La decisión se basa en la falta de claridad que rodea la adquisición de un predio rural en este municipio del Urabá antioqueño por 3 mil millones de pesos a una empresa maderera. Documentos conocidos por VerdadAbierta.com detallan cómo fue esta transacción y las dudas que existen al respecto.
“Posibles actuaciones irregulares de exfuncionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras” llevaron a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a solicitarle a Nubia Elena Pacheco, para ese entonces directora de Asuntos Étnicos de esa entidad, la suspensión de cualquier procedimiento que se esté adelantando en relación con un predio conocido como Yarumal, destinado a un supuesto consejo comunitario de comunidades negras de Turbo, incluida su titulación.
La recomendación está plasmada en un memorando remitido el pasado 2 de noviembre, en el que se afirma que esta dependencia cuenta “con las variables suficientes y variables necesarias para iniciar una investigación prioritaria del caso”, por lo que solicitó “la suspensión de visitas y actuaciones en territorio que se estén adelantando hasta que esta Oficina tenga un pronunciamiento frente a la investigación”.
La medida solicitada por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras de la ANT se sustenta en los hallazgos de un equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, adscrita a esa agencia estatal, tras realizar una visita a la zona entre el 24 y el 29 de julio de este año, y en las denuncias que ha venido haciendo desde hace varios años un sector de la comunidad que se vio afectada por la adquisición y entrega del predio al Consejo Comunitario Bocas del Río Turbo, sobre el que pesan algunas dudas sobre su conformación y existencia.
El predio Yarumal está en la vereda Bocas del Río Turbo, sobre la desembocadura del río Turbo, a orillas del golfo de Urabá y a escasos tres kilómetros del centro de Turbo. Esa tierra se la compró la ANT a la firma Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por 3 mil millones de pesos. La firma de la escritura se hizo el 30 de diciembre de 2016 y la entrega a la supuesta comunidad de afrodescendientes el 15 de mayo de 2017. No obstante, su titulación está en veremos pues las evidencias, conocidas por VerdadAbierta.com, dejan muchas dudas.
Largo proceso de compra
La historia de la compra del predio Yarumal comenzó el 2 de diciembre de 2004, cuando la señora Elida Rosa Orozco González, como representante legal del consejo comunitario Bocas del Río Turbo, presentó ante el Incoder una solicitud de titulación colectiva, en calidad de tierras de comunidades negras, de un supuesto predio baldío en la vereda Bocas de Río Turbo, amparada en la Ley 70 de 1993.
La petición fue tramitada en la Oficina del Incoder en Medellín, donde se ordenaron las diligencias pertinentes para titular las tierras a este consejo comunitario. La decisión fue tomada por la jefe de esa seccional en Antioquia, Lina María Arango, el 20 de mayo de 2005, lo que activó un conjunto de procedimientos administrativos que condujeron a la realización de una visita al predio, que se dio entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre de 2006, y fue adelantada por los técnicos Wilson Murillo Gómez, Aldemar Rentería y Clímaco Chamorro, un cuestionado funcionario que ha sido señalado por víctimas del Urabá antioqueño de haber favorecido el despojo de tierras. (Leer más en: El polvorín desatado por la Ley de Tierras en Necoclí)
Los funcionarios encontraron que el predio solicitado estaba dividido en dos: de un lado, en un baldío de 107 hectáreas; y del otro, en una propiedad privada, llamada Yarumal, de 194 hectáreas. La recomendación de los técnicos de Incoder fue comprar el segundo predio para dotar de tierras al consejo comunitario Bocas del Río Turbo.
La compleja tramitología estatal, aunada a varios cambios institucionales, estancó el proceso de compra hasta el 2011, cuando el expediente de este proceso se sometió a una evaluación jurídica, sin mayor claridad al respecto. El 2 de marzo de 2012, funcionarios del Incoder le informaron a la señora Elida Rosa Orozco González que la entidad retomaría su solicitud y nuevamente se envió una comisión de técnicos, quienes visitaron la vereda Bocas del Río Turbo entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de ese año.
