, dijo que el primero no era causa del segundo, sino una condición que lo había exacerbado y le había permitido a las Farc aumentar "el reclutamiento, las acciones armadas, la movilidad geográfica, la capacidad militar y la preparación tecnológica".

Entre 1998 y 2017 ha escrito cuatro artículos y once libros sobre Colombia relacionados con conflicto armado, historia de las Farc, procesos de paz, violencia e injusticia y participación de la comunidad internacional en los diálogos. Ha calificado el acuerdo final que firmaron el gobierno y las Farc como el "mejor acuerdo posible" y, para el caso colombiano, ha señalado que la justicia restaurativa también es una forma de conjurar la impunidad. En Estados Unidos, el sector académico lo considera uno de los mayores expertos sobre Colombia.

Francisco de Roux

Es colombiano. Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía del Desarrollo de la Universidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne). Es uno de los defensores de derechos humanos con mayor reconocimiento a nivel nacional. En 1995, cuando el conflicto armado recrudecía y siendo director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, bajo el principio ético “Primero la vida”. Durante los años que representó al Programa abanderó proyectos socioeconómicos para el desarrollo de la vida campesina en distintos lugares del país y promovió la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

Entre 2008 y 2014 asumió la representación de la Compañía de Jesús en Colombia, fungiendo como mediador entre las comunidades, los actores armados y el gobierno nacional. El caso más reciente de esa mediación fue el papel clave que jugó en la reunión adelantada entre exjefes paramilitares e integrantes del Secretariado de las extintas Farc en Bogotá el 19 de julio de 2017, en el que las partes hablaron sobre la necesidad de construir una verdad integradora.

Actualmente es director ejecutivo del Centro de Fe y Culturas, desde donde continúa acompañando los procesos con las guerrillas. En sus escritos ha sido reiterativo en advertir que el Eln debe transitar con urgencia el camino del debate social y político sin fusiles, así como que la guerra colombiana se degradó al punto de contribuir a la estigmatización y la persecución de la izquierda democrática.

Ricardo Esquivel

Es colombiano. Filósofo de la Universidad de La Salle, magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de las universidades Pontificia Universidad Javeriana y Externado de Colombia en las cátedras de Historia de Colombia y Latinoamérica, Investigación en Ciencias Sociales y Desarrollo Económico.

Desde 2004 se ha dedicado a la docencia y la investigación sobre la historia de las Fuerzas Militares de Colombia en la Escuela Superior de Guerra y en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Ha publicado nueve artículos y siete capítulos de libros sobre el papel de la FAC en el conflicto colombiano, instrucción militar, operaciones militares y política exterior, buena parte de ellos publicados por la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, la Escuela Superior de Guerra y la FAC.

En su artículo "La Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado" (2016) aseguró que la serie de bombardeos que emprendió la FAC desde 1998 contra las Farc da cuenta de una "victoria estratégica" de esa fuerza. Señaló, además, que la FAC se comprometió con la defensa de los derechos humanos y el DIH adelantando 26 investigaciones disciplinarias entre 2003 y 2011. En el libro "Fuerza Aérea Colombiana y operaciones decisivas" también sostuvo que la FAC jugó un papel fundamental para "acercar el cese del conflicto armado en Colombia", particularmente con la operación Odiseo (2011), en la que resultó muerto el máximo comandante de las Farc, ‘Alfonso Cano’. Comparte la tesis de que esa guerrilla negoció la paz con el gobierno gracias al éxito operacional de las Fuerzas Militares (FF.MM.).

Opina que en los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, producto de la negociación de La Habana, "primó un discurso equiparando a las Fuerzas Militares, institución legítima, con los actores armados ilegales; generalizando fallos individuales cual directrices institucionales; desconociendo el aporte de las FF.MM. al desarrollo del estado-nación". Una postura que predomina en las FF.MM., desde donde también han cuestionado el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el que el Ministerio de Defensa consiguió asiento en marzo de 2017.

Gustavo Gallón

Es colombiano. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estudios a Profundidad en Ciencia Política, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y docente visitante de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. También se ha desempeñado como representante de víctimas ante tribunales nacionales y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es integrante del Consejo Directivo del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en Washington.

