Seis meses tras el rastro de la estigmatización contra defensores de DD.HH.

análisis

Por: Equipo de Verifico

22 de diciembre de 2023 * Colombia

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El pasado 15 de junio fue puesto en línea este sitio web que contrasta mensajes estigmatizantes y de desinformación contra quienes lideran reivindicaciones de diversas comunidades y reclaman mejores condiciones de vida. En total, hemos documentado 32 casos, la mayoría producidos por políticos y prensa de amplia difusión.

Vivir en el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos y en donde más activistas de esta clase son asesinados anualmente a nivel mundial, llevaron a que VerdadAbierta.com y Protection International sumaran esfuerzos para entender qué hay detrás de esa violencia y aportar en la construcción de mayores garantías para quienes arriesgan sus vidas por defender a sus comunidades.


Fue de ese modo como decidimos poner la lupa en la estigmatización y la desinformación, dado a que, si bien existen informes que dan cuenta de la relación de ambas y la violencia que sufren las personas defensoras de derechos humanos, no existen registros estadísticos y tampoco análisis de casos puntuales que permitan comprender ese fenómeno a profundidad. 


Gracias al apoyo del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Unión Europea, hace seis meses pusimos en línea este sitio web, que se encarga de seguir el rastro de mensajes de personas con impacto en la opinión pública que generan estigmatización y desinformación sobre el rol de los defensores derechos humanos. Dicha tarea está a cargo del equipo periodístico de VerdadAbierta.com, que no se limita a contabilizar y clasificar los casos, sino a contrastarlos, contactando a las personas afectadas y complementa esa labor con revisión documental y consulta de otras fuentes.


Es así como hasta la fecha VERIFICO ha documentado, contextualizado y desvirtuado 32 mensajes contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales. Los sectores o los liderazgos más afectados por esa clase de mensajes son el indígena, el campesino, el de derechos humanos, el comunitario y el de víctimas del conflicto armado.

La mayoría de esos mensajes circularon por la red social X -anteriormente conocida como Twitter- (21), pero también fueron difundidos en medios de comunicación (7), panfletos (3) y comunicados públicos (1). El sector que más señalamientos realizó fue el político (17), seguido por medios de comunicación (10), grupos armados ilegales (3), la Fuerza Pública (1) y el económico (1).


Los mensajes documentados en VERIFICO son clasificados en seis categorías que parten del análisis del discurso y la intencionalidad de quienes los emiten: Descontextualización, Difamación, Ironía, Discriminación, Ataque Político y Engaño. Aquí puede consultar sus definiciones y estos son los consolidados de los últimos seis meses:

En cuanto a los emisores de estos mensajes, la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, con siete, resalta como la persona con más mensajes documentados y contrastados. Suele emplear su cuenta de la red social X para lanzar mensajes en contra de comunidades indígenas y presenta cifras descontextualizadas para deslegitimar sus movilizaciones.


Algunos verificados que dan cuenta de lo anterior son: “Hoy marchan los indígenas que son dueños de 33 millones de hectáreas” y Senadora Cabal omite dato de la cantidad de tierras productivas de las comunidades indígenas. Si bien las cifras que presentó la senadora son ciertas, no mencionó que la gran mayoría de las tierras que poseen las comunidades indígenas no pueden ser explotadas agropecuariamente porque la ley lo prohíbe al encontrarse en zonas de protección medioambiental o no tener suelos aptos para tal fin.


En los últimos meses registramos casos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estigmatizó a quienes lo cuestionaron por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como 'falsos positivos', que fueron cometidas por miembros del Ejército Nacional durante su mandato. El primero fue contra el jurista Rodrigo Uprimny y el último contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.


En estos meses también hemos documentado mensajes de políticos de otras vertientes ideológicas. Uno de ellos es Roy Barreras, entonces presidente del Congreso de la República, quien en febrero de este año, por medio de la ironía, insinuó presuntos nexos entre un sindicato de docentes de Cauca que protestaba a las afueras de la sede del Legislativo y la guerrilla del Eln. 


Por otro lado, la mayoría de mensajes de periodistas y medios de comunicación, también coinciden con movilizaciones de las comunidades. Los casos de Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, Julio Sánchez Cristo, Gustavo Gómez y la revista Semana, dejan entrever un desconocimiento de las prácticas y costumbres de ese pueblo originario, además de rasgos de racismo. 


Así lo dejaron ver las publicaciones sobre movilizaciones que realizaron en mayo y en septiembre en Bogotá, cuando los señalaron de estar armados al portar sus bastones de mando, creerse los dueños de ciertas zonas del país al desconocer el derecho al gobierno propio que les reconoce la Constitución Política o ser borregos serviles al presidente Gustavo Petro.


También hay otros casos en los que no se corroboró la información emitida por una fuente oficial y se desestimó una sentencia judicial para llamar “invasores” a unas familias víctimas del conflicto armado. 


El primer caso está relacionado con una noticia publicada por el diario El Colombiano a partir de un comunicado del Ejército Nacional que no fue corroborado, en el que se indicó que disidencias de las Farc usaron como escudo humano a menores de edad para evitar un operativo en su contra; y el segundo con la periodista Camila Zuluaga, que se refirió en esos términos a familias desplazadas del predio Las Franciscas, ubicado en el municipio de Zona Bananera.


Por otro lado, los actores armados también han generado desinformación y estigmatización. Lo hizo el Ejército Nacional al señalar que una comunidad minera de Anorí, Antioquia, usó a menores de edad para evitar un operativo contra la minería ilegal. 


También lo hicieron grupos que se identificaron como Autodefensas Unidas de Colombia -la única contra una organización de mujeres y por razones de género documentada este semestre-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Estado Mayor Central. En este último caso, el mensaje fue contra Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, quien realizó una denuncia por la grave situación humanitaria en la zona del Cañón de Micay, en Cauca. 


Los anteriores tan sólo son algunos de los mensajes que hemos documentado hasta el momento. Puede consultar la totalidad aquí.


Somos conscientes de que se nos pueden haber pasado casos por alto. Por esa razón, les pedimos que nos compartan mensajes de desinformación y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, en el correo contacto@verdadabierta.com.

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