Si bien un grupo de campesinos de esta comunidad del corregimiento de Pivijay, en Magdalena, fue beneficiada por jueces especializados de tierras, varios de ellos creen que la reparación no se hará realidad. Tienen como espejo lo ocurrido a sus vecinos del centro poblado.
El Tribunal de Restitución Tierras de Cartagena profirió la segunda sentencia de restitución que favorece a reclamantes de Salaminita. Esta vez benefició a 16 familias del área rural que, desesperadas por las difíciles condiciones de vida generadas por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas hace 19 años, vendieron sus fincas a ganaderos en tiempos de asedio paramilitar.
Las magistradas concluyeron que los compradores “no actuaron con buena fe exenta de culpa” porque sabían de la violencia perpetrada por comandos paramilitares ocasionaron un desplazamiento forzado masivo en 1999 y arrasaron las casas del centro poblado con un buldócer. Sólo quedaron en pie unos cuantos muros. (Leer más en: Salaminita, un pueblo que desapareció en Magdalena)
El sueño de recuperar sus fincas los emocionó cuando les notificaron la decisión judicial, pero han sido cautos en su reacción porque saben que ese tipo de sentencias suelen quedarse en el papel. Y tienen cómo probarlo: 37 familias del centro poblado de Salaminita recibieron la misma noticia en diciembre de 2016 y pese a las órdenes impartidas por los jueces, el gobierno nacional no ha construido la primera casa para que retornen en condiciones dignas. (Leer sentencia área urbana)
Del primero grupo de restituidos, ocho han vuelto de forma voluntaria, sin acompañamiento institucional: levantaron ranchos con tablas, lonas, latas, sacos y viejos pendones. “Esto es muy triste. Cuando llueve se moja todo. No hay infraestructura, ni luz ni agua potable. Estamos cansados de enviar cartas sin que las instituciones actúen”, se lamenta uno de los campesinos.
Por esos incumplimientos es que la reciente sentencia genera más incertidumbre que alegría. Si en casi dos años las familias del centro poblado no han visto concretar las órdenes del tribunal, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar las familias del área rural para recuperar sus fincas y hacerlas productivas? Esa es la pregunta que se hacen los beneficiarios de la nueva decisión judicial.
Litigantes de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañan jurídicamente a la comunidad de Salaminita, advierten la falta de diligencia de las entidades estatales en cumplir las medidas de reparación de la primera sentencia; así como del Tribunal Superior de Cartagena en citar a audiencias de seguimiento; y de la Procuraduría, que puede aplicar sanciones a los funcionarios públicos que desacaten las órdenes y no hace nada.
“Es preocupante que un año y 11 meses después de proferida la sentencia no se hayan ejecutado las órdenes relacionadas con vivienda, proyectos productivos y construcción de espacios comunes”, expresa Luisa González, abogada de la CCJ.
De esa primera sentencia sólo se han cumplido dos órdenes: la entrega material del centro poblado, que corresponde a la diligencia en la que la comunidad recibe los predios de manos de un juez especializado; y la inscripción de la sentencia en los folios de matrícula de los predios urbanos restituidos.
Según un informe de la CCJ, están pendientes todas las acciones que permitirán reconstruir el poblado de Salaminita, tanto en su infraestructura como en su vida campesina.
Por ejemplo, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) debe garantizar el desarrollo de proyectos productivos para la seguridad alimentaria y progreso de la comunidad, pero la entidad respondió durante una mesa de seguimiento realizada en mayo de este año que sólo entregará los subsidios cuando la comunidad retorne, algo que no ha sido posible.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, les ha dicho que legalmente no puede construir las casas porque, según sus bases de datos, 27 de las familias beneficiadas con la primera sentencia ya recibieron un subsidio de este tipo.
Sin embargo, en la CCJ reiteraron que no se trata de una medida social sino una de reparación que permita reconstruir un pueblo borrado por el conflicto armado. Por eso le solicitaron al Tribunal aplicar “una excepción de inconstitucionalidad”, pero el despacho se limitó a pedirle a ese ministerio que informe sobre el impedimento legal. (Lea: A Salaminita aún no llega la llave prometida por el gobierno nacional y Reclamantes de tierras de Salaminita exigen celeridad)
Otras de las órdenes que siguen en el papel son las de infraestructura. Salaminita carece de fluido eléctrico, agua potable, alcantarillado, centro de salud y colegio. En respuesta a varias solicitudes realizadas por la CCJ, la Gobernación del Magdalena, por medio de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto, les dijo que tiene programada una visita técnica de diagnóstico, pero no especificó cuándo llevará los servicios públicos a los predios.
Sobre el puesto de salud y el colegio, las noticias son más alarmantes: tanto la Gobernación como la Alcaldía de Pivijay aseguraron que no tienen presupuesto.