Los resultados de esta nueva visita, de acuerdo con informes conocidos por este portal, no fueron tampoco clarificadores y “se empiezan a evidenciar rupturas en el proceso organizativo y la presencia de terceras personas ajenas a la comunidad”, se lee en uno de los documentos.
Ya para el 2013, la Compañía Agroforestal de Colombia S.A., dueña del predio Yarumal, comenzó a expresar a través de sus abogados que le querían vender al Incoder, con el fin de atender las supuestas necesidades de las comunidades negras que lo estaban solicitando hacía ya nueve años. En un primer acercamiento, ofrecen una extensión de 262 hectáreas, no obstante, un estudio de títulos demostró que el área era de 240 hectáreas.
Entre los meses de agosto y octubre de 2014, se realizaron nuevas visitas a la vereda para verificar las condiciones de Yarumal y calcular su avalúo comercial, y se concluyó que “el predio cumple con las condiciones del suelo y los demás requisitos técnicos para adelantar programas de dotación de tierras para comunidades negras”. No obstante, surgió una nueva duda: la presencia en Yarumal de 87 familias que llevaban entre 14 y 20 años ocupando parte de esa finca.
La empresa propietaria del predio le remitió una propuesta de oferta voluntaria a Juan Guillermo Valencia Álvarez, subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder (ya liquidado) por un valor de 2 mil 554 millones de pesos. En el documento, firmado por el apoderado de la Compañía, Julio Flórez Jiménez, se expuso que esa firma maderera “ha hecho un esfuerzo económico para convalidar la venta, que sabemos va hacer (sic) de mucho beneficio para las comunidades negras organizadas en el consejo comunitario y además no existen situaciones de conflicto entre las familias que ocupan el predio solicitado en titulación colectiva”.
Lo particular del caso, “y sin mayores documentos que sustenten el por qué” se lee en uno de los informes consultados por este portal, el proceso de compraventa se detuvo y sólo se retomó en 2016, cuando la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. hizo una nueva oferta voluntaria, lo que exigió, otra vez, estudios de títulos, visitas técnicas y avalúos comerciales. De nuevo se constató la permanencia en el predio de pobladores, algunos de los cuales aseguran que están usufructuando esas tierras desde hace 30 años, y se identificaron 63 hectáreas en áreas inundables, que fueron incorporadas al terreno avaluado, que se fijó esta vez en 3 mil 213 millones de pesos.
Tras la advertencia de un ingeniero catastral de la ANT que informó el 27 de diciembre de 2016 sobre la presencia de familias en el predio y reiteró que esas 63 hectáreas no eran aptas para ningún uso agropecuario, se rebajó la pretensión de compra a 3 mil millones de pesos por 243 hectáreas, monto que, finalmente pagó la ANT en un proceso que se hizo en tres días.
“[En] los últimos 3 días del mes de diciembre de 2016 se logra finalizar el proceso de compra del predio Yarumal, obteniéndose la viabilidad jurídica por parte de la oficina jurídica de la ANT, aceptación de la oferta por parte del propietario del predio y, finalmente, la firma de la escritura pública de compraventa N. 2221 del 30 de diciembre de 2016 ante el Notario Único de Turbo”, se lee en el informe preparado por el equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia.
La rápida adquisición de este predio es uno de los aspectos que ha generado dudas. Resulta que un proceso tan complejo se resolvió de manera eficiente: el 27 de diciembre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó el avalúo del predio a la ANT; luego la Oficina Jurídica de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) le dio viabilidad jurídica dos días después y aceptó la oferta voluntaria de venta; y, finalmente, el 30 de diciembre se firmó la escritura.