Desde 1988 es director de la Comisión Colombiana de Juristas, donde ha trabajado en la construcción de varios informes sobre derechos humanos y ha realizado litigio e incidencia nacional e internacional en países como Haití y Guinea Ecuatorial. Fue investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde fundó y dirigió la revista Cien Días vistos por Cinep, que analiza la coyuntura política y recopila presuntas violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Fue elegido por la ONU como representante de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial en el periodo 1999-2002 y para Haití en el periodo 2013-2017, desarrollando análisis y veeduría sobre la situación de derechos humanos.

Cuenta con más de 30 publicaciones que abarcan temas sobre derechos humanos, ciencia política, gobierno y relaciones Internacionales y justicia transicional. Para el caso colombiano escribió en coautoría el libro “Desafiando la Intransigencia”, que aborda en 511 páginas el fenómeno de la desaparición forzada.

En 1989 recibió el premio internacional de Human Rights Watch a defensores de derechos humanos.

Arsenio García Cores

Es español. Abogado de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia de la Teoría Feminista de esa misma universidad, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III y magíster en Abogacía del Centro de Estudios Financieros de Madrid. Desde 2001 ha trabajado en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como abogado y responsable del servicio jurídico para exiliados, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios y excombatientes colombianos.

Desde 2009 es coordinador del Área Jurídica de la Asociación de Mujeres de Guatemala, integrada por guatemaltecas exiliadas en España que buscan apoyo internacional para juzgar graves violaciones a los derechos humanos en su país y en otras naciones de Latinoamérica.

En 2014 participó a nombre de la organización no gubernamental guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo como perito de la credibilidad de los testimonios de las víctimas en el caso Sepur Zarco, en desarrollo del proceso penal por el que fueron condenados el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig y el teniente coronel retirado Estelmer Reyes Girón por los delitos de violencia sexual, homicidio, desaparición forzada y tratos degradantes contra varios indígenas de ese país durante el gobierno militar de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

En su peritazgo, García constató la veracidad de los testimonios y aseguró que el ejército de Guatemala reprimió a los indígenas q'ueqchi'es "en cumplimiento de los deseos de los propietarios de la tierra o el capital, que se presume experimentaban temores respecto a las acciones de organización social y reclamo del derecho de propiedad de la tierra de parte de los campesinos de la comunidad de Sepur Zarco”. En el fallo, los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Guatemala dejaron constancia de que es "evidente para los juzgadores la capacidad y experiencia profesional del perito". En 2016 realizó un peritaje similar para el Ministerio Público de Guatemala en el caso de la masacre de Plan Sánchez.

Fue postulado a la Comisión por el Foro Internacional de Víctimas y por la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas de España, que apoyaron el 'sí' en el plebiscito y respaldan los diálogos de paz entre el gobierno y el Eln.

Eduardo González

Es Peruano. Magister en Sociología, licenciado en Sociología de la Pontifìcia Universidad Católica del Perú y magíster en Política y Ciencias Sociales del  New School for Social Research de Nueva York. En 2002 fue coordinador de las audiencias públicas y de protección de víctimas y testigos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. En 2003 fue miembro del Comité Editorial que elaboró el informe final de esa Comisión.

En su hoja de vida refiere haber organizado 12 audiencias públicas en ocho ciudades de Perú, en las que participaron alrededor de 250 personas entre víctimas y testigos. En ellas, de acuerdo con su postulación, “se examinaban crímenes paradigmáticos, patrones de violencia, y perspectivas de las víctimas, incluyendo mujeres, desplazados, comunidades indígenas, estudiantes, personas privadas arbitrariamente de su libertad y miembros de la fuerza pública”.

Desde 2003 hasta octubre de 2015 trabajó en el Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ), ocupando los cargos de asociado senior (2001-2007), vicedirector para las Américas (2008-2009) y director del programa de Verdad y Memoria (2009-2015), donde prestó asistencia técnica a las comisiones de la verdad de Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Kenia y Túnez.

El ICTJ llegó a Colombia en 2005 conformado por un equipo de nacionales y peruanos, en el cual González organizó las audiencias de consulta social realizadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para escuchar a las víctimas del conflicto en las regiones. De igual manera, prestó apoyo al Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la CNRR y a la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, creada por orden de la Corte Suprema en 2005.

Actualmente trabaja como consultor estratégico del Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms, agencia a cargo de la política de justicia transicional en Sri Lanka, donde contribuye al diseño de la futura Oficina de Búsqueda de Personas Desaparecidas y al de los proyectos de ley que buscan establecer una Comisión de la Verdad y una Oficina de Reparaciones.

Soraya Gutiérrez

Es colombiana. Abogada de la Universidad Nacional. Desde 1993 ha trabajado como litigante en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), que representa a víctimas de paramilitares y agentes estatales en procesos judiciales librados en Colombia y el exterior. Desde allí ha representado penalmente a víctimas de las masacres de El Castillo (Meta), San Pedro (Valle del Cauca), Canoas (Cauca), Alaska (Valle del Cauca), Gualanday (Cauca), Nueva Venecia (Magdalena) y El Limón (La Guajira), así como a los familiares de dirigentes asesinados como el senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda, el sindicalista Jorge Darío Hoyos y el comunero del pueblo Nasa Edwin Legarda.

Además, ha representado víctimas en las jurisdicciones contencioso administrativa y de Justicia y Paz, y participado en la elaboración de informes sobre derechos humanos en asocio con otras ONG.

Ha sido impulsora y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), conformado por capítulos regionales que promueven procesos judiciales y de reparación a favor de víctimas de agentes estatales. Como representante del Movice ha realizado, al igual que sus colegas del Ccajar, intervenciones en las audiencias relacionadas con la implementación normativa del acuerdo de paz en el Congreso y de control de constitucionalidad de esas normas en la Corte Constitucional, cuestionando aspectos del tratamiento penal diferenciado para agentes estatales y exigiendo mayor participación de las víctimas de crímenes de Estado.

En la actualidad también hace parte de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Fue postulada a la Comisión por el Movice, la CCEEU, el Ccajar y más de un centenar de organizaciones sociales de distintas corrientes ideológicas. Fue víctima de interceptaciones ilegales y hostigamientos por parte del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Yvon Le Bot

Es francés. Sociólogo y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de La Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Entre 1980 y 2009 se desempeñó como investigador del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, el más importante de ese país y uno de los más respetados de Europa, así como del Centro de Análisis Sociológico e Intervención de la Escuela de Estudios Superiores, que estudia movimientos sociales contemporáneos de distintas partes del mundo. Vivió en Colombia entre 1969 y 1974, desempeñándose como profesor de las universidades del Valle y Nacional de Colombia, y como sociólogo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Actualmente es investigador emérito de ambos centros de investigación franceses.

Es considerado uno de los académicos europeos con mayor experticia en movimientos indígenas latinoamericanos. En 1992 publicó el libro "La guerra en tierras mayas", en el que abordó la participación de sectores del movimiento indígena y de cristianos adscritos a la Teología de la Liberación en el movimiento guerrillero guatemalteco, así como las luchas por la tierra, el sindicalismo y la represión estatal. En 1997 publicó el libro "El sueño zapatista", que se convirtió en texto de referencia sobre la historia del mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en testimonio del pensamiento de tres de los dirigentes de esa organización insurgente nacida del movimiento indígena.

En su último libro: "La gran revuelta indígena” (2009), analiza la historia del movimiento indígena latinoamericano desde la década de 1960, sus identidades, formas organizativas, transformaciones y líneas de acción política, incluyendo la armada.

Aparte del ámbito académico, participó en el diseño de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (1993) y en la puesta en marcha de la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala (1994), cuya tarea era monitorear el respeto por los derechos humanos mientras se desarrollaba el conflicto armado y, posteriormente, verificar el cese al fuego definitivo entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En las décadas de 1980 y 1990 participó en la redacción de informes sobre derechos humanos en Colombia, México, Perú, Nicaragua, Haití y Guatemala para Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Alejandra Miller

Es colombiana. Economista de la Universidad del Valle, magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a doctora en Estudios en Género de la Universidad de Granada, España. Durante 15 años trabajó en la Universidad del Cauca, como docente de Teorías del Desarrollo, Género y Desarrollo, y Derechos Humanos; decana de la Facultad de Ciencias Contables, y directora del Grupo de Investigación en Género y Desarrollo.

Entre 1998 y 2015 coordinó la regional Cauca de la Ruta Pacífica de las Mujeres, organización nacida en 1996 para exigir una salida negociada al conflicto colombiano y hacer visibles los impactos diferenciados de la guerra sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Fue una de las ocho investigadoras principales de la Comisión de la Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas, un ejercicio extraoficial de la Ruta cuyos resultados están condensados en dos tomos que suman más de mil páginas, publicados por primera vez en 2013 con la financiación de ONU Mujeres, PNUD y Oxam, entre otros cooperantes internacionales.

El primer tomo de la investigación privilegia los testimonios de las cerca de mil víctimas entrevistadas, partiendo de la idea de que "las consecuencias de la violencia en las mujeres no son daños colaterales de un conflicto armado (sino) impactos que necesitan escucharse y que exigen reconocimiento". El segundo tomo aborda distintos repertorios de violencia contra las mujeres y la dimensión colectiva del año a través del estudio de nueve casos regionales, así como propuestas de reparación con enfoque de género. Para el caso del Cauca, la Comisión abordó los impactos de la masacre de El Naya sobre las mujeres indígenas.

Ha publicado cuatro libros, dos capítulos de libro y dos artículos de revista sobre afectaciones socioeconómicas y violencia contra las mujeres en el Cauca, conflicto armado en el Cauca y procesos de resistencia de las mujeres durante el conflicto armado en ese departamento y en Putumayo. Desde enero de 2016 se desempeña como secretaria de Gobierno y Participación de la Gobernación del Cauca, en cabeza de Óscar Campo, quien fue respaldado por los partidos Cambio Radical, Liberal y Autoridades Indígenas de Colombia. Desde allí ha impulsado la implementación territorial de los acuerdos de paz.

Camilo González Posso

Es colombiano. Ingeniero Químico de la Universidad del Valle y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Fundador, presidente y director de Proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entidad que ha acompañado los distintos procesos de paz con las guerrillas y realizado cátedras de pedagogía para la paz y derechos humanos en distintos departamentos del país. Fue investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

En 2008 asumió la coordinación general del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un proyecto que venían construyendo diversas organizaciones sociales y de víctimas a través de Indepaz, y que se materializó tras su inclusión en los planes de desarrollo de Bogotá para los periodos 2008-2012 y 2012-2016. Desde allí apoyó a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, entidad de la Alcaldía en la implementación de una política pública de memoria histórica.

Ha publicado 63 libros como autor, coautor, compilador o redactor de capítulos. Su más reciente publicación, “Coca no es cocaína ni el cocalero narcotraficante”, analiza el complejo panorama de la sustitución de cultivos de uso ilícito y las soluciones que distintas organizaciones sociales han propuesto desde lo territorial, así como el impacto de lo acordado en el Acuerdo Final de Paz que firmaron el gobierno y la guerrilla de las Farc. Además, ha publicado más de 20 ensayos sobre derechos humanos, construcción de paz y conflicto armado.
 

Actualmente es experto designado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entidad creada por el Acuerdo Final firmado con la guerrilla de las FARC. Su postulación fue respaldada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas como la Red Colombiana de Lugares de Memoria, Fundación El Nogal, el Proceso de Comunidades Negras, Indígenas de la Sierra, Espacio Regional de Paz del Cauca -ERPAZ, Fundación Colombia con Memoria, H.I.J.O.S, las Madres de Soacha, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (Latinoamérica), Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Memoria Abierta (Argentina).

Kjeld Jakobsen

Es Danés. Internacionalista del Centro Universitario Iberoamericano de Brasil, magíster en Ciencia Política de la Universidad de São Paulo y doctor en Relaciones Internacionales del mismo centro educativo. Actualmente trabaja como consultor en la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Medellín, asesorando en materia de derechos humanos y reparación integral al movimiento sindical. Además, es consultor del centro de pensamiento Fundación Perseu Abramo, que contribuye a la formación política de los militantes del brasileño Partido de los Trabajadores.

Su trayectoria oscila entre la docencia y la militancia sindical. De 1991 a 2003 estuvo vinculado a la junta directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde ocupó los cargos de presidente, secretario general, tesorero y secretario de Relaciones Internacionales. Ha sido consultor de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil, del Instituto de Estudios Socioeconómicos y de la Confederación Noruega de Sindicatos, una de las organizaciones sindicales más influyentes de ese país.