“Mire, estamos dispuestos a poner la mano de obra. Acá tenemos un ingeniero electricista que puede instalar la luz. Lo que necesitamos es el transformador. Ya sabemos que la Alcaldía lo compró, pero nada que lo entregan”, asegura un labriego del lugar.
Para abastecerse de agua, los campesinos retornados acuden a un jagüey (pozo) que usa el ganado y está a dos kilómetros de donde están asentados, lo que no sólo implica largos recorridos con pesados recipientes, sino un riesgo para la salud, en especial para los menores de edad.
A esos problemas se les sumó otro hace una semana. La Policía de Pivijay detuvo por varias horas a unos campesinos que transportaban madera Bonga (especie de Ceiba), desde el vecino corregimiento de La Avianca.
“Esa madera era para construir unos corrales para un proyecto de gallinas ponedoras que queremos hacer y también para ayudar a tres familias que quieren construir sus ranchos. Pero la autoridad insiste en que nosotros la queríamos comercializar y no nos la entregaron”, detalla otro de los pobladores del caserío.
Tensiones históricas
La segunda sentencia de restitución acabó de armar el rompecabezas sobre el desplazamiento forzado de la comunidad de Salaminita, esta vez detallando lo ocurrido en el sector rural y cómo fueron comercializadas 16 predios, que suman, su conjunto, 326 hectáreas, de las veredas La Suiza y El Jardín.
Ambas veredas surgieron entre los años setenta y ochenta en medio de los procesos de recuperación de tierras de origen baldío, adscritas a la Nación, promovidos por la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC).
La vereda La Suiza se formó en predios que pertenecían a Aura de Polo y María Teresa Polo. En 1977, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos consignada en la sentencia, “el señor Laureano Peláez contrató a 23 campesinos para que trabajaran y se instalaran en los predios aduciendo que los terrenos se encontraban inexplotados”.
No obstante, el propósito de Peláez era “engañar a las señoras Polo haciéndoles creer que los campesinos eran invasores y que la mejor forma de deshacerse de ellos era vendiéndole a él”. La trampa tuvo su efecto: el hombre adquirió las tierras y expulsó de ellas a todos los campesinos que había llevado.
Los labriegos, sintiéndose engañados, buscaron apoyo en la ANUC para iniciar un proceso de titulación de las tierras labradas ante el antiguo Incora. En enero de 1980 resolvió el conflicto de manera salomónica: adjudicó parcelas de 10 hectáreas a los campesinos; les regresó 165 hectáreas a las Polo; y entregó 220 a Peláez.
La titulación en la vereda El Jardín fue más compleja. Entre 1982 y 1983 por lo menos 21 familias llegaron a cultivar en varios predios que, en apariencia eran baldíos. En 1984 se hizo el primer operativo para desalojarlas, impulsado por Julián Escalante Charris, quien reclamó la propiedad de las tierras.
A la negativa de los labriegos a desalojar y continuar trabajando la tierra se le respondió con la presencia constante de hombres armados que pretendían intimidarlos. “A partir de estos hechos”, registra la sentencia, “y con el ánimo de lograr los títulos de las tierras que cultivaban, los campesinos buscaron la asesoría del Incora, entidad que inició un proceso de adjudicación”.
Los actos de violencia e intimidación continuaron. El 6 de diciembre de 1985, funcionarios del extinto DAS detuvieron a cuatro parceleros, quienes recobraron la libertad dos meses después. El hecho más trágico ocurrió el 17 de junio de 1986 cuando desconocidos asesinaron a Luis Miguel García Gutiérrez, uno de los líderes de la zona rural de Salaminita.
Pese a toda la presión, los pobladores de la vereda El jardín lograron la titulación de algunos predios. “Con posterioridad a esos hechos vinieron tiempos de calma y los campesinos pudieron cultivar sus tierras en paz y sin la presencia de grupos armados”, detalla la sentencia.
Poco a poco se fue poblando el corregimiento de Salaminita y, según el fallo, “sus pobladores se dedicaban a trabajar la tierra en zona rural y paulatinamente fueron construyendo sus casas en el centro poblado, lugar en donde compartían una vida en comunidad y desarrollaban actividades sociales, económicas, políticas, culturales y recreativas”.
Llega la guerra
Tras la formalización de la propiedad de la tierra a través del Incora y luego de un tiempo en paz, los campesinos de Salaminita comenzaron a vivir bajo la presión de grupos insurgentes, entre ellos el Frente 19 del Bloque Caribe de las extintas Farc y el Frente Domingo Barrios del Eln. De acuerdo con la sentencia, “a estos grupos armados se les atribuye el robo de ganado, extorsiones, pescas milagrosas, secuestros y atentados a terratenientes de la región por el no pago de vacunas”.
Para mediados de la década del noventa la situación de orden público se agravó con una mayor presencia de grupos paramilitares. Ganaderos del municipio de Pivijay, “representados por Saúl Severini”, se lee en la decisión judicial, “contactaron a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte (de las Autodefensas Unidas de Colombia) para solicitarle y ofrecerle financiar una estructura paramilitar para el municipio”.
