Revista Semana revela “explosivo testimonio” donde revictimiza a la UP sin hacer investigación

La revista Semana publicó el pasado 8 de septiembre una supuesta investigación periodística titulada “La macabra alianza entre las Farc, la UP y el Partido Comunista para exterminar al partido político que nació del EPL. Salpican a la Senadora Aida Avella”. 

Pero más que una investigación, es la nueva versión de Marco Fidel Giraldo Torres, alias 'Garganta', un guerrillero de las antiguas Farc desmovilizado en 2008 al que, con tono sensacionalista, la publicación califica como “explosivo testimonio”.

El 16 de junio de este año, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el exguerrillero habló sobre su paso en la guerra. Su relato se centró en masacres cometidas por las antiguas Farc en la región del Urabá antioqueño y en el asesinato de miembros de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación (Epl), quienes se desmovilizaron en 1991 y crearon el partido político Esperanza, Paz y Libertad. 

Según alias 'Garganta', las órdenes de asesinar a los 'esperanzados', nombre con el que se conocía a los militantes del partido que se creó tras la dejación de armas y como parte de los acuerdos con el Estado colombiano, provinieron de las direcciones del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de la Unión Patriótica (UP), constituido en mayo de 1985 como parte de las negociaciones de paz de las antiguas Farc con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). 

El exguerrillero versionado responsabilizó de una buena parte de esos asesinatos a la hoy senadora Aída Avella, quien estuvo exiliada durante 16 años tras sobrevivir a un atentado en medio de la persecución que padecieron integrantes y simpatizantes de la UP.

Otros medios de comunicación también revelaron el testimonio de Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina', curtida guerrillera de las antiguas Farc, quien se refirió en términos similares a los expuestos por alias ‘Garganta’. 

La exjefa guerrilla, que se entregó a las autoridades en 2009 y quien también comparece ante el sistema de justicia transicional conocido como Justicia y Paz, indicó que, efectivamente, las antiguas Farc no sólo asesinaron militantes del partido del extinto Epl, sino también de la UP.

Las publicaciones sobre los testimonios de ambos desmovilizados causaron polémica porque sectores políticos las usaron para atacar y estigmatizar a sobrevivientes de la UP. 

Voces y documentos de rechazo

Tanto las afirmaciones de los exguerrilleros como las reacciones de sectores adversos a la UP fueron rechazadas por diferentes organizaciones sociales y de militantes del movimiento político, tras considerar que estigmatizan y revictimizan a los sobrevivientes de uno de los episodios de violencia política más grave de la historia reciente del país y que está catalogado por algunos tribunales como genocidio. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)

Los niveles de violencia y persecución contra la UP llegaron a tal punto, que más de cinco mil de sus integrantes y simpatizantes fueron asesinados y otros más tuvieron que optar por el exilio. Ante la falta de justicia por esos hechos, el pasado enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio político de ese movimiento.

Ese fallo se suma a la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín fechada el 6 de maro de 2022, mediante la cual se dictó sentencia contra nueve desmovilizados de las Farc, entre ellos 'Garganta' y 'Karina'. 

Esa providencia judicial contradice parte de las declaraciones de 'Garanta' citadas por la revista Semana y pone en entredicho la veracidad de su testimonio. Por ejemplo, en el perfil de cada uno de los condenados, el fallo consigna que el exguerrillero ingresó a las filas de las antiguas Farc cuando tenía 17 años de edad y no 13, como se afirma en el artículo publicado por el medio capitalino.

Por otro lado, el Semanario Voz, medio del Partido Comunista, analizó el testimonio del exguerrillero y encontró más inconsistencias, entre ellas contradicciones en fechas y nombres de responsables, lo que demostraría que se trata de montaje contra la UP, el PCC y Aida Avella.

“Pedro Nel Higuita, quien era miembro del PCC, fue asesinado hasta 1996, cuando el exterminio de los movimientos de izquierda en el Urabá ya llevaba varios años; además que a quienes señala de dar las órdenes desde la colectividad, para la época de los hechos ya habían sido asesinados”, se reseña en este periódico.

Nuevo caso de revictimización

Stella Aponte, directora de la Corporación Reiniciar, organización peticionaria ante la CIDH y representante de víctimas del caso de la UP desde hace treinta años, dice que le llama mucho la atención “que estas versiones surjan en un momento en el que se ha proferido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Unión Patriótica y que se inicia el proceso de implementación de las medidas de reparación que trascienden a las víctimas e irradian a la sociedad en general que dispuso la honorable corte interamericana”.