En 2014 se vinculó a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung para realizar un estudio de caso sobre la situación de los migrantes haitianos en la ciudad de Cascavel, Brasil. Además, ha sido profesor del Centro de Estudios Sindicales de Economía del Trabajo (Cesit), adscrito al Instituto de Economía de la Universidad de Campinas en Brasil.

En 2007 publicó el libro “Cómo puede enfrentar el sindicalismo a las multinacionales”, en el que concluye que la globalización y la apertura económica incrementaron la tercerización laboral y debilitaron los derechos laborales, planteando como respuesta que “los sindicatos deben desarrollar una nueva estrategia de acción, que incluye (...) la articulación de redes nacionales e internacionales y la apelación a los consumidores para presionar a aquellas compañías que vulneran sus derechos”. A ello se suma la coautoría de cinco libros, la participación en 18 compilaciones y la publicación de un artículo en una revista indexada, la mayoría de ellos relacionados con el movimiento sindical.

Fue postulado a la Comisión por la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) de Colombia, reconocida por la Unidad para las Víctimas como sujeto de reparación colectiva dentro del proceso de reparación del movimiento sindical colombiano.

Claudia Mosquera Rosero

Es colombiana. Trabajadora social de la Universidad de Cartagena, magíster en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas de la Universidad Paris 3 (Sorbonne Nouvelle), de Francia, y doctora en Trabajo Social de la Universidad de Laval, en Canadá. Desde 1997 ha trabajado en la Universidad Nacional de Colombia como profesora del Departamento de Trabajo Social, directora del Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial e investigadora del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz. Actualmente dirige el Departamento de Trabajo Social de esa universidad.

Ha sido consultora externa de ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Colombiana para el Desarrollo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en investigaciones sobre reparación colectiva para mujeres con enfoque étnico, productividad con enfoque étnico y normatividad referida a poblaciones afrodescendientes.

Ha coeditado y coescrito por lo menos diez libros, así como cinco artículos, sobre diversos temas centrados en personas afrodescendientes, entre los que se cuentan identidades, trayectorias sociales, racismo, ciudadanías, impactos del conflicto armado, desplazamiento forzado de niños y adolescentes, reparaciones, y reflexiones críticas sobre programas de intervención social y asistencia a víctimas. También ha escrito artículos de revistas y capítulos de libros sobre reparación y participación de afrodescendientes en los diálogos de La Habana.

En su artículo "¿Por qué los afro deben ir a La Habana?", publicado en el periódico de la Universidad Nacional (2016), concluyó que el conflicto armado "desapareció pueblos afrodescendientes del mapa", estigmatizó comunidades afro como "pueblos de guerrillas", empobreció a las comunidades, limitó la acción estatal, "resquebrajó para siempre" la cultura afrodescendiente, cometió un "etnocidio" en el pacífico colombiano, contaminó los territorios colectivos afro, transformó las prácticas agrícolas, minó la capacidad de incidencia política de las organizaciones con el asesinato de sus dirigentes y agudizó los conflictos interétnicos con el campesinado.

Como integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz participó en la selección de las 60 víctimas que acudieron a la mesa de conversaciones de La Habana y en la organización de los foros en los que la sociedad civil presentó sus propuestas para los puntos de la agenda pactada entre el gobierno y las Farc. Fue postulada a la Comisión por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, la Conferencia Nacional Afrocolombiana y el Consejo Laboral Afrocolombiano, entre otras organizaciones del movimiento afro.

Helka Quevedo

Es colombiana. Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con Profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad. En 2011 realizó un curso en Genética Forense en la Universidad de Lancashire, en el Reino Unido.

Su formación profesional inició en la Fiscalía General de la Nación como investigadora judicial, para luego ejercer como coordinadora e investigadora judicial antropóloga. En ese cargo participó de exhumaciones de cuerpos de víctimas de conflicto armado, dialogando con los victimarios y coordinando, junto a los familiares, la reconstrucción de los hechos victimizantes. Durante la administración de Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía de Bogotá (2004-2008) trabajó en la Secretaría Distrital de Integración Social como profesional de acceso a la justicia, participando de la elaboración de protocolos de atención integral a víctimas de violencia sexual.