Además, el negocio fue ventajoso para la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por cuanto obtuvo beneficios tributarios, pues la “utilidad obtenida por la enajenación del inmueble no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario”. Pero ese no fue el único beneficio. Un procedimiento de extinción de dominio privado que inició el Incora en 1988 fue revocado y cancelado en el año 1996.
Según los documentos consultados, se desconoció la presencia de los ocupantes que por más de 30 años han estado allí; tampoco se hizo “una caracterización para definir o por lo menos aproximarse a las formas organizativas ni de ocupación de los habitantes del predio”; y un dato más crítico aún, “el vendedor garantiza a el comprador la pacífica posesión” del predio, según se lee en la escritura.
Pero lo consignado en la escritura rápidamente fue desvirtuado. El 18 de enero de 2017 la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Río Turbo presentó una denuncia penal en la Fiscalía Seccional de Turbo, firmada por 47 personas, que alegaron irregularidades en la compra de Yarumal, entre ellas el desconocimiento de las familias que por más de 30 años ocupaban ese predio, situación que era conocida con anterioridad por el Incoder y luego por la ANT.
Tras cuatro intentos de entrega material del predio a los supuestos líderes del consejo comunitario Bocas del Río Turbo, finalmente se logró hacerlo el 15 de mayo de 2017, acto que al parecer se habría realizado en las oficinas de la Alcaldía de Turbo. Fuentes cercanas a este proceso en Turbo le contaron a este portal que funcionarios de la DAE habrían amenazado a los campesinos “con iniciar procesos de desalojo si no recibían el predio como Consejo Comunitario”.
¿Existe el Consejo Comunitario?
Para culminar el proceso de titulación, se delegó la tarea en el equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, que comenzó a revisar los expedientes del caso que reposan en la entidad, recopilar información que tenían varios técnicos que intervinieron en la adquisición del predio y visitar de nuevo la vereda Bocas del Río Turbo, así como la finca Yarumal, con el fin de “caracterizar la situación en términos de tenencia de la tierra, y poder evidenciar la presencia o no de personas ajenas al Consejo Comunitario, y asimismo, la real situación organizativa de esta comunidad, con miras a determinar la viabilidad socio-organizativa del proceso de titulación colectiva”.
En el informe rendido el 17 de octubre de este año, el equipo especializado de la ANT en Antioquia consignó varias conclusiones que dejan en entredicho a quienes participaron de la compra del predio Yarumal y respaldan la solicitud de suspender de la titulación colectiva hasta tanto no se aclaren los procedimientos de adquisición de estas 243 hectáreas.
Tras su visita a la vereda, adelantar una encuesta con 82 familias y analizar el expediente, ese equipo advirtió que durante el proceso de compraventa del predio “se evidenció la presencia de habitantes a los que se les podría reputar la calidad de poseedores, puesto que algunos de ellos tendrían el tiempo necesario para solicitar la prescripción adquisitiva del dominio, inclusive de manera extraordinaria”, lo que quiere decir que podrían ser los dueños del mismo si así lo hubiese contemplado la ANT.
Adicional a ello, determinó que el consejo comunitario es una minoría en términos de la ocupación del predio y del número de habitantes. Y también estableció que la “dinámica de ocupación y poblamiento no permite inferir siquiera la configuración de un territorio étnico”. Y para sustentar de manera más sólida esa afirmación, se valió de los resultados de las encuestas a 82 familias: solo 12 de ellas admitieron hacer parte del Consejo Comunitario.
Además, “la ocupación y distribución de las parcelas es de carácter individual, no se desarrollan prácticas culturales tradicionales de las comunidades negras como la mano cambiada y el uso tradicional del río para sus actividades cotidianas”.
Sobre las dinámicas de poblamiento de esta vereda, la caracterización del equipo especializado de la ANT de Antioquia concluyó que “no se evidencia una ocupación que permita inferir la configuración de un territorio habitado por un grupo étnico”. Además, hay un hecho que también generó inquietudes: para el 2005, un año después de haber presentado la solicitud de titulación colectiva, la señora Elida Rosa Orozco vendió sus mejoras en el predio y se fue del lugar. No obstante, hasta finales de 2016 fungió como representante legal del Consejo Comunitario sin estar en el territorio.
Pero existen más dudas de la real existencia de ese consejo comunitario. Resulta que el 28 de septiembre de 2016, la directora para aquel año de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Región de Urabá (Corpourabá), Vanessa Paredes, le solicitó al Ministerio del Interior que certificara la presencia o no de comunidades étnicas en la cuenca del río Turbo. Mediante la Certificación N. 1284 del 20 de octubre de ese año, el Director de Consulta Previa de esa cartera, Álvaro Echeverry, informó que en esa área “no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras”. (Ver certificado)
¿Vendieron predio invadido?
Una de las hipótesis que manejan personas cercanas a este proceso es que con la compra del predio Yarumal, bajo circunstancias que se sospechan son irregulares, la ANT habría favorecido a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A., en cuya estructura administrativa aparece el ciudadano español Manuel Del Dago, quien hizo su fortuna en la costa norte colombiana participando en distintos negocios, principalmente madereros, siendo uno de los grupos más representativos en la región, junto con la compañía Pizano S.A. Al parecer, con más de 90 años de edad, vive en su natal Asturias, donde ha sido procesado penalmente por construir ilegalmente en terrenos de un parque natural.
Esa firma adquirió el predio Yarumal a la empresa Líneas Agromar Ltda., en la que también tenía participación Del Dago, y registró la compra en la Notaría Tercera de Barranquilla mediante la escritura pública N. 1750 del 27 de agosto de 1982. En esas tierras alcanzaron a sembrar variedades arbóreas como el roble y a tener actividades de ganadería.
No obstante, tras procesos sociales de ocupación de tierras por parte de familias campesinas pobres, a este predio ingresaron en 1987 por lo menos 30 familias y, paulatinamente, con el paso de los años entraron más con el fin de trabajar la tierra. Ese poblamiento permitió que en 1990 se conformara la primera Junta de Acción Comunal.
La guerra desatada en la región del Urabá antioqueño a finales de la década del noventa e inicios del dos mil también tocó a la vereda Bocas del Río Turbo. Una de sus lideresas, Isabelina Torres, quien era presidenta de la Junta de Acción Comunal, había logrado impulsar programas de vivienda en la zona y llegó a ser concejal por la Unión Patriótica, fue asesinada en 1996 por paramilitares conocidos como “los mocha-cabezas” bajo el mando de Hebert Veloza, alias ‘HH’.
Pero al parecer no sólo la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. se habría beneficiado con la compra del predio Yarumal. Las visitas del equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia permitieron constatar que allí viven personas con un alto nivel adquisitivo, que reconocieron que poseen más de una parcela. Se destaca, por ejemplo, el actual Notario del Municipio de Turbo, Luis Enrique Cerén, quien tiene inversiones en plátano de exportación, comercializado a través de empresas como Banacol y Uniban.
De las 243 hectáreas del predio Yarumal, por lo menos 148 hectáreas están siendo utilizadas para la siembra de plátano, “es decir aproximadamente el 60,7 por ciento, en donde las personas que se reconocen como Consejo Comunitario solo siembran aproximadamente 22 hectáreas”, reportaron los especialistas de la ANT Antioquia.
Otro de los aspectos preocupantes es que una amplia zona rural de Turbo, que incluye la vereda Bocas del Río Turbo, tiene un amplio dominio las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se valen de las salidas naturales al golfo de Urabá para movilizar grandes alijos de clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales. (Leer más en: Desarrollo económico y crimen organizado: las dos caras de Urabá)
Exfuncionarios de ANT se defienden
VerdadAbierta.com buscó a Juan Guillermo Valencia, quien fungió como subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder y tras la liquidación de la entidad fue nombrado Director de Asuntos Étnicos de la ANT el 24 de junio de 2016. (Ver resolución de nombramiento)
Este exfuncionario, quien suscribió por parte de la ANT la escritura pública de compraventa N. 2221 del 30 de diciembre de 2016 ante la Notaría Única de Turbo, le explicó a este portal varios detalles sobre el procedimiento adoptado para adquirir el predio Yarumal.
Uno de ellos es que del consejo comunitario Bocas del Río Turbo existen actas en la Alcaldía de Turbo desde 1994, lo que despejaría cualquier duda sobre su existencia. “Lo que también puedo decir es que los requisitos para adquirir ese predio se ajustaron a las normas”, afirmó Valencia.
Y también indicó que solamente el director de la ANT decidía qué predios se compraban para las comunidades negras: “El predio que se compra es el que prioriza el director, que es el único que puede decidir sobre el tema de dotación de tierras para las comunidades negras”.
Para la época del negocio cuestionado Miguel Samper fungía como director de la ANT. Este portal indagó el tema y dijo, inicialmente, que dado el volumen de trabajo que tenia en esa agencia no se acordaba del caso de Yarumal en particular, pero explicó cómo se hacían las adquisiciones de este tipo de predios.
“Yo establecí una serie de filtros para evitar las irregularidades y las arbitrariedades que se cometían antes, con la adquisición de predios por parte del Incoder”, indicó Samper, quien estuvo en ese cargo desde el 26 de mayo de 2016 hasta el 7 de agosto de 2018, justo cuando se dio el cambio de gobierno en la Casa de Nariño.
El exfuncionario detalló los procedimientos que adoptó en la ANT, entre ellos la delegación de la compra de tierras en cabeza de los directores técnicos, uno de los cuales era justamente Valencia: “Les establecí a ellos la responsabilidad de hacer un primer evaluación jurídica de la posibilidad de adquirir el predio, un estudio socioeconómico de la comunidad que iba a ser beneficiaria y en el caso de las comunidades étnicas, afros e indígenas, un estudio antropológico para evidenciar que tenían la necesidad de la adquisición de ese predio y que la comunidad sí existía”.
Luego de ese primer filtro, detalló Samper, el director de la ANT debía notificarle, a través de un memorando, a la oficina jurídica para que allí revisaran nuevamente la viabilidad de comprar un predio con todos los requisitos de ley.
“Cuando salía el aval de la oficina jurídica, los casos que ya estaban avalados subían a comité directivo en el que participaba toda la línea directiva de la ANT. Yo realizaba un consejo directivo semanal, los lunes, y ahí se priorizaban los casos. El criterio siempre fue muy pragmático, y es cuales predios están más avanzados para la adquisición para poder ejecutar rápidamente el recurso que teníamos de compra y para responderle a las comunidades de forma muy pronta”, precisó el exdirector de la ANT.
A su juicio, la dotación de tierras que se hacía desde esta agencia estatal pretendía prevenir futuros conflictos entre las comunidades. “Mal haríamos nosotros en adquirir y entregar un predio para que precisamente esos conflictos proliferaran”, dijo Samper, situación que en Bocas del Río Turbo es adversa a ese propósito.
Finalmente aclaró que no conocía al empresario Manuel Del Dago ni a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A., y agregó que le parecía muy extraño que esa compra hubiese pasado todos los filtros de la entidad sin que se observara alguna falencia. Por tal razón, le solicitó a la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras que, si detecta “alguna irregularidad en el procedimiento para la adquisición del predio, se tomen las medidas que sean conducentes a sancionar a los responsables”.
Por el momento sobre la mesa está la solicitud de suspensión de la titulación. Se espera que sea atendida con prontitud y se investigue si, efectivamente, hubo “posibles actuaciones irregulares de exfuncionarios y colaboradores de la Agencia Nacional de Tierras” en una compra que en nada favoreció a las comunidades campesinas de Turbo.