Asegura que dentro de Reiniciar no conocen las declaraciones judiciales de ninguno de los dos exguerrilleros: “No tenemos por qué seguir las declaraciones de estas personas, conocemos sólo lo de los medios de comunicación, pero lo que se ha publicado, indudablemente, nos hace pensar que es otro intento por deslegitimar la reclamación de las víctimas de la Unión Patriótica para que haya justicia”.

Aponte no vacila es explicar que esas versiones son un nuevo intento por empantanar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Un intento por deslegitimar el reconocimiento de las víctimas y un intento por deslegitimar las medidas ordenadas por la corte, que van, no solamente dirigidas a las víctimas individuales, sino también al conjunto de la sociedad”.

La directora de Reiniciar precisa que una persona que se somete a la justicia y que da ese tipo de declaraciones, le corresponde al mismo aparato de justicia investigarlo y procesarlo. 

“Lo que nos preocupa –agrega– es que no lo investigan, no hay avances ni resultados en la administración de justicia, pero el medio de comunicación lo presenta como un hecho verídico y un hecho que pone nuevamente en tela de juicio la victimización de la UP, el rol político de la UP, el rol político de sus dirigentes y sobre todo que pone a las víctimas como si fueran victimarios y además, estas afirmaciones van en contravía de decisiones ya tomadas por la administración de justicia”.

Por ejemplo, dice la representante de las víctimas, que la Corte Suprema de Justicia anuló resoluciones de acusación que había fabricado la Fiscalía General de la Nación contra un significativo grupo de líderes de la UP, “que además fueron juzgados y condenados y alcanzaron a pagar casi dos décadas de prisión por un crimen que no cometieron ellos; y ahora hay una especie de reciclaje de esa historieta en voz de otros actores ilegales y contra otros dirigentes de la UP”.

Respuesta a Semana

La Corporación Reiniciar difundió un comunicado en el que rechazó los contenidos de la publicación de la revista Semana porque “estigmatiza y revictimiza a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica”. Además, señala al medio de ser irresponsable por publicar información sin contrastar, hecho con el que pone en riesgo a miembros de la UP y perpetúa el discurso estigmatizante por el que atacaron a ese movimiento décadas atrás.

Al respecto, Aponte reitera que la publicación de la revista ratifica ese patrón de estigmatización y persecución contra la UP, que también fue identificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La causa de la UP fue deslegitimada por altos mandos del Estado, por medios de comunicación, por representantes de poderes económicos, primero por el origen de la UP, que fue ese proceso de paz con las Farc, y luego para deslegitimar su programa, sus apuestas, sus liderazgos”. 

Asimismo, alerta por el daño que puede seguir causando la estigmatización, “no solamente a la UP y a ese proyecto de país que tenía y que hoy intenta en nuevos escenarios y con nuevas posibilidades contribuir, sino que también es una forma de deslegitimar toda opinión disidente, distinta y sobre todo de deslegitimar el ejercicio del poder popular por parte de quienes históricamente no han pertenecido a los grupos de poder”.

Para los integrantes de UP, las directivas de Reiniciar y para las víctimas que sobrevivieron al genocidio, las consecuencias de la estigmatización provocaron el asesinato de muchos dirigentes de la UP. 

“El encarcelamiento de muchos dirigentes de la UP, el amedrentamiento de muchos votantes de la UP, la persecución extrema de miles de familias de la UP, esas son las consecuencias de la estigmatización y eso lo tiene claro la Corte Interamericana”, afirma Aponte.

La directora de Reiniciar plante varias preguntas sobre la trascendencia de los testimonios de los desmovilizados: “Es muy difícil saber cuáles son las intenciones de esos testimonios, porque todos conocimos en su momento que ellos se desmovilizaron y como parte de ese esquema de desmovilización empezaron a justificar por qué habían cometido sus crímenes, no a reconocer porqué. No sabemos exactamente qué información han entregado, si son testigos directos de la afirmación que reportan, si son testigos de oídas. Cuál es realmente el sentido y contenido de lo que dicen, como Reiniciar no conocemos esa información”.

Finalmente es importante precisar que todas aquellas afirmaciones realizadas por desmovilizados de cualquier grupo armado ilegal en escenarios de justicia transicional contra terceras personas deben ser investigadas a fondo por las autoridades competentes para que los jueces determinen la veracidad de ellas y tras sus respectivas comprobaciones vincular a los señalados y seguir un proceso que puede acabar en sentencias absolutorias o condenatorias.