Desde 2013 ha estado vinculada al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), trabajando en reconstrucción de la memoria a través de la antropología forense de la mano de familiares, sobrevivientes y victimarios. En 2015 coordinó el informe “Textos corporales de la crueldad. Memoria histórica y antropología forense” del CMNH, un texto de memoria sobre 36 cuerpos exhumados en la inspección de Puerto Torres, en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá, correspondientes a personas torturadas, desaparecidas y asesinadas por el Frente ‘Sur Andaquíes’ del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2002.

Jael Quiroga

Es colombiana. Ingeniera industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, abogada de la Universidad La Gran Colombia y magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Desde 1999 es directora ejecutiva de la Corporación Reiniciar, que presta asesoría y defensa judicial a las víctimas de la Unión Patriótica (UP). La Corporación, demandante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una condena contra el Estado por los crímenes contra los militantes de la UP, asevera que hubo un "genocidio por razones políticas" contra ese partido, surgido de los diálogos de La Uribe, Meta, entre el gobierno y las Farc en 1984.

Entre 1987 y 1992 fue coordinadora regional del Comité Central para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que promueve el respeto por los DD.HH. en la conflictiva región del Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja, Santander. Entre 1992 y 1994 se vinculó al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica, como asistente de investigación en temas de desplazamiento forzado en la Región Andina.

Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz entre diciembre de 1996 y diciembre de 2000, como coordinadora del Programa de Derecho Internacional Humanitario. Durante sus dos últimos años en esa entidad estuvo bajo la dirección del comisionado Víctor G. Ricardo, quien lideró las fallidas negociaciones con las Farc en San Vicente del Caguán, Caquetá, y con el Eln en Colombia, Caracas y La Habana durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002).

Tiene asiento en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, un espacio de interlocución política entre el gobierno y la sociedad civil creado para consensuar medidas integrales de protección y prevención para dirigentes sociales y políticos. También integra el Comité de Evaluación de Riesgos de la Unidad Nacional de Protección en el caso del programa especial de protección para militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Es integrante de la Organización Mundial Contra la Tortura.

Fue postulada a la Comisión por la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas de España.

Olga Lucía Ramírez

Es colombiana. Antropóloga de la Universidad de Antioquia. Entre 1990 y 2012 dirigió la Corporación Vamos Mujer, organización que trabaja por los derechos de las mujeres en Medellín. Durante su gestión se fortalecieron alrededor de 35 asociaciones municipales de mujeres y tres subregionales.

Fue vocera de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, una plataforma de convergencia de diversos sectores sociales, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos que trabajó por la paz en las décadas de 1990 y 2000. En su calidad de representante participó en varias reuniones con la delegación de paz de la guerrilla del Eln en los frustrados diálogos de paz de Caracas y durante las rondas exploratorias en La Habana con el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

Fue cofundadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres (1996) y una de las investigadoras principales de la Comisión de la Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas, un ejercicio extraoficial de la Ruta cuyos resultados están condensados en dos tomos que suman más de mil páginas, publicados por primera vez en 2013 con la financiación de ONU Mujeres, el PNUD y Oxam, entre otros cooperantes internacionales.

El primer tomo de la investigación privilegia los testimonios de las cerca de mil víctimas entrevistadas, partiendo de la idea de que "las consecuencias de la violencia en las mujeres no son daños colaterales de un conflicto armado (sino) impactos que necesitan escucharse y que exigen reconocimiento". El segundo tomo aborda distintos repertorios de violencia contra las mujeres y la dimensión colectiva del año a través del estudio de nueve casos regionales, así como propuestas de reparación con enfoque de género.

Actualmente es secretaria de la Junta Directiva del Fondo de Acción Urgente para América Latina e integrante del Consejo Superior del Centro de Fe y Culturas de Medellín, donde coordina un grupo de estudio relacionado con temas de reconciliación y paz.