De esa manera surgió, en mayo de 1999, el Frente Pivijay del Bloque Norte de las Auc, y como en el resto del departamento del Magdalena, “el paramilitarismo se fortaleció gracias a las alianzas realizadas con sectores ganaderos, empresariales, comerciales y políticos”, detalla la sentencia.
Una de las primeras acciones del Frente Pivijay se perpetró justamente en Salaminita. El 7 de junio de ese año obligaron a los pobladores a reunirse en la plaza central y delante de todos masacraron a tres habitantes, incluida a María Hernández, la entonces inspectora de policía de Pivijay, quien llevaba doce años en ese cargo.
Danny Daniel Velásquez Madera, alias ‘José Cabeza’, y Deiro Elías Londoño Garcés, alias ‘Care Niña’, dos desmovilizados del Frente Pivijay, confesaron esos hechos ante fiscales y jueces de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que los procesó como desmovilizados de las Auc.
“El objetivo de la reunión fue para asesinar a estas personas y posteriormente decirles que éramos de las autodefensas y que nos encontrábamos en la zona”, confesó alias ‘José Cabeza’ en versión libre rendida el 16 de abril de 2012. Ese mismo día, alias ‘Care Niña’ contó que “nosotros volvimos a ese pueblo y por ahí había un buldócer, el comantante ‘Esteban’ le da la orden a ‘Gitano’ que lo coja y tumbe unas casas que estaban ahí”.
Sin dónde vivir y con la amenaza de más asesinatos, las 37 familias del casco urbano de Salaminita se desplazaron, como también lo hicieron las 16 familias que tenían fincas en la zona veredal. Buscaron refugio en Pivijay y Fundación, así como en municipios vecinos del departamento del Atlántico.
La sentencia documenta que entre 1999 y 2008 las familias Díaz Quintero y Rueda Acevedo compraron 16 predios en las veredas La Suiza y El Jardín y registraron esas adquisiciones en notarías de Aracataca, Fundación y Pivijay, de donde surgieron, tras englobarlos, las haciendas Hato 1 y Hato 2.
Adolfo, Priscila y Rigoberto Díaz Quintero, Esther María Rueda Ayala, Carlos Arturo y José Vicente Rueda Acevedo y Mercedes Rueda Acevedo se opusieron al proceso de restitución, argumentando que las compras fueron “voluntarias, libres y por un precio justo”, resultado de un estudio de títulos contratado con abogados y cuando ya había caducado la restricción de venta impuesta por el Incora a parcelas que surgen del proceso de reforma agraria.
Sin embargo, las magistradas del Tribunal concluyeron que las dos familias ganaderas no “actuaron con buena fe exenta de culpa” porque en sus declaraciones reconocieron la violencia de la que habían sido víctimas los campesinos. A los ganaderos, el despacho tampoco los reconoció como “segundos ocupantes”, negando cualquier tipo de compensación por las tierras.
“El simple hecho que el opositor conociera el contexto de violencia padecido por los habitantes del corregimiento de Salaminita durante la época de injerencia de las Autodefensas Unidas de Colombia debió motivar al oponente a abstenerse de adquirir bienes raíces en una zona ampliamente afectada por el conflicto armado interno, y azotada por el desplazamiento forzado, pues se encuentra plenamente demostrado el vicio en el consentimiento emitido para transferir la propiedad de los bienes inmuebles en disputa”, detalla el fallo.
Incertidumbre
Pese a que la sentencia es del 28 de agosto pasado, aún no se ha fijado fecha para la entrega material de las fincas; tampoco saben cómo reaccionarán los ganaderos cuando tengan que entregar las tierras que aún ocupan.
Mientras eso sucede, en las veredas y corregimientos donde han sobrevivido en calidad de desplazados forzados, algunos de los labriegos trabajan en el desarrollo de semilleros, para que una vez les restituyan las parcelas puedan sembrar frutales. “Como las tierras fueron usadas para ganadería, no hay árboles frutales. Queremos que haya naranja y mango de azúcar”, afirma, esperanzado, un campesino.
Esta semana el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) comenzó a dictarles un curso para desarrollar un proyecto de gallinas ponedoras, pero construir los corrales sigue siendo una ilusión después de que las autoridades les incautara la madera.
En Salaminita, los campesinos recuerdan que tuvieron que esperar 19 años para que la justicia se pronunciara, y que no entienden por qué el gobierno nacional, con dos sentencias de restitución en firme, no los repara de forma integral. “La lucha ha sido tan difícil. Hemos hecho muchas solicitudes, aquí y allí, pero no hay respuestas reales, de voluntad para con la comunidad. Es que este pueblo lo desaparecieron y el Estado tiene el deber de reconstruirlo”, insiste uno de los líderes del corregimiento.
(*) Varios nombres fueron omitidos y las voces de los videos fueron distorsionadas por petición de las fuentes.