Federico Andreu

Es colombiano. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Desde 1998 ha trabajado en la Comisión Colombiana de Juristas, en la elaboración de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y de peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tribunales colombianos, así como en la representación de víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CorteIDH y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ha sido asesor de Amnistía Internacional; oficial de derechos humanos de la ONU en Ruanda, donde investigó graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; observador de la ONU en Haití e investigador de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos en casos de desapariciones forzadas, masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Participó en la elaboración del tomo II del informe "Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)" del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es autor de tres libros monográficos sobre el derecho a la verdad, desaparición forzada, fuero militar y derecho internacional, y derechos humanos en Colombia.

Alfredo Molano Bravo

Es colombiano. Licenciado en sociología de la Universidad Nacional, doctor en Sociología Económica del École Pratiques des Hautes Études de París e investigador senior del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Ha sido profesor de las universidades de Antioquia, La Salle, Externado y Los Andes, así como en Stanford, Estados Unidos. Actualmente es columnista del diario El Espectador.

Ha sido asesor de Ecopetrol, de la Defensoría del Pueblo y de la Consejería de Paz de la Presidencia, donde participó e hizo seguimiento a las conversaciones de paz fallidas con la guerrilla del Eln en 1998. Fue consultor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), donde elaboró un documento de análisis sobre la situación de los refugiados colombianos en España y sobre las posibilidades de creación de una red de acogida a colombianos en España.

Durante el transcurso de los diálogos de paz de La Habana participó de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) con el ensayo: “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”, en el cual concluyó que Colombia no iba a poder construir una paz estable mientras todas las fuerzas involucradas no renunciaran definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha.

Ha publicado por lo menos 22 libros en los cuales, a manera de crónicas o reportajes, revela las realidades de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, unas veces para contar a través de los relatos sus vivencias y otras para analizar el impacto del conflicto armado sobre sus territorios. Es considerado uno de los escritores con mayor conocimiento sobre el origen y desarrollo de las guerrillas, en especial de las Farc.

Marco Romero

Es colombiano. Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en Ciencia Política de la Université Paris-Est Marne-la-Vallée y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Desde 1995 es profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, donde dicta las cátedras de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Sistemas Políticos, Política Comparada y Procesos de Paz. Se ha desempeñado como director del programa de pregrado en Ciencia Política y vicedecano académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esa universidad.

Desde 1995 es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), organización no gubernamental que acompaña a las víctimas de desplazamiento y que hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, una iniciativa de la sociedad civil que busca garantizar el cumplimiento de la sentencia de 2004 en la que la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en relación a las víctimas de ese delito. La entidad también le hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Vïctimas y los decretos leyes étnicos, y participa en las audiencias realizadas por el Congreso y la Corte Constitucional para el desarrollo normativo de los acuerdos de paz que firmaron el gobierno y las Farc.

Acompañó al grupo de 60 víctimas que viajaron a la mesa de diálogos de La Habana. Ha denunciado omisiones lesivas para las víctimas en la expedición de los decretos leyes sobre la implementación de los acuerdos de paz y cuestionado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, las diferencias en los tiempos de la implementación de las medidas de reincorporación política de las Farc y tratamientos penales diferenciados para los excombatientes y los miembros de la Fuerza Pública, que avanzan más rápidamente que los mecanismos de verdad, justicia y reparación.

Ha publicado ocho capítulos de libro, un libro monográfico y 13 artículos de revista indexada sobre conflicto armado, reforma política, diálogos de paz, conflicto armado, crisis sociales en América Latina, seguridad, desplazamiento forzado y garantías electorales.

Álvaro Villarraga

Es colombiano. Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle y magíster en derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Militó en el Ejército Popular de Liberación (EPL) entre 1977 y 1991, hasta que esa organización insurgente dejó las armas y se transformó en partido político. Desde 1994 ha integrado y dirigido la Fundación Cultura Democrática, creada por excombatientes del EPL, en la que ha realizado investigaciones sobre reincorporación, procesos de paz y conflicto armado. Desde allí coordinó la investigación y publicación de los nueve volúmenes que integran la serie "Biblioteca de la paz", que recoge la historia de los procesos de paz en Colombia en el periodo 1982-2014.

Desde 1996 ha trabajado en distintas entidades del Estado. Se ha desempeñado como codirector del Programa de Derecho Internacional Humanitario del Fondo de Programas Especiales para la Paz, asesor del alto comisionado para la Paz Daniel García-Peña (1997-1998), coordinador de publicaciones de la oficina del alto comisionado para la Paz Víctor G. Ricardo (1998-1999), asesor del defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes Muñoz (2002), y coordinador del Área de Desmovilización, Desarme y Reinserción del Departamento para la Prosperidad Social (2008-2010), en el periodo en que se reintegraron las estructuras paramilitares que negociaron su desmovilización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

En 2012 asumió la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), encargada de recopilar y sistematizar los testimonios de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que no acudieron al sistema transicional de Justicia y Paz por no haber cometido crímenes graves. Haciendo uso de esos y otros insumos, ha coordinado la elaboración de cinco informes sobre el proceso de reintegración de las AUC y las violencias herederas del paramilitarismo en Antioquia, Chocó, Bogotá, y las regiones Caribe, Magdalena Medio, Llanos Orientales y Suroccidente de Colombia.

Ha participado en la redacción de por lo menos 30 libros sobre conflicto armado, víctimas, procesos de paz, cooperación internacional, movimientos sociales, Justicia y Paz, parapolítica, desarme, Derecho Internacional Humanitario y resistencias de la sociedad civil. Su libro "Para reconstruir los sueños. Una historia del EPL" (1994) se ha convertido en referencia para el estudio de esa organización insurgente.

Su postulación es respaldada por personas y organizaciones victimizadas como Fabiola Lalinde, las Madres de La Candelaria y los sobrevivientes de la masacre de La Chinita, del Urabá antioqueño.

Marta Ruiz

Es colombiana. Comunicadora social y periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en Televisión de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace más de 10 años trabaja como periodista de investigación en la Revista Semana, donde empezó siendo editora de Seguridad (2004-2010), cubriendo la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe y las repercusiones del Plan Patriota en el sur del país.

Fue coordinadora del Proyecto Antonio Nariño, creado en 2001 con el propósito de promover la libertad de expresión e información en el país, donde lideró una alianza interinstitucional para evitar que los grupos armados continuaran asediando a los periodistas. Trabajó como coordinadora del proyecto Hoja de Ruta de los Montes de María, de la Fundación Semana, ayudando a la reconstrucción del tejido social de la comunidad de El Salado y generando canales de comunicación entre los campesinos y las entidades locales y regionales. 

Fue directora de VerdadAbierta.com (2014-2015), periodo en el cual se publicaron los libros “La vida por la justicia”, una serie de reportajes sobre hombres y mujeres que sacrificaron todo por la justicia y que, en algunos casos, terminaron asesinados, y “Víctimas, pero no por Siempre”, un compilado de historias de personas y organizaciones sociales que resistieron a la guerra.

Hoy día es consejera editorial de la revista Semana, desde donde cubre la implementación de lo acordado con la guerrilla de las Farc y el proceso de paz con el Eln. En junio de este año se estrenó la novela televisiva "No olvidarás mi nombre", del canal RCN, de la que escribió los argumentos del guión. 

Ana Gimena Sánchez

Es argentina. Magíster en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Desde 2004 hace parte de la junta directiva de la Asociación de Personas Internamente Desplazadas (Afrodes USA).

Desde 2006 es la directora del Programa de Colombia y los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), un centro de estudios que promueve los derechos humanos. Allí, es responsable de dirigir e implementar el programa de derechos humanos para Colombia y apoyar el trabajo del programa de la región andina, así como de Haití y República Dominicana. En Colombia, el programa centra su atención en la región del Pacífico y el departamento de Antioquia, donde atiende y promueve los derechos de las comunidades indígenas y de las mujeres.

De 2004 a 2006 fue representante para Estados Unidos de las Brigadas Internacionales de Paz, donde representó los intereses del Proyecto Colombia para buscar acompañamiento físico y político de seguridad no armada para 12 organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y en Antioquia, Chocó y Magdalena Medio, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las zonas humanitarias en Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó.

Ha escrito en diversas revistas indexadas sobre la crisis de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, planteando, en algunos de sus artículos, que el asistencialismo estatal no es la solución a los problemas de las comunidades, y abogando por la ejecución de políticas que permitan el desarrollo de los planes de vida y de desarrollo